A cuatro días del enfrentamiento en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que dejó al menos tres muertos y siete lesionados, así como 17 detenidos –14 por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Casa de Justicia de Alcozacán, y tres por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional– ayer ya había una relativa calma, informaron vecinos del lugar.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó que la comunidad está bajo la protección de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán, municipio de Chilapa.
Dijo por teléfono que este lunes se instaló un módulo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para recibir denuncias contra el grupo armado que encabezaba Evaristo Bolaños de Jesús que los atacó el viernes, y que Bolaños es uno de los detenidos por los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exigieron castigo para los responsables materiales e intelectuales “de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarios”.
Plácido Galindo reiteró ayer por teléfono que el enfrentamiento comenzó cuando las autoridades de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán, municipio de Chilapa, llegaron a Ayahualtempa a una reunión por invitación del comisario municipal, José Rojas Gatica en busca de una coordinación en materia de seguridad.
Dijo que eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando fueron recibidos a balazos por un grupo de civiles armados coordinados por Bolaños de Jesús “quien tenía sometida a esa comunidad y a la de Amatitlán”.
Indicó que según los pobladores, Bolaños es el responsable de las desapariciones, secuestros y asesinatos que se venían cometiendo en esa localidad.
Añadió que los integrantes del sistema de seguridad de Alcozacán, a la que también pertenecen los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla, entre otras localidades, respondieron a la agresión.
Informó que el grupo armado de Bolaños, a quien vinculan con Los Ardillos, recibió el respaldo de policías comunitarios de la CRAC-PF de Ayahualtempa, lo que agravó la situación y el enfrentamiento se prolongó 10 horas, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche.
Aseguró que durante las 10 horas de tiroteo hubo tres muertos de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán; dos eran de Zacapexco y el hijo del comisario municipal de Amatitlán. Los tres fueron sepultados el domingo en sus respectivas comunidades.
Además, contabilizaron siete lesionados de Tula, Xicotlán, Alcozacán, Acahuehuetlán, Xochitempa, Nuevo Amanecer y Zacapexco.
En el transcurso de la jornada violenta, la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Alcozacán detuvo a 14 policías comunitarios de la CRAC-PF de Ayahualtempa que apoyaron al grupo armado de Evaristo Bolaños, entre ellos el consejero regional Luis Morales. Agregó que todos serán sujetos a un proceso de reeducación.
Agregó que, mientras tanto, los militares y agentes de la Guardia Nacional detuvieron a tres integrantes del grupo armado, entre ellos al propio Evaristo Bolaños.
Según un boletín de prensa del Gobierno del estado que difundió el viernes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “no se registró ninguna incursión armada y la información difundida en redes sociales sobre la presencia de un grupo armado en la zona ‘es falsa’”, y que los hechos corresponden a una “agresión aislada” ocurrida cuando un grupo de habitantes de la comunidad de Alcozacán llegó a Ayahualtempa.
Sin embargo, Plácido Galindo insistió en que el tiroteo duró 10 horas y que la Guardia Nacional y el Ejército llegaron a las 2:40 de la tarde, y que, incluso, entre las 11 y las 12 del día sobrevoló un helicóptero del gobierno del estado y verificó lo que estaba pasando en el pueblo.
Dijo que saben que de parte del grupo de los agresores no hubo muertos ni lesionados.
Informó que a las 8 de la noche cuando terminó el enfrentamiento, el comisario municipal, José Rojas Gatica convocó a una asamblea en la que “desconoció” al grupo de policías comunitarios que respaldaron al grupo delictivo, “porque no estaban apoyando al pueblo, sino que era un grupo particular que se coordinaba con Evaristo”.
“Ese grupo fue desmantelado por el comisario municipal con el apoyo del sistema de seguridad y justicia de la Casa de Justicia de Alcozacán”.
Informó que, también, los pobladores aprobaron que el sistema de seguridad de Ayahualtempa “pasa a formar parte de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán”.
Declaró que ayer la FGE instaló un módulo para que los vecinos presenten las denuncias de los delitos que se le imputan al grupo de Bolaños de Jesús.
Expuso que están solicitando una mesa de trabajo con el gobierno estatal “para fortalecer la seguridad en el territorio, sin que nos minimicen, porque nuestro sistema funciona por usos y costumbres y mediante acuerdos de asambleas de las comunidades”.
Aseguró que a partir del sábado “hay calma en Ayahualtempa porque nuestro sistema llegó a fortalecer la paz”.
Reiteró que la Casa de Justicia de Alcozacán, que contaba con 16 comunidades del municipio de Chilapa, ahora se le sumaron las localidades de Ayahualtempa, Amatitlán y El Caracol de José Joaquín de Herrera.
En un comunicado del CNI, al que pertenece el Cipog-EZ, así como el EZLN, condenaron la agresión que sufrieron los integrantes de la CRAC-PF de Alcozacán y del Cipog-EZ y exigen castigo para los responsables materiales e intelectuales “de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarios”.
Subrayan que en el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el dirigente Jesús Plácido Galindo “fue blanco de la agresión y recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso”.
Recordó que el Cipog-EZ ha denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.
Recuerdan que en 10 años contabilizan 66 asesinatos y 23 compañeros desapare-cidos en esa zona de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), se instalaron en plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para demandar una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Encabezados por su dirigente, Jesús Plácido Galindo, unos 20 indígenas ñu savi del municipio de San Luis Acatlán y nahuas de Chilapa, instalaron su plantón a las 9:30 de la mañana.
Plácido Galindo informó que piden la reunión con la gobernadora para solicitarle su intervención, a fin de que sean censados para que reciban apoyo del gobierno federal las familias de esos dos municipios, que sufrieron daños por el huracán John.
Agregó que también piden que se frene la violencia que sufren en las comunidades de Chilapa por el crimen organizado, que de 2015 a este 2024 ha dejado 63 asesinatos y 22 desaparecidos.
Por la tarde, el gobierno estatal informó en un boletín de prensa que el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, se reunió con la representación de los indígenas, “con el objetivo de dar continuidad y atención a sus diferentes demandas relacionadas a temas de salud, educación y rehabilitación de carreteras en las diversas comunidades de la Montaña”.
Sin embargo, el dirigente de la agrupación Plácido Galindo, declaró por teléfono que no hubo acuerdos con el funcionario porque “no resolvió ninguna de nuestras demandas” y adelantó que este martes continuarán con su protesta en esta capital, aunque no precisó si será nuevamente afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo o en otro lugar.
Minutos después de que instalaron el plantón, el dirigente informó que les ofrecieron una mesa de diálogo con Rodríguez Cisneros, pero que con él se han reunido muchas veces y no les ha solucionado sus demandas, por lo que insistirían que la reunión sea con la gobernadora.
El dirigente indígena informó que son al menos 18 comunidades, del municipio de Chilapa, en la Montaña, y el ejido de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, que no han recibido apoyos del gobierno federal por los daños del huracán John.
Reprochó que las familias de estas comunidades que resultaron afectadas, tampoco han sido censadas.
Dijo que muchas de ellas no les han arreglado ni si quiera sus caminos, citó el caso de la carretera Buenavista a San Luis Acatlán, la cabecera municipal. Así como el tramo de Atzacoaloya, municipio de Chilapa a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Informó que en esta zona de Chilapa, los gobiernos federal y estatal tampoco han resuelto el grave problema de violencia que viven las localidades generada por el grupo delictivo de Los Ardillos.
Al respecto, en un escrito al que dieron lectura durante su mitin, denuncian “la complicidad de los tres órdenes de gobierno con los grupos de narco-paramilitares que asesinan, desaparecen y aterrorizan nuestras comunidades con total impunidad”.
Placido Galindo indicó, en entrevista, que también en estas localidades, que suman 17 donde tiene presencia el Cipog-EZ, tampoco les han resuelto demandas añejas que tienen que ver con el arreglo de sus caminos, centros de salud, escuelas y una Casa de la Cultura en Alcozacán, obras con las que se comprometieron los gobiernos federal y estatal para resarcir los daños que les ha dejado la violencia.
“Nos ignoran y desprecian, salvo en tiempos de elecciones, cuando nos recuerdan únicamente para manipularnos y pedir nuestros votos. Cada seis años valemos para sus intereses, pero cuando exigimos nuestros derechos, como tierra, salud, educación, justicia y paz, nos niegan sistemáticamente”, reprocha el Cipog-EZ en el documento que uno de sus integrantes leyó en el mitin.
En el escrito critican que el gobierno de la Cuarta Transformación “se burla de nosotros en sus conferencias de prensa mañaneras, diciendo que primero los pobres y fingen reconocer a nuestros pueblos indígenas, pero son palabras vacías, promesas de programas sociales y simulación”.
Por ejemplo, refieren que este gobierno no ha cumplido su promesa de pavimentar las carreteras de las localidades Zacapexco, Alcozacán y Tula, del municipio de Chilapa, y se quejan que el diálogo con las autoridades sólo sirve “para ganar tiempo y no resolver nuestras demandas”.
“En 2019 prometieron carreteras artesanales para conectar nuestras comunidades, y en junio pasado el ingeniero Martín Vega, titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) dijo que no había los recursos, lo cual es una burla”.
También recordaron en su pronunciamiento que el subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez, prometió atender sus demandas después de las elecciones, “nos aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda nos recibiría. Hoy, como siempre, llegan con excusas. Nos mienten. Nos ignoran. Nos desprecian. Mientras tanto, la guerra contra nuestros pueblos no cesa. Se intensifica la militarización, el despojo, la contrainsurgencia y la persecución de quienes defendemos la tierra, el agua y la vida”.
Ante ello, advierten que “no permaneceremos arrodillados frente a este insulto e injusticia. No venimos a pedir caridad ni permisos, venimos a exigir lo que nos pertenece como pueblos y el respeto que merecen nuestras comunidades”.
En el boletín del gobierno estatal que se difundió por la tarde, se informó que “con el objetivo de dar continuidad y atención a sus diferentes demandas relacionadas a temas de salud, educación y rehabilitación de carreteras en las diversas comunidades de la Montaña alta, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, llevó a cabo una reunión con integrantes del Cipog-EZ”
Agregó que “se presentaron acuerdos favorables por parte de la diferentes autoridades del gobierno del Estado, las cuales darán la atención correspondiente”.
Sin embargo, consultado por teléfono, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo, declaró que sí los recibieron, pero que “ni siquiera se firmó una minuta porque no nos dieron ninguna respuesta”.
Indicó que convinieron que este martes van a seguir con “la gestión”.
Adelantó que este día van a continuar con su protesta en Chilpancingo, pero no precisó dónde será, pues este lunes por la tarde se habían retirado de la entrada del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y se encontraban afuera de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en donde pernoctarían.
En el boletín se informó que en la reunión participaron el director general de CICAEG, Martín Vega González; el director general de Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Benjamín Guinto Nava; la coordinadora de Vinculación con Instancias Públicas y de la Sociedad Civil de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Lilia Taquillo López, y la subdirectora de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Nancy Karina Martínez Osorio.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero en conferencia de prensa en la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
La dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció este martes amenazas contra dos de sus integrantes.
Mediante un comunicado enviado a distintas agrupaciones sociales, organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación, responsabilizó a los gobiernos estatal y federal, “en caso de que se llegaran a consumar dichas amenazas”.
De acuerdo con el comunicado, los integrantes de la agrupación, Jesús Plácido Galindo y Francisco Vázquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que les advierten que les van a “partir su madre”, que “los tienen ubicados” y que ya le “bajen de huevos”.
El comunicado fue enviado ayer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Consejo Indígena de Gobierno (CIG), a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación, a fin de que “estén alertas”.
“Con mucha preocupación les compartimos que el día 15 de julio nuestro hermano delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo y otro compañero del Cipog-EZ de nombre Francisco Vázquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que fueron amenazados con partirles la madre, les dijeron que los tienen ubicados y que ya le bajen de huevos”, refiere el escrito.
“Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero, donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado”, señala el Cipog-EZ, que tiene presencia en las comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y de San Luis Acatlán.
Agrega: “es por eso que nos queda claro que las llamadas telefónicas vienen de grupos narco-paramilitares que por muchos años han asesinado, torturado y aterrorizado a nuestras comunidades, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la Fiscalía y con el gobierno del estado”.
El Cipog-EZ llama a las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, a “que en la medida de lo posible estén alertas por lo que pueda suceder y que hagan llamados a quienes se supone que gobiernan al país y al estado de Guerrero para que detengan la violencia que vivimos”.
Responsabilizan en su documento al gobierno federal, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) “y demás autoridades de lo que pueda suceder a algún compañero o compañera del Cipog-EZ, pues a estas autoridades les hemos pedido durante varios años que desarticulen a los grupos delincuenciales y lo único que hemos obtenido ha sido su silencio”. (Zacarías Cervantes /?Chilpancingo).
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ),Jesús Plácido Galindo, declaró ayer que con el triunfo de la candidata de la alianza del PRI, PRD y PAN en el municipio de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, no ve posibilidades de que se resuelva el problema de la violencia en las comunidades de ese municipio, debido a sus vínculos con el grupo delictivo que los ha venido atacando.
El dirigente indígena informó que en la comunidad de San Jerónimo Palantla, donde hubo enfrentamientos antes da las elecciones, hay, por lo pronto, una “tensa calma”, pero advirtió que mientras el gobierno estatal no siga dialogando con las partes en conflicto hay riesgo de que resurja la violencia.
“Por el momento más o menos se está manteniendo la tranquilidad, pero hace falta mucho por hacer, hace falta pagar la deuda histórica que hay con la comunidad que está muy azotada por la división interna y se tiene que trabajar mucho para lograr la convivencia entre los pobladores”, dijo.
En ese pueblo desde el 2015 se han venido dando enfrentamientos entre un grupo de vecinos que pertenece al Frente de Defensa Popular (FDP) y los del Cipog-EZ y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
El 23 de mayo unos 150 miembros del Cipog-EZ y de la CRAC-PF irrumpieron en ese pueblo con saldo de un muerto, así como cuatro vehículos y cinco casas incendiadas, lo que provocó que unas 15 familias salieran desplazadas a Chilapa, la cabecera municipal, y regresaron cuatro días después con la vigilancia de la Guardia Nacional y el Ejército.
“No sabemos cuánto tiempo se mantenga la paz estable, mientras esté la Guardia Nacional y el Ejército se va a mantener la tranquilidad, pero el día que los quiten va a volver la violencia, entonces se tiene que mantener el diálogo para que se establezca la paz de manera permanente, dijo Plácido Galindo.
Aseguró que el Cipog-EZ está a favor de que haya acuerdos de paz, “porque siempre buscamos el bien común y no nos prestaríamos a dividir a las comunidades”.
Dijo que por ello estuvo de acuerdo en que la seguridad quedara en manos del Estado “y porque nosotros no queremos generar más violencia, con lo que no estábamos de acuerdo es que el grupo que está adentro, seguido atacaba a nuestros compañeros de los otros pueblos y se lo planteamos al gobierno y nunca nos atendió”.
Plácido Galindo dijo que también es un factor de violencia en esos pueblos la marginación, la falta de doctores, centros de salud en las comunidades, “el Estado también tiene que pagar esa deuda histórica porque la situación en que vivimos los indígenas es preocupante porque no vivimos como debe de ser”.
El dirigente indígena informó que les preocupa que haya ganado nuevamente la Presidencia Municipal de Chilapa el mismo grupo caciquil del PRI y vinculado con el grupo delictivo que los ha venido atacando en sus comunidades.
“Seguirá habiendo más violencia porque ya son varios años que ese partido ha comprado conciencias para mantener el control en las comunidades de la Montaña baja”.
Dijo que esperaban que hubiera un cambio de partido y del grupo que ha venido gobernando el municipio, “pero ganó el mismo grupo caciquil que está sometiendo a las comunidades y quiere mantenerlas bajo su yugo”.
Denunció que el grupo político al que pertenece la candidata Mercedes Carballo Chino, quien ganó la elección el domingo, está coludido con el grupo delictivo que opera en la Montaña baja “y eso no garantiza la tranquilidad”.
El dirigente del Cipog-EZ indicó que las comunidades que pertenecen a esta organización no ven que vayan a cambiar las cosas, “por el contrario, vemos que se van a agravar las cosas porque seguirá el caciquismo que ha venido operando en Chilapa”.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Vecinos de diferentes comunidades del municipio de Chilapa reunidos en Alcozacán, en donde retuvieron al alcalde priista Aldy Esteban Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Indígenas nahuas de 14 pueblos de Chilapa, retuvieron durante más de cuatro horas al alcalde de ese municipio, Aldy Esteban Román, del PRI, a quien acusaron de “inflar” los costos de las obras, de entregar algunas inconclusas e incumplir otras con los gobiernos federal y estatal.
El presidente municipal fue retenido desde las 8:40 de la mañana y liberado a la una de la tarde después de que el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros les prometió por teléfono una reunión con funcionarios del gobierno estatal y el alcalde el martes próximo.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular del Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó que el alcalde fue retenido cuando pasaba por Alcozacán y junto con él fueron retenidos el síndico, Néstor Parra, funcionarios municipales y policías municipales que lo resguardaban.
Informó que el convoy lo integraban un total de seis camionetas.
Explicó que el presidente municipal y su equipo fueron retenidos a manera de reclamo porque los tres órdenes de gobierno no han cumplido con varias obras en 18 comunidades.
Además, informó que lo acusaron de que ha “inflado” las inversiones de las obras, explicó que hay pavimentación de calles de las que dijo tuvieron un costo de 3 millones de pesos pero no rebasa ni un millón lo invertido “porque son pedacitos de calles lo que ha hecho”.
En cuanto a las obras que no ha cumplido mencionó la pavimentación de la carretera de Los Ajos a Alcozacán, misma que, según el dirigente, el alcalde les dijo que el tramo ya se pavimentó pero Jesús Plácido aseguró que sólo fue “pedacera”, lo que hizo; “sólo taparon pozos con chapopote, pero toda la carretera quedó jodida”.
Añadió que cuando le reclamaron ayer al alcalde les dijo que es responsabilidad de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), “es decir nos dijo que las cochinadas son del gobierno del estado”.
Placido Galindo, informó que en 18 comunidades nahuas de Chilapa están pidiendo distintas obras que no se han hecho, desde pavimentación de calles, carreteras, escuelas y centros de salud.
Dijo que le reclamaron al alcalde que no se ha resuelto el problema de la violencia y la inseguridad, “porque siguen las desapariciones, los secuestros, las extorsiones y sigue operando el grupo delictivo de Los Ardillos y ni los militares, la Guardia Nacional ni la Policía Estatal nos están garantizando la seguridad aquí.”
Informó que por la presión de los pueblos actualmente hay soldados en la zona “pero vemos que su presencia no nos está garantizando seguridad, como que se hacen de la vista gorda, no ven nada de lo que está pasando”.
Otra de las peticiones que no han cumplido, en este caso el gobierno federal, es la construcción del Banco del Bienestar en Alcozacán, “y de nada sirve que nos incluyan en los programas sociales y nos entreguen tarjetas, si no hay Banco del Bienestar en estas comunidades”, reprochó.
Dijo que el delegado de los programas sociales Iván Hernández Díaz se comprometió a que este año se construiría el banco en ese pueblo, pero no ha cumplido.
El dirigente del Cipog-EZ, añadió que los tres órdenes de gobierno se comprometieron también a construir un hospital regional ahí mismo en Alcozacán para que diera el servicio a las comunidades más cercanas que actualmente no tienen médicos y hay muchos partos que se dan sin la atención de médicos ni enfermeras, pero tampoco han cumplido.
Placido Galindo informó que durante la retención del alcalde habló por teléfono el director de Gobernación del estado Francisco Cisneros Rodríguez y que con el presidente municipal se comprometieron a reunirse con ellos el martes de la próxima semana para atender sus planteamientos.
El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.
Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora
El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.
Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.
La Codehum condena el triple asesinato
La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.
