El senador y candidato del PRI a la reelección por el Senado, Manuel Añorve Baños, calificó como “inverosímil” la versión de que el policía estatal implicado en el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Khotan Gómez Peralta, se haya fugado mientras estaba en detención administrativa.
Añorve Baños también catalogó como “desinformación” la primera versión del asesinato de Yanqui Khotan, que indica que el ataque armado que le quitó la vida al estudiante normalista fue porque no se detuvo en un retén de seguridad.
Entrevistado al término del registro del aspirante priista a la alcaldía de Chilpancingo, Bonifacio Montúfar Mendoza, Añorve Baños declaró sobre el asesinato del normalista Gómez Peralta.
“Alguien tiene que ser responsable de esa desinformación, que se dio entre el viernes y sábado, donde acusaban a este joven (Yanqui Khotan) de haber generado un enfrentamiento, de que un carro robado. El joven sólo quería divertirse sanamente, como lo hacen cientos de jóvenes en Guerrero, y no se vale andar fabricando delitos. Eso tiene consecuencias”, dijo Añorve Baños.
Por este caso, Añorve Baños consideró “correcta” la decisión de la gobernadora, de aceptar las renuncias del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y la del Secretario de Seguridad Pública (SSP), Rolando Solano Rivera, así como solicitar la remoción de la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Llamó a las autoridades a que no haya impunidad en el caso del asesinato de Yanqui Khontan, que las investigaciones lleguen al fondo, “porque los familiares, que merecen mi respeto, quieren una respuesta. Los jóvenes de Ayotzinapa quieren una respuesta y esto que sucedió con la renuncia es consecuencia de lo que pasó”, dijo Añorve Baños.
“Ojalá puedan también detener al que se escapó. Es inverosímil. También debe haber una carpeta para investigar cómo se escapó”, agregó el senador priista.
Sobre la postura de los senadores del PAN, de que haya desaparición de poderes en Guerrero, Añorve Baños dijo que no comparte esa visión y que lo que necesita el estado son mesas de diálogo, que ayuden a la paz.
Dijo que del grupo parlamentario del PRI en el Senado, es que la mesa de diálogo la pueda encabezar la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Gobernación y que participen representantes de los partidos políticos y de la Iglesia católica.
“No es en un debate que polarice cómo se resuelven las cosas… esta mesa de diálogo, por la pacificación de Guerrero, es algo que se tiene que construir urgentemente. No podemos estar solamente en un monólogo de discusión”, dijo.
La protesta de los choferes fue en la entrada al poblado de Pie de la Cuesta Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Choferes de camionetas urvan y moto taxis bloquearon una hora la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a los arcos de Pie de la Cuesta, para denunciar abusos de autoridad por parte de la Policía Estatal y la ministerial.
A las 8:20 de la mañana, unos 100 choferes cerraron los dos sentidos de la vía federal y, además, atravesaron las camionetas urvan.
Los inconformes reclamaron que los policías estatales y ministerial, cubiertos del rostro, hostigan desde hace un mes a los choferes de las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro y moto taxis.
Criticaron que los agentes policiacos “siembran” armas o drogas a los vehículos del transporte público, para poner a disposición a los automóviles.
A las 9:20 de la mañana, los manifestantes se retiraron del lugar, porque autoridades del estado los atendieron vía telefónica.
“No más abuso de autoridad”, “fuera gobierno, ya basta de abusos” y “fuera gobierno corrupto, fuera patrullas con números tapados”, se pudo leer en algunas pancartas que llevaron.
En declaraciones a reporteros, el coordinador general de la Federación de Transportistas de las Costas de Guerrero (Fetracg), Alvaro Bracamontes Torres, denunció que hay casos de abusos de autoridad por parte de los policías estatales y ministeriales.
“Los policías se han dedicado a hostigar al transporte a las camionetas urvan y mototaxis”, señaló.
Ejemplificó con que los agentes “me paran una moto taxi, y le siembran cosas, para ponerlas a disposición y las dañan, porque se las llevan arrastrando. Tengo dos moto taxis dañadas”.
Aseguró que los choferes de camionetas urvan y moto taxi ya no quieren trabajar, porque “no saben de quién cuidarse, si de los delincuentes o del mismo gobierno”.
Sostuvo que el abuso de autoridad de la Policía Estatal y ministerial tiene un mes, “nosotros hemos estando aguantando, pensando que se puede componer esto. Pero vamos de mal en peor”.
Pidió a las autoridades respeto al transporte público, porque aseguró: “No somos delincuentes. Que busquen delincuentes por otro lado, que nos dejen trabajar”.
En un boletín de prensa del gobierno estatal, se informó que trabajadores de la delegación regional de Gobernación tuvieron un encuentro con integrantes de la Fetrag, en donde acordaron concluir el bloqueo que desde la mañana de este lunes mantenían en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Pie de la Cuesta.
Añadió que hoy se realizará una reunión, entre representantes de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para escuchar de primera mano las necesidades de los transportistas y atender eficazmente sus solicitudes.
Efectivos de la Policía Estatal, de la Investigadora Ministerial y de la Guardia Nacional acudieron a una casa de seguridad tras el reporte de que había personas secuestradas, en busca de los 12 funcionarios y trabajadores de la basura del Ayuntamiento de Taxco pero ya no se encontraban Foto: FGE
Redacción / Ramón Gracida Gómez
Chilpancingo / Acapulco
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Ministerial buscan a las 12 personas –funcionarios, trabajadores de la basura del Ayuntamiento de Taxco y sus familiares y pepenadores– que fueron privados de la libertad el martes pasado por civiles armados, pese a que no hay una denuncia formal por desaparición.
El vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, dijo en entrevista que la organización delictiva La Familia Michoacana sería la responsable de las desapariciones de personas en Taxco. Informó que en las primeras investigaciones para buscar a las 12 personas privadas de la libertad se halló una casa de seguridad donde pudieron estar las víctimas, pero fueron sustraídas poco antes de la llegada de las autoridades policiacas.
El vicefiscal también dijo que hasta ayer no se contaba con denuncia formal de familiares de los secuestrados. Además, desde el miércoles, la Fiscalía pidió información al Ayuntamiento de Taxco sobre los funcionarios y trabajadores que puedan estar privados de su libertad, en razón de que si son servidores públicos de ese municipio, se estarán ausentando de sus labores. Pero hasta ayer en la tarde la Fiscalía no había recibido respuesta.
Buscan en carreteras, caminos, zonas urbanas y rurales
El pasado martes hombres armados privaron de la libertad al encargado y a cuatro trabajadores de la unidad de transferencia de desechos y en el relleno sanitario a la directora Anabel Gutiérrez, un chofer y cinco pepenadores, según versiones extraoficiales en Taxco.
En un comunicado la Fiscalía indicó que tras un reporte de que había personas privadas de la libertad por civiles armados en un domicilio ubicado en la comunidad de Huixtac, la Policía Investigadora Ministerial, Ejército y la Guardia Nacional acudieron a verificar y en el lugar aseguraron dos automóviles y una motocicleta, todos con reporte de robo.
La FGE precisó que no hay una denuncia formal por la desaparición de las 12 personas, sin embargo, se inició una carpeta por el delito de desaparición cometida por particulares.
Destacó que continúan y ampliaron operativos de búsqueda y localización de las 12 personas privadas de la libertad que realizan de manera coordinada con el Ejército, la Guardia Nacional y Policía Estatal en carreteras, caminos, zonas urbanas y rurales, aledañas al municipio de Taxco de Alarcón, con la finalidad de dar con el paradero de las víctimas.
La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones de gabinete y campo, así como con los operativos de búsqueda para poder esclarecer el ilícito y lograr la pronta localización de las víctimas.
Agrega que refrenda su compromiso con las y los guerrerense de realizar acciones oportunas para la localización de personas desaparecidas y esclarecimiento de los hechos.
Aún no se tiene el móvil del delito, dice el vicefiscal Alejandro Hernández Mendoza
La Familia Michoacana sería la organización responsable de la desaparición de personas en Taxco, pero todavía no se tiene el móvil del delito, dijo el vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza.
En entrevista con El Sur, dijo que después de conocer el reporte de 12 personas desaparecidas en Taxco la Fiscalía Regional Norte actuó de “inmediato, realizando un operativo de búsqueda, localizando así un domicilio que, en efecto, era una casa de seguridad, en donde se localizaron tres vehículos, todos con reporte de robo y al interior del domicilio diversas pertenencias”.
“Por como estaba el lugar localizado, consideramos que ahí podrían haber estado las 12 personas desaparecidas, pero que habían sido sustraídas de ese domicilio minutos antes o tiempo antes de que nosotros llegáramos”, agregó.
Resaltó a la una de la tarde de ayer que aún no había “una denuncia formal por parte de los familiares, es decir, ningún familiar se ha acercado a la Fiscalía a denunciar la desaparición de las personas que estamos buscando, lo cual complica mucho las labores de investigación, ¿por qué?, porque no tenemos los nombres completos, no tenemos su telefonía, no tenemos el último lugar, hora o domicilio donde ellos pudieron haber sido sustraídos”.
“No tenemos puntos de búsqueda claros o proporcionados por una labor de inteligencia o de investigación de gabinete, que esto nos lo permite a raíz de que una persona denuncie la desaparición”, insistió e invitó a la ciudadanía a denunciar los delitos de los que sean víctimas.
Expuso: “en este momento se está llevando un operativo de búsqueda donde está participando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y donde está participando, por supuesto, Fiscalía General del Estado, buscando en algunos puntos o domicilios donde la gente ha reportado la presencia de civiles armados y aparentemente personas privadas de la libertad”.
Indicó que desde el miércoles la FGE mandó una solicitud de información al Ayuntamiento de Taxco “para que nos dijeran cuáles son los nombres y la cantidad de personas que puedan estar privadas de su libertad, en razón de que si se trataban de servidoras públicas de ese municipio, bueno, se estarán ausentando en este momento de sus labores”.
“Hasta el momento no ha sido recibida en Fiscalía Regional Norte, pero una vez que tengamos el dato completo y correcto, lo proporcionaremos a través de los medios oficiales de la Fiscalía”, aseguró y agregó: “de momento presumimos que son los 12 que han reportado”.
Se le preguntó si ya se manejaba algún móvil y Hernández Mendoza reiteró que por la falta de denuncias no pueden “tener líneas más claras de investigación, necesitamos conocer la versión de alguna persona que fuera cercana a las personas privadas de su libertad, para tener hipótesis”.
Sin embargo, dijo, “allá la violencia es innegable, la presencia de un grupo delictivo tampoco lo es, hay un grupo dominante en esa región, consideramos que fueron personajes de este grupo delictivo quienes pudieron haberlos privado de la libertad, pero no tenemos un móvil claro a este el momento” y luego señaló que ese grupo es la Familia Michoacana.
Activan alertas para localizar a cinco de las 12 personas
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) activaron alertas para localizar a dos de las 12 personas privadas de la libertad; mientras que en redes sociales la Colectiva de Mujeres Surianas, lo hizo por cuatro empleados, entre ellos tres mujeres.
La Fiscalía y la CEBP en la ficha con fotografía señalan que José Carlos Hernández Ávila, tiene 43 años de edad, es de tez moreno, ojos medianos y café claros, cabello negro entrecano, corto, quebrado y mide 1.80 metros.
Indican que como señas particulares tiene un tatuaje en la mano derecha de un águila con tinta negra de 15 centímetros aproximadamente y en el antebrazo izquierdo la frase: “forever my brother and ever”, una cicatriz en la frente de tres centímetros aproximadamente, arrugas pronunciadas en la frente y un lunar abajo del ojo izquierdo.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) publicó la ficha de Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años de edad, quien tiene el cabello teñido de rubio, lacio y a la altura de los hombros, ojos café claro medianos, boca mediana, labios delgados, mide 1.55 metros, es de complexión robusta y de tez morena clara.
En la ficha no especifican los rasgos y que la última vez que los vieron fue el 26 de diciembre en el relleno sanitario ubicado en la carretera federal Taxco-Iguala.
Mientras que la Colectiva de Mujeres Surianas en su página de Facebook publicó las fotografías de cuatro de las 12 personas que fueron privadas de la libertad por civiles armados en el municipio de Taxco.
En El Sur, se informó que el pasado martes 26 fueron privados de la libertad 12 personas, entre funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Taxco y sus familiares y pepenadores, por hombres armados en el relleno sanitario y en la unidad de trasferencia de basura de la ciudad platera en la región Norte del estado.
Incluso se dio a conocer los nombres de algunos trabajadores como Tomás, jefe de la unidad de trasferencia de basura de Taxco; Wendy Alejandra Salas, Marcela de Jesús, Hannia Monserrat Salgado Salas, José Carlos Hernández Avila, trabajador de limpia, así como el de Anabel Gutiérrez, directora del Relleno Sanitario del municipio de Taxco, que fue secuestrada junto con un chofer y cinco pepenadores.
En la página de la Colectiva de mujeres Surianas, publicaron las fotografías, nombres, edades, características y la ropa que vestían cuando fueron raptadas cuatro de las 12 personas desaparecidas: Wendy Alejandra Salas Gutiérrez, Hannia Monserrat Salgado Salas, Marcela de Jesús Valladares Jacobo y Brayan Alexis Sainz.
En la publicación de Marcela de Jesús Valladares Jacobo, informa la Colectiva que tiene 35 años, ojos cafés claros, de complexión delgada y cabello rosa, y que desapareció en Taxco, el 25 de diciembre.
De Hannia Monserrat Salgado Salas indica que tiene 20 años de edad, color de piel claro y que la última vez que la vieron fue el 26 de diciembre y vestía pants o pantalón negro, suéter gris obscuro, botas de uso rudo azules con casquillo.
Agrega que Hannia trabaja en el basurero localizado en Cerro Gordo, tiene ojos café claro, cabello medio, lacio, rubio, es de complexión robusta y mide 1.53 metros.
De Brayan Alexis Sainz, mencionan que tiene 22 años de edad, es de piel morena, ojos café oscuros, cabello quebrado, es de complexión delgada y mide 1.60 metros.
Señala que sus rasgos son un lunar en la mejilla derecha y un tatuaje de San Judas en el brazo izquierdo y que la última vez que lo vieron fue el 25 de diciembre y vestía pantalón café y sudadera blanca (ropa de trabajo).
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa condenaron la represión que sufrieron por parte del Ejército, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Tixtla en las actividades que realizan para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
En una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, tres alumnos con el rostro cubierto con una playera denunciaron el “hostigamiento” que han sufrido los normalistas y padres de los 43 estudiantes.
Manifestaron que desde que iniciaron su jornada de lucha en la antesala de los nueve años de la desaparición forzada de los 43 en Iguala, han sufrido represión por parte del Ejército y policías.
Los normalistas dijeron que el lunes cuando acudieron a Iguala a realizar un mitin en el 27 Batallón de Infantería fueron recibidos con gases lacrimógenos, pese a que estaban los padres de los 43 desparecidos.
Además, dijeron que en el mitin también acudieron integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), quienes fueron afectados por el gas lacrimógeno.
“Lo único que quiere el Ejército es callar este mitin político que se realizaría en Iguala, donde se iba a desenmascarar a la fuerza militar ante los medios de comunicación y ante la sociedad, pero no querían que dijéramos que el Ejército está involucrado con la desaparición de los (43) compañeros”, externó uno de los alumnos.
Relataron que otra de las agresiones que sufrieron fue en Tixtla cuando policías estatales golpearon directamente a uno de sus compañeros; otra más en la 35 Zona Militar donde también les arrojaron gas lacrimógeno, y la más reciente es la detención y agresión que sufrió Mario González, padre de uno de los 43, por parte de la Policía Municipal de Tixtla.
Los alumnos destacaron que la única forma de exigir la presentación con vida de sus compañeros es manifestándose, porque por parte del gobierno federal no hay avances en las investigaciones. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo)
En Zihuatanejo tres hombres fueron asesinados con pocas horas de diferencia en dos hechos distintos.
Fuentes policiacas informaron que la noche del sábado, en la entrada a la colonia Los Amuzgos, en esa ciudad, un joven fue asesinado a balazos.
Según un reporte el crimen ocurrió cerca de una taquería, la víctima quedó recostada boca abajo a un lado de su motocicleta.
Pocas horas después, a la una de la madrugada del domingo, las corporaciones policiacas recibieron el reporte de que en la colonia Nuevo Amanecer dos personas estaban muertas.
De acuerdo con la fuente, los cuerpos de dos individuos jóvenes, se encontraban tirados en la parte alta de la mencionada colonia, tenían las manos atadas hacia la espalda y con impactos de bala visibles en diversas partes del cuerpo.
Hasta la mañana de ayer domingo, una fuente indicó que los tres hombres se encontraban en las instalaciones de la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en espera de que sean reconocidos.
Aseguran armas y desmantelan dos campamentos de un grupo criminal en Chichihualco
Agentes de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y militares aseguraron cargadores y cartuchos, y desmantelaron dos campamentos, el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
En un comunicado se indicó que las autoridades patrullaban la localidad de Chichihualco, donde realizaron el aseguramiento de 35 cartuchos, 2 cargadores para fusil AK-47, una cartuchera verde, 4 radios portátiles de comunicación y 2 cargadores para radios portátiles.
También lograron desmantelar dos campamentos, presuntamente utilizado por un grupo delictivo.
“Siguiendo los protocolos establecidos, todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes”, se leía en el comunicado.
La Policía Estatal informó que mantiene sus acciones coordinadas con el Ejército y la Guardia Nacional en esta localidad de la región Centro del estado, siguiendo la estrategia de seguridad determinada en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con el fin de vigilar y brindar atención a la población. (Redacción / Chilpancingo).
Un policía estatal que estaba asignado a la delegación de la Tierra Caliente y que fue reportado como desaparecido, fue ubicado entre los ocupantes de uno de los automóviles que fue impactado por la pipa de combustible en la carretera Chilpancingo-Iguala el 28 de agosto que dejó ocho muertos.
Según datos oficiales el policía Ulises Roberto Carrión Munguía fue reportado como desaparecido el 28 de agosto cuando salió franco de sus actividades y se dirigía a Chilpancingo. Los familiares presentaron la denuncia ante la agencia del Ministerio Público a la que hizo los reportes por la desaparición de personas cinco días después.
Tras no tener noticias del paradero de Carrión Munguía, los familiares investigaron por cuenta propia y hallaron que uno de los vehículos involucrados en el accidente de la pipa de gas tenía características parecidas al auto en el que viajaba el policía y después de indagar lo ubicaron entre los muertos de la explosión.
Según la denuncia, el policía de 38 años fue visto por última vez el 28 de agosto saliendo de Coyuca de Catalán y desde ahí no se sabía su paradero. Versiones de sus compañeros confirmaron que había salido de vacaciones y que se dirigía a Chilpancingo .
En Tierra Caliente descartaron la posibilidad de que en la región le hubiera ocurrido algo pues no había reportes de violencia.
El accidente en la carretera federal Chilpancingo-Iguala ocurrió cuando una pipa cargada de combustible chocó con un taxi que trasladaba varias personas, pero también otro vehículo más se vio involucrado en este accidente.
De este caso las autoridades primero dijeron que hubo ocho muertos y después informaron que fueron 11 las víctimas, pero no habían sido identificados, aunque días después confirmaron que entre los fallecidos estaba el maestro de la preparatoria 4 de la UAG en Taxco, Esteban Arredondo Ávila que también fue reportado como desaparecido.
Se confirmó que entre los muertos está el policía Carrión, que viajaba en uno de los vehículos involucrados en el accidente.
En Tierra Caliente habían realizado una investigación en diferentes municipios para conocer el recorrido de Carrión Munguía, pero confirmaron que salió de la región en un auto, por lo que consideraron que fue en el trayecto donde pudo haberle ocurrido algo.
Las investigaciones determinaron que uno de los muertos del accidente era justamente el policía estatal desaparecido. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa responsabilizaron al gobierno estatal de “cualquier acontecimiento” que les pase a los estudiantes, porque denunciaron que incluso la Policía Estatal “ronda” por la escuela.
Durante una transmisión hecha en su página oficial de Facebook, dos normalistas con los rostros cubiertos indicaron que esa es una conferencia de prensa, por el hostigamiento que sufrieron por parte de agentes de la policía y tránsito estatal.
Relataron que el pasado 20 de agosto, cuando sus compañeros terminaron un mitin en la Autopista del Sol, en Chilpancingo, donde exigieron solución a sus demandas, como el mejoramiento de la infraestructura de la normal y material didáctico, policías les bloquearon el paso para que no salieran de la capital.
Indicaron que los agentes los amenazaron y cortaron cartucho, “en el video que transmitimos se observa cómo los policías estaban en disposición de disparar a los compañeros normalistas, sólo por dar a conocer nuestras exigencias”.
Los alumnos consideraron que es “una vergüenza como es que el gobierno de la supuesta Cuarta Transformación, quiere decir que hará un cambio en el país, cuando un sector tan importante como lo es la educación lo descuidan”.
Manifestaron que, por más que las autoridades estatales quieran decir que no estaban en disposición de disparar, los videos son claros en cuanto que se les ve toda la intención de hacerlo.
Los alumnos denunciaron que que su lucha es criminalizada, “tachándonos de vándalos y criminales”.
Enfatizaron que el 20 de agosto se dieron cuenta de que el gobierno estatal no se va a “tentar el corazón” para actuar en contra de Ayotzinapa, por lo que el comunicado fue para que la sociedad sepa cómo la escuela sigue siendo reprimida.
“Culpamos de manera directa al gobierno estatal de cualquier acontecimiento que le llegue a pasar a algún miembro de la institución educativa, porque hemos visto en los últimos meses, a policías estatales que rondan cerca de la normal”, destacó uno de los alumnos.
El estudiante dijo que el gobierno sigue teniendo deudas con Ayotzinapa, porque siguen desaparecidos 43 alumnos y 10 más que fueron asesinados en distintas administraciones.
“Culpamos de manera directa a los miembros de la Policía Estatal de cualquier acontecimiento que llegue a pasarnos”, enfatizó el normalista.
Tres días después del hecho, los alumnos manifestaron que no van a tolerar esta represión por parte de la Policía Estatal, por lo que van a continuar en pie de lucha. Asimismo, exigieron solución a las demandas de su pliego petitorio.
De acuerdo con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, el retén de policías estatales por el que cruzaron los estudiantes de la normal de Ayotzinapa la tarde del domingo, en Tierras Prietas, no fue instalado para ellos, sino que está ahí para la seguridad en la zona y aseguró que no intentaron dispararles.
El domingo, reporteros que cubrieron los hechos observaron cuando en un retén de Tierras Prietas, efectivos de la Policía Estatal cortaron cartucho y apuntaron con sus armas largas a los normalistas de Ayotzinapa, y los amenazaron con “hacer uso de la fuerza con las armas a la primera pedrada”, cuando los estudiantes se llevaban tres vehículos de gobierno y de empresas privadas, después de una protesta en la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
Según el funcionario estatal, “no hubo tal. No hubo una situación en la que la Policía Estatal haya querido accionar sus armas en contra de ellos, simplemente pasaron (los normalistas) por el retén donde estaban los policías estatales y ya ellos generaron una situación de querer confrontarlos”.
Rodríguez Cisneros explicó que los estudiantes tomaron la postura de confrontarse con los policías, “o tuvieron la idea de que iba a haber una confrontación, pero no. Fue un mal entendido que se dio”.
El director de Gobernación informó que este lunes ya se había establecido el diálogo de la dirigencia estudiantil y con la SEG, para atender sus demandas y éstos regresen los vehículos que se llevaron. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Elementos de la Policía Estatal detuvieron el sábado a siete personas con dos fusiles lanza granadas, un AR-15, droga y equipo táctico, luego de un cateo a una vivienda en Chilpancingo.
La detención se dio después de una denuncia al 911, que señaló que afuera de un domicilio de la calle principal de la colonia Galeana había hombres armados.
Según un reporte policiaco, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Jaguar llegaron al lugar en los primeros minutos del sábado, donde hombres que portaban armas de grueso calibre corrieron al ver su presencia y se escondieron dentro de un inmueble.
En el lugar los policías realizaron un cateo y como resultado detuvieron a siete hombres y decomisaron dos fusiles lanza granadas, un AR-15, droga de la llamada “cristal” y placas balísticas para chalecos antibalas.
Uno de los detenidos quedó herido luego de que intentó escapar y cayó del segundo piso de la vivienda. Los otros seis fueron consignados a las autoridades competentes.
Se sigue normalizando el transporte en la capital, pero no se ven patrullajes
Este domingo, el transporte público local continuó en regularización, después del asesinato de choferes y el incendio de una Urvan el lunes hace una semana.
Las primeras horas del día el transporte en las principales calles era escaso, posiblemente por ser un día inhábil. Frente al mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, donde pasa la mayoría de las rutas, la actividad se incrementó alrededor de las 9 de la mañana, igual que la movilidad de comerciantes y clientes del centro de abasto más grande de la ciudad.
También el servicio de taxis se observó activo para subsanar la reducción del transporte colectivo de fin de semana. Hubo movilidad en las rutas que pasan por el fraccionamiento Jacarandas, y hacia las colonias y fraccionamientos del sur.
Después de la lluvia de alrededor de las 5 de la tarde, se volvió a reducir la circulación del transporte y la movilidad de personas en las calles. En un recorrido por las principales calles de la ciudad, no se observaron los patrullajes de seguridad pública para la seguridad de la población, acordada por el gobierno del estado con los transportistas. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
