La FGE se instala en Ayahualtempa; exige el EZLN castigo a los responsables de los ataques

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A cuatro días del enfrentamiento en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que dejó al menos tres muertos y siete lesionados, así como 17 detenidos –14 por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Casa de Justicia de Alcozacán, y tres por soldados del Ejército y agentes de la Guardia Nacional– ayer ya había una relativa calma, informaron vecinos del lugar.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó que la comunidad está bajo la protección de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán, municipio de Chilapa.
Dijo por teléfono que este lunes se instaló un módulo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para recibir denuncias contra el grupo armado que encabezaba Evaristo Bolaños de Jesús que los atacó el viernes, y que Bolaños es uno de los detenidos por los gobiernos federal y estatal.
Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exigieron castigo para los responsables materiales e intelectuales “de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarios”.
Plácido Galindo reiteró ayer por teléfono que el enfrentamiento comenzó cuando las autoridades de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán, municipio de Chilapa, llegaron a Ayahualtempa a una reunión por invitación del comisario municipal, José Rojas Gatica en busca de una coordinación en materia de seguridad.
Dijo que eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando fueron recibidos a balazos por un grupo de civiles armados coordinados por Bolaños de Jesús “quien tenía sometida a esa comunidad y a la de Amatitlán”.
Indicó que según los pobladores, Bolaños es el responsable de las desapariciones, secuestros y asesinatos que se venían cometiendo en esa localidad.
Añadió que los integrantes del sistema de seguridad de Alcozacán, a la que también pertenecen los pueblos de Zacapexco y Rincón de Chautla, entre otras localidades, respondieron a la agresión.
Informó que el grupo armado de Bolaños, a quien vinculan con Los Ardillos, recibió el respaldo de policías comunitarios de la CRAC-PF de Ayahualtempa, lo que agravó la situación y el enfrentamiento se prolongó 10 horas, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche.
Aseguró que durante las 10 horas de tiroteo hubo tres muertos de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán; dos eran de Zacapexco y el hijo del comisario municipal de Amatitlán. Los tres fueron sepultados el domingo en sus respectivas comunidades.
Además, contabilizaron siete lesionados de Tula, Xicotlán, Alcozacán, Acahuehuetlán, Xochitempa, Nuevo Amanecer y Zacapexco.
En el transcurso de la jornada violenta, la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Alcozacán detuvo a 14 policías comunitarios de la CRAC-PF de Ayahualtempa que apoyaron al grupo armado de Evaristo Bolaños, entre ellos el consejero regional Luis Morales. Agregó que todos serán sujetos a un proceso de reeducación.
Agregó que, mientras tanto, los militares y agentes de la Guardia Nacional detuvieron a tres integrantes del grupo armado, entre ellos al propio Evaristo Bolaños.
Según un boletín de prensa del Gobierno del estado que difundió el viernes el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “no se registró ninguna incursión armada y la información difundida en redes sociales sobre la presencia de un grupo armado en la zona ‘es falsa’”, y que los hechos corresponden a una “agresión aislada” ocurrida cuando un grupo de habitantes de la comunidad de Alcozacán llegó a Ayahualtempa.
Sin embargo, Plácido Galindo insistió en que el tiroteo duró 10 horas y que la Guardia Nacional y el Ejército llegaron a las 2:40 de la tarde, y que, incluso, entre las 11 y las 12 del día sobrevoló un helicóptero del gobierno del estado y verificó lo que estaba pasando en el pueblo.
Dijo que saben que de parte del grupo de los agresores no hubo muertos ni lesionados.
Informó que a las 8 de la noche cuando terminó el enfrentamiento, el comisario municipal, José Rojas Gatica convocó a una asamblea en la que “desconoció” al grupo de policías comunitarios que respaldaron al grupo delictivo, “porque no estaban apoyando al pueblo, sino que era un grupo particular que se coordinaba con Evaristo”.
“Ese grupo fue desmantelado por el comisario municipal con el apoyo del sistema de seguridad y justicia de la Casa de Justicia de Alcozacán”.
Informó que, también, los pobladores aprobaron que el sistema de seguridad de Ayahualtempa “pasa a formar parte de la CRAC-PF de la Casa de Justicia de Alcozacán”.
Declaró que ayer la FGE instaló un módulo para que los vecinos presenten las denuncias de los delitos que se le imputan al grupo de Bolaños de Jesús.
Expuso que están solicitando una mesa de trabajo con el gobierno estatal “para fortalecer la seguridad en el territorio, sin que nos minimicen, porque nuestro sistema funciona por usos y costumbres y mediante acuerdos de asambleas de las comunidades”.
Aseguró que a partir del sábado “hay calma en Ayahualtempa porque nuestro sistema llegó a fortalecer la paz”.
Reiteró que la Casa de Justicia de Alcozacán, que contaba con 16 comunidades del municipio de Chilapa, ahora se le sumaron las localidades de Ayahualtempa, Amatitlán y El Caracol de José Joaquín de Herrera.
En un comunicado del CNI, al que pertenece el Cipog-EZ, así como el EZLN, condenaron la agresión que sufrieron los integrantes de la CRAC-PF de Alcozacán y del Cipog-EZ y exigen castigo para los responsables materiales e intelectuales “de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarios”.
Subrayan que en el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el dirigente Jesús Plácido Galindo “fue blanco de la agresión y recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso”.
Recordó que el Cipog-EZ ha denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.
Recuerdan que en 10 años contabilizan 66 asesinatos y 23 compañeros desapare-cidos en esa zona de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.