Etiqueta: Órdenes de aprehensión

Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

La persecución al Cecop es porque exige que se busque a Vicente Suástegui, señala Tlachinollan

Jacob Morales Antonio

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz Hernández, indicó que la reactivación de las órdenes de aprehensión contra ejidatarios del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es una respuesta a la exigencia de la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.
En declaraciones por teléfono, el abogado indicó que las dos detenciones que hicieron los policías ministeriales, en la comunidad de Huamuchito, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, son parte de una estrategia de persecución contra los dirigentes sociales.
Dijo que la fiscalía está ejecutando las órdenes de aprehensión, para evitar que éstas prescriban y sigan activas, “lo que quiere la Fiscalía es interrumpir la prescripción de las denuncias, y mantener las órdenes activas”.
Agregó: “Esa es la política de la Fiscalía, con el pretexto de que hay cuatro personas desaparecidas de la UPOEG, y bajo esa bandera, se están metiendo a las comunidades de Cacahuatepec para realizar búsquedas y ejecutar las órdenes de aprehensión”.
El abogado sostuvo que hay una persecución a los movimientos sociales, “es una mentira que exista un gobierno de izquierda, que mantiene el diálogo con las organizaciones. No es cierto, con este panorama se vislumbran las agresiones”.
Señaló que la fiscalía está respondiendo con la reactivación de estas órdenes de aprehensión, ante la exigencia de resultados en las investigaciones y búsquedas de Vicente Suástegui, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio. “La Fiscalía no acelera el ritmo para investigar y no hay avances, esto es como que siente el Estado que se le presiona por el tema de Vicente, y pues en respuesta dice ‘tú tampoco eres una palomita blanca’”.
Recordó que hay 50 órdenes de aprehensión por delitos que no alcanzan fianza, como tentativa de homicidio y robo, cometido contra el empresario gravillero Humberto Marín, y que son denuncias de 2014 y 2015, del viejo sistema penal acusatorio.
Indicó que la estrategia de la organización es la defensa en los tribunales y la notificación de la persecución a organismo internacionales, de la detención y encarcelamiento de dos de los comuneros del Cecop, en el penal de Las Cruces, detenidos el 1 de diciembre con lujo de violencia.

 

Hay ocho órdenes de aprehensión contra miembros de la Dirección Colectiva que tomaron Prospera, informan

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, informó que son ocho las órdenes de aprehensión que hay en contra de integrantes que participaron en la toma de las instalaciones de Prospera el año pasado, y no están amparados, luego de la detención del dirigente Nicolás Chávez Adame el lunes, que fue puesto en libertad ese mismo día.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en Chilpancingo, profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, damnificados de El Mirador, trabajadoras despedidas de Prospera, jubilados y pensionados, y miembros del Sindicato de Telefonistas, acompañaron al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, para darle su respaldo.
Chávez Adame repudió, junto con sus compañeros, su detención en el barrio de Santa Cruz, cuando le llevó comida a su mamá, que está enferma.
Dijo que fue detenido por hombres vestidos de civil que dijeron que tenía una orden de aprehensión, pero nunca se la mostraron, por lo que pensó que se trataba de un levantón.
Contó que le indicaron que lo llevarían a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), y que se subió al carro en el que venían porque los vio armados, luego lo trasladaron a Acapulco a un juzgado federal.
“Se hizo un juicio oral con las leyes que rige a estos procesos penitenciarios, ya los compañeros de Tlachinollan llegaron un poco más tarde; sin embargo, el abogado de oficio fue el que llevó la defensa y logró que yo quedara bajo caución. Yo voy a firmar a partir del 1 de junio en un juzgado aquí, en Chilpancingo, federal, también se me sanciona hacer un trabajo a servicio de la comunidad en una dependencia donde se me puedan requerir mis servicios”, relató.
Dijo que quería dejarle claro a los tres niveles de gobierno que no deben tratar a los luchadores sociales como si fueran delincuentes, porque no lo son, no han robado ni asesinado a nadie.
Contó que los agentes de la PGR le comentaron que ya tenían días siguiéndolo, que lo iban a detener el domingo, cuando fue a cenar con su familia al Festival del Pozole y el Mezcal, pero que, como iba con sus familiares, lo evitaron, aunque recordó que el 23 de marzo de 2017, cuando fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) acusado de motín, sí estaba con su familia.
En la rueda de prensa, el dirigente responsabilizó a los gobiernos de lo que le pudiera pasar a su familia y a sus compañeros de lucha, y reprochó que es más fácil que capturen a un dirigente social que a un integrante de la delincuencia organizada.
Abundó que Guerrero se sigue tiñendo de sangre, el país igual, y a quienes se les hace más fácil aprehender es a los que protestan, y a los periodistas.
Dijo que con estos hechos, “el Estado queda más evidenciado, porque hay una deuda de justicia en Guerrero, que es la aparición con vida de los 43 normalista”.
Recordó que desde la administración de Zeferino Torreblanca Galindo le arrebataron su plaza de docente.
Informó que el día de su detención pudo comunicarse con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con quien acordó una mesa de trabajo para buscar dar una solución definitiva a su problema laboral.
Además, afirmo que las organizaciones respetan la vía electoral y a los que creen que es una vía de cambio, pero creen que la lucha social se mantiene firme y no puede ni debe tener un candidato en esa trinchera.
“Hacemos el llamado al gobernador del estado… a que nos ayude a resolver en una mesa de trabajo conflictos y se abstengan, los tres niveles de gobierno, en este caso la federación, a empecinarse a tomar presos a los compañeros de Prospera que fueron despedidos de manera injustificada”.
Indicó que el delito del que los acusan es de obstrucción de una obra y detener el servicio público. Sin embargo, reclamó que el programa Prospera se ha ocupado durante mucho tiempo para desviar recursos a las campañas.
Recordó que por la toma de las instalaciones de la dependencia federal solicitaron un amparo colectivo, pero no fue avalado porque en ese momento no había delito que perseguir.
La primera detenida de la PGR por este hecho fue a la trabajadora despedida, Roselia Francisco Tranquilino, el 15 de noviembre, que fue liberada esa misma noche, sin saber que Chávez Adame ya tenía la orden de aprehensión.
Advirtió que se tiene que agotar el proceso porque continúan en riesgo de ser detenidos sus compañeros, “somos ocho compañero, son puros trabajadores de Prospera, y obviamente su servidor”, manifestó.
En su intervención Francisco Tranquilino dijo que su condena también fue hacer trabajo a favor de la comunidad por seis meses y que está por terminar.
Reveló que en su última audiencia le condicionaron que se alejara de sus compañeros de la Dirección Colectiva, de lo contrario le quitarían esa condena porque además no está firmando en ningún juzgado, además de que su abogado fue amenazado de que si no deja el caso lo van a despedir de donde labora.
Reclamó que no es justo lo que están enfrentado, porque además fueron despedidos 27 compañeros sin ser indemnizados.
Finalmente, dijo que con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan definirán qué proceso jurídico van a seguir.

Se compromete el gobernador a entregar 52 plazas el 15 de mayo a maestros evaluados idóneos

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) a entregarles 52 plazas para docentes idóneos el próximo 15 de mayo.
Este martes por la mañana, una comisión de integrantes del FUNPEG se reunió en privado con el gobernador Héctor Astudillo Flores, en una sala de Casa Guerrero, donde se comprometió a la entrega de las nuevas plazas.
El encuentro se dio después de que los estudiantes permanecieran por más de media hora afuera de la residencia oficial, esperando que se cumpliera con la mesa de trabajo que organizó el gobierno del estado.
Una de las normalistas, que estuvo presente en el encuentro, señaló que el Ejecutivo, aceptó el pacto para la entrega de las 52 plazas, por lo que para el próximo 15 de mayo se volverán a reunir para recibirlas.
El encuentro privado duró poco más de una hora, donde aprovecharon para solicitarle al gobernador Astudillo Flores que detuviera dos órdenes de aprehensión en contra de un normalista de Educación Física y otra normalista de la Centenaria del Estado, por las movilizaciones realizadas.
También denunciaron que el director de Formación Docente, Humberto Manzo Ramírez, hostiga constantemente a los dirigentes del FUNPEG, a quienes les llama por teléfono para amenazarlos con invalidar sus estudios. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Se reúne la CETEG con autoridades para discutir las órdenes de aprehensión en contra de maestros

 

La Comisión Política, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el secretario general Arcángel Ramírez Perulero, se reunieron con el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, Néstor Fiallo Samoya, y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, para discutir sobre las órdenes de aprehensión en contra de los maestros y la incorporación al Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) de todos los trabajadores.
De acuerdo con Ramírez Perulero, la reunión se llevó a cabo el martes por la noche y ahí se acordó que hoy, los representantes de la CETEG dialogarán en Casa Guerrero con toda la estructura de la SEG, incluidos los directores de los distintos niveles educativos básicos y los ocho delegados regionales de la dependencia, para discutir las demandas particulares de las regiones del magisterio disidente.
Ramírez Perulero informó sobre los acuerdos con Fiallo Samoya y González de la Vega Otero en una asamblea informativa que se llevó a cabo este miércoles por la mañana en el edificio de la CETEG, a la que asistieron integrantes de las distintas regiones del estado.
En declaraciones luego de la asamblea, Ramírez Perulero dijo que preocupó a la CETEG el caso del maestro Crisóforo García Castro, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de la generación 2003-2007 Lucio Cabañas, quien fue recluido el 6 de mayo acusado de ataques a las vías de comunicación y robo de vehículos.
Recordó que hace más de un mes, un integrante de la CETEG en la región Costa Chica fue detenido por la policía judicial en un retén de vigilancia, por haber participado en las acciones que realizó el magisterio disidente en el 2013 y 2014 en contra de la reforma educativa, aunque fue liberado el mismo día, lo que significa que podría tratarse de una estrategia del Estado para acabar con las manifestaciones.
Dijo que con Fiallo Samoya se acordó revisar la situación de ex dirigentes e integrantes de la CETEG, además de una próxima reunión en la que estará presente el fiscal general Javier Olea Peláez se le informará cuántas órdenes de aprehensión hay en contra de los maestros.
Manifestó que notó que las autoridades “están en la mejor disposición de resolver” las demandas de la CETEG y se comprometieron a revisar todos los casos, para evitar que se repita la situación de Castro García.
Ramírez Perulero expresó que es preocupante el hecho de que diga que hay otras 40 órdenes de aprehensión en contra de egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, que tienen más de diez años de haber dejado la institución, por lo que exigió que se aclare la situación de todos los maestros.
Por otra parte, González de la Vega Otero informó a la CETEG sobre la publicación de la convocatoria para el estímulo a la jubilación y que autorizó una prórroga para que los maestros interesados en retirarse puedan entregar sus documentos hasta el 20 de mayo, ya que en un inicio la fecha límite fue el 10 de mayo.
Dijo que se les informó la situación a los integrantes de la CETEG para que los interesados puedan entregar sus documentos a través del magisterio disidente, con el fin de garantizar que reciban el pago correspondiente.
Además, según Ramírez Perulero, González de la Vega Otero “adelantó” que 400 trabajadores serán incorporados al Fone, por lo que pidió a la CETEG una lista de los maestros que no están en la nómina para que se evite que haya errores y sean incorporados de manera definitiva.
Después de esta primera incorporación, podrían entrar a la nómina otros 300 trabajadores, aunque la cifra dependerá del presupuesto que autorice la federación y tampoco se dio la fecha específica en la que se hará el proceso.
Ramírez Perulero dijo que expuso que muchos maestros tuvieron problemas para participar en la convocatoria de cambios de adscripción, ya que el registro se hizo de manera digital y al tener fallas, quedaron fuera del proceso, por lo que pidió que se brinden facilidades a los docentes para que puedan entregar sus solicitudes y en esta caso, también se concedió una prórroga para la recepción de documentos.
Por último, se acordó que hoy se llevará a cabo una reunión con toda la estructura de la SEG, para discutir las demandas particulares de las regiones de la CETEG como retención de salarios, adeudos de horas, pagos a jubilados y otros casos.

 

Marchan 600 maestros y estudiantes en Chilpancingo; policías vigilan el Palacio y la sede del SNTE para contener la protesta

 

Unos 600 maestros de educación básica, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activistas marcharon en la capital y protestaron en el Palacio de Gobierno contra la represión al movimiento de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, y para rechazar las denuncias penales y órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio disidente en Guerrero.
En la manifestación participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), normalistas de Ayotzinapa y activistas, quienes fueron seguidos por un convoy de policías estatales antimotines para impedir que los maestros destrozaran oficinas como lo hicieron este lunes.
En conferencia de prensa previa a la manifestación, el integrante de la Comisión Política de la CETEG, Carlos Botello Barrera, informó que hoy se reunirán representantes de la CNTE con autoridades del gobierno federal, pero lamentó la represión en Oaxaca tras la que se logró la mesa de trabajo.
También declaró que los principios del magisterio disidente establecen que no hace alianza con ningún partido político pero si el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quiere marchar en la “unidad en acción, adelante” ya que a las protestas se hace una invitación abierta.
Este martes a las 12:40 del día los manifestantes marcharon desde el plantón magisterial frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) hasta el Palacio de Gobierno, en donde Botello Barrera encabezó un mitin en el que denunció que las autoridades protegen a “los verdaderos delincuentes” por lo que condenó el hostigamiento hacia los maestros y los procesos jurídicos en su contra.
Durante la marcha y el mitin los manifestantes corearon consignas como “Oaxaca, hermano, Guerrero te da la mano”, “Magisterio unido jamás será vencido”, “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”; también llamaron a la sociedad a “despertar” y manifestarse contra la reforma educativa porque atenta contra los derechos laborales de los trabajadores, además de que pretende privatizar la educación pública.
El Palacio de Gobierno estaba vigilado por unos 30 policías estatales antimotines, además de que en las escalinatas había barreras metálicas para impedir el paso de los manifestantes.
Algunos manifestantes pidieron a los policías que no obedezcan las órdenes del gobierno porque “ustedes también son pueblo”, aunque por otra parte les gritaron “asesinos” y reprobaron las acciones de la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, donde los desalojos violentos concluyeron con la muerte de ocho simpatizantes de la sección 22 de la CNTE.
En el mitin también participaron normalistas de Ayotzinapa que manifestaron su respaldo al magisterio disidente y criticaron a las autoridades por apostarle a la represión en lugar de buscar el diálogo con la CNTE, pues de esa forma se habrían evitado los hechos violentos en Oaxaca; asimismo, señalaron que no dejarán de protestar para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
Al concluir el mitin, la marcha avanzó hacia las instalaciones de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Algunos manifestantes arrojaron piedras hacia los policías que se encontraban en el Palacio de Gobierno antes de seguir al contingente pero no los uniformados no respondieron.
Frente al edificio de la sección 14 del SNTE los manifestantes se detuvieron y denunciaron que esas instalaciones deberían ser la casa del verdadero magisterio, condenaron que “los charros” –como le llaman a los trabajadores de la educación de la corriente oficialista del sindicato, que están al servicio del gobierno– estén de la mano de las autoridades y no de los maestros afectados por la reforma educativa.
Mientras que unos 60 policías estatales antimotines se colocaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) a unos metros de la protesta, dispuestos a actuar en caso de que los maestros irrumpieran en las oficinas de la sección 14 del SNTE, ahí los organizadores de la marcha se reunieron durante unos minutos y decidieron regresar al plantón magisterial en las oficinas centrales de la SEG así como evitar una confrontación con los policías.
La marcha de vuelta al plantón fue seguida por un convoy de la Policía Estatal, unos minutos hasta que los manifestantes tomaron la Autopista del Sol como vía para regresar al campamento, donde dieron por concluida la protesta.

Aún con el diálogo con Gobernación, no pararán las manifestaciones

En conferencia de prensa previa a la marcha, Botello Barrera informó que representantes de la CNTE y autoridades del gobierno federal se reunirán hoy en la Ciudad de México y que la mesa de trabajo se acordó “sin condiciones” de parte del magisterio disidente aunque los maestros expondrán sus demandas ante las autoridades, como la derogación de la reforma educativa, la anulación de las órdenes de aprehensión contra los integrantes de la organización, el cese del hostigamiento laboral y rechazo a la evaluación del Servicio Profesional Docente.
Precisó que la reunión será presidida por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que aún con esta mesa de trabajo no pararán las manifestaciones del magisterio disidente en el país.
Por otra parte, se le preguntó si el magisterio disidente aceptará marchar con el PRD luego de que el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) acordó apoyar a los maestros en su sesión semanal este lunes, Botello Barrera contestó que por sus principios la CETEG-CNTE no puede hacer alianzas ni pertenecer a un partido político pero que si los perredistas quieren unirse a la lucha magisteral “adelante”, ya que “la lucha es de todos, nosotros le apostamos a la unidad en la acción”.
En cuanto a las órdenes de aprehensión en contra de los cetegistas que según el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, no se han cumplido por prudencia de las autoridades, Botello Barrera declaró que el gobierno por un lado se presta al diálogo y por otro quiere atacar, por lo que el magisterio disidente no confiará en la suspensión de las órdenes de aprehensión.
Aseguró que sabe que las órdenes de aprehensión serán contra los dirigentes, como lo declaró el secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero ayer, el funcionario también llamó a los maestros a abstenerse de realizar destrozos, y al respecto Botello Barrera dijo que la prudencia debe caber en las autoridades, de manera específica en el gobierno del presidente de la República Enrique Peña Nieto y del gobernador Héctor Astudillo Flores, pues si así fuera “no habría habido muertos, represión”.

No se desistirá la SEG de las órdenes de aprehensión, advierte Pano Cruz

“Sólo estamos aplicando la ley”, dice el secretario

El secretario de Educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz, insistió en que la secretaría no desistirá de las 250 órdenes de aprehensión que existen en contra dirigentes de la CETEG, porque “sólo estamos aplicando la ley” y en el caso del dirigente cetegista detenido, Armando Valverde Ruiz, aseguró que a pesar de que la SEG tuvo pérdidas por 8 millones de pesos, envió una “reconsideración” y “sí sigue detenido es por otras causas”.

Entrevistado luego de la inauguración de la unidad académica de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, Pano Cruz, dijo que la detención del cetegista Valverde Ruiz –el pasado martes 23– “no obedece a ninguna actitud de cacería de brujas, ni de hostigamiento para los trabajadores de la educación”.

Precisó el titular de la SEG, que por las órdenes de aprehensión la secretaría mantiene la misma postura y “debe quedar claro –dijo– que sólo estamos aplicando la ley, pero estamos siendo cuidadosos”.

Insistió que en el caso de Valverde Ruiz “yo, ya mandé una reconsideración por nuestra demanda, a pesar de que tengo daños por 8 millones de pesos, porque destrozaron mi oficina, me arrancaron puertas, me destruyeron equipo de cómputo, bloquearon las instalaciones. Si sigue detenido es por distintas causas”.

Resaltó que los 8 millones son producto del recuento total de los 18 días que los maestros del sector Sierra tomaron las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro (ex Ineban) “y porque no alcanzaba fianza enviamos una reconsideración de la denuncia, pero bajo ciertos compromisos como el cambio de actitud”.

En el caso de la nueva dirigencia de la CETEG,mencionó que otorgará el permiso a los 110 trabajadores que fueron nombrados para ocupar las comisiones, “si éstos me presentan el laudo” por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y dijo que en el caso del ex dirigente cetegista, Víctor Echeverría, “ellos no fueron liberados”.

Referente al caso de los estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, apuntó que “anoche se logró un acuerdo que se va a dar cauce a una investigación por parte de la Contraloría Interna de la SEG para poder comprobar estos supuestos actos de corrupción, esperaremos los resultados para tomar una solución”.

Se liberarán órdenes de aprehensión y rescisión de contratos, advierte Pano Cruz

* No hay nombramientos para el sector Sierra, dice

 * Argumenta que no se dispone de ningún presupuesto adicional para el actual ejercicio fiscal * El mercado de educación primaria está “sobresaturado”, dice * Se encontró una red de vendeplazas y falsificadores

 Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * El secretario de Educación en Guerrero, Daniel Pano Cruz, aseguró ayer que a los maestros de la Sierra que mantiene tomadas las instalaciones de la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Centro (ex INEBAN), “no podemos otorgar los nombramientos como ellos quieren”, porque para este ejercicio fiscal la SEG “no contará con ningún presupuesto adicional”; lo que sí es factible, resaltó, es que por obstaculizar los servicios educativos y administrativos se liberarán órdenes de aprehensión, ya a que diario hay una perdida económica de 5 millones de pesos.

Entrevistado antes de inaugurar la Unidad de Acceso a Servicios Digitales en la Biblioteca Central, Pano Cruz explicó que por racionalidad y de acuerdo con la planeación educativa, “no podemos otorgar los nombramientos como ellos lo demandan, ya que presentaron un paquete de 40 expedientes en donde proponen a los docentes” que ocuparán las plazas y en qué comunidades.

Indicó el titular de la SEG que “esto no es posible por una razón sencilla, y es que para este ejercicio fiscal la SEG no contará con ningún presupuesto adicional, salvo el que fue autorizado por el Congreso del Estado a través de una línea de crédito bancaria para la contratación de egresados” del ciclo 2002-2003.

Fue el pasado lunes 8 de marzo, cuando padres de familia y maestros de la Sierra marcharon por las principales calles de esta ciudad y tomaron las oficinas del ex INEBAN, en demanda de cambios de adscripción, recategorizaciones, la construcción de aulas, así como de 100 maestros para los municipios de Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.

Pano Cruz resaltó que “los padres de familia y maestros empezaron a titubear y a obstaculizar el avance, cuando les solicitamos los nombres de las comunidades donde se demandan a los nuevos docentes, ello para hacer las visitas de inspección y determinar el grado en que se encuentran abandonadas y para determinar la asignación de maestros”.

Indicó Pano Cruz que por obstaculizar la prestación de servicios administrativos y educativos –con la toma del ex INEBAN– se presentaron denuncias penales                   “por daños al patrimonio, además porque existe un cálculo de que se pierden aproximadamente 5 millones de pesos diarios, cada vez que se toman la oficinas de la SEG”.

Las sanciones internas, según el titular de la SEG, van desde “la reparación del daño, descuentos salariales o las actas de abandono de empleo según el caso y en este momento el movimiento ha durado más de cinco días, además habrá algunas rescisiones de contratos”.

La educación preescolar obligatoria para el próximo año, requiere una inversión inicial de 500 millones de pesos.

Más adelante, el titular de la SEG dijo que debido a la reforma que le hicieron al artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual hace obligatorio el sistema de educación preescolar, Guerrero necesitará una inversión inicial de 500 millones de pesos y para cubrir este sector se necesitarán de 2005 al 2008 unas mil 500 educadoras, así como 500 nuevos espacios educativos, para los “25 mil niños que no tienen acceso a la educación preescolar”.

El problema, según Pano Cruz, “no termina ahí, ya que tanto en Guerrero como en México se tienen que transformar las políticas en las normales y tal vez en lugar de ofrecer licenciaturas en educación primaria, debamos ofertar más licenciatura en educación preescolar”.

Agregó Pano Cruz que para el próximo ciclo escolar en que entrará en vigor esta reforma con la que incrementa los años en educación básica, se van a “crear más plazas” de educadoras, pero la federación no ha asignado nuevas plazas de educadoras, “estamos a la expectativa a través del instrumento de programación detallada por medio del cual se asignan los nuevos recursos para la contratación de educadoras”.

Aunado al nuevo enfoque de políticas educativas, dijo Pano Cruz, está la reducción de la matrícula en las normales públicas con lo que “se trata de reducir el número de maestro de educación primaria, porque tenemos un mercado sobresaturado y tenemos expectativas en la educación preescolar”.

Hay una fuga de 20 millones de pesos por nombramientos apócrifos

Pano Cruz dio a conocer que recientemente en la SEG se encontró una red de vende plazas, así como de falsificación de nombramientos, y derivado de ello se han detectado “200 nombramientos apócrifos, sobre los cuales se han elaborado denuncias                   penales”.

Dijo que producto de la emisión de esos 200 nombramientos “había una fuga de recursos en la SEG por cerca de 20 millones de pesos”, pero tras esta situación se inició una cruzada y en breve se estarán arrojando los resultados, y si se detecta la participación de funcionarios de esa secretaría, aseguró que se va a proceder conforme a la ley.