Padres de familia y maestros de la secundaria técnica 30 Lázaro Cárdenas, bloquearon el antiguo libramiento a Tixtla para exigir a la Secretaría Educación Guerrero (SEG) contratos de horas para docentes que están en paro laboral.
Los manifestantes indicaron que desde la semana pasada, los docentes suspendieron labores en demanda de prórrogas de sus contratos y el pago de horas para unos 21 maestros, por lo que unos mil alumnos se quedaron sin clases.
Los padres de familia y los maestros adheridos a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) Sectorial Centro, bloquearon desde las 8:20 de la mañana la vialidad, a unos metros de la escuela, cerca del cuartel de la Policía Municipal de Chilpancingo.
La secretaria de Organización de la CETEG, María Rosalía Ramírez Téllez, explicó que la prorroga consiste en que la SEG se las renueva cada seis mes, pero les truncan a los trabajadores cuatro quincenas, para que no adquieran antigüedad y no tengan derecho al aguinaldo.
Detalló que desde 2021, los maestros no han recibido la renovación de sus contratos, “han estado laborando por voluntad, por los alumnos”, dijo Ramírez Téllez.
Los docentes informaron que la intención de la SEG es desaparecer el turno de la tarde, porque después de mesas de trabajo las autoridades educativas les dicen que no les pueden renovar, ya que no tienen la matrícula escolar suficiente.
Explicaron que la escuela fue fundada hace 52 años y ahora la SEG les dice que no tienen suficientes alumnos. Detalló que han tenido desde 10 a 12 alumnos en el turno de la tarde y este ciclo son 20 estudiantes.
Ante la falta de respuesta, los padres de familia bloquearon la vialidad, al lugar llegaron funcionarios de la SEG y les prometieron una mesa de trabajo con toda la estructura de la dependencia, los manifestantes aceptaron y se retiraron a las 11:40 de la mañana.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que, desde este jueves y hasta el 16 de febrero, estarán abiertas las preinscripciones para Educación Básica.
En la página de Facebook de la SEG se informa que las prescripciones serán de manera virtual y los padres tienen que escoger una escuela cerca de donde viven, aunque otras podrán recibir los documentos.
Entre los requisitos se pide un comprobante de domicilio, para verificar sí “corresponde al área de influencia de la escuela”.
La entrega de documentos para escuelas no ubicadas en cabeceras municipales, se realizará del 1 al 15 de febrero del presente año. La falta de algún documento requerido no deberá ser limitante para la entrega de la ficha de preinscripcion del aspirante, debiendo otorgarse todas las facilidades y la orientación necesaria para que los padres de familia o tutores se comprometan a proporcionar la documentación faltante.
Este jueves fue el turno para los apellidos que inician con las letras A y B. Hoy será para C, D y F. (Karina Contreras).
Madres y padres de los 43 normalistascon su abogado Vidulfo Rosales en la conferencia de prensa en la sede del Centro Pro Foto: Cuartoscuro
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos acusaron que el gobierno federal busca dividirlos y generar una confrontación entre ellos, además de informar que se negaron a sostener una reunión con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ).
Minutos después de retirarse de la reunión con la Comisión, los padres junto con sus representantes ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para presentar una posición.
El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, señaló que se decidió suspender la primera reunión formal del 2024 en la CoVAJ debido a que, por parte del gobierno, existió “una provocación muy desafortunada”, buscando una división entre los padres.
Mario González, padre de César Manuel González, aseguró que el gobierno federal intenta confrontarlos y señaló a otro grupo por ser quienes han entorpecido las investigaciones.
“Es un pequeño grupo de padres que fueron los que asistieron a una marcha por la liberación de José Luis Abarca. Para nosotros han sido ellos los que nos han puesto un poco el pie, por lo tanto no estábamos de acuerdo en estar en la misma sala que ellos”.
Añadió que integrantes de la Secretaría de Gobernación viajaron desde Chilpancingo con el otro grupo de padres de los normalistas desaparecidos, a sabiendas de que el grupo mayoritario no puede reunirse con ellos. Acusó que mantienen prácticas de la administración federal de Enrique Peña Nieto.
“Muchos mexicanos pensamos que se iba a dar un cambio. Desafortunadamente vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres de familia”. Añadió que “es una porquería lo que están haciendo de gobierno, que puercos son”.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez, indicó que el grupo de padres con ideales contrarios a los de los 38 familiares que exigen la presentación con vida de los normalistas recibieron una remuneración económica.
“Ex compañeros que abandonaron la lucha por un dinero, por un billete, no le tienen amor a sus hijos, nosotros aquí estamos con digna lucha, no hemos recibido un peso del gobierno. No nos hemos vendido y no nos vamos a rajar. Estamos con la frente en alto y hasta que aparezcan nuestros hijos sea como sea”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, indicó que la semana pasada sostuvieron un encuentro con el subsecretario de Gobernación Félix Arturo Medina Padilla.
“Hoy íbamos a tener una reunión, nos llevó la sorpresa de que nuestros representantes legales no les avisaron ni a nosotros, que iba un grupo pequeño de padres que iban a estar presentes. Que es lo que está haciendo, aunque le duela al presidente de la República decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar”.
Añadió que le indicaron a Medina que si querían sostener una reunión con el otro grupo de padres lo hiciera, pero que no lo harían en conjunto por no tener los mismos intereses.
“Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a trabajar con Abarca, va a trabajar con Ángel Aguirre Rivero, va a trabajar con Pedro Segura”, comentó el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra remarcó que la presente administración sostiene prácticas que están relacionadas con el sexenio anterior y busca reunirse con un grupo que aseguró es minímo en comparación con el que estaba presente.
“Son prácticas que se empiezan a ver parecidas al Gobierno anterior. Hoy nos traen este grupo de padres que tienen toda la legitimidad, todo el derecho, pero lo que se pidió en la reunión, ‘atiéndalos por separado’. Ellos están más bien solicitando los temas económicos, temas de una reparación, los temas que tienen que ver con otros aspectos de carácter, la canasta básica (…) esta mesa es otro tema, es un tema que tiene que ver con verdad y justicia”, expuso.
“En su desesperación, en su intento de dividirnos, en su intento de no dar respuesta a lo medular que es la información que está pendiente, pues va a trabajar con este grupo, un grupo minúsculo, y va a hacer a un lado a los padres que mantienen la llama de la lucha por los 43 y lamentablemente un grupo de padres que tienen un interés económico”.
Afirmó que la actitud del gobierno fue romper y “dinamitar” la reunión que se buscaba sostener con los padres y por eso decidieron no continuar y solicitaron una encuentro directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se está terminando la confianza”, dijeron sobre relación con el presidente, “la pelota está en su cancha”.
Rosales comentó que decidieron relatar esto a la prensa para evitar que el otro grupo de padres sea utilizado por el Gobierno de López Obrador para posar frente a militares y acompañar sus acciones o ingresar a abrir archivos del Ejército y legitimar su opacidad, cuando el resto de los que han mantenido la lucha por más de 9 años se ha negado al pedir la intervención de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además, acusó al Presidente López Obrador de abrir una campaña de descalificación en contra del GIEI, padres de normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana, la Organización de los Estados Americanos, organizaciones y defensores que le han exigido cuentas, lo que, consideró, pretende desviar la atención para no cumplir con la resolución, explicación, hallazgo de los desaparecidos, y sanción a los responsables.
Los padres de los 43 normalistas aceptaron que la relación directa con el presidente López Obrador se ha ido maltratando, incluso por parte de algunos padres ya hay desconfianza para el mandatario.
“Desafortunadamente ese vínculo que se tenía con el presidente con la confianza de decir los vamos a encontrar, todas las cosas que nos prometió y que pensabamos se iban a estar solucionando hasta que llegamos al Ejército y desafortunadamente desde ahí empezamos a batallar. Se mete con los equipos, con otras personas para separar. (En) la mayoría de los padres sí se está terminando la confianza muy pronto o ya se terminó”, declaró el señor Mario González.
El abogado Vidulfo Rosales aclaró que el responsable de dar con la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos es el gobierno y es un compromiso que López Obrador hizo en campaña.
“No tenemos con quien más acudir, este gobierno es responsable de dar la verdad, la justicia, esclarecer los hechos, es un compromiso que él hizo al inicio de su gobierno entonces debe cumplir con ese compromiso”.
Remarcó que la responsabilidad recae en la administración federal, pero aceptó que el tiempo del sexenio de López Obrador se acaba y es alarmante que lo utilice en lo que calificó como distracciones.
“Ha inventado enemigos externos, otra vez, como los gobiernos anteriores y descalificando a las organizaciones que asesoramos a los representantes en términos constitucionales. El Presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información –que tiene obligación de entregarla–, lo que está haciendo es descalificarnos, intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia de decir que nosotros ahora somos responsables.
“Efectivamente, cada día está en su cancha, la pelota está de su lado para que él ofrezca verdad y justicia y cada vez se acorta más el tiempo. Nos preocupa que ese tiempo que resta lo esté utilizando el Presidente en distracciones, lo esté utilizando el Presidente en confrontaciones, en confrontarnos, en intentar dividir y ahí se nos agota el tiempo”, insistió.
La señora Cristina Bautista añadió que al presidente López Obrador le queda poco tiempo en la presidencia, pero esperan que antes de que termine su periodo, pueda entregar resultados.
“Aunque le duela al Presidente de la República, decimos que es lo mismo que el Gobierno anterior”, externó Cristina Bautista Salvador, madre de otro de los desaparecidos.
“Estamos enojados”, dicen; exigen información de Sedena
Los padres presentaron y difundieron un oficio en el que se dirigieron a López Obrador para exigir una comunicación completa en la que se refiere que 17 normalistas son llevados a un lugar “para privarlos de la vida”, misma que está en posición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Señor presidente no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos. Sus dependencias políticas y el Ejército son culpables de esa desaparición, por eso nosotros estamos enojados, desilusionados de este tipo”, exclamó Mario González.
Clemente Rodríguez comentó que han remarcado que hace falta información relevante del caso, concretamente 800 tomos en posesión de Sedena, pero que el presidente López Obrador en sus conferencia de prensa matutina se limita a decir: “ya están todos los tomos”.
Vidulfo Rosales mencionó que exigen la infomación entregada en una reunión con la CoVAJ y sea cotejada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esos folios existen, ya ha sido admitido por Alejandro Encinas, por el gobierno en las reuniones que tenemos, pero públicamente en la mañanera se dice otra cosa”, detalló Rosales.
Defienden a organizaciones sociales y de derechos humanos y se lanzan contra el Ejército
Ante los señalamientos en contra de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de López Obrador en el caso Ayotzinapa, los padres y representantes defendieron a las mismas.
“Lejos de dar respuesta, lejos de entregar esos 800 folios, lo que hace es abrir inicia una campaña de descalificación contra el Grupo de Expertos Independientes, contra la Comisión Interamericana, ahora contra la OEA, inventando enemigos externos como los gobiernos anteriores”, opinó Rosales.
Mario González aseguró que el presidente ha dicho “pura barbaridad” en contra de las organizaciones que les acompañan y mantienen la exigencia de conocer la verdad del caso.
“Es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad de nuestros equipos a sabiendas que él tiene la información sobre la documentación de la Sedena. Es una exigencia que nos pertenece para saber la verdad”.
Mario González exigió a López Obrador dar la cara y responder con acciones, y pidió el cese de descalificaciones.
“¡Qué puercos son!, ¡qué cobardes! De verdad, querer manipular así a los padres por la necesidad, hasta por la ignorancia. Defender a alguien que atacó a mi hijo y eso es lo que el Gobierno defiende, ¡qué desagradable Gobierno tenemos!”.
Clemente Rodríguez adelantó que continuarán con la lucha hasta dar con el paradero de sus hijos, culpando al Ejército por su participación activa en el país.
“El Ejército lleva el control del país, el presidente nada más lo maneja. Queremos decirle al señor presidente que asuma los compromisos, que nos dé la cara y que toque a los militares. Falta mucha investigación” (Con información de Agencia Reforma)
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados
Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación,en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del quinto informe de gobierno federal Foto: Cuartoscuro
Martha Martínez y Claudia Salazar / Agencia Reforma
Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que en el caso Ayotzinapa están garantizando el derecho a la verdad, fortaleciendo las líneas de investigación y atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
“La Comisión (para la Verdad en el caso Ayotzinapa) no ha torturado, no ha sembrado pruebas ni ha alterado escenas del crimen, al contrario, ha actuado con ética y humanismo, atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43”, reiteró durante su comparecencia en el marco de la Glosa por el Quinto Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados.
Ante los legisladores, agregó que se protege a periodistas y defensores de derechos humanos, por ello, el presupuesto del Mecanismo de Protección se ha incrementado en 125 por ciento con respecto al sexenio anterior, de 780 millones de pesos a mil 750 millones de pesos.
Explicó que gracias a que se cambiaron los lineamientos y protocolos, se facilitó la adhesión de mil 378 periodistas y defensores de derechos humanos a los que había en 2018.
Finalmente, en materia de violencia de género, sostuvo que los feminicidios se han reducido durante esta Administración y atribuyó este logro a la política de seguridad y de bienestar y a la red de sororidad construida por las mujeres.
“Los feminicidios se han reducido en un 30 por ciento durante esta Administración, esto por supuesto que es gracias a la política de seguridad y bienestar, pero también al profesionalismo, al compromiso de las mujeres, de Inmujeres, de Conavim y a miles de mujeres que han tejido una red de sororidad a través de refugios, unidades de atención a víctimas”, señaló.
Se garantizará y respetará el resultado de las elecciones
Ante diputados, también aseguró que el gobierno federal respetará los resultados de las elecciones de 2024.
En medio de las críticas por lo que la oposición calificó como una “campaña anticipada” de las llamadas corcholatas y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para respetar las determinaciones del INE respecto a su conferencia mañanera, la funcionaria afirmó que esta administración dará todas las garantías para que el desarrollo de los comicios se haga de forma libre, pacífica y ordenada.
Durante su comparecencia, dijo que, para ello, brindarán seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Además, subrayó que el presidente ha sido categórico respecto a que no se tolerará el uso de recursos públicos con fines electorales.
“De cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular y, sobre todo, respeto absoluto a la voluntad del pueblo.
“Tenemos la responsabilidad de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado y que, con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias, de intereses personales, tenemos un compromiso superior y ese compromiso es con el pueblo”, indicó.
Alcalde afirmó que en el país hay gobernabilidad, porque hay condiciones de bienestar social y laboral, y negó que haya crisis en materia migratoria, de seguridad y de violencia de género.
Ante la violencia, se atienden las causas
En materia de seguridad, aseguró que se sigue atendiendo de manera prioritaria a través de una estrategia opuesta a la del pasado y que radica en tres pilares: la atención de las causas que generan la violencia, las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días y que se replican en los estados, y la Guardia Nacional, que a cuatro años de su creación tiene 128 mil elementos desplegados en todo el país y cuenta con el respaldo del 80 por ciento de la población.
“Estos tres pilares han permitido que hoy tengamos resultados alentadores. Basta señalar que con datos no nuestros, sino del INEGI, los delitos de incidencia delictiva en nuestro país han bajado en 24 por ciento, y aquellos delitos más dolorosos para la gente, como por ejemplo, el homicidio, ha bajado en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento y el secuestro en 80 por ciento”, detalló.
Por otro lado, sostuvo que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en el país.
Sin mencionar las oleadas de migrantes que han desbordado al Instituto Nacional de Migración (INM), Alcalde afirmó que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han beneficiado a más de 40 mil personas en El Salvador y Honduras, además que han generado más de 230 mil empleos en ambos países.
Sostuvo que las estrategias prioritarias del presidente han permitido reducir en un 57.8 por ciento la intensión de migrar en Honduras y en un 31.8 por ciento en El Salvador.
“Por eso, ya estamos listos para implementar también Sembrando Vida en Guatemala, en Belice y en Cuba, pero, sobre todo y más importante, es que estos resultados, ya objetivos, son evidencia que nos ayuda a convencer a los Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz que invertir en la gente para que tenga opciones donde están sus raíces”, dijo.
Francisco Magaña / Brenda Escobar / Karina Contreras / Redacción
Atoyac / Zihuatanejo / Acapulco / Iguala
El mitin de directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado en el Zócalo de Atoyac Foto:?Francisco Magaña
Directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de Atoyac para recordar el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
En el evento, donde también estuvieron el Frente Progresista Guerrerense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se hicieron honores a la Bandera y se entonaron canciones alusivas al ataque contra los estudiantes, que calificaron como un trágico evento que estremeció al país.
Los manifestantes exigieron justicia en el caso y se sancionar a los responsables.
Lamentaron que esté por concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hasta la fecha se haya encontrado a los estudiantes.
Por el contrario, señalaron que el gobierno ha hostigado y reprimido a los padres de los 43 y defendido al Ejército para que no se sepa la verdad.
Al término del evento los manifestantes se trasladaron al antimonumento en la localidad de la Y Griega sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
En ese mismo lugar por la tarde las organizaciones Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Afadem y Raiz Zubia hicieron un encendido de 43 velas en honor a los normalistas desaparecidos.
Exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables, que lamentaron, están siendo exonerados.
Organizan maestros activos y jubilados un mitin por los 43 desaparecidos en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, maestros activos y jubilados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como profesores egresados de la normal rural de Ayotzinapa, participaron en un mitin frente al antimonumento de los 43, ubicado en las inmediaciones de la Fuente del Sol, para recordar a los normalistas desaparecidos hace nueve años.
Este martes, poco después de la 1 de la tarde, bajo los intensos rayos del sol, los maestros iniciaron con el mitin que tuvo cinco oradores, quienes coincidieron en que la sociedad guerrerense no debe olvidar esta fecha histórica, en la que un grupo de estudiantes normalistas fueron víctimas “de la maldad, la opacidad, la injusticia y la sinrazón”.
Los maestros fueron convocados por el dirigente municipal de la CETEG en Zihuatanejo, Martín Maldonado Arcos, y unas 70 personas respondieron a esa convocatoria.
El maestro Miguel Ángel Adame Bello, ex director de la primaria Vicente Guerrero, sostuvo que “decir nos faltan 43, es solamente un número que se suma a tantos otros que han desaparecido y no tenemos noticias de ellos. Cuando decimos ‘ni perdón ni olvido’, corremos el riesgo de que estas acciones se normalicen y que esta desaparición de jóvenes se hagan parte de la cotidianidad, nada más falso que esa mentira”.
Luego, vino al micrófono la maestra Mildred Martell Jiménez, quien señaló que “hoy no es una fecha cualquiera, los días 26 y 27 de septiembre tienen que ser conmemorados como una verdad que tenemos que tener presentes los guerrerenses, para levantar la voz, porque si a estos 43 normalistas les arrebataron la vida por una injusticia, con aquella verdad diciendo que fue narcotráfico, no lo podemos seguir permitiendo”.
Indicó que los maestros deben continuar concientizando al pueblo de Guerrero, “sensibilizarnos por los problemas sociales que tiene nuestro estado y los normalistas no son la excepción. Hace ocho años que no hemos tenido una sola verdad de lo que sucedió y podemos decirlo con todas las palabras: ‘Fue el estado’”.
Maestros activos y jubilados pertenecientes a la CETEG en Zihuatanejo, llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 Foto: Brenda Escobar
“El estado no quiere y no permitió que la gente de Guerrero levante la voz, ante tantas injusticias que nos han cometido, que hoy somos merced de la impunidad y que hoy no estamos luchando por los derechos que estos normalistas querían: una educación digna, una educación que me permita tener libertad, que trascienda los muros de la escuela, que trascienda en una sociedad libre y justa y aquella persona que levanta la voz es tildada, y en Guerrero, es aniquilada”.
El profesor Raúl Román Román declamó una poesía en memoria de los normalistas desaparecidos y, luego, los ahí presentes entonaron el canto Venceremos, con el que se dio por concluido el mitin.
Exige el FPG al presidente López Obrador
dar solución a los padres de los 43 normalistas
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG), realizaron un acto para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 años de la desaparición de los normalistas, donde pidieron al gobierno federal dar respuesta a los padres de los estudiantes.
Al acto en el antimonumento de los 43 en la Vía Rápida se reunieron unas 50 personas, entre ellos el luchador social Eloy Guillén Cisneros, para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes normalistas.
A nombre de los integrantes del Frente, el maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Uriel Leal Ramírez dijo que no podían dejar pasar desapercibido la conmemoración de dichos acontecimientos.
“Como equipo repudiamos la violencia venga de donde venga y se ejecute contra quien se ejecute. Hace nueve años comenzaba a escribirse una tarde negra, un acontecimiento vergonzoso porque se comenzaba a escribir una historia aberrante donde 43 jóvenes, con muchas ilusiones, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban siendo ilegalmente detenidos, ilegalmente secuestrados y eso, obviamente, vino a marcar una antes y un después en la historia de nuestra entidad que desafortunadamente ha estado marcada por la sangre de muchos guerrerenses que han dado su vida por tener mejor condiciones de vida”.
Indicó que los hechos de los 43 fue un hecho aberrante, vergonzoso: “Exigimos al Estado mexicano dé una respuesta positiva a los padres”, y señaló que han circunstancias que han hecho que no haya una “credibilidad por partes de las familias de los estudiantes y haya duda. En un gobierno que se dice de Cuarta Transformación debe haber mucha transparencia, no importa caiga quien caiga, pero aquí no se puede seguir cubriendo o cuando menos, porque cuando menos esa es la percepción de la ciudadanía, de que por parte del gobierno hay una especie de encubrimiento a los militares”.
Leal Ramírez dijo que desde ese antimonumento a los 43 exigen al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “dé una respuesta transparente porque la sociedad lo exige y además se castigue a los autores intelectuales y materiales que están atrás de este acto”.
Indicó que seguirán acudiendo todos los años que sean necesarios hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia para los normalistas y sus familias, que haya esclarecimiento, castigo y no exista impunidad, “porque ese es un gran problema que tenemos en México”.
Agregó que cuando hay impunidad sencillamente no hay justicia y “eso no lo podemos seguir permitiendo”.
Suspenden actividades hoy el Ayuntamiento de Iguala y negocios locales para evitar conflictos
Ante la convocatorias para manifestarse por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Ayuntamiento de Iguala suspendió labores para hoy miércoles, mientras que algunos negocios locales y centros comerciales bajaron sus cortinas, para no ser víctimas de actos vandálicos.
A la suspensión de actividades y de labores se sumaron desde el martes pasado, varias escuelas de nivel básico y medio superior de la ciudad, avalada por un comunicado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
De manera verbal, se les informó a los más de mil 600 trabajadores de presidencia, síndicos, regidores, secretarios, directores y jefes de área, sobre la suspensión de labores para evitar cualquier confrontación, ante las protestas que están programadas para hoy, reanudando el próximo jueves 28 de septiembre.
Algunos negocios locales del primer cuadro del centro de la ciudad, mercado y centros comerciales de esta ciudad bajaron sus cortinas este martes y abrirán hasta el jueves, para evitar saqueos y robos. También se reportó que la actividad comercial se redujo hasta en un 50 por ciento.
Antonio Téllez Domínguez y Consuelo María Robles, padres de la joven Yuridia Carolina Téllez Robles de 18 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 16 de agosto en la conferencia de prensa que ofrecieron frente a la estatua de Morelos en el centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Con lágrimas, padres de una joven, provenientes de Coahuila, denunciaron que su hija Yuridia Carolina Téllez Robles, de 18 años de edad, desapareció hace una semana y temen que pueda ser víctima de trata de personas.
En el zócalo de esta ciudad, los padres contaron que desde el pasado 16 de agosto su hija salió de su casa, ubicada en el municipio General Cepeda, Coahuila, a una entrevista de trabajo en una fábrica y desde esa ocasión ya no regresó. Sin embargo, la joven se comunicaba con ellos por teléfono, pero hace una semana perdieron comunicación.
El padre, Antonio Téllez Domínguez, dijo que cuando su hija tenía 14 años de edad unas personas se la quisieron llevar “con engaños”, y que se enteraron que eran tratantes de personas.
Luego que Yuridia Carolina cumplió 18 años, “esa misma persona la volvió a convencer para que se fuera con él. Tenemos unos audios que comprueban que es el mismo hombre”, prosiguió el padre, quien portaba una fotografía de su hija.
“Estamos desesperados”, dijo e informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y que acudieron a la de Guerrero, para solicitar la intervención de las autoridades, “porque una persona me dijo que mi hija está aquí”, relató Téllez Domínguez.
Cuando su hija se comunicaba con sus padres siempre decía que estaba bien, pero Antonio Téllez indicó que la escuchaba con miedo, porque nunca les quiso decir dónde o con quién estaba.
Yuridia Carolina recientemente recibió su título de licenciada en Comercio Internacional, mide 1.70 centímetros de altura, tiene los ojos grandes, es delgada, labios grandes y tiene una cicatriz en la barbilla.
Los padres pidieron la colaboración de los guerrerenses para que les ayuden a dar con el paradero de su hija, “desde que no llegó a casa la hemos buscado en las calles, tanto en Saltillo como en Guerrero. Perder a una hija es un dolor muy fuerte”.
Antonio Téllez, junto con su esposa, llegó el domingo a la capital, donde han colocado carteles con el rostro de su hija.
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa informaron que iniciarán una jornada de lucha, a unos días de cumplirse nueve años la desaparición forzada de sus 43 compañeros.
En un video transmitido en su cuenta oficial de Facebook, tres normalistas con el rostro cubierto dieron el mensaje e informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres dar con el paradero de los normalistas, pero no cumplió.
Manifestaron que sus compañeros están por cumplir nueve años de desaparecidos, pero que continuarán con “la lucha” que hacen todos los años, porque sigue sin haber avances en las investigaciones.
Los alumnos adelantaron que en los próximos días iniciarán las movilizaciones, las cuales, dijeron: “No son el agrado de algunas personas, pero no son para algún beneficio personal, es para exigir la búsqueda de nuestros compañeros”.
Pidieron la presentación con vida de los 43 alumnos desparecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2104, así como justicia por el asesinato de Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Externaron que López Obrador se niega a que el Ejército sea investigado, pese a que tiene información importante para dar con el paradero de los 43.
Exigieron a los gobiernos estatal y federal solución, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, externaron los alumnos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Iniciaron esta semana las inscripciones en escuelas de nivel básico y los padres tienen que pagar la inscripción, la que en la mayoría de casos se le llama “cooperación voluntaria”, para según arreglar desperfectos de plantel, lo que se suma a los gastos que están haciendo para el nuevo ciclo escolar.
Las cuotas que se les piden en los planteles varían y van de los 150 a más de mil pesos, si se juntan los conceptos, pues ahora les están pidiendo un certificado médico.
En la secundaria federal 14 Miguel Alemán, en su página de Facebook informa a los padres de familia que el monto a pagar será de 600 pesos por alumno, que cuando vayan a inscribir a sus hijos tienen que llevar el comprobante de pago.
Mientras que en la secundaria técnica 6 Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, hay una manta que dice: “Comité de padres de familia. Aportación 400”, y trae un número de cuenta del banco Santander, a nombre de Yuridia Castro. Los padres que acudan a inscribir deben llevar el comprobante de que ya pagaron. Entre los requisitos que se están pidiendo está el de un certificado médico, que incluya el grupo sanguíneo, peso y talla.
Mientras que la primaria Tierra y Libertad, de la misma colonia, fijó la cuota de inscripción en 150 pesos y no se supo si hubo una cooperación adicional.
En la primaria Narciso Mendoza, ubicada en el sector 6, están pidiendo una cooperación de 150 pesos para arreglar unos salones y 250 de inscripción, un monto total de 400 pesos, que aprobó el comité de padres de familia. Además, la dirección de la escuela está pidiendo 50 pesos adicionales, que incluye el examen de diagnóstico, copia de carta-compromiso, copia de entrevista o formato de inscripción, así como la credencial escolar del alumno.
El jardín de niños Ovidio Decroly, también ubicado en la colonia Emiliano Zapata, fijó la inscripción en 300 pesos y los padres de familia esperan que no aumente la “cooperación voluntaria”, que el año pasado fue de mil pesos.
Las direcciones de las escuelas se escudan diciendo que el monto de la inscripción fue decisión del comité de padres de familia, no de ellos. Mientras, la Secretaría de Educación Guerrero ha manifestado que no se debe condicionar la inscripción del alumno por dicho pago, pero esto no ha sido así, pues antes de ir a las escuelas, los padres de familia deben ir al banco a pagar y después acudir al plantel para hacer el trámite con su comprobante.
