En una audiencia de trámite que duró apenas unos 40 minutos, el juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con residencia en Acapulco, acreditó ayer al abogado particular que asumirá la defensa de David, el tercer policía estatal que presuntamente disparó contra el estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Gómez Peralta fue asesinado la noche del 7 de marzo pasado en la colonia Indeco, en la salida hacia Tixtla, donde se ubica la Normal de Ayotzinapa.
El área jurídica del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) informó que la audiencia convocada para este lunes no fue para un “tema toral”, sino una audiencia de trámite que solicitó la defensa del tercer policía vinculado con el asesinato del normalista Gómez Peralta.
David, el tercer policía, quien se había fugado y fue detenido un mes después del asesinato de Kothan, es a quien se señala de haber disparado contra el estudiante.
Según al área jurídica del Centro Minerva Bello, agrupación que da acompañamiento a la familia de Yanqui Kothan, el policía estaba siendo asesorado por un defensor de oficio y ya contrató los servicios de un abogado particular, y se informó que la audiencia de ayer fue para su acreditación como tal.
“El nuevo abogado que designó, solicitó tener acceso a los registros, pero desafortunadamente él (el policía) no había aceptado cargos”.
Indicó que ante ello la Fiscalía negó la petición y estableció la audiencia de control para que se le reconociera la personalidad, que se le entregaran todas las actuaciones que obran en el expediente y para que el juez invitara al abogado “a que se conduzca con responsabilidad respecto a su cliente, porque en ningún momento se le ha negado el acceso a le carpeta”, explicó un abogados del Centro Minerva Bello.
Agregó que de manera integral el juicio que se sigue en contra de los tres policías implicados en el caso, se mantiene en su etapa de investigación complementaria, “es decir, todavía no se ha llegado la fecha del juicio, por lo tanto la actuación que hubo hoy (ayer) fue simplemente para que al imputado se le reconociera sus derecho”.
Indicó que ello implica que se le hizo saber que en ningún momento se le ha negado el acceso a los registros.
El abogado del Centro Minerva Bello informó que la defensa del tercer policía tendrá este martes acceso digital al contenido de la carpeta de investigación. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
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Está acéfala la Secretaría de Gobierno desde la renuncia de Ludwig Marcial hace tres meses
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Hace tres meses, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que aceptaba las renuncias del entonces secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, ante las crecientes manifestaciones de protesta debidas al asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de policías estatales.
Desde esa fecha, 14 de marzo, la Secretaría General de Gobierno no tiene titular, sino una encargada de despacho, Anacleta López Vega, antes subsecretaria Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Gobierno Estatal, cuyos trabajos siguen siendo atendidos por la misma funcionaria desde su nuevo despacho.
La mandataria estatal sí nombró secretario de Seguridad Pública al general brigadier del Ejército, Gabriel Zamudio López, y emitió el nombramiento del subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, antes director de Gobernación, en sustitución de Oscar Chávez Rendón, que separó de la administración estatal.
Hasta el 24 de junio estuvo acéfala, por meses, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. En esa fecha recibió el nombramiento de la gobernadora, el dos veces ex alcalde de Chilapa, Gustavo Miranda González, que ya laboraba en la administración estatal como director general adscrito a la subsecretaría.
Pero hasta este viernes 12 de julio, la dependencia reportó a través de sus redes sociales el nombramiento de Miranda González, como subsecretario de Asuntos Agrarios, cargo que aún no se actualizaba en el directorio de gobierno.
El 5 de julio se supo que había un nuevo secretario de Asuntos Agrarios, por una mención de su cargo en un boletín de prensa, como asistente en la clausura de escuela, que encabeza López Vega. Luego lo confirmó él mismo.
El jueves anterior, la encargada de despacho tomó protesta como director general del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Alfonso Lara Muñiz, ex funcionario de gobierno y de órganos electorales, en lugar de Alfonso Cadena Reyna.
Se reúne delegación del Alto Comisionado de la ONU con la mamá de Yanqui Kothan
La madre del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado el 7 de marzo en Chilpancingo con Vianey Gómez y la delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos encabezados por Denise González y el director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Filiberto Velázquez en la reunión que tuvieron en la en la Casa del Peregrino. Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes de una delegación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se reunió ayer con la madre del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, Vianey Gómez, y con el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, para conocer cómo va el caso.
Antes de la reunión que fue privada en la Casa del Peregrino, la madre de Yanqui Kothán celebró en declaraciones a los medios de comunicación que el organismo se haya interesado en el caso para darle seguimiento.
El estudiante fue asesinado por policías estatales el 7 de marzo pasado en el antiguo libramiento a Tixtla, en la salida de Chilpancingo.
La madre del joven explicó que ante tantos casos que han quedado en la impunidad, ella seguirá con su reclamo de justicia.
Por su parte, el padre Velázquez Florencio reconoció que todavía no hay indicios de que se quiera dejar el caso en la impunidad, pero consideró que es mejor que permanezcan atentos en lo que se realizan las próximas audiencias que serán en agosto y en septiembre, en las que se resolverá la situación de los tres policías estatales implicados en el asesinato del estudiante.
La delegación de los integrantes del Alto Comisionado de la ONU fue encabezada por Denise González Núñez, y evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.
Lamentablemente no hay justicia en Guerrero, advierte la mamá del normalista asesinado
Vianey Gómez declaró que “ustedes saben que aquí pasan muchos casos y los asesinos siguen sueltos y no se resuelve nada”, y que a eso se debe su reclamo de justicia por su hijo.
Indicó que también está triste por los sucesos violentos que han estado pasando en Guerrero, “lamentablemente no hay justicia, que es lo que queremos, todo el pueblo quiere justicia por todo lo que está pasando”.
“Yo pido justicia para mi hijo, porque yo conocí a mi hijo, no era malo, era buena gente, siempre apoyó a la gente que se lo pedía, él veía cómo, buscaba, pedía, de sus becas que le daban en la escuela ayudaba a la persona que le pedía apoyo. Ahora esperemos que haya justicia para Yanqui Kothán”.
Destacó que “gracias a Dios los de la ONU están interesados en el caso de mi hijo y espero en Dios que le den seguimiento hasta el final, para que se tenga justicia”.
El director del Centro Miner-va Bello, Filiberto Velázquez agradeció a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU porque dijo que desde un principio que se enteraron del caso han estado en contacto “a distancia”.
Declaró que ayer fue la primera vez que vinieron físicamente a Guerrero a escuchar a la familia, y que también buscarían reunirse con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) para actualizar la información.
“Es importante que este organismo internacional tenga los ojos en el caso. Sabemos que primero tienen que agotarse en las instancias judiciales en México para llegar a pensarse si se va a otra instancia internacional, pero el hecho de que ya estén al menos interesados y preguntando para estar al tanto, para nosotros es importante”, dijo.
Se buscará que los peritos sean sancionados por haber falseado sus reportes: Filiberto Velázquez
El sacerdote que da acompañamiento a la familia del estudiante asesinado, informó que los integrantes de la delegación vienen solamente como observadores, “para ver si hace bien o no su trabajo el Estado”.
Agregó que en agosto se van a desahogar las pruebas de los dos primeros policías detenidos, y en septiembre será la del tercero que había escapado, “esperemos que el periodo intermedio sea rápido para que podamos tener alguna sentencia favorable lo más pronto posible”.
Velázquez Florencio consideró que el hecho de que el asunto haya sido atraído por la FGR y esté en los ojos tanto de los medios como de los organismos internacionales, será difícil que se evadan de la justicia.
Contó que en lo que va del proceso, los policías imputados han pedido reservarse su derecho a declarar, pero que su abogado ha insistido en que ellos repelieron una agresión, a pesar de que no hay ningún motivo jurídico que pueda demostrar eso.
“Lo que sí nos da preocupación son los vicios que quedaron en la Fiscalía del estado, en esas pruebas periciales que estuvieron amañadas, y eso es lo que vamos a seguir viendo, para que los peritos sean sancionados por haber falseado sus peritajes”.
En cuanto a la sanción que pedían a los tres funcionarios que intentaron cambiar la narrativa de los hechos: el secretario de Go-bierno, Ludwig Marcial Reynoso; el de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera y la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdo-vinos Salmerón, dijo que “es un asunto pendiente del estado”.
Pero aclaró que debe ser el gobierno el que realice sus propias investigaciones internas.
“La sanción contra los funcionarios debe estar sustentada en lo que ellos hayan hecho, yo creo que hay otras acciones que sería el juicio político, pero será muy complicado porque sabemos cómo está integrado el Congreso, y va a generar un revuelo mediático pero muy poco vamos a lograr si optamos por esa vía”.
Dijo que por eso por ahora quieren concentrarse en el proceso penal a los perpetradores, “y todo va a llevar su proceso”.
Reconoció que también ven difícil que se cumpla su demanda de no repetición, porque “sabemos que la Policía del Estado está totalmente descompuesta, por más que cambien a los mandos, mientras siga la estrategia de seguridad de no profesionalizarlos y dejar todo el trabajo de seguridad pública a la Guardia Nacional, que al final es ineficiente para ese trabajo, no vamos a ver que esto pueda cambiar”.
Declaró que los sucesos de violencia que han pasado en Chichihualco y Acapulco “muestran la ineficiencia y la colusión de la Policía del Estado con los grupos del crimen organizado”.
Vinculan a proceso al policía David por el asesinato de Kothan; son ya tres detenidos
Argenis Salmerón
El Juez de Control vinculó a proceso al policía estatal que presuntamente mató al joven estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
La audiencia del policía estatal David que estaba prófugo y que fue detenido el pasado miércoles 10 de abril, comenzó a las 7 de la noche y terminó a las 10:20 en los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ubicados en zona Diamante.
En declaraciones a reporteros, el director del Centro de Derechos de Las Víctimas Minerva Bello, Filiberto Velázquez, dijo que solicitará peritos antropomórficos y de huellas dactilares, “lo que permita darle a la señora una certeza”, en referencia a que la madre de Kothan dijo por la tarde en Chilpancingo que tenía una fotografía del policía que disparó a su hijo y no coincidía con el detenido.
“Hay que aclarar, ella nunca lo ha visto, el problema fue la difusión extraoficial de una foto por Milenio y no sabemos si era de él”, puntualizó.
El sacerdote añadió “que después está la ficha que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces a quién le creemos y es lo que causa desconfianza de la señora”.
Confió en que la autoridad tomó los datos generales, huellas dactilares, “que sea alguien diferente el detenido, es una percepción de la mamá y se respeta”.
Precisó que la mamá de Yanqui Kothan no tiene acercamiento con el agente estatal detenido, “lo ve por cámaras”.
“La mamá de Yanqui no quiere que el caso de su hijo se utilice para una cuestión electoral, por ejemplo el candidato a senador Manuel Añorve decía que estaba de acuerdo, pues sí va estar de acuerdo”, indicó.
Pidió al gobierno y a la oposición, “que no se utilice una bandera política, ni el caso de los 43, ni el caso del Yanqui”.
Exigió que haya justicia en el caso que sea ajeno al proceso electoral. Sostuvo que este es el tercer policía del estado vinculado a proceso.
Declaró que el policía estatal David es acusado también por tentativa de homicidio por los otros dos estudiantes de Ayotzinapa. David es señalado como responsable de haber disparado la bala que hirió de muerte en la cabeza Yanqui Kothan.
La prueba de pólvora no es determinante, y el propio perito que realizó esas pruebas están viciadas sus propios testimonios, sobre todo los hallazgos que que había armas y drogas y que la Fiscalía del estado quiso validar esa versión, eso queda descartado”, acotó.
Declaró que las pruebas contundentes son los videos y los peritajes a la camioneta donde iban los estudiantes, que muestran que no se accionó un arma de fuego, todos los disparos son de afuera hacia adentro.
Informó que se le vincula a proceso por tentativa de homicidio y homicidio calificado doloso, “y que los policías tenían una superioridad de fuego contra las víctimas”.
Añadió que se le dio prisión preventiva y será recluido en el penal de Las Cruces y cinco meses de investigación complementaria.
Exigen familiares justicia para Kothan con cabalgata en Tixtla; ayer cumpliría 24 años
Zacarías Cervantes
Tixtla
Con una cabalgata que partió de las instalaciones de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, familiares y amigos del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado la noche del 7 de marzo en Chilpancingo, celebraron ayer su cumpleaños que sería el número 24, exigieron justicia y pidieron que no vaya a ser un caso más que quede en la impunidad.
Entrevistado durante el recorrido, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, quien da acompañamiento a los familiares de la víctima y a los normalistas de Ayotzinapa, informó que buscan estrategias para que los funcionarios que se vieron involucrados en falsear la información para desviar las investigaciones, se les abra un juicio político en el Congreso local, principalmente a la exfiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La cabalgata fue encabezada por la madre del estudiante, Lilia Vianey Peralta, y el director del Centro Minerva Bello, Velázquez Florencio.
Tanto la mamá del estudiante asesinado como el sacerdote Velázquez Florencio exigieron a las autoridades que el caso no vaya a quedar en la impunidad y expresaron su preocupación porque a casi un mes del asesinato del normalista a manos de policías estatales del grupo Centauro, el presunto responsable material del asesinato sigue prófugo.
La madre de Yanqui Kothan señaló que cree que el presunto homicida es protegido por las autoridades.
La cabalgata fue organizada por compañeros de un club de charros al que pertenecía Yanqui Kothan, y en ella participó el caballo Cascabel que montaba el normalista.
La cabalgata partió a las dos de la tarde de las instalaciones de la Normal, pasó por el centro de la cabera municipal y llegó al lienzo charro ubicado a la salida, rumbo a Chilapa.
Una banda de música amenizó todo el recorrido y un grupo de estudiantes de la normal coreó consignas.
“No hay palabras para descifrar el dolor de una madre y de una familia que deshicieron, porque yo, como sus hermanas, no superamos el dolor, la tristeza y el abandono. Nos hace mucha falta su presencia”, dijo la madre del normalista entrevistada durante el recorrido”.
Infirmó que cada que cumplía años, Yanqui Kothan celebraba con una “becerreada” en el lienzo charro con sus compañeros del club de charros, evocó, mientras señalaba con el índice a cascabel, el caballo del joven normalista.
Lilia Vianey pidió justicia a las autoridades por su hijo asesinado “y que entreguen a la persona que se fugó”, dijo que cree que hay protección de las autoridades hacia Víctor, el policía prófugo, a quien se señala como el que disparó en contra del normalista.
“Yo digo que si hay protección, ¿porque como se les escapó?, solamente que haya tenido alguna llave para poderse salir, pero no creo, alguien le ayudó a escapar”.
Sin embargo dijo que espera que no haya impunidad en el caso, y que den con el responsable.
Informó que ya no se ha reuniendo con las autoridades y que quienes si lo hacen para estar al pendiente son la licenciada que lleva el caso y el padre Filiberto Velázquez Florencio, “con ellos estamos en comunicación”, declaró.
Por su parte el sacerdote Velázquez Florencio, dijo que la cabalgata se organizó para decirle de alguna manera a las autoridades “aquí estamos, aquí seguimos exigiendo justicia, no hemos claudicado en esa exigencia”.
Asimismo, indicó que quisieron cumplir el cumpleaños de Yanqui Kothan con cosas que él hubiera hecho si viviera.
Infirmó que con respecto a la situación jurídica y las investigaciones, están transcurriendo los cinco meses que estableció el juez de control para la búsqueda de más pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que por parte de la defensa de la familia del joven también están buscando otras estrategias para que funcionarios públicos como la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón sea llamada ante la justicia.
“Ustedes han visto que se ha amparado, y si lo ha hecho es porque sabe que algo malo ha hecho, si no, no tendría por qué estar temiendo ser llamada por la justicia. Hay implicaciones judiciales en su contra porque ella era la responsable del caso”, dijo.
Informó que la madre del joven asesinado enviará una solicitud al Congreso local para que se abra un juicio político a los tres exfuncionarios señalados por las irregularidades del caso.
Los tres ex funcionarios señalados son el exsecretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el ex secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Declaró que todavía no se sabe nada del tercer policía fugado a quien se señala de haber disparado en contra del estudiante Yanqui Kothan, y que las autoridades no han expedido ninguna ficha de búsqueda.
“Ellos (las autoridades) dicen que como de alguna manera todavía no está procesado, no se puede realizar algún tipo de procedimiento judicial, al menos que ya estuviera sentenciado o vinculado se podría considerar prófugo, pero no ha pasado ese proceso porque está ausente”.
Velázquez Florencio dijo que debido a que el presunto responsable directo se fugó, al parecer con el apoyo de sus superiores, “es un caso que apunta a la impunidad, pero advirtió que en su escuela no se le va a perder la memoria, y la justicia tendrá que llegar ahorita o después”, confió.
Con respecto al proceso que se sigue en el Congreso local para el nombramiento del nuevo fiscal, agregó que siguen con la postura de que no se coloquen más militares en la FGE “ya que sabemos son autoritarios, son cuadrados y ponen en riesgo la democracia y la justicia del estado”.
Además, con respecto al nombramiento del general brigadier Gabriel Zamudio López, en la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución de Solano Rivera, Velázquez Florencio, dijo que no pasó su primera prueba de fuego, que fue el asesinato de Camila, la niña de 8 años secuestrada y asesinada en Taxco la semana pasada.
“¿Qué hizo la Policía del Estado, primero para prevenir, después para buscar a los agresores y para prevenir el linchamiento”. No saben (los militares) hacer ese trabajo, ahí está la respuesta, lo que acaba de acontecer en sus primeros 15 días de nombramiento”.
En mayo será la primera audiencia del amparo que solicitó la ex fiscal Valdovinos
Zacarías Cervantes / Lourdes Chávez
Chilpancingo
Será en mayo próximo cuando se realizará la primera audiencia para desahogar el amparo que promovió la exfiscal Sandra Luz Valdovinos en contra de la remoción de su cargo ante el Juzgado Décimo de Distrito de Chilpancingo, informó una fuente del gobierno del estado que está dando seguimiento al caso.
El gobierno estatal prevé que este juicio procesal dure más de un año debido a que espera que la exfiscal acuda ante la segunda instancia judicial, en caso de que la resolución del juzgado le sea desfavorable.
La exfiscal Valdovinos Salmerón, quien fue removida del cargo el 14 de marzo pasado, a raíz de las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, promovió tres amparos ante la justicia federal.
En el primero se quejó en contra de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, presuntamente porque mandó a asesinarla o desaparecerla, después de que fue removida del cargo.
Este asunto fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en Guerrero, con sede en Chilpancingo, que otorgó una suspensión para que cesaran los posibles actos contra la integridad de Valdovinos Salmerón, pero el 22 de marzo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, como representante legal de la gobernadora, respondió negando las acusaciones.
El gobierno estatal argumentó que en la denuncia de la ex fiscal se señala que son señalamientos verbales, y no existen otros elementos de prueba.
Sin embargo, en el caso de la queja de la exfiscal en la que señala omisión en el procedimiento y de citación para respetar su derecho a una audiencia, en la que denuncia que la decisión de removerla viola la Constitución del estado de Guerrero, el proceso continúa, reconocieron ayer fuentes del gobierno estatal.
En el expediente 351/2024 del amparo se señala que este fue presentado por la exfiscal el 16 de marzo, dos días después de que la gobernadora Salgado Pineda anunció su remoción de su cargo.
Valdovinos fue removida al igual que el ahora exsecretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el exsecretario de Seguridad Pública, Rolando Solano derivado de las protestas que realizaron los normalistas de Ayotzinapa por el asesinato de Yanqui Khotan Gómez ejecutado por policías estatales del grupo Centauro.
El 14 de marzo, después de que la gobernadora Evelyn Salgado informó que le había notificado a la fiscal su remoción al cargo, Sandra Luz se reveló y argumentó que no se estaba siguiendo el procedimiento administrativo, y que haría valer su derecho de audiencia ante el Congreso local, pero los diputados procedieron con su remoción el 19 de marzo.
El 22 de marzo, la exfiscal presentó la ratificación de su demanda de amparo en la que entregó según se informó, argumentos y reclamos contra la gobernadora Evelyn Salgado “y otras autoridades estatales”.
Una fuente del gobierno estatal informó que en este caso el Juzgado está citando a una audiencia para el mes de mayo (no precisó la fecha) en la que habrá una resolución de fondo del asunto.
Ello, se dijo, a pesar de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal promovió un recurso contra la suspensión del acto reclamado que le otorgó el juzgado a la exfiscal.
De acuerdo a la fuente, este asunto podría durar por lo menos un año, debido a que el gobierno prevé que la exfiscal recurra a un segundo recurso, si en la primera instancia se resuelve en su contra.
La exfiscal Valdovinos Salmerón promovió un tercer amparo indirecto con la finalidad de no ser detenida por una posible orden de aprehensión en su contra.
Desechan demanda de amparo
El juzgado décimo de distrito con sede en Chilpancingo admitió parcialmente la demanda de amparo indirecto 351/2024 que presentó la exfiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por una supuesta orden de la gobernadora de asesinato y desaparición, y lo desechó por la remoción del cargo.
De acuerdo con la página de la Judicatura federal, la demanda se presentó el 16 de marzo, dos días después que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la remoción de Sandra Luz Valdovinos como fiscal general del estado, y aceptó las renuncias de los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a las víctimas, y la fuga del autor material.
Entonces, Salgado Pineda explicó que tomó la decisión de separar del cargo a tres servidores públicos, “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente.
Los actos reclamados por Valdovinos, fue “la ilegal, inconstitucional e inconveniente” decisión de la gobernadora, de removerla del cargo, mediante oficio PE/SPG381/2024, fechado el 14 de marzo, señalando entre otros agravios, el respeto a la garantía de audiencia.
También denunció “la orden verbal a terceros de privarme de la vida por no dejar el cargo de fiscal general del estado de Guerrero, la orden verbal de tercero para atacar y afectar mi libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, por no dejar el cargo de fiscal”.
El caso se desechó, por cuanto hace a la remoción del cargo, que puede ser impugnado en cinco días hábiles, pero se admite por las amenazas.
La noche del asesinato de Kothan fueron tres los normalistas detenidos y torturados
Maribel Gutiérrez
La noche del 7 de marzo, cuando fue asesinado el estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, tres compañeros de él fueron detenidos, torturados, golpeados y amenazados por policías estatales, y en la captura y golpes a dos de ellos participaron también militares.
Trece días después no se ha abierto investigación sobre esos delitos y violaciones a los derechos humanos de los jóvenes de Ayotzinapa, y por el contrario, uno de ellos, Osiel, copiloto de la camioneta que conducía Kothan, está imputado por robo del vehículo, que fue tomado por normalistas el 29 de febrero.
La información sobre estos hechos fue recabada en los primeros días por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, defensor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero no lleva los casos de los estudiantes. En entrevista, el martes, el abogado da a conocer los testimonios de las torturas que los tres jóvenes sufrieron, y que presentaron en la Normal Rural.
Ayer, miércoles 20, en un boletín de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) que desde el viernes 8 de marzo atrajo la investigación del asesinato de Yanqui Kothan a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que un juez federal de Acapulco dictó auto de vinculación a proceso a dos policías estatales imputados por el asesinato del estudiante de 23 años.
En el texto, la FGR reconoce que en los hechos del 7 de marzo hay violaciones a los derechos humanos del estudiante fallecido y dos estudiantes afectados por la Policía Estatal, pero no informa que se esté investigando la tortura y detención ilegal o desaparición forzada durante horas de los dos afectados. Dice que atrajo la investigación de los hechos “en los que resultó un estudiante fallecido y dos estudiantes afectados por integrantes de la Policía Estatal, al advertirse violaciones a sus derechos humanos”.
Vidulfo Rosales expone que desde el punto de vista de los defensores de Tlachinollan se deben investigar los agravios a los tres normalistas que fueron detenidos ilegalmente la noche del 7 de marzo en la entrada a Chilpancingo por el viejo libramiento a Tixtla: Osiel retenido durante más de 10 horas, desde el ataque a balazos a la camioneta que usaban los jóvenes antes de las 9 de la noche hasta que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a las 7 de la mañana del 8 de marzo, su compañero identificado como Arenita y otro normalista que acudió a ayudarle, durante tres o cuatro horas.
En la narrativa que tiene Vidulfo Rosales de los acontecimientos se va precisando la información, y se confirma según los testigos que no había un retén policiaco ni arco de revisión de vehículos, que los policías atacaron a los estudiantes, que no hubo enfrentamieto y los jóvenes no iban armados, y que los policías trataron de culpar a las víctimas mediante la siembra de armas y supuesta droga y un parte informativo falso.
Expone: “La narrativa que nosotros tenemos es de los testigos que estuvieron ahí, o sea los estudiantes que vivieron el hecho. Ellos lo que nos refieren es que llegaron en la camioneta, tres estudiantes, (Yanqui Kothan en el volante, Osiel en el asiento del copiloto y Arenita atrás). Se estacionan frente a la tienda, que es el depósito Jazmín, y que Arenita se baja a comprar cigarros.
“Nos dicen los testigos que cuando Arenita se baja, todavía le pregunta a Kothan cuántos cigarros van a ser, ya no alcanza a contestar porque dice que llegan dos policías en moto, dice que una moto se para atrás y otra adelante, se bajan los policías con sus armas, apuntándoles, y empiezan a golpear la camioneta pidiendo que desciendan y ahí es cuando se da todo el desenlace.
“Ellos vieron dos policías en sus correspondientes motos, lo que ellos alcanzaron a ver fue una acción rápida, en la noche oscura, no sabemos si atrás o a los lados probablemente había otro policía con otra moto, pero los que fueron asegurados por la Fiscalía fueron tres, y el parte informativo policial está alterado, lo firman tres policías, dicen que los tres llegaron al lugar, esa es la versión policica, de los tres, Pero los jóvenes en su testimonio dicen que de inmediato lo que ellos ven son dos.
“Llegan, los paran, Yanqui Kothan trata de arrancarse y le disparan primero a las llantas y después a la camioneta y a su persona”.
Agrega que en el parte informativo, los policías estatales hablan de un enfrentamiento y que Yanqui Kothan tenía un arma corta y que Arenita tenía un arma larga, pero la que ponen a disposición es el arma corta que no tiene casquillos, no encontraron casquillos alrededor, no hay prueba de que esa arma haya disparado, y el arma que según tenía el estudiante Arenita ni siquiera fue puesta a disposición, porque dicen que él se la llevó corriendo hacia la parte baja, pero no tiene fuerza esa aseveración, porque minutos más tarde, metros más adelante es detenido Arenita y el arma no se la encontraron”.
Explica el abogado que Arenita sale huyendo y pide auxilio a otro compañero que estaba en la escuela, localizada a unos 30 minutos, y este otro estudiante se hace acompañar de otro más, y llegan en una motocicleta de la Normal.
Los dos se encuentran con Arenita y son detenidos por militares que ya habían llegado al lugar donde originalmente sólo aparecieron los policías estatales del grupo especial de respuesta Centauro.
El segundo estudiante que llega en auxilio se queda muy atrás, y nada más Arenita y el primer comañero que llega a ayudarle son detenidos, casi al momento en que se encuentran.
El otro joven queda fuera del radio de acción y no lo detienen, incluso filmó una pequeña parte de la detención, y cuando lo ven los militares les dice que no es de Ayotzinapa, le preguntan porqué estaba ahí, y porqué estaba filmando, y dijo que ya no iba a filmar y lo dejan ir.
Osiel
El copiloto de la camioneta, Osiel es detenido inmediatamente después de los disparos, uno de los cuales hirió de muerte a Yanqui Kothan, y se lo llevan policías del estado y lo andan cargando por varios lugares, es llevado a oficinas de varias instituciones, primero hacia Petaquillas, y después a otros rumbos, y finalmente lo llevan a a una oficina contra el narcomenudeo, antes de entregarlo a la Fiscalía, donde es puesto a disposición del agente del Ministerio Público a las 7 de la mañana.
El abogado considera que se configura el delito de tortura a Osiel, y explica:
“Mientras estaba detenido ilegalmente lo estuvieron golpeando, los policías lo golpearon en distintos momentos, cuando fue llevado a Petaquillas y a otras oficinas, fue golpeado en el camino y en las oficinas, adentro de un vhículo donde lo llevaban tirado en el piso y con los ojos vendados y lo amenazaban, le exigían constantemente que dijera dónde estaban las amas, o de quién era el arma, de quién era la droga, que si él iba con droga, que si él iba armado, que si él había disparado, lo estuvieron amenazando, coaccionando y golpeando para que se declarara culpable. Él nunca lo hizo”.
Arenita, arrestado por militares
Arenita escapa cuando vio el ataque de los policías a sus compañeros en la camioneta. Se va a una barranca entre la colonia Indeco y El Tomatal. Habla por celular a un compañero que estaba en Ayotzinapa y le pide que acuda a ayudarle, este compañero va con otro estudiante en una moto.
Los motociclistas llegan a El Tomatal, y Arenita sale de su escondite, se ven y poco antes de que se acercara a uno de ellos, son detenidos por militares.
Los militares lo llevan a una banqueta y uno de ellos le pregunta: ¿tú eres el que andaba allá armado? y Arenita le dice, ‘yo no soy, yo vengo de la Zapata, vengo de ver a mi novia’. El militar replica: cómo que vienes de ver a tu novia, si vienes todo sudado, todo sucio. Ahí el militar golpea a Arenita. En ese momento llegaron poli-cías del estado y los militares les entregaron a Arenita.
Al otro estudiante lo detienen tambén los militares, y lo entregan a los policías del estado.
Los estatales los separan y a cada uno en distinta camioneta lo llevan a diversos lugares a bordo de patrullas de la Policía del Estado, moviéndose. Arenita contó que a él lo tuvieron cargando en las calles, a veces lo paraban en una esquina y lo golpeaban, le decían que confesara que él era el que andaba en la camioneta y lo negó, pero llegó un momento en que lo doblegaron y dijo que sí iba en la camioneta.
Dice que después de tres o cuatro horas que lo tuvieron yendo de un lugar lo soltaron y le dijeron que no habían encontrado nada. Lo juntaron con su compañero, el tercer detenido, y les dijeron “váyanse”.
Tercer detenido
Al estudiante que acudió en auxilio de Arenita, de quien no se tienen nombre ni seudónimo, también lo tuvieron circulando por las calles de Chilpancingo, en una camioneta de la Policía Estatal, tirado en el piso y con los ojos vendados y lo iban golpeando. Y llegó un momento en que lo dejan en libertad, y lo juntan con Arenita.
Vidulfo Rosales reproduce los testimonios, y precisa que los estudiantes dicen que “no logran definir bien cuánto tiempo los tuvieron retenidos ilegalmente, pero calculan que como tres o cuatro horas durante las cuales fueron golpeados y pa-teados. No ubican los lugares por los que transitaron porque no podían ver, supuestamente calles de Chilpancingo.
Dicen que cuando los poli-cías los liberaron, les tomaron video, y les dijeron caminen, digan que están ilesos, en buenas condiciones. Y se fueron caminando y de raid llegaron a la Normal Rural de Ayotzinapa, juntos.
De los tres detenidos, Osiel declaró en el MP en carácter de imputado por robo de la camioneta y Arenita declaró como testigo.
Vidulfo Rosales dice que se debe abrir una investigación por la tortura y la privación de la libertad que sufrieron.
Renuncia el encargado de la FGE; no tiene la edad mínima para ese puesto, argumenta
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El vicefiscal de Investigación con funciones de encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, presentó ayer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su renuncia “con carácter de irrevocable”, con el argumento de que no cuenta con la edad mínima requerida para encabezar ese órgano autónomo.
Mediante oficio de fecha 19 de marzo, que circuló anoche, Hernández Mendoza argumenta que “después de haber servido de una forma objetiva, honrada, transparente y profesional dentro del ejercicio de mis funciones, el día de hoy con satisfacción de haber cumplido con el deber que se me confirió, presento mi renuncia con carácter de irrevocable como Vicefiscal de Investigación con funciones de Encargado de Despacho”.
Hernández había asumido el cargo el viernes pasado, cuando se presentó ya como encargado de despacho ante la Mesa de Coordi-nación para la Construcción de la Paz donde convergen las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
El artículo 111 de la Constitu-ción local establece una edad mínima de 30 años entre los requisitos para ser fiscal, y Hernández Mendoza tiene 28 años.
“En este sentido y con una profunda tristeza me separo de mis funciones convencido de que la decisión tomada favorecerá a esta institución y al Estado de Guerrero”, dice en su documento.
Explica que conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía “corresponde suplir en excusas y ausencias al Vicefiscal de Prevención y Seguimiento”.
Después de las 10 de la noche, el gobierno del estado confirmó en un comunicado la renuncia del vicefiscal Hernández Mendoza y que con base a al artículo 144 de la Ley Orgánica de la FGE corresponde al vicefiscal de Prevención y Seguimiento Gustavo Romero Rosas asumir la titularidad como encargado de ese órgano autónomo.
La grave crisis por la que pasa la FGE se inició el jueves pasado cuando la gobernadora Salgado Pineda anunció la notificación de la remoción del cargo a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, derivado de las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Durante las primeras horas después del anuncio de la gobernadora, la fiscal se rebeló y advirtió en un comunicado que agotaría el proceso administrativo y que haría valer sus derechos ante el Congreso local.
Sin embargo, a partir del viernes, asumió como encargado de despacho el vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza en sustitución de Valdovinos Salmerón, y cinco días después ha presentado su renuncia a la gobernadora.
Acepta Evelyn renuncias en Gobierno y Seguridad Pública y remueve a la fiscal
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó las renuncias de los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y ordenó la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos en el contexto de la crisis social y moral tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Con un mensaje desde Casa Guerrero difundido en línea, Salgado Pineda informó que aceptaba las renuncias de los dos integrantes de su gabinete y anunció que en ejercidio de sus facultades constitucionales notificaría a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, su remoción del cargo, mediante el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente del que dará vista al Congreso local.
De acuerdo con el artículo 142, numeral 7, de la Constitución del estado, “el Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en la propia Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
Aunque la Constitución no señala dichas causas graves, la remoción de la fiscal también podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso local, que realiza el nombramiento.
El mensaje
Casi a las 2 de la tarde, desde el lobby de la residencia oficial Casa Guerrero, la gobernadora emitió el mensaje para la ciudadanía mediante las redes sociales, a una semana del asesinato del joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en el viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Salgado Pineda ratificó que tiene “total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia” en el caso en el cual además del asesinato, secretarios de su gabinete difundieron una versión falsa de los hechos para responsabilizar a los normalistas y autoridades locales peermitieron la fuga del policía señalado de haber disparado contra el estudiante Gómez Peralta.
Informó que “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera”.
Añadió que, “con base en mi facultad constitucional, se notificará a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Aseguró que en Guerrero “hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad, en este y en todos los casos”.
En la parte final del mensaje enfatizó que su compromiso es con la verdad y la justicia, “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
Tras el homicidio del normalista de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública dieron una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada el 8 de marzo, unas horas después de los hechos, para decir que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo donde encontraron drogas y un arma. La versión fue desmentida el lunes en su conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien también informó que los tres policías ya estaban presos y a disposición de la “Fiscalía General”. Y al día siguiente reveló que el policía que habría disparado contra el normalista se había escapado con la complicidad de autoridades locales.
El 25 de enero de este año, el general brigadier Rolando Solano Rivera sustituyó al capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad Pública en Guerrero. Llevaba mes y medio en el cargo.
Mientras que Ludwig Marcial Reynoso es un viejo colaborador del senador Félix Salgado Macedonio –con quien fue secretario general del Ayuntamiento cuando éste fue alcalde de Acapulco– y a pocos meses de la gestión de Evelyn Salgado sustituyó en el cargo al experimentado político de izquierda Saúl López Sollano.
Se culpan la Fiscalía y la SSP por la fuga del policía implicado en el asesinato de Kothan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta por policías estatales, sacó a flote las diferencias que existen entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.
La FGE aseguró que nadie le puso a su disposición a ningún detenido por el caso, con lo que se deslindó de la fuga de uno de los presuntos responsables del asesinato del normalista, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, respondió en otro boletín que hubo dilación del Ministerio Público, dependiente de la FGE, “para recepcionar la puesta a disposición” de los policías involucrados en el caso.
El intercambio de versiones oficiales se dio después de que la mañana de ayer estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa irrumpieron en las instalaciones de la FGE e incendiaron al menos 11 vehículos en el estacionamiento de la dependencia, donde tuvieron un zipizape con agentes de la Guardia Nacional que intentaron proteger el edificio.
La FGE precisó que con relación a la carpeta de investigación que inició por el delito de homicidio calificado del normalista Yanqui, “durante el desarrollo de las investigaciones ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
Afirmó que en ningún momento la Fiscalía tuvo como detenidos a dichos servidores públicos, “aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.
Refirió que la FGE remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos de lo sucedido recabados por autoridades ministeriales “y múltiples indicios asegurados por esta Fiscalía”.
Agregó: “En ese contexto, se informa que ante la quema de once vehículos en el estacionamiento de esta institución, se procedió al desalojo del personal lamentando que cuatro elementos resultaron heridos en el ataque con artefactos explosivos de los normalistas”.
La dependencia reprobó “los injustificados ataques lanzados por los normalistas a este organismo autónomo el día de hoy, toda vez que esta Fiscalía ha actuado de manera objetiva e imparcial, respetando los derechos de los familiares de la víctima”.
Minutos después de este boletín de la FGE la Secretaría de Seguridad Pública estatal respondió con otro boletín con el que refutó a la FGE los señalamientos relacionados con el caso del asesinato del estudiante Yanqui Kothan, y la fuga del policía, presunto asesino del normalista.
La dependencia aclaró: “Con el firme propósito de contribuir en el esclarecimiento de los eventos ocurridos el pasado 7 de marzo (el día del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa), la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero informa que desde el primer momento de los hechos, los elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la Agencia Especializada de Delitos Graves de la FGE, el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.
Aclaró que “es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y, en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión”.
Sin embargo, dice que en el ánimo de colaborar con las instancias ministeriales y en espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “actuó sin ninguna omisión, pues los elementos se mantienen plenamente identificados”.
Aclaró que a las 7:30 horas del 8 de marzo, los tres elementos de la Policía Estatal “rindieron entrevista ante la Fiscalía del Estado de manera voluntaria, quienes manifestaron en todo momento su deseo de declarar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos”.
La dependencia señaló, sin embargo, que “hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar la puesta a disposición, asimismo durante todo el evento la enlace Jurídico Región Centro, intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente, sin obtener resultados”, acusó.
La dependencia refirió que en el ámbito de la competencia jurídica de esa Secretaría de Seguridad Pública, dos de los elementos policiacos “se encuentran resguardados de manera voluntaria administrativa para aclarar los hechos, mientras que uno más está en proceso su localización por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”.
En el comunicado no se reconoce que al menos uno de ellos se fugó, como lo informó en su conferencia de prensa matutina de este martes el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y lo confirmaron fuentes policiacas.
“Es de resaltar –agregó la Secretaría de Seguridad Pública estatal- que estos procedimientos se han atendido de manera transparente y conforme a derecho de los propios elementos involucrados en los hechos, cuidando los protocolos de actuación”.
Aclaró que la institución “se rige por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con estricto apego a las leyes sobre el uso de la fuerza y los protocolos de actuación policial”.
Añadió que cualquier miembro o elemento que transgreda estos principios debe ser sancionado conforme a la ley.
“La Secretaría de Seguridad Pública del estado seguirá brindado las facilidades a los requerimientos que solicite la instancia federal, en el ánimo de generar las condiciones necesarias para garantizar que estos lamentables acontecimientos no queden impunes”, resaltó.