El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, sostuvo que los ataques a las agencias de la Policía Ministerial y Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en Acapulco son reacciones para “amedrentar” el trabajo que se hace en el municipio contra los grupos delictivos.
Tres agencias han sido atacadas en Acapulco en menos de cuatro días; Costa Azul, la noche del domingo, y el martes fueron Barrios Históricos y Coloso.
En declaraciones por teléfono y a pregunta expresa sobre a qué atribuyen esos ataques, dijo que se busca “intimidar a la autoridad”.
“Lo que estamos observado son actos de intimidación por los resultados que se han dado en los últimos días”.
Sobre qué acciones van a hacer para reforzar la seguridad y en las agencias del Ministerio Público para reducir el riesgo de estos ataques respondió que la parte operativa no se puede dar a conocer.
“Lo que sí le puedo decir es que en la ciudad se están realizando una serie de operativos, con la finalidad de inhibir el delito en general, se están estableciendo los filtros, se está haciendo revisión a personas que circulan en motocicletas o en vehículos que parecieran ser sospechosos se van a someter a revisión, esto con la finalidad, insisto, de inhibir cualquier comisión del delito”.
Llamó a los ciudadanos a que permitan las revisiones que efectúan las fuerzas de seguridad en los filtros, que no lo vean como un acto de molestia, sino como una acción de salvaguarda a su persona, su patrimonio y generar condiciones de estabilidad y que el periodo vacacional transcurra con calma.
De los hechos ocurridos en Igualapa, donde una mujer fue asesinada y un hombre herido, el subsecretario dijo que se reforzó la seguridad en Acapulco con policías que estaban en Igualapa, “cuando dejas el lugar quienes se dedican a hacer el mal aprovechan este tipo de oportunidades, desafortunadamente. Ya se le hizo un llamado al presidente municipal a que hiciera una convocatoria para que pudiera integrar el cuerpo de seguridad pública municipal”.
Moretones de los golpes de Ramón Donato Cabañas Solís contra su madre Irma Solís Nogueda, su hermana Marlén Cabañas Solís y su sobrina Mairi Marlén Rivero Cabañas Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Tres mujeres, una de ellas de 80 años, fueron golpeadas por un familiar suyo, incluso a una de ellas amenazó de muerte, dentro de la casa de la adulta mayor, las víctimas pidieron auxilio al número 911, pero ninguna patrulla llegó porque el 26 de diciembre pocos policías estaban trabajando.
En el Ministerio Público de la colonia Progreso, agentes les dijeron que no procedía la denuncia por intento de feminicidio porque el agresor era familiar suyo, entonces el delito fue tipificado como violencia familiar. También les dijeron que no existía un refugio para mujeres violentadas, pese a que sí existe, y que la Secretaría de la Mujer (Semujer) sólo les puede ofrecer ayuda sicológica y que la investigación es lenta porque están de vacaciones.
Agentes de la Guardia Nacional las resguardaron para sacar sus pertenencias y les recomendaron hospedarse en el hotel Centro Vacacional SNT Bienestar de la avenida Gran Vía Tropical, pero un par de días después de su estancia les dijeron que ya no podían quedarse más tiempo con el precio bajo que les ofrecieron al principio porque iba a empezar la llegada masiva de turistas.
Como habitualmente lo hacen, el 25 de diciembre pasado Marlén Cabañas Solís y su hija Mairi Marlén Rivero Cabañas viajaron de la Ciudad de México, donde radican, a Acapulco para visitar a la mamá de la primera, Irma Solís Nogueda, quien vive en la calle Campo de Tiro, colonia Ampliación San Isidro, cerca de la tienda Bodega Aurrerá de Pie de la Cuesta.
Al día siguiente, uno de los hermanos de Marlén, Ramón Donato Cabañas Solís, su esposa y sus dos hijas también llegaron a la propiedad de Irma Solís, en la que vive desde hace más de 30 años junto con su esposo Odilón Cabañas.
Apenas pasaron 30 minutos cuando a las 10:30 de la noche del 26 de diciembre, Ramón Cabañas, su esposa y sus hijas agredieron a Irma, Marlén y Mairi, a esta última Ramón la amenazó de muerte con pistola en mano; las agredidas, quienes enseñaron sus moretones en los brazos y las piernas ayer a El Sur, salieron de la casa a refugiarse con los vecinos.
“Yo me sentí sola y vulnerable, entonces corrí con una vecina que está al lado”, relató Mairi, quien estudia Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tras la agresión llamó al número 911 para pedir auxilio, pero las víctimas esperaron una hora y media afuera de la casa y nunca llegó una patrulla.
Le otorgaron el folio de la denuncia 26795648, pero en la segunda llamada el operador le dijo a la joven de 23 años “que lamentablemente por las fechas que había menos unidades y que a lo mejor iban a tardar, pero que no tenía un tiempo estimado. Me dieron largas y nunca llegó”.
Ante la falta de respuesta, un vecino condujo a las tres mujeres al área de Urgencias del hospital Vicente Guerrero de la avenida Ruiz Cortines debido a que las tres cuentan con seguro, pero la atención tardó porque no llevaban sus documentos y no encontraban su número de seguro social.
Irma Solís empezó a sentirse mal, “se nos estaba poniendo muy fría, como que se nos desmayó”, contó su hija Marlén Cabañas de 59 años.
Las tres mujeres fueron dadas de alta a las 7 de la mañana del 27 de diciembre, levantaron un reporte en el área social del IMSS, pero ahí les dijeron que tenían que presentar una denuncia en el Ministerio Público, entonces se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encuentran a un costado de la dirección de Tránsito municipal, en la colonia Progreso.
Las víctimas querían presentar una denuncia por intento de feminicidio, pero se les dijo que primero tenía que ser por violencia familiar porque el agresor es su pariente.
Irma Solís ya había intentado poner una denuncia contra su hijo Ramón Cabañas por violencia sicológica, pero el Ministerio Público no la aceptó argumentando lo mismo: el presunto agresor era su propio familiar.
Las víctimas preguntaron por un refugio, pero les contestaron que no existía, les sugirieron que acudieran a la Secretaría de la Mujer, donde sólo les podrían brindar ayuda sicológica, y les entregaron un folleto del Centro de Justicia para las Mujeres.
Una familiar de las víctimas las auxilió para recoger sus pertenencias y en el camino encontraron a agentes de la Guardia Nacional, a quienes les pidieron ayuda para ir a la casa de Irma porque tenían “miedo”.
El teniente coronel Reséndiz accedió a acompañarlas, “pero que no podía entrar al domicilio porque es propiedad privada y pueden hacer una denuncia ellos de que entró un guardia nacional a la casa”, contó Mairi.
El teniente coronel les sugirió a las víctimas hospedarse en el hotel Centro Vacacional SNT Bienestar porque conseguiría que la noche costara 200 pesos; sólo se quedaron dos noches “porque iba a ser Año Nuevo, iba a haber mucho turismo, nos dijeron que no nos podían seguir apoyando”.
Mairi le preguntó a la Guardia Nacional si había algún refugio gubernamental “y me dijeron que no había, entonces sí nos pusimos un poco desesperadas porque como tenemos que seguir aquí por la demanda”.
Actualmente, las tres mujeres habitan en la casa de otro familiar, aún viven con temor porque Ramón Cabañas hirió a su hermano José Luis hace cuatro años y éste apenas está recuperando la capacidad de caminar.
Un agente del Ministerio Público les comentó que la carpeta de investigación fue trasladada a la agencia de Jardín Mangos y el 1 de enero se comunicó con Mairi para notificarles de una protección vigente por 30 días para evitar que el presunto agresor las moleste.
También le dijo “que como ahorita todo mundo está de vacaciones, pues ahorita están tardando un poco más en la Fiscalía para que sigan la investigación” y les pidió a las víctimas esperar a la “licenciada Fátima” para proseguir con el caso.
Marlén Cabañas y su hija no se pueden quedar mucho tiempo en Acapulco, el Ministerio Público les dijo que no podían levantar una demanda en la capital del país porque los hechos violentos ocurrieron en Acapulco.
Policías del Estado resguardaron el bloqueo que comerciantes y transportistas realizaron frente a la Central de Abasto para exigir la destitución de mandos de la Policía Ministerial y de un agente del Ministerio Público, a quienes señalaron de estar coludidos con un grupo de la delincuencia organizada Foto: Carlos Carbajal
Redacción
Unos 250 comerciantes y choferes del transporte público bloquearon cuatro horas frente a la Central de Abasto para exigir la destitución de un mando ministerial y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), ligados supuestamente con el crimen organizado.
A las 10:30 de la mañana, los inconformes contaron que el martes en la tarde, hombres armados pretendían privar de la libertad a dos comerciantes, sin embargo policías municipales frustraron la privación de la libertad, y por tal razón fue baleada la carrocería de la patrulla, en referencia al reporte de Seguridad Pública que hombres armados atacaron a balazos a una patrulla de la Policía Municipal.
Los manifestantes cerraron todos los carriles del bulevar Vicente Guerrero y hasta las 2:30 liberaron la vialidad tras el acuerdo con un representante de la Secretaría de Gobernación estatal que el domingo próximo serán atendidos por funcionarios del estado para resolver sus demandas.
Sin embargo, advirtieron que si no hay respuesta favorable el lunes volverán a bloquear el bulevar Vicente Guerrero.
Responsabilizaron al grupo criminal Los Rusos, porque aseguraron que los hostiga para exigir la cuota a los comerciantes y choferes del transporte público.
Señalaron al coordinador regional de la Policía Ministerial, Roberto Carlos Martínez González, y el Ministerio Público, Rafael Barriga, de estar ligados con la delincuencia organizada.
“Señora gobernadora pedimos la destitución del coordinador regional Roberto Carlos Martínez González alias el Negro, porque está ligado a la delincuencia organizada”, “señora gobernadora exigimos inmediata sustitución del agente Ministerial Rafaél Barriga por tener nexos con la delincuencia organizada”, fueron algunas pancartas mostradas.
En declaraciones a reporteros, el comerciante de la Central de Abasto, Roberto Montúfar, dijo que hay un video de una cámara de seguridad de circuito cerrado en la Central de Abasto y añadió que la Policía Municipal frustró la privación de la libertad de dos comerciantes.
“Cómo es posible que cuando nos piden el voto para Morena ahora nos castiguen así con este tipo de atropello”, reclamó.
Criticó que en la Central de Abasto y su entorno hay 4 mil comerciantes y que el hostigamiento de la extorsión tiene tres años, y “a veces se calma cuatro meses, y nuevamente vuelven, ya estamos cansados”.
Manifestó que “ya estamos cansados de la arbitrariedad de los fiscales, junto con el grupo de Los Rusos que se han dedicado a extorsionar”.
Exigió a la gobernadora la destitución inmediata del coordinador regional Roberto Carlos Martínez González, porque aseguró que “está ligado a la delincuencia organizada”. Asimismo, solicitó el cese del Ministerio Público, Rafael Barriga, por nexos con el crimen organizado.
Dijo “Que los fiscales sean militares o marinos, ya no queremos lacrosos pagados por la delincuencia organizada y el grupo de Los Rusos que siempre han intervenido para matar y secuestrar a gente inocente”.
Sostuvo que también los choferes del transporte público de la zona suburbana son extorsionados por “el grupo de Los Rusos en contubernio con la Ministerial”.
Padres de familia del jardín de niños Justo Sierra, afuera de las oficinas del Ministerio Público del fuero común, a donde acudieron a denunciar que un hombre arrojó diésel a sus hijos cuando estaban en el interior del plantel Foto: Brenda Escobar
Padres de familia del jardín de niños Justo Sierra, ubicado en el centro de Zihuatanejo, denunciaron que un hombre cuyo predio colinda con la escuela, arrojó diésel a 12 alumnos, por lo que presentaron una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común por los delitos que resulten.
Este miércoles, la presidenta del comité de padres de familia, Fabiola Aguirre, manifestó que los padres agraviados le informaron que cerca del mediodía del pasado martes, un grupo de niños fue agredido por un hombre, quien les arrojó diésel a través de un hoyo que da hacia el predio que colinda con el jardín de niños en la parte trasera.
Dijo que de acuerdo con las madres de familia, los niños se encontraban en esa parte de la escuela y que se asomaron para ver hacia el otro lado, que es un negocio donde fabrican muebles de bambú, cuando el hombre los agredió y además, para asustarlos les encendió una motosierra.
Agregó que las maestras llamaron a la policía para que hablaran con el agresor, quienes además les sugirieron que acudieran a interponer la denuncia en la agencia del MP del fuero común por los delitos que resulten y por ese motivo, este miércoles lo hicieron.
Una de las madres comentó que su hijo le narró lo ocurrido cuando lo recogió a la salida. Detalló que a algunos niños les saltó combustible en los ojos, a unos más les cayó en el cabello y a otros en diversas partes del cuerpo, por lo que las maestras los asearon de inmediato (Brenda Escobar/Zihuatanejo)
Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zihuatanejo denunciaron que este jueves, cuando se trasladaban hacia el puerto de Acapulco en un autobús rentado por el Instituto, al pasar por Petatlán el chofer dejó subir a un hombre que, al llegar al retén en Bajos del Ejido, en Coyuca de Benítez, fue detenido por los militares porque llevaba droga y un arma.
La familiar de una de las pacientes que iba a consulta en el hospital regional Vicente Guerrero, de Acapulco, y que pidió omitir su nombre para evitar represalias, manifestó que en la madrugada salieron hacia el puerto en el autobús que contrata el IMSS para trasladar a los derechohabientes a sus consultas con especialistas.
Agregó que al pasar a la central de autobuses de Petatlán a recoger a los pacientes, se subieron tres personas, entre ellas un hombre al que los perros adiestrados que tienen los militares le olfatearon drogas, por lo que subieron a buscarlo y lo encontraron escondido en el baño del autobús, y al revisarlo, le encontraron droga y una pistola tipo escuadra.
Dijo que debido a este incidente, los soldados les informaron que tanto el hombre, como el chofer y el autobús se quedarían en ese sitio hasta que no llegara un agente del Ministerio Público, por lo que los pacientes y sus acompañantes tuvieron que buscar la manera de llegar al hospital.
La mujer responsabilizó al chofer del autobús, pues aseguró que hay un control muy estricto delIMSS para que los enfermos y sus acompañantes puedan abordar, y que a las tres personas que se subieron en Petatlán, el conductor no les requirió ningún comprobante para demostrar que acompañaba a algún derechohabiente.
Este martes se cumplió una semana del homicidio del candidato del PRI a diputado local por el distrito 17, Abel Montúfar Mendoza; el caso sigue bajo investigación con una operación en la región Tierra Caliente que ha reportado a la agencia del Ministerio Público (MP) dos detenidos por casos diversos y vehículos con reporte de robo decomisados.
En una semana de operaciones de la Policía Ministerial, de la Policía del Estado, de la Gendarmería y del Ejército para la búsqueda y localización de los responsables del homicidio del candidato y del asesinato de tres militares ocurrida horas después de la ejecución del político, se detuvo a dos hombres, uno al que vinculan con el asesinato de los tres militares y otro por un caso completamente distinto, a quien le encontraron con droga.
En la región el Ejército, la Policía del Estado, la Gendarmería y la Policía Ministerial recorren pueblos y brechas.
Los cuerpos policiacos y del Ejército han instalado retenes en diferentes puntos de la región, lo que provocó la detención del hijo del candidato a presidente municipal de Coyuca de Catalán por el PRD, Eusebio Echeverría Tavárez, el sábado.
Otra de las detenciones fue en Altamirano en un filtro colocado por la Policía Ministerial quienes encontraron a un hombre con dosis de drogas.
La tercera persona fue detenida en Coyuca de Catalán, es un hombre al que las autoridades vinculan con el homicidio de los tres militares que acudieron al rancho de la familia Montúfar, donde presuntamente había personas con armas de fuego y tras un enfrentamiento murieron tres soldados y tres más resultaron heridos.
Ayer se habían reportado 10 vehículos con reporte de robo decomisados, de los cuales cinco ocurrieron en retenes, y cinco del Ejército en una persecución con civiles armados.
Homenajean trabajadores del Ayuntamiento a Abel Montúfar
En Coyuca de Catalán los trabajadores instalaron un cuadro con la fotografía de Abel Montufar Mendoza en la entrada del Palacio Municipal, con flores, para recordarlo a una semana de su muerte, además de que un grupo acudió al lugar donde encontraron su cuerpo a rezar en Altamirano.
Desde temprano colocaron un cuadro con la foto del candidato del PRI a la diputación local asesinado, quien era también alcalde con licencia. Ahí algunos pasaron y dejaron flores para recordarlo a una semana de su muerte.
Cerca de las 6 de la tarde unos 20 trabajadores acudieron al lugar donde fue localizada la camioneta con el cuerpo de Abel Montufar. Todos iban con playeras blancas de su campaña a la diputación local, y colocaron una cruz de flores grande en la banqueta.
Estuvieron por 15 minutos rezando y en medio de lágrimas le dedicaron aplausos y porras para luego retirarse.
El Ejército recupera cinco camionetas robadas tras seguir a hombres armados
El Ejército decomisó cinco camionetas de lujo en la comunidad de Cayuncha, municipio de Zirándaro de los Chávez la tarde de este lunes, luego de perseguir a un grupo de la delincuencia organizada.
Las unidades fueron abandonadas tras una persecución en la sierra de Zirándaro. En el automóvil hallaron cerca de 100 cartuchos calibre 5.56, cargadores para armas de fuego y equipo táctico.
La localidad se ubica en las colindancias entre el municipio de Coyuca de Catalán y Zirándaro en la ruta cerca a Placeres del Oro, y en las cercanías con Manchón Parotas, donde reportaron un enfrentamiento la tarde del lunes.
El Ejército continuó la persecución de los armados pero no hubo reportes de heridos ni muertos, sólo que decomisaron cinco camionetas relacionadas con el caso, de las cuales todas son de modelo reciente.
Primero trajeron las unidades ante el Ministerio Público federal en Altamirano y posteriormente las regresaron a Coyuca de Catalán, donde fueron puestas a disposición ante el Ministerio Público del fuero común.
Cambiaron al fiscal regional y a la coordinadora regional de la PIM
La mañana de este martes se informó del cambio del fiscal regional de Tierra Caliente, Carlos Vinalay de la Rosa, y de la coordinadora regional de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), Gabriela Gallegos Arellanes, a quienes les tocó iniciar las indagatorias del homicidio del candidato Abel Montúfar Mendoza.
En el caso del fiscal regional aún no se conoce su sustituto, no se ha anunciado la llegada del nuevo. Se espera que el acomodo sea una vez que se instale el nuevo fiscal general, que fue elegido ayer por el Congreso Local.
A la Policía Ministerial llegó Rogelio Martínez Acevedo, quien ya se ubicó en la región para asumir las actividades de la corporación. Actualmente hay grupos que llegaron de refuerzo para las investigaciones.
Los cambios ocurren a una semana del homicidio de Abel Montufar. Tanto la coordinadora de la ministerial como el fiscal encabezaron el inicio de las indagatorias y protocolos del levantamiento del cuerpo, para que luego dejaran el caso en manos de las oficinas de investigación estatales.
Policías ministeriales, agentes del Ministerio Público (MP) y peritos protestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir aumento salarial, prestaciones así como el pago de un bono de alto riesgo y de fin de año.
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) aglutinados en la Asociación de Ministerios Públicos, Peritos y Policías Ministeriales arribaron a las 10 de la mañana al paso peatonal del río Huacapa frente a Palacio de Gobierno donde colocaron lonas en las que estaban las exigencias de los inconformes.
Las lonas fueron colgadas en los barandales del paso peatonal. Los manifestantes pedían el bono de alto riesgo, dotación complementaria de fin de año y el 50 por ciento en el aumento salarial y prestaciones que fue autorizado en una reunión con el gobernador el pasado 7 de junio.
En la protesta participaron más de 100 trabajadores de las distintas regiones del estado quienes durante los primeros 30 minutos sólo permanecieron plantados en el paso peatonal, pero ante la nula atención de las autoridades decidieron bloquear un carril del encauzamiento.
Una hora después de iniciar el bloqueo decidieron moverse al cruce de dos calles a un costado de Palacio de Gobierno, para presionar y así lograr una mesa de trabajo.
En declaraciones a reporteros el presidente de la asociación, Jesús Castrejón de la Cruz explicó que ya se cumplió un año sin que se les pague el bono de riesgo de 250 pesos diarios que se les prometió en una reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
“A pesar de que saben que desempeñamos tareas en áreas de alto riesgo por la inseguridad en todos los lugares donde vamos, no nos hacen caso en pagar el bono”, agregó.
Recordó que en la pasada reunión en Casa Guerrero fue autorizado el pago del bono de riesgo, pero a pesar de esto los funcionarios del área de finanzas no han entregado lo que se comprometió el Estado a pagar.
Dentro de las demandas salariales esta el aumento del 50 por ciento para un total de mil 500 trabajadores, ya que aseguraron que son los funcionarios púbicos con salario más bajo en el estado y el país.
Denunciaron que durante años pasados se les entregaban entre 50 a 70 mil pesos dependiendo de la categorías y la productividad de cada uno, pero durante el 2016 sólo se les entregó 20 mil pesos a las categorías mas altas.
Luego de tres horas unos manifestantes se reunieron con trabajadores de la Secretaría General de Gobierno para iniciar una mesa de trabajo para atender sus peticiones (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo ).
En su segundo día de protestas para exigir mayor seguridad en el municipio, integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan retuvieron camiones y tráileres de empresas nacionales y trasnacionales en los retenes de vigilancia en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, que hasta la noche de ayer seguían varados.
Ayer también mantenían tomado el Palacio Municipal como parte de su plan de acción para exigir a los gobiernos estatal y federal mayor seguridad para el municipio y la presencia de la Policía Federal, lo que fue parte de los acuerdos tras el bloqueo de la carretera más de 30 horas de los días 10 y 11 de este mes.
Ayer en la tarde en declaraciones vía telefónica el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño informó que además estaban cerradas las sucursales bancarias, los juzgados y la agencia del Ministerio Público.
Cerca de las 8 de la mañana de ayer fuentes de la comunitaria Tecampanera informaron que en el segundo día de protestas estaban reteniendo todo tipo de camiones de carga de mercancía y servicios de empresas nacionales y trasnacionales. Pararon camiones de Coca-Cola, Bimbo, Coppel, repartidores de gas, cerveceras y de otras empresas que llevaban mercancía a la región Tierra Caliente y que venían a la zona Norte.
A la una de la tarde de ayer informaron que había unos 100 camiones y tráileres retenidos en los retenes que instalaron en la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia. Los camiones y tráileres fueron estacionados en la orilla de la carretera, sin que se bloqueara la circulación vehicular.
El martes los comunitarios cerraron el Ayuntamiento y tiendas de autoservicio para demandar mayor seguridad y la presencia de la Policía Federal, que se haga justicia a los tres herreros asesinados y se aplique la ley en contra de miembros de la delincuencia que se adjudicaron el crimen, y que se capture a los principales líderes del grupo criminal La Familia Michoacana. Además que se abra una carpeta de investigación en contra del alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de tener vínculos con esta organización delictiva.
En la tarde en declaraciones por teléfono, el alcalde Robell Urióstegui confirmó la retención de camiones de carga y dio a conocer que hasta la tarde de ayer seguía cerrado el Ayuntamiento, los juzgados de primera instancia, de paz, el Ministerio Múblico, y no han permitido que las tiendas de autoservicio abran y tampoco en los bancos había servicio.
Declaró que la tarde del martes se reunió con una comisión de comunitarios para escuchar sus peticiones. Dijo que le pidieron que sea intermediario para programar una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame. Dio a conocer que ya había platicado con el secretario y estaba en espera de que le dijeran la hora para que pudiera recibir una comisión, que podría ser ayer en la noche.
Del anuncio del gobernador tras una reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero de reforzar la seguridad en este municipio, Urióstegui Patiño dijo que no le han dado una fecha para eso.
Mencionó que hay un planteamiento a los comunitarios que para que lleguen fuerzas federales, “ellos se tienen que hacer a un lado y dejar de seguir al frente de su movimiento”.
A pregunta de que si está despachando en Teloloapan dijo que no se lo han permitido. Dio a conocer que tenía una oficina alterna en la que atendía a la población pero que también fue cerrada, por eso definió parar las actividades y confió en que hoy se reinicien labores.
El martes los comunitarios habían advertido que en caso de que no fueran atendidas sus demandas también podrían tomar la hidroeléctrica El Caracol y las mineras asentadas en la zona.
En hechos distintos fue reportada ayer la desaparición de una mujer y de su hija de tres años ocurrida el domingo luego de que salieron hacia Cocula, y el viernes la de un hombre y una mujer de unos 40 años en Iguala.
Según fuentes policiacas ayer se presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la desaparición de una mujer y su hija de tres años, quienes son vecinas de la colonia 24 de febrero de esta ciudad y se les vio por última vez el domingo de la semana pasada cuando salieron hacia el municipio de Cocula, a visitar a unos familiares.
Según la información que familiares dieron a las autoridades, la última vez que tuvieron comunicación vía telefónica con Enriqueta de 36 años quien iba con su hija de tres años, les informó que la tenían en Cuernavaca, Morelos, por lo que sus familiares solicitaron apoyo de policías para su localización, sin embargo no la encontraron donde había dicho.
El esposo informó a las autoridades que el jueves le llamaron de un teléfono con lada de Cuernavaca, donde le informaban que tenía que ir solo por su esposa y su hija, pero hasta la tarde de ayer no las había localizado.
En un hecho diferente la tarde de este domingo fue reportada ante el Ministerio Público la desaparición de un hombre y de una mujer de unos 40 años, y según versiones de fuentes policiacas, ayer localizaron abandonado el taxi en el que se les vio por última vez el viernes.
Familiares de los desaparecidos dieron a conocer a las autoridades que el viernes la pareja salió a bordo del taxi número 261 de la colonia 28 de abril, al poniente de la ciudad.
Informaron que un día después localizaron abandonado el taxi en la colonia Adolfo López Mateos, el cual fue decomisado por policías estatales y puesto a disposición del MP.
Hasta la noche de ayer se desconocía el paradero de las dos personas y si es que se han comunicado con sus familiares para pedir algún tipo de rescate para su liberación.
El 2 de septiembre de 2014 el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo rindió declaración en la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009.
Una de las 93 preguntas, la cuadragésima, es por qué en los medios se publicó que él sabía que el expediente tenía un avance de “99 por ciento”, a lo cual respondió:
“Ratifico lo que declaré en mi respuesta de septiembre de 2012, siendo el encargado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el licenciado Albertico Guinto Sierra, quien me rendía cuentas informándome de los avances y quien específicamente me dijo que tenía un alto grado de avance la investigación cercano a su conclusión, lo que conocí a través de los medios de comunicación que también declaró la entonces procuradora Martha Elba Garzón al final de su gestión, que incluso buscando transparencia en la investigación, se solicitó al ámbito federal a través del secretario de Gobernación coadyuvaran con la investigación teniendo conocimiento por el encargado de la Procuraduría de ese momento que vinieron ministerios públicos de PGR, que interactuaban en la investigación”.
