La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), rechazó que los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República.
En respuesta al comunicado difundido anteayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del país respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar.
“Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del ‘caso Ayotzinapa’, está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes”, dijo la JUFED.
La resolución, subrayan, “es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional, y por eso consideran que “las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resolu-ciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía”.
La asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.
La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.
“”Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí”, dijo el organismo.
El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.
Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.
“Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva”, precisó la JUFED.
La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.
Siguen desaparecidos los 12 trabajadores
A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.
Los diputados de Morena y el PRD votan en contra de la proposición de la diputada Julieta Fernández Márquez para que se otorgara el 30 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial en el municipio de Acapulco, tras las afectaciones del huracán Otis Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La fracción de Morena rechazó una iniciativa del PRI, para aminorar la carga tributaria a las familias damnificadas, que buscan oportunidades para recuperarse de las pérdidas, que implicaba descuentos en el predial o cancelar los cobros en las licencias comerciales o de reconstrucción de viviendas.
La diputada del PRI y vocal de la Comisión de Hacienda, Alicia Zamora Villalva, denunció en tribuna que se quedó corta la propuesta de estímulos fiscales para los contribuyentes en Acapulco afectados por el huracán Otis, durante la fundamentación de los dictámentes de las leyes de ingresos de los cinco municipios más grandes en el estado.
En lugar de pedir el respaldo para los proyectos de la Comisión de Hacienda, llamó a votar en libertad, a favor o en contra de las leyes de ingreso de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo para el Ejercicio Fiscal 2024, que al final se aprobaron por unanimidad.
En el trámite legislativo, se rechazó con 24 en contra y 15 a favor, la admisión de tres artículos de reserva que propuso la diputada del PRI, Julieta Fernández Marquez. El primero, para subir el descuento al impuesto predial a un 40 por ciento.
La propuesta de los priistas también planteaba exentar el refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios, y liberar del pago del derecho de licencias de reparación, restructuración, rehabilitación, así como las licencias de construcción.
La crítica del PRI
El diputado del PRI, Ricardo Astudillo Calvo, lamentó que no haya sido aprobada ni para la discusión las propuestas de los priístas para aminorar la carga tributaria a las familias damnificadas, que buscan oportunidades para recuperarse de las pérdidas.
Al fijar postura a favor de las reservas que presentó Fernández Márquez, lamentó que 11 diputados de Acapulco (ocho de Morena), no tuvieron interés de promover facilidades a los contribuyentes como incrementar los descuentos en el predial o cancelar los cobros en las licencias comerciales o de reconstrucción de viviendas.
“Esta representación lamenta y está verdaderamente fuera de lugar que no haya sido ni siquiera aprobado para que fuera discutido, un aumento en el descuento para los paisanos acapulqueños, y no se trataba de otra cosa más que autorizar un diez por ciento más anual en el pago del predial y que se condonara el pago en las licencias comerciales y de construcción”.
Ningun diputado de la Comisión ni de la fracción de Morena fijó postura al respecto. Sólo la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidió un receso de cinco minutos, cuando comenzó la discusión, para hablar en privado con su grupo parlamentaria.
Incluso la priista Zamora Villalva advirtió desde la tribuna que el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Hacienda, Bernardo Ortega, no hacía caso a su intervención, y de Morena, Beatriz Mojica Morga, vocal, no acudió a la plenaria. Señaló también que el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, integrante de la Comisión, sí estaba atento a su mensaje.
Durante la semana que lleva el trámite legislativo la aprobación del paquete fiscal, el proceso se desarrolló sin contratiempos, hasta ayer. Incluso, las lecturas de los dictámenes continuaban con muy pocos diputados en el pleno, independiente del registro de asistencias.
En la fundamentación de los cinco dictamen antes de la votación individual, Zamora Villalva declaró que firmó a favor el dictamen de la Ley de Ingresos de Acapulco, con la reserva de que los estímulos fiscales eran insuficientes para la población afectada por el huracán.
Precisó que fue un acuerdo unánime de los integrantes de la Comisión, dejar al final los municipios grandes para hacer la dictaminación con mucho detalle. Reconoció que los diputados por Acapulco estuvieron muy interesados en la elaboración del documento, “desde la pluralidad, cada uno con sus asesores, para conocer el proyecto que se puso a consideración, acorde con el modelo financiero señalado en las constituciones políticas federal y local, y leyes estatales”.
Sin embargo, indicó que debía haber ajustes a la Ley de Ingresos enviada por el ayuntamiento de Acapulco el 9 de octubre, tras el huracán Otis del 24 del mismo mes.
Recordó que a petición de la diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, la Comisión se reunió con empresarios de Acapulco que demandaban apoyos fiscales, y se gestionó una reunión con funcionarios municipales y los representantes de las cámaras.
Recriminó que la alcaldesa Abelina López Rodriguez, fue citada en tres ocasiones al Congreso y no se presentó.
También advirtió que el municipio no tenía claridad de que Acapulco había cambiado, porque la directora de Ingresos, al mismo tiempo que dio la razón a los argumentos de los diputados para que brindar apoyos fiscales a los contribuyentes en 2024, dijo que le preocupaba cómo iba a pagar la nómina, y un empresario le respondió que, “cuando la escucho me dan ganas de llorar, que su preocupación sea el pago de la nómina”, relató.
Consideró que el adendum enviado por el ayuntamiento se quedó corto a los estímulos fiscales planteados a la ciudadanía, y lo planteó a su grupo parlamentario.
Aclaró que dicho adendum se integró tal cual al dictamen de proyecto de Ley de Ingresos, porque veía aprobado por el Cabildo, y llamó a los diputados, que escucharon la lectura de los proyectos de las leyes de ingresso de Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, en la sesión del día anterior, a emitir su voto a favor o en contra, en libertad.
Con 38 votos se aprobó el proyecto de Ley de Iguala, con 42 el de Taxco y Zihuatanejo, y con 43 el de Acapulco, así como el de Chilpancingo.
El diputado Masedonio Mendoza Basurto que apoyó la propuesta de los priistas, pidió a la Mesa Directiva explicar por qué dos diputados que no son de la región de Tierra Caliente (para quienes hay un acuerdo exclusivo de participar en línea en las sesiones por las amenazas que tuvieron), estaban participando de manera virtual en la sesión: el diputado Jacinto Gonzalez Varona y Beatriz Mojica Morga.
La presidenta de la Mesa, la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández respondió que se ha considerado “en otras ocasiones a compañeros que han enviado oficios a la presidencia, porque no pueden movilizarse”, para asistir a la sesión de manera virtual.
Se observó en la pantalla a Gonzalez Varona en una oficina, a Mojica Morga conectada en la vía pública. De Tierra Caliente, a Susana Paola Juárez Gómez del PRD, en su automóvil, conduciendo; a Elzy Camacho Pinena del PRD, desde una oficina, y a Adolfo Torales Catalán del PRI, conectado desde dos espacios, uno abierto y otro cerrado.
En esta sesión también se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción de Chilpancingo, Iguala, Taxco, Zihuatanejo de Azueta y Acapulco
En una segunda sesión que comenzó a las 4:53 de la tarde con 40 asistentes, se aprobó la dispensa de segunda lectura de la Ley de Ingresos General para los municipios del estado de Guerrero,
Así como las iniciativas del poder ejecutivo, de reformas del código fiscal y Ley de Hacienda, para armonizarlas con el paquete fiscal de 2024.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena,
El regidor Jonathan Márquez y Jacinto González en la entrega de despensas por marinos en La Sabana Foto: El Sur
negó que haya coordinado la entrega de despensas en la colonia Nueva Generación, en La Sabana.
Asegura que pidió a los marinos que las entregara a un grupo de vecinos con los que realizaba labores de limpieza de calles, porque no estaban en sus casas en el momento que aquellos pasaron haciendo el reparto domiciliario.
Este martes, en una visita a la colonia Nueva Generación, que está en el margen izquierdo del río La Sabana, pasando el puente del poblado, se encontró al dirigente morenista coordinando la entrega de despensas a un grupo de 30 personas.
El también diputado local estaba acompañado del regidor Jonathan Márquez Aguilar.
Las cajas de depensa eran entregadas por marinos, pero el líder de Morena fue quien daba instrucciones para que las personas que estaban formadas se acercaran uno a uno a la camioneta a recibirlas.
Lo que recibían los vecinos era una caja de cartón con víveres y tres docenas de huevos.
Cuando concluyó la entrega al grupo de personas seleccionadas por el dirigente de Morena, los marinos comenzaron la distribución casa por casa en la misma colonia. Con un megáfono un marino llamaba a los vecinos que salieran a recibir una despensa y cuando esto ocurría avisaban que ya se retiraban para apremiar a los que faltaban.
A los marinos se les preguntó cuántas despensas repartirían en la colonia, pero el responsable vía radio dijo que no estaban autorizados a dar ninguna información y todo debía preguntarse en la décima segunda Zona Naval.
González Varona dijo que él no entregó los insumos, sino solo pidió que se los entregaran a un grupo de personas con las que integró una brigada de limpieza y quienes por andar en esa faena no estaban en sus domicilios para recibirlos.
“En ningún momento agarré una despensa y la entregué, yo andaba acompañando una brigada de limpieza y se cruzó la Marina y mientras ellos andaban con la limpieza se estaba pasando su entrega entonces por eso le dije al capitán ‘oiga entréguele a esta gente porque están conmigo limpiando y no están en sus casas’”.
Agregó que la ayuda que llevó fue una máquina y un camión de volteo para que les ayudara a remover lodo y basura acumulada en las calles de la colonia, que no ha entregado despensas porque eso se presta a malas interpretaciones.
Del señalamiento hecho al funcionario de la Secretaría del Bienestar, Carlos Eduardo Bello, por una de sus vecinas de la etapa 43 de la unidad habitacional El Coloso, de que con las camionetas del Bienestar participó en los saqueos a tiendas de autoservicio en Acapulco después del huracán, Jacinto González pidió que se presente pruebas, fotos o videos porque acusar cualquiera puede hacerlo.
El diputado del PRI Héctor Apreza muestra una gráfica del pedacito de presupuestoque se asignó para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otis Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Los diputados de oposición y los de Morena debatieron en tribuna sobre la política de atención de los tres órdenes de gobierno a las afectaciones ocasionadas por el huracán Otis que impactó Guerrero hace dos semanas.
Desde sus curules, las priistas Flor Añorve y Alicia Zamora hacían observaciones a las intervenciones en tribuna. El diputado Antonio Helguera Jiménez cuestionó la sonrisa del diputado Bernardo Ortega, durante su participación, y trató de responder a las críticas de los opositores al plan de reconstrucción en Guerrero, y a la falta de acceso a la salud, a la alimentación y vivienda de los afectados.
La presidenta de la Mesa directiva citó el artículo del 26 del reglamento interno, para conducirse con cortesía.
Tanto diputados del PRI como del PRD denunciaron traición de los diputados federales de Guerrero por Morena y el PT, que votaron a favor del presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que no contempla alguna partida especial para la reconstrucción.
El plan de 61 mil millones de pesos es insuficiente, advierten
Como parte del orden del día, la diputada del PRI, Gabriela Reséndiz propuso, con su compañero Ricardo Astudillo Calvo, un exhorto para que las cámaras de Diputados y Senadores creen un fideicomiso o cualquier otra figura financiera viable para destinar recursos y apoyos a las personas afectadas por el huracán Otis.
A pesar del llamado a la unidad, particularmente a los diputados que representan a los distritos federales de Acapulco, a no pasar por alto que la Legislatura debe activar todos los mecanismos de ayuda a la polación afectada, la bancada de Morena rechazó el punto de acuerdo como asunto urgente y de obvia, sin la votación requerida se turnó a comisiones.
La priista argumentó que la devastación requiere de un plan magno para reconstruir y reactivar la economía del principal destino turístico de México y costaría entre 200 y 300 mil millones de pesos, y el plan del presidente López Obradore que asigna 61 mil millones de pesos es insuficiente.
La diputada del PRD, Yanelly Hernández Martínez, pidio exhortar a las secretarías de Bienestar federal y estatal, para que a la brevedad prevean un plan emergente para la rehabilitación o sustitución de viviendas de techo digno para los damnificados por el huracán Otis, que además de Acapulco y Coyuca de Coyuca de Benítez, incluya a San marcos, donde el meteoro también causó estragos.
La propuesta fue enviada a comisiones porque no alcanzó los votos requeridos para ser votada como asunto urgente y obvia resolución, por 12 votos en contra de la bancada de Morena. Fue turnada a comisiones.
Por la oposición de Morena, tampoco tuvo los votos requeridos como asunto y obvia resolución la propuesta de la también diputada del PRD, Elzi Camacho Pineda para incluir en la declaratoria de desastres a Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, afectados por Otis.
La perredista propuso hacer un exhorto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que solicite la inclusión de los municipios de Tierra Caliente al Comité de Evaluación de Daños.
En la intervención vía internet, Elzy Camacho recriminó que después de que la federación emitió la declaratoria de desastres en 47 municipios por Otis, el 3 de noviembre la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, publicó nota Aclaratoria de la Declaración de Desastre Natural para eliminar 45 municipios.
Señaló que los municipios excluidos estaban confirmados por Conagua con lluvias intensas y fuertes la noche del 24 y 25 de octubre. Enfatizó que en Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan la población afectada pide que se restablezca telefonía, energía eléctrica, caminos y puentes, aunado a que están escaseando los víveres por el corte de las vías de comunicación.
Planteó que el Ejecutivo estatal establezca una red de distribución inmediata en todas las localidades afectadas de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, para que los afectados puedan salir por víveres, recibir ayuda alimentaria, y que se priorice la distribución de agua embotellada y de gasolina en toda la entidad.
Para la Secretaría de Salud del gobierno del estado, propuso que establezca en cada una de las localidades afectadas médicas de atención inmediata a toda la población.
“Diputados de Guerrero traicionaron”: PRI
En las intervenciones, el grupo parlamentario del PRI, fijó postura a través de Ricardo Astudillo Calvo, y resaltó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se considera un peso para ayudar a Guerrero.
Denunció que “nos han traicionando a quienes votaron a favor del proyecto”, para luego exigir exigir que la federación voltee a ver a Acapulco, porque a adelantar dos meses el pago de Bienestar no devolverá opciones de empleo de los 900 mil habitantes afectados.
“Compañeros nuevamente es lamentable que no hayamos aprobado en este Congreso una propuesta tan noble como la que presentó la diputada Gabriela Bernal. Nos están observando y lo que decidamos en este Congreso quedará grabado en la historia de Guerrero”, advirtió.
El diputado de Morena Antonio Helguera Jiménez, confirmó que el huracán le pegó al motor de la economía del estado, y consideró que es responsabilidad de todos hacer lo necesario para resolver esta situación.
Añadió que el Congreso local tiene responsabilidad en la respuesta a la población, y crearon una comisión especial de seguimiento, en la sesión anterior, para plantear un plan de rescate, para no banalizar.
Sobre la votación del PEF, dijo que en un transitorio se van a señalar recursos para Guerrero, “deberían consultarlo con sus presidentes de bancada en la Cámara”. Concluyó que si hablan de traiciones, “habrían una respuesta más radical de otro lado”.
La Mesa pidió la lectura del artículo 24, de la Ley Orgánica, sobre la conducción con cortesía de los diputados.
La diputada Gabriela Bernal pidió a Helguera no burlarse de la tragedia, “los que venimos hoy hasta con lodo, porque La Venta sigue inundada, las familias siguen buscando a sus hijos. Sí hoy me atreví a presentar este punto de acuerdo es porque es urgente que haya un fideicomiso, no de 61 millones de pesos. No hay empleos, ¿qué va a pasar con la recaudación del gobierno estatal sin la hotelería y los restaurantes?”, cuestionó.
Helguera volvió para pedir que no se confunda a la población, porque no se burló de los afectados ni de la tragedia. “Si sonreí fue porque se estaban riendo de mí”.
Todos los intervinientes afirman que han llevado apoyos a la población en Acapulco.
El diputado del PRD Ociel Hugar Trujillo, añadió que no solo Acapulco y Coyuca son afectados. Planteó focalizar a las comunidades de otros municipios del estado con daños por Otis. Pidió también que todas las casetas de cuota de la autopista sean gratuitas, desde Tlalpan, no sólo en Guerrero.
Lamentó que también en una tragedia, los diputados de los partidos en el gobierno, no cuestionan ni una coma de las iniciativas del Ejecutivo federal, que dejó fuera del presupuesto a los afectados del huracán.
Del PRI, Héctor apreza Patrón, criticó la narrativa oficial de los tres niveles de gobierno, de que todo marcha bien con la atención a los damnificados y el plan de reconstrucción, “ojalá así fuera y le entrábamos, pero sólo se cambia con la coordinación de gobernantes y sociedad”.
Denunció que el plan de reconstrucción de Acapulco y Coyuca del gobierno federal ni tiene objetivos ni líneas de acción, estrategias, ni metas específicas, y llamó a no perder de vista que el presupuesto del plan no alcanza para restaurar los daños.
“Si perdemos Acapulco, perdemos Guerrero. Si perdemos Guerrero, se desestabiliza al país”, sentenció.
La diputada del PRI, Julieta Fernández también señaló deficiencias en el plan, y denunció la falta de insulina para enfermos renales en Acapulco, que todavía hay colonias sin energía eléctrica. Luego recriminó la desaparición del Fondo de Desastres (Fonden).
De Morena, el también presidente del partido, Jacinto González Varona, respondió que el desastre rebasa a todos, hay afectaciones sociales, como a la fauna y flora, que tendrán consecuencias en el futuro.
Defendió la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el servicio de energía en Acapulco es casi total, solo falta 7 u 8 por ciento de la zona rural.
Aclaró que se sacaron 45 municipios de la declaratoria de desastres por Otis, porque los ayuntamientos no enviaron las actas de Cabildo y sin este requisito no fue posible considerar a todos los ayuntamientos.
Del Fonden, indicó que para la atención de las afectaciones de Ingrid y Manuel, primero hablaron de 110 millones de pesos. Al final aprobaron 61 millones pero solo aplicaron 31. De eso, denunció que hoy la Sierra sigue esperando la reconstrucción del nuevo Guerrero, porque recibieron casas de cartón.
Sesión solemne el 21 de noviembre en Atlamajalcingo
Por unanimidad se aprobó como asunto urgente y de obvia resolución, un acuerdo para celebrar, el próximo 21 de noviembre, una sesión solemne para reconocer oficialmente a “Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, pueblo histórico”, y hacer valer la condición histórica del pueblo na savi, que subió a tribuna el diputado Masedonio Mendoza Basurto.
Lo anterior, en el marco del 200 aniversario del documento firmado por el general Vicente Guerrero Saldaña, el 21 de noviembre del año 1823, en donde reconoce con el alcalde mayor, Isidro Cayetano, la deuda de México con Atlamajalcingo, que cubrió las necesidades de alimentación del campamento de Vicente Guerrero, y fundió las campañas de su iglesia para darles municiones.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión Foto: Jessica Torres Barrera Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, José Inés Betancourt, la presidenta Evelyn Rodríguez, Alma Delia Eugenio e Hilda Rosa Delgado durante la sesión. Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Tras dos rondas de debate, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) rechazó por mayoría de votos el punto de acuerdo del magistrado J. Inés Betancourt Salgado, donde proponía restablecer la militancia en Morena del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, cancelada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido.
Votaron a favor el ponente del proyecto y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, y en contra la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, y la presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol, quien tiene voto de calidad en caso de empate.
El caso fue retomado por la presidenta, que anunció que incluirá en el expediente los votos particulares que se expresaron en esta sesión, para presentar un nuevo proyecto de resolución, en un periodo no mayor de 24 horas.
El proyecto rechazado, indica que las dos partes, denunciante y acusado, impugnaron la resolución de la CNHJ. Sánchez Esquivel alegó, entre otros aspectos, la falta de competencia del órgano intrapartidario para resolver sobre presuntos hechos de Violencia Política en Razón de Género, que señaló Arlene Siu Sarabia Peña.
El proyecto, confirmaría la falta de competencia de la CNHJ para investigar y conocer presuntos actos de VPG relacionados con los derechos políticos y laborales de servidores públicos del poder legislativo; suficiente para anular la resolución del Proceso Especial Sancionador disciplinario.
En el disenso, Eugenio Alcaraz aclaró que en la resolución del 13 de julio de 2023, la CNHJ sólo estableció la transgresión a los documentos básicos de Morena, que acarreó la cancelación del registro de Sánchez Esquivel del padrón del partido. No se pronunció sobre la denuncia de Violencia política en razón de Género.
Estimó que el proyecto de discusión, pretendía que el tribunal sustituyera la jurisdicción partidaria, vulnerado el derecho de autodeterminación de Morena, alejado del criterio que ha manejado en varias ocasiones este pleno, especialmente en casos de VPG, que se remiten a los órganos partidistas.
Asimismo, indicó que el proyecto se basa en la presunta incompetencia para resolver casos de VPG, cuando la resolución impugnada no se pronuncia de este tipo de actos, sino por transgresión del estatuto.
La presidenta del TEE añadió que el proyecto es ambiguo, ya que por un lado reconoce que los actores de la demanda son militantes de Morena, y no analiza el marco jurídico del partido, donde es indiscutible que el partido sí puede estudiar la VPG, sea en el ámbito de sus funciones, en reuniones partidarias o abiertas.
La magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, compartió con sus compañeras que se debe sancionar la VPG, pero consideró que en este caso, no se estaba observando la queja de manera integral, y no hacerlo, los convertiría en un “tribunal omnipotente” para conocer toda la violencia política del ramo que fuere.
Explicó que la denunciante es la subdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado, que acusó al diputado Sánchez Esquivel, como su superior jerárquico, por lo tanto, el caso corresponde al ámbito administrativo y laboral.
Añadió que el Congreso tiene un Órgano de Control Interno que resuelve las controversias administrativas, y el tribunal federal electoral ya determinó que los asuntos de competencia de los partidos, son los derechos político electorales, no laborales.
Betancourt Salgado expresó extrañeza de los comentarios en contra de su proyecto, porque la pretensión de las partes de este juicio, es que se anule el dictamen de la CNHJ, para efectos de que se ordene una nueva resolución.
Explicó que la denunciante consideró que fue insuficiente la resolución que se le impuso al presunto agresor. El denunciado señaló vulneración al principio de legalidad, por insuficiente fundamentación y argumentación e indebida valoración de las pruebas.
El problema entre los actores, no se relaciona con actividades propias del partido, ni de naturaleza electoral, “escapa de los derechos de militancia partidista o de derechos electorales”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las protestas en Chilpancingo y aseguró que “ni siquiera” se dieron en “todo Guerrero” que tiene “siete, ocho regiones”.
Durante la conferencia de prensa matutina de este martes se le preguntó sobre la situación de Chilpancingo, respondió presentando un mapa del estado y señalando que todo fue una campaña de desinformación de los medios.
“Ni siquiera es todo Guerrero. Es una región de las siete, ocho regiones que tiene Guerrero, pero bueno ya les dije que como Xóchitl (Gálvez) no levanta, pues ahora va a ser esto, pero aquí vamos a estar informando a la gente y cuidando a la gente, porque el propósito es no poner en riesgo a nadie”, contestó el presidente.
De igual forma se le preguntó si había en Guerrero un “Estado fallido”, y dijo que eso ocurría en gobiernos anteriores, concretamente en el del presidente Felipe Calderón: “Estado fallido, ‘hay mojo maistro’, dirían en mi pueblo en Tabasco. No, si no es el tiempo de Calderón cuando en la radio esa se dedicaban a quemarle incienso, a aplaudir y a callar, entonces sí no era un Estado, era un país fallido, era un narcoestado”.
Ante la movilización de sectores de la población por un grupo del crimen organizado, como ocurrió este lunes y martes en Chilpancingo, el mandatario federal aseguró que “nosotros no vamos a ser rehenes de nadie” y que si los manifestantes son obligados a participar, que actúen con prudencia y sin que se dejen manipular.
“Que si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados pero que no se dejen manipular”, precisó.
“Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades. Que no se deje manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan”, abundó.
Señaló que grupos delictivos crean bases de apoyo en la sociedad afirmando que en ocasiones era por medio de las autoridades al repartir despensas y las entregaban “ellos”, en referencia a los líderes de los grupos.
Pidió comprensión a los guerrerenses y a los viajeros que utilicen la Autopista del Sol por las molestias y señaló que es lo mejor ya que no existe impunidad, en alusión a que la violencia del sábado y la agresiva manifestación del lunes fueron una respuesta a la detención de dos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos.
“Y también decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco, que si toman la carretera pues que nos comprendan, que nos ayudan si tenemos que padecer un poco, pero que esto es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia” exhortó.
Aseguró que se dará solución a los problemas sin el uso de medidas coercitivas y comparó la situación en Guerrero con la crisis del combate al huachicol de 2019, reiterando que en los anteriores gobiernos todo se pretendía resolver con el uso de la fuerza.
“Y que no estén pensando también que somos represores, como eran los de antes. No, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones, no”, reiteró.
Negó rotundamente que las demandas de los manifestantes que irrumpieron en el Palacio de Gobierno y en el Congreso sean de caminos y programas sociales y reiteró que el detonante fue la detención de dos personas de las que exigían su liberación.
“Porque hablaban de caminos y programas sociales, porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están dos detenidos y quieren que los liberen y por eso también detienen a los servidores públicos que están cumpliendo con su deber”.
Agregó que en Guerrero su gobierno atiende a las personas más pobres y eso es de conocimiento de la población, volvió a decir que es el estado donde se tiene mayor cantidad de apoyos y resaltó la construcción de hospitales en Tlapa.
“Los de Guerrero, de esta región lo saben y yo no digo mentiras, ahí en Guerrero es donde más apoyos sociales están llegando a las zonas más pobres”.
El gobierno del estado rechazó el “addendum rectificatorio” que el Congreso local aprobó, con el que pretendían subsanar el error de no contemplar en las reformas a la ley electoral que los perpetradores de violencia política de género (VPG) no pueden ser candidatos.
Es decir, que las reformas aprobadas por el Congreso local el pasado 8 de junio y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 del mismo mes, serán vigentes en esos términos, sin que se incluya el adendum aprobado por el pleno el día 13.
Precisamente el 9 de junio pasado, fue la fecha límite (90 días antes del inicio del proceso electoral 2023-2024) que tenía el Congreso local para aprobar las reformas en materia electoral, para que estas fueran aplicables en este proceso.
Y entre las principales modificaciones que se anunciaron fue precisamente la conocida Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores de mujeres, pero ésta fue aprobada incompleta porque no se incluyó entre los tipos de violencia a la que es política en razón de género, ninguno de los diputados se percató del error de dejar fuera esta figura. Así se aprobó por el pleno, se festejó en tribuna por las promotoras y se envió al gobierno del estado para su publicación y entrada en vigencia.
Pero en la siguiente sesión, el 13 de junio el pleno aprobó por mayoría de votos un adendum con el que pretendían subsanar el error y agregar esta importante figura.
Diez días después a través de un oficio fechado y firmado el 23 de junio, el secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso, informó a la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez: “respetuosamente devuelvo a usted en original y medio magnético el addendum rectificatorio”.
Se explica que en el análisis que se realizó en la consejería jurídica del Poder Ejecutivo se determinó regresar en adendum porque las reformas que el 8 de junio realizó el Congreso entraron en vigencia a partir de su publicación el 9 del mismo mes.
“Por lo que es una norma vigente a la fecha y para modificarse es a través de una reforma, adición, o derogación” que no puede ser modificado o agregado nada a partir de un adendum como lo pretendió el Poder Legislativo.
La sesión
Este miércoles la Comisión Permanente realizó una sesión de mero trámite en la que se informó del oficio que recibieron de Ludwig Marcial Reynoso y que este oficio fue turnado a la Comisión de Justicia, desde el jueves 29 de junio.
También intervino la diputada de Morena Jessica Alejo Rayo en relación a la conmemoración del 68 Aniversario del Voto de la Mujer en México, señaló que las diputadas tienen el deber de velar por que las reformas constitucionales y legales aprobadas sean a favor de este sector de la población.
Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.
La violencia vicaria
En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.
Prorroga la Jucopo la integración de la Mesa Directiva del Congreso al 19 de julio
La madrugada de este jueves, luego de que en la sesión nocturna del miércoles se rechazó la planilla que presidiría el morenista Joaquín Badillo, de nueva cuenta los diputados no se pusieron de acuerdo. Tipifican el delito de violencia vicaria
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Ante la falta de consensos, la madrugada de este jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, firmaron un acuerdo para establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer y último año de la actual legislatura.
Después de que la mayoría del pleno del Congreso rechazó la planilla integrada por diputados de Morena y encabezada por Joaquín Badillo Escamilla, y tras una reunión de unos 40 minutos en la que no se pusieron de acuerdo respecto a la integración de la Mesa Directiva, acordaron prorrogar la designación.
El acuerdo de la Jucopo fue establecer el 19 de julio como fecha límite para integrar y designar a la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio constitucional.
En la sesión de este miércoles, hasta en dos ocasiones el pleno del Congreso rechazó la planilla que presentó Morena para integrar la nueva mesa directiva, las dos encabezadas por Badillo. La primera integraba a diputados, incluidos sin su consentimiento, y la segunda se presentaba sólo con diputados morenistas. Esa candidatura fue apoyada por la propia presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez, aunque no por todos los diputados de su partido, por lo que no logró la mayoría para ser aprobada.
El coordinador del PRI argumentó en el debate de la noche del miércoles que Badillo era inelegible como presidente, porque se pasó al PVEM sin renunciar a Morena, en una maniobra para que ese partido controlara los dos órganos de dirección, lo que consideró inaceptable.
El secretario de la mesa, Ricardo Astudillo Calvo, leyó el acuerdo de la Jucopo que apunta que la firma del documento se da con “el fin de llegar a los acuerdos y consensos necesarios para preservar la armonía en la integración y conformación de la Mesa Directiva”, la cual “se lleve a cabo a más tardar el 19 de julio del año 2023”.
La presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez, que seguirá en funciones mientras tanto, solamente señaló que “atenderá lo conducente una vez que el pleno ha tomado conocimiento”.
La violencia vicaria
En la última sesión del periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el pleno aprobó incluir y tipificar como delito la violencia vicaria, que consiste en causar sufrimiento a una mujer, causando daños físicos o emocionales a sus hijas o hijos o personas significativas para ella, la cual alcanzaría una pena de 4 a 8 años de prisión y hasta 12 años si hay daño físico.
También el victimario perdería los derechos con respecto a las víctimas directas e indirectas, incluidos los de guardia y custodia, patria potestad y de carácter sucesorio de hijas e hijos.
Se trata de reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, para incluir y tipificar este delito.
En tribuna la diputada Gabriela Bernal Reséndiz fundamentó el dictamen en el que se precisa que comete el delito de violencia vicaria quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio y concubinato que busque dañar a una mujer utilizando como medio a las hijas o hijos, personas adultas mayores, personas en situación de dependencia económica, personas con un vínculo afectivo.
Las penas que se plantean van de 4 a 8 años de prisión y estas se incrementarán hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo es decir hasta 12 años si se incurre en daño físico a las víctimas indirectas, o en casos en que la familia de quien agrede incurra en complicidad o haya ejercido algún tipo de violencia en contra de la mujer madre.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Yanelly Hernández Martínez, dio lectura al informe de los trabajos legislativos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
A las 2 de la mañana se clausuró el periodo ordinario de sesiones, y se citó de inmediato a los integrantes de la Comisión Permanente para realizar la sesión de instalación de ésta, integrada sólo por 12 de los 46 diputados y diputadas locales que sesionarán una vez a la semana.
