Rosendo Betancourt Radilla / María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La noche del domingo cuatro hombres atacados a balazos con AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros fueron heridos en San Luis Acatlán, uno es egresado de Ayotzinapa, quien trabaja en la zona.
Según fuentes del lugar, el ataque fue en el barrio de San Isidro, en donde el normalista, también egresado de la carrera de Desarrollo Sustentable de Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), con sede en Ayutla, Javier Navarrete resultó con heridas en un brazo, una nalga, los pies y una pierna, y fue trasladado al hospital El Quemado en Acapulco, en donde lo reportan grave.
De las otras tres víctimas el Diario Alternativo informó que sus nombres son Josué Galeana, Abraham Martínez y Marco Antonio, quienes fueron trasladados a distintos hospitales en Ometepec y Acapulco.
Vecinos de San Luis Acatlán informaron que Javier salió a cortarse el cabello, se encontró con unos amigos afuera de un bar y hombres armados los atacaron a balazos.
El Faro de la Costa Chica reportó, “un grupo de hombres consumían bebidas embriagantes, resultando lesionadas al menos cuatro personas”.
“Cabe mencionar que de este ataque resultaron lesionados cuatro hombres que fueron auxiliados por familiares y conocidos, trasladándolos al Hospital Básico Comunitario, a una cuadra del lugar del ataque”, dice el medio local.
Fuentes cercanas a Javier informaron que recibió impactos de un rifle AR-15, y el mencionado medio de comunicación reporta, “en el lugar se pudieron encontrar poco más de 22 cartuchos percutidos de calibre AR-15 y poco más de 19 cartuchos percutidos de calibre 9 milímetros. Es importante mencionar que toda la zona es muy concurrida por los puestos de venta de cena que están instalados sobre esa avenida, pero tras la balacera, de inmediato cerraron sus puertas al público”.
Según fuentes del lugar, acudieron a la escena del crimen policías municipales y rescatistas de diferentes corporaciones.
En Chichihualco
Vecinos reportaron que la madrugada de ayer hubo una fuerte balacera en la cabecera municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), con lo que suman dos días de ataques en esa comunidad, que está a menos de una hora en automóvil desde Chilpancingo.
En redes sociales los habitantes alertaron por medio de videos de la balacera, e informaron que inició a las 2 de la madrugada.
Detallaron que el enfrentamiento era entre grupos delictivos, y que las autoridades estatales no habían acudido a brindar seguridad a pesar de que se les pidió auxilio.
Desde el domingo vecinos reportaron detonaciones de armas de fuego y explosiones de granadas.
La Policía Estatal confirmó el domingo que agentes desplegados en el lugar informaron que las detonaciones se realizaron desde la parte alta de un cerro, a la altura de la entrada a la población. Reportaron que se escucharon cuatro explosiones de lo que podrían ser granadas.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Presuntamente por publicar una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, no está funcionando, el editor del semanario y portal Prensa del Sur, Bertín Chino González, fue detenido en esa comunidad.
En declaraciones por teléfono, denunció que su detención fue ordenada por el comisario municipal, Ángel Morales Agustín, a quien responsabilizó de su integridad física, “por si me golpean en la noche, porque aquí son medio cabrones”, dijo.
Contó que el miércoles subió a su portal una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida en esa localidad no está funcionando, y que ayer a las 5 de la tarde, llegaron policías rurales vestidos de azul que dependen del comisario municipal, a la casa de su esposa en esa localidad y lo detuvieron.
Dijo que cuando les preguntó por qué delito lo detenían, el comandante le respondió que “por el reportaje” de Sembrando Vida que publicó.
En el video que subió a su portal el reportero, aparecen imágenes del vivero vacío: “vemos este vivero de Sembrando Vida que está completamente desolado, no tiene nada. Esto que siempre está mencionando el presidente López Obrador que Sembrando Vida… así como aquí están los viveros de Atlamajalcingo del Monte, en Olinalá, en Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, también están así los viveros. En Guerrero no funcionan”.
Por la noche, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emitió una alerta a las organizaciones de periodistas, a la Comisión de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección a Periodistas, así como a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “para que de inmediato se revise la situación del compañero, quien se encuentra detenido por la Policía Rural de la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero”.
La organización, informó que el reportero tiene 30 años ejerciendo la labor de periodista, y consideró que su detención “representa una grave violación a sus derechos humanos, además de una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de informar y estar informado”.
El SNRP demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, su inmediata libertad, “y una profunda investigación que permita sancionar a los responsables de este atentado a la libertad de informar”.
A las 8 de la noche se realizaba una asamblea en la comunidad para determinar la situación del reportero.
Bertin Chino trabajó en Chilpancingo y en los últimos años en la Montaña y la Costa Chica. Estos días se encontraba en Horcasitas, de donde es originaria su esposa.
A las 9:30 de la noche, la Secretaría General de Gobierno informó que Chino González fue liberado luego que fue detenido por la policía rural de San Luis Acatlán por la mediación del director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
La reunión del sábado del secretario de Gobierno Ludwig Reynoso con los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC en Marquelia Foto: Comunicacion Social
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, reiteró que si la policía comunitaria de Xalpatláhuac sigue interviniendo en asuntos políticos del municipio, se le desconocerá, porque “no por un pueblo vamos a perder nuestro prestigio”.
El sábado, los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC se reunieron en Marquelia, con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, con quien acordaron una mesa de diálogo con la presidente municipal Selene Sotelo Maldonado y tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio, para aclarar el diferendo en el que ha venido participando la policía comunitaria.
De Jesús Cabrera informó que en la reunión con el secretario Marcial Reynoso estuvieron los coordinadores de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec; El Paraíso, municipio de Ayutla, y Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, para tratar el conflicto de Xalpatláhuac.
En ese municipio hay un conflicto entre la presidente municipal, de Movimiento Ciudadano, Selene Sotelo, y el tlayakanki, quien tiene el respaldo de la policía comunitaria de la CRAC, que depende de la casa de justicia de Espino Blanco.
Entrevistado por teléfono, el vocero de la CRAC y coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, De Jesús Cabrera, informó que en la reunión del sábado le dijeron al secretario de Gobierno que la policía comunitaria “está en la mejor disposición” de entregar las 10 armas que tiene bajo su resguardo, de la Policía Municipal, desde que se generó el primer conflicto en octubre de 2021.
“Se acordó que los compañeros están con la intención de entregar las armas, para echar adelante la solución del conflicto y apaciguar las cosas”, explicó el vocero de la CRAC.
Dijo que la conclusión de la reunión es que el conflicto en ese municipio es de carácter político, entre la presidente municipal Selene Sotelo y su esposo, el ex acalde Rosendo Larios Rosas, del PRI, con el ex candidato a la alcaldía del partido Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado Gallardo, quien no ha dejado gobernar a la presidente en la cabecera municipal y que, por tanto, la policía comunitaria no debe tener injerencia en esos asuntos políticos.
Reconoció que el tlayakanki “metió las manos y nos generó un conflicto, porque en ningún momento se ha autorizado (por la CRAC) a los policías comunitarios intervenir en asuntos políticos”.
Sin embargo, explicó que a petición de “los compañeros” de Xalpatláhuac acordaron en la reunión del sábado convocar otra más amplia para el 11 de abril, en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la que participará el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio; la presidente municipal Selene Sotelo y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “para aclarar algunos asuntos”.
Explicó que concretamente, la policía comunitaria pide aclarar antes de entregar las armas de la Policía Municipal, que el 24 de marzo no fueron sus integrantes los que balearon al ex policía municipal Francisco Malgarejo, como lo denunció la presidente municipal.
“Sigue firme la decisión de entregar las armas, pero los compañeros (policías comunitarios) de Xalpatláhuac piden la mesa de dialogo más amplia, porque nos han señalado que no fueron ellos los que dispararon. Es el tema que quieren aclarar, que no todo lo que dice la presidente es cierto”.
Explicó que después de esa reunión, la CRAC procederá para regular a la policía comunitaria de Xalpatláhuac, con el cambio de todos los policías comunitarios y el nombramiento de otros, de acuerdo con el reglamento interno por los señalamientos que hay.
Explicó que los coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco son los que van a plantearles la propuesta, igual que al Tlayakanki.
Agregó que en caso de que no acepten la propuesta, “ya estaríamos viendo el desconocimiento de la policía comunitaria, el tlayakanki y de la misma población, como parte del sistema de la CRAC. No podemos seguir teniendo problemas sólo por un pueblo, y no vamos a arriesgar el prestigio de nuestro sistema comunitario por un pueblo”.
De hecho, aclaró que la CRAC no cuenta con policías comunitarios en ninguna cabecera municipal, porque trabaja con comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, y en las cabeceras no los hay, pero se coordina con los presidentes municipales, lo que en el caso de Xalpatláhuac no está ocurriendo.
Dijo que hasta ahora la policía comunitaria de Xalpatláhuac se venía coordinando con el tlayakanki, porque se entiende que es un auxiliar del pueblo, “y si respetaran el reglamento interno no habría problemas, pero se involucraron con el tema político y no dejan trabajar a la presidente municipal”.
Dijo que “desafortunadamente” los policías comunitarios se metieron en ese conflicto “y empezaron a actuar en contra del Ayuntamiento, y ese es el problema que les hemos dicho, que nosotros (la CRAC) no vamos a entrar en conflicto en contra de ningún Ayuntamiento”.
En un boletín oficial, la Secretaría General de Gobierno confirmó la reunión y dijo que en la misma acordaron “un próximo encuentro para seguir trabajando en la coordinación y bienestar de las comunidades”.
Con la firma de una minuta de acuerdos con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, padres de familia y maestros de la primaria bilingüe Benito Juárez, de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, levantaron la toma de la escuela y de la supervisión escolar, que mantenían desde el lunes.
Los familiares y maestros pedían la reposición de dos docentes: uno para el grupo primero A y otro para el tercero B. Además, solicitaban la construcción de un aula, la autorización de un trabajador administrativo y otro para intendencia.
Después de tres días de toma de la escuela y de la supervisión, una comisión de maestros y de padres de familia, encabezada por el comisario municipal, Tomás Zavala, se reunió en Chilpancingo con el subsecretario Ricardo Castillo, con quien firmaron la minuta de acuerdos.
En el documento sólo se establece la autorización de un maestro, de los dos que estaban solicitando, y se aclara que “con el objeto de optimizar recursos ofreciendo servicios educativos, se dará seguimiento para la asignación de un segundo docente, en un lapso de 30 días hábiles”.
Otro de los acuerdos que se establecen en el documento es que el supervisor escolar de la zona 81, Pedro Fermín Morales, se abstendrá de presentar una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de los integrantes del comité de padres de familia, derivado de la toma de la escuela y la supervisión escolar.
En el documento no se incluyen las respuestas a las otras demandas del personal administrativo y de intendencia, que también pedían los padres de familia y maestros.
Luego de estos acuerdos, las tomas de las instalaciones de la escuela y de la supervisión escolar se levantaron a las 3 de la tarde de este miércoles. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
El consejero nacional y promotor de la red Es Claudia, que respalda las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Carlos Manrique García, informó que esa estructura está integrando sus comités municipales, este domingo estuvieron en San Marcos, y el sábado en Ometepec y San Luis Acatlán.
Vía telefónica, Manrique García informó que ya han integrado comités distritales en los 9 distritos federales del estado, en los 28 distritos locales y, actualmente, van por la integración de los comités municipales, llevan ocho comités en las regiones Costa Grande y Costa Chica.
Los municipios donde se han integrado comités son Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, San Jerónimo, Atoyac, Ometepec, San Luis Acatlán y San Marcos. Indicó que están pendientes de integración los comités en varios municipios de las dos costas, por lo que primero concluirán con estos trabajos y después irán a las regiones Centro, Norte, Acapulco, Montaña y Tierra Caliente. Pero primero, los comités se van a integrar en los 20 municipios más importantes del estado y luego cubrirán toda la entidad.
La encomienda a los comités municipales es difundir la imagen y trabajo de la jefa de gobierno de Ciudad de México, “para que la gente la conozca”, hacer reuniones con vecinos, visitar casas y hacer un red de amigos a través del servicio de mensajería instantánea Whatsapp.
Manrique García indicó que la respuesta que han tenido de la gente ha sido muy buena. En San Marco reunieron a unas 300 personas, en tanto que en Ometepec y San Luis Acatlán llegaron unos 500 vecinos. Precisó que los comités municipales tienen una estructura lineal, todos los que asisten rinden protesta como integrantes y todos hacen el trabajo de difusión en sus redes sociales, además de pintar bardas, “todo el trabajo recae en el pueblo”.
Añadió que a las reuniones en Costa Chica acudieron liderazgos de otros municipios, como Ayutla y Marquelia, que ellos llevan la encomienda a sus localidades, para explicar el trabajo que deben hacer.
En Ometepec, San Luis Acatlán y San Marcos lo que se hizo en las asambleas de toma de protesta, de este fin de semana, fue dar un saludo a los asistentes por parte de Claudia Sheinbaum, y hablar de las acciones que ha hecho en Ciudad de México.
En Ometepec asistieron el diputado federal plurinominal Sergio Pedro Peñaloza y el ex alcalde por el PRD, Omar Estrada Bustos, a la asamblea a favor de Claudia Sheinbaum. A San Marcos llegó la ex candidata a la alcaldía por ese partido, Gladis Cortés Genchi.
Las asambleas fueron encabezadas por el ex dirigente de Morena en Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, quien es el promotor nacional de Es Claudia y el diputado federal Alejandro González.
El representante del Comité Sanluisteco, Valentín Hernández Chapa, entrega a Abel Barrera, de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la guerra sucia la solicitud de que se investigue la muerte de Genaro Vázquez Foto : Lenin Ocampo Torres
En el 51 aniversario de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, representantes de su familia, el Comité Sanluisteco y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entregaron a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965 a 1990 una solicitud para que se investiguen las circunstancias de su muerte el 2 de febrero de 1972.
El documento lo recibió el integrante de esa Comisión, Abel Barrera Hernández, durante la ceremonia luctuosa que se realizó la mañana de ayer en la Plaza Cívica de esta población de la Costa Chica de donde fue originario Vázquez Rojas.
En esta población por primera vez se realizó una ceremonia oficial organizada por la Dirección de Actividades Cívicas del Gobierno estatal y en representación de la gobernadora estuvo el director David Loma Hernández.
Asistieron, además, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia y ex alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, el delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero.
Además de los correligionarios de Genaro Vásquez Rojas, José Bracho Campos y Arturo Miranda Ramírez, así como el representante del Comité Sanluisteco Valentín Hernández Chapa, en tanto que la familia del guerrillero homenajeado fue representada por la viuda Consuelo Solís y su hijo Genaro Vázquez Solís.
“Genaro estaba vivo”
Consuelo Solís, esposa de Genaro Vázquez Rojas, habla en la ceremonia a 51 años de la muerte del fundador de la ACNR, en San Luis Acatlán Foto: Lenin Ocampo Torres
A 51 años de la muerte del guerrillero, por primera vez los familiares, la ACNR que fundó, y el Comité Sanluisteco solicitaron por escrito la investigación de su muerte.
Su lugarteniente, José Bracho, insistió lo que declaró en una conferencia de prensa el lunes en Chilpancingo, respecto a que Vázquez Rojas no murió en el accidente el 2 de febrero de 1972, sino que fue levantado con vida por militares y policías y trasladado al Cuartel Militar de Morelia, Michoacán.
La solicitud que leyó Valentín Hernández, refiere que en el contexto del 51 aniversario de la muerte del comandante guerrillero Genaro Vásquez Rojas, la ACNR, el Comité Cívico Sanluisteco y la esposa e hijos del guerrillero, “comparecemos ante ustedes para demandarles que consideren en su agenda de trabajo de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad consumados en el periodo del 1965 a 1990, las circunstancias de su muerte”.
Agrega que a 51 años de su muerte siguen sin aclararse las circunstancias en que perdió la vida. Agregó que a pesar de que en su momento, en la versión oficial se dijo que murió en el accidente, “sus acompañantes aseguran que cuando se retiraron Genaro estaba vivo y después se presentaron elementos del Ejército y de la policía y lo trasladaron al campo militar de Morelia donde posteriormente lo dieron por muerto”.
Se insistió que a pesar de que él viajaba en el asiento de atrás, en el lugar de menor riesgo del vehículo, las fuentes oficiales aseguraron que resultó muerto.
Además, de acuerdo al oficio, la esposa de Vázquez Rojas, cuando le entregaron el cadáver “apreció en su frente una herida en una forma de V, que da lugar a inferir que su muerte fue provocada intencionalmente al recibir un culatazo de algún rifle de alto poder por elementos del Ejército.
“Estas y muchas otras evidencias podrán ser presentadas en su momento para su investigación minuciosa y profesional a fín de que no quede ninguna duda ante la historia, ni ante su familia sobre las verdaderas causas de su muerte de tan destacado luchador social acaecido en el contexto de la llamada Guerra sucia en la que el Estado mexicano desplegó una feroz guerra de contrainsurgencia y de exterminio en contra de la disidencia armada y no armada”.
Genaro es parte de la memoria historica: Abel Barrera
Abel Barrera Hernández, integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, quien recibió el documento, expresó que “qué bueno que hay una iniciativa de las familias, de los colectivos, de los movimientos y de las organizaciones para exigir que se esclarezca su muerte. A nombre de los comisionados y comisionadas les decimos que tomaremos a pecho esta solicitud”.
Aclaró que a los integrantes de esta Comisión les toca hacer la investigación histórica, “y asumir la responsabilidad del mandato presidencial, lo haremos con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que nos implica esta tarea”.
Agregó que a los miembros de esta Comisión les interesa seguir recogiendo los testimonios y que van a seguir realizando los Diálogos por la Verdad para “que su palabra se escuche en el país y en el estado”.
Agregó que para esta Comisión este año es de escuchar a las víctimas y recuperar su memoria, tener todos los documentos y archivos personales y familiares para que sean parte del acervo y de la Casa de la memoria que se va a crear en el país. Agregó que Genaro Vázquez es parte del patrimonio de la memoria.
“No soy la viuda, soy la esposa de Genaro”: Consuelo Solís
La viuda de Vázquez Rojas celebró que ahora los homenajes sean oficiales y públicos porque antes “esto no se podía hacer, porque por pegar un volante en una esquina o en una pared iba uno a dar a la cárcel”.
Recordó que en el quinto aniversario de la muerte de Vázquez Rojas, antes de partir al panteón para limpiar y colocar flores, llegó el Ejército a arrebatarles las fotografías que llevaban para pegar en la tumba y ella les gritó: “llévense todas las que quieran que al fin traigo muchas más”.
Por ello insistió que para ella y su familia es algo grandioso que ahora se haga aquí como un acto cívico y público y que haya autoridades que tienen algún puesto en el gobierno “y que están aquí y no tienen miedo de hablar”.
Además, dijo que antes, sus hijos e hijas fueron perseguidos porque eran hijas de un “pandillero, roba vacas, de un ladrón”; reprochó que muchos maestros no los defendieron, “a veces con lágrimas en los ojos me decían: ‘hoy me dijeron esto’, y ella les preguntaba ‘’¿y tú que piensas?’, ‘que él fue un hombre bueno’”, le respondían.
Añadió que ahora, al reconocerlo oficialmente como un luchador social es una gran satisfacción porque ya no se podrán burlar de sus hijos.
Recordó la anécdota de cuando fue detenida. Dijo que entonces iba con una hija adoptiva a buscar a un compañero; Jorge Mota González, quien apenas murió hace tres meses.
Explicó que cuando vio carros con gente armada le habló a un licenciado, José Rojo Coronado, a quien le dijo: “váyase a mi casa y si en 10 o 15 minutos no llego, ya me agarró la policía”. Añadió que así fue; “él llegó a mi casa y yo ya nunca llegue, me detuvieron con mi hija”.
Recordó que entonces le preguntaron que donde estaba Genaro y ella les respondió: “quienes lo persiguen son ustedes, ustedes deben de saber dónde está, no yo, porque él dormirá en un lugar y al otro día ya no va a estar en el mismo”.
Entonces la separaron de su hija y le dijeron que si cuando la oyera gritar se le iba a refrescar la memoria, “¿saben ustedes lo que se siente?; es un dolor inmenso y sin poder hace nada. Entonces yo sí sufrí lo que muchos no creen; la represión espantosa de los gobiernos anteriores”.
Consuelo Solís aprovechó para reprochar algo que, dijo, no le gusta, y es cuando le gente dice: “es la viuda de Genaro”, y, aclaró: “no soy la viuda, soy la esposa de Genaro Vázquez Rojas, porque Genaro Váquez no ha muerto”, y de entre el público se escuchó un: “Genaro vive, la lucha sigue”.
Otra anécdota fue cuando en el Cuartel Militar de la Ciudad de México le entregaron el cuerpo rodeado de soldados y de perros amaestrados; “entramos con miedo, mis niñas estaban pequeñas y les dije: si les ofrecen de comer no acepten nada”.
En tanto, dijo que ella pensaba: “si no es (el cuerpo), ni modo, voy a decir que es él para que le den oportunidad de continuar con la lucha”. Añadió: “desgraciadamente cuando las enfermeras y una doctora destaparon su cara en el hospital, me convencí que él era, llevaba puesto el anillo de matrimonio, no se lo pudieron quitar”.
Recordó por qué su hijo más pequeño se llama Roque Filiberto. Explicó que fue por Roque Salgado Ochoa (un guerrillero) que cayó en la Montaña junto con su hermano Filiberto Solís Morales defendiendo la causa”. Añadió que Roque muy grave y su hermano ayudándolo, murieron abatidos.
Explicó que al mes de que nació su hijo, llegó a su casa una mujer con traje típico de la región y le dijo: “el compa y los compañeros de allá (le dijo señalando la Montaña) piden que si el niño que acaba de nacer puede llevar el nombre de los compañeros que cayeron defendiendo la Patria”.
Y ella, desconfiada, cuestionó: “y como sé que la manda el compañero”, y la mujer desconocida metió la mano (dijo señalando bajo el brasier) y sacó un pañuelito y le mostró el anillo de matrimonio de Genaro.
Entonces creyó que era cierto que quien le pedía era su esposo, “y por eso mi hijo, el menor, lleva el nombre de Roque Filiberto”, explicó con voz quebrada.
Como parte de la ceremonia, los asistentes colocaron una ofrenda floral y una guardia de honor en el busto de Vázquez Rojas en el zócalo de San Luis Acatlán y posteriormente marcharon al panteón municipal donde colozcaron otra ofrenda floral en la tumba del guerrillero.
Apolonio Barragán Márquez, Arturo Miranda Ramírez, José Bracho Campos, Moisés Ocampo y Felipe Ramírez en la conferencia de prensa Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A 51 años de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), que fundó, pidió al gobierno federal investigar su muerte y castigar a los responsables.
Dirigentes de la agrupación, entre ellos sus correligionarios, Arturo Miranda Ramírez y José Bracho Campos, anunciaron en conferencia de prensa que la petición formal la entregarán el 2 de febrero durante las actividades por el 51 aniversario de su muerte en San Luis Acatlán a la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Los integrantes de la ACNR, declararon que existen evidencias de que Vázquez Rojas no murió en el accidente el 2 de febrero de 1972 cuando se dirigían a Morelia, Michoacán.
Aseguraron que los policías y militares lo levantaron con vida y se lo llevaron al cuartel militar de Morelia en donde lo mataron, y exigieron que se esclarezcan las condiciones de su muerte y castigo a los responsables.
Los integrantes de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez, José Bracho Campos, Moisés Ocampo y Felipe Ramírez, así como el dirigente de colonias de Chilpancingo, Apolonio Barragán Márquez, entre otros integrantes de la agrupación, ofrecieron una conferencia de prensa este lunes en la que informaron las actividades que se realizan como parte del 51 aniversario del fallecimiento del guerrillero.
Miranda Ramírez, informó que en las actividades que tienen consideradas para el 2 de febrero en San Luis Acatlán, de donde era originario Vázquez Rojas, entregarán el oficio con la petición a integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, que han confirmado su asistencia.
El documento irá dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estaremos demandando a la Comisión de la Verdad que en las investigaciones de los casos de violaciones durante la guerra sucia se incluya la figura del compañero Genaro Vázquez para que también se investigue las condiciones de su muerte y se castigue a los responsables”, dijo Miranda Ramírez.
José Bracho Campos, quien viajaba el 2 de febrero de 1972 cuando murió Vázquez Rojas, según la información pública en un accidente automovilístico, aseguró que cuando recobró el conocimiento vio que Vázquez Rojas estaba con vida.
“Genaro estaba vivo, yo sentí que resollaba fuertemente,”, y explicó que el comandante iba en el lugar más seguro del vehículo, y que si el resto de sus acompañantes sólo resultaron heridos, “cómo es posible que sólo Genaro haya muerto; yo que iba adelante no morí, sólo me estrellé contra el parabrisas y el chofer sólo se dio un golpe con el volante”.
Añadió que después de que salió a buscar ayuda para que lo sacaran del vehículo “es posible que haya llegado la policía o los militares y se lo llevaron porque todos (los policías) ya traían las fotos de él y la mía y es posible que lo hayan identificado y se lo llevaron directamente no al hospital, sino al cuartel militar de Morelia”.
Recordó que después, el resto de los acompañantes que iban con Vázquez Rojas huyeron del lugar, y no supieron lo que pasó con el comandante. Bracho informó que días después lo detuvieron y lo trasladaron al Campo Militar número uno de la Ciudad de México en donde al leer un periódico se enteró por la fecha que era el 14 de febrero.
“Pero yo no supe cuál fue el destino del compañero, a él se lo llevaron al Cuartel Militar (de Morelia, Michoacán), y su esposa dijo que le vio un golpe en forma de “V” en la frente, como si hubiera sido un culatazo para rematarlo”.
Para Bracho Campos, Genaro fue asesinado, “porque no es posible que de cinco (que iban el vehículo); dos al frente y Genaro atrás, sólo él haya perdido la vida, por eso estamos ante la Comisión de la Verdad y la Justicia reclamando el esclarecimiento de la muerte del compañero”, insistió.
Miranda Ramírez, informó que esta es la primera vez, después de 51 años de la muerte del guerrillero que van a pedir oficialmente el esclarecimiento de su muerte y castigo a los responsables.
Explicó que antes no lo hicieron porque no tenían confianza en los gobiernos anteriores y que ahora esperan que haya respuesta por parte del gobierno del presidente López Obrador.
Informó que dentro de las actividades que tienen programadas para el 2 de febrero en San Luis Acatlán, han confirmado la asistencia de integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990 a quienes entregarán la solicitud formal.
Como parte de las actividades, ese día colocarán una ofrenda floral en el monumento al guerrillero en la plaza central, realizarán un homenaje en el panteón municipal y otro contingente participará en un homenaje en el sitio donde ocurrió el accidente en Michoacán, se informó en la conferencia de prensa.
Unos 150 civiles de la comunidad de Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco, armados con pistolas, machetes y palos irrumpieron la mañana de ayer en la localidad de Renacimiento, municipio de San Luis Acatlán, y golpearon a unas 30 personas, se llevaron privadas de su libertad a seis, algunas de ellas heridas, y saquearon viviendas y una tienda de las que robaron dinero y artículos diversos, denunciaron ayer vía telefónica los afectados.
Los agresores se llevaron a los hermanos Félix, Roberto y Javier Barrera Ignacio, así como a Alexis y Alfonso Barrera González y a Juan Santiago Laureano, a quienes sometieron a varillazos y a algunos se los llevaron visiblemente lesionados, según la fuente.
También pretendían llevarse al delegado municipal Gregorio Giro Francisco, e inicialmente sus familiares creyeron que estaba entre los retenidos, pero se les escapó por una barranca la tarde de ayer y fue con sus vecinos a presentar la denuncia ante la agencia del Ministerio Público de San Luis Acatlán.
Los pobladores de Arroyo San Pedro llegaron a Renacimiento poco después de las 5 de la mañana, después de las 9 algunos se llevaron a los seis a su pueblo, otros se quedaron en Renacimiento bloqueando los accesos afuera de algunas casas.
Los habitantes de Renacimiento informaron que abandonaron la localidad después de las 3 de la tarde, y que en la noche mantenían un bloqueo a la entrada de Arroyo San Pedro para prevenir que fueran a rescatar a los detenidos.
El director de la primaria encabezó la agresión
Entre los agresores había hombres y mujeres encabezados por el director de la escuela primaria de Arroyo San Pedro, Ausencio Santos García, quien en horas de trabajo participó en la agresión y fue quien se llevó a los detenidos en su camioneta, denunciaron los vecinos de Renacimiento.
También encabezaron a los agresores Bartolo Claudio Santos, Antonio Merino Claudio, Raúl de Jesús Cabrera, Miguel Solano Santa, Albertano Giro Cortés, Salomón de Jesús Oropeza y Macario Merino Claudio.
Se informó que en su irrupción a Renacimiento golpearon a unas 30 personas, entre éstos a los seis que se llevaron detenidos, además se metieron a varias casas y a una tienda de las que se llevaron dinero, mercancía y objetos diversos.
Uno de los vecinos contó que el problema surgió porque desde abril pasado se independizaron del municipio de Iliatenco y pasaron a formar parte de San Luis Acatlán.
Declaró que la gente de Renacimiento se desprendió de Iliatenco porque en una reunión de Coplademun el 29 de mayo del 2017 la ahora ex presidenta municipal Eugenia Cantú Galvez, les manifestó que Renacimiento ya no está dentro de su territorio y que no le corresponde darles obras.
“Ese fue el motivo de que la localidad de Renacimiento buscó pertenecer al municipio de San Luis Acatlán”, expuso.
Informó que ayer recibirían de parte del Ayuntamiento de San Luis Acatlán el sello de la Comisaría, porque además de que dejaron de pertenecer al municipio de Iliatenco, la comunidad dejó de ser delegación y se convirtió en Comisaría municipal.
Dijo que esa fue la inconformidad de los pobladores de Arroyo San Pedro y que por eso entraron para llevarse a los dirigentes, quienes organizaban la celebración con motivo de que su pueblo se convirtió de delegación a Comisaría.
Denunció que incluso un grupo de los agresores se mantuvieron hasta las 3 de la tarde de ayer afuera de la casa de Félix Barrera Ignacio, uno de los que se llevaron, y en donde harían la comida para el festejo.
Los habitantes de Renacimiento fueron sometidos porque son minoría, según uno de los vecinos no son más de 110 habitantes entre adultos y niños, mientras que los de Arroyo San Pedro son de entre 500 a 800. Dijo que sólo los que entraron eran aproximadamente 150 adultos entre mujeres y hombres.
Uno de los vecinos que la tarde de ayer acudió a presentar la denuncia en la agencia del Ministerio Público de San Luis Acatlán, informó que este jueves los habitantes de Renacimiento bloquearon la entrada a ese municipio, a la altura del Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CEBTA), para exigir la liberación de sus vecinos y familiares que están detenidos en la Comisaría municipal de Arroyo San Pedro.
La confrontación entre los pobladores de Renacimiento y Arroyo San Pedro se agravó desde abril del año pasado, cuando los del primer pueblo solicitaron que fueran reconocidos como pueblo de San Luis Acatlán, puesto que como ejido pertenecen a esta demarcación, pero como pueblo pertenecían a Iliatenco.
Sin embargo, los pobladores de Arroyo San Pedro no aceptan el cambio debido a que son anexo del ejido de Renacimiento, y si éstos pasan a formar parte como ejido y pueblo de San Luis Acatlán, se verán afectados como ejidatarios.
El proceso de separación de Renacimiento de Iliatenco se aceleró luego de que el 29 de mayo de 2017 en una reunión de Coplademun en la comunidad de Aserradero, la entonces alcaldesa Eugenio Cantú Galvez les dijo a los de Renacimiento que ya no recibirían obras del Ramo 33, porque ya no aparecían en el padrón de beneficiarios.
“Fue por eso que tomamos la decisión de cambiar nuestras credenciales y venir a formar parte de nuestro municipio de manera legal, todo con la finalidad de no pelear con la presidenta de Iliatenco, ya que no tiene caso, de todos modos los beneficios que se lleguen a lograr en San Luis Acatlán y que van a ir a Renacimiento, también van a ser para Arrollo San Pedro, ya que también son ejidatarios aquí de Renacimiento, “desgraciadamente ellos lo interpretan de otra manera”, declaró uno de los vecinos.
Sin acuerdos terminó ayer una reunión de representantes de los núcleos agrarios de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, y Buena Vista, de San Luis Acatlán, convocada por autoridades federales y estatales para resolver un conflicto agrario entre las dos comunidades que surgió hace más de 80 años.
Tras el fracaso de las negociaciones, el riesgo de violencia entre los comuneros de los dos núcleos agrarios aumentó, toda vez que los representantes de Buena Vista rechazaron la propuesta de una indemnización a cambio de las 488 hectáreas en conflicto, y amenazaron que las van a recuperar a costa de lo que sea.
La reunión en las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) estuvo encabezada por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Jesús Francisco Corral Palomera; el sub secretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, y el subdelegado jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Marcial Rarilla.
Por parte de la comunidad de Buena Vista encabezó la comisión el comisariado de Bienes Comunales, Juan Carranza Martínez, en tanto que de parte de Zitlaltepec fue el comisariado de Bienes Comunales Miguel Santiago Lorenzo.
El abogado de Zitlaltepec, Luis Jerónimo Zavala informó que el conflicto surgió hace más de 80 años entre los núcleos agrarios de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, quienes se disputan 488 hectáreas de tierra que han provocado varios enfrentamientos entre los comuneros.
El abogado Jerónimo Zavala informó que, en julio de 2015 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12 de Chilpancingo emitió una resolución a favor de Zitlaltepec, en la que asentó que de las 488 hectáreas, sólo 57 corresponden a Buena Vista y el resto a Zitlaltepec.
Sin embargo, el abogado declaró que la resolución del TUA 12 no se ha ejecutado ante la oposición de los comuneros de Buena Vista.
Dijo que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales propusieron que los comuneros de Buena Vista reciban una contraprestación económica a cambio de las 488 hectáreas, pero que los representantes de ese núcleo agrario se negaron a aceptar, con el argumento que no sería avalado por los comuneros de su localidad.
Jerónimo Zavala informó que el presidente de los Bienes Comunales de Buena Vista, Juan Carranza Martínez solicitó un plazo de dos meses para someter a consenso entre los comuneros de su localidad la propuesta, pero adelantó que estaba seguro de que no la aceptarán porque quieren las tierras que están en posesión de Zitlaltepec.
El abogado explicó que, hace unos 80 años los comuneros de Buena Vista le reclamaban a los de Zitlaltepec una superficie de 488 hectáreas, “porque se decían ser dueños, como también se consideran propietarios los de Zitlaltepec”.
Añadió que, como nadie cedía se presentó la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Chilpancingo, que mediante sentencia, en julio del 2015 determinó que Buena Vista y sus anexos únicamente son dueños de 57 hectáreas y no las 488 que reclaman.
El abogado explicó que los comuneros de Buena Vista ya no interpusieron ningún recurso legal, y que los de Zitlaltepec supusieron que habían quedado conformes con la sentencia.
Añadió que, como ya no hubo ningún recurso, Zitlaltepec comenzó a exigir que se ejecute la sentencia, porque las 488 hectáreas, incluidas las 57 que el TUA 12 resolvió que eran de Buena Vista, están en posición de Zitlaltepec.
Dijo que, sin embargo, Buena Vista no ha querido recibir las 57 hectáreas que el TUA 12 resolvió que son suyas, argumentando que les corresponden las 488 hectáreas.
Añadió que, con el fin de destrabar el conflicto, los comuneros de Buena Vista se acogieron al programa de Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) para que fueran indemnizados por las 488 hectáreas.
Informó que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales, así como los representantes de los comuneros de Zitlaltepec, iban con la idea de que los representantes de Buena Vista aceptaría ya la indemnización a cambio de las tierras, pero que el comisariado de Bienes Comunales rechazó el ofrecimiento, argumentando que no sería aceptada la propuesta por sus representados.
El abogado añadió que el conflicto sigue entrampado como al principio, porque no creen que los comuneros de Buena Vista acepten la indemnización como adelantó su representante.
Recordó que el conflicto agrario es uno de los considerados como “foco rojo”, y que ha sido motivo de varios enfrentamientos entre los comuneros en disputa.
Informó que el riesgo de violencia sigue latente, porque los comuneros de Buena Vista han amenazado que van a recuperar las tierras a costa de lo que sea, pues insisten en que les pertenecen.
