Jacob Morales Antonio
La ex titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaqueline Salgado González denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le ha dado protección luego de que fue privada de la libertad por hombres armados el 21 de agosto, además, le retiró un bono de riesgo, no le paga el seguro de vida institucional y personal, la amedrentan, y por ello, tiene miedo que la maten.
En conferencia de prensa en el Sanborns Café de la Costera contó que luego de ser privada de la libertad durante 31 horas por un grupo criminal que irrumpió en el MP de Coyuca de Catalán y se la llevó, se tuvo que ir del estado, y por el daño psicológico que ese hecho le generó, el ISSSTE le otorgó una incapacidad.
Acompañada de su abogado Luis Silvestre Luna Sánchez, Jaqueline Salgado contó que aceptó irse como titular del MP de Coyuca de Catalán, porque le ofrecieron un aumentó salarial y lo aceptó porque es madre soltera. Recordó que desde que tomó protesta la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la agencia no tenía titular.
Nerviosa y por momentos en llanto, narró que el 21 de agosto hombres armados llegaron a la Agencia del Ministerio Público y preguntaron por ella directamente. Dijo que al salir alcanzó a ver a uno de los policías ministeriales encañonado mientras le retiraban el arma.
Recordó que las personas que la tuvieron en cautiverio primero le manifestaron que su rapto era por el trabajo que había realizado en diversas agencias del ministerio público, en Chilpancingo e Iguala; y la obligaron a grabar un video en el que se atribuía la responsabilidad de haber judicializado varias carpetas de investigación “perjudicando” a varias personas.
Señaló que también la culparon de los cateos de automóviles de lujo en ese municipio, algunos de los cuales no aparecieron cuando los pusieron a disposición en el ministerio público, “pero de eso yo desconozco porque llevaba siete días apenas”, resaltó.
Dijo que durante las 31 horas que estuvo privada de la libertad, la mantuvieron esposada y con los ojos vendados, además de que todo el tiempo estuvo en movimiento en una de las dos camionetas en que se la llevaron de la agencia. “Lo primero que se me vino a la mente, es que me iban a matar. Yo no me quería destapar los ojos por temor a que me privaran de la vida”, añadió.
Agregó: “por cuestiones de seguridad me tuvieron cautiva 31 horas, me dejaron hasta el día 22 de agosto a las 8:30 de la noche en un espacio de terracería, del cual yo desconozco qué calle sea, pero yo me tuve que trasladar por mis propios medios como una hora y media, para poder llegar a las instalaciones de la Fiscalía de la región de la Tierra Caliente, yo llegué con mis propios medios, nadie me fue a rescatar”.
Jaqueline Salgado recordó que dos personas que transitaban por el lugar la socorrieron y la llevaron a la Fiscalía, por lo que desmitió que a esa dependencia quien mediante un comunicado de prensa informó que fue localizada con vida gracias a los operativos de búsqueda.
Mencionó que al llegar a la agencia lo primero que hizo fue llamar a su familia para avisar que estaba viva, y después un médico legista la revisó, “yo presentaba un alto problema de circulación porque mis piernas estaban hinchadas, porque no me permitieron bajar del vehículo”, solo para ir al baño, dijo.
Aclaró que cuando la trasladaron a la Fiscalía en Chilpancingo, la fiscal Sandra Luz Valdovinos no atendió a su familia y “mucho menos me atendió a mí, fue descortés, me dio una semana de descanso para que -después- siguiera laborando”.
Sostuvo que tras su cautiverio quedó con daños emocionales y psicológicos “no pude regresar en esa semana que me dio (la fiscal), pedí más días de descanso”. Señaló que acudió al psicólogo y al psiquiatra por el alto grado de trauma que tiene, cuyos costos pagaba con un bono de riesgo que les paga la Fiscalía.
Dijo que después le notificaron su cambio de adscripción a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en Acapulco, pero a pesar de que Sandra Luz Valdovinos le prometió que mantendría la misma categoría, la bajaron a auxiliar. “Yo tengo mis oficios de cambios de adscripciones” agregó e informó que promovió un amparo.
Destacó Jaqueline Salgado que entró a trabajar a la Fiscalía mediante un examen de oposición, y de control y confianza, y tiene una antigüedad de 15 años como agente auxiliar.
Agregó que el mismo día que fue trasladada a la capital solicitó protección, luego de que se le informó que por su rapto se abrió una carpeta de investigación, sin embargo, dijo que hasta ayer la Fiscalía no le ha otorgado una sola medida cautelar, razón que la orilló a salir del estado “porque corre riesgo mi vida”, señaló.
Relató que el pasado 12 de octubre hombres armados vestidos de civiles, a los que se pudo identificar como policías ministeriales de la élite militar que llegaron a la FGE con Sandra Luz Valdovinos, llegaron a la casa que rentaba en Acapulco a pedir información, pero no se la dieron. “Estoy siendo acosada ahora hasta por mi propia oficina de que me puedan hacer un despido”, dijo.
Jaqueline Salgado denunció que la Fiscalía le retiró además el bono de riesgo de 5 mil pesos que se les paga a los trabajadores mes con mes, bajo el argumento de que ella está incapacitada, pero recordó que desde el 2021 se acordó que esa presatación la recibirían todos los policías y cada uno de los trabajadores de la Fiscalía.
“Si me preocupa mucho la situación laboral, tengo problemas de que si me privan otra vez de la libertad o me quieran causar un daño como matarme, nosotros no tenemos seguro de vida institucional, si me hubieran matado a mi familia no le hubieran dado un peso, además mi seguro que yo pago y me ha sido descontado quincena tras quincena de mi salario, la fiscalía no lo pagó”.
La trabajadora indicó que desde hace un año solicitó el reembolso de ese dinero para poder arreglar su situación con la aseguradora, “la fiscal habla de honestidad, que vea la honestidad que hay dentro de los trabajadores que ella misma está imponiendo dentro de la Fiscalía porque mi seguro de vida particular no me lo pagó”.
Citó que los hombres armados que la mantuvieron en cautiverio le advirtieron que debería tener seguridad, porque su vida corre riesgo, y pese a esto la Fiscalía no le ha informado las razones del por qué no se le da protección, “yo estoy muy preocupada por no tener la seguridad laboral ni en mi persona”, expresó.