El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respondió mediante un comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus señalamientos a la organización en su actuar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Aseguraron que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se generó “desinformación y se tergiversó la realidad” sobre el papel del Centro, razón por la que presentaron diez aclaraciones al respecto.
En un primer punto, indicaron que respecto a la sentencia aludida por López Obrador en la que se liberó a presuntos responsables al demostrar tortura, señalaron que el Consejo de la Judicatura Federal “ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas”.
Como segunda acotación indican que la investigación que derivó en la llamada Verdad Histórica, “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal”, además de que no hay investigación en los actos de tortura.
“En estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familias de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados”, aclararon.
Como cuarto apéndice señalaron que en 2018, el Centro Prodh señaló que la sentencia confirmó que la verdad en el caso Ayotzinapa “no está dicha” y que se incurrieron en “múltiples irregularidades durante la investigación”.
“Académicos, organismos de derechos humanos y otros actores políticos, incluso personas que después se integraron al actual gobierno federal, saludaron la resolución dado que confirmaba que la versión oficial sobre el destino de los normalistas fue construida con prueba ilegal” señalan en el quinto numeral.
En el sexto punto indicaron que tras la resolución de las instancias correspondientes, pruebas reunidas por la Subprocuraduría Especiali-zada en Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron invalidadas al estar relacionadas con “detenciones arbitrarias y actos de tortura”.
La séptima aclaración indica que el Centro ha buscado para que ninguna persona torturada sea juzgada en el país basándose en pruebas ilícitas, acorde a lo establecido en los derechos humanos.
“Ni el Centro Prodh, ni ninguna de las organizaciones que representan a los padres y a las madres, promovimos ninguna solicitud para que fueran dejados libres, ni representamos legalmente a los acusados, ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso”, destacaron.
Sobre la participación de Mario Patrón en el Centro Prodh, la octava aclaración afirma que se caracterizó por trabajar con la “más absoluta honestidad” y que las decisiones del Centro no son unipersonales.
“Afirmar que el Centro Prodh y otras organizaciones no permiten que las víctimas en este caso, o en otros, hablen con otros actores políticos y/o con medios de comunicación no sólo es falso, sino que también supone negar la propia agencia de las víctimas sobre sus procesos y luchas. Los padres de Ayotzinapa deciden sus propias estrategias y caminos; las organizaciones solamente les aconsejamos y acompañamos”, indicaron en la novena aclaración.
Como último punto indicaron que el Centro se mantendrá con su labor de defensa de los derechos humanos y señalaron que el Ejército no ha entregado información relevante para el caso.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al adentrarse en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontró “cosas raras” y las atribuyó a la actuación en el caso del prestigioso Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
“Con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo. Declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto”, dijo ayer el presidente en su conferencia de prensa matutina.
“Se habló del pacto de silencio, pero hay más que eso, con el propósito de que no se conocieran los hechos, eso es lo que yo supongo, que no se lograra nunca conocer la verdad con el propósito de dañar al Estado mexicano, de socavar a instituciones, es mi hipótesis”, añadió.
Aseguró que el Centro Prodh, se ha ido “echando a perder”, y agregó que no entendió los motivos por los que no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada “verdad histórica, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam.
“¿Cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos y además están asesorando a los padres (de los 43), no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados, que se castigara a quienes inventaron la llamada verdad histórica?”, preguntó.
Afirmó que “lo que más me llamó la atención es que cuando tomamos la decisión, porque hay elementos de que son responsables y se toma la decisión, de que se soliciten las órdenes de aprehensión y se detiene a estos personajes del más alto nivel, incluso a militares, los defensores de derechos humanos, los abogados, en vez de reconocerlo, me reclaman que se habían hecho mal las cosas”.
Recordó el caso de detenidos que alegaron que fueron torturados para sacarles una declaración a modo sobre los hechos y posteriormente fueron protegidos por defensores de derechos humanos cuando había evidencia de su participación, y después fueran dejados en libertad.
“Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan con elementos o no de que fueron torturados y eso lleva a que los dejen libres. ¿Por qué me entero de esto? Porque tengo las pruebas de que los que supuestamente habían denunciado que habían sido víctimas de tortura después declaran, como testigos protegidos libres, de que sí habían participado” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Acusa a Álvarez Icaza y a la CIDH de la liberación de involucrados
Aseguró que los abogados que hicieron las gestiones para la liberación de supuestos involucrados están relacionados con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien volvió a calificar de “farsante”, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde la zona de reporteros, se le preguntó directamente si el abogado Vidulfo Rosales se encontraba entre los asesores en cuestión.
“No, no, no me quiero meter a ese tipo de cosas, lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo. O sea, los padres no saben que la sentencia que dejó libres a quienes participaron, porque eso sí lo puedo probar, en la desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de los derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando a ellos”, respondió.
De igual forma se le preguntó sobre los avances en las investigaciones contra el ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y respondió que no quieren meterse en esas investigaciones “porque se van a convertir en víctimas y que ya los estamos persiguiendo. No, no, no, para nada, lo que queremos es conocer la verdad, o sea, a ver, porque lo que está de por medio es encontrar a los jóvenes y es un compromiso que hice con los padres. Y además, a todos nos conviene, es un asunto de interés nacional”.
El presidente aseguró que mantiene comunicación con los padres y adelantó que este viernes sostendrán una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación,en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del quinto informe de gobierno federal Foto: Cuartoscuro
Martha Martínez y Claudia Salazar / Agencia Reforma
Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que en el caso Ayotzinapa están garantizando el derecho a la verdad, fortaleciendo las líneas de investigación y atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
“La Comisión (para la Verdad en el caso Ayotzinapa) no ha torturado, no ha sembrado pruebas ni ha alterado escenas del crimen, al contrario, ha actuado con ética y humanismo, atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43”, reiteró durante su comparecencia en el marco de la Glosa por el Quinto Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados.
Ante los legisladores, agregó que se protege a periodistas y defensores de derechos humanos, por ello, el presupuesto del Mecanismo de Protección se ha incrementado en 125 por ciento con respecto al sexenio anterior, de 780 millones de pesos a mil 750 millones de pesos.
Explicó que gracias a que se cambiaron los lineamientos y protocolos, se facilitó la adhesión de mil 378 periodistas y defensores de derechos humanos a los que había en 2018.
Finalmente, en materia de violencia de género, sostuvo que los feminicidios se han reducido durante esta Administración y atribuyó este logro a la política de seguridad y de bienestar y a la red de sororidad construida por las mujeres.
“Los feminicidios se han reducido en un 30 por ciento durante esta Administración, esto por supuesto que es gracias a la política de seguridad y bienestar, pero también al profesionalismo, al compromiso de las mujeres, de Inmujeres, de Conavim y a miles de mujeres que han tejido una red de sororidad a través de refugios, unidades de atención a víctimas”, señaló.
Se garantizará y respetará el resultado de las elecciones
Ante diputados, también aseguró que el gobierno federal respetará los resultados de las elecciones de 2024.
En medio de las críticas por lo que la oposición calificó como una “campaña anticipada” de las llamadas corcholatas y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para respetar las determinaciones del INE respecto a su conferencia mañanera, la funcionaria afirmó que esta administración dará todas las garantías para que el desarrollo de los comicios se haga de forma libre, pacífica y ordenada.
Durante su comparecencia, dijo que, para ello, brindarán seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Además, subrayó que el presidente ha sido categórico respecto a que no se tolerará el uso de recursos públicos con fines electorales.
“De cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular y, sobre todo, respeto absoluto a la voluntad del pueblo.
“Tenemos la responsabilidad de demostrar que hemos desterrado para siempre el autoritarismo, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado y que, con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias, de intereses personales, tenemos un compromiso superior y ese compromiso es con el pueblo”, indicó.
Alcalde afirmó que en el país hay gobernabilidad, porque hay condiciones de bienestar social y laboral, y negó que haya crisis en materia migratoria, de seguridad y de violencia de género.
Ante la violencia, se atienden las causas
En materia de seguridad, aseguró que se sigue atendiendo de manera prioritaria a través de una estrategia opuesta a la del pasado y que radica en tres pilares: la atención de las causas que generan la violencia, las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días y que se replican en los estados, y la Guardia Nacional, que a cuatro años de su creación tiene 128 mil elementos desplegados en todo el país y cuenta con el respaldo del 80 por ciento de la población.
“Estos tres pilares han permitido que hoy tengamos resultados alentadores. Basta señalar que con datos no nuestros, sino del INEGI, los delitos de incidencia delictiva en nuestro país han bajado en 24 por ciento, y aquellos delitos más dolorosos para la gente, como por ejemplo, el homicidio, ha bajado en 17 por ciento, el robo en 26 por ciento y el secuestro en 80 por ciento”, detalló.
Por otro lado, sostuvo que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en el país.
Sin mencionar las oleadas de migrantes que han desbordado al Instituto Nacional de Migración (INM), Alcalde afirmó que programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han beneficiado a más de 40 mil personas en El Salvador y Honduras, además que han generado más de 230 mil empleos en ambos países.
Sostuvo que las estrategias prioritarias del presidente han permitido reducir en un 57.8 por ciento la intensión de migrar en Honduras y en un 31.8 por ciento en El Salvador.
“Por eso, ya estamos listos para implementar también Sembrando Vida en Guatemala, en Belice y en Cuba, pero, sobre todo y más importante, es que estos resultados, ya objetivos, son evidencia que nos ayuda a convencer a los Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz que invertir en la gente para que tenga opciones donde están sus raíces”, dijo.
Francisco Magaña / Brenda Escobar / Karina Contreras / Redacción
Atoyac / Zihuatanejo / Acapulco / Iguala
El mitin de directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado en el Zócalo de Atoyac Foto:?Francisco Magaña
Directivos, maestros y alumnos de la Preparatoria Popular de El Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de Atoyac para recordar el noveno aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala y el asesinato de tres de ellos.
En el evento, donde también estuvieron el Frente Progresista Guerrerense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se hicieron honores a la Bandera y se entonaron canciones alusivas al ataque contra los estudiantes, que calificaron como un trágico evento que estremeció al país.
Los manifestantes exigieron justicia en el caso y se sancionar a los responsables.
Lamentaron que esté por concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin que hasta la fecha se haya encontrado a los estudiantes.
Por el contrario, señalaron que el gobierno ha hostigado y reprimido a los padres de los 43 y defendido al Ejército para que no se sepa la verdad.
Al término del evento los manifestantes se trasladaron al antimonumento en la localidad de la Y Griega sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo
En ese mismo lugar por la tarde las organizaciones Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Afadem y Raiz Zubia hicieron un encendido de 43 velas en honor a los normalistas desaparecidos.
Exigieron su presentación con vida y castigo a los responsables, que lamentaron, están siendo exonerados.
Organizan maestros activos y jubilados un mitin por los 43 desaparecidos en Zihuatanejo
En Zihuatanejo, maestros activos y jubilados de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como profesores egresados de la normal rural de Ayotzinapa, participaron en un mitin frente al antimonumento de los 43, ubicado en las inmediaciones de la Fuente del Sol, para recordar a los normalistas desaparecidos hace nueve años.
Este martes, poco después de la 1 de la tarde, bajo los intensos rayos del sol, los maestros iniciaron con el mitin que tuvo cinco oradores, quienes coincidieron en que la sociedad guerrerense no debe olvidar esta fecha histórica, en la que un grupo de estudiantes normalistas fueron víctimas “de la maldad, la opacidad, la injusticia y la sinrazón”.
Los maestros fueron convocados por el dirigente municipal de la CETEG en Zihuatanejo, Martín Maldonado Arcos, y unas 70 personas respondieron a esa convocatoria.
El maestro Miguel Ángel Adame Bello, ex director de la primaria Vicente Guerrero, sostuvo que “decir nos faltan 43, es solamente un número que se suma a tantos otros que han desaparecido y no tenemos noticias de ellos. Cuando decimos ‘ni perdón ni olvido’, corremos el riesgo de que estas acciones se normalicen y que esta desaparición de jóvenes se hagan parte de la cotidianidad, nada más falso que esa mentira”.
Luego, vino al micrófono la maestra Mildred Martell Jiménez, quien señaló que “hoy no es una fecha cualquiera, los días 26 y 27 de septiembre tienen que ser conmemorados como una verdad que tenemos que tener presentes los guerrerenses, para levantar la voz, porque si a estos 43 normalistas les arrebataron la vida por una injusticia, con aquella verdad diciendo que fue narcotráfico, no lo podemos seguir permitiendo”.
Indicó que los maestros deben continuar concientizando al pueblo de Guerrero, “sensibilizarnos por los problemas sociales que tiene nuestro estado y los normalistas no son la excepción. Hace ocho años que no hemos tenido una sola verdad de lo que sucedió y podemos decirlo con todas las palabras: ‘Fue el estado’”.
Maestros activos y jubilados pertenecientes a la CETEG en Zihuatanejo, llevaron a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 Foto: Brenda Escobar
“El estado no quiere y no permitió que la gente de Guerrero levante la voz, ante tantas injusticias que nos han cometido, que hoy somos merced de la impunidad y que hoy no estamos luchando por los derechos que estos normalistas querían: una educación digna, una educación que me permita tener libertad, que trascienda los muros de la escuela, que trascienda en una sociedad libre y justa y aquella persona que levanta la voz es tildada, y en Guerrero, es aniquilada”.
El profesor Raúl Román Román declamó una poesía en memoria de los normalistas desaparecidos y, luego, los ahí presentes entonaron el canto Venceremos, con el que se dio por concluido el mitin.
Exige el FPG al presidente López Obrador
dar solución a los padres de los 43 normalistas
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense (FPG), realizaron un acto para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición forzada de los 43 años de la desaparición de los normalistas, donde pidieron al gobierno federal dar respuesta a los padres de los estudiantes.
Al acto en el antimonumento de los 43 en la Vía Rápida se reunieron unas 50 personas, entre ellos el luchador social Eloy Guillén Cisneros, para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes normalistas.
A nombre de los integrantes del Frente, el maestro de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Uriel Leal Ramírez dijo que no podían dejar pasar desapercibido la conmemoración de dichos acontecimientos.
“Como equipo repudiamos la violencia venga de donde venga y se ejecute contra quien se ejecute. Hace nueve años comenzaba a escribirse una tarde negra, un acontecimiento vergonzoso porque se comenzaba a escribir una historia aberrante donde 43 jóvenes, con muchas ilusiones, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban siendo ilegalmente detenidos, ilegalmente secuestrados y eso, obviamente, vino a marcar una antes y un después en la historia de nuestra entidad que desafortunadamente ha estado marcada por la sangre de muchos guerrerenses que han dado su vida por tener mejor condiciones de vida”.
Indicó que los hechos de los 43 fue un hecho aberrante, vergonzoso: “Exigimos al Estado mexicano dé una respuesta positiva a los padres”, y señaló que han circunstancias que han hecho que no haya una “credibilidad por partes de las familias de los estudiantes y haya duda. En un gobierno que se dice de Cuarta Transformación debe haber mucha transparencia, no importa caiga quien caiga, pero aquí no se puede seguir cubriendo o cuando menos, porque cuando menos esa es la percepción de la ciudadanía, de que por parte del gobierno hay una especie de encubrimiento a los militares”.
Leal Ramírez dijo que desde ese antimonumento a los 43 exigen al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “dé una respuesta transparente porque la sociedad lo exige y además se castigue a los autores intelectuales y materiales que están atrás de este acto”.
Indicó que seguirán acudiendo todos los años que sean necesarios hasta que se esclarezcan los hechos y haya justicia para los normalistas y sus familias, que haya esclarecimiento, castigo y no exista impunidad, “porque ese es un gran problema que tenemos en México”.
Agregó que cuando hay impunidad sencillamente no hay justicia y “eso no lo podemos seguir permitiendo”.
Suspenden actividades hoy el Ayuntamiento de Iguala y negocios locales para evitar conflictos
Ante la convocatorias para manifestarse por el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el Ayuntamiento de Iguala suspendió labores para hoy miércoles, mientras que algunos negocios locales y centros comerciales bajaron sus cortinas, para no ser víctimas de actos vandálicos.
A la suspensión de actividades y de labores se sumaron desde el martes pasado, varias escuelas de nivel básico y medio superior de la ciudad, avalada por un comunicado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
De manera verbal, se les informó a los más de mil 600 trabajadores de presidencia, síndicos, regidores, secretarios, directores y jefes de área, sobre la suspensión de labores para evitar cualquier confrontación, ante las protestas que están programadas para hoy, reanudando el próximo jueves 28 de septiembre.
Algunos negocios locales del primer cuadro del centro de la ciudad, mercado y centros comerciales de esta ciudad bajaron sus cortinas este martes y abrirán hasta el jueves, para evitar saqueos y robos. También se reportó que la actividad comercial se redujo hasta en un 50 por ciento.
Antonio Téllez Domínguez y Consuelo María Robles, padres de la joven Yuridia Carolina Téllez Robles de 18 años de edad, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 16 de agosto en la conferencia de prensa que ofrecieron frente a la estatua de Morelos en el centro de Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Con lágrimas, padres de una joven, provenientes de Coahuila, denunciaron que su hija Yuridia Carolina Téllez Robles, de 18 años de edad, desapareció hace una semana y temen que pueda ser víctima de trata de personas.
En el zócalo de esta ciudad, los padres contaron que desde el pasado 16 de agosto su hija salió de su casa, ubicada en el municipio General Cepeda, Coahuila, a una entrevista de trabajo en una fábrica y desde esa ocasión ya no regresó. Sin embargo, la joven se comunicaba con ellos por teléfono, pero hace una semana perdieron comunicación.
El padre, Antonio Téllez Domínguez, dijo que cuando su hija tenía 14 años de edad unas personas se la quisieron llevar “con engaños”, y que se enteraron que eran tratantes de personas.
Luego que Yuridia Carolina cumplió 18 años, “esa misma persona la volvió a convencer para que se fuera con él. Tenemos unos audios que comprueban que es el mismo hombre”, prosiguió el padre, quien portaba una fotografía de su hija.
“Estamos desesperados”, dijo e informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila y que acudieron a la de Guerrero, para solicitar la intervención de las autoridades, “porque una persona me dijo que mi hija está aquí”, relató Téllez Domínguez.
Cuando su hija se comunicaba con sus padres siempre decía que estaba bien, pero Antonio Téllez indicó que la escuchaba con miedo, porque nunca les quiso decir dónde o con quién estaba.
Yuridia Carolina recientemente recibió su título de licenciada en Comercio Internacional, mide 1.70 centímetros de altura, tiene los ojos grandes, es delgada, labios grandes y tiene una cicatriz en la barbilla.
Los padres pidieron la colaboración de los guerrerenses para que les ayuden a dar con el paradero de su hija, “desde que no llegó a casa la hemos buscado en las calles, tanto en Saltillo como en Guerrero. Perder a una hija es un dolor muy fuerte”.
Antonio Téllez, junto con su esposa, llegó el domingo a la capital, donde han colocado carteles con el rostro de su hija.
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa informaron que iniciarán una jornada de lucha, a unos días de cumplirse nueve años la desaparición forzada de sus 43 compañeros.
En un video transmitido en su cuenta oficial de Facebook, tres normalistas con el rostro cubierto dieron el mensaje e informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres dar con el paradero de los normalistas, pero no cumplió.
Manifestaron que sus compañeros están por cumplir nueve años de desaparecidos, pero que continuarán con “la lucha” que hacen todos los años, porque sigue sin haber avances en las investigaciones.
Los alumnos adelantaron que en los próximos días iniciarán las movilizaciones, las cuales, dijeron: “No son el agrado de algunas personas, pero no son para algún beneficio personal, es para exigir la búsqueda de nuestros compañeros”.
Pidieron la presentación con vida de los 43 alumnos desparecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2104, así como justicia por el asesinato de Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
Externaron que López Obrador se niega a que el Ejército sea investigado, pese a que tiene información importante para dar con el paradero de los 43.
Exigieron a los gobiernos estatal y federal solución, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, externaron los alumnos. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Iniciaron esta semana las inscripciones en escuelas de nivel básico y los padres tienen que pagar la inscripción, la que en la mayoría de casos se le llama “cooperación voluntaria”, para según arreglar desperfectos de plantel, lo que se suma a los gastos que están haciendo para el nuevo ciclo escolar.
Las cuotas que se les piden en los planteles varían y van de los 150 a más de mil pesos, si se juntan los conceptos, pues ahora les están pidiendo un certificado médico.
En la secundaria federal 14 Miguel Alemán, en su página de Facebook informa a los padres de familia que el monto a pagar será de 600 pesos por alumno, que cuando vayan a inscribir a sus hijos tienen que llevar el comprobante de pago.
Mientras que en la secundaria técnica 6 Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, hay una manta que dice: “Comité de padres de familia. Aportación 400”, y trae un número de cuenta del banco Santander, a nombre de Yuridia Castro. Los padres que acudan a inscribir deben llevar el comprobante de que ya pagaron. Entre los requisitos que se están pidiendo está el de un certificado médico, que incluya el grupo sanguíneo, peso y talla.
Mientras que la primaria Tierra y Libertad, de la misma colonia, fijó la cuota de inscripción en 150 pesos y no se supo si hubo una cooperación adicional.
En la primaria Narciso Mendoza, ubicada en el sector 6, están pidiendo una cooperación de 150 pesos para arreglar unos salones y 250 de inscripción, un monto total de 400 pesos, que aprobó el comité de padres de familia. Además, la dirección de la escuela está pidiendo 50 pesos adicionales, que incluye el examen de diagnóstico, copia de carta-compromiso, copia de entrevista o formato de inscripción, así como la credencial escolar del alumno.
El jardín de niños Ovidio Decroly, también ubicado en la colonia Emiliano Zapata, fijó la inscripción en 300 pesos y los padres de familia esperan que no aumente la “cooperación voluntaria”, que el año pasado fue de mil pesos.
Las direcciones de las escuelas se escudan diciendo que el monto de la inscripción fue decisión del comité de padres de familia, no de ellos. Mientras, la Secretaría de Educación Guerrero ha manifestado que no se debe condicionar la inscripción del alumno por dicho pago, pero esto no ha sido así, pues antes de ir a las escuelas, los padres de familia deben ir al banco a pagar y después acudir al plantel para hacer el trámite con su comprobante.
El abogado de los padres de familia de los 43 Normalistas de Ayotzinapa en entrevista en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado donde asistió al foro “Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos” Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, celebró que su caso se haya incluido en los nuevos libros de texto.
El abogado fue entrevistado al respecto antes del encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó este miércoles con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En los nuevos libros de texto se menciona que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “es uno de los más graves episodios violentos de la historia reciente de México, y un crimen de lesa humanidad en contra de estudiantes normalistas”.
El asesor de los padres de los 43 estudiantes dijo que tuvo conocimiento de que varias gentes cercanas a Morena tuvieron un debate previo, para que en los libros de texto se incluyera el caso Ayotzinapa, como parte de la historia contemporánea del país.
“A mí me parece relevante. Yo creo que es un hecho que conmovió al país, es un hecho de la historia que implicó una eclosión social en la última recta histórica de nuestro país y creo que las nuevas generaciones tienen que conocerlo. Los niños tienen que saber que un hecho ominoso de esa naturaleza ocurrió para que no se vuelva a repetir”, dijo.
Explicó que el caso Ayotzinapa debe quedar registrado en la historia de nuestro país como un hecho que no debe acontecer, que todos debemos reprobar y reclamar su esclarecimiento y justicia.
En los libros de texto se menciona que distintas investigaciones concluyen que “en esos camiones (que retuvieron los normalistas) había heroína con valor de 2 millones de dólares, que traficaba el cartel que controlaba Iguala”.
El abogado aclaró que no se confunda el señalamiento de la droga que según versiones había en uno de los camiones, y que los estudiantes los tomaron sin saber que venía en uno de los autobuses y que eso habría sido el motivo de una reacción tan violenta contra ellos.
“Esa es una hipótesis que se plantea y uno de los móviles que se sigue. El GIEI ha esbozado respecto de lo que habría motivado la agresión a los estudiantes”.
Sin embargo, explicó que sólo son hipótesis y que es una de las cuestiones que no se han podido esclarecer al día de hoy, “no hay un móvil claro, son hipótesis planteadas como móvil del crimen”, explicó.
Agregó que los padres de familia tienen esperanzas de que el caso se esclarezca “lucharemos en todo momento para que ello acontezca”, pero añadió que al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le queda muy poco tiempo “y veo difícil que en los próximos días pueda haber un derrotero distinto del caso”.
Indicó que el mismo presidente de la República se ha entrampado con lo que tiene que ver con el Ejército mexicano, que es una institución hermética, pero a la vez con mucho poder y que tiene todo el respaldo del presidente.
Añadió que seguramente por ello no se hará más “porque no vemos que el presidente esté dispuesto a tensar más las cosas con las fuerzas armadas”.
Dijo que el hecho de que se solicite información sensible y relevante para ubicar el paradero de los jóvenes que está en manos del Ejército va a implicar una tensión fuerte del presidente de la República con el Ejército “y creo que no está hoy en día en su espectro político tensarse con las fuerzas armadas”.
Por ello, declaró que los padres creen que finalmente se va a venir sacrificando el tema del esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa por su relación política con el Ejército.
Sin embargo, advirtió que los padres de los 43 no van a quitar el dedo del renglón y van a seguir exigiendo y pidiendo el pleno esclarecimiento de estos hechos y que haya justicia.
Añadió que es obligación del gobierno mexicano esclarecer el caso Ayotzinapa y que quien quede como presidente de la República en el próximo sexenio tendrá la obligación de esclarecer de manera plena los hechos “y en su momento nos tendremos que acercar con quien vaya a quedar como responsable del poder Ejecutivo para pedir compromisos claros y pleno esclarecimiento de los hechos”.
Informó que después del informe el GIEI, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos fijaron su posición de que ya no se van a reunir con ninguna otra autoridad hasta que no se tenga una reunión con el presidente de la República, “porque el tema que vamos a abordar hoy en día con el gobierno es la información en poder del Ejército mexicano, que es información relevante que puede ayudar al esclarecimiento del caso y esa información que está en poder del Ejército, solamente lo podemos dialogar con el jefe supremo de las fuerzas armadas que es el presidente.
“Por lo pronto no vamos a dialogar con nadie más y no vamos a tener respuesta de nadie más”.
Informó que desde que rindió su informe el GIEI solicitaron una reunión con el presidente de la República, López Obrador, pero que todavía no reciben respuesta y que sólo en una conferencia mañanera el presidente dijo que él no se va a reunir con los padres hasta que haya información relevante, “y como no hay información relevante, quién sabe cuándo nos reciba”.
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
Padres de familia, alumnos y maestros de la primaria 30 de Abril, ubicada en la colonia Independencia en Chilpancingo, durante el bloqueo en la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las oficinas del IGIFE Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Unos 100 padres de familia, alumnos y maestros de la primaria 30 de Abril, ubicada en la colonia Independencia, bloquearon los dos sentidos de la avenida Lázaro Cárdenas, en el monumento Las Banderas, para solicitar una maestra, un conserje y obras.
El bloqueo inició después de las 8 de la mañana, los inconformes portaron pancartas en las que se leían sus demandas, entre ellas: la construcción de un aula de medios y una barda.
En declaraciones, el director de la primaria, Octavio Romero Gerónimo, informó que hace un año el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), la Dirección de Primarias y la alcaldesa Norma Otilia Hernández, se comprometieron con resolverles sus demandas, pero no han cumplido.
Recordó que en aquella ocasión, el IGIFE les aseguró que construiría el aula y la barda en enero de este año, pero les avisaron que no había presupuesto para la escuela.
Romero Gerónimo destacó que “las autoridades nos dijeron que no era prioridad y que los alumnos podía andar sin ese servicio del aula, la barda nos hace mucha falta, porque se han metido a robar en la escuela”.
Manifestó que los padres de familia acordaron con bloquear, porque en otras escuelas demuelen edificios y construyen nuevos “y a nosotros no nos atienden”.
En total son afectados 280 alumnos, dijo el director. Añadió que hace un mes se fue el conserje y no fue repuesto.
En cuanto a la maestra, explicó que la solicitan desde hace un año, para la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), “las exigencias son sencillas, pero las autoridades se niegan a resolver”.
Minutos después, los inconformes se manifestaron afuera del IGIFE, ubicadas a unos metros del bloqueo. Una comisión fue atendida y el resto de los inconformes se replegaron. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
