El Juez de Control vinculó a proceso al policía estatal que presuntamente mató al joven estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
La audiencia del policía estatal David que estaba prófugo y que fue detenido el pasado miércoles 10 de abril, comenzó a las 7 de la noche y terminó a las 10:20 en los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ubicados en zona Diamante.
En declaraciones a reporteros, el director del Centro de Derechos de Las Víctimas Minerva Bello, Filiberto Velázquez, dijo que solicitará peritos antropomórficos y de huellas dactilares, “lo que permita darle a la señora una certeza”, en referencia a que la madre de Kothan dijo por la tarde en Chilpancingo que tenía una fotografía del policía que disparó a su hijo y no coincidía con el detenido.
“Hay que aclarar, ella nunca lo ha visto, el problema fue la difusión extraoficial de una foto por Milenio y no sabemos si era de él”, puntualizó.
El sacerdote añadió “que después está la ficha que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces a quién le creemos y es lo que causa desconfianza de la señora”.
Confió en que la autoridad tomó los datos generales, huellas dactilares, “que sea alguien diferente el detenido, es una percepción de la mamá y se respeta”.
Precisó que la mamá de Yanqui Kothan no tiene acercamiento con el agente estatal detenido, “lo ve por cámaras”.
“La mamá de Yanqui no quiere que el caso de su hijo se utilice para una cuestión electoral, por ejemplo el candidato a senador Manuel Añorve decía que estaba de acuerdo, pues sí va estar de acuerdo”, indicó.
Pidió al gobierno y a la oposición, “que no se utilice una bandera política, ni el caso de los 43, ni el caso del Yanqui”.
Exigió que haya justicia en el caso que sea ajeno al proceso electoral. Sostuvo que este es el tercer policía del estado vinculado a proceso.
Declaró que el policía estatal David es acusado también por tentativa de homicidio por los otros dos estudiantes de Ayotzinapa. David es señalado como responsable de haber disparado la bala que hirió de muerte en la cabeza Yanqui Kothan.
La prueba de pólvora no es determinante, y el propio perito que realizó esas pruebas están viciadas sus propios testimonios, sobre todo los hallazgos que que había armas y drogas y que la Fiscalía del estado quiso validar esa versión, eso queda descartado”, acotó.
Declaró que las pruebas contundentes son los videos y los peritajes a la camioneta donde iban los estudiantes, que muestran que no se accionó un arma de fuego, todos los disparos son de afuera hacia adentro.
Informó que se le vincula a proceso por tentativa de homicidio y homicidio calificado doloso, “y que los policías tenían una superioridad de fuego contra las víctimas”.
Añadió que se le dio prisión preventiva y será recluido en el penal de Las Cruces y cinco meses de investigación complementaria.
Familiares y amigos de estudiante de la Normal de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta asesinado la noche del 7 de marzo en Chilpancingo, realizaron una cabalgata en conmemoración de su cumpleaños Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Tixtla
Con una cabalgata que partió de las instalaciones de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, familiares y amigos del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado la noche del 7 de marzo en Chilpancingo, celebraron ayer su cumpleaños que sería el número 24, exigieron justicia y pidieron que no vaya a ser un caso más que quede en la impunidad.
Entrevistado durante el recorrido, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, quien da acompañamiento a los familiares de la víctima y a los normalistas de Ayotzinapa, informó que buscan estrategias para que los funcionarios que se vieron involucrados en falsear la información para desviar las investigaciones, se les abra un juicio político en el Congreso local, principalmente a la exfiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La cabalgata fue encabezada por la madre del estudiante, Lilia Vianey Peralta, y el director del Centro Minerva Bello, Velázquez Florencio.
Tanto la mamá del estudiante asesinado como el sacerdote Velázquez Florencio exigieron a las autoridades que el caso no vaya a quedar en la impunidad y expresaron su preocupación porque a casi un mes del asesinato del normalista a manos de policías estatales del grupo Centauro, el presunto responsable material del asesinato sigue prófugo.
La madre de Yanqui Kothan señaló que cree que el presunto homicida es protegido por las autoridades.
La cabalgata fue organizada por compañeros de un club de charros al que pertenecía Yanqui Kothan, y en ella participó el caballo Cascabel que montaba el normalista.
La cabalgata partió a las dos de la tarde de las instalaciones de la Normal, pasó por el centro de la cabera municipal y llegó al lienzo charro ubicado a la salida, rumbo a Chilapa.
Una banda de música amenizó todo el recorrido y un grupo de estudiantes de la normal coreó consignas.
“No hay palabras para descifrar el dolor de una madre y de una familia que deshicieron, porque yo, como sus hermanas, no superamos el dolor, la tristeza y el abandono. Nos hace mucha falta su presencia”, dijo la madre del normalista entrevistada durante el recorrido”.
Infirmó que cada que cumplía años, Yanqui Kothan celebraba con una “becerreada” en el lienzo charro con sus compañeros del club de charros, evocó, mientras señalaba con el índice a cascabel, el caballo del joven normalista.
Lilia Vianey pidió justicia a las autoridades por su hijo asesinado “y que entreguen a la persona que se fugó”, dijo que cree que hay protección de las autoridades hacia Víctor, el policía prófugo, a quien se señala como el que disparó en contra del normalista.
“Yo digo que si hay protección, ¿porque como se les escapó?, solamente que haya tenido alguna llave para poderse salir, pero no creo, alguien le ayudó a escapar”.
Sin embargo dijo que espera que no haya impunidad en el caso, y que den con el responsable.
Informó que ya no se ha reuniendo con las autoridades y que quienes si lo hacen para estar al pendiente son la licenciada que lleva el caso y el padre Filiberto Velázquez Florencio, “con ellos estamos en comunicación”, declaró.
Por su parte el sacerdote Velázquez Florencio, dijo que la cabalgata se organizó para decirle de alguna manera a las autoridades “aquí estamos, aquí seguimos exigiendo justicia, no hemos claudicado en esa exigencia”.
Asimismo, indicó que quisieron cumplir el cumpleaños de Yanqui Kothan con cosas que él hubiera hecho si viviera.
Infirmó que con respecto a la situación jurídica y las investigaciones, están transcurriendo los cinco meses que estableció el juez de control para la búsqueda de más pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que por parte de la defensa de la familia del joven también están buscando otras estrategias para que funcionarios públicos como la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón sea llamada ante la justicia.
“Ustedes han visto que se ha amparado, y si lo ha hecho es porque sabe que algo malo ha hecho, si no, no tendría por qué estar temiendo ser llamada por la justicia. Hay implicaciones judiciales en su contra porque ella era la responsable del caso”, dijo.
Informó que la madre del joven asesinado enviará una solicitud al Congreso local para que se abra un juicio político a los tres exfuncionarios señalados por las irregularidades del caso.
Los tres ex funcionarios señalados son el exsecretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el ex secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Declaró que todavía no se sabe nada del tercer policía fugado a quien se señala de haber disparado en contra del estudiante Yanqui Kothan, y que las autoridades no han expedido ninguna ficha de búsqueda.
“Ellos (las autoridades) dicen que como de alguna manera todavía no está procesado, no se puede realizar algún tipo de procedimiento judicial, al menos que ya estuviera sentenciado o vinculado se podría considerar prófugo, pero no ha pasado ese proceso porque está ausente”.
Velázquez Florencio dijo que debido a que el presunto responsable directo se fugó, al parecer con el apoyo de sus superiores, “es un caso que apunta a la impunidad, pero advirtió que en su escuela no se le va a perder la memoria, y la justicia tendrá que llegar ahorita o después”, confió.
Con respecto al proceso que se sigue en el Congreso local para el nombramiento del nuevo fiscal, agregó que siguen con la postura de que no se coloquen más militares en la FGE “ya que sabemos son autoritarios, son cuadrados y ponen en riesgo la democracia y la justicia del estado”.
Además, con respecto al nombramiento del general brigadier Gabriel Zamudio López, en la Secretaría de Seguridad Pública en sustitución de Solano Rivera, Velázquez Florencio, dijo que no pasó su primera prueba de fuego, que fue el asesinato de Camila, la niña de 8 años secuestrada y asesinada en Taxco la semana pasada.
“¿Qué hizo la Policía del Estado, primero para prevenir, después para buscar a los agresores y para prevenir el linchamiento”. No saben (los militares) hacer ese trabajo, ahí está la respuesta, lo que acaba de acontecer en sus primeros 15 días de nombramiento”.
Será en mayo próximo cuando se realizará la primera audiencia para desahogar el amparo que promovió la exfiscal Sandra Luz Valdovinos en contra de la remoción de su cargo ante el Juzgado Décimo de Distrito de Chilpancingo, informó una fuente del gobierno del estado que está dando seguimiento al caso.
El gobierno estatal prevé que este juicio procesal dure más de un año debido a que espera que la exfiscal acuda ante la segunda instancia judicial, en caso de que la resolución del juzgado le sea desfavorable.
La exfiscal Valdovinos Salmerón, quien fue removida del cargo el 14 de marzo pasado, a raíz de las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, promovió tres amparos ante la justicia federal.
En el primero se quejó en contra de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, presuntamente porque mandó a asesinarla o desaparecerla, después de que fue removida del cargo.
Este asunto fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en Guerrero, con sede en Chilpancingo, que otorgó una suspensión para que cesaran los posibles actos contra la integridad de Valdovinos Salmerón, pero el 22 de marzo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, como representante legal de la gobernadora, respondió negando las acusaciones.
El gobierno estatal argumentó que en la denuncia de la ex fiscal se señala que son señalamientos verbales, y no existen otros elementos de prueba.
Sin embargo, en el caso de la queja de la exfiscal en la que señala omisión en el procedimiento y de citación para respetar su derecho a una audiencia, en la que denuncia que la decisión de removerla viola la Constitución del estado de Guerrero, el proceso continúa, reconocieron ayer fuentes del gobierno estatal.
En el expediente 351/2024 del amparo se señala que este fue presentado por la exfiscal el 16 de marzo, dos días después de que la gobernadora Salgado Pineda anunció su remoción de su cargo.
Valdovinos fue removida al igual que el ahora exsecretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el exsecretario de Seguridad Pública, Rolando Solano derivado de las protestas que realizaron los normalistas de Ayotzinapa por el asesinato de Yanqui Khotan Gómez ejecutado por policías estatales del grupo Centauro.
El 14 de marzo, después de que la gobernadora Evelyn Salgado informó que le había notificado a la fiscal su remoción al cargo, Sandra Luz se reveló y argumentó que no se estaba siguiendo el procedimiento administrativo, y que haría valer su derecho de audiencia ante el Congreso local, pero los diputados procedieron con su remoción el 19 de marzo.
El 22 de marzo, la exfiscal presentó la ratificación de su demanda de amparo en la que entregó según se informó, argumentos y reclamos contra la gobernadora Evelyn Salgado “y otras autoridades estatales”.
Una fuente del gobierno estatal informó que en este caso el Juzgado está citando a una audiencia para el mes de mayo (no precisó la fecha) en la que habrá una resolución de fondo del asunto.
Ello, se dijo, a pesar de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal promovió un recurso contra la suspensión del acto reclamado que le otorgó el juzgado a la exfiscal.
De acuerdo a la fuente, este asunto podría durar por lo menos un año, debido a que el gobierno prevé que la exfiscal recurra a un segundo recurso, si en la primera instancia se resuelve en su contra.
La exfiscal Valdovinos Salmerón promovió un tercer amparo indirecto con la finalidad de no ser detenida por una posible orden de aprehensión en su contra.
Desechan demanda de amparo
El juzgado décimo de distrito con sede en Chilpancingo admitió parcialmente la demanda de amparo indirecto 351/2024 que presentó la exfiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por una supuesta orden de la gobernadora de asesinato y desaparición, y lo desechó por la remoción del cargo.
De acuerdo con la página de la Judicatura federal, la demanda se presentó el 16 de marzo, dos días después que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la remoción de Sandra Luz Valdovinos como fiscal general del estado, y aceptó las renuncias de los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a las víctimas, y la fuga del autor material.
Entonces, Salgado Pineda explicó que tomó la decisión de separar del cargo a tres servidores públicos, “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente.
Los actos reclamados por Valdovinos, fue “la ilegal, inconstitucional e inconveniente” decisión de la gobernadora, de removerla del cargo, mediante oficio PE/SPG381/2024, fechado el 14 de marzo, señalando entre otros agravios, el respeto a la garantía de audiencia.
También denunció “la orden verbal a terceros de privarme de la vida por no dejar el cargo de fiscal general del estado de Guerrero, la orden verbal de tercero para atacar y afectar mi libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, por no dejar el cargo de fiscal”.
El caso se desechó, por cuanto hace a la remoción del cargo, que puede ser impugnado en cinco días hábiles, pero se admite por las amenazas.
La noche del 7 de marzo, cuando fue asesinado el estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, tres compañeros de él fueron detenidos, torturados, golpeados y amenazados por policías estatales, y en la captura y golpes a dos de ellos participaron también militares.
Trece días después no se ha abierto investigación sobre esos delitos y violaciones a los derechos humanos de los jóvenes de Ayotzinapa, y por el contrario, uno de ellos, Osiel, copiloto de la camioneta que conducía Kothan, está imputado por robo del vehículo, que fue tomado por normalistas el 29 de febrero.
La información sobre estos hechos fue recabada en los primeros días por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, defensor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero no lleva los casos de los estudiantes. En entrevista, el martes, el abogado da a conocer los testimonios de las torturas que los tres jóvenes sufrieron, y que presentaron en la Normal Rural.
Ayer, miércoles 20, en un boletín de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) que desde el viernes 8 de marzo atrajo la investigación del asesinato de Yanqui Kothan a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que un juez federal de Acapulco dictó auto de vinculación a proceso a dos policías estatales imputados por el asesinato del estudiante de 23 años.
En el texto, la FGR reconoce que en los hechos del 7 de marzo hay violaciones a los derechos humanos del estudiante fallecido y dos estudiantes afectados por la Policía Estatal, pero no informa que se esté investigando la tortura y detención ilegal o desaparición forzada durante horas de los dos afectados. Dice que atrajo la investigación de los hechos “en los que resultó un estudiante fallecido y dos estudiantes afectados por integrantes de la Policía Estatal, al advertirse violaciones a sus derechos humanos”.
Vidulfo Rosales expone que desde el punto de vista de los defensores de Tlachinollan se deben investigar los agravios a los tres normalistas que fueron detenidos ilegalmente la noche del 7 de marzo en la entrada a Chilpancingo por el viejo libramiento a Tixtla: Osiel retenido durante más de 10 horas, desde el ataque a balazos a la camioneta que usaban los jóvenes antes de las 9 de la noche hasta que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a las 7 de la mañana del 8 de marzo, su compañero identificado como Arenita y otro normalista que acudió a ayudarle, durante tres o cuatro horas.
En la narrativa que tiene Vidulfo Rosales de los acontecimientos se va precisando la información, y se confirma según los testigos que no había un retén policiaco ni arco de revisión de vehículos, que los policías atacaron a los estudiantes, que no hubo enfrentamieto y los jóvenes no iban armados, y que los policías trataron de culpar a las víctimas mediante la siembra de armas y supuesta droga y un parte informativo falso.
Expone: “La narrativa que nosotros tenemos es de los testigos que estuvieron ahí, o sea los estudiantes que vivieron el hecho. Ellos lo que nos refieren es que llegaron en la camioneta, tres estudiantes, (Yanqui Kothan en el volante, Osiel en el asiento del copiloto y Arenita atrás). Se estacionan frente a la tienda, que es el depósito Jazmín, y que Arenita se baja a comprar cigarros.
“Nos dicen los testigos que cuando Arenita se baja, todavía le pregunta a Kothan cuántos cigarros van a ser, ya no alcanza a contestar porque dice que llegan dos policías en moto, dice que una moto se para atrás y otra adelante, se bajan los policías con sus armas, apuntándoles, y empiezan a golpear la camioneta pidiendo que desciendan y ahí es cuando se da todo el desenlace.
“Ellos vieron dos policías en sus correspondientes motos, lo que ellos alcanzaron a ver fue una acción rápida, en la noche oscura, no sabemos si atrás o a los lados probablemente había otro policía con otra moto, pero los que fueron asegurados por la Fiscalía fueron tres, y el parte informativo policial está alterado, lo firman tres policías, dicen que los tres llegaron al lugar, esa es la versión policica, de los tres, Pero los jóvenes en su testimonio dicen que de inmediato lo que ellos ven son dos.
“Llegan, los paran, Yanqui Kothan trata de arrancarse y le disparan primero a las llantas y después a la camioneta y a su persona”.
Agrega que en el parte informativo, los policías estatales hablan de un enfrentamiento y que Yanqui Kothan tenía un arma corta y que Arenita tenía un arma larga, pero la que ponen a disposición es el arma corta que no tiene casquillos, no encontraron casquillos alrededor, no hay prueba de que esa arma haya disparado, y el arma que según tenía el estudiante Arenita ni siquiera fue puesta a disposición, porque dicen que él se la llevó corriendo hacia la parte baja, pero no tiene fuerza esa aseveración, porque minutos más tarde, metros más adelante es detenido Arenita y el arma no se la encontraron”.
Explica el abogado que Arenita sale huyendo y pide auxilio a otro compañero que estaba en la escuela, localizada a unos 30 minutos, y este otro estudiante se hace acompañar de otro más, y llegan en una motocicleta de la Normal.
Los dos se encuentran con Arenita y son detenidos por militares que ya habían llegado al lugar donde originalmente sólo aparecieron los policías estatales del grupo especial de respuesta Centauro.
El segundo estudiante que llega en auxilio se queda muy atrás, y nada más Arenita y el primer comañero que llega a ayudarle son detenidos, casi al momento en que se encuentran.
El otro joven queda fuera del radio de acción y no lo detienen, incluso filmó una pequeña parte de la detención, y cuando lo ven los militares les dice que no es de Ayotzinapa, le preguntan porqué estaba ahí, y porqué estaba filmando, y dijo que ya no iba a filmar y lo dejan ir.
Osiel
El copiloto de la camioneta, Osiel es detenido inmediatamente después de los disparos, uno de los cuales hirió de muerte a Yanqui Kothan, y se lo llevan policías del estado y lo andan cargando por varios lugares, es llevado a oficinas de varias instituciones, primero hacia Petaquillas, y después a otros rumbos, y finalmente lo llevan a a una oficina contra el narcomenudeo, antes de entregarlo a la Fiscalía, donde es puesto a disposición del agente del Ministerio Público a las 7 de la mañana.
El abogado considera que se configura el delito de tortura a Osiel, y explica:
“Mientras estaba detenido ilegalmente lo estuvieron golpeando, los policías lo golpearon en distintos momentos, cuando fue llevado a Petaquillas y a otras oficinas, fue golpeado en el camino y en las oficinas, adentro de un vhículo donde lo llevaban tirado en el piso y con los ojos vendados y lo amenazaban, le exigían constantemente que dijera dónde estaban las amas, o de quién era el arma, de quién era la droga, que si él iba con droga, que si él iba armado, que si él había disparado, lo estuvieron amenazando, coaccionando y golpeando para que se declarara culpable. Él nunca lo hizo”.
Arenita, arrestado por militares
Arenita escapa cuando vio el ataque de los policías a sus compañeros en la camioneta. Se va a una barranca entre la colonia Indeco y El Tomatal. Habla por celular a un compañero que estaba en Ayotzinapa y le pide que acuda a ayudarle, este compañero va con otro estudiante en una moto.
Los motociclistas llegan a El Tomatal, y Arenita sale de su escondite, se ven y poco antes de que se acercara a uno de ellos, son detenidos por militares.
Los militares lo llevan a una banqueta y uno de ellos le pregunta: ¿tú eres el que andaba allá armado? y Arenita le dice, ‘yo no soy, yo vengo de la Zapata, vengo de ver a mi novia’. El militar replica: cómo que vienes de ver a tu novia, si vienes todo sudado, todo sucio. Ahí el militar golpea a Arenita. En ese momento llegaron poli-cías del estado y los militares les entregaron a Arenita.
Al otro estudiante lo detienen tambén los militares, y lo entregan a los policías del estado.
Los estatales los separan y a cada uno en distinta camioneta lo llevan a diversos lugares a bordo de patrullas de la Policía del Estado, moviéndose. Arenita contó que a él lo tuvieron cargando en las calles, a veces lo paraban en una esquina y lo golpeaban, le decían que confesara que él era el que andaba en la camioneta y lo negó, pero llegó un momento en que lo doblegaron y dijo que sí iba en la camioneta.
Dice que después de tres o cuatro horas que lo tuvieron yendo de un lugar lo soltaron y le dijeron que no habían encontrado nada. Lo juntaron con su compañero, el tercer detenido, y les dijeron “váyanse”.
Tercer detenido
Al estudiante que acudió en auxilio de Arenita, de quien no se tienen nombre ni seudónimo, también lo tuvieron circulando por las calles de Chilpancingo, en una camioneta de la Policía Estatal, tirado en el piso y con los ojos vendados y lo iban golpeando. Y llegó un momento en que lo dejan en libertad, y lo juntan con Arenita.
Vidulfo Rosales reproduce los testimonios, y precisa que los estudiantes dicen que “no logran definir bien cuánto tiempo los tuvieron retenidos ilegalmente, pero calculan que como tres o cuatro horas durante las cuales fueron golpeados y pa-teados. No ubican los lugares por los que transitaron porque no podían ver, supuestamente calles de Chilpancingo.
Dicen que cuando los poli-cías los liberaron, les tomaron video, y les dijeron caminen, digan que están ilesos, en buenas condiciones. Y se fueron caminando y de raid llegaron a la Normal Rural de Ayotzinapa, juntos.
De los tres detenidos, Osiel declaró en el MP en carácter de imputado por robo de la camioneta y Arenita declaró como testigo.
Vidulfo Rosales dice que se debe abrir una investigación por la tortura y la privación de la libertad que sufrieron.
El vicefiscal de Investigación con funciones de encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, presentó ayer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda su renuncia “con carácter de irrevocable”, con el argumento de que no cuenta con la edad mínima requerida para encabezar ese órgano autónomo.
Mediante oficio de fecha 19 de marzo, que circuló anoche, Hernández Mendoza argumenta que “después de haber servido de una forma objetiva, honrada, transparente y profesional dentro del ejercicio de mis funciones, el día de hoy con satisfacción de haber cumplido con el deber que se me confirió, presento mi renuncia con carácter de irrevocable como Vicefiscal de Investigación con funciones de Encargado de Despacho”.
Hernández había asumido el cargo el viernes pasado, cuando se presentó ya como encargado de despacho ante la Mesa de Coordi-nación para la Construcción de la Paz donde convergen las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
El artículo 111 de la Constitu-ción local establece una edad mínima de 30 años entre los requisitos para ser fiscal, y Hernández Mendoza tiene 28 años.
“En este sentido y con una profunda tristeza me separo de mis funciones convencido de que la decisión tomada favorecerá a esta institución y al Estado de Guerrero”, dice en su documento.
Explica que conforme al reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía “corresponde suplir en excusas y ausencias al Vicefiscal de Prevención y Seguimiento”.
Después de las 10 de la noche, el gobierno del estado confirmó en un comunicado la renuncia del vicefiscal Hernández Mendoza y que con base a al artículo 144 de la Ley Orgánica de la FGE corresponde al vicefiscal de Prevención y Seguimiento Gustavo Romero Rosas asumir la titularidad como encargado de ese órgano autónomo.
La grave crisis por la que pasa la FGE se inició el jueves pasado cuando la gobernadora Salgado Pineda anunció la notificación de la remoción del cargo a la fiscal general Sandra Luz Valdovinos, derivado de las irregularidades en el caso del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Durante las primeras horas después del anuncio de la gobernadora, la fiscal se rebeló y advirtió en un comunicado que agotaría el proceso administrativo y que haría valer sus derechos ante el Congreso local.
Sin embargo, a partir del viernes, asumió como encargado de despacho el vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza en sustitución de Valdovinos Salmerón, y cinco días después ha presentado su renuncia a la gobernadora.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda en conferencia de prensa en Casa Guerrero, donde informó que recibió las renuncias de los secretarios Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó las renuncias de los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y ordenó la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos en el contexto de la crisis social y moral tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Con un mensaje desde Casa Guerrero difundido en línea, Salgado Pineda informó que aceptaba las renuncias de los dos integrantes de su gabinete y anunció que en ejercidio de sus facultades constitucionales notificaría a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, su remoción del cargo, mediante el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente del que dará vista al Congreso local.
De acuerdo con el artículo 142, numeral 7, de la Constitución del estado, “el Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en la propia Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
Aunque la Constitución no señala dichas causas graves, la remoción de la fiscal también podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso local, que realiza el nombramiento.
El mensaje
Casi a las 2 de la tarde, desde el lobby de la residencia oficial Casa Guerrero, la gobernadora emitió el mensaje para la ciudadanía mediante las redes sociales, a una semana del asesinato del joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en el viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Salgado Pineda ratificó que tiene “total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia” en el caso en el cual además del asesinato, secretarios de su gabinete difundieron una versión falsa de los hechos para responsabilizar a los normalistas y autoridades locales peermitieron la fuga del policía señalado de haber disparado contra el estudiante Gómez Peralta.
Informó que “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera”.
Añadió que, “con base en mi facultad constitucional, se notificará a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Aseguró que en Guerrero “hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad, en este y en todos los casos”.
En la parte final del mensaje enfatizó que su compromiso es con la verdad y la justicia, “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
Tras el homicidio del normalista de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública dieron una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada el 8 de marzo, unas horas después de los hechos, para decir que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo donde encontraron drogas y un arma. La versión fue desmentida el lunes en su conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien también informó que los tres policías ya estaban presos y a disposición de la “Fiscalía General”. Y al día siguiente reveló que el policía que habría disparado contra el normalista se había escapado con la complicidad de autoridades locales.
El 25 de enero de este año, el general brigadier Rolando Solano Rivera sustituyó al capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad Pública en Guerrero. Llevaba mes y medio en el cargo.
Mientras que Ludwig Marcial Reynoso es un viejo colaborador del senador Félix Salgado Macedonio –con quien fue secretario general del Ayuntamiento cuando éste fue alcalde de Acapulco– y a pocos meses de la gestión de Evelyn Salgado sustituyó en el cargo al experimentado político de izquierda Saúl López Sollano.
El asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta por policías estatales, sacó a flote las diferencias que existen entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.
La FGE aseguró que nadie le puso a su disposición a ningún detenido por el caso, con lo que se deslindó de la fuga de uno de los presuntos responsables del asesinato del normalista, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, respondió en otro boletín que hubo dilación del Ministerio Público, dependiente de la FGE, “para recepcionar la puesta a disposición” de los policías involucrados en el caso.
El intercambio de versiones oficiales se dio después de que la mañana de ayer estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa irrumpieron en las instalaciones de la FGE e incendiaron al menos 11 vehículos en el estacionamiento de la dependencia, donde tuvieron un zipizape con agentes de la Guardia Nacional que intentaron proteger el edificio.
La FGE precisó que con relación a la carpeta de investigación que inició por el delito de homicidio calificado del normalista Yanqui, “durante el desarrollo de las investigaciones ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
Afirmó que en ningún momento la Fiscalía tuvo como detenidos a dichos servidores públicos, “aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.
Refirió que la FGE remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos de lo sucedido recabados por autoridades ministeriales “y múltiples indicios asegurados por esta Fiscalía”.
Agregó: “En ese contexto, se informa que ante la quema de once vehículos en el estacionamiento de esta institución, se procedió al desalojo del personal lamentando que cuatro elementos resultaron heridos en el ataque con artefactos explosivos de los normalistas”.
La dependencia reprobó “los injustificados ataques lanzados por los normalistas a este organismo autónomo el día de hoy, toda vez que esta Fiscalía ha actuado de manera objetiva e imparcial, respetando los derechos de los familiares de la víctima”.
Minutos después de este boletín de la FGE la Secretaría de Seguridad Pública estatal respondió con otro boletín con el que refutó a la FGE los señalamientos relacionados con el caso del asesinato del estudiante Yanqui Kothan, y la fuga del policía, presunto asesino del normalista.
La dependencia aclaró: “Con el firme propósito de contribuir en el esclarecimiento de los eventos ocurridos el pasado 7 de marzo (el día del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa), la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero informa que desde el primer momento de los hechos, los elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la Agencia Especializada de Delitos Graves de la FGE, el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.
Aclaró que “es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y, en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión”.
Sin embargo, dice que en el ánimo de colaborar con las instancias ministeriales y en espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “actuó sin ninguna omisión, pues los elementos se mantienen plenamente identificados”.
Aclaró que a las 7:30 horas del 8 de marzo, los tres elementos de la Policía Estatal “rindieron entrevista ante la Fiscalía del Estado de manera voluntaria, quienes manifestaron en todo momento su deseo de declarar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos”.
La dependencia señaló, sin embargo, que “hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar la puesta a disposición, asimismo durante todo el evento la enlace Jurídico Región Centro, intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente, sin obtener resultados”, acusó.
La dependencia refirió que en el ámbito de la competencia jurídica de esa Secretaría de Seguridad Pública, dos de los elementos policiacos “se encuentran resguardados de manera voluntaria administrativa para aclarar los hechos, mientras que uno más está en proceso su localización por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”.
En el comunicado no se reconoce que al menos uno de ellos se fugó, como lo informó en su conferencia de prensa matutina de este martes el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y lo confirmaron fuentes policiacas.
“Es de resaltar –agregó la Secretaría de Seguridad Pública estatal- que estos procedimientos se han atendido de manera transparente y conforme a derecho de los propios elementos involucrados en los hechos, cuidando los protocolos de actuación”.
Aclaró que la institución “se rige por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con estricto apego a las leyes sobre el uso de la fuerza y los protocolos de actuación policial”.
Añadió que cualquier miembro o elemento que transgreda estos principios debe ser sancionado conforme a la ley.
“La Secretaría de Seguridad Pública del estado seguirá brindado las facilidades a los requerimientos que solicite la instancia federal, en el ánimo de generar las condiciones necesarias para garantizar que estos lamentables acontecimientos no queden impunes”, resaltó.
La tienda Sam´s Club cerrada durante la protesta de normalistas de Ayotzinapa Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El policía estatal, presunto responsable del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el que fue asesinado el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta la noche del jueves pasado y que, de acuerdo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador “se fugó”, estaba bajo resguardo del grupo Centauro de la Secretaría de Seguridad Pública en el Cuartel General de la Policía estatal, al norte de la capital del estado.
Versiones policiacas dicen que el elemento que forma parte del grupo Centauro se fugó después de que el coordinador de ese grupo policiaco, Pedro Castro Muñoz, “le dio permiso” para ir a comprar, y el uniformado aprovechó para huir de las instalaciones ubicadas al norte de la ciudad, a un costado del Juzgado para Adolescentes.
En el ataque a la camioneta en la que iban tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del jueves pasado, uno de los tres normalistas resultó herido y murió en el hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón, otro más fue detenido y liberado dos días después, mientras que el tercero había descendido de la camioneta sin que fuera visto por los policías.
Fuentes policiacas informaron que tres de los uniformados se pusieron a disposición “voluntariamente” ante sus superiores y que se encontraban resguardados en las instalaciones del Cuartel General de la corporación, ubicado al norte de la ciudad, a un costado del Juzgado de Justicia para Adolescentes.
Sin embargo, desde la tarde del lunes corrió la versión de que uno de los tres, el que disparó en contra de la camioneta de los estudiantes, se había fugado.
En su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador confirmó que “el policía que presuntamente asesinó al normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta se fugó”.
Fuentes policiacas confirmaron la mañana de ayer uno de los tres agentes que se habían puesto a disposición de sus superiores se había fugado, sin que se precisara a qué hora.
Sin embargo, afirmó que era integrante del grupo Centauro, una división de la Policía Estatal que se moviliza en motocicletas de la que su coordinador es Pedro Castro Muñoz, a quien la tarde del lunes “le pidió permiso para ir a comprar a una tienda cercana, lo que aprovechó para darse a la fuga.
Sin embargo, las autoridades estatales hasta la tarde de ayer no habían informado detalles del caso, la identidad de los policías, su situación jurídica y tampoco habían informado si se había presentado a rendir sus declaraciones.
El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velásquez Florencio, quien da acompañamiento a los familiares del estudiante asesinado y a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, informó que hasta a las cuatro de la mañana de ayer martes que continuaban las diligencias en la Fiscalía General del Estado (FGE), y no les habían informado de la fuga del policía.
Informó que solo sabían que tres elementos policiacos se presentaron voluntariamente por el caso del ataque a los normalistas, pero que aún no habían sido consignados debido a que no fueron detenidos en flagrancia, y continuaban integrando la Carpeta de Investigación.
Hasta la tarde de este martes las autoridades del gobierno del estado habían mantenido en la opacidad la identidad y la situación legal de los policías implicados en el caso, a pesar de que tanto el presidente de la República López Obrador como la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se comprometieron a que no habrá impunidad en el caso.
Se fugó el policía que mató al normalista, informa AMLO y se culpan la SSP y la Fiscalía estatal
No se cumplieron los protocolos y escapó en “complicidad” con autoridades, dice el presidente. El gobierno presentó a la Fiscalía estatal a los tres policías implicados, afirma Ludwig Reynoso. Desalojan edificios del gobierno, cierran comercios y suspende el Congreso la sesión
Imagen del estacionamiento de Fiscalía General del Estado luego de que estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales rurales del país arremetieron contra el edificio resguardado por unos 300 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotines, que aventaron gases y piedras a los manifestantes. Las autoridades reportaron 15 agentes lesionados y 12 vehículos incendiados Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 13 de marzo de 2024. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que se fugó el policía estatal que presuntamente disparó al estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta.
“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la Normal de Ayotzinapa se fugó, el policía. Se está haciendo la investigación, la búsqueda y se van a fincar responsabilidades”, dijo.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente aseguró que la fuga del policía es “parte de la descomposición” y de intereses de por medio y que también es por complicidades en el estado, mientras que por el momento no se recurrirá a instancias internacionales para apoyar la búsqueda, además de que sí se sabe su identidad, pero no dio detalles.
–¿Se sabe algo de su identidad, presidente?–, le preguntó un reportero.
–Sí, todo, todo, todo. Y estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos, se está haciendo la investigación– respondió López Obrador.
–¿Habría sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia?
–Sin duda. Es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República que ya atrajo el caso.
–¿Se dará aviso a la Interpol?
–No, no, primero vamos a llevar a cabo nosotros la búsqueda.
López Obrador dejó abierta la posibilidad de que en lo que se hacía el trámite de la orden de aprehensión del policía estatal que presuntamente disparó, le informaron y éste procedió a fugarse.
“Este es el caso de uno, pero se presume que fue quien disparó”, dijo.
–¿Dónde estaba presidente?, preguntaron sobre el policía.
–En Chilpancingo. Tenía comisiones, ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, estaba en la espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse.
Aseguró que se intensificará la búsqueda del policía y solicitó ayuda a la población que vive en Chilpancingo para su colaboración e identificación del policía ya que es necesaria su detención.
“Vamos a hacer investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También, pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando” declaró.
El presidente se comprometió tanto con los padres de Yanqui Kothan, que no existirá impunidad en el caso de asesinato, pero afirmó que existen intereses de personas que no están a favor de que se haga justicia.
“Decirle a los padres de los jóvenes, sobre todo a los padres del joven que perdió la vida que no va a haber impunidad. También que nos demos cuenta de cómo está la situación, de que hay muchos intereses, hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal y también tener elementos, porque estamos en temporada electoral, para afectarnos, piensan que con eso nos van a debilitar como autoridad”, afirmó.
Los manifestantes en el Palacio Nacional “tienen otros propósitos”, afirma
Luego, el presidente López Obrador mostró una bolsa con una resortera, piedras y balines que, dijo, fueron utilizadas en la protesta del miércoles 6 de marzo cuando se derribó una puerta de Palacio Nacional y señaló: “éstos eran los que querían el diálogo”.
Aseguró que por parte del gobierno “no vamos a caer en ninguna provocación, pero esto indica que tienen otros propósitos”, y dijo que se dará a conocer toda la información.
“Les voy a mostrar algo que me entregaron ayer de quienes vinieron a tirar la puerta. No estoy hablando de las mujeres, no del movimiento de las mujeres, ellas querían, pero no, es otra cosa. Miren, los que somos de campo sabemos lo que es un tirador, porque esto es muy moderno, Miren, para los vidrios, éstos eran los que querían el diálogo. Hay una que es muy peligrosa, que se las quiero mostrar, aquí está, son balines. Entonces no vamos, no vamos a caer en ninguna provocación, pero esto lo que indica es que tienen otros propósitos”, mencionó mientras mostraba la resortera.
Agregó que no se pudo identificar si todos los manifestantes eran estudiantes normalistas “porque estaban con capucha”. Afirmó que, en la protesta realizada el miércoles para exigir un diálogo directo entre él y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, “en esto el que encabezaba era el abogado”, en referencia a Vidulfo Rosales Sierra.
“Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, de que se haga justicia y poner de manifiesto ciertas cosas, las complicidades que existían, que no sólo eran autoridades, sino también de los supuestos defensores de derechos humanos y de los abogados, porque en esto el que encabezaba era el abogado”, mencionó.
El presidente aseguró que los normalistas tienen libertad para la protesta y se comprometió a que por parte del gobierno federal no habrá represión para los manifestantes, y añadió que la muerte de Yanqui Kothan va en contra de los ideales del gobierno.
“Pueden expresarse, manifestarse, no va a haber represión, no va a haber represión. Por eso lamenté mucho lo que hizo la policía de Guerrero quitándole la vida a un joven porque eso va en contra de nuestra manera de pensar y de nuestra forma de ser” dijo.
El gobierno presentó a la Fiscalía estatal a los tres policías del caso Kothan, dice Ludwig
El secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez informó en un boletín, que se emprendieron acciones de búsqueda para dar con el paradero del policía estatal que le disparó al alumno de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, que por declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se supo que está prófugo.
Sobre la primera versión de los hechos que manejó el gobierno del estado y que resultó falsa, en la que la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que los policías respondieron a un ataque armado y se suscitó un enfrentamiento donde resultó muerto el normalista, el funcionario explicó “que la finalidad del gobierno al hacer ese pronunciamiento era transparentar las acciones que se estaban implementando para su atención”.
“Esa fue la información que hicieron llegar los agentes involucrados a través de un informe policial homologado”, enfatizó.
Reynoso Núñez no aceptó ayer una solicitud de entrevista para El Sur, para saber por qué no se constató la información de los oficiales antes de difundir la postura del gobierno del estado, ni por qué no se puso en duda la información del presunto enfrentamiento que involucró a normalistas de Ayotzinapa que nunca han usado armas de fuego en sus protestas.
El gobierno del estado sólo emitió un boletín de prensa con las declaraciones del funcionario en otros medios de comunicación, después de la protesta de normalistas en la Fiscalía General del Estado.
Así, Reynoso Núñez ratificó que el gobierno del estado presentó a la Fiscalía General del Estado a los tres policías involucrados en los hechos donde perdió la vida el normalista, Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Informó que se han emprendido labores de búsqueda para dar con el paradero del elemento que es señalado de haber disparado en contra del normalista, y que el gobierno del estado entregó a las autoridades ministeriales “todos los elementos de prueba existentes con la finalidad de esclarecer el crimen”.
También rechazó que vaya a ser removido del cargo, un rumor que circuló en redes sociales.
Lo que trascendió ayer es que el secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, desde el sábado no se ha presentado en las instalaciones de la dependencia, porque ya se separó de la función, pero el gobierno del estado está dosificando la información que presenta a la opinión pública, como que el secretario de gobierno entregó su renuncia ayer, pero no fue aceptada.
En el boletín, Reynoso Núñez dice que “se ha tergiversado el tema de las responsabilidades, y piensan muchos que es obligación de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) resolverlo, pero no es así, hay autoridades especializadas que tienen que emitir esta resolución y determinar la responsabilidad de quienes participaron en este ilícito”.
Aclaró que la obligación del gobierno estatal “es presentar a las autoridades ministeriales todos los elementos de prueba con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, de los hechos que se llevaron a cabo ese día”.
Estimó que hay suficientes elementos para saber lo que sucedió.
El funcionario estatal sostuvo que los tres policías involucrados en los hechos contra el normalista sí se presentaron y comparecieron ante el Ministerio Público local, lo cual consta en el expediente del caso, y dos de ellos permanecen de manera voluntaria en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
Destacó la posición oficial: “No vamos a solapar a nadie, no va a haber impunidad para nadie, nadie está por encima de la ley. La gobernadora ha sido muy clara en cuanto a que no se cometan violaciones a los derechos humanos, el uso de la fuerza siempre ha sido conforme a los protocolos y en esa materia seguimos actuando”.
Pese a la protesta con cohetones en el edificio de la Fiscalía y quema de vehículos, afirmó que el diálogo con los normalistas no está roto, “hemos reencauzado el diálogo, no se ha roto, seguimos en este proceso con ellos, les hemos hecho ver que la violencia no va a ser la solución de este asunto”.
Subrayó que la gobernadora instruyó actuar con absoluta transparencia en las indagatorias que se realizan.
Se culpan la Fiscalía y la SSP por la fuga del policía implicado en el asesinato de Kothan
El asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta por policías estatales, sacó a flote las diferencias que existen entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.
La FGE aseguró que nadie le puso a su disposición a ningún detenido por el caso, con lo que se deslindó de la fuga de uno de los presuntos responsables del asesinato del normalista, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, respondió en otro boletín que hubo dilación del Ministerio Público, dependiente de la FGE, “para recepcionar la puesta a disposición” de los policías involucrados en el caso.
El intercambio de versiones oficiales se dio después de que la mañana de ayer estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa irrumpieron en las instalaciones de la FGE e incendiaron al menos 11 vehículos en el estacionamiento de la dependencia, donde tuvieron un zipizape con agentes de la Guardia Nacional que intentaron proteger el edificio.
La FGE precisó que con relación a la carpeta de investigación que inició por el delito de homicidio calificado del normalista Yanqui, “durante el desarrollo de las investigaciones ninguna autoridad puso a disposición de esta Fiscalía General del Estado a los Policías Estatales involucrados en los lamentables hechos en donde perdió la vida un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”.
Afirmó que en ningún momento la Fiscalía tuvo como detenidos a dichos servidores públicos, “aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá de aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales”.
Refirió que la FGE remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos de lo sucedido recabados por autoridades ministeriales “y múltiples indicios asegurados por esta Fiscalía”.
Agregó: “En ese contexto, se informa que ante la quema de once vehículos en el estacionamiento de esta institución, se procedió al desalojo del personal lamentando que cuatro elementos resultaron heridos en el ataque con artefactos explosivos de los normalistas”.
La dependencia reprobó “los injustificados ataques lanzados por los normalistas a este organismo autónomo el día de hoy, toda vez que esta Fiscalía ha actuado de manera objetiva e imparcial, respetando los derechos de los familiares de la víctima”.
Minutos después de este boletín de la FGE la Secretaría de Seguridad Pública estatal respondió con otro boletín con el que refutó a la FGE los señalamientos relacionados con el caso del asesinato del estudiante Yanqui Kothan, y la fuga del policía, presunto asesino del normalista.
La dependencia aclaró: “Con el firme propósito de contribuir en el esclarecimiento de los eventos ocurridos el pasado 7 de marzo (el día del asesinato del estudiante de la Normal de Ayotzinapa), la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero informa que desde el primer momento de los hechos, los elementos estatales involucrados rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la Agencia Especializada de Delitos Graves de la FGE, el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.
Aclaró que “es competencia del órgano de procuración de justicia la retención de los elementos por al menos 48 horas y, en su caso, solicitar la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión”.
Sin embargo, dice que en el ánimo de colaborar con las instancias ministeriales y en espera de la liberación de las órdenes de aprehensión por la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, “actuó sin ninguna omisión, pues los elementos se mantienen plenamente identificados”.
Aclaró que a las 7:30 horas del 8 de marzo, los tres elementos de la Policía Estatal “rindieron entrevista ante la Fiscalía del Estado de manera voluntaria, quienes manifestaron en todo momento su deseo de declarar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos”.
La dependencia señaló, sin embargo, que “hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar la puesta a disposición, asimismo durante todo el evento la enlace Jurídico Región Centro, intentó entablar comunicación con el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, para el apoyo correspondiente, sin obtener resultados”, acusó.
La dependencia refirió que en el ámbito de la competencia jurídica de esa Secretaría de Seguridad Pública, dos de los elementos policiacos “se encuentran resguardados de manera voluntaria administrativa para aclarar los hechos, mientras que uno más está en proceso su localización por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”.
En el comunicado no se reconoce que al menos uno de ellos se fugó, como lo informó en su conferencia de prensa matutina de este martes el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y lo confirmaron fuentes policiacas.
“Es de resaltar –agregó la Secretaría de Seguridad Pública estatal- que estos procedimientos se han atendido de manera transparente y conforme a derecho de los propios elementos involucrados en los hechos, cuidando los protocolos de actuación”.
Aclaró que la institución “se rige por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con estricto apego a las leyes sobre el uso de la fuerza y los protocolos de actuación policial”.
Añadió que cualquier miembro o elemento que transgreda estos principios debe ser sancionado conforme a la ley.
“La Secretaría de Seguridad Pública del estado seguirá brindado las facilidades a los requerimientos que solicite la instancia federal, en el ánimo de generar las condiciones necesarias para garantizar que estos lamentables acontecimientos no queden impunes”, resaltó.
Desalojan edificios del gobierno y cierran comercios del sur ante la protesta en la FGE
Durante la protesta de normalistas de Ayotzinapa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir justicia por su compañero asesinado, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y repudiar la fuga del presunto asesino, edificios gubernamentales fueron desalojados; las tiendas comerciales y supermercados del sur de Chilpancingo cerraron sus puertas.
Edificios gubernamentales como el Recinto Oficial de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, el Juan Álvarez, en el centro de la ciudad, y el Congreso local, suspendieron labores y desalojaron a los empleados ante la llegada de los normalistas a la Fiscalía.
Escuelas cercanas a la sede del Ejecutivo también suspendieron clases.
La mañana del martes, que parecía un día normal en la capital, después de que autoridades estatales declararon que ya había diálogo y negociaciones con los estudiantes de Ayotzinapa para esclarecer el asesinato de Yanqui Kothan, en menos de media hora se convirtió en caos, entre el tráfico generado por la protesta, algunos ataques de pánico de algunos empleados y el cierre de negocios en la zona sur de la ciudad.
Por quinto día el edificio del Poder Ejecutivo del estado amaneció blindado y cercado para impedir u obstaculizar la llegada normalistas de Ayotzinapa a protestar, desde el domingo hay decenas de vallas de herrería y muros de fierro que complican la entrada al recinto.
A los empleados se les informó que el único acceso al edificio sede del Ejecutivo era por un pequeño callejón a lado de la puerta 4, en la calle Recursos Hidráulicos.
Poco antes de las 9 de la mañana todo transcurría con normalidad, los empleados ingresaron a su oficinas y media hora después, a las 9:30 de la mañana, ante el rumor de que varios autobuses salieron de la Normal en Tixtla con dirección a la capital, las labores fueron suspendidas y los empleados desalojados de sus oficinas.
Los agentes de la Guardia Nacional que vigilan el inmueble comienzaron a evacuar a los empleados.
Trabajadores comentaron que una mujer mayor de edad tuvo un ataque de hipertensión, y llamaron a una ambulancia que le dió los primeros auxilios.
A las 10 de la mañana el edificio del Poder Ejecutivo y sus alrededores quedó completamente vacío; asimismo, el edificio Juan N. Álvarez fue desalojado.
Al interior del edificio del Ejecutivo se mantienen agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotines.
En el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, ubicado a poco más de 100 metros de la sede del Ejecutivo, suspendieron clases y los alumnos también fueron desalojados.
El Congreso del Estado también suspendió labores y la sesión prevista para hoy se pospuso hasta nuevo aviso, de acuerdo con un comunicado emitido por el Poder Legislativo.
Al final, la protesta de los normalistas de Ayotzinapa fue en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quemaron varios vehículos.
Las supermercados en la zona sur de la ciudad y cercanos a la sede del Poder Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado (FGE) cerraron sus cortinas y desalojaron a los clientes ante el temor a que fueran afectados por la protesta de los estudiantes.
En la zona sur de la ciudad, y cerca de las instalaciones de la FGE se ubican los supermercados Bodega Aurrera, Sam’s Club y Walmart, del grupo Walmart, que suspendieron el servicio un par de horas, en lo que duró la manifestación.
Después de las 12 del día y al concluir la protesta de los estudiantes de Ayotzinapa en la FGE, paulatinamente las tiendas comenzaron a abrir sus puertas y a restablecer el servicio.
A las 3 de la tarde la actividad comercial se había restablecido en su totalidad en la zona sur de Chilpancingo.
Suspende el Congreso sesión y desaloja sede por movilización de normalistas
Este martes el Congreso local desalojó al personal del edificio y pospuso la sesión ordinaria prevista para esta fecha, por las acciones de protesta de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando se conoció que se trasladaban en autobuses a la capital del estado.
Esto sucedió, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa diaria, que el policía estatal que habría asesinado al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta se había dado a la fuga.
Aunque desde el viernes tampoco hay labores en la sede del poder Ejecutivo, ante la zozobra de ataques al edificio, pero la noche del lunes, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó en redes sociales que se estableció un diálogo con el Comité estudiantil Ricardo Flores Magón y con la mamá del normalista asesinado.
La Mesa Directiva informó en un primer mensaje en redes sociales, que la sesión se posponía hasta nuevo aviso, pero en la tarde la presidenta la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, convocó a los diputados a la próxima sesión este miércoles 13 a las 10 de la mañana, en el salón de plenos Primer Congreso de Anáhuac.
Se supo que en el orden del día discutido por la Junta de Coordinación Política para esta sesión, se programó que la presidenta, Citali Calixto Jiménez haga posicionamiento sobre los hechos del 7 de marzo, de la agresión de policías estatales a los normalistas de Ayotzinapa.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela, Lourdes Chávez, Zacarías Cervantes y José Miguel Sánchez/Foto: Tomada de Internet
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el asesinato del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta fue resultado de un abuso de autoridad de policías estatales.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente aseguró que Kothan no disparó a los policías, en tanto que el caso ya se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, advirtió López Obrador.
Informó que los policías estatales implicados están detenidos en Guerrero pero a disposición de la FGR, y afirmó que no se permitirá la impunidad y quienes resulten responsables recibirán un castigo.
“Lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado. Que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho y vamos a actuar”, dijo.
Al presidente le preguntaron si el caso de Yanqui Kothan estaba relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque estuvo al frente de las protestas en las que derribaron la puerta de Palacio Nacional, pero negó una relación entre ambos casos.
“No, son cosas completamente distintas, esto se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones, y en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzi-napa, pues estamos investigando, seguimos con la investigación y vamos a continuar con eso”, amplió.
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra pidió que se investigue la posibilidad de que el asesinato de Yanqui Kothan estuviese ligado a su participación en la protesta de Palacio Nacional del pasado seis de marzo, donde el normalista estuvo en la primera línea de la manifestación donde se derribó una puerta.
“Quiero que me escuchen” sin sus abogados, dice AMLO sobre eventual reunión con padres de los 43
Por otra parte, este lunes al presidente se le preguntó si ya tenía una fecha para un encuentro con los padres de los 43, y respondió: “Quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen, porque sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero informarles. No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más quiero que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación, pero se los quiero comentar a ellos. Pero no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo”.
Reiteró que quiere “tener diálogo con ellos y ojalá pueda ser un diálogo directo con ellos, es que no les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos, porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, no han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa”, afirmó.
Remarcó que es él quien conduce la investigación sobre la desaparición de los normalistas y que cuenta con la cooperación de personas clave para el esclarecimiento del caso.
“Se va avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes y estoy dedicado a eso. Yo estoy conduciendo la investigación, haciendo todo. Hemos contado con la cooperación de algunas personas que son clave y esto nos está ayudando, y a esas personas les digo que soy un hombre de palabra y que en la medida que nos ayuden van a contar con nuestro reconocimiento y apoyo”, indicó.
El presidente pidió que no vayan a provocar, tras lo dicho por el abogado Vidulfo Rosales, de que podrían protestar en los actos de campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia que encabeza Morena con Claudia Sheinbaum Pardo.
“Ojalá y también los abogados no lleven a la práctica esto que sostuvo un abogado de que iban a ir a los actos de una candidata. Que no vayan a los actos de los candidatos a provocar, que no olviden que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás”, reiteró.
López Obrador añadió que en su administración cuidan los edificios públicos y “nada más” hubo dos intentos de “entrar por la fuerza” a Palacio Nacional, el derribamiento de la puerta del pasado miércoles y cuando un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca intentó entrar.
Comentó que para la reparación de la puerta que fue derribada el miércoles tras una protesta, será pagada por medio de cooperación voluntaria de los funcionarios federales.
