La maestra de la UAG, Lucila Álvarez, durante la conferencia de prensa donde denunció el intento de despojo de su casa Foto: El Sur
Argenis Salmerón
La tía del ex aspirante a diputado local por Morena, Yahir García Delgado, Lucila Álvarez, denunció que su sobrino pretende despojarla de su casa, ubicada en la colonia Juan R. Escudero, en la calle 13.
En conferencia de prensa en el restaurante Vips, la trabajadora de la UAG, Delgado Álvarez, dijo que su sobrino tiene una demanda por violencia intrafamiliar por parte de su esposa.
Reclamó que García Delgado la sacó de su casa el año pasado, le gritó y la golpeó.
Añadió que su sobrino le quitó dos teléfonos celulares y unos lentes de 15 mil pesos, además se llevaron sus talones de pago de la UAG, “ahora tengo miedo que le vayan hacer mal uso”, denunció la profesora.
“Es mi patrimonio de 30 años, no puede quitarme mi casa, es una herencia en vida de mi madre”, expresó.
Señaló que García Delgado tiene siete carpetas de investigación por diferentes delitos, sin embargo se quejó que ninguna demanda procede porque aseguró que su sobrino “compra” a funcionarios y a ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado.
Agregó que presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado contra la titular del Ministerio Público sector Mozimba, Violeta Torres Quintana, por omisión a la carpeta de investigación 12030220400133080524 por los delitos de lesiones, violencia de género, robo, allanamiento de morada, amenazas y lo que resulte.
“Yahir García Delgado una y otra vez me violenta, amenaza, y abusando del disoluto poder que presume tener comete graves delitos impunemente y no pasa nada”, manifestó.
Responsabilizó a los funcio-narios públicos del estado, “que abusando de la autoridad asignada se atreven a violentar nuestros sagrados derechos, burlándose de la víctima, ignorando nuestro llamado de justicia”.
Moretones de los golpes de Ramón Donato Cabañas Solís contra su madre Irma Solís Nogueda, su hermana Marlén Cabañas Solís y su sobrina Mairi Marlén Rivero Cabañas Foto: Ramón Gracida Gómez
Ramón Gracida Gómez
Tres mujeres, una de ellas de 80 años, fueron golpeadas por un familiar suyo, incluso a una de ellas amenazó de muerte, dentro de la casa de la adulta mayor, las víctimas pidieron auxilio al número 911, pero ninguna patrulla llegó porque el 26 de diciembre pocos policías estaban trabajando.
En el Ministerio Público de la colonia Progreso, agentes les dijeron que no procedía la denuncia por intento de feminicidio porque el agresor era familiar suyo, entonces el delito fue tipificado como violencia familiar. También les dijeron que no existía un refugio para mujeres violentadas, pese a que sí existe, y que la Secretaría de la Mujer (Semujer) sólo les puede ofrecer ayuda sicológica y que la investigación es lenta porque están de vacaciones.
Agentes de la Guardia Nacional las resguardaron para sacar sus pertenencias y les recomendaron hospedarse en el hotel Centro Vacacional SNT Bienestar de la avenida Gran Vía Tropical, pero un par de días después de su estancia les dijeron que ya no podían quedarse más tiempo con el precio bajo que les ofrecieron al principio porque iba a empezar la llegada masiva de turistas.
Como habitualmente lo hacen, el 25 de diciembre pasado Marlén Cabañas Solís y su hija Mairi Marlén Rivero Cabañas viajaron de la Ciudad de México, donde radican, a Acapulco para visitar a la mamá de la primera, Irma Solís Nogueda, quien vive en la calle Campo de Tiro, colonia Ampliación San Isidro, cerca de la tienda Bodega Aurrerá de Pie de la Cuesta.
Al día siguiente, uno de los hermanos de Marlén, Ramón Donato Cabañas Solís, su esposa y sus dos hijas también llegaron a la propiedad de Irma Solís, en la que vive desde hace más de 30 años junto con su esposo Odilón Cabañas.
Apenas pasaron 30 minutos cuando a las 10:30 de la noche del 26 de diciembre, Ramón Cabañas, su esposa y sus hijas agredieron a Irma, Marlén y Mairi, a esta última Ramón la amenazó de muerte con pistola en mano; las agredidas, quienes enseñaron sus moretones en los brazos y las piernas ayer a El Sur, salieron de la casa a refugiarse con los vecinos.
“Yo me sentí sola y vulnerable, entonces corrí con una vecina que está al lado”, relató Mairi, quien estudia Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tras la agresión llamó al número 911 para pedir auxilio, pero las víctimas esperaron una hora y media afuera de la casa y nunca llegó una patrulla.
Le otorgaron el folio de la denuncia 26795648, pero en la segunda llamada el operador le dijo a la joven de 23 años “que lamentablemente por las fechas que había menos unidades y que a lo mejor iban a tardar, pero que no tenía un tiempo estimado. Me dieron largas y nunca llegó”.
Ante la falta de respuesta, un vecino condujo a las tres mujeres al área de Urgencias del hospital Vicente Guerrero de la avenida Ruiz Cortines debido a que las tres cuentan con seguro, pero la atención tardó porque no llevaban sus documentos y no encontraban su número de seguro social.
Irma Solís empezó a sentirse mal, “se nos estaba poniendo muy fría, como que se nos desmayó”, contó su hija Marlén Cabañas de 59 años.
Las tres mujeres fueron dadas de alta a las 7 de la mañana del 27 de diciembre, levantaron un reporte en el área social del IMSS, pero ahí les dijeron que tenían que presentar una denuncia en el Ministerio Público, entonces se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encuentran a un costado de la dirección de Tránsito municipal, en la colonia Progreso.
Las víctimas querían presentar una denuncia por intento de feminicidio, pero se les dijo que primero tenía que ser por violencia familiar porque el agresor es su pariente.
Irma Solís ya había intentado poner una denuncia contra su hijo Ramón Cabañas por violencia sicológica, pero el Ministerio Público no la aceptó argumentando lo mismo: el presunto agresor era su propio familiar.
Las víctimas preguntaron por un refugio, pero les contestaron que no existía, les sugirieron que acudieran a la Secretaría de la Mujer, donde sólo les podrían brindar ayuda sicológica, y les entregaron un folleto del Centro de Justicia para las Mujeres.
Una familiar de las víctimas las auxilió para recoger sus pertenencias y en el camino encontraron a agentes de la Guardia Nacional, a quienes les pidieron ayuda para ir a la casa de Irma porque tenían “miedo”.
El teniente coronel Reséndiz accedió a acompañarlas, “pero que no podía entrar al domicilio porque es propiedad privada y pueden hacer una denuncia ellos de que entró un guardia nacional a la casa”, contó Mairi.
El teniente coronel les sugirió a las víctimas hospedarse en el hotel Centro Vacacional SNT Bienestar porque conseguiría que la noche costara 200 pesos; sólo se quedaron dos noches “porque iba a ser Año Nuevo, iba a haber mucho turismo, nos dijeron que no nos podían seguir apoyando”.
Mairi le preguntó a la Guardia Nacional si había algún refugio gubernamental “y me dijeron que no había, entonces sí nos pusimos un poco desesperadas porque como tenemos que seguir aquí por la demanda”.
Actualmente, las tres mujeres habitan en la casa de otro familiar, aún viven con temor porque Ramón Cabañas hirió a su hermano José Luis hace cuatro años y éste apenas está recuperando la capacidad de caminar.
Un agente del Ministerio Público les comentó que la carpeta de investigación fue trasladada a la agencia de Jardín Mangos y el 1 de enero se comunicó con Mairi para notificarles de una protección vigente por 30 días para evitar que el presunto agresor las moleste.
También le dijo “que como ahorita todo mundo está de vacaciones, pues ahorita están tardando un poco más en la Fiscalía para que sigan la investigación” y les pidió a las víctimas esperar a la “licenciada Fátima” para proseguir con el caso.
Marlén Cabañas y su hija no se pueden quedar mucho tiempo en Acapulco, el Ministerio Público les dijo que no podían levantar una demanda en la capital del país porque los hechos violentos ocurrieron en Acapulco.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, informó que se analiza el video en el que presuntos sicarios revelan que recibieron la orden de ejecutar “al papá de la gobernadora”, en supuesta referencia al senador Félix Salgado Macedonio.
Informó que el video fue enviado “a nivel federal” para que lo revisen “y poder determinar las acciones que vamos a hacer en búsqueda y localización” de los cuatro jóvenes que aparecen en el mismo, detenidos y con las manos amarradas, declarando haber cometido diversos crímenes.
En declaraciones en el Congreso local tras una reunión interinstitucional de diputados con autoridades estatales, se le preguntó por el video que circuló, de un presunto grupo de sicarios al que pertenecía el menor de 17 años, miembro de la familia que desapareció la madrugada del 10 de junio en el trayecto de Palo Blanco a Chilpancingo, en el que se revela que tenían la misión de ejecutar, según ellos, “al papá de la gobernadora” Evelyn Salgado.
“Se está haciendo el análisis de lo que dicen, la Fiscalía tiene que hacer la investigación correspondiente”.
Se le preguntó de manera específica si se está ofreciendo seguridad al senador en tanto estén los resultados, y respondió: “con seguridad especial no cuenta por parte de la Secretaría”.
Informó también que dan seguridad con una patrulla al alcalde de Iguala, David Gama Pérez, además de escoltas que se le asignaron para su casa y a través de la Marina. Recordó también que dan escoltas a la alcaldesa de Juan R. Escudero, Diana Costilla Villanueva, y al de Zitlala, Rogelio Ramos Tecorral.
Comentó que el área de inteligencia de la SSP está realizando el análisis de los videos difundidos en los que aparecen personas reportadas como desaparecidas, los cuales también fueron enviados “a nivel federal” para que se revisen “y poder determinar las acciones que vamos a hacer en búsqueda y localización y las acciones que va a hacer la Fiscalía para la investigación”.
Del presunto surgimiento de la unión de grupos criminales “Federación guerrerense”, el secretario dijo que se están analizando, pero dijo que no hay certeza: “son cartulinas que ellos mandan y a veces ni son grupos que estén unidos” e incluso señaló que hay grupos locales que firman cartulinas como grupos más grandes.
“Estamos investigando, tanto a nivel estatal como a nivel federal la investigación para determinar quiénes conforman esta Federación guerrerense”.
De Acapulco reiteró que el problema es la presencia de grupos delictivos que se disputan el control del territorio para la venta al menudeo de droga y la extorsión. De la relación de estos grupos con el incendio en el mercado, dijo que aún se está investigando y no hay un dictamen para saber si fue provocado por algún grupo o tuvo otra causa, como un corto circuito.
Evelio Méndez descartó la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad: “no ha fallado, es la misma”, y que lo que van buscando, son estrategias para “minimizar esa incidencia”.
Se ha ofrecido custodia a diputados en el traslado a la capital
El funcionario afirmó que las diputadas perredistas Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Gómez Juárez y el priista Adolfo Torales Catalán, no acuden a las sesiones del Congreso local por decisión propia porque sí hay seguridad en el trayecto de Tierra Caliente hacia la Chilpancingo, y se les ha ofrecido custodia de manera directa después de la presunta amenaza de un grupo criminal en su contra.
Desde abril, las diputadas y el diputado de las regiones Tierra Caliente y Norte, dejaron de asistir a las sesiones del Congreso local por presuntas amenazas del grupo Los Tlacos, y en el último mes se han conectado vía remota para participar en las sesiones.
En declaraciones en el Congreso local después de una reunión interinstitucional de diputados con autoridades estatales, un reportero preguntó si es verdad que alcaldes y diputados de la Tierra Caliente son amenazados por ese grupo criminal. El funcionario respondió que “es una información que ellos dieron en la reunión que tuvimos con la gobernadora, pero es, ahora sí que lo que ellos mencionan, es lo que tenemos”.
Aseguró que cualquiera que denuncie que es amenazado “yo tengo que proporcionarle la seguridad y creer lo que me está diciendo. Quiero pensar que la Fiscalía está haciendo la investigación”.
Se le preguntó si entonces los diputados locales no asisten a Chilpancingo a las sesiones del Congreso local por decisión propia y no por temor. Evelio Méndez respondió: “es decisión de ellos y nosotros mantenemos la seguridad en Tierra Caliente, el tema de prevención, mantenemos patrullajes en toda la ruta desde Pungarabato hasta Teloloapan mantenemos esta seguridad”.
Respecto a si se está dando custodia personal a los diputados, dijo: “se les ha ofrecido si gustan trasladarse para acá, se les ha ofrecido”.
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, aseguró que hay control sobre la entrega de las prefichas, pues son digitalizadas, aunque reconoció que se agotan en cuestión de minutos, pues son muchos los que quieren ingresar a la universidad y ejemplificó con que para la facultad de Medicina hubo 5 mil solicitudes de todo el país.
Aseguró que las fichas no se pueden vender, porque son extramuros y nadie sabe quién obtuvo una ficha hasta que la saca, porque es virtual y dijo que reconocía que cuando era manual se vendía la ficha hasta en 3 mil pesos y, ante ello, se tomó la decisión de digitalizarlo. Indicó que hay mucho mitos, pero que se siente contento porque la entrega de fichas se ha transparentado.
El rector estuvo como invitado del Grupo ACA, donde presentó los avances de la UAG en el primer año de su segundo rectorado, donde destacó el avance que hay en diversas escuelas, como la Preparatoria 25 de Petatlán, que dijo es de las mejores del país; así como la apertura de espacios para grupos vulnerables y el intercambio estudiantil con otras universidades.
El rector aseguró que que la crítica no le incomoda, pues le ayuda a mejorar, y los acasocios le preguntaron sobre la entrega de fichas, en donde se habla que llegan a costar hasta 100 mil pesos para ingresar a Medicina, y el rector Javier Saldaña indicó que siempre ha pedido a los padres que no se dejen engañar y que denuncien a quien les pida dinero, para que se pueda sancionar.
Indicó que se pueden decir muchas cosas de la institución, de que se venden los espacios, y recordó que el año pasado denunció que había gente extraña a la universidad engañando a los padres de familia con iban a encontrar un espacio, lo que no es verdad, y convocó a los socios para que “vieran cómo se hace la selección de estudiantes, es lo más transparente que se puede”.
Agregó el rector que para quitar dudas también está invitando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a la Controlaría del estado, “queremos quitar incertidumbre”. Aseguró que en su rectorado se ha priorizado a las personas que tienen derechos y se han preparado, y el rector dijo: “Puede decir, también, algún reportero o algún periodista que se cobra tanto, pero hay que ver que está atrás de ese reportero. A lo mejor quiere un convenio que la universidad no puede pasar, no tenemos nosotros para estar pagando comunicación”.
Señaló que ha pedido que se le den datos, un nombre para poder erradicar la situación, pero “no me han dado ningún dato, es nada más que la voz populi. Es como los que dicen que tienen derecho a estudiar, que tienen vocación y los que han logrado meter a las escuelas por algún movimiento, a más tardar en un año están fuera, y le están quitando un espacio a la gente que tiene derecho”.
Saldaña Almazán comentó que el año pasado recibió cerca de 300 recomendaciones para entrar a Medicina y no se puede vivir en un estado así, porque hubiera necesitado crear otra escuela y aunque sabía que iba tener consecuencias, porque “la mayor parte venía de gente que tiene un espacio público y tomamos la decisión de someternos a lo que institucionalmente está establecido”.
Agregó que la escuela de Medicina tiene mucha demanda, pero nada más tiene 211 espacios, que es la capacidad que se tiene para hacer el servicio social, pues no hay hospitales para ello y lo que se ofrece son los espacios disponibles. Dijo que quienes estudian medicina están obligados hacer su internado y esos son los espacios que tiene la Secretaría de Salud, así como la capacidad financiera de la universidad.
Señaló que Guerrero ocupa los últimos lugares en cobertura y eso es un gran problema, pues reconoció que al menos 3 mil jóvenes no podrán ingresar a las escuelas universitarias. Comentó que se han creado varias licenciaturas nuevas y que ha pedido que se reorienten algunas carreras, como que para el área de la salud se abrió nutrición química de los alimentos.
Insistió a los padres de familia no dejarse engañar, porque la única forma de ingresar a la universidad es ganándose el derecho.
Sobre la inseguridad comentó que ha pesado mucho a los universitarios, porque en los últimos años han muerto 35 por diversas circunstancias.
Del proceso electoral, dijo que la universidad se mantiene al margen, aunque reconoció que hay “incertidumbre de qué va pasar con el proceso federal, lo que queremos como universidad es mantenernos al margen, de tal manera que no nos afecte cualquier decisión que tome el país”.
Sobre las elecciones de director, donde hay escuelas cuyos directores no renunciaron al cargo, pero están teniendo apoyo de maestros y alumnos para continuar, el rector señaló que eso lo tendrá que resolver el consejo universitario y se tiene que esperar.
Para finalizar, en entrevista, el rector informó que hoy y mañana se van a reunir con los candidatos presidenciales en la sede de la ANUIES, por lo que después informará, aunque reconoció que como universidad les preocupa qué viene y que esperan un proceso transparente, terso, y un proceso que ayude al país.
Habitantes del conjunto habitacional Corret-Sedesol 1 detuvieron a dos mujeres que pretendieron robarse a una menor de edad.
Los habitantes entregaron a los policías preventivos Aleandro Casimiro Maya, Benito Bello Santos y Javier Ramírez Gálvez, a Silvia María Bautista y a Amada Meza Flores, por el presunto delito de sustracción de menores.
Rosalba Espinoza Chavez, abuela de la menor, acusó que ambas mujeres quisieron llevarse a su nieta en venganza porque gestionó la construcción de un kínder a un lado de la casa de Meza Flores, quien argumenta que le molesta.
Llamó al delegado estatal de Corett, José Jure Cejin, porque teme que su vecina Meza Flores le haga otro tipo de daños. (Jorge Nava).