En respuesta a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la Secretaría General de Gobierno sostuvo que la Constitución da facultades para que la gobernadora la remueva por causas graves.
En un comunicado de prensa a las 10:23 de la noche, después de que Valdovinos Salmerón afirmó que ejercería su debida defensa y que para su remoción se deben de agotar los procedimientos constitucionales y legales, la Secretaría General afirmó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda determinó la remoción de la fiscal con fundamento en el numeral 7 del artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
“El Fiscal general podrá ser removido por el gobernador de Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de Congreso del estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el fiscal será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción”.
Agrega el comunicado que en este contexto y en espera del proceso constitucional que “conlleva la designación de una nueva persona titular para la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de Congreso local, corresponde al vicefiscal de investigación atender
lo dispuesto por el artículo 144 del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Guerrero número 500, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.
Afirma que el gobierno estatal reitera su compromiso “absoluto con la justicia, la legalidad y el estado de derecho, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad”.
Fuentes de gobierno posteriormente explicaron que la fiscal general podrá ser removida por la persona titular del Poder Ejecutivo con base en el artículo 142 de la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, además de cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales.
En un texto se señala que la “ahora ex titular” incumplió diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 68 señala que los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de
obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
También que incumplió en los términos de los artículos 131, 149 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ordenar la detención de los policías involucrados.
Y señala que Valdovinos Salmerón “ha sido incapaz de reducir los índices delictivos y lograr avances significativos en la resolución de casos de alto impacto”.
La decisión de removerla se fundamenta “en la obligación de garantizar el cumplimiento de estas leyes, la eficiencia en la procuración de justicia y salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, principios que son pilares fundamentales para el estado de derecho y la justicia” en el estado.
Familiares del servidor de la nación, Miguel Huerta Torres, privado de la libertad y desaparecido hace casi 11 meses en Taxco denunciaron que parientes de una de las personas detenidas presuntamente implicada, han tratado de sobornar a agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para intentar su liberación, sin conseguirlo, por lo que urgen una reunión con la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
En una llamada telefónica, una hija de Huerta Torres denunció, además, que el delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz negó el pago de los salarios de su padre porque argumenta que no se ha presentado a trabajar y su relación laboral ya terminó porque su contrato ya no lo renovó, pese al ordenamiento del juez Familiar que entregó a la familia la declaración de ausencia.
En declaraciones ofrecidas indicó que están pendientes la realización de al menos dos audiencias de desahogo de pruebas, para las cuales no hay fecha.
Del proceso de investigación de la privación de la libertad y desaparición de su padre ocurrida el 28 de febrero del año pasado en la comisaría de Temaxcalapa, Taxco, explicó que aunque las búsquedas se suspendieron desde junio y piden que se reactiven, les han informado que se siguen realizando actos de investigación.
Indicó que han solicitado a la FGE hacer indagatorias relacionadas con reportes anónimos que la familia ha recibido de un presunto sitio en la comunidad de Huahuaxtla, donde su papá habría sido llevado por sus captores.
Dijo que ha tratado de buscar una reunión con el fiscal de Desaparecidos de la FGE, y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, ésta última mediante dos escritos, pero que en ambos casos se las han negado argumentando que tienen la agenda llena y mucho trabajo.
Asimismo, denunció que ante la supuesta falta de personal en la Fiscalía estatal, el caso de su padre no tiene asignado un Ministerio Público, “lo que implica que no le den seguimiento a los actos que yo solicito”.
Argumentó que la petición de audiencia con la fiscal Valdovinos Salmerón es porque les han alertado de que familiares de una de las personas detenidas e implicadas en la desaparición de su padre ha intentado sobornar a agentes de la dependencia pero que las personas que han estado en su caso “se han portado muy humanos, comprensivos y muy correctos, y no han accedido a esas cosas, (aunque) sigo con ese pendiente, no vaya a ser que cambien al personal y haya alguien que sí vaya a acceder (a los sobornos)”.
Pidió a los funcionarios de la FGE que “hagan todo lo que esté en sus manos, todo lo mejor que puedan y que no vayan a permitir que éstas personas (los detenidos o sus familiares) los vayan a sobornar a ellos o alguien que esté en otros cargos dentro de esta investigación”.
Le niegan el pago de salarios
Por otra parte, la hija de Miguel Huerta denunció que el delegado federal, Iván Hernández dejó de atenderlos y recibir sus llamadas, y ha negado los pagos del salario que recibía su papá, bajo la justificación de que ya no firmó su contrato.
Explicó que tramitaron la declaración de ausencia ante el juez Familiar, y que éste se las entregó en julio. Dijo que de acuerdo con las medidas que decretó el juez, es que debido a que existen dos menores (hijos de Miguel) que están afectados porque dependían de él, además de su esposa y otro hijo que apenas cumplió 18 años y estudia, se necesita asegurar su alimentación, por lo que le solicitó al delegado Iván Hernández que facilite o deposite el salario que percibía a su mamá, que es quien está representando a sus hermanos.
Contó que después de un segundo oficio que entregó en agosto en las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar y se notificó al delegado en Guerrero, Iván Hernández les informó que no podía pagar nada “porque tiene un impedimento, y el impedimento es que como mi papá no se ha presentado a trabajar pues su relación laboral ya terminó porque su contrato ya no lo renovó”.
Lamentó la respuesta y recordó que al funcionario federal primero se le notificó extraoficialmente de la privación de la libertad y desaparición durante su horario laboral como servidor de la nación, y posteriormente con la declaración de ausencia de un Juez, “por lo que resulta ilógico que pidan que renueve el contrato”.
La joven recordó que su papá llevaba cinco años como servidor de la nación, desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo sucedido fue en su horario laboral durante una reunión que tenía con pobladores de su comunidad, por lo que fue riesgo en el trabajo y por ende, es una responsabilidad de su patrón, que en este caso es el delegado Iván Hernández.
Abogados afiliados a la asociación civil Gremio Jurídico de Zihuatanejo denunciaron que desde hace más de 10 meses en la Agencia del Ministerio Público del fuero común en esta ciudad, no hay auxiliares en tres mesas de atención de la agencia central, lo que les afecta en el servicio a sus representados.
Este lunes, una de las abogadas que forman parte de la organización manifestó que hace un mes, acudieron a la agencia del MP a entregar un documento en el que solicitan a la fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que atienda y resuelva la falta de agentes auxiliares pero no han tenido una respuesta positiva.
Dijo que en la oficina de la Fiscalía en Zihuatanejo hay problemáticas muy arraigadas en perjuicio de la sociedad que acude a esa instancia en busca de procuración de justicia, “no hay atención para el ciudadano que quiera interponer una denuncia, sea cual sea el delito que considere se le está cometiendo en su perjuicio, la falta de personal”, agregó.
“Y obviamente una marcada negativa de los auxiliares de cada unidad o de cada mesa del MP de no facilitar las carpetas de investigación que impiden que uno como asesor jurídico o defensa coadyuve con ellos para llevar a cabo una investigación que nos pueda dar la pauta para judicializar una carpeta”, indicó la abogada.
Otro de los abogados comentó que “ellos (los agentes) manejan en el MP que, no nos facilitan las carpetas para evitar actos de corrupción, pero realmente eso no es tan real porque obviamente sabemos incluso los que no son abogados que el ciudadano que interpone una denuncia tiene expedito su derecho para solicitar estar pendiente y revisar su carpeta, es uno de los derechos que no se le pueden coartar”.
A pregunta, acusó que de febrero de este año a la fecha, ningún abogado puede tener acceso a las carpetas en la agencia del MP, lo que considera que es perjudicial “para nuestros clientes porque nuestro interés es coadyuvar en la integración de esas carpetas para que puedan ser judicializadas y en los juzgados les den entrada en lugar de considerar que no están bien fundamentadas, bien sustentadas”.
Indicó que además, la agencia tiene más de seis meses sin un agente titular, “el que está es solamente encargado, hay un fiscal regional que es quien hasta ahora se ha negado a sostener un diálogo con nosotros, incluso hemos sabido que se ha expresado denostando el quehacer de todos los abogados llamándonos corruptos, sin siquiera tomarse la atención de atender nuestra petición de audiencia”.
Padres de familia del jardín de niños Justo Sierra, afuera de las oficinas del Ministerio Público del fuero común, a donde acudieron a denunciar que un hombre arrojó diésel a sus hijos cuando estaban en el interior del plantel Foto: Brenda Escobar
Padres de familia del jardín de niños Justo Sierra, ubicado en el centro de Zihuatanejo, denunciaron que un hombre cuyo predio colinda con la escuela, arrojó diésel a 12 alumnos, por lo que presentaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común por los delitos que resulten.
Este miércoles, la presidenta del comité de padres de familia, Fabiola Aguirre, manifestó que los padres agraviados le informaron que cerca del mediodía del pasado martes, un grupo de niños fue agredido por un hombre, quien les arrojó diésel a través de un hoyo que da hacia el predio que colinda con el jardín de niños en la parte trasera.
Dijo que de acuerdo con las madres de familia, los niños se encontraban en esa parte de la escuela y que se asomaron para ver hacia el otro lado, que es un negocio donde fabrican muebles de bambú, cuando el hombre los agredió y además, para asustarlos les encendió una motosierra.
Agregó que las maestras llamaron a la policía para que hablaran con el agresor, quienes además les sugirieron que acudieran a interponer la denuncia en la agencia del MP del fuero común por los delitos que resulten y por ese motivo, este miércoles lo hicieron.
Una de las madres comentó que su hijo le narró lo ocurrido cuando lo recogió a la salida. Detalló que a algunos niños les saltó combustible en los ojos, a unos más les cayó en el cabello y a otros en diversas partes del cuerpo, por lo que las maestras los asearon de inmediato (Brenda Escobar/Zihuatanejo)
La agente del MP Patricia Jaqueline Salgado en conferencia en Acapulco donde denunció que no le han dado medidas cautelares después que fue privada de su libertad Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
La ex titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaqueline Salgado González denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha dado protección luego de que fue privada de la libertad por hombres armados el 21 de agosto, además, le retiró un bono de riesgo, no le paga el seguro de vida institucional y personal, la amedrentan, y por ello, tiene miedo que la maten.
En conferencia de prensa en el Sanborns Café de la Costera contó que luego de ser privada de la libertad durante 31 horas por un grupo criminal que irrumpió en el MP de Coyuca de Catalán y se la llevó, se tuvo que ir del estado, y por el daño psicológico que ese hecho le generó, el ISSSTE le otorgó una incapacidad.
Acompañada de su abogado Luis Silvestre Luna Sánchez, Jaqueline Salgado contó que aceptó irse como titular del MP de Coyuca de Catalán, porque le ofrecieron un aumentó salarial y lo aceptó porque es madre soltera. Recordó que desde que tomó protesta la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la agencia no tenía titular.
Nerviosa y por momentos en llanto, narró que el 21 de agosto hombres armados llegaron a la Agencia del Ministerio Público y preguntaron por ella directamente. Dijo que al salir alcanzó a ver a uno de los policías ministeriales encañonado mientras le retiraban el arma.
Recordó que las personas que la tuvieron en cautiverio primero le manifestaron que su rapto era por el trabajo que había realizado en diversas agencias del ministerio público, en Chilpancingo e Iguala; y la obligaron a grabar un video en el que se atribuía la responsabilidad de haber judicializado varias carpetas de investigación “perjudicando” a varias personas.
Señaló que también la culparon de los cateos de automóviles de lujo en ese municipio, algunos de los cuales no aparecieron cuando los pusieron a disposición en el ministerio público, “pero de eso yo desconozco porque llevaba siete días apenas”, resaltó.
Dijo que durante las 31 horas que estuvo privada de la libertad, la mantuvieron esposada y con los ojos vendados, además de que todo el tiempo estuvo en movimiento en una de las dos camionetas en que se la llevaron de la agencia. “Lo primero que se me vino a la mente, es que me iban a matar. Yo no me quería destapar los ojos por temor a que me privaran de la vida”, añadió.
Agregó: “por cuestiones de seguridad me tuvieron cautiva 31 horas, me dejaron hasta el día 22 de agosto a las 8:30 de la noche en un espacio de terracería, del cual yo desconozco qué calle sea, pero yo me tuve que trasladar por mis propios medios como una hora y media, para poder llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la región de la Tierra Caliente, yo llegué con mis propios medios, nadie me fue a rescatar”.
Jaqueline Salgado recordó que dos personas que transitaban por el lugar la socorrieron y la llevaron a la Fiscalía, por lo que desmitió que a esa dependencia quien mediante un comunicado de prensa informó que fue localizada con vida gracias a los operativos de búsqueda.
Mencionó que al llegar a la agencia lo primero que hizo fue llamar a su familia para avisar que estaba viva, y después un médico legista la revisó, “yo presentaba un alto problema de circulación porque mis piernas estaban hinchadas, porque no me permitieron bajar del vehículo”, solo para ir al baño, dijo.
Aclaró que cuando la trasladaron a la Fiscalía en Chilpancingo, la fiscal Sandra Luz Valdovinos no atendió a su familia y “mucho menos me atendió a mí, fue descortés, me dio una semana de descanso para que -después- siguiera laborando”.
Sostuvo que tras su cautiverio quedó con daños emocionales y psicológicos “no pude regresar en esa semana que me dio (la fiscal), pedí más días de descanso”. Señaló que acudió al psicólogo y al psiquiatra por el alto grado de trauma que tiene, cuyos costos pagaba con un bono de riesgo que les paga la Fiscalía.
Dijo que después le notificaron su cambio de adscripción a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Acapulco, pero a pesar de que Sandra Luz Valdovinos le prometió que mantendría la misma categoría, la bajaron a auxiliar. “Yo tengo mis oficios de cambios de adscripciones” agregó e informó que promovió un amparo.
Destacó Jaqueline Salgado que entró a trabajar a la Fiscalía mediante un examen de oposición, y de control y confianza, y tiene una antigüedad de 15 años como agente auxiliar.
Agregó que el mismo día que fue trasladada a la capital solicitó protección, luego de que se le informó que por su rapto se abrió una carpeta de investigación, sin embargo, dijo que hasta ayer la Fiscalía no le ha otorgado una sola medida cautelar, razón que la orilló a salir del estado “porque corre riesgo mi vida”, señaló.
Relató que el pasado 12 de octubre hombres armados vestidos de civiles, a los que se pudo identificar como policías ministeriales de la élite militar que llegaron a la FGE con Sandra Luz Valdovinos, llegaron a la casa que rentaba en Acapulco a pedir información, pero no se la dieron. “Estoy siendo acosada ahora hasta por mi propia oficina de que me puedan hacer un despido”, dijo.
Jaqueline Salgado denunció que la Fiscalía le retiró además el bono de riesgo de 5 mil pesos que se les paga a los trabajadores mes con mes, bajo el argumento de que ella está incapacitada, pero recordó que desde el 2021 se acordó que esa presatación la recibirían todos los policías y cada uno de los trabajadores de la Fiscalía.
“Si me preocupa mucho la situación laboral, tengo problemas de que si me privan otra vez de la libertad o me quieran causar un daño como matarme, nosotros no tenemos seguro de vida institucional, si me hubieran matado a mi familia no le hubieran dado un peso, además mi seguro que yo pago y me ha sido descontado quincena tras quincena de mi salario, la fiscalía no lo pagó”.
La trabajadora indicó que desde hace un año solicitó el reembolso de ese dinero para poder arreglar su situación con la aseguradora, “la fiscal habla de honestidad, que vea la honestidad que hay dentro de los trabajadores que ella misma está imponiendo dentro de la Fiscalía porque mi seguro de vida particular no me lo pagó”.
Citó que los hombres armados que la mantuvieron en cautiverio le advirtieron que debería tener seguridad, porque su vida corre riesgo, y pese a esto la Fiscalía no le ha informado las razones del por qué no se le da protección, “yo estoy muy preocupada por no tener la seguridad laboral ni en mi persona”, expresó.
La agente del MP Patricia Jaqueline Salgado en conferencia en Acapulco donde denunció que no le han dado medidas cautelares después que fue privada de su libertad Foto: Carlos Carbajal
Le niega protección la FGE y la acosa, denuncia la ex titular del MP de Coyuca de Catalán raptada
Aclara Patricia Jaqueline Salgado que no fue rescatada por ningún operativo y tampoco la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, atendió a su familia ni a ella, “fue descortés”. Reprocha que la cambiaron de categoría –cuando tras su captura le prometieron que seguiría igual–, le retiraron un bono de riesgo y no le quieren pagar el seguro de vida. Dice que por las amenazas de sus captores teme que la maten
Jacob Morales Antonio
La ex titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaqueline Salgado González denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha dado protección luego de que fue privada de la libertad por hombres armados el 21 de agosto, además, le retiró un bono de riesgo, no le paga el seguro de vida institucional y personal, la amedrentan, y por ello, tiene miedo que la maten.
En conferencia de prensa en el Sanborns Café de la Costera contó que luego de ser privada de la libertad durante 31 horas por un grupo criminal que irrumpió en el MP de Coyuca de Catalán y se la llevó, se tuvo que ir del estado, y por el daño psicológico que ese hecho le generó, el ISSSTE le otorgó una incapacidad.
Acompañada de su abogado Luis Silvestre Luna Sánchez, Jaqueline Salgado contó que aceptó irse como titular del MP de Coyuca de Catalán, porque le ofrecieron un aumentó salarial y lo aceptó porque es madre soltera. Recordó que desde que tomó protesta la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la agencia no tenía titular.
Nerviosa y por momentos en llanto, narró que el 21 de agosto hombres armados llegaron a la Agencia del Ministerio Público y preguntaron por ella directamente. Dijo que al salir alcanzó a ver a uno de los policías ministeriales encañonado mientras le retiraban el arma.
Recordó que las personas que la tuvieron en cautiverio primero le manifestaron que su rapto era por el trabajo que había realizado en diversas agencias del ministerio público, en Chilpancingo e Iguala; y la obligaron a grabar un video en el que se atribuía la responsabilidad de haber judicializado varias carpetas de investigación “perjudicando” a varias personas.
Señaló que también la culparon de los cateos de automóviles de lujo en ese municipio, algunos de los cuales no aparecieron cuando los pusieron a disposición en el ministerio público, “pero de eso yo desconozco porque llevaba siete días apenas”, resaltó.
Dijo que durante las 31 horas que estuvo privada de la libertad, la mantuvieron esposada y con los ojos vendados, además de que todo el tiempo estuvo en movimiento en una de las dos camionetas en que se la llevaron de la agencia. “Lo primero que se me vino a la mente, es que me iban a matar. Yo no me quería destapar los ojos por temor a que me privaran de la vida”, añadió.
Agregó: “por cuestiones de seguridad me tuvieron cautiva 31 horas, me dejaron hasta el día 22 de agosto a las 8:30 de la noche en un espacio de terracería, del cual yo desconozco qué calle sea, pero yo me tuve que trasladar por mis propios medios como una hora y media, para poder llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la región de la Tierra Caliente, yo llegué con mis propios medios, nadie me fue a rescatar”.
Jaqueline Salgado recordó que dos personas que transitaban por el lugar la socorrieron y la llevaron a la Fiscalía, por lo que desmitió que a esa dependencia quien mediante un comunicado de prensa informó que fue localizada con vida gracias a los operativos de búsqueda.
Mencionó que al llegar a la agencia lo primero que hizo fue llamar a su familia para avisar que estaba viva, y después un médico legista la revisó, “yo presentaba un alto problema de circulación porque mis piernas estaban hinchadas, porque no me permitieron bajar del vehículo”, solo para ir al baño, dijo.
Aclaró que cuando la trasladaron a la Fiscalía en Chilpancingo, la fiscal Sandra Luz Valdovinos no atendió a su familia y “mucho menos me atendió a mí, fue descortés, me dio una semana de descanso para que -después- siguiera laborando”.
Sostuvo que tras su cautiverio quedó con daños emocionales y psicológicos “no pude regresar en esa semana que me dio (la fiscal), pedí más días de descanso”. Señaló que acudió al psicólogo y al psiquiatra por el alto grado de trauma que tiene, cuyos costos pagaba con un bono de riesgo que les paga la Fiscalía.
Dijo que después le notificaron su cambio de adscripción a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Acapulco, pero a pesar de que Sandra Luz Valdovinos le prometió que mantendría la misma categoría, la bajaron a auxiliar. “Yo tengo mis oficios de cambios de adscripciones” agregó e informó que promovió un amparo.
Destacó Jaqueline Salgado que entró a trabajar a la Fiscalía mediante un examen de oposición, y de control y confianza, y tiene una antigüedad de 15 años como agente auxiliar.
Agregó que el mismo día que fue trasladada a la capital solicitó protección, luego de que se le informó que por su rapto se abrió una carpeta de investigación, sin embargo, dijo que hasta ayer la Fiscalía no le ha otorgado una sola medida cautelar, razón que la orilló a salir del estado “porque corre riesgo mi vida”, señaló.
Relató que el pasado 12 de octubre hombres armados vestidos de civiles, a los que se pudo identificar como policías ministeriales de la élite militar que llegaron a la FGE con Sandra Luz Valdovinos, llegaron a la casa que rentaba en Acapulco a pedir información, pero no se la dieron. “Estoy siendo acosada ahora hasta por mi propia oficina de que me puedan hacer un despido”, dijo.
Jaqueline Salgado denunció que la Fiscalía le retiró además el bono de riesgo de 5 mil pesos que se les paga a los trabajadores mes con mes, bajo el argumento de que ella está incapacitada, pero recordó que desde el 2021 se acordó que esa presatación la recibirían todos los policías y cada uno de los trabajadores de la Fiscalía.
“Si me preocupa mucho la situación laboral, tengo problemas de que si me privan otra vez de la libertad o me quieran causar un daño como matarme, nosotros no tenemos seguro de vida institucional, si me hubieran matado a mi familia no le hubieran dado un peso, además mi seguro que yo pago y me ha sido descontado quincena tras quincena de mi salario, la fiscalía no lo pagó”.
La trabajadora indicó que desde hace un año solicitó el reembolso de ese dinero para poder arreglar su situación con la aseguradora, “la fiscal habla de honestidad, que vea la honestidad que hay dentro de los trabajadores que ella misma está imponiendo dentro de la Fiscalía porque mi seguro de vida particular no me lo pagó”.
Citó que los hombres armados que la mantuvieron en cautiverio le advirtieron que debería tener seguridad, porque su vida corre riesgo, y pese a esto la Fiscalía no le ha informado las razones del por qué no se le da protección, “yo estoy muy preocupada por no tener la seguridad laboral ni en mi persona”, expresó.
La Fiscalía General del Estado informó que se abrieron mil 818 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el año 2022 y hasta el 5 de septiembre del 2023, de las cuales 18 fueron judicializadas con detenidos, y sólo dos tienen una sentencia condenatoria, es decir, sólo el 0.11 por ciento.
La información es en respuesta a una solicitud de información marcada como FGE/OIC/UTA/1071/2023, emitida por el Órgano Interno de Control Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El oficio FGE/VFINV/6450/2023 de la Vicefiscalía de Investigación informa, “el número de carpetas de investigación que se abrieron por el delito de homicidio doloso en el año 2022 y en lo que va del 2023 hasta que se conteste la solicitud. Respuesta mil 818”.
Respecto a cuántas de las carpetas abiertas fueron judicializadas con detenidos, responde que son 18, y de la en que se ha logrado una sentencia condenatoria, contesta que sólo 2.
El documento está firmado por la titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fabiola Ramírez Benítez.
Las críticas de la falta de eficiencia de la Fiscalía, a cargo de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se da en un contexto de aumento de la violencia en el país y en Guerrero.
Apenas el jueves se publicó en estas páginas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reconoció que en dos días aumentaron mucho los homicidios en el país.
En la conferencia mañanera del 25 de agosto se informó que Guerrero ocupa el noveno lugar nacional en homicidios dolosos, y para el 19 de septiembre se dio a conocer en el mismo espacio que la entidad ya es séptimo lugar en la materia con mil 116 casos en los primeros ocho meses de este año.
Este jueves el comandante de la 27 Zona Militar ubicada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, dijo que los homicidios son por la disputa de las plazas, que los grupos delictivos buscan tener presencia en más áreas y rutas para ampliar el mercado de las drogas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en su página 151 homicidios dolosos en enero, 121 en febrero, 133 en marzo, 128 en abril, 140 en mayo, 127 en junio y 158 en julio y agosto.
Más allá de las cifras, también incrementó la percepción de inseguridad entre los guerrerenses, según datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 revela que el 76.7 por ciento de la población mayor de 18 años de la entidad considera inseguro al estado, y el año pasado la cifra era de 73.9 por ciento.
Además, ocurre recientemente un fenómeno que no se veía: el ataque y asesinato de funcionarios del gobierno, como el ocurrido en contra del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, asesinado el 12 de septiembre a las 8:30 de la mañana en una zona residencial.
Otro caso ha sido el ataque ocurrido en contra del vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández Mendoza y al director de Investigación, Rafael Sosa Lagunes en el estacionamiento de la Fiscalía del estado cuando salían de trabajar, el 14 de septiembre.
El 9 de septiembre el fiscal regional en Tierra Caliente, el coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado en Coyuca de Catalán.
Al respecto, la fiscal Sandra Luz Valdovinos que se mueve con resguardo de una guardia de agentes militares vestidos de civil, consideró que se ataca a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado debido a que ya no está al servicio de grupos delictivos.
La lista de crímenes sigue, apenas este medio documentó 16 asesinatos ocurridos el fin de semana pasado, de los cuales no se cuenta con información oficial.
Reporteros de diversos medios de comunicación de Acapulco y Chilpancingo, señalaron que la fiscal Sandra luz Valdovinos Salmerón no ha dado respuesta sobre la reunión con el gremio, para hablar sobre los asesinatos de Nelson Matus Peña y Gerardo Torres Rentería.
En un comunicado, recordaron que hace una semana los periodistas realizaron una protesta por los recientes crímenes de los reporteros mencionados, y de otros comunicadores, “cuyos casos parecen haber sido archivados en la FGE”.
El oficio a la Fiscalía General del Estado (FGE) fue entregado al fiscal regional en el puerto, Rafael Saldaña Julián, quien estuvo acompañado por el director de Comunicación Social de la dependencia, Carlos Alberto Hernández Monje, y el responsable de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos Cometidos en Agravio de las Personas que Realizan Labores Periodísticas, Defensores de los Derechos Humanos y que Atentan contra la Libertad de Expresión en el estado, cuyo nombre no figura en el directorio oficial de la dependencia.
Indicaron que el oficio va dirigido a la fiscal Sandra Luz Valdovinos, donde le solicitan de la “manera más respetuosa posible, que haga un espacio en su agenda de trabajo y pueda reunirse con el gremio que ha sido lastimado con crímenes que están hundidos en la impunidad”.
Recordaron que los funcionarios se comprometieron a que enviarían el oficio a la fiscal, para que “en tiempo y forma solicitado, nos respondiera cada uno de los puntos que le pedimos”.
Añaden que, sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna a la solicitud de reunión con el gremio, “donde abordemos el problema que hemos estado planteando con los recientes asesinatos de compañeros”. Precisaron en el documento que Guerrero es el segundo estado donde han sido asesinados más periodistas y la Fiscalía ha “heredado expedientes de crímenes ocurridos en diversas partes de Estado contra comunicadores, sin que se informe, no solamente a la sociedad, sino a sus mismos familiares y abogados de esas víctimas, sobre el avance en esas investigaciones”.
Le recuerdan a la Fiscalía que hay tres casos de reporteros desaparecidos, cuyos familiares han clamado justicia a lo largo de los últimos sexenios y todos, sin excepción alguna, han sido tratados con menosprecio.
Señalaron que los periodistas son los intermediarios, que quieren que sus voces se escuchen por esta sociedad, que también esta ávida de justicia para poder recuperar una paz que parece haberse perdido en sus calles, sus barrios, sus colonias, sus comunidades y sus municipios.
Para finalizar señalan: “Seguimos esperando que la teniente coronel considere tener el tiempo suficiente para atendernos y escucharnos”. El oficio va acompañado con alrededor de 80 firmas, de trabajadores de varios medios de comunicación.
Miembros del Movimiento Antorchista a su paso por la avenida Miguel Alemán como parte de la marcha al centro de Chilpancingo para exigir justicia en el asesinato de Conrado Hernández Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Miembros del Movimiento Antorchista marcharon en la capital para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros Conrado Hernández Domínguez, su esposa Mercedes Martínez Martínez, y su pequeño hijo Vladimir, de unos 9 años de edad.
Desde de las 7 de la mañana cientos de manifestantes llegaron a la capital en autobuses provenientes de distintas partes de la República Mexicana: Veracruz, Querétaro, Puebla entre otros y llegaron al Zócalo de la capital donde realizaron un mitin político-cultural.
Reprocharon que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero no les ha dado avances de las investigaciones del asesinato de Hernández Domínguez y su familia.
También, indicaron que marcharon por compañeros asesinados en otras partes del país.
Los antorchistas bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas frente a Ciudad Universitaria para que sus integrantes se congregaran y salieron en marcha minutos antes de las 10 de la mañana.
En la marcha los manifestantes recordaron que el 12 de abril fue asesinado su compañero, Conrado Hernández Domínguez junto con su familia, y que han pasado más de 50 días y no han tenido avances, por lo que llamaron a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón que agilice el caso.
Además, llamaron a los ciudadanos a que se unan al movimiento antorchista si han sido víctima de la delincuencia organizada, para que juntos reclamen justicia a las autoridades estatales.
Al llegar al Zócalo de la ciudad los dirigentes de los estados encabezaron el mitin, también hubo danzas y bailes; posteriormente se retiraron. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
A casi seis años de la desaparición y homicidio de Armando García González, un vecino de Tlapehuala, la Fiscalía General del Estado (FGE) apenas ayer subió a su plataforma la ficha técnica con sus datos para su localización, lo que fue calificado por los familiares de la víctima como una burla y le exigieron una explicación.
“Exigimos una disculpa pública de la Procuraduría (Fiscalía) General del Estado y del propio gobierno de guerrero”, escribieron en un documento para su publicación enviado a los medios de comunicación.
García González fue privado de su libertad el 16 de noviembre del 2017 cuando se trasladaba de Iguala a su pueblo Tlapehuala, al pasar por el filtro que tenía la Policía Comunitaria Tecampanera frente a la gasolinera de Teloloapan.
Su cuerpo fue hallado con disparos y huellas de tortura 10 días después, el 26 de noviembre, en la carretera que va a la comunidad de Alpixafia municipio de Teloloapan.
Ese mismo día los familiares acudieron al Servicio Médico Forense de Iguala para realizar el reconocimiento y reclamar el cuerpo y al día siguiente le dieron sepultura.
“Por eso exigimos respeto y seriedad sobre la publicación falsa y sin fundamento sobre la localización de nuestro familiar Armando García González”, exigieron en su comunicado.
“Exigimos respeto principalmente por su señora madre, anciana de 87 años, quien todavía llora día y noche por la muerte absurda de su hijo mayor”.
Los responsables de la aclaración y de la exigencia de una explicación y respeto por la familia, la encabezan los hijos del finado David y Armando García Hernández, además de sus hermanos Carlos, José Francisco, María Filomena y Publio García González.
“¿Quién hace esta publicación tan irresponsable?”, se preguntaron en el documento y reprocharon que la publicación de la ficha con los datos de su familiar en el que aparece la palabra “Localizado” se trata de un anuncio “como si fuera un logro de los gobiernos que no hacen absolutamente nada por salvaguardar la vida de los Guerrerenses”.
“Exigimos una explicación por parte de la Procuraduría (Fiscalía) General del Estado, de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, piden.
Aclaran que en su momento solicitaron al gobierno de Héctor Astudillo Flores su apoyo e intervención para rescatar con vida a Armando, “lo cual no provocó ninguna reacción del fiscal de ese gobierno, ni de la propia administración de ese gobierno priista”.
Denunciaron que el gobierno se inmovilizó ante el caso debido a que hicieron señalamientos en los medios de comunicación de que era un gobierno “criminal e incapaz que lo único que hizo fue integrar la Carpeta de Investigación 12070420200123261117”.
