Iniciaron esta semana las inscripciones en escuelas de nivel básico y los padres tienen que pagar la inscripción, la que en la mayoría de casos se le llama “cooperación voluntaria”, para según arreglar desperfectos de plantel, lo que se suma a los gastos que están haciendo para el nuevo ciclo escolar.
Las cuotas que se les piden en los planteles varían y van de los 150 a más de mil pesos, si se juntan los conceptos, pues ahora les están pidiendo un certificado médico.
En la secundaria federal 14 Miguel Alemán, en su página de Facebook informa a los padres de familia que el monto a pagar será de 600 pesos por alumno, que cuando vayan a inscribir a sus hijos tienen que llevar el comprobante de pago.
Mientras que en la secundaria técnica 6 Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, hay una manta que dice: “Comité de padres de familia. Aportación 400”, y trae un número de cuenta del banco Santander, a nombre de Yuridia Castro. Los padres que acudan a inscribir deben llevar el comprobante de que ya pagaron. Entre los requisitos que se están pidiendo está el de un certificado médico, que incluya el grupo sanguíneo, peso y talla.
Mientras que la primaria Tierra y Libertad, de la misma colonia, fijó la cuota de inscripción en 150 pesos y no se supo si hubo una cooperación adicional.
En la primaria Narciso Mendoza, ubicada en el sector 6, están pidiendo una cooperación de 150 pesos para arreglar unos salones y 250 de inscripción, un monto total de 400 pesos, que aprobó el comité de padres de familia. Además, la dirección de la escuela está pidiendo 50 pesos adicionales, que incluye el examen de diagnóstico, copia de carta-compromiso, copia de entrevista o formato de inscripción, así como la credencial escolar del alumno.
El jardín de niños Ovidio Decroly, también ubicado en la colonia Emiliano Zapata, fijó la inscripción en 300 pesos y los padres de familia esperan que no aumente la “cooperación voluntaria”, que el año pasado fue de mil pesos.
Las direcciones de las escuelas se escudan diciendo que el monto de la inscripción fue decisión del comité de padres de familia, no de ellos. Mientras, la Secretaría de Educación Guerrero ha manifestado que no se debe condicionar la inscripción del alumno por dicho pago, pero esto no ha sido así, pues antes de ir a las escuelas, los padres de familia deben ir al banco a pagar y después acudir al plantel para hacer el trámite con su comprobante.
El abogado de los padres de familia de los 43 Normalistas de Ayotzinapa en entrevista en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado donde asistió al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos” Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, celebró que su caso se haya incluido en los nuevos libros de texto.
El abogado fue entrevistado al respecto antes del encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó este miércoles con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En los nuevos libros de texto se menciona que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es uno de los más graves episodios violentos de la historia reciente de México, y un crimen de lesa humanidad en contra de estudiantes normalistas”.
El asesor de los padres de los 43 estudiantes dijo que tuvo conocimiento de que varias gentes cercanas a Morena tuvieron un debate previo, para que en los libros de texto se incluyera el caso Ayotzinapa, como parte de la historia contemporánea del país.
“A mí me parece relevante. Yo creo que es un hecho que conmovió al país, es un hecho de la historia que implicó una eclosión social en la última recta histórica de nuestro país y creo que las nuevas generaciones tienen que conocerlo. Los niños tienen que saber que un hecho ominoso de esa naturaleza ocurrió para que no se vuelva a repetir”, dijo.
Explicó que el caso Ayotzinapa debe quedar registrado en la historia de nuestro país como un hecho que no debe acontecer, que todos debemos reprobar y reclamar su esclarecimiento y justicia.
En los libros de texto se menciona que distintas investigaciones concluyen que “en esos camiones (que retuvieron los normalistas) había heroína con valor de 2 millones de dólares, que traficaba el cartel que controlaba Iguala”.
El abogado aclaró que no se confunda el señalamiento de la droga que según versiones había en uno de los camiones, y que los estudiantes los tomaron sin saber que venía en uno de los autobuses y que eso habría sido el motivo de una reacción tan violenta contra ellos.
“Esa es una hipótesis que se plantea y uno de los móviles que se sigue. El GIEI ha esbozado respecto de lo que habría motivado la agresión a los estudiantes”.
Sin embargo, explicó que sólo son hipótesis y que es una de las cuestiones que no se han podido esclarecer al día de hoy, “no hay un móvil claro, son hipótesis planteadas como móvil del crimen”, explicó.
Agregó que los padres de familia tienen esperanzas de que el caso se esclarezca “lucharemos en todo momento para que ello acontezca”, pero añadió que al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le queda muy poco tiempo “y veo difícil que en los próximos días pueda haber un derrotero distinto del caso”.
Indicó que el mismo presidente de la República se ha entrampado con lo que tiene que ver con el Ejército mexicano, que es una institución hermética, pero a la vez con mucho poder y que tiene todo el respaldo del presidente.
Añadió que seguramente por ello no se hará más “porque no vemos que el presidente esté dispuesto a tensar más las cosas con las fuerzas armadas”.
Dijo que el hecho de que se solicite información sensible y relevante para ubicar el paradero de los jóvenes que está en manos del Ejército va a implicar una tensión fuerte del presidente de la República con el Ejército “y creo que no está hoy en día en su espectro político tensarse con las fuerzas armadas”.
Por ello, declaró que los padres creen que finalmente se va a venir sacrificando el tema del esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa por su relación política con el Ejército.
Sin embargo, advirtió que los padres de los 43 no van a quitar el dedo del renglón y van a seguir exigiendo y pidiendo el pleno esclarecimiento de estos hechos y que haya justicia.
Añadió que es obligación del gobierno mexicano esclarecer el caso Ayotzinapa y que quien quede como presidente de la República en el próximo sexenio tendrá la obligación de esclarecer de manera plena los hechos “y en su momento nos tendremos que acercar con quien vaya a quedar como responsable del poder Ejecutivo para pedir compromisos claros y pleno esclarecimiento de los hechos”.
Informó que después del informe el GIEI, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos fijaron su posición de que ya no se van a reunir con ninguna otra autoridad hasta que no se tenga una reunión con el presidente de la República, “porque el tema que vamos a abordar hoy en día con el gobierno es la información en poder del Ejército mexicano, que es información relevante que puede ayudar al esclarecimiento del caso y esa información que está en poder del Ejército, solamente lo podemos dialogar con el jefe supremo de las fuerzas armadas que es el presidente.
“Por lo pronto no vamos a dialogar con nadie más y no vamos a tener respuesta de nadie más”.
Informó que desde que rindió su informe el GIEI solicitaron una reunión con el presidente de la República, López Obrador, pero que todavía no reciben respuesta y que sólo en una conferencia mañanera el presidente dijo que él no se va a reunir con los padres hasta que haya información relevante, “y como no hay información relevante, quién sabe cuándo nos reciba”.
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
Padres de familia, alumnos y maestros de la primaria 30 de Abril, ubicada en la colonia Independencia en Chilpancingo, durante el bloqueo en la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las oficinas del IGIFE Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Unos 100 padres de familia, alumnos y maestros de la primaria 30 de Abril, ubicada en la colonia Independencia, bloquearon los dos sentidos de la avenida Lázaro Cárdenas, en el monumento Las Banderas, para solicitar una maestra, un conserje y obras.
El bloqueo inició después de las 8 de la mañana, los inconformes portaron pancartas en las que se leían sus demandas, entre ellas: la construcción de un aula de medios y una barda.
En declaraciones, el director de la primaria, Octavio Romero Gerónimo, informó que hace un año el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), la Dirección de Primarias y la alcaldesa Norma Otilia Hernández, se comprometieron con resolverles sus demandas, pero no han cumplido.
Recordó que en aquella ocasión, el IGIFE les aseguró que construiría el aula y la barda en enero de este año, pero les avisaron que no había presupuesto para la escuela.
Romero Gerónimo destacó que “las autoridades nos dijeron que no era prioridad y que los alumnos podía andar sin ese servicio del aula, la barda nos hace mucha falta, porque se han metido a robar en la escuela”.
Manifestó que los padres de familia acordaron con bloquear, porque en otras escuelas demuelen edificios y construyen nuevos “y a nosotros no nos atienden”.
En total son afectados 280 alumnos, dijo el director. Añadió que hace un mes se fue el conserje y no fue repuesto.
En cuanto a la maestra, explicó que la solicitan desde hace un año, para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), “las exigencias son sencillas, pero las autoridades se niegan a resolver”.
Minutos después, los inconformes se manifestaron afuera del IGIFE, ubicadas a unos metros del bloqueo. Una comisión fue atendida y el resto de los inconformes se replegaron. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Maestros de la CETEG, de la CNTE y organizaciones sociales guardan un minuto de silencio en memoria de los caídos al término de la conferencia de prensa que ofrecieron en su edificio como parte del 43 aniversario de la organización magisterial Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) celebró el pasado sábado los 43 años de su fundación, y en un mitin en Chilpancingo, sus agremiados exigieron que se reinstale la mesa de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tienen demandas pendientes.
Las actividades conmemorativas iniciaron en la mañana, en el edificio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Giuerrero (CETEG) y acudieron unos 400 maestros provenientes de estados como Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sonora y Oaxaca, además de organizaciones sociales y una comisión de padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014.
En conferencia de prensa, el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, dijo que a 43 años del surgimiento de la CNTE “nosotros como magisterio seguimos con esta lucha”.
Manifestó que la demanda central es la abrogación de la “mal llamada” reforma educativa, que inició con el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que sigue ejecutándola Andrés Manuel López Obrador.
También indicó que exigen la reinstalación de sus compañeros cesados, que no se sometieron a la reforma educativa y la solución que han planteando en las diferentes mesas de trabajo.
El dirigente manifestó que reclaman justicia y verdad por sus presos políticos, así como el cierre de las carpetas de investigación que el gobierno en turno y pasados que han abierto contra a sus compañeros.
Informó que, asimismo, solicitan democratizar las secciones donde tienen presencia, mejores prestaciones, servicios en cuestión de salud y la reinstalación inmediata de las mesas de trabajo con el Ejecutivo federal.
En su participación, el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega, dijo que, a nombre de las madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, saludaban a los secretarios de las diferentes secciones.
Externó que son 43 años de lucha, resistencia, de desapariciones e incluso hay presos políticos de la CNTE, “agradecemos a la CETEG, por permitirnos la participación de los padres de los 43”.
Melitón Ortega recordó que para los padres de los normalistas son más de ocho años de lucha, represión, de resistencia y de falta de compromiso por parte de las autoridades por la desaparición de los estudiantes, “los que nos han acompañado en nuestra lucha son los maestros de la CNTE y de la CETEG”.
Destacó que la lucha continúa y que no ha terminado, porque la verdad y justicia no ha llegado, “este camino, en el túnel vemos la luz muy lejos, aún falta mucho, porque son 43 estudiantes que siguen desaparecidos”.
Enfatizó que los padres y madres le han externado al gobierno federal que quieren saber dónde están sus hijos, “queremos la verdad, aunque sea lo más doloroso o fuerte, queremos saber dónde están nuestros hijos”.
Melitón Ortega dijo que cuando los jóvenes cumplieron ocho años de desparecidos, el gobierno federal les externó que se declaraba en luto nacional, es decir, que los estudiantes ya no viven.
“Si ya no viven, los padres han dicho que les muestren las evidencias científicamente, informaciones claras. El juicio de un gobierno no se puede aceptar, por eso seguirán en pie de lucha”, destacó.
En una conferencia estuvieron presentes, el escritor y periodista Luis Hernández Navarro, y el politólogo de la UNAM, Mauro Jarquín Ramírez.
Hernández Navarro recordó a Arcángel Ramírez Perulero, ex dirigente de la CETEG, quien murió a causa del Covid-19 y maestros que perdieron la vida por el virus, “los seguimos recordando”. Asimismo, a los maestros que fueron asesinados por las policías: Claudio Castillo Peña y Antonio Vivar Díaz, “a todos ellos, les decimos que no los vamos a olvidar”.
Jarquín Ramírez externó que a 43 años de la CNTE, se ha ampliado el panorama político en México, asimismo, que la organización le ha dado un sentido distinto a lo que significa la educación en el país.
“Un balance específico de la coordinadora se puede ver a partir de la discusión de sus tres ejes: la democratización de la educación, del sindicato y del país”, destacó el politólogo.
Luis Hernández opinó que la CNTE “está en su momento más difícil de su vida, contra el PRI se luchaba mejor. Estaban más claros los enemigos, pero ahora (con la nueva administración) es más compleja”.
Recordó que para este actual gobierno, que encabeza López Obrador, la CNTE actúa con inteligencia, porque hay sectores del magisterio que sienten simpatía por el proyecto de la Cuarta Transformación.
“Hay cosas que deben evitar hacer, por ejemplo, meterse entre las patas de los caballos y de la sucesión presidencial. La coordinadora no debe de apoyar a algún candidato dentro de Morena, porque eso sería costosísimo para la coordinadora”, dijo el escritor.
Opinó que para lograr buenos avances en sus demandas, se deberá de consultar a las bases del magisterio.
Jarquín Ramírez dijo que es importante ingresar cuadros jóvenes en la CNTE, dar espacios en dirigencias a maestras y quitar el tabú de los maestros homosexuales.
Después, los miembros de la CNTE se dirigieron al zócalo capitalino y realizaron un mitin político-cultural, donde externaron que están contra el Tren Maya y la militarización, así como exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Al finalizar el mitin, diferentes grupos de danza bailaron y hubo música de viento. Los miembros de la CNTE corearon: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “aquí y ahora con la coordinadora”.
La Secretaría del Bienestar en Guerrero informó que se realizará una nueva jornada de vacunación a niños de 5 a 11 años, con la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, en tres centro de salud; y para mayores de 18 años en seis clínicas de salud y el IMSS.
La dependencia informó que la jornada se realizará este viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para la aplicación de la segunda dosis a niños de 5 a 11 años, por lo que se está citando que los padres y sus hijos acudan a los centros de salud ubicados en las colonias Alianza Popular, Hogar Moderno y Renacimiento.
Los padres de los menores deberán llevar, para la aplicación de la segunda dosis, el expediente de vacunación, el consentimiento informado firmado por el tutor.
Para la aplicación de la primera y segunda dosis de Sinovac, a mayores de 18 años, y para la aplicación del primer y segundo refuerzo a mayores de 18 años, se aplicará en los centros de salud Alianza Popular, Hogar Moderno y Renacimiento.
Además, en las clínicas del IMSS en Ruiz Cortines, la Zapata y Llano Largo. Para la aplicación del primer refuerzo deberán presentar el primero y segundo comprobante de la vacuna anti Covid, dos copias del expediente de vacunación y una identificación oficial. Para el segundo refuerzo, sólo tendrán que presentar la hoja de aplicación del primero. (Jacob Morales Antonio).
A un mes de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los alumnos de la Normal Rural en Iguala, padres y organizaciones solidarias marcharon en la Ciudad de México y realizaron un mitin en el llamado Antimonumento (gráfica) donde el abogado Vidulfo Rosales responsabilizó al presidente de la tragedia e insistiò en que se nombre la comisión por la justicia y la verdad que ordenó un tribunal federal. Una marcha similar hubo en Chilpancingo Foto: Agencia Reforma
Conmemoran con una marcha en Cdmx 47 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, señaló al presidente Peña Nieto como responsable de la tragedia. Insistió en la formación de una comisión de la verdad que investigue los hechos
Tatiana Maillard
El Sur / Ciudad de México
Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron este domingo 47 meses de la desaparición forzada de sus hijos, con una marcha en esta ciudad que partió del Ángel de la independencia, siguió a lo largo de Paseo de la Reforma, se detuvo en el Antimonumento a los 43 para efectuar un pase de lista y concluyó en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico.
Los padres de los 43 fueron acompañados por al menos unas mil personas, entre las que se encontraban integrantes de la sociedad civil y miembros de organizaciones como las secciones 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI; la Unión Popular Revolucionaria y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Los padres y madres reclamaron que, a casi cuatro años de los ataques de las fuerzas policiacas municipales, estatales y militares en contra de los jóvenes y de su posterior desaparición, ni el gobierno federal ni la Procuraduría General de la República (PGR) han dado muestras de voluntad por resolver el caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas, señaló al presidente Enrique Peña Nieto como responsable de la tragedia y en nombre de los padres y madres exigió al Estado mexicano establecer una comisión de la verdad independiente que investigue el caso. Lamentó que, a pesar de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, que obligaba a la conformación de dicha comisión, tanto el gobierno estatal, como la PGR impugnaron la resolución.
Asimismo, Rosales exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia De la Nación a ponerse del lado de las víctimas y hacer cumplir la creación de una comisión de la verdad. “Tienen la oportunidad de ponerse del lado de las víctimas o de arrastrarse ante los poderosos y los violadores de derechos humanos”, expresó el abogado.
Melitón Ortega, vocero de los familiares de los 43, convocó a los presentes a seguir acompañándolos y “mantener la lucha”. En este sentido, también se pronunció Blanca Nava –madre de Jorge Álvarez Nava–, quien expuso que “los padres necesitamos el apoyo de todos, para que estos hechos no queden impunes ni se repitan”.
Enfatizó que el movimiento de los padres no se limita a la exigencia del acceso a la verdad en el caso de sus hijos, sino que se manifiesta en contra del clima de violencia en el país. “Este gobierno no sólo es responsable de la desaparición de nuestros hijos, también es responsable de los asesinatos que ocurrieron el 26 de septiembre y de que uno de los estudiantes –Aldo Gutiérrez Solano– se encuentre todavía postrado en una cama”, en coma.
Por su parte, Nicanora García –madre de Saúl Bruno García– solicitó a los acompañantes de esta marcha que se unieran a los padres dentro de un mes, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los estudiantes. “El mensaje para Enrique Peña Nieto es que no olvidamos”.
El mitin concluyó con la entonación del himno Venceremos por parte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Este lunes, los padres realizarán un mitin a las puertas de la Suprema Cote de Justicia de la Nación, a las 10 de la mañana. Además, el 8 de septiembre, a las 10 de la mañana, se inaugurará en Ayotzinapa la Asamblea Nacional Popular, la cual determinará las acciones globales a emprenderse para las conmemoraciones del cuarto año de los hechos ocurridos en Iguala de Guerrero, que se cumplirá el 26 de septiembre.
En Chilpancingo, exigen que Peña Nieto rinda cuentas del caso Ayotzinapa antes de irse
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros y activistas marcharon en la capital para exigir el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 normalistas desde hace 47 meses en Iguala y para criticar que las autoridades no han hecho justicia en el caso.
A las 12 del día unos cien normalistas, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se concentraron en la alameda Granados Maldonado y en marcha se dirigieron al monumento a Las Banderas donde realizaron un mitin.
Los manifestantes portaban pancartas y lonas en las que se leía “43+”, “Exigimos presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, castigo a los autores intelectuales y materiales, justicia por los crímenes y masacres en este sexenio”.
En su participación en el mitin, el coordinador de la Comisión Política de la CETEG, Gerardo Parra Jerónimo exigió al presidente de México Enrique Peña Nieto que antes de que concluya su administración rinda cuentas por el caso de Ayotzinapa.
Parra Jerónimo informó que el 1 de septiembre en el sexto informe de gobierno de Peña Nieto, realizarán un anti informe para dar a conocer a la sociedad que todo lo que digan en el informe el gobierno federal no tiene sustento y “evidenciaremos al gobierno que no ha cumplido las promesas que hizo”.
Reconoció que el movimiento de los padres de familia de los 43 normalitas desaparecidos ha cumplido 47 meses de lucha ininterrumpida a nivel nacional e internacional “levantando la voz contra las injusticias” y anunció que pedirán un juicio político en contra de Peña Nieto por el caso de Ayotzinapa.
En su participación el líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame exigió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador continuar con las investigaciones de la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala y castigar a los responsables de estos hechos lamentables. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Parada cívica de militantes de Morena en Acapulco
Simpatizantes de Morena hicieron una parada cívica en el Zócalo para apoyar a los familiares.
Exigieron que se sigan las cuatro líneas de investigación plantadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la creación de la comisión de la verdad.
El grupo de 15 militantes de Morena se colocó en el Zócalo con una manta con la fotografía de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014.
Leyeron y entregaron a los transeúntes copias de un texto en el que se expone que no se puede confiar en el sistema de justicia del país, que se vive con miedo porque el 98 por ciento de los delitos no se castigan. “Te asaltan en el transporte público, o en la salida del cine, o mientras caminas en la calle por la noche”. (Mariana Labastida).
Marcha en Ciudad de México, a 47 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Foto: Agencia Reforma
Padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa conmemoraron este domingo 47 meses de la desaparición forzada de sus hijos, con una marcha en esta ciudad que partió del Ángel de la independencia, siguió a lo largo de Paseo de la Reforma, se detuvo en el Antimonumento a los 43 para efectuar un pase de lista y concluyó en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico.
Los padres de los 43 fueron acompañados por al menos unas mil personas, entre las que se encontraban integrantes de la sociedad civil y miembros de organizaciones como las secciones 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI; la Unión Popular Revolucionaria y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Los padres y madres reclamaron que, a casi cuatro años de los ataques de las fuerzas policiacas municipales, estatales y militares en contra de los jóvenes y de su posterior desaparición, ni el gobierno federal ni la Procuraduría General de la República (PGR) han dado muestras de voluntad por resolver el caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los normalistas, señaló al presidente Enrique Peña Nieto como responsable de la tragedia y en nombre de los padres y madres exigió al Estado mexicano establecer una comisión de la verdad independiente que investigue el caso. Lamentó que, a pesar de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, que obligaba a la conformación de dicha comisión, tanto el gobierno estatal, como la PGR impugnaron la resolución.
Asimismo, Rosales exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia De la Nación a ponerse del lado de las víctimas y hacer cumplir la creación de una comisión de la verdad. “Tienen la oportunidad de ponerse del lado de las víctimas o de arrastrarse ante los poderosos y los violadores de derechos humanos”, expresó el abogado.
Melitón Ortega, vocero de los familiares de los 43, convocó a los presentes a seguir acompañándolos y “mantener la lucha”. En este sentido, también se pronunció Blanca Nava –madre de Jorge Álvarez Nava–, quien expuso que “los padres necesitamos el apoyo de todos, para que estos hechos no queden impunes ni se repitan”.
Enfatizó que el movimiento de los padres no se limita a la exigencia del acceso a la verdad en el caso de sus hijos, sino que se manifiesta en contra del clima de violencia en el país. “Este gobierno no sólo es responsable de la desaparición de nuestros hijos, también es responsable de los asesinatos que ocurrieron el 26 de septiembre y de que uno de los estudiantes –Aldo Gutiérrez Solano– se encuentre todavía postrado en una cama”, en coma.
Por su parte, Nicanora García –madre de Saúl Bruno García– solicitó a los acompañantes de esta marcha que se unieran a los padres dentro de un mes, cuando se cumplirán cuatro años de la desaparición de los estudiantes. “El mensaje para Enrique Peña Nieto es que no olvidamos”.
El mitin concluyó con la entonación del himno Venceremos por parte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Este lunes, los padres realizarán un mitin a las puertas de la Suprema Cote de Justicia de la Nación, a las 10 de la mañana. Además, el 8 de septiembre, a las 10 de la mañana, se inaugurará en Ayotzinapa la Asamblea Nacional Popular, la cual determinará las acciones globales a emprenderse para las conmemoraciones del cuarto año de los hechos ocurridos en Iguala de Guerrero, que se cumplirá el 26 de septiembre.
Padres de familia de la escuela primaria Nezahualcóyotl, de la comunidad de Arroyo Grande, en el municipio de Coyuca de Catalán, tomaron la escuela para exigir la reposición de dos profesores que les retiraron.
A las 8 de la mañana, los padres protestaron y tomaron la escuela. Una comisión llegó a Servicios Educativos de la región Tierra Caliente, con sede en Coyuca de Catalán, donde les indicaron que no hay personal para designarles, y que el próximo viernes acudirían autoridades a la escuela para iniciar una negociación.
En tanto, los padres anunciaron que el paro será indefinido hasta que no les repongan los maestros, ya que tienen 90 niños sin clases.
No llegaron a ningún acuerdo con los funcionarios que los atendieron, por lo cual anunciaron que seguirán en paro de forma indefinida.
La comunidad de Arroyo Grande se ubica en la franja de pueblos sobre la ruta de salida a Zirándaro, a unos 20 minutos de recorrido saliendo de la cabecera municipal, cerca del Naranjo. (Israel Flores / Ciudad Altamirano).
Maestros y padres de primarias ubicadas en seis comunidades y en la cabecera de Chilapa bloquearon más de cinco horas la carretera Chilpancingo-Chilapa, en el crucero al Amate Amarillo, para demandar a la SEG maestros, personal de apoyo e infraestructura Foto: Luis Daniel Nava
Maestros y padres de familia de primarias ubicadas en seis comunidades y en la cabecera de Chilapa, bloquearon más de cinco horas la vía Chilpancingo-Chilapa para demandar a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) maestros, personal de apoyo e infraestructura.
A las 8 de la mañana, una centena de maestros y padres de familias de escuelas primarias ubicadas en las comunidades de Coaquimixco, Zoyatal, Amate Amarillo, Cuadrilla Nueva, Santa Ana, Zoyapexco y Chilapa, bloquearon el tramo de la carretera Chilapa-Tixtla, en el crucero que conduce a Amate Amarillo.
Jorge Basilio Urbano, representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en la zona 186 de primarias, informó que la petición es de seis docentes, cuatro para la primaria del Amate Amarillo y dos para la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en la cabecera de Chilapa.
Además de dos trabajadores de intendencia y dos directores con clave presupuestal.
La falta de este personal, dijo, lleva hasta nueve años a causa de jubilaciones, fallecimientos y cambios de adscripción del personal, con el aval de las autoridades educativas, sin que los hayan repuesto.
Consultado, el presidente del comité de padres de familia de la primaria Sor Juana Inés, ubicada en Chilapa, informó que tan sólo en ese centro de trabajo, los alumnos de primero, tercero, quinto y sexto grado no han tenido clases de manera regular, debido a que los maestros que han enviado han estado de forma temporal.
Al lugar del bloqueo llegó el delegado de servicios educativos en la parte baja de la Montaña, Jerónimo Maurilio Morales, quien ofreció a nombre del titular de la SEG, José Luis González de la Vega, tres docentes y una mesa de trabajo este martes, en Chilpancingo, para tratar la falta de personal, de apoyo e infraestructura.
Los maestros y padres de familia informaron que esperaban que las autoridades centrales de la SEG acudieran a dar la cara hasta el lugar de la manifestación. No obstante levantaron el bloqueo alrededor de la 1 y media de la tarde.
