El integrante del Comité Cívico Sanluisteco, Luis Enrique García Vázquez, los ex combatientes Guillermo Sotelo Raviela y José Bracho, Valentín Hernández y el también compañero de Genro Vázquez, Abelardo Velázquez en el monumento al profesor y guerrillero en San Luis Acatlán Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
San Luis Acatlán
Durante el acto por el 54 aniversario de la muerte de Genaro Vázquez Rojas en San Luis Acatlán en el que participó el gobierno estatal, integrantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) exigieron al gobierno encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda una disculpa por el acto conmemorativo de Rubén Figueroa Figueroa.
A nombre de la organización, Moisés Ocampo dijo que “no le quita nada al gobierno del estado que tenga sensibilidad de pedir perdón al pueblo de Guerrero por este acto de agravio”.
La familia del líder guerrillero insistió en la demanda a las autoridades de investigar la muerte del 2 de febrero de 1972. Y la integrante del Comité Eureka fundado por Rosario Ibarra de Piedra, Laura Gaytán, recordó la petición de que la tumba de Genaro Vázquez sea declarado un “sitio de memoria histórica”.
Al acto conmemorativo realizado en el zócalo del municipio de la Costa Chica asistió en representación de la mandataria estatal, el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, quien expresó “la voluntad del gobierno del estado de mantener viva la memoria de nuestros luchadores sociales cuyo legado sigue inspirando la construcción de un Guerrero más justo, más digno y más democrático”.
Dijo que el legado de Genaro Vázquez “permanece como símbolo de la lucha por la justicia, por los derechos humanos, tanto en Guerrero como en México” y gracias a él y a otros que lucharon actualmente “tenemos una democracia totalmente diferente, gracias a ellos hemos entrado en la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”.
“La Cuarta Transformación no nació con la elección del año 2018, la Cuarta Transformación es el cúmulo de luchas sociales que se vinieron gestando durante décadas y décadas de nuestro país y que permitió el triunfo del primer presidente de izquierda en este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que Genaro Vázquez “se atrevió a luchar por los que menos tienen, por los que más necesitaban y su legado ahí está”, y destacó la creación de preparatorias y licenciaturas durante su rectorado.
Genaro Vázquez Solís leyó el discurso de su madre Consuelo Solís, quien no acudió al acto, en el que se dijo que “honrar honra, honrar mal, nos deshonra, aquí en Guerrero tenemos fuertes tradiciones de lucha, tenemos tantos héroes cotidianos, tantos héroes sin nombre”.
Al líder de la ACNR “lo mataron, por eso es importante seguir insistiendo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante los distintos organismos, que se esclarezcan las condiciones en las que murió asesinado”.
Valentín Hernández, del Comité Cívico Sanluisteco, también se pronunció en contra del “imperialismo” de Estados Unidos y afirmó que “Genaro nos llama a la unidad para la defensa de nuestra soberanía nacional y la integridad de nuestra patria, demandamos como cívicos, como guerrerenses, como mexicanos, el respeto irrestricto al derecho de autodeterminación de nuestro país en el contexto internacional”.
El integrante de la ACNR, Moisés Ocampo, pidió al gobierno federal restablecer “el apoyo solidario con la república hermana de Cuba, que se mande el petróleo que se estaba mandando y del apoyo que sea necesario, no podemos parecer los muy amables, los muy buena onda con el imperio (estadunidense), con tal de que no nos afecte”.
Llamó a formar “comités de apoyo a la Cuarta de Transformación, formar comités de apoyo en torno a nuestra presidenta (la morenista Claudia Sheinbaum Pardo) para garantizar que nuestro país se respete su soberanía y que se respete el derecho a elegir el gobierno que queramos tener”.
Pidió no reivindicar “a quienes hicieron agravio, a quienes cometieron delitos de lesa humanidad como Rubén Figueroa Figueroa, que fue recientemente reconocido por parte, hay que decirlo, del gobierno del estado, y creemos que no le quita nada al gobierno del estado que tenga sensibilidad de pedir perdón al pueblo de Guerrero por este acto de agravio” del 9 de noviembre pasado.
En el presidium también estuvieron el alcalde petista Adair Hernández Martínez, y los compañeros de armas de Genaro Vázquez, José Bracho, Guillermo Sotelo Raviela, Gregorio Fernández Brito y Abelardo Velázquez.
En el público estuvieron, entre otros, el ex comisionado de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Nicomedes Fuentes García, y la dirigente de la Asociación de Ejidos y Comunidades y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de Atoyac, Estela Arroyo.
Asimismo, la activista y esposa del asesinado Armando Chavarría, Martha Obezo, José Higuera, Emperatriz Basilio, los universitarios Ramón Gracida González y Mauro García Medina, el sobreviviente de El Charco, Efrén Cortés, mineros sindicalistas e integrantes del Sindicato del Colegio de Bachilleres (Sutcobach).
Tras la ofrenda floral en la estatua de Genaro Vázquez, los asistentes se organizaron en contingentes para marchar hacia la tumba del líder guerrillero dentro del cementerio municipal.
Al frente estaban varias decenas de estudiantes de la Preparatoria de la UAG número 14, algunos como parte de la banda de guerra, otros cargando lonas con la foto de Genaro Vázquez o con el mensaje de bienvenida al rector, y la mayoría caminaba en dos columnas y repetía las consignas que escuchaban de sus profesores.
En medio de los estudiantes marcharon Saldaña Almazán, ex guerrilleros de la ACNR e integrantes del Comité Cívico Sanluisteco que organiza el evento anual. También acudieron alumnos de la Preparatoria Popular 163 Antonilco de Horcasitas.
El rector y los estudiantes fueron los primeros en llegar a la tumba, pero se fueron después de escuchar una canción del trovador Lenin Fernández. Entonces sólo quedaron menos de 30 asistentes, que escucharon a Camilo Valenzuela, quien llegó al aniversario luctuoso junto con la ex presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, y llamó a la unidad de los grupos de izquierda.
Laura Gaytán, ex combatiente del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), reprochó que el representante del gobierno estatal no acudiera a la tumba de Genaro Vázquez y se sumó a la crítica de la conmemoración del natalicio del “sátrapa” de Figueroa Figueroa.
Vargas Pineda “no está aquí, parece ser que a los políticos no les gusta asolearse ni incomodarse en caminatas, pero aquí se lo digo: estamos esperando a lo largo y ancho del país que se lave esa afrenta, Rubén Figueroa, con su encarnizada persecución y exterminio contra los militantes y luchadores de Guerrero, del Partido de los Pobres, de la ACNR, no tiene que tener un lugar de dignidad en la historia”.
Comentó que el año pasado un decreto presidencial declaró “sitio de memoria” la tumba colectiva de los caídos del asalto cuartel Madera el 23 de septiembre de 2025, pero hace falta lo mismo para las tumbas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, como también se solicitó el año pasado.
Recordó que en la década de 1980 acompañó a Rosario Ibarra de Piedra a un aniversario de Genaro Vázquez, “no eran tiempos de poses políticas ni de eventos suntuosos, eran eventos de las lealtades, los hombres y las mujeres leales, con convicción, con compromiso de lucha se reunían aquí a pesar del clima de represión y de asedio del Estado mexicano”.
El ex gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que el acto de este lunes consistió en la recuperación de la memoria histórica y sirvió “para que nunca se pierda ese valor y esa dignidad que hoy por cierto, hace mucha falta”.
El también aspirante a ser el candidato de Morena a gobernador dijo que “cuando se trata de evaluar el rendimiento, los resultados de nuestros gobiernos de izquierda, dejan mucho que desear… estamos indignados del acto de homenaje en Huitzuco” al ex gobernador Figueroa.
El moderador del aniversario, Luis Enrique García Vázquez, criticó que los funcionarios acudieron al zócalo, pero no llegaron a la tumba, sólo vinieron a tomarse la foto y darse un “baño de pueblo”. Al final un poema Vamos juntos de Mario Benedetti fue declamado, “ya no somos inocentes/ni en la mala ni en la buena”.
Morenistas de San Luis Acatlán recurrieron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para denunciar que no les permitieron participar en la elección de un comité de la sección 2016 de Playa Larga.
En la comisión se presentaron dos quejas y se acumuló otra que envió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona.
De acuerdo con la información disponible en estrados electrónicos, las denunciadas son Mirna Cleotilde Ramos Vargas y su hija Lilia Eneidy Castro Ramos “por presunta Violencia Política en Razón de Género, violaciones a derechos partidarios y nepotismo”.
Las promoventes en el expediente CNHJ-GRO-244/2025 son Laura Edith Gregorio Vicente, Dulce María Vázquez Martínez y Minerva Martínez González, y del expediente CNHJ-GRO-247/2025 Wendy Karina Reymundo Castro, en este caso es en el que se acumuló un escrito enviado por el dirigente estatal del partido a la Comisión.
Los dos expedientes fueron recibidos el 10 de septiembre y se notificó a las prominentes el 12 del mismo mes para que en un plazo de 72 horas para ampliar sus escritos de queja y narren de manera “clara y cronológica” los hechos en los cuales fundan su queja y que precisen que pretenden acreditar con las pruebas presentadas.
En el expediente CNHJ-GRO-247/2025, una de las pruebas presentadas por la quejosa es un video de cuatro minutos difundido en la red social Facebook en el que narra lo que sucedió en la asamblea seccional, acompañada de una docena de vecinos, la morenista se duele de que no les permitieron participar en el asamblea.
Acusó que la madre y la hija son las que llevaron a cabo la asamblea y a los ciudadanos les dieron información contradictoria; mientras unos les dicen que sí pueden participar, en la asamblea les negaron esa posibilidad (Daniel Velazquez).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en diez municipios del estado que recibieron recursos durante el 2023.
En la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública del ejercicio 2023, publicada en febrero de este año, la ASF fiscalizó los recursos recibidos en los municipios de Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan, Taxco, Tecoanapa y Tlapa.
Entre los hallazgos que realizó la Auditoría durante la verificación del gasto público en esta decena de municipios es que en San Miguel Totolapan no hay registro de cómo se gastó el dinero, hubo subejercios en San Luis Acatlán, encontró obras fantasmas en los municipios de Chilpancingo y Coyuca de Benítez, y que los gobiernos contratan empresas que no pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) está diseñado para emplearse en “obras y acciones que beneficien a la población que habita en los municipios o demarcación territorial con zonas de atención prioritaria y en las localidades que presentan alto y muy alto grado de rezago social o donde habita población con pobreza extrema”.
Como resultado de la comprobación encontró que siete municipios deben devolver dinero a la Tesorería de la federación y tres cometieron “irregularidades administrativas”.
El caso de San Miguel Totolapan es el más cuantioso y escandaloso pues no se pudo revisar ni un solo peso del ejercicio 2023, “ya que el municipio no proporcionó la documentación comprobatoria correspondiente a la Cuenta Pública 2023”. La ASF determinó que están pendientes por aclarar 148 millones 966 mil 396 pesos, lo que corresponde al cien por ciento de los recursos transferidos.
El alcalde de San Miguel Totolapan en el periodo de revisión fue Fredy Vázquez Palacios, del PRD. El gobierno del estado acreditó ante la ASF que transfirió todo el recurso del Fondo a ese municipio.
En el municipio de San Luis Acatlán, la ASF encontró que más del 50 por ciento de recursos no se ejerció y del dinero ejecutado están pendientes por aclarar 45 millones 811 mil 135 pesos.
Durante 2023, San Luis Acatlán recibió 200 millones 506 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 121 millones 536 mil pesos que no se ejercieron. El gobierno de San Luis Acatlán, proporcionó la documentación certificada por Gilberto Solano Arreaga que acredita la operatividad de cuatro obras por 11 millones 201 mil 800 pesos.
Este municipio es gobernado por Adair Hernández Martínez, militante del PT, partido aliado de Morena.
En la fiscalización de la cuenta pública de Chilpancingo, la ASF encontró varias irregularidades en cinco contratos y 11 arrendamientos de vehículos para la verificación y supervisión de las obras, fueron fraccionados para quedar comprendidos en los supuestos de excepción. Otra de las observaciones fue que presentaron de manera extemporánea las opiniones de cumplimiento de pago de impuestos de 17 contratos, y ejecutaron tres proyectos de obra pública por un monto pagado de 6 millones 206 mil 900 pesos “que en la verificación física no se encontraron en operación”.
En total, sobre la cuenta pública de 2023, el municipio de Chilpancingo tiene pendientes por aclarar 30 millones 807 mil 75 pesos. Este municipio fue gobernado por la ex morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
En la comprobación de la cuenta pública de 2023 en el municipio de Coyuca de Benítez, la ASF no encontró físicamente cinco obras, “por lo que no se comprobó que cumplieran con los objetivos del fondo”, lo que generó que este pendientes por aclarar 8 millones 512 mil 223 pesos. Este municipio fue gobernado por el morenista Ossiel Pacheco Salas.
En el municipio de Taxco, están pendientes de aclarar 1 millón 56 mil pesos que el gobierno municipal utilizó para la compra de un software. En el dictamen la ASF sostiene “no se demostró que por medio de la adquisición de un software se diera atención a las demandas ciudadanas como se describe en el registro de los beneficios esperados del proyecto, ya que en realidad corresponde al pago de la licencia del sistema contable del municipio; asimismo, dicho contrato tiene fecha de formalización en el ejercicio fiscal 2022 por lo que no correspondería al ejercicio fiscal en revisión”. Ese municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, de Fuerza por México.
En Tecoanapa, la ASF encontró que 20 contratistas a los que el gobierno municipal les asignó 24 contratos de obra pública no cumplen con sus obligaciones fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que derivó en una observación de 44 millones 480 mil pesos, durante la revisión el gobierno municipal acredito que cinco contratistas sí estaban al corriente con sus obligaciones tributarias, por lo que la cuenta pendiente por aclarar es de 36 millones 198 mil 636 pesos. Este municipio fue gobernado por Carmen Ileana Castillo, del PVEM, aliado de Morena.
En Tlapa, la revisión establece que 18 millones 753 mil 420 pesos están pendientes de aclarar porque el dinero se destinó a “tres obras por un monto de 18 millones 686 mil 200 pesos que conforme a lo manifestado por su Órgano de Control Interno se advierte que no se encontraron en operación debido a que se tratan de obras por etapas y que por lo tanto no proporcionan los beneficios programados a la población objetivo del fondo” y 67 mil 200 pesos que se transfirieron sin presentar la documentación que acredite que se usaron para los objetivos del Fondo. Este municipio fue gobernado por, de la coalición PRI-PRD y reelecto para un nuevo periodo.
Irregularidades administrativas
Sobre los municipios con irregularidades administrativas, en sus dictámenes la ASF específica porque los clasifica de esa forma. En el caso de Quechultenango, señala que ese municipio “infringió la normativa, debido a que se realizó un pago por 129 mil 600 pesos sin proporcionar la documentación de su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación, y hubo documentación que no se canceló con la leyenda de operado ni se identificó con el nombre del fondo, las observaciones determinadas fueron solventadas por el ente fiscalizado antes de la emisión de este informe”.
Del municipio de Ometepec, la ASF señala que incurrió en “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó 17 contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida y no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la planeación, ejercicio y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del fondo de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2023. Tampoco difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable”.
En Ayutla, en su informe la ASF señala que no hubo observaciones monetarias pero sí “irregularidades administrativas consistentes en que no administró los recursos del fondo en una cuenta bancaria específica y exclusiva, adjudicó seis contratos fuera de la normativa aplicable, fraccionó dos contratos para quedar comprendidos dentro de los montos máximos y límites de los contratos para la modalidad de invitación restringida, adjudicó dos contratos de servicios por medio de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, cuando debió ser mediante la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los formatos de “Ejercicio del Gasto” y los “Indicadores”, no difundió entre su población la información del fondo conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable y no concilió el número de proyectos registrados en el formato de “Destino del Gasto” del Sistema de Recursos Federales Transferidos con los registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), se instalaron en plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para demandar una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Encabezados por su dirigente, Jesús Plácido Galindo, unos 20 indígenas ñu savi del municipio de San Luis Acatlán y nahuas de Chilapa, instalaron su plantón a las 9:30 de la mañana.
Plácido Galindo informó que piden la reunión con la gobernadora para solicitarle su intervención, a fin de que sean censados para que reciban apoyo del gobierno federal las familias de esos dos municipios, que sufrieron daños por el huracán John.
Agregó que también piden que se frene la violencia que sufren en las comunidades de Chilapa por el crimen organizado, que de 2015 a este 2024 ha dejado 63 asesinatos y 22 desaparecidos.
Por la tarde, el gobierno estatal informó en un boletín de prensa que el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió con la representación de los indígenas, “con el objetivo de dar continuidad y atención a sus diferentes demandas relacionadas a temas de salud, educación y rehabilitación de carreteras en las diversas comunidades de la Montaña”.
Sin embargo, el dirigente de la agrupación Plácido Galindo, declaró por teléfono que no hubo acuerdos con el funcionario porque “no resolvió ninguna de nuestras demandas” y adelantó que este martes continuarán con su protesta en esta capital, aunque no precisó si será nuevamente afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo o en otro lugar.
Minutos después de que instalaron el plantón, el dirigente informó que les ofrecieron una mesa de diálogo con Rodríguez Cisneros, pero que con él se han reunido muchas veces y no les ha solucionado sus demandas, por lo que insistirían que la reunión sea con la gobernadora.
El dirigente indígena informó que son al menos 18 comunidades, del municipio de Chilapa, en la Montaña, y el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, que no han recibido apoyos del gobierno federal por los daños del huracán John.
Reprochó que las familias de estas comunidades que resultaron afectadas, tampoco han sido censadas.
Dijo que muchas de ellas no les han arreglado ni si quiera sus caminos, citó el caso de la carretera Buenavista a San Luis Acatlán, la cabecera municipal. Así como el tramo de Atzacoaloya, municipio de Chilapa a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Informó que en esta zona de Chilapa, los gobiernos federal y estatal tampoco han resuelto el grave problema de violencia que viven las localidades generada por el grupo delictivo de Los Ardillos.
Al respecto, en un escrito al que dieron lectura durante su mitin, denuncian “la complicidad de los tres órdenes de gobierno con los grupos de narco-paramilitares que asesinan, desaparecen y aterrorizan nuestras comunidades con total impunidad”.
Placido Galindo indicó, en entrevista, que también en estas localidades, que suman 17 donde tiene presencia el Cipog-EZ, tampoco les han resuelto demandas añejas que tienen que ver con el arreglo de sus caminos, centros de salud, escuelas y una Casa de la Cultura en Alcozacán, obras con las que se comprometieron los gobiernos federal y estatal para resarcir los daños que les ha dejado la violencia.
“Nos ignoran y desprecian, salvo en tiempos de elecciones, cuando nos recuerdan únicamente para manipularnos y pedir nuestros votos. Cada seis años valemos para sus intereses, pero cuando exigimos nuestros derechos, como tierra, salud, educación, justicia y paz, nos niegan sistemáticamente”, reprocha el Cipog-EZ en el documento que uno de sus integrantes leyó en el mitin.
En el escrito critican que el gobierno de la Cuarta Transformación “se burla de nosotros en sus conferencias de prensa mañaneras, diciendo que primero los pobres y fingen reconocer a nuestros pueblos indígenas, pero son palabras vacías, promesas de programas sociales y simulación”.
Por ejemplo, refieren que este gobierno no ha cumplido su promesa de pavimentar las carreteras de las localidades Zacapexco, Alcozacán y Tula, del municipio de Chilapa, y se quejan que el diálogo con las autoridades sólo sirve “para ganar tiempo y no resolver nuestras demandas”.
“En 2019 prometieron carreteras artesanales para conectar nuestras comunidades, y en junio pasado el ingeniero Martín Vega, titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) dijo que no había los recursos, lo cual es una burla”.
También recordaron en su pronunciamiento que el subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez, prometió atender sus demandas después de las elecciones, “nos aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda nos recibiría. Hoy, como siempre, llegan con excusas. Nos mienten. Nos ignoran. Nos desprecian. Mientras tanto, la guerra contra nuestros pueblos no cesa. Se intensifica la militarización, el despojo, la contrainsurgencia y la persecución de quienes defendemos la tierra, el agua y la vida”.
Ante ello, advierten que “no permaneceremos arrodillados frente a este insulto e injusticia. No venimos a pedir caridad ni permisos, venimos a exigir lo que nos pertenece como pueblos y el respeto que merecen nuestras comunidades”.
En el boletín del gobierno estatal que se difundió por la tarde, se informó que “con el objetivo de dar continuidad y atención a sus diferentes demandas relacionadas a temas de salud, educación y rehabilitación de carreteras en las diversas comunidades de la Montaña alta, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, llevó a cabo una reunión con integrantes del Cipog-EZ”
Agregó que “se presentaron acuerdos favorables por parte de la diferentes autoridades del gobierno del Estado, las cuales darán la atención correspondiente”.
Sin embargo, consultado por teléfono, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo, declaró que sí los recibieron, pero que “ni siquiera se firmó una minuta porque no nos dieron ninguna respuesta”.
Indicó que convinieron que este martes van a seguir con “la gestión”.
Adelantó que este día van a continuar con su protesta en Chilpancingo, pero no precisó dónde será, pues este lunes por la tarde se habían retirado de la entrada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y se encontraban afuera de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en donde pernoctarían.
En el boletín se informó que en la reunión participaron el director general de CICAEG, Martín Vega González; el director general de Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Benjamín Guinto Nava; la coordinadora de Vinculación con Instancias Públicas y de la Sociedad Civil de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Lilia Taquillo López, y la subdirectora de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Nancy Karina Martínez Osorio.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero en conferencia de prensa en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Rosendo Betancourt Radilla / María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La noche del domingo cuatro hombres atacados a balazos con AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros fueron heridos en San Luis Acatlán, uno es egresado de Ayotzinapa, quien trabaja en la zona.
Según fuentes del lugar, el ataque fue en el barrio de San Isidro, en donde el normalista, también egresado de la carrera de Desarrollo Sustentable de Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), con sede en Ayutla, Javier Navarrete resultó con heridas en un brazo, una nalga, los pies y una pierna, y fue trasladado al hospital El Quemado en Acapulco, en donde lo reportan grave.
De las otras tres víctimas el Diario Alternativo informó que sus nombres son Josué Galeana, Abraham Martínez y Marco Antonio, quienes fueron trasladados a distintos hospitales en Ometepec y Acapulco.
Vecinos de San Luis Acatlán informaron que Javier salió a cortarse el cabello, se encontró con unos amigos afuera de un bar y hombres armados los atacaron a balazos.
El Faro de la Costa Chica reportó, “un grupo de hombres consumían bebidas embriagantes, resultando lesionadas al menos cuatro personas”.
“Cabe mencionar que de este ataque resultaron lesionados cuatro hombres que fueron auxiliados por familiares y conocidos, trasladándolos al Hospital Básico Comunitario, a una cuadra del lugar del ataque”, dice el medio local.
Fuentes cercanas a Javier informaron que recibió impactos de un rifle AR-15, y el mencionado medio de comunicación reporta, “en el lugar se pudieron encontrar poco más de 22 cartuchos percutidos de calibre AR-15 y poco más de 19 cartuchos percutidos de calibre 9 milímetros. Es importante mencionar que toda la zona es muy concurrida por los puestos de venta de cena que están instalados sobre esa avenida, pero tras la balacera, de inmediato cerraron sus puertas al público”.
Según fuentes del lugar, acudieron a la escena del crimen policías municipales y rescatistas de diferentes corporaciones.
En Chichihualco
Vecinos reportaron que la madrugada de ayer hubo una fuerte balacera en la cabecera municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), con lo que suman dos días de ataques en esa comunidad, que está a menos de una hora en automóvil desde Chilpancingo.
En redes sociales los habitantes alertaron por medio de videos de la balacera, e informaron que inició a las 2 de la madrugada.
Detallaron que el enfrentamiento era entre grupos delictivos, y que las autoridades estatales no habían acudido a brindar seguridad a pesar de que se les pidió auxilio.
Desde el domingo vecinos reportaron detonaciones de armas de fuego y explosiones de granadas.
La Policía Estatal confirmó el domingo que agentes desplegados en el lugar informaron que las detonaciones se realizaron desde la parte alta de un cerro, a la altura de la entrada a la población. Reportaron que se escucharon cuatro explosiones de lo que podrían ser granadas.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Presuntamente por publicar una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, no está funcionando, el editor del semanario y portal Prensa del Sur, Bertín Chino González, fue detenido en esa comunidad.
En declaraciones por teléfono, denunció que su detención fue ordenada por el comisario municipal, Ángel Morales Agustín, a quien responsabilizó de su integridad física, “por si me golpean en la noche, porque aquí son medio cabrones”, dijo.
Contó que el miércoles subió a su portal una nota en la que denunció que el vivero del programa Sembrando Vida en esa localidad no está funcionando, y que ayer a las 5 de la tarde, llegaron policías rurales vestidos de azul que dependen del comisario municipal, a la casa de su esposa en esa localidad y lo detuvieron.
Dijo que cuando les preguntó por qué delito lo detenían, el comandante le respondió que “por el reportaje” de Sembrando Vida que publicó.
En el video que subió a su portal el reportero, aparecen imágenes del vivero vacío: “vemos este vivero de Sembrando Vida que está completamente desolado, no tiene nada. Esto que siempre está mencionando el presidente López Obrador que Sembrando Vida… así como aquí están los viveros de Atlamajalcingo del Monte, en Olinalá, en Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, también están así los viveros. En Guerrero no funcionan”.
Por la noche, la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) emitió una alerta a las organizaciones de periodistas, a la Comisión de Derechos Humanos y al Mecanismo de Protección a Periodistas, así como a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, “para que de inmediato se revise la situación del compañero, quien se encuentra detenido por la Policía Rural de la comunidad de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica de Guerrero”.
La organización, informó que el reportero tiene 30 años ejerciendo la labor de periodista, y consideró que su detención “representa una grave violación a sus derechos humanos, además de una clara violación a la libertad de expresión, al derecho de informar y estar informado”.
El SNRP demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al alcalde de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, su inmediata libertad, “y una profunda investigación que permita sancionar a los responsables de este atentado a la libertad de informar”.
A las 8 de la noche se realizaba una asamblea en la comunidad para determinar la situación del reportero.
Bertin Chino trabajó en Chilpancingo y en los últimos años en la Montaña y la Costa Chica. Estos días se encontraba en Horcasitas, de donde es originaria su esposa.
A las 9:30 de la noche, la Secretaría General de Gobierno informó que Chino González fue liberado luego que fue detenido por la policía rural de San Luis Acatlán por la mediación del director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
La reunión del sábado del secretario de Gobierno Ludwig Reynoso con los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC en Marquelia Foto: Comunicacion Social
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, reiteró que si la policía comunitaria de Xalpatláhuac sigue interviniendo en asuntos políticos del municipio, se le desconocerá, porque “no por un pueblo vamos a perder nuestro prestigio”.
El sábado, los coordinadores de cuatro casas de justicia de la CRAC se reunieron en Marquelia, con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, con quien acordaron una mesa de diálogo con la presidente municipal Selene Sotelo Maldonado y tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio, para aclarar el diferendo en el que ha venido participando la policía comunitaria.
De Jesús Cabrera informó que en la reunión con el secretario Marcial Reynoso estuvieron los coordinadores de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Municipio de Malinaltepec; El Paraíso, municipio de Ayutla, y Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, para tratar el conflicto de Xalpatláhuac.
En ese municipio hay un conflicto entre la presidente municipal, de Movimiento Ciudadano, Selene Sotelo, y el tlayakanki, quien tiene el respaldo de la policía comunitaria de la CRAC, que depende de la casa de justicia de Espino Blanco.
Entrevistado por teléfono, el vocero de la CRAC y coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, De Jesús Cabrera, informó que en la reunión del sábado le dijeron al secretario de Gobierno que la policía comunitaria “está en la mejor disposición” de entregar las 10 armas que tiene bajo su resguardo, de la Policía Municipal, desde que se generó el primer conflicto en octubre de 2021.
“Se acordó que los compañeros están con la intención de entregar las armas, para echar adelante la solución del conflicto y apaciguar las cosas”, explicó el vocero de la CRAC.
Dijo que la conclusión de la reunión es que el conflicto en ese municipio es de carácter político, entre la presidente municipal Selene Sotelo y su esposo, el ex acalde Rosendo Larios Rosas, del PRI, con el ex candidato a la alcaldía del partido Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado Gallardo, quien no ha dejado gobernar a la presidente en la cabecera municipal y que, por tanto, la policía comunitaria no debe tener injerencia en esos asuntos políticos.
Reconoció que el tlayakanki “metió las manos y nos generó un conflicto, porque en ningún momento se ha autorizado (por la CRAC) a los policías comunitarios intervenir en asuntos políticos”.
Sin embargo, explicó que a petición de “los compañeros” de Xalpatláhuac acordaron en la reunión del sábado convocar otra más amplia para el 11 de abril, en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la que participará el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio; la presidente municipal Selene Sotelo y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, “para aclarar algunos asuntos”.
Explicó que concretamente, la policía comunitaria pide aclarar antes de entregar las armas de la Policía Municipal, que el 24 de marzo no fueron sus integrantes los que balearon al ex policía municipal Francisco Malgarejo, como lo denunció la presidente municipal.
“Sigue firme la decisión de entregar las armas, pero los compañeros (policías comunitarios) de Xalpatláhuac piden la mesa de dialogo más amplia, porque nos han señalado que no fueron ellos los que dispararon. Es el tema que quieren aclarar, que no todo lo que dice la presidente es cierto”.
Explicó que después de esa reunión, la CRAC procederá para regular a la policía comunitaria de Xalpatláhuac, con el cambio de todos los policías comunitarios y el nombramiento de otros, de acuerdo con el reglamento interno por los señalamientos que hay.
Explicó que los coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco son los que van a plantearles la propuesta, igual que al Tlayakanki.
Agregó que en caso de que no acepten la propuesta, “ya estaríamos viendo el desconocimiento de la policía comunitaria, el tlayakanki y de la misma población, como parte del sistema de la CRAC. No podemos seguir teniendo problemas sólo por un pueblo, y no vamos a arriesgar el prestigio de nuestro sistema comunitario por un pueblo”.
De hecho, aclaró que la CRAC no cuenta con policías comunitarios en ninguna cabecera municipal, porque trabaja con comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, y en las cabeceras no los hay, pero se coordina con los presidentes municipales, lo que en el caso de Xalpatláhuac no está ocurriendo.
Dijo que hasta ahora la policía comunitaria de Xalpatláhuac se venía coordinando con el tlayakanki, porque se entiende que es un auxiliar del pueblo, “y si respetaran el reglamento interno no habría problemas, pero se involucraron con el tema político y no dejan trabajar a la presidente municipal”.
Dijo que “desafortunadamente” los policías comunitarios se metieron en ese conflicto “y empezaron a actuar en contra del Ayuntamiento, y ese es el problema que les hemos dicho, que nosotros (la CRAC) no vamos a entrar en conflicto en contra de ningún Ayuntamiento”.
En un boletín oficial, la Secretaría General de Gobierno confirmó la reunión y dijo que en la misma acordaron “un próximo encuentro para seguir trabajando en la coordinación y bienestar de las comunidades”.
Con la firma de una minuta de acuerdos con el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, padres de familia y maestros de la primaria bilingüe Benito Juárez, de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, levantaron la toma de la escuela y de la supervisión escolar, que mantenían desde el lunes.
Los familiares y maestros pedían la reposición de dos docentes: uno para el grupo primero A y otro para el tercero B. Además, solicitaban la construcción de un aula, la autorización de un trabajador administrativo y otro para intendencia.
Después de tres días de toma de la escuela y de la supervisión, una comisión de maestros y de padres de familia, encabezada por el comisario municipal, Tomás Zavala, se reunió en Chilpancingo con el subsecretario Ricardo Castillo, con quien firmaron la minuta de acuerdos.
En el documento sólo se establece la autorización de un maestro, de los dos que estaban solicitando, y se aclara que “con el objeto de optimizar recursos ofreciendo servicios educativos, se dará seguimiento para la asignación de un segundo docente, en un lapso de 30 días hábiles”.
Otro de los acuerdos que se establecen en el documento es que el supervisor escolar de la zona 81, Pedro Fermín Morales, se abstendrá de presentar una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de los integrantes del comité de padres de familia, derivado de la toma de la escuela y la supervisión escolar.
En el documento no se incluyen las respuestas a las otras demandas del personal administrativo y de intendencia, que también pedían los padres de familia y maestros.
Luego de estos acuerdos, las tomas de las instalaciones de la escuela y de la supervisión escolar se levantaron a las 3 de la tarde de este miércoles. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
El consejero nacional y promotor de la red Es Claudia, que respalda las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Carlos Manrique García, informó que esa estructura está integrando sus comités municipales, este domingo estuvieron en San Marcos, y el sábado en Ometepec y San Luis Acatlán.
Vía telefónica, Manrique García informó que ya han integrado comités distritales en los 9 distritos federales del estado, en los 28 distritos locales y, actualmente, van por la integración de los comités municipales, llevan ocho comités en las regiones Costa Grande y Costa Chica.
Los municipios donde se han integrado comités son Zihuatanejo, Petatlán, Tecpan, San Jerónimo, Atoyac, Ometepec, San Luis Acatlán y San Marcos. Indicó que están pendientes de integración los comités en varios municipios de las dos costas, por lo que primero concluirán con estos trabajos y después irán a las regiones Centro, Norte, Acapulco, Montaña y Tierra Caliente. Pero primero, los comités se van a integrar en los 20 municipios más importantes del estado y luego cubrirán toda la entidad.
La encomienda a los comités municipales es difundir la imagen y trabajo de la jefa de gobierno de Ciudad de México, “para que la gente la conozca”, hacer reuniones con vecinos, visitar casas y hacer un red de amigos a través del servicio de mensajería instantánea Whatsapp.
Manrique García indicó que la respuesta que han tenido de la gente ha sido muy buena. En San Marco reunieron a unas 300 personas, en tanto que en Ometepec y San Luis Acatlán llegaron unos 500 vecinos. Precisó que los comités municipales tienen una estructura lineal, todos los que asisten rinden protesta como integrantes y todos hacen el trabajo de difusión en sus redes sociales, además de pintar bardas, “todo el trabajo recae en el pueblo”.
Añadió que a las reuniones en Costa Chica acudieron liderazgos de otros municipios, como Ayutla y Marquelia, que ellos llevan la encomienda a sus localidades, para explicar el trabajo que deben hacer.
En Ometepec, San Luis Acatlán y San Marcos lo que se hizo en las asambleas de toma de protesta, de este fin de semana, fue dar un saludo a los asistentes por parte de Claudia Sheinbaum, y hablar de las acciones que ha hecho en Ciudad de México.
En Ometepec asistieron el diputado federal plurinominal Sergio Pedro Peñaloza y el ex alcalde por el PRD, Omar Estrada Bustos, a la asamblea a favor de Claudia Sheinbaum. A San Marcos llegó la ex candidata a la alcaldía por ese partido, Gladis Cortés Genchi.
Las asambleas fueron encabezadas por el ex dirigente de Morena en Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, quien es el promotor nacional de Es Claudia y el diputado federal Alejandro González.
