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Acepta Evelyn renuncias en Gobierno y Seguridad Pública y remueve a la fiscal

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda en conferencia de prensa en Casa Guerrero, donde informó que recibió las renuncias de los secretarios Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aceptó las renuncias de los secretarios general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y ordenó la remoción de la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos en el contexto de la crisis social y moral tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por parte de policías estatales, el intento de criminalizar a los estudiantes y la fuga del autor material.
Con un mensaje desde Casa Guerrero difundido en línea, Salgado Pineda informó que aceptaba las renuncias de los dos integrantes de su gabinete y anunció que en ejercidio de sus facultades constitucionales notificaría a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, su remoción del cargo, mediante el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente del que dará vista al Congreso local.
De acuerdo con el artículo 142, numeral 7, de la Constitución del estado, “el Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en la propia Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”.
Aunque la Constitución no señala dichas causas graves, la remoción de la fiscal también podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso local, que realiza el nombramiento.

El mensaje

Casi a las 2 de la tarde, desde el lobby de la residencia oficial Casa Guerrero, la gobernadora emitió el mensaje para la ciudadanía mediante las redes sociales, a una semana del asesinato del joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en el viejo libramiento a Tixtla en Chilpancingo.
Salgado Pineda ratificó que tiene “total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia” en el caso en el cual además del asesinato, secretarios de su gabinete difundieron una versión falsa de los hechos para responsabilizar a los normalistas y autoridades locales peermitieron la fuga del policía señalado de haber disparado contra el estudiante Gómez Peralta.
Informó que “en un ejercicio de responsabilidad moral, y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera”.
Añadió que, “con base en mi facultad constitucional, se notificará a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del Estado, realizando el procedimiento administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista al Poder Legislativo estatal”.
Aseguró que en Guerrero “hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, trabajando en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad, en este y en todos los casos”.
En la parte final del mensaje enfatizó que su compromiso es con la verdad y la justicia, “al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.
Tras el homicidio del normalista de Ayotzinapa, la noche del 7 de marzo, los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública dieron una conferencia de prensa a las 2 de la madrugada el 8 de marzo, unas horas después de los hechos, para decir que los policías fueron atacados a balazos por los ocupantes de una camioneta con reporte de robo donde encontraron drogas y un arma. La versión fue desmentida el lunes en su conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien también informó que los tres policías ya estaban presos y a disposición de la “Fiscalía General”. Y al día siguiente reveló que el policía que habría disparado contra el normalista se había escapado con la complicidad de autoridades locales.
El 25 de enero de este año, el general brigadier Rolando Solano Rivera sustituyó al capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad Pública en Guerrero. Llevaba mes y medio en el cargo.
Mientras que Ludwig Marcial Reynoso es un viejo colaborador del senador Félix Salgado Macedonio –con quien fue secretario general del Ayuntamiento cuando éste fue alcalde de Acapulco– y a pocos meses de la gestión de Evelyn Salgado sustituyó en el cargo al experimentado político de izquierda Saúl López Sollano.

 

Da la Constitución facultades al Ejecutivo para removerla, responden a la fiscal

Redacción

En respuesta a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la Secretaría General de Gobierno sostuvo que la Constitución da facultades para que la gobernadora la remueva por causas graves.
En un comunicado de prensa a las 10:23 de la noche, después de que Valdovinos Salmerón afirmó que ejercería su debida defensa y que para su remoción se deben de agotar los procedimientos constitucionales y legales, la Secretaría General afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda determinó la remoción de la fiscal con fundamento en el numeral 7 del artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
“El Fiscal general podrá ser removido por el gobernador de Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de Congreso del estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción”.
Agrega el comunicado que en este contexto y en espera del proceso constitucional que “conlleva la designación de una nueva persona titular para la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de Congreso local, corresponde al vicefiscal de investigación atender
lo dispuesto por el artículo 144 del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero número 500, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Afirma que el gobierno estatal reitera su compromiso “absoluto con la justicia, la legalidad y el estado de derecho, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”.
Fuentes de gobierno posteriormente explicaron que la fiscal general podrá ser removida por la persona titular del Poder Ejecutivo con base en el artículo 142 de la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.
En un texto se señala que la “ahora ex titular” incumplió diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 68 señala que los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de
obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
También que incumplió en los términos de los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados.
Y señala que Valdovinos Salmerón “ha sido incapaz de reducir los índices delictivos y lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto”.
La decisión de removerla se fundamenta “en la obligación de garantizar el cumplimiento de estas leyes, la eficiencia en la procuración de justicia y salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, principios que son pilares fundamentales para el estado de derecho y la justicia” en el estado.