Transportistas de la zona poniente de Acapulco frente a la colonia Jardín Mangos en Acapulco. Exigen castigo a los culpables del asesinato de uno de sus colegas la noche del martes en la colonia San Isidro, al poniente de la ciudad. Dijeron que su compañero fue detenido de manera arbitraria y luego golpeado y que los agentes impidieron que vecinos ayudaran a la víctima y solicitaron el auxilio de la Cruz Roja una hora después. Y como en el caso del normalista Kothan, afirmaron que aquí también los policías alteraron la escena del crimen Foto: Jesús Trigo
Matan a golpes policías estatales a chofer de camioneta Urvan, denuncian transportistas
En protesta bloquean más de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir justicia y esclarecimiento
Argenis Salmerón
Un chofer de camioneta Urvan fue asesinado a golpes por agentes de la Policía del Estado en la colonia San Isidro y el hecho desencadenó un bloqueo de más de tres horas en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir justicia y esclarecimiento del crimen.
A las 11 de la mañana, choferes de diferentes rutas se concentraron cerca de los arcos de Pie de la Cuesta para protestar por la muerte del chofer que se llamaba Luis Enrique, de 30 años.
Los choferes de camionetas Urvan y mototaxis salieron en caravana de Pie de la Cuesta a la colonia Jardín Palmas, frente a la tienda Elecktra.
Unas 500 camionetas Urvan y mototaxis, cerraron los dos carriles de la vía federal para denunciar el asesinato del chofer del transporte público.
Los manifestantes aseguraron que los agentes de la Policía del Estado iban en la patrulla rotulada con el número 751 y son los responsables de la muerte del chofer.
Los choferes son de las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro, Pie de la Cuesta-Centro, además de mototaxis.
Los choferes del transporte público, no fueron atendidos por ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno.
“Gobernadora sus policías son unos asesinos, ya basta”, “Patrulla 751 estatales asesinos”, “Exigimos justicia para nuestro amigo”, fueron algunas de las pancartas exhibidas.
En declaraciones a reporteros, el coordinador del Frente Amplio de Transportistas del Estado de Guerrero, Álvaro Bracamontes, denunció que a las 11:30 de la noche del martes policías del estado mataron a golpes a un chofer de camioneta Urvan, “fue asesinado cobardemente”.
Añadió que el chofer de camioneta Urvan de la ruta San Isidro-Centro fue a dejar el vehículo a la casa del dueño, cuando fue atacado a golpes por los policías del estado.
Explicó que los policías del estado detuvieron de manera “arbitraria” al chofer de la camioneta y después lo tiraron al suelo para golpearlo.
“Una hora después los agentes piden el auxilio a los paramédicos de la Cruz Roja y éstos declaran que había fallecido hacía 40 minutos”, puntualizó.
Criticó que los policías del estado no permitieron que los vecinos auxiliaran al chofer con arma en mano y cortando cartucho”.
Se quejó que los policías del estado alteraron la escena del crimen, “pusieron el cuerpo adentro de un automóvil y dijeron que venía huyendo de ellos”.
Contó que el 22 de enero pasado, transportistas bloquearon en el arco de Pie de la Cuesta para denunciar abuso de autoridad de las policías del estado y ministerial contra los choferes del transporte público; “estamos cansados del hostigamiento”, dijo.
“Le dijimos a la gobernadora que pusiera mano en el problema, y que nos diera la oportunidad de una mesa de trabajo”, puntualizó.
Dijo que hubo una reunión con el fiscal regional de Acapulco, Rafael Saldaña Julián, pero “es obsoleto, no resuelve y se la pasa hablando incoherencias y protegiendo a sus elementos”.
“Hoy nos matan a un compañero, que creo eran lo que querían, en la zona poniente el transporte público es asediado por todos lados, no sabemos de quién cuidarnos, de quién escondernos”, acotó.
Reclamó que “la misma autoridad es la que todo el tiempo nos tiene con el pie en el cuello y hoy le tocó a nuestro compañero Luis”.
“Hoy con esto los choferes no quieren trabajar, porque lejos de dar seguridad la Policía Estatal, nos están matando a los compañeros, y por eso vivimos con miedo y zozobra”, denunció.
La tienda Sam´s Club cerrada durante la protesta de normalistas de Ayotzinapa Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El policía estatal, presunto responsable del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el que fue asesinado el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta la noche del jueves pasado y que, de acuerdo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador “se fugó”, estaba bajo resguardo del grupo Centauro de la Secretaría de Seguridad Pública en el Cuartel General de la Policía estatal, al norte de la capital del estado.
Versiones policiacas dicen que el elemento que forma parte del grupo Centauro se fugó después de que el coordinador de ese grupo policiaco, Pedro Castro Muñoz, “le dio permiso” para ir a comprar, y el uniformado aprovechó para huir de las instalaciones ubicadas al norte de la ciudad, a un costado del Juzgado para Adolescentes.
En el ataque a la camioneta en la que iban tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del jueves pasado, uno de los tres normalistas resultó herido y murió en el hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón, otro más fue detenido y liberado dos días después, mientras que el tercero había descendido de la camioneta sin que fuera visto por los policías.
Fuentes policiacas informaron que tres de los uniformados se pusieron a disposición “voluntariamente” ante sus superiores y que se encontraban resguardados en las instalaciones del Cuartel General de la corporación, ubicado al norte de la ciudad, a un costado del Juzgado de Justicia para Adolescentes.
Sin embargo, desde la tarde del lunes corrió la versión de que uno de los tres, el que disparó en contra de la camioneta de los estudiantes, se había fugado.
En su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador confirmó que “el policía que presuntamente asesinó al normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta se fugó”.
Fuentes policiacas confirmaron la mañana de ayer uno de los tres agentes que se habían puesto a disposición de sus superiores se había fugado, sin que se precisara a qué hora.
Sin embargo, afirmó que era integrante del grupo Centauro, una división de la Policía Estatal que se moviliza en motocicletas de la que su coordinador es Pedro Castro Muñoz, a quien la tarde del lunes “le pidió permiso para ir a comprar a una tienda cercana, lo que aprovechó para darse a la fuga.
Sin embargo, las autoridades estatales hasta la tarde de ayer no habían informado detalles del caso, la identidad de los policías, su situación jurídica y tampoco habían informado si se había presentado a rendir sus declaraciones.
El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velásquez Florencio, quien da acompañamiento a los familiares del estudiante asesinado y a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, informó que hasta a las cuatro de la mañana de ayer martes que continuaban las diligencias en la Fiscalía General del Estado (FGE), y no les habían informado de la fuga del policía.
Informó que solo sabían que tres elementos policiacos se presentaron voluntariamente por el caso del ataque a los normalistas, pero que aún no habían sido consignados debido a que no fueron detenidos en flagrancia, y continuaban integrando la Carpeta de Investigación.
Hasta la tarde de este martes las autoridades del gobierno del estado habían mantenido en la opacidad la identidad y la situación legal de los policías implicados en el caso, a pesar de que tanto el presidente de la República López Obrador como la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se comprometieron a que no habrá impunidad en el caso.
El presidente del PAN en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz, denunció abusos de policías estatales, que lo detuvieron y lo esposaron la noche del martes en esta ciudad cuando se negó a una revisión arbitraria por un supuesto aviso de que portaba armas.
En conferencia de prensa, explicó que pese a estar de licencia, se sigue ocupando de los asuntos del partido, y esa mañana desayunó con el ex director de la Policía Auxiliar del estado, Bonifacio Montúfar. A mediodía se trasladó a Taxco a una reunión con militantes, y regresó a las 9 de la noche a la capital.
Por la falta de transporte, llevó a su domicilio a su colaborador, a la colonia Rosario Ibarra, y luego fue por su esposa y sus hijas, que se encontraban en la Calzada del Ejército, cerca de la zona militar, en la casa de familiares.
Mientras esperaba en el automóvil, como a las 10 de la noche, un grupo de la Policía Estatal comenzó a golpear su camioneta. Sin bajarse del vehículo preguntó cuál era el problema, y le dijeron que había un aviso de que llevaba armas.
Lo bajaron pero se negó a separarse del vehículo porque hace años hicieron lo mismo y le robaron una computadora portátil.
“Uno de ellos me abrazó y me esposaron para tratar de apartarme de la camioneta, pero salieron los vecinos, porque también llegó la Guardia Nacional y Policìas Ministeriales”. Aclaró que sus vecinos estaban preocupados porque en esa calzada, “constamente asesinan a personas”.
Aclaró que no sabe a qué atribuir la agresión: a lo que ha declarado a la prensa, a la inseguridad en Chilpancingo, a los asesinatos permanentes, o a la dificultad de transitar en la capital en el noveno día sin servicio normal de transporte.
Denunció la ineptitud del gobierno estatal para garantizar paz y tranquilidad a la población, “no es que sean de Morena, pudo haber errores en el pasado, pero esta tragedia no tiene antecedentes. Es normal que de manera esporádica ocurran hechos de violencia, pero son permanentes y que la autoridad festeje dos días sin muertos es terrible, es una tragedia que vive Guerrero”.
Advirtió que “si se cometen abusos contra un dirigente político de oposición que alza la voz, ¿qué pueden hacer con los ciudadanos comunes si la policía usa este casos para agredir a la ciudadanía?”.
Señaló la denuncia de desaparición de un vecino de Zumpango, José Luis Adame Vélez, aunado a una versión de 14 detenidos por la violencia en Chilpancingo, de los que nadie sabe quiénes son, dónde están y qué se les imputa.
Exigió a la Policía del Estado que actúe bajo los protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos, y responsabilizó a la gobernadora
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) Eloy Salmerón Díaz en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera
y a su gabinete de seguridad, de lo que pueda ocurrirle a él, a su familia o a sus colaboradores.
Aclaró que no puede darle el beneficio de la duda a las autoridades, porque casi tiene medio periodo de gobierno y dijo que la gobernadora “no puede seguir haciendo segunda a su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya va terminar (la violencia) con abrazos y no balazos. Exigimos paz y seguridad para Guerrero”.
Añadió que en las redes sociales hay un una ficha técnica extraoficial sobre un mapa de riesgos, que esperan pronto se haga oficial para que la ciudadanía sepa dónde no ir y qué hacer.
La protesta de los choferes fue en la entrada al poblado de Pie de la Cuesta Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Choferes de camionetas urvan y moto taxis bloquearon una hora la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, frente a los arcos de Pie de la Cuesta, para denunciar abusos de autoridad por parte de la Policía Estatal y la ministerial.
A las 8:20 de la mañana, unos 100 choferes cerraron los dos sentidos de la vía federal y, además, atravesaron las camionetas urvan.
Los inconformes reclamaron que los policías estatales y ministerial, cubiertos del rostro, hostigan desde hace un mes a los choferes de las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro y moto taxis.
Criticaron que los agentes policiacos “siembran” armas o drogas a los vehículos del transporte público, para poner a disposición a los automóviles.
A las 9:20 de la mañana, los manifestantes se retiraron del lugar, porque autoridades del estado los atendieron vía telefónica.
“No más abuso de autoridad”, “fuera gobierno, ya basta de abusos” y “fuera gobierno corrupto, fuera patrullas con números tapados”, se pudo leer en algunas pancartas que llevaron.
En declaraciones a reporteros, el coordinador general de la Federación de Transportistas de las Costas de Guerrero (Fetracg), Alvaro Bracamontes Torres, denunció que hay casos de abusos de autoridad por parte de los policías estatales y ministeriales.
“Los policías se han dedicado a hostigar al transporte a las camionetas urvan y mototaxis”, señaló.
Ejemplificó con que los agentes “me paran una moto taxi, y le siembran cosas, para ponerlas a disposición y las dañan, porque se las llevan arrastrando. Tengo dos moto taxis dañadas”.
Aseguró que los choferes de camionetas urvan y moto taxi ya no quieren trabajar, porque “no saben de quién cuidarse, si de los delincuentes o del mismo gobierno”.
Sostuvo que el abuso de autoridad de la Policía Estatal y ministerial tiene un mes, “nosotros hemos estando aguantando, pensando que se puede componer esto. Pero vamos de mal en peor”.
Pidió a las autoridades respeto al transporte público, porque aseguró: “No somos delincuentes. Que busquen delincuentes por otro lado, que nos dejen trabajar”.
En un boletín de prensa del gobierno estatal, se informó que trabajadores de la delegación regional de Gobernación tuvieron un encuentro con integrantes de la Fetrag, en donde acordaron concluir el bloqueo que desde la mañana de este lunes mantenían en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Pie de la Cuesta.
Añadió que hoy se realizará una reunión, entre representantes de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para escuchar de primera mano las necesidades de los transportistas y atender eficazmente sus solicitudes.
Reporteros del Canal 6 del municipio de Tecpan de Galeana, denunciaron abuso de poder por parte de presuntos agentes de la Policía Estatal.
Señalaron que realizaban su trabajo sobre la investigación del aumento de pasaje y cobro de caseta.
Los reporteros Carlos y Gustavo Medellín Acosta, del Canal 6 local, señalaron que circulaban por el centro de la ciudad de Tecpan con su vehículo donde se encontraba la Marina en un filtro de revisión.
Destacaron que los agentes de la Marina les dejaron el paso libre para que siguiera circulando. Posteriormente les siguió una unidad presuntamente de la policía estatal, lo cual les preocupó porque no llevaban ninguna número de patrulla. La unidad los rebasó y regresa en sentido contrario y les cerraron el paso de manera violenta.
Los bajaron de su vehículo y al cuestionarle del porqué de esa situación, los presuntos agentes les señalaron que su auto estaba reportado como sospechoso.
Los afectados dijeron que no están en contra de este tipo de operativos, pero pidieron a las autoridades estatales regular el actuar de los policías estatales.
Cuando comenzaron a grabar les dijeron que estaba prohibido.
Adelantaron que no podrán queja en derechos humanos, pero confian que las autoridades correspondientes actúen.
Agregaron que hay quejas de abuso de poder en sus operativos en la ciudad. (Francisco Magaña / Atoyac).
La policía estatal Blanca Esthela Valente interrogada durante su retención en El Parotal Foto: Fotograma
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
En un video difundido en redes sociales de Internet se ve al grupo de 32 policías estatales retenidos por pobladores de El Parotal, en el municipio de Petatlán el 28 de enero, que se encuentran ya desarmados, en dos hileras, hombres y mujeres, algunos hincados y otros de pie, y sometidos a un interrogatorio, en el que responden a coro que iban acompañados por integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, los tres civiles que fueron asesinados aquel día junto a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En la red social Facebook en la cuenta de un usuario de nombre “Mata Pescados” creada el 30 de enero de este año, dos días después de que fueron desarmados y retenidos 32 policías estatales, y asesinados dos policías estatales y tres civiles en El Parotal, municipio de Petatlán, se difundieron videos y fotografías de lo ocurrido ese 28 de enero.
En un video que dura 56 segundos se observa al grupo de policías –algunos hincados en el piso de terracería, otros de pie, cerca de una valla metálica– es de noche y sus rostros son iluminados por dos lámparas.
En el segundo seis del video se escucha una voz de un hombre que les pregunta: “¿Con qué grupo venían? ¿con qué grupo venían?”.
–La Familia Michoacana–, responden los agentes.
–¿Y qué les pasó a los que venían con ustedes, a los de la Familia Michoacana, qué les pasó?–, les preguntó la voz.
–Se murieron –responden los agentes.
–¿Sí saben por qué se murieron verdad, qué hicieron antes de que les sucediera eso no?, ¿antes de que se les sometiera a ustedes sí saben lo que hicieron no, sí saben lo que hicieron en las casas aquellas, sí saben, sí ubican no, lo primero que hicieron porque varios andaban ahí, contesten.
–Sí–, responden los agentes, sin mucha convicción.
–¿Qué hicieron?– insiste la voz masculina.
–Llegaron y se metieron sin autorización–, se logra entender a algunos agentes.
–A ver cómo, más fuerte–, les insiste la voz de una persona que nunca sale en el video.
–Robaron en las casas– señalan los policías.
–Ah bueno, ya está–, es lo último que se escucha decir de la voz de quien interrogó a los agentes.
En un segundo video que dura 36 segundos, se observa cuando les indican a los agentes que se deben hincar.
En un tercer video que dura 40 segundos, se observa el interrogatorio a la policía estatal Blanca Esthela Valente Gutiérrez, a quien dos mujeres se le acercan cuando está a bordo de una patrulla, y le piden que retire sus manos de su cara antes de interrogarla.
–¿En dónde fue que recogiste a los civiles que vienen ahí?–, le dicen a la agente.
–En Acapulco–, responde ella.
–¿En dónde?–, le insisten.
–Afuera del hotel Fiesta Americana– dice la policía.
–¿Como a qué hora los recogiste?–, la cuestionan.
–Como a las 6 de la mañana–, expone la agente.
–¿Qué ropa portaban?–, le preguntan las mujeres.
–Una playera blanca y una camisa negra o azul– detalla Blanca Esthela.
–¿Y tú sabías que ellos no eran soldados verdad, no eran estatales?–, le preguntan.
–No me dijeron, pero supuestamente me dijeron que recogiéramos a alguien y ya– comenta la policía.
A 11 días de lo ocurrido, aún el gobierno del estado no ha aclarado si los tres civiles asesinados en El Parotal, eran integrantes del crimen organizado la Familia Michoacana, como lo denunciaron los pobladores de esa zona, tampoco quién ordenó que los llevaran a esa zona a bordo de las patrullas de la Policía Estatal y cuál era el objetivo del operativo.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez declaró a El Sur que lo ocurrido en El Parotal no fue un enfrentamiento sino un ataque directo, sin embargo no aclaró las dudas del por qué fue asesinado el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz de quien sólo se sabe era cercano al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y recién había sido nombrado en ese cargo.
Sin embargo, la muerte de esos tres civiles desató una serie de enfrentamientos armados en las localidades vecinas de Tecpan y Petatlán, en Santa Rosa de Lima, Coyuquilla Norte, Loma Baya, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, donde el 30 y 31 de enero los pobladores informaron de enfrentamientos contra presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.
Ese grupo resaltó desde julio y en septiembre del año pasado porque transportistas bloquearon la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala, para evitar que llegara una operación militar que supuestamente buscaba detener a los jefes de ese grupo delictivo, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, así como que transportistas expulsaron en dos ocasiones a grupos de militares con el argumento de que robaban durante los cateos en las casas.
La violencia llegó a un clímax el 5 de octubre cuando fueron asesinadas 22 personas en Ea cabecera municipal de San Miguel Totolapan, entre ellos al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, y a su padre el expresidente por dos periodos, Juan Mendoza Acosta, de lo que el gobierno federal responsabilizó a este grupo delictivo.
El 2022 terminó con un segundo ataque armado que dejó siete muertos el 10 de diciembre en la comunidad El Durazno, ubicada en parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, por presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer si hay detenidos por las dos masacres, tampoco si hay detenidos por los asesinatos, tampoco ha dado a conocer nada de lo ocurrido en El Parotal.
Al parecer, según la información publicada, La Familia Michoacana vive una expansión a otras regiones de Guerrero fuera de su bastión que había sido la Tierra Caliente, y ahora tiene enfrentamientos en otras como la zona Norte, luego de que en Buenavista de Cuéllar e Iguala mediante cartulinas presuntamente esta organización criminal se ha adjudicado recientes asesinatos en los primeros días de 2023, y en los que ha advertido de su presencia, así como en enfrentamientos armados en la Sierra y Costa Grande.
Habitantes de comunidades de la sierra de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán en la conferencia de prensa en la comisaría ejidal de Santa Rosa de Lima Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar y redacción
Santa Rosa / Chilpancingo
Comisarios y comisariados y habitantes de 21 comunidades de la sierra oriente de Petatlán que colindan con poblados de la sierra poniente de Tecpan de Galeana y con localidades de la sierra de Coyuca de Catalán, exigieron que el gobierno federal atienda el problema de inseguridad y violencia que genera un grupo de la delincuencia organizada que mantiene azolada esa región desde el 10 de diciembre pasado.
Ayer martes, unas 60 personas provenientes de comunidades de la sierra de los municipios mencionados, participaron en una conferencia de prensa que dieron comisarios municipales y comisariados ejidales en la casa ejidal de Santa Rosa de Lima, en Tecpan, que hicieron pública su demanda de seguridad y pavimentación de caminos en esa zona.
Por otra parte, a raíz de lo ocurrido el sábado en la localidad El Parotal, donde hubo tres civiles muertos junto con dos policías estatales, uno de ellos director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina Jaime Téllez Ruiz, además de 32 policías estatales desarmados y retenidos, y del enfrentamiento de ayer entre civiles en Santa Rosa, el gobierno estableció una Base de Operaciones Mixtas en la entrada a esta comunidad, donde militares, policías estatales y ministeriales, así como efectivos de la Guardia Nacional, resguardan el lugar.
Los asistentes a la conferencia que dieron los comisarios municipales y comisariados de esa región, llegaron de las comunidades Arroyo Seco, La Lajita, Arroyo Verde, El Palomar, El Barrio, El Parotal, Las Mesas, El Camarón, El Mameyal y Corrales del municipio de Petatlán; de La Florida, El Porvenir, La Ola y Santa Rosa de Lima, de Tecpan de Galeana y San Antonio Texas, Santa Clara, el Crucero de San Antonio, El Aguacate y El Durazno, de Coyuca de Catalán.
Ahí, en la comisaría ejidal, los comisarios municipales fueron haciendo uso del micrófono para expresar su sentir respecto al clima de violencia e inseguridad que prevalece en esa parte de la Sierra provocada por integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, en alusión a La Familia Michoacana, pero en ningún momento alguien pronunció este nombre.
En la conferencia de pensa presentaron videos de lo ocurrido el sábado en El Parotal; en uno aparece una comandanta de la Policía Estatal, Blanca Estela N., que ante la cámara declara que el sábado ella fue a recoger en el hotel Fiesta Americana de Acapulco a uno de los civiles que después fue asesinado en esa comunidad de la sierra de Petatlán. También presentaron videos donde se muestra que fueron alterados con cinta negra los números de las patrullas de la Policía Estatal en las que llegaron los efectivos estatales y civiles presuntaente de la Familia Michoacana a El Parotal.
Habló el presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien urgió al gobierno federal a que actúe, de lo contrario, “no vamos a poder trabajar, o nos vamos a defender y no vamos a poder trabajar tampoco, desde que pasó lo de El Durazno el 10 de diciembre, yo saqué la gente que tenía ahí trabajando, tengo 2 mil árboles de aguacate, creo que muchos de ustedes ya lo saben, están abandonados”.
Dijo que los que estaban ahí reunidos, “es para dar a conocer al gobierno que nos urgen las tres bases para poder trabajar y producir lo que todos comemos en las ciudades; una de dos, nos vamos a dedicar a defendernos o no vamos a poder trabajar tampoco, nos urgen esas bases, urge para que los pueblos puedan tratar de avanzar un poquito más y poder siquiera ir a darle la vuelta a las vacas, hacer los mandaditos que tenemos todos”.
“La segunda, darle a conocer al gobierno que los pueblos, con lo que tengamos, con resorteras o con lo que haya, los pueblos se van a defender, que no les caiga de raro si llegan a un pueblo y encuentran a alguien por ahí con un fierrito porque no tenemos otra alternativa, que acudan y hagan su trabajo como gobierno”.
Continuó, “y tercero, por ahí vinieron y dieron a conocer una información la Fiscalía del Estado que yo creo que es una mentira y de eso hay pruebas, lo que yo he escuchado es que hay pruebas, hay videos de que esas cosas realmente no pasaron como están diciendo los mandos y quisiéramos decirle a la gobernadora Evelyn que no estamos en contra de ella, somos guerrerenses también, somos sus amigos y somos su aliados, pero estamos cansados, que le ponga atención a sus mandos, están corrompidos y se le está demostrando”.
Dijo que le van a mostrar más pruebas de que hay mandos y elementos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que están involucrados con la delincuencia organizada, “para que ponga atención”.
Más adelante, comentó que en su momento, los pobladores de Santa Rosa hablaron con las familias que viven en esa localidad y que presuntamente están coludidas con el grupo de la delincuencia organizada al que se enfrentaron el lunes de esta semana, para pedirles que no se involucraran “para que esto no pasara, desgraciadamente, hay gente que siempre lo he dicho, esta guerra es de la gente de trabajo con la gente que no le gusta trabajar”.
“Esa el verdadero problema que hay, que ya no le gusta trabajar a la gente, que está caliente el sol a lo mejor, que es más fácil ir y quitarle al otro lo poquito que tiene, desgraciadamente este es un cáncer que está pasando en todo el país y en el mundo, el dios del mundo ahorita es el dinero, los gobiernos están corruptos, todo el mundo está sobre el dinero, ya no hay respeto, ya no hay honor, ya no hay justicia, ya no hay nada”.
Aseveró que este clima de inseguridad y violencia “se va a acabar hasta que los pueblos nos organicemos, qué está pasando en Zihuatanejo, en Acapulco, cómo es posible, ¿acaso no sabe realmente el gobierno qué es lo que está pasando, no se los matan ahí en los pies?, ¿cuántos policías no hay involucrados?, ¿cómo es posible que no vean esas cosas que están pasando ahí?, pues es simple, están corrompidos o son los que están realmente a la gente”.
Pidió a los habitantes de todos los pueblos de esa zona que “pongan atención a sus hijos, a sus familias, ya no se presten, si ven algo, denúncienlo, si no le tienen confianza al policía que está al pie de ellos pues hay otros números a los que pueden hablar, ya no hay que callar, tenemos que hacer un frente común contra la delincuencia, ya no podemos aguantar más, tenemos este problema, ya nos tocó a nosotros, hay que enfrentarlo por todos lados, ¿o quieren que sus hijos sigan con estos problemas que tenemos nosotros?, yo al menos no, estoy dispuesto a darle hasta donde sea, pero que este cáncer ya termine”.
Exigen tres Bases de Operaciones Mixtas
Enseguida, el comisario municipal de Santa Rosa, Guillermo Salas Guillén, pidió a los presentes a que se animaran a hablar, “si no es ahorita, cuándo, al rato hay otro movimiento de miedo y vamos a estar todos escondidos”.
La comisaria municipal de Arroyo Verde, María del Carmen Salas Orozco, criticó que la situación de violencia que están viviendo en todas esas comunidades debe llevarse hasta el gobierno federal, “porque a nivel estado, al contrario, en vez de apoyarnos, el gobierno nos ha estado dañando y perjudicando nuestros hogares y no, se trata de defendernos y si no nos van a apoyar, nos va a tocar a nosotros mismos buscar la forma de cómo defendernos”.
El comisario municipal de La Lajita, consideró injusto darle la mitad del dinero que ganan “a otras personas, pues no; hay que defender nuestro pueblo, nuestra familia, los hijos y de la gobernadora, de su gobierno que se presta a cosas corruptas, queremos un gobierno de justicia, de paz, queremos tranquilidad para las comunidades de esta ruta, necesitamos un gobierno que sea de justicia”.
Luego, habló el comisario de El Parotal, Francisco García, para pedir ayuda al gobierno federal, porque en su localidad ya no confían en el gobierno estatal, “la verdad estamos cansados de vivir esta situación de esto que se está viviendo en la sierra, hay muchos problemas, homicidios por parte de la gente armada porque nosotros no tenemos la capacidad para defendernos”.
Sostuvo que “somos unos humildes campesinos que nos dedicamos al campo, al trabajo, a nuestro ganado y la verdad ya nos da miedo salir al campo a trabajar”.
Enseguida, el comisario de Las Mesas, Pablo Mejía, demandó que el gobierno federal intervenga, “porque la situación está muy crítica ahorita, tenemos el ganado abandonado, el cultivo todo tirado, cosechas tiradas, ocupamos que nos echen la mano”.
Por su parte, la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García, dijo que “esas personas empezaron por El Durazno y así van a seguir y es un llamado para el presidente, al gobierno federal porque esto es delincuencia organizada y le pertenece al gobierno federal hacerse cargo, que no se quede nada más en el estado, que se haga cargo el gobierno federal, que ponga cartas en el asunto, a nosotros nos llegan los balazos y a él los abrazos, así que por favor, que ponga cartas en el asunto”.
De El Porvenir, el comisario Jesús Ayala, pidió justicia “a todo lo que está pasando, porque ya ven, nuestras familias no duermen, llore y llore, qué nos irá a pasar, se oyen para acá puras maldades que vienen a hacer y por todos lados”, por lo que pidió que el gobierno ponga las bases de operaciones mixtas, “donde vemos que puede estar más peligroso, en Santa Rosa, Las Mesas y el Crucero del Aguacate”.
Luego, volvió a hacer uso de la palabra Víctor Espino para denunciar que desde lo ocurrido en El Durazno, en toda esa región se han suspendido las clases en la mayoría de las comunidades, “ya no conocemos a los médicos ni los maestros”.
Mencionó que en el ejido San Antonio de las Tejas tienen 17 mil hectáreas de bosque, 8 mil en estudio, “arriba de 200 mil metros cuadrados, el metro vale 3 mil pesos, saquen la cuenta, cuál es el interés de esa gente, de ahí nosotros sacábamos para apoyar poquito a los maestros y a los médicos, las clínicas las hemos hecho nosotros, los caminos también, esos recursos nos los van a quitar, si entra esa gente ya no los vamos a volver a tener”.
“Decirle a la gobernadora que tenemos un año yendo al Palacio, nos estuvieron recibiendo con puras palmaditas, quedamos en un acuerdo, nos quitaron muchas cosas pero nos dijeron cuál era nuestra prioridad y es la seguridad e infraestructura, queremos caminos en la sierra para que puedan llegar los militares, para que puedan llegar los doctores y los maestros”.
Reprochó que en esas reuniones acordaron que se pavimentarían 5 kilómetros de carretera por año de administración de la gobernadora “y ahorita autorizaron 3 millones para una ruta nada más, qué vamos a hacer con eso, que cumplan sus acuerdos, nos urge la seguridad, es básica, los caminos son indispensables para que suba el gobierno a las comunidades más cercanas que están a 100 kilómetros de aquí, duran 24, 48 horas para llegar en tiempos de secas, en tiempos de agua no van a pasar”.
“Necesitamos las tres bases y le hacemos un llamado al presidente de la República, nosotros votamos por él y todavía creemos en él, hay muchos problemas en el país, pero la Sierra qué, pa’ cuándo”, cuestionó.
En esta reunión estuvo el coordinador auxiliar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo Verdeja Salas, con sede en Tecpan de Galeana, quien dijo ir comisionado por la presidenta de este organismo, para atenderlos luego de lo ocurrido el sábado 28 en El Parotal ante algún presunto abuso de autoridad, al tiempo que los conminó a hacer la denuncia correspondiente ante esta institución.
En Santa Rosa ya hay una BOM
De acuerdo con pobladores de Santa Rosa, la noche del domingo 29, fueron avisados por funcionarios del gobierno del estado que el lunes 30 por la mañana en ese lugar se instalaría una Base de Operaciones Mixtas para garantizar la seguridad de los habitantes, pero antes de que llegaran los elementos de las corporaciones policiacas, ocurrió el enfrentamiento entre habitantes del poblado e integrantes del grupo criminal que tiene azolada la región.
Ayer martes, una de las vecinas comentó que la balacera duró poco más de una hora pero que ésta concluyó con la llegada de los militares, marinos, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y policías ministeriales, los cuales se dirigieron con el comisario de Santa Rosa para pedirle que les apoyara con la asignación de un espacio para permanecer, por lo que se establecieron en la entrada a la comunidad, frente al arco.
Otro de los vecinos comentó que el lunes, “cuando estaba recio la balacera”, dos helicópteros sobrevolaron la zona y que el aparato de la Secretaría de Seguridad Pública aterrizó para llevarse a integrantes de las familias que no hace mucho tiempo se asentaron en ese lugar y que de acuerdo a los habitantes, han fungido como informantes y simpatizantes del grupo delincuencial al que se enfrentaron el lunes, “fueron los ministeriales los que se los sacaron en camionetas y los arrimaron al helicóptero para que se los llevaran”.
Dijo que esta acción, una vez que se conoció, provocó agravio entre los habitantes de las comunidades, pues consideran que es una evidencia “de que el propio gobierno del estado apoya a ese grupo criminal, por eso es que estamos pidiendo que el gobierno federal intervenga mientras la gobernadora hace una limpia de toda esa gente corrupta que tiene metida en su gobierno”.
