Etiqueta: Xalpatláhuac

No dejar inconclusas obras de los caminos artesanales, ofrece Evelyn en la Montaña

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda atiende a pobladores de la comunidad nahua de Tlaquiltzingo, municipio de Tlapa, al término de la inauguración del camino artesanal Foto: Carmen González Benicio

Carmen González Benicio

Tlaquiltzingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en su gira por la Montaña, aseguró que el programa federal de caminos artesanales continuará y se terminarán los inconclusos.
Salgado Pineda inauguró el tramo del camino artesanal de las comunidades nahuas de Tlaquil-zinapa-Tlaquiltzingo, municipio de Tlapa, que se hizo en dos etapas con 4.67 kilómetros lineales y una inversión de 20 millones de pesos.
Mencionó que seguirán los programas federales con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que espera que venga a la Montaña.
Dijo que hay coordinación de los tres niveles en los caminos artesanales en los que nadie creía, sobre todo en la mano de obra local.
Salgado Pineda resaltó que los caminos artesanales resistieron al huracán John porque se hicieron con calidad, con buen material y corazón trabajando de sol a sol y que eran producto de la política social para seguir transformando la región, donde los recorridos de horas ahora se hacían en minutos acercando los servicios y beneficios a las comunidades.
Mencionó que recorrió la carretera Chilpancingo-Tlapa para verificar las condiciones en que está para atenderlas porque la infraestructura vial es importante para la economía y los productos que hay como la miel, el café y las artesanías que deben difundirse y venderse.
Y que en estos tres años le meterá velocidad para atender las obras que desafortunadamente tuvieron que frenar por los huracanes, pero que en el 2025 va retomar el año de las obras para que haya justicia social.
Al retirarse de la actividad, se les cuestionó que así como había casos de éxito de caminos artesanales había inconclusos y qué haría al respecto: “No, continuamos ahorita, yo lo mencioné en mi discurso que esto no termina aquí; al contrario, vamos a continuar mejorando los caminos que se dañaron con el paso del huracán John y los que faltan por concluir, los terminaremos, ese es el compromiso”.
Sobre la responsabilidad de los ex presidentes municipales como Copanatoyac y Xalpatláhuac que se documentó, dejaron caminos inconclusos, “ahí la Contraloría lleva un expediente sobre la realización de los caminos, pero nuestro compromiso como gobierno del estado es que se terminen”.
Se le preguntó cuál sería la inversión del gobierno del estado en los camino artesanales: “La cifra la tiene la arquitecta Irene (Jiménez Montiel), secretaria de Obras Pública, estamos aún trabajando, pero va ser una inversión importante, porque tendremos una reunión con el gobierno federal y ahí veremos de cuánto va ser”.
Se le preguntó si Claudia Sheinbaum Pardo vendría a la Montaña a la inauguración del Hospital de Especialidades que se construye. Respondió que hará la invitación para que acuda a la Montaña y que esperara se ajuste a la agenda de la presidenta.
El alcalde de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga, reconoció el trabajo de Salgado Pineda.
Dijo que el apoyo de pavimentación de caminos artesanales durante los tres años fue de más de 30 kilómetros, avanzando en los más de 95 pendientes.
Destacó la importancia del tramo pavimentado porque era un camino real que se usaba para comunicar pueblos de diferentes municipios como Xalpatláhuac, Copanatoyac, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte y conectará con la carretera Tlapa- Marquelia.
Dijo que con eso se acercó la justicia a los pueblos y los servicios, así como el hospital de Especialidades que se construye.
Remarcó que Salgado Pineda no trajo dádivas o despensas que se acaban sino obras que duran y se necesitan como el hospital que se construye a un costado del Batallón de Infantería.
Dijo que trabajó con ella los tres años y lo hará otros tres.
Le planteó el reencauzamiento del río Jale, cuyo proyecto ya presentó y esperaba que estuvieran poniendo la primera piedra y recordarla con obras no dádivas.
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento, Irene Jiménez Montiel, dijo que la inversión en el municipio cambió el mapa de la infraestructura y que se avanzó unos 50 años en la movilidad.
Lo realizado en los tres años representa el 35 por ciento del total de caminos del municipio.
Y que los caminos fueron una inversión grande que gestionó la gobernadora y que continuarán para agilizar la movilidad.
A la gira se sumaron el diputado federal por el Distrito 05, Gerardo Olivares Mejía, y el diputado local Pánfilo Sánchez Almazán.
Anuncia Evelyn inversión en obras por 300 millones

Antes de su visita en Tlaquiltzingo, la gobernadora inauguró una obra de sistema de agua potable en el Nuevo Paraíso, municipio de Cualac y concluyó su gira con una reunión a puerta cerrada con alcaldes en el seminario Tonanzin en la comunidad de Tlaquilzinapa.
En un boletín se informó que Salgado anunció una inversión histórica superior a los 300 millones de pesos para nuevas obras y mejoras en infraestructura.
Y que el monto será destinado a proyectos prioritarios como la cons-trucción y rehabilitación de ca-minos, puentes y carreteras, obras de agua potable, sistemas de drenaje, pavimentaciones, alumbrado público y nuevos espacios comunitarios, incluyendo escuelas, mercados y parques.
“Estos casi 300 millones de pesos sí incluyen nuevas obras ca-rreteras. Vamos a invertir en ca-minos y seguir gestionando con el gobierno de México la recons-trucción de las vías afectadas”.
En la reunión llamó a las autoridades municipales a trabajar en conjunto con la mezcla de recursos para que pueda duplicarse y optimizar los fondos para obras complementarias que beneficien aún más a las comunidades.
“Podemos hacer que estos 300 millones de pesos se multipliquen si trabajamos de la mano. Con los recursos de una obra podemos hacer dos, y lo destinado para una acción puede mejorarse con obras adicionales”, indicó la mandataria.
En el evento estuvieron la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, el titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, el titular de CICAEG, Martín Vega González, y el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Cisneros.

Hay dos guerrerenses sancionados por violencia política de género, informa el INE

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Dos ciudadanos de Guerrero están en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de acuerdo con una lista publicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en su sitio oficial.
Se trata de Edmundo Delgado Gallardo y Nicolás Villareal Dircio, ambos en calidad de ciudadanos de Xalpatláhuac, que desde 2021 están en la mencionada lista por una determinación del Tribunal Electoral del Estado (TEE) que consideró que hubo “obstrucción de las funciones y desempeño del cargo de la presidenta del Ayuntamiento de Xalpatláhuac”.
Tanto Delgado Gallardo como Villareal Dircio están en este registro de entre un total de 417 personas inscritas, de las cuales, 364 ya fueron sancionadas.
De acuerdo con este registro, ambos ciudadanos guerrerenses estarán en la lista y con sanciones hasta el 30 de agosto de 2028.
Según la lista publicada por el INE, Delgado Gallardo cometió violencia simbólica contra la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, mientras que Villareal Dircio cometió psicológica.
Las dos personas en la lista eran autoridades comunitarias en Xalpatláhuac y mantienen un conflicto con la actual alcaldesa, que logró la reelección.
Sotelo Maldonado, en diversas ocasiones, ha expuesto de la violencia de la cual asegura es víctima comenzó desde el inicio de su campaña, en 2021, donde recibió amenazas de muerte y luego no se le permitió instalarse en el Ayuntamiento.
De acuerdo con el proyecto TEE/PES/052/2021, a los agresores se les impuso una multa individual de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 19 mil 244 pesos al declarar existente la denuncia presentada por la alcaldesa Sotelo Maldonado, en contra de quien fue en 2021 candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Edmundo Delgado Gallardo, y contra Nicolás Villarreal Dircio, quien ostentaba el cargo tradicional de tlayakanki o principal del pueblo, por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Vigente desde el 7 de septiembre de 2020, el registro cuenta con un total de 416 registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género y, de esa cifra, se acumulan a la fecha 363 sanciones.
Con corte al pasado 4 de julio, el INE reportó que Oaxaca es la entidad con el mayor número de personas registradas, con 142 casos; además, establece que del total de sanciones en las diferentes entidades, 78 fueron aplicadas a presidentes municipales, 58 a regidores y 14 a síndicos.
“Es en el ámbito municipal es donde se acumulan el mayor número de los 416 registros”, y son 315 casos, equivalentes al 75.72 por ciento; en el estatal se agrupan 58 asuntos, el 13.94 por ciento, y en el nacional 43, que es el 10.34 por ciento del total, indica el documento del INE.

Desecha el Congreso demanda de juicio político contra la alcaldesa de Xalpatláhuac

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local desechó una solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, que promovieron ciudadanos del municipio, y reprogramó la votación del proyecto de reformas a la constitución para modificar fecha de instalación de los ayuntamientos que llevan un mes de retraso.
Con una asistencia de 29 diputados locales, con la mayoría de la bancada Morena, ausente por la gira de Claudia Sheinbaum en Guerrero. Tampoco estuvo la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández del PT. La plenaria agotó el orden del día en unos 40 minutos.
Entre otros puntos, el pleno aprobó el dictámen de la Comisión previa que declaró improcedente una denuncia de responsabilidad política contra la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, que promovieron Jorge Martínez Larios, Francisco Iturvide Salazar, Eloína Villarreal Comonfort y Carmen Pinzón Cillanueva, Fredy Ruiz García, Juan Morán Ruiz y Adelaido Morales Maldonado.
Desde el inicio de su gestión, la presidenta municipal del PRI ha sido confrontada por un grupo ciudadano, con acciones que tribunales electorales confirmaron como violencia política en razón de género.
La Mesa Directiva envió a la siguiente sesión que se celebrará hoy, la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por el que se reforma el artículo 171 numeral 2 y 176 párrafo primero de la Constitución política del estado, que se dio a conocer desde el 8 de noviembre, para para modificar la fecha de inicio de los gobiernos municipales. El asunto se sigue posponiendo porque se requiere dos tercios de la legislatura para agotar el procedimiento.
En la sección de comunicados, se turnaron a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo el oficio del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los organismos Públicos Descentralizados, Domingo Salgado Martínez, para que el Congreso realice las gestiones administrativas del pago de salarios de la primera quincena de noviembre de esta organización.
Así como el oficio de trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo sobre el pago de salarios de sindicato independiente, y otra solicitud para la integración de la comisión mixta de escalafón en el ayuntamiento capitalino.
A las comisiones de Cuenta Pública y Presupuesto se turnaron los oficios de autoridades comunitarias, donde solicitan la asignación de recursos para la rehabilitación de la carretera el Portillo-Potrerillo, Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, Jicamaltepec de la Montaña, Buenavista y Rïo Huapa, en San Luis Acatlán; para dos kilómetros de pavimentación de Cuapexco al crucero de la carretera federal Zitlala-La Esperanza, en Zitlala, para una pavimentación de 2.5 kilómetros de tramo carretero de Villa Nicolás-Las Anonitas, en Ajuchitlán del Progreso.
También el Comité Gestor Tlaquiltzingo, municipio de Tlapa, pidió recursos para la construcción de un puente vehicular.
A petición de la diputada de Morena, Jessica Alejo Rayo, se pospuso para hoy la presentación de su iniciativa, para la creación de una Ley de Salud Mental en Guerrero.

Preocupa a Comisión de Hacienda
tratamiento a nuevos municipios

La diputada de PRI Alicia Zamora Villalba informó que la Comisión de Hacienda se instaló en sesión permanente hace un mes, para analizar la aprobación de las leyes de Ingreso y Tablas de Valores de los ayuntamientos, y para hacer un planteamiento de la Junta de Coordinación Política sobre cómo atender los asuntos fiscales del proximo ejercicio fiscal de los cuatro nuevos ayuntamientos.
En el caso de los que ya tienen gobiernos constituidos, Ñuu Savi y Santa Cruz del Rincón, indicó que uno de los criterios para hacer el cálculo con la fórmula de asignación de participaciones federales, son los ingresos propios del año anterior, y no los tiene, pero ellos no aceptan remitirse a la Ley General .
Por otro lado, están los cabildos instituyentes de San Nicolás y Las Vigas, que no han sido designados. Adelantó que hoy, antes de la sesión del periodo ordinario,
Aclaró que los municipios de origen ya no van a poder obtener los recursos que corresponde a las nuevas demarcaciones, y estado se vería obligado a reintegrar los fondos correspondientes a la federación
“Mañana lo vamos a definir con la Jucopo, para hacer los planteamientos de que, a diferencia del año pasado, tenemos cuatro situaciones que nos preocupan”.
La Comisión de Hacienda sesionó antes de la plenaria. De acuerdo con un boletín, la Comisión de Hacienda aprobó en sesión siete Leyes de Ingresos de Azoyú, Mártir de Cuilapan, Tlapa de Comonfort, Teloloapan, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas, así como las tablas de Valores y Uso de Suelo de 40 ayuntamientos
Los integrantes de la Comisión,  Bernardo Ortega Jiménez, Alicia Zamora Villalba y José Efrén López Cortés, plantearon crear un artículo transitoria para los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez por los efectos del huracán Otis y un artículo Transitorio General, por los efectos del huracán Otis en la recaudación estatal y su impacto en los municipios.

 

Chocan versiones de la muerte de un joven en una celda de comunitarios en Xalpatláhuac

 

Carmen González Benicio

Tlapa

El pasado 19 de julio, integrantes de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac detuvieron a Nicolás López Gómez, quien horas después fue hallado muerto, ahorcado dentro de la cárcel que utilizan para sus retenciones, y se aseguró que fue un suicidio.
Sin embargo, luego de siete días del hecho, fuentes familiares aseguran que Nicolás López, de 24 años de edad, murió debido a los golpes y maltrato que le dieron los policías comunitarios, al momento de su detención. Luego, éstos pretendieron se viera como un suicidio, al estar semicolgado del cuello con un lazo.
Los familiares de López Gómez dijeron desconocer los motivos de la detención, aunque los comunitarios manifestaron que fue por estar inhalando solventes en la calle y ya tener el delito de fuga, por no cumplir con su tarea comunitaria de barrer, la segunda vez que lo detuvieron por drogarse.
En sus denuncias, los familiares aseguran que sí falleció por los golpes que le dieron, porque se acercaron a la celda a verlo y tenía moretones, así como sangre, porque le pegaron y les pidió que vigilaran para que no lo volvieran hacer.
Agregaron que eso fue temprano, entre 8 y 9 de la mañana, y que pasando las 12 del día, cuando volvieron a verlo para resolver su situación ya estaba muerto, por lo que consideraron que no fue un suicidio, pero por sus excesos, los comunitarios quieren que se vea de esa forma y no como un asesinato.
También denunciaron que, de momento, se vieron intimidados por los comunitarios, quienes no permitieron la intervención del Ministerio Público, por la forma en que murió López Gómez, pero ahora piden se hagan las investigaciones correspondientes ante su muerte, porque su cuerpo tenía moretones, una herida fuerte en la barbilla, sangre en la boca y en el cuello tenía el lazo, cuando se supone que a los detenidos les quitan todo lo que llevan.
Ante eso, pidieron la intervención del gobierno estatal, para que se hagan las investigaciones correspondientes sobre la muerte de Nicolás López y se finquen responsabilidades a los integrantes de la Policía Comunitaria que lo detuvieron y eran responsables de su seguridad.

Las autoridades tradicionales aseguran que fue suicidio

El tlayakanki Nicolás Villareal Dircio, autoridad tradicional de Xalpatláhuac, sostuvo que la muerte del joven Nicolás López, el pasado 19 de julio, en la celda la Policía Comunitaria fue un suicidio.
En entrevista telefónica, Villareal Dircio contó que el pasado miércoles 19 de julio, los policías comunitarios le informaron sobre la detención de López Gómez, porque andaba inhalando tíner en las calles, además de que ya era un prófugo, porque lo habían detenido ocho días antes y se fugó mientras barría para pagar su falta.
Además de que fue detenido en otro momento, por robo a casa habitación, llevándose ropa y alhajas, pero que eso no trascendió porque se arregló ahí, con el pago de lo robado, que ascendió a 40 mil pesos, de los cuales su mamá pagó 20 mil.
Dijo que lo encerraron como a las 9 de la mañana, quitándole su tenis, su cinturón, su gorra, el PVC y todo aquello que representara peligro, como lo hacen con todos. Aseguró que él no lo vio, porque andaba atendiendo otro asunto y luego bajó a una reunión que tenían con un licenciado, en las oficinas que tiene en el Ayuntamiento.
Relató que los comunitarios le llevaron una botella de agua, porque sus familiares ya andaban ahí para verlo y horas después, cuando salieron, les informaron que estaba muerto, con un hilo en su cuello, ahorcado. Aunque no recordó la hora.
Aseguró que por eso, para ellos, el joven se quitó la vida, aunque desconocen cómo consiguió el lazo para hacerlo y que nadie lo golpeó, porque la Policía Comunitaria no hace eso, aunque pretenden desacreditarlos.
Detalló que las cosas pasaron rápido y que ellos no lo golpearon, que si eso hubiera pasado, su mamá se hubiera dado cuenta porque la celda no está lejos del mercado, y ella vende tacos cerca, a unos tres o cuatro metros o su primo flores, además, fue detenido en la mañana cuando todos ven qué pasa.
Lamentó la muerte “yo me molesté, no lo encerraron para que se matara, sino para que entendiera que hace mal drogarse. Porque eso lo hemos combatido, además de los pleitos de cholos y agresiones que cometen. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la vida a un ser humano?”.
Reconoció que no dio parte al Ministerio Público de la muerte del joven Nicolás López, porque como Policía Comunitaria informan a los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en la casa de justicia de Espino Blanco, y en este caso, le hicieron llegar el oficio con los detalles a Martín Rosales Sierra.
Además, dijo que como autoridad se manejan con los usos y costumbres.
Aseguró que en ningún momento se opusieron, condicionaron o amenazaron a la familia para que no diera parte a las autoridades sobre la muerte, por lo que están dispuestos a que se haga la investigación correspondiente y si eso incluye hacer la exhumación del cadáver, como piden los familiares, están en su derecho.
El tlayakanki dijo que no es un delincuente o asesino y que solo está cumpliendo con el encargo que le dio la comunidad, de representarlos sin un sueldo, y por eso ahora tiene varias acusaciones, como el de robo de armas, de vehículos y por violencia política en razón de género, todo esto fomentado por el ex alcalde y esposo de la presidenta, Rosendo Larios Rosas.
Acusó al ex alcalde Larios Rosas de politizar las cosas, porque ahora todo lo que pasa es culpa de la autoridad tradicional y los comunitarios, “sólo porque él no puede entrar aquí a la cabecera, la presidenta Selene Sotelo Maldonado sí, pero él no. Además, ni son de aquí, no tienen casa, nomás venían unas horas y se iban dejando los problemas de la comunidad, como el vandalismo, las balaceras y los machetazos”.
Remarcó que Larios Rosas por eso busca hacerlos a un lado, para seguir manejando el municipio, y por eso “paga”, para que difundan lo que él quiere, “nosotros no tenemos dinero para hacer ruedas de prensa o difundir las cosas como él y su esposa lo hacen. Estamos trabajando para el pueblo y si ese es el pecado, sabrá Dios”.
Villareal Dircio enfatizó: “La verdad es lo que hemos dicho. El joven se ahorcó solo, ahí adentro, con ese lazo que no sabemos cómo llegó ahí. Se le invitó a que dejara las drogas porque hacen mal, pero pocos hacen caso”.
Aseguró que las cosas se politizan “me quieren ver tras las rejas, porque me señalan que yo mandó, que yo ordeno. En donde quiera sale mi nombre”, expresó el tlayakanki y recordó que la semana pasada Policías Ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en sus contra, por robo de vehículos y violencia política en razón de género, cuando acudió a comparecer por un tema de despojo.
Pero lo liberaron porque está amparado y las camionetas las tiene el gobierno estatal, porque acudieron a la cabecera a llevárselas, hace meses.

 

Entrega el tlayakanki de Xalpatláhuac las armas que quitaron a policías municipales

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

El pasado sábado, en presencia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de la notaria uno, Brenda Alarcón López, el tlayakanki de Xalpatláhuac, autoridad tradicional, Nicolás Villarreal Dircio, entregó las 10 armas que tenía bajo su resguardo.
De la seguridad en el municipio, hasta el momento se hace cargo la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras la policía comunitaria se está replegado, hasta que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), realice una asamblea regional en Xalpatláhuac, para que el pueblo participe y decida si ratifican o nombran a nuevos policías.
La reunión se realizó en el corredor del Ayuntamiento en Xalpatláhuac, en presencia de al menos 100 personas, en su mayoría mujeres. La reunión duró varias horas, porque en las particiones de las mujeres nahuas, no aceptaban que se entregará el armamento porque argumentaban que el gobierno estatal no estaba cumpliendo con los acuerdos.
En varias particiones recalcaron que les faltaban varios servicios, como agua potable, obras para este año, atención de la Dirección de Catastro y Registro Civil; pero al final, los consejeros de la CRAC persuadieron a las personas para que se avanzara sobre el tema.
También pidieron atención a la salud, que haya médicos y sobre todo que la clínica tenga medicamentos.
Así como que el gobierno resuelva las órdenes de aprehensión contra 24 comunitarios, incluido el tlayakanki, Villareal Dircio.
Aceptaron la entrega de los 10 armamentos que tenían bajo su resguardo, desde en octubre del año pasado, cuando desarmaron a la Policía Municipal y expulsaron de la cabecera a la presidente Selene Sotelo Maldonado.
De acuerdo con el boletín del gobierno estatal, “se inicia una nueva etapa para la construcción de paz en el municipio de Xalpatláhuac”.
Mencionaron que en cumplimiento de los acuerdos, el secretario Ludwig Marcial Reynoso asistió al Ayuntamiento de Xalpatláhuac, para dialogar con la comunidad, donde le solicitaron principalmente el suministro de agua potable y medicinas.
Se informó que se comprometió a dejar atrás esa percepción de inseguridad, inestabilidad y abandono que sienten los habitantes de la cabecera.
Informó que participó el tlayakanki, Nicolás Villarreal; el consejero de la policía comunitaria, Edmundo Delgado Gallardo; coordinadores de las casas de justicia de la CRAC-PC, encabezados por Raúl de Jesús Cabrera; y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quienes se comprometieron a llevar a cabo el proceso de control y depuración de la policía comunitaria, para su reintegración en las acciones de seguridad en favor de la población.

Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

“No hay territorio donde el Estado no pueda entrar”, afirma el secretario de Gobierno

El secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso sube al buque esscuela Cuauhtémoc para la ceremonia de despedida en la Décima Segun-da Región Naval de Acapulco Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que pese a la situación de violencia y convulsión social en algunas zonas de Guerrero, “no hay territorio donde el Estado no pueda entrar”.
Subrayó que en Xalpatláhuac sólo hay una autoridad y es la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, que el tlayakanki es una “autoridad religiosa” y no comunitaria.
Este sábado, el funcionario acudió al acto de ceremonia de despedida del buque escuela Cuauhtémoc, en las instalaciones de la 12 Región Naval, y de la procesión de los habitantes del corredor Santa Rosa-El Durazno, para pedir paz en esa región de la costa de Tecpan y la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dijo que “estamos con presencia en la zona, estamos trabajando ahí”.
Agregó: “Se continúa la presencia por parte del Ejército, Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Estamos con presencia en la zona. Vamos a seguir trabajando ahí, estamos instalados los puestos de control y vamos a seguir con los patrullajes. Esto ha ayudado mucho a disminuir la violencia y es un trabajo de día a día”.
Respecto a la situación en Tierra Caliente y el levantamiento de comunidades con menores armados, dijo que hay presencia oficial en la zona y confió en que con esto ya no suceda, “nosotros vamos a ocupar todo el territorio del estado. No hay espacio y no hay territorio donde el Estado no pueda entrar, lo vamos hacer y lo vamos seguir trabajando, para la paz y la seguridad de los guerrerenses”.
Luego de estar en la región naval, el secretario se trasladó a una reunión en San Luis Acatlán, con los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), para abordar la situación en Xalpatláhuac.
“Han estado sucediendo una serie de actos irregulares. Nosotros se los hemos hecho saber a ellos (a la CRAC-PC de San Luis Acatlán). Creo que hay una buena aceptación de los comentarios que hemos hecho respecto a la actuación de esta comunitaria (de Xalpatláhuac) y se va a revisar previamente la forma en cómo están operando. Es un diálogo que esperamos que sea fructífero, para ya pacificar este municipio”.
Dijo que en los próximos días se desarrollará una reunión pendiente con el tlayakanki y se trabaja para que haya buenas condiciones para el diálogo, “han habido muchas reuniones”.
Afirmó que nunca estuvo roto el diálogo, que se han hecho reuniones, que en momentos se han suspendido no por rompimiento sino que no hay condiciones para continuar.
“Lo importante de dejar muy claro que hay una autoridad constitucional en el municipio, que es la presidenta municipal. Esta autoridad (el tlayakanki) es una autoridad religiosa, no es una autoridad civil”.
Agregó: “Tenemos que poner a cada quien en su lugar, cada quien tiene que desempeñar su actividad. No puede haber dos gobiernos en Xalpatláhuac, es uno solo, el de la presidenta municipal, y la policía comunitaria no puede estar en contra de la autoridad municipal”.
El secretario general de gobierno subrayó que en ningún municipio donde opera la CRAC-PC están en contra del gobierno municipal, que sólo es en Xalpatláhuac.
Dijo que sabe de diputados de Morena que han tenido reuniones en ese municipio, pero no han tenido acuerdos, y que respeta las posturas, al igual que el de la alcaldesa, porque cada quien tiene su percepción.
El secretario también informó que no hubo retención de elementos de seguridad en San Luis Acatlán, luego del hallazgo de la joven desaparecida y localizada muerta, Maricruz García Margarito, que hubo una confusión de un dinero, que no apareció luego de la detención de uno de los implicados en la desaparición, pero se aclaró, y no se retuvo a nadie. Dijo que la joven, según la información que hay, fue asesinada el mismo día en que la privaron la libertad.

 

Rinde protesta Maité Lucero Arce como alcaldesa de Cutzamala; suple a su madre

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ante el pleno del Congreso local rindió protesta Mayté Lucero Arce Jaimes como presidenta municipal de Cutzamala de Pinzón, tras la aprobación de la licencia por tiempo indefinido de su madre, la alcaldesa propietaria Rosa Jaimes López, del PRI.
Sin dar mayores detalles al Congreso local de porqué se separa del cargo y funciones, en su oficio de solicitud de licencia, la alcaldesa sólo señaló que fue “por motivos personales”. En la sesión se aprobó la autorización para separarse del cargo y rindió protesta la suplente, su hija.
Tras rendir protesta ante el pleno, Mayté Lucero Arce Jaimes no quiso dar detalles de los motivos del cambio, solo señaló que todo está bien en el municipio, incluido el tema de seguridad.
Ante las preguntas de los reporteros sobre los motivos del cambio en la alcaldía, sólo respondió que se trataba de asuntos personales y que todo estaba bien en el municipio “vamos a seguir trabajando como siempre, todo bien, todo bien, no se preocupen”, dijo.

Se busca desestabilizar con Xalpatláhuac: Sánchez Esquivel

El diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel cuestionó sobre lo que está detrás del conflicto en Xalpatláhuac
Sánchez Esquivel, que durante su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), trató de limitar en diferentes momentos y con distintas justificaciones el acceso a reporteros a la sede del Poder Legislativo, ayer al inicio de su intervención reprochó la poca presencia de representantes de medios de comunicación.
El morenista dijo que está “muy preocupado” por lo que ocurre en Xalpatláhuac y demandó que se atienda “con prontitud” porque son los pueblos indígenas los más olvidados y afectados por gobiernos corruptos u omisos.
Sánchez Esquivel señaló en tribuna que “es imperativo la no criminalización de las policías comunitarias”, las cuales dijo están amparadas por la ley y la Constitución.
Y envió un mensaje de “total respaldo” a esas policías, porque ofrecen seguridad dónde no hay presencia de ninguna corporación de seguridad del Estado.
Se refirió a lo ocurrido el pasado viernes cuando militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales derribaron la puerta de la oficina del tlayakanki, Nicolás Villareal Dircio, en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, lo cual consideró “totalmente incorrecto” porque fueron utilizados para “confrontar al pueblo, eso es una falta de respeto”.
Y preguntó: “¿Quién los llevó allá?, ¿Qué interés se persigue de exhibir al Ejército, a la Guardia y a los policías en una situación que es meramente política?”, y demandó castigar a quienes irrumpieron en el Ayuntamiento para que regrese el gobierno municipal a la cabecera.
Afirmó que pudo ocurrir una masacre de indígenas y pidio “que se atienda Xalpatláhuac antes de que se convierta en una desgracia mayor de la que nos podamos arrepentir”.
Dijo que hay a quienes les “conviene que siga ese conflicto” e insistió: “¿a quién le interesa que el tema de Xalpatláhuac no se resuelva?” y que se convierta en “un problema mayor… hay actores que construyen, y construyen fino para que ocurran cosas que al rato pareciera que nadie fue responsable, un Aguas Blancas, un Charco, un Acteal”.
“Aquí no se vale un silencio cómplice que, de pie al abuso, de quienes no cuidan al Ejecutivo y terminan poniendo en riesgo la gobernabilidad de Guerrero, tenemos una gobernadora que está preocupada pero no puede atender todo, pero hay actores políticos que son responsables y tiene que asumir lo que les corresponde”.
Afirmó que se han repetido casos de decisiones que toman “subordinados” y que han afectado la estabilidad del estado.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado demandó que se intervenga y se solucione el problema en ese municipio de la Montaña, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pero también los político-electorales de la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, del PRI.

La sesión

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto propuesto por diputado priista Adolfo Torales Catalán a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la obligación de transparencia de su ejercicio fiscal 2022, a los que llama a poner a disposición de la ciudadanía en sus portales de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que están obligados a transparentar.
En su propuesta detalló que de los 81 ayuntamientos solo 33 obtuvieron aprobación, según datos del ITAIGro, esto porque la mayoría no transparentó a la remuneración de los servidores públicos, programas sociales, reglas de operación, padrones de beneficiarios, procedimientos de licitación, contratos de adquisición de bienes o servicios, cuenta pública y ejercicio de recursos públicos.
El pleno aprobó un dictamen por el que se concede licencia definida a Romana Leonardo Apolonio para separarse del cargo de síndica procuradora del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, del 8 de marzo al 5 de junio del 2023.
También aprobaron un dictamen por el que se emite juicio en contra de Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, regidora del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, para desempeñar funciones docentes y edilicias.