Maestros de zonas indígenas de la Montaña instalan un plantón afuera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la SEG, en Chilpancingo, para exigir plazas Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Un grupo de maestros eventuales de comunidades indígenas, realizaron un plantón de cinco horas afuera de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la regularización de sus empleos.
Este es el mismo grupo de docentes que se plantó la noche del viernes frente al hotel donde durmió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Ometepec, durante su gira del fin de semana.
Los manifestantes denunciaron que llevan entre cuatro y cinco años cubriendo de forma consecutiva interinatos de docentes de base, sin la oportunidad de acceder a nombramientos permanentes. Exigieron una mesa tripartita de trabajo, con las secretarías de Educación Guerrero y de Educación Pública, lo antes posible.
“Somos maestros de contrato que trabajamos en escuelas marginadas de la Montaña, hace cuatro, cinco y seis años. En este ciclo escolar fuimos desplazados”, denunciaron en una de las pancartas que colocaron en las paredes de la oficina, conocida como Casa Blanca, ubicada en la colonia Universal.
Recriminaron también la falta de sensibilidad del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, a su demanda.
En consulta telefónica por separado, el secretario de Educación indicó que este grupo ha acudido a hablar con autoridades de la SEP, y que la SEG se había comprometido a atenderlos este mismo martes, cuando se instalaron afuera de la oficina de Finanzas.
“Nosotros estamos atentos a cumplir, sin embargo, a pesar de que ya estaba acordada la mesa para el día de hoy (martes en Chilpancingo). El viernes fuimos a dormir afuera del hotel donde se instaló el presidente. Yo los atendí nuevamente allá, el sábado, me entregaron una copia de oficio que le dieron al presidente”.
Añadió que entonces se comprometió a gestionar una reunión con funcionarios de la SEP, que el lunes le dieron como fecha el 14 de septiembre. “Ahora piden que la fecha sea más próxima, (pero) no llevo la agenda de los funcionarios federales. Aún así, para demostrar que somos un gobierno de diálogo, transmití la petición a México”.
Aclaró que esperaba una respuesta por la anoche y que seguía abierto al diálogo con ellos.
Sobre la plazas que exigen los maestros eventuales, recordó que las incidencias laborales que se generan por jubilaciones y retiros, por normatividad, se asignan primero a los egresados de normales públicas que hicieron examen de nuevo ingreso.
Más tarde, Rodríguez Saldaña informó que a las 5 de la tarde se acordó con el grupo de maestros que estaban en Casa Blanca, realizar una mesa con la estructura de la SEG el día 7 de septiembre, para validaciones y revisión de temas, antes de la reunión tripartita SEP-SEG. Luego se retiraron.
El municipio de Iguala ingresó a seis localidades como comunidades indígenas al Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, durante la sexta asamblea municipal con integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
El evento se llevó a cabo en un edificio propiedad del alcalde de Iguala, David Gama Pérez, y que fue utilizado como sede alterna del Ayuntamiento para sesiones de Cabildo y reuniones, en la que se designó a quienes serán los representantes indígenas de Iguala ante el IEPC.
Durante la sexta asamblea municipal con el IEPC, el municipio de Iguala ingresó a seis localidades dentro del rango de comunidades indígenas, en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
De la comunidad Coacoyula, el indígena nahua Jaime López Nazario, y del poblado El Tomatal, la afromexicana Patricia Carbajal Bailon, serán quienes darán seguimiento a las propuestas y acuerdos de igualdad de género en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También se anunció que estos representantes asistirán a la Primera Asamblea de Consejeros, que se llevará el próximo 3 de septiembre, en el municipio de Tlapa, quienes harán valer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. (Redacción / Iguala).
El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera, dijo que los partidos políticos son los que se oponen a que los indígenas ejerzan sus derechos políticos, y por eso el Congreso local desestimó las propuestas que plantearon en la reciente consulta en materia electoral organizada por el IEPC.
En respuesta a la exclusión de las propuestas que hicieron los pueblos indígenas en esa consulta, dijo que sabían que los partidos políticos se iban a oponer a través de sus representantes en el Congreso.
Confirmó que una de estas propuestas que fueron desdeñadas es que ya no sea una simple constancia de autoadscripción la que presente un aspirante a encabezar una candidatura indígena, sino que realmente sea el pueblo quien lo nombre y lo proponga.
De Jesús Cabrera fue consultado al respecto al término de la conferencia de prensa en la que cuatro casas de justicia de la CRAC recriminaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avaló la consulta y las reformas a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena que aprobó el Congreso local el año pasado.
El miércoles, entre los dictámenes que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso local, no tomó en cuenta la propuesta que plantearon los pueblos indígenas y afromexicanos en la reciente consulta en materia electoral, una de ellas la referente a la expedición de las constancias de autoadscripción.
“Ahora que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) sí nos tomó en cuenta a la CRAC, el Congreso desestimó nuestras propuestas que plantearon los pueblos en sus asambleas”, lamentó el vocero de la CRAC.
Explicó que esta vez los pueblos indígena y afromexicanos opinaron como quieren trabajar en sus municipios como indígenas, y añadió que pidieron que en los municipios donde haya una población indígena de más del 40 por ciento que sean estos los que encabecen las planillas de cualquier partido.
Dijo que también propusieron candados para que ya no sea una simple constancia la que se expida a quien aspire a representar en cargos públicos a los indígenas, “y ya no ocurran casos como los del actual diputado de Morena Alfredo Sánchez Esquivel quien se dice representante de los Me phaa, sin serlo”.
Explicó que la propuesta es que sea realmente el pueblo el que los elija y los proponga, además que hablen la lengua de la que se autoadscriben.
“Pero sabíamos que los partidos políticos se iban a oponer porque no les conviene esa propuesta”,
Votación de los diputados de la Comisión de Justicia, Ana Lenis Reséndiz, del PAN; Estrella de la Paz, de Morena; el presidente de la comisión Jesús Parra, del PRI; Beatriz Mojica, de Morena; y Bernardo Ortega, del PRD Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La Comisión de Justicia del Congreso local, aprobó dictámenes con reformas en materia electoral. Las principales son la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, y la que tiene que ver con candidaturas para integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en el cual no se tomaron en cuenta decenas de propuestas que estas comunidades manifestaron en la reciente consulta llevada a cabo por el IEPC.
Se espera que estos dictámenes sean llevados ante el pleno en la sesión de este jueves, ya que mañana es el último día que tiene el Poder Legislativo para aprobar reformas en materia electoral y que estas normativas sean aplicables para el proceso electoral 2023-2024.
La sesión de la comisión se realizó en la sala de los Proceres José Francisco Ruiz Massieu y fue abierta, incluso transmitida en vivo. Se esperaba una discusión por la iniciativa del perredista Bernardo Ortega Jiménez que propone que se respete la decisión de los partidos políticos en el orden y género que se registran las diputaciones plurinominales.
La intención de esta iniciativa era que en la integración del pleno no se dejaran fuera a los varones que los partidos registraron en las primeras fórmulas, como ocurrió con el caso de Evodio Velázquez Aguirre. Sin embargo, el diputado retiró la iniciativa a solicitud de grupos feministas como la Red para el Avance Político de las Mujeres, y de la morenista Citlali Calixto Jiménez.
A la sesión llegaron los cinco integrantes de la Comisión de Justicia: el presidente el priista Jesús Parra García, la secretaria y vocal Beatriz Mojica Morga, y Estrella de la Paz Bernal, ambas de Morena, así como la panista Ana Lenis Reséndiz Javier y el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Ahí, Bernardo Ortega dijo “no voy a ser juguete de nadie” y adelantó que propondría modificaciones a los dictámenes que se discutirían “porque se proponen cosas aberrantes”, y aseguró que estos no los realizó la Comisión de Justicia, después en varios momentos señaló que fue la Jucopo la que realizó estos documentos.
“Creo que están actuando con alevosía y ventaja quienes hicieron este dictamen, porque quiero decirles que este dictamen no lo construyó la Comisión de Justicia, a mí no me tomaron en cuenta, y yo no voy a permitir esto, soy defensor de la legalidad… yo no soy juguete de nadie, ni me voy a dejar manipular por nadie”.
En respuesta, Jesús Parra le dijo a Bernardo Ortega que fue un acuerdo entre los diputados y el trabajo de la comisión se “estaría consultando con sus secretarios técnicos”.
Candidaturas indígenas y
afromexicanas
En el dictamen, los diputados se limitaron a legislar sobre las reformas que la Corte les invalidó por falta de consulta, y no incluyeron ningún otro tema planteado por las autoridades comunitarias de pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso realizó a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una consulta, a partir de la cual el organismo envió a los diputados un informe en el que se incluyeron decenas de propuestas recabadas, pero finalmente en el dictamen no se tomaron en cuenta.
Se quitó del texto de la ley electoral la facultad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de expedir estas constancias de autoadscripción.
Lo anterior a pesar de que una de las principales propuestas que el IEPC recogió en la reciente consulta que realizó a pueblos indígenas y afromexicanos, fue que la asamblea es la máxima autoridad para aprobar la constancia de adscripción a alguna de estas poblaciones, en el dictamen se abre la posibilidad a que sean también el Ayuntamiento.
Incluso, en el dictamen se establece que, para el registro de las candidaturas por estos principios, se deberá acreditar la autoadscripción calificada con una constancia que contenga o esté basada en alguno de los siguientes elementos.
Estos son: el haber prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la comunidad o distrito; haber participado en reuniones de trabajo tendientes a mejorar instituciones tradicionales o resolver los conflictos que se hayan presentado en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito; haber sido representante de alguna comunidad o asociación indígena o afromexicana, cuya finalidad sea mejorar sus conservar instituciones.
También puede ser a través de presentar constancia expedida por el Ayuntamiento, Comisaría Municipal, Consejo de Ancianos, Consejo de Principales Comisariado de Bienes Comunales, con la que se acredite la pertenencia a población o comunidad indígena o afromexicana; y finalmente se agregó a propuesta de Beatriz Mojica el que sea a partir de su activismo a favor de estas poblaciones.
Queda vigente el texto del artículo 13 Ter. que los partidos políticos deberán postular fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa de origen indígena o afromexicana en, por lo menos, la mitad de los distritos en los que la población indígena o afromexicana sea igual o mayor al 40 por ciento del total de la población del distrito.
También el texto del artículo 272 Ter. Que establece que en los municipios que conforme al último censo de población tengan una población indígena o afromexicana que sea igual o mayor al 40 por ciento, los partidos políticos deberán postular, en por lo menos la mitad de esos municipios, el 50 por ciento de candidaturas de origen indígena o afromexicana, en la planilla de presidencia y sindicaturas, así como en la lista de regidurías para integrar los ayuntamientos.
Otras reformas
Ayer se aprobó un dictamen en el que se concentraron diversas iniciativas en la materia, entre ellas una para armonizar la legislación local con la federal en lo referente a la “Ley 3 de 3 contra la Violencia”, la cual plantea que las personas con sentencias firmes por delitos graves relacionados con la vida, integridad corporal, sexuales, violencia familiar, violencia política contra las mujeres e incumplimiento de la obligación alimentaria, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular ni nombrados en cargos o comisiones del servicio público.
Al dictamen se le realizó una modificación en la que estuvieron de acuerdo todos los integrantes, la cual consiste en que las acciones afirmativas para garantizar los espacios a los integrantes de la comunidad LGTBI+ no trastoque la paridad entre hombres y mujeres, apuntando que las personas que se auto definan como mujeres, no pueden ser registradas con este sexo, si no que se deben limitar a los espacios para el sector de la diversidad sexual.
Otro tema que generó discusión fue una propuesta para dividir una dirección en el IEPC. El diputado Bernardo Ortega acusó que en el órgano electoral se pretenden generar nuevas áreas para hacer un mismo trabajo y que el motivo es que hay quienes necesitan espacios porque quieren dar “chamba” a sus equipos.
También se manifestó en contra de que el órgano interno de control del IEPC pase a la adscripción de la presidenta del Consejo General, cuando actualmente responde a todos los consejeros, y apuntó que esta es propuesta es “regresiva” porque lo que se debería buscar es la autonomía de las autoridades a las que se vigila.
“¿La Jucopo así la quiere? Entonces que sea parejo para todos los órganos internos de control, Derechos Humanos, el Tribunal Administrativo, de la Fiscalía ¿Qué interés hay de que dependa de la presidenta o presidente?”.
El secretario técnico César Ramos Castro señaló que se debe tener mucho cuidado “porque pareciera que alguien deslizó por ahí esa facultad para que el órgano de control interno quede sujeto a presidencia, y eso sí está en contra de todo el sistema nacional anticorrupción y en contra de la naturaleza misma de los órganos autónomos”.
Otro tema fue es el relacionado con las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGTBI; es que, si una persona se autoadscribe a un género y así es registrado por los partidos, estos podrían ser utilizados para la compensación del género.
Explicó que un partido podría registrar cualquier número de personas de la diversidad que se autoadscriben como mujeres y que se les tendrían que dar esos espacios, y en ese sentido dijo que la inclusión podría terminar afectando la paridad entre hombres y mujeres.
Las acciones afirmativas son la herramienta para la democracia incluyente en la que estén representados indígenas, personas con discapacidad e integrantes de la comunidad LGBTTIQ+, coincidieron consejeros de institutos electorales del país, en una mesa de trabajo como parte del 14 Encuentro Nacional de Educación Cívica.
Ayer, en el salón Mozart del hotel Emporio se llevó a cabo el 14 Encuentro Nacional de Educación Cívica. Como parte de las actividades programadas se desarrollaron cuatro mesas de trabajo sobre diferentes temáticas relacionadas con la participación y la representación electoral.
En la mesa Ciudadanía intercultural, consejeros electorales de Puebla e Hidalgo compartieron sus experiencias en las acciones afirmativas impulsadas desde los institutos electorales de sus entidades.
Alertan por suplantaciones
La consejera del Instituto Electoral de Hidalgo, Ariadna González Morales, recomendó que previo al impulso de acciones afirmativas para poblaciones históricamente relegadas de la participación política se debe hacer una consulta previa. Y señaló que uno de los retos que tienen estas acciones son la usurpación, suplantación o posible fraude para dar el registro a personas que no pertenecen a los grupos sociales a quienes van dirigidas las acciones afirmativas. También señaló que la reforma electoral que sigue en revisión en la Suprema Corte establece que no se podrán imponer más obligaciones a los partidos que los que establece la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos.
El consejero del Instituto Electoral de Puebla, Miguel Ángel Bonilla Zaragoza, explicó la experiencia de trabajar con el impulso a la participación política de la mujer en comunidades indígenas de tres municipios de ese estado, lo que llevó a la conclusión de que los retos son llegar a más municipios, aumentar la visibilización de derechos y apoyar a las organizaciones locales que impulsan el empoderamiento de las mujeres indígenas.
También de Puebla, la consejera Evangelina Mendoza Corona recomendó a sus pares que las acciones afirmativas que impulsen sean previo a los procesos electorales para que puedan tener el tiempo suficiente de llevarlas a cabo y agotar los procesos de judicialización, porque enfrentarán impugnaciones y reveses de los tribunales.
Indicó que en su caso en el proceso electoral pasado impulsaron que hubiera representatividad indígena en las listas de diputados de representación proporcional, en las listas de regidores y en los ayuntamientos, pero con las impugnaciones que hubo se resolvió que en los 40 municipios que tienen mayor población indígenas los candidataos que postulen los partidos a alcalde deberían ser de los pueblos originarios y en las planillas de ediles y diputados locales, los partidos deberían incluir fórmulas con candidatos indígenas en los primeros cuatro lugares de las listas de representación proporcional.
En la mesa también participaron consejeros y expertos que hablaron sobre el caso de la Comunidad LeBarón en Chihuahua que busca ser considerada una comunidad equiparable a pueblos tribales para regirse por usos y costumbres. Del caso, el consejero del Instituto Electoral de Chihuahua, Gerardo Macías Rodríguez informó que sigue en tribunales sin que se haya resuelto.
En tanto, la analista Celia Palacios Mora explicó que la comunidad de LeBarón que busca ser equiparada con una comunidad tribal en México, en realidad se trata de varios grupos religiosos que dejaron Estados Unidos porque allá no se les permite tener varias esposas pero conservar la doble nacionalidad y lo que representan en el municipio Galena, Chihuahua es una pequeña demarcación y no todo el municipio.
Macías Rodríguez también habló sobre el caso de Tecoanapa, donde un municipio con población mayoritariamente mestiza busco elegir a sus autoridades por usos y costumbres, pero al final la mayoría de la población decidió permanecer en el sistema de partidos.
La reunión del sábado del secretario de Gobierno Ludwig Reynoso con los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC en Marquelia Foto: Comunicacion Social
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, reiteró que si la policía comunitaria de Xalpatláhuac sigue interviniendo en asuntos políticos del municipio, se le desconocerá, porque “no por un pueblo vamos a perder nuestro prestigio”.
El sábado, los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC se reunieron en Marquelia, con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, con quien acordaron una mesa de diálogo con la presidente municipal Selene Sotelo Maldonado y tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio, para aclarar el diferendo en el que ha venido participando la policía comunitaria.
De Jesús Cabrera informó que en la reunión con el secretario Marcial Reynoso estuvieron los coordinadores de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec; El Paraíso, municipio de Ayutla, y Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, para tratar el conflicto de Xalpatláhuac.
En ese municipio hay un conflicto entre la presidente municipal, de Movimiento Ciudadano, Selene Sotelo, y el tlayakanki, quien tiene el respaldo de la policía comunitaria de la CRAC, que depende de la casa de justicia de Espino Blanco.
Entrevistado por teléfono, el vocero de la CRAC y coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, De Jesús Cabrera, informó que en la reunión del sábado le dijeron al secretario de Gobierno que la policía comunitaria “está en la mejor disposición” de entregar las 10 armas que tiene bajo su resguardo, de la Policía Municipal, desde que se generó el primer conflicto en octubre de 2021.
“Se acordó que los compañeros están con la intención de entregar las armas, para echar adelante la solución del conflicto y apaciguar las cosas”, explicó el vocero de la CRAC.
Dijo que la conclusión de la reunión es que el conflicto en ese municipio es de carácter político, entre la presidente municipal Selene Sotelo y su esposo, el ex acalde Rosendo Larios Rosas, del PRI, con el ex candidato a la alcaldía del partido Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado Gallardo, quien no ha dejado gobernar a la presidente en la cabecera municipal y que, por tanto, la policía comunitaria no debe tener injerencia en esos asuntos políticos.
Reconoció que el tlayakanki “metió las manos y nos generó un conflicto, porque en ningún momento se ha autorizado (por la CRAC) a los policías comunitarios intervenir en asuntos políticos”.
Sin embargo, explicó que a petición de “los compañeros” de Xalpatláhuac acordaron en la reunión del sábado convocar otra más amplia para el 11 de abril, en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la que participará el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio; la presidente municipal Selene Sotelo y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “para aclarar algunos asuntos”.
Explicó que concretamente, la policía comunitaria pide aclarar antes de entregar las armas de la Policía Municipal, que el 24 de marzo no fueron sus integrantes los que balearon al ex policía municipal Francisco Malgarejo, como lo denunció la presidente municipal.
“Sigue firme la decisión de entregar las armas, pero los compañeros (policías comunitarios) de Xalpatláhuac piden la mesa de dialogo más amplia, porque nos han señalado que no fueron ellos los que dispararon. Es el tema que quieren aclarar, que no todo lo que dice la presidente es cierto”.
Explicó que después de esa reunión, la CRAC procederá para regular a la policía comunitaria de Xalpatláhuac, con el cambio de todos los policías comunitarios y el nombramiento de otros, de acuerdo con el reglamento interno por los señalamientos que hay.
Explicó que los coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco son los que van a plantearles la propuesta, igual que al Tlayakanki.
Agregó que en caso de que no acepten la propuesta, “ya estaríamos viendo el desconocimiento de la policía comunitaria, el tlayakanki y de la misma población, como parte del sistema de la CRAC. No podemos seguir teniendo problemas sólo por un pueblo, y no vamos a arriesgar el prestigio de nuestro sistema comunitario por un pueblo”.
De hecho, aclaró que la CRAC no cuenta con policías comunitarios en ninguna cabecera municipal, porque trabaja con comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, y en las cabeceras no los hay, pero se coordina con los presidentes municipales, lo que en el caso de Xalpatláhuac no está ocurriendo.
Dijo que hasta ahora la policía comunitaria de Xalpatláhuac se venía coordinando con el tlayakanki, porque se entiende que es un auxiliar del pueblo, “y si respetaran el reglamento interno no habría problemas, pero se involucraron con el tema político y no dejan trabajar a la presidente municipal”.
Dijo que “desafortunadamente” los policías comunitarios se metieron en ese conflicto “y empezaron a actuar en contra del Ayuntamiento, y ese es el problema que les hemos dicho, que nosotros (la CRAC) no vamos a entrar en conflicto en contra de ningún Ayuntamiento”.
En un boletín oficial, la Secretaría General de Gobierno confirmó la reunión y dijo que en la misma acordaron “un próximo encuentro para seguir trabajando en la coordinación y bienestar de las comunidades”.
Líderes de comunidades indígenas y funcionarios federales y estatales durante una reunión el pasado domingo en Chilpancingo para anunciar su apoyo a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la Presidencia de la República Foto: Facebook
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Líderes de comunidades y pueblos originarios, incluidos algunos que son funcionarios del gobierno estatales y del federal, se pronunciaron a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para la candidatura de la presidencia de la República por Morena en 2024.
Consultado vía telefónica sobre la reunión que se realizó la tarde del viernes 26, el subsecretario para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán, explicó que fueron convocados por el secretario de Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Abel Bruno Arriaga, para analizar la agenda política.
Aprobaron convocar una reunión el domingo 8 de enero de 2023, también en Chilpancingo, para discutir estos asuntos con más liderazgos comunitarios de los 40 municipios indígenas y uno afromexicanos del estado.
“Nosotros siempre hemos buscado interlocución, todos coincidimos en apoyar a Claudia, acordamos hacer público nuestro respaldo. De ahí el llamado a nuestros hermanos y hermanas a cerrar filas en torno a la agenda política, sí tenemos claro que no podemos estar ajenos, en un tema tan importante, como la candidatura a la presidencia de Morena”.
Planean reunirse con la aspirante en Guerrero, para que conozca el planteamiento en Guerrero, y asuma compromisos con ellos, y como presidenta haga efectivos sus derechos.
Asimismo, indicó que se opondrán a las imposiciones en espacios destinados a indígenas y pueblos afrodescendientes, y también van a buscar dialogar la dirigencia estatal de su partido, para que se respeten las acciones afirmativas. Aprobaron respaldar el Plan B de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que la reunión de viernes fue representativa. Además de Bruno Arriaga y Sánchez Almazán, firman el escrito, la responsable del Área de Cultura, Género del INPI en Guerrero, Feíicitas Martínez, el director de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Marcos Matías Alonso, los promotores del nuevo municipio afromexicano de San Nicolás, Felipe de la Cruz, y de San Nicolás, Josimar de la Cruz; los morenistas Bernabé Vázquez Morales y Cirilo Laurentina; líderes de Tlacoapa, Issel Luisa Hidalgo y Neftalí Rosales Sierra; de Malinaltepec, Araceli Rea Gutiérrez y Abad Tito López; de Copanatoyac, Constancio Sánchez Campos, de Olinalá, Francisco Javier Juárez, de Iliatenco, Bruno Candia y David de Aquino Ramírez, y de Zitala, Arnulfo Tecruceño Valle.
En el documento, señalan que los pueblos indígenas y el afromexicano de Guerrero respaldan la continuidad de la Cuarta Transformación en el país y confían en las acciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, como del presidente Andrés López Obrador.
Por lo tanto, apoyan la iniciativa de reforma electoral federal, conocida como plan B, como parte del proceso de cambio político y de régimen en México.
Consideraron que no atenta contra la democracia, como señala la oposición, “sino todo lo contrario, de cumplirse, la fortalece y refuerza el pluralismo democrático. De manera puntual, la reforma obligará a los partidos políticos a cumplir con las acciones afirmativas para los indígenas y afromexicanos de todo el país que hoy no están representados en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Federal y Estatal”.
Es decir, que se incluyan candidatos indígenas y afromexicano en los distritos locales y federales.
