Deplora Artículo 19 acusaciones del alcalde de Taxco de que periodistas generan la violencia

Alejandro Guerrero

Iguala

La organización para la defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó las declaraciones estigmatizantes del alcalde de Taxco, el empresario Mario Figueroa Mundo, en contra de periodistas –a quienes calificó de “pseudoperiodistas”– y con las cuales responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia del “secuestro” de 12 trabajadores del área de limpia en su municipio.
La denuncia en contra del edil que pretende la reelección en el municipio, ahora arropado por Morena, se da en medio de la crisis de desapariciones ocurridos en los últimos meses en esta ciudad turística, en la que reporteros han sido privados de la libertad y golpeados, y a una semana de la desaparición de 12 personas de las que se desconoce su paradero.
El fin de semana fueron publicadas declaraciones que el edil postulado por Fuerza por México, Mario Figueroa concedió a medios nacionales en las que atribuyó el secuestro de 12 trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de residuos sólidos, así como el asesinato de una pareja de profesores a “pseudoperiodistas”, por presuntamente generar violencia en las redes sociales.
En las declaraciones del empresario, en las que además advirtió que no sería extraño que en los siguientes días pueda haber más homicidios como “resultado de hablar mal de los compañeros (trabajadores en las redes sociales)”, adjudicó todo lo que pasa en su municipio a los “pseudoperiodistas”, que, según él, “están generando violencias, desestabilidad (sic) y confusión social”.
En el comunicado difundido el domingo, la oficina para México y Centroamérica de la ONG, rechaza las declaraciones estigmatizantes realizadas por el alcalde taxqueño Figueroa Mundo, en contra de periodistas y comunicadores locales.
“El funcionario público, además de generalizar a la prensa como ‘pseudoperiodistas’, responsabiliza a quienes documentan los hechos de violencia por el secuestro de 12 trabajadores de limpieza en el municipio”, advierte la organización.
Detalla que en varias entrevistas para medios nacionales que concedió el edil, “realizó conjeturas en donde señaló que periodistas han generado desestabilidad en el municipio, con la finalidad de generar desconcierto en la sociedad”.
Advierte que este tipo de actos por parte de las autoridades, en particular del presidente municipal de Taxco, vulneran el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y tiene un efecto inhibitorio para la prensa.
Asimismo, Artículo 19 recuerda que las declaraciones del servidor público se dan en el contexto de que el mes pasado tres periodistas de Taxco y junto con familiares de ellos, fueron privados de la libertad durante una semana por presuntos criminales, además de la agresión a balazos en contra de otros cuatro en Chilpancingo.
La organización internacional exige al alcalde Mario Figueroa Mundo “abstenerse de discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las y los periodistas”, y puntualiza que las autoridades deben cuidar que sus declaraciones no estigmaticen la labor periodística dado a su rol público y el nivel de influencia que tienen en la ciudadanía.
De acuerdo con la organización, Guerrero se mantiene como una de las entidades con más agresiones contra la prensa, pues tan sólo en el primer semestre del 2023 documentaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, el homicidio de Nelson Matus que se mantiene impune.
“En este contexto de violencia continúa contra la prensa, y en un año con hechos particularmente violentos en el estado de Guerrero, es menester de las autoridades generar un ambiente que propicie la cobertura periodística, particularmente de hechos de seguridad que son de relevancia pública”, indica la ONG.
También indica que la Comisión Interamericana ha reiterado que en su responsabilidad del Estado se encuentra el “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Hasta la tarde de ayer el edil Mario Figueroa no había dado respuesta o postura ante este exhorto, por el contrario, mediante sus redes sociales compartió videos y fotografías celebrando su cumpleaños en la sede del Ayuntamiento donde algunos subordinados, amigos y simpatizantes le llevaron música de viento, y en el Palacio Municipal festejó partiendo pasteles, tomando chocolate y comiendo tamales con sus allegados.

Siguen desaparecidos los 12 trabajadores

A una semana de la privación de la libertad y desaparición de 12 funcionarios, empleados del gobierno taxqueño y familiares, todos trabajadores del Relleno Sanitario y la Unidad de Transferencia de desechos, se desconoce su paradero.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), no había actualizado información de los dispositivos de búsqueda para localizar a estas personas, y de acuerdo con el último comunicado, se informó que los operativos conjuntos con Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, se habían ampliado al municipio vecino de Tetipac, zona en la que también opera la célula del grupo delictivo La Familia Michoacana, a la que se le han atribuido diversos hechos delictivos.
Los trabajadores privados de la libertad y desaparecidos entre el 23 y el 26 de diciembre son: Marcela de Jesús Valladares Jacobo, de 37 años, Hannia Montserrat Salgado Salas, de 20 años, Wendy Alejandra Salas Gutiérrez y la directora del Relleno Sanitario, Anabel Gutiérrez, aunque de ésta última no se ha emitido boletín de búsqueda.
Asimismo, Fernando Antonio Alemán Gutiérrez, de 47 años, y su hijo, Fernando Antonio Alemán Montenegro, de 20 años; además, los hermanos Diego Geovanny, Alan Rubén y Brayan Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años. También el jefe de la Unidad de Transferencia de Residuos Sólidos, Tomás Heladio Bustos Hernández, de 68 años, José Carlos Hernández Ávila, de 43 años y Fermín Alberto Sainz Avilés, de 22 años.

Condena Artículo 19 la agresión a reporteros y urge al Estado garantizarles la seguridad

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La organización Artículo 19 exigió al Estado su actuación por los cuatro periodistas que fueron atacados a balazos este martes en Chilpancingo mientras realizaban una cobertura.
En un comunicado de prensa señalaron que se encuentran en proceso de documentación del ataque contra Óscar Guerrero, de Primer Plano, Víctor Mateo de Ahora Guerrero, Jesús de la Cruz de El Jaguar, y Héctor Camacho.
“Ante estos contextos de vulneraciones críticas al gremio periodístico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que, en aquellas regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”.
La organización exigió a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensores de Derechos Humanos, la coordinación con el Mecanismo Federal de Protección para la atención inmediata a los periodistas y sus familiares con el fin de “garantizar su seguridad y protección”.
De igual forma solicitó a la Fiscalía estatal realizar una investigación de forma “diligente y expedita” con la correcta aplicación del Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La organización recordó que desde el pasado 17 de noviembre, pidieron a las autoridades a proteger a los periodistas de Guerrero tras publicaciones de amenazas e intimidaciones digitales contra periodistas.
Señalaron que Guerrero es un estado que se encuentra en violencia continua y han documentado amenazas y actos de intimidación contra periodistas, concretamente de aquellos que realizan cobertura de seguridad.
“En las últimas semanas la organización ha documentado la continuidad de las amenazas y actos de intimidación hacia periodistas, particularmente quienes realizan cobertura periodística de seguridad sobre la violencia en el municipio de Iguala por parte de integrantes de las estructuras del crimen en Guerrero” agregaron.

Analizan archivos de la resistencia de colonias de Acapulco al desalojo que ordenó Figueroa

El taller organizado por Artículo 19 para analizar archivos sobre el movimiento del CGCPA contra el plan del gobierno de Rubén Figueroa para desalojar el anfitearo de Acapulco Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

Integrantes del histórico Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA), participaron en un taller de la organización Artículo 19 para conocer las fichas de distintas dependencias, como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sobre este movimiento formado para resistir el desalojo de las partes altas del anfiteatro de la bahía, a finales de los años de 1970 en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
El taller fue realizado en el laboratorio de Historia Oral del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a cargo del académico Raúl Fernández, y asistieron unos 20 estudiantes, académicos y militantes del movimiento urbano popular en el municipio, algunos de ellos conectados por videoconferencia.
La coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19, Jessica Alcázar, explicó la forma de utilizar la página de internet Archivos de la Represión, que se alimenta de las más de 310 mil fotografías de los documentos recuperados por la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), de las instituciones encargadas de la “represión política”, como la DFS y el Ejército.
Acotó que apenas han sistematizado el 30 por ciento del total de fojas y afirmó que parte de la información está sesgada por quienes la escribieron, por lo que puede haber errores o simplemente algunos datos no son verdaderos, “lo que es parte de la represión”.
Indicó que es valioso que las propias personas escriban su historia, sí consultando los documentos que los mencionan, pero incluyendo sus testimonios y así “complejicemos más la verdad”.
El ex comisionado de la Comverdad, Nicomedes Fuentes, indicó que el CGCPA fue un movimiento popular contra las pretensiones de desalojo del gobernador Rubén Figueroa Figueroa e indicó que el propósito de este taller es la recuperación de la memoria histórica para la construcción de paz. Su colega Pilar Noriega destacó que el taller sirve para las personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías.
Durante el taller se buscaron las fichas del luchador social Octaviano Dionisio, y los universitarios desaparecidos Tania Cascante Carrasco, Arturo Vargas Viviano y Floriberto Clavel, alias El Penta. También se buscó información de Elvira Vélez Palma, La Guerrillera, una de las fundadoras de la colonia Alianza Popular que participaron en el movimiento urbano, contó su nieto Rodrigo Ramírez Wences, hijo del estudiante desaparecido de la prepa 7 e integrante del CGCPA, Rodrigo Ramírez García.
Asimismo, los asistentes indagaron sobre el desalojo de la colonia 13 de junio el 15 de noviembre de 1983, por la que cayeron presos varios líderes del CGCPA y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), entre ellos Rosa María Gómez Saavedra, quien contó la vinculación de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en tiempos de la Universidad-Pueblo de Rosalío Wences Reza con el movimiento urbano.
Expuso que Rubén Figueroa Figueroa dio a conocer el primero de abril de 1980 el proyecto de Ciudad Renacimiento y empezó el intento de “desalojo represivo” de las colonias altas del anfiteatro de la bahía de Acapulco, algunos se fueron de manera voluntaria por el miedo, pero la mayoría se quedó para resistir en la CGCPA.
Wulfrano Salgado Romero dijo que es importante conocer los resultados de la Comverdad porque no se conocieron cuando acabó su periodo en 2014, por ejemplo de los pozos Copacabana, que eran pozos artesianos en lo que es ahora Punta Diamante y que eran utilizados por el jefe de la Policía Judicial del estado en el sexenio de Rubén Figueroa Figueroa, Arturo Acosta Chaparro, para tirar los cuerpos de los que ahora están desaparecidos.
El vecino de esta zona de Acapulco agregó que la zona de los pozos fue expropiada en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y se encontraron cuerpos, pero muchos otros se quedaron ahí, debajo de los hoteles de lujo construidos años después, particularmente en el área del Mayan Palace.
Alejandro Sámano Zapata dijo que es muy interesante conocer estos archivos porque tal vez aparezca información que no se sabía y así “conocer esta parte que ha sido guardada, desde luego, el objetivo es ampliar el panorama sobre esta parte que me tocó vivir, pero también difundirla, que más gente la conozca”.
Martín Hernández lamentó que muchos universitarios no conocen la guerra sucia y pidió que se difunda más esta herramienta digital, y el coordinador del Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI), Raymundo Taboada, dijo que las secuelas del terrorismo de Estado de hace más de 50 años todavía repercuten, la impunidad prevalece y no hay justicia a pesar de “ciertos esfuerzos gubernamentales”.

 

Peor que la tortura, es sufrir por la justicia que no llega, dice víctima de la guerra sucia de El Quemado

Evaristo Castan?o?n Flores muestra la foto de sus an?os en la ca?rcel cuando construi?a barcos de madera para sobrevivir Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

A 51 años de su detención, tortura y desaparición transitoria que vivió durante la guerra sucia, Evaristo Castañón Flores, de El Quemado, consideró que el sufrimiento por la justicia que aún no llega es tres veces peor a estos crímenes cometidos por el Ejército.
El sobreviviente de la contrainsurgencia, de 84 años de edad, relató a El Sur cuando se lo llevaron de su comunidad en Atoyac hacia Acapulco, los maltratos, los muertos que vio y los cadáveres no fueron entregados, y sobre todo las consecuencias que aún padece de los más de cuatro años en cárcel.
Un documento de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que puede ser consultado en la página Archivos de la Represión de Artículo 19 (organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información), indica que alrededor de la una de la tarde del 23 de agosto de 1972 un convoy militar del 48 Batallón de Infantería fue emboscado por la guerrilla de Lucio Cabañas en Arroyo Obscuro, en la brecha entre Atoyac y la comunidad de El Paraíso. El 25 de junio del mismo año el Partido de los Pobres realizó su primera emboscada contra el Ejército mexicano.
Murieron 18 militares y otros 17 fueron trasladados heridos al Hospital Regional Militar de Chilpancingo. La reacción del Ejército fue inmediata, el documento apunta que ese mismo 23 de agosto “se inició la persecución de la gavilla que comanda Lucio Cabañas Barrientos” y grupos de militares fueron distribuidos a distintos poblados, fueron 35 a El Quemado.
El informe del día siguiente contextualiza que en ese mismo año ya había ocurrido el secuestro del director de la Prepa 2 de la UAG, Jaime Farill Novelo, y la fuga de Carmelo Cortés Castro y Carlos Ceballos Loya de la cárcel de Chilpancingo el 20 de agosto. Aunque no se menciona, el 2 de febrero murió Genaro Vázquez.
“Con motivo del ataque”, indica un documento del 7 de septiembre, fueron detenidos más de 20 hombres, entre ellos Evaristo Castañón Flores, quien precisó 51 años después que su captura fue el 5 de septiembre. Él tenía 34 años y trabajaba en la construcción de las calles de la colonia La Laja, pero regresó a su comunidad porque no consiguió quién le trabajara su parcela.
Ese día le dijo a su esposa, “voy a ver el frijol si ya está maduro para arrancarlo, no me pongas taco porque si no está maduro luego me voy a regresar”. Finalmente volvió a su casa a las 4 de la tarde y dos soldados ya lo esperaban para llevarlo a la cancha deportiva de la comunidad.
Una fila de hombres ya estaba formada cuando llegó y después de algunas preguntas lo vendaron. “¿Por qué el Ejército hizo eso en El Quemado, por qué agarró a toda la gente?”, se sigue cuestionando quien fuera comisario del pueblo un año antes de su detención e indicó que sólo 14 de 100 jefes de familia no fueron capturados.
Los bajaron en helicóptero a Atoyac sin decirles el motivo y luego los llevaron en camión a Acapulco “como animales”, amarrados de pies y manos a una banca. Fueron trasladados a la cárcel municipal, donde ahora es la Dirección de Salud municipal en la colonia Hogar Moderno, y los recibió el comandante de la Policía Judicial de Guerrero (hoy Policía Investigadora Ministerial), Wilfrido Castro Contreras, uno de los tantos perpetradores de la guerra sucia.
El informe del 9 de septiembre indica que a las 12:30 de la noche y “a petición” del comandante de la 27 Zona Militar, Joaquín Solano Chagoya, 10 presos de El Quemado fueron trasladados de la prisión de Acapulco al cuartel militar, lo que hoy son algunas oficinas del Ayuntamiento de Acapulco, atrás del Fuerte de San Diego.
“Ahí nos torturaron pues, ahí nos tuvieron como una semana y media torturando, sin comer ni beber agua”, contó Evaristo Castañón, quien señaló que también sufrieron tortura psicológica y les preguntaban por las armas utilizadas en la emboscada.
Otro documento de la DFS muestra la lista “Flit”, que Artículo 19 explica que es “un eufemismo para identificar a las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente”, entre ellos están José Veda Ríos Ocampo e Ignacio Sánchez Gutiérrez.
Evaristo Castañón contó que en la cárcel a “don Veda nos lo llevaron donde estaba nosotros, que supuestamente le dolían las rodillas y Wilfrido Castro dijo que comprara una inyección”, y luego supieron que murió, pero su cuerpo no fue entregado a sus familiares y es considerado un desaparecido.
“A Ignacio también lo llevaron en el comedor, de regreso de la tortura, estaba con los ojos cerrados”, expuso Evaristo Castañón y agregó que Sánchez Gutiérrez les pidió avisarle a su esposa que se sentía mal y comprara medicina, “pero al ratito ya estaba muerto, le quebraron las costillas a patadas, casi lo llevaban ahí agonizando”. Su cuerpo tampoco fue entregado.
La DFS anota en un informe “rumores” dentro del grupo de los detenidos de guerrilleros, entre ellos, Francisco Fierro Loza y Octaviano Santiago Dionisio, futuro dirigente del PRD, de que Lucio Cabañas va a secuestrar “a un alto funcionario” para liberarlos y también pedir dinero.
Evaristo Castañón recordó que estos presos “nos recibieron, nos llevaron a su celda para que nos bañáramos y nos dieron ropa seca, gracias a Dios que esa gente estaba ahí”. También estaba encarcelado Nicomedes Fuentes, que 40 años después sería uno de los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero que investigó precisamente la guerra sucia.
Un expediente de Evaristo Castañón precisa que el 12 de septiembre fue consignado al Juzgado de Distrito de Acapulco con el estatus de “confeso” por los delitos de robo, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa, homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad.
“A mí me hicieron firmar, me sacaron y me dijeron, nada más vas a firmar este papel y ya te vas, allá afuera está tu esposa con tus hijos”, contó Evaristo Castañón, quien al igual de otros 23 hombres de El Quemado recibió una sentencia de 30 años. Aún viven 10 de los sentenciados.
La DFS reconoce el 18 de septiembre que es un problema “la situación de las familias de los consignados, ya que algunos poblados de la Sierra quedan sin los Jefes de éstas”.
Evaristo Castañón ya tenía cuatro de los 6 hijos que procreó en su vida, “uno como preso no nada más sufría el estar encerrado, sino el estar pensando el sufrimiento que estaba pasando su familia que estaba a medio comer nada más”.
Su esposa Pabla Martínez iba a visitarlo a la cárcel, “gracias a ella no sentí tan pesada la cárcel porque cada mes venía a verme, cómo le hacía, quién sabe, el pasaje costaba 7 pesos de Atoyac a Acapulco,” recordó y mostró la foto de su finada pareja en su celular. Otro retrato impreso muestra a Evaristo Castañón con uno de los barcos de madera que aprendió a hacer en la cárcel para sobrevivir y darle 200 pesos al mes a su familia.
Los 24 sentenciados salieron de la cárcel en diferentes días de noviembre de 1976, cuando el gobernador Rubén Figueroa Figueroa les dio 100 pesos a cada uno para regresar a su casa y con la advertencia de no hacer escándalo porque si no, contó Evaristo Castañón, “ya no los voy a traer a la cárcel, miren, con ellos los voy a mandar a fusilar”, en referencia a los soldados que les apuntaban.
Sin embargo, como lo anota la DFS, su salida formal de prisión fue hasta 1978, cuando les dieron la amnistía y fueron llevados en camiones de El Quemado a Chilpancingo. Evaristo Castañón no acudió porque estaba chaponando un terreno en otra parte y no lo encontraron.
“Ese sufrimiento que pasamos más de cuatro años en la cárcel ahora lo hemos vivido más, el doble o el triple estando libres porque estamos esperando la justicia y no llega”, dijo Evaristo Castañón y mencionó que una de las consecuencias es que no le pudo dar estudios completos a todos sus hijos.
Vendió parte de su parcela para superar un problema en la columna y en la circulación de la sangre. Vive desde el 2010 en una colonia periférica de Acapulco con su hija Rocío, maestra de una escuela privada, pero que “su quincenita se le hace nada, siempre estamos escasos de alimento, cuando yo recibo mi pensión (de adulto mayor) le digo, ora, súrtete”.
Dijo que “la injusticia para nosotros pesa todavía y cuando ganamos la presidencia de la República, porque nosotros votamos a Morena, las víctimas de la guerra sucia de El Quemado nos alegramos porque pensamos que (el presidente de la República, Andrés Manuel) López Obrador nos iba a hacer justicia, pero no pensamos que iba a ser tan lento”.
Aseguró que el mandatario federal está limpiando al país de la corrupción y enumeró los programas de Bienestar que escucha en la conferencia matutina, “todo eso qué bien, pero México tiene sed de justicia, la justicia está retrasada y no porque no pueda, no hay voluntad de la cabeza, yo digo”.
Expuso que una parte de las víctimas de El Quemado ya recibió una compensación económica en 2021 y a otros no, como él, además les dieron menos dinero a los que estuvieron sentenciados 30 años.
Dijo que vive en paz y perdonó a sus torturadores porque se unió a una iglesia cristiana. Sin embargo, mantiene su demanda de justicia, “pero en verdad no es justicia porque un daño que te causa un gobierno o una persona, es un daño físico y moral. No sanas porque te den un dinerito, es un daño que te hicieron. Te están dando una ayuda porque te violaron los derechos humanos”.

 

Exhorta Artículo 19 a autoridades a otorgar medidas de protección a periodistas en Iguala

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Artículo 19 exhortó al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a otorgar medidas de atención por amenazas a periodistas en Iguala.
Mediante un comunicado de prensa, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Londres señaló que periodistas de Iguala recibieron amenazas de muertes de perfiles relacionados con grupos delictivos.
“Periodistas de la zona de Iguala, recibieron amenazas de muerte de parte de dos perfiles de la red social de Facebook Guerrero Libre CDS tlacos y Empresas Unidas de Guerrero, que públicamente se han ensañado en utilizar este tipo de publicaciones para generar incertidumbre y gozar de impunidad total”.
Debido a dichas amenazas, la organización exigió a la FGR una coordinación para las investigaciones correspondientes, mientras que al Mecanismo se le pidió contactar a los periodistas para hacer una evaluación de riesgos, mientras que al gobierno estatal se le pide que cumpla con su responsabilidad legal.
“Al gobierno del estado de Guerrero, que también realice las acciones correspondientes para atender a las víctimas, así como cumplir cabalmente con la responsabilidad que le confieren las leyes locales, nacionales y tratados internacionales”.
Señalaron que en Guerrero las autoridades locales han quedado exhibidas ante su posible colaboración con grupos de la delincuencia organizada, destacando que Iguala es un soporte para estos colectivos criminales.
“Las autoridades locales han sido evidenciadas ante el posible contubernio con múltiples grupos de la delincuencia organizada, que pululan por los destellos de la macrocriminalidad, en donde Iguala de la Independencia, ocupa un arista del entramado delincuencial que abarca los tres niveles del gobierno, por lo que gran parte de la sociedad de ese estado, se encuentran en el desamparo” indicaron.
Respecto a las amenazas en cuestión, precisaron que se publicaron en Facebook el 12 de junio pasado, después de que los periodistas difundieran información e investigaciones sobre el desempeño de las autoridades locales como obras y actividades públicas.
“La última amenaza data del día nueve de agosto de 2023, en donde de nueva cuenta enlista a varios periodistas de Iguala, lo inaudito y crudo es que las amenazas van adjuntas algunas fotografías, captura de pantallas y mensajes intimidantes en cualquier horario y colocar supuestamente su ubicación”.
Recordaron el asesinato del locutor Pablo Salgado en Iguala en junio, así como el homicidio del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, en Acapulco durante julio, asegurando que las autoridades se han visto “inoperantes” ante estos casos.
“El grado de riesgo para realizar el trabajo periodístico n el estado de Guerrero, provoca que se corra el riesgo de tener zonas de silencio, ante el desplazamiento inminente, por el hostigamiento de la delincuencia organizada, las ausencias de las autoridades y la corrupción”, manifestaron.
Destacaron que debido a la falta de transparencia en los gastos de aspirantes a cargos públicos que demandan los intereses de un sector en el estado, lo que complica el ejercicio de labores periodísticas.
“La grave situación de inseguridad y derroche de la publicidad en las pre elecciones, establece una agenda política, dentro de la cual no hay manera eficaz de transparentar los gastos de precandidatos y sus seguidores, dejando un amplo margen para el derroche de recursos económicos que interpelan intereses de las cúpulas caciquiles del estado de Guerrero, lo que desgraciadamente es un detrimento para el gremio periodístico, ante el ejercicio de su labor”.
En tanto que afirmaron que el Mecanismo de Protección actuó con “opacidad” indicando que periodistas han recibido invitaciones para la revisión de las medidas, pero que han sido cambiadas sin explicación alguna.
“Señalamos que corresponde a los tres niveles de gobierno, el cumplir con el abanico de obligaciones que las leyes nacionales y tratados internacionales les embiste y generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo” determinaron.
Agregaron que en los últimos tres años, se han documentado 104 hechos de agresión a periodistas, en los que no se han dado a conocer mayores datos, además de existir cien por ciento de impunidad en los casos de periodistas desaparecidos, señalando que es una constante.

El Estado “sabe dónde están los desaparecidos”, dicen al presentar archivos de la guerra sucia

La coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19 Jessica Alcázar, y la enlace de Catalogación y Derecho a la Verdad de la misma organización Marisol Garzón Rivera, durante su ponencia en el Panel Archivos de la Represión y Archivo de la Resistencia. Herramientas para la verdad y memoria que organiza la Facultad de Derecho de la UAG Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Al presentar las plataformas para que cualquier persona pueda ver archivos de la guerra sucia, integrantes de la organización Artículo 19 señalaron que el Estado sabe dónde están los desaparecidos de ese periodo de represión, y que es “preocupante todo el poder que se le está dando a las fuerzas armadas, incluso, en lo económico”.
Manifestaron que en la plataforma denominada Archivos de la Represión se puede ver una “partecita de la verdad desde la visión del Estado”, y que se tienen “muchos más archivos que son de las organizaciones, de colectivos de familiares, de colectivos de sobrevivientes”.
En su participación en un taller para alumnos de la maestría en Estudios de Violencia y Gestión de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), las integrantes de la organización no gubernamental informaron que son dos plataformas con archivos, uno nominado Archivos de la Represión y, el otro Archivo de la Resistencia, los cuales son inéditos, y aunque desapariciones se vivieron en todo el país Guerrero fue el “epicentro del terrorismo de Estado”.
En su intervención la oficial de Verdad y Memoria de Artículo 19, María de Vecchi, señaló que esos documentos son la prueba de que el “Estado sabe dónde están las personas, el Estado fue quien desapareció a esas personas y el Estado tiene que saber dónde está cada una de ellas y es su tarea regresar a cada una de ésas personas desaparecidas a su casa”.
Explicó que las desapariciones en la década de los sesentas tienen vigencia y conectan con el presente, con un país con más de 113 mil personas desaparecidas. “Tenemos más de 50 años con personas desaparecidas, pero también tenemos personas que son desaparecidas cada día y entender qué pasó en ese pasado nos hace entender el presente y ser más críticas con las cosas que están sucediendo como les decía la militarización”, dijo.

Dos años para reunir
documentos: Comverdad

Mientras que la coordinadora de Derecho a la Verdad de la organización, Jessica Alcázar Romero, dijo que la Comisión de la Verdad en Guerrero (Comverdad) se llevó dos años en reunir esos 310 mil documentos, lo cual está en su informe, y que el objetivo de subirlos a una plataforma es que no se pierdan los archivos de la represión, donde están publicadas tal cual como las entregó la comisión, es decir, “es un archivo integro”.
Agregó que lo más relevante es “democratizar el acceso a la información” y donde la gente podrá buscar en los archivos integros o buscar algo en específico. Dijo que el proyecto de digitalizar todos esos archivos de la represión tiene la finalidad de contribuir “al derecho a la verdad y a la memoria del periodo de violencia política y de represeión estatal ocurrido en México entre las décadas de 1960 y 1980”.
Alcázar Romero dijo que son archivos de una fuente oficial producidas por la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Investigación Política y Sociales y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras instancias policiacas, por lo cual son archivos muy importantes y en 2018 decidieron implementar esa plataforma dígital para contribuir al “derecho a la verdad para los familiares de las víctimas, para los sobrevivientes y la sociedad en general porque es un derecho que no ha sido garantizado y nos pareció importante hacer pública esta información”.
Explicó que en esas plataformas los que accedan encontrarán una serie de documentos para “entender el proceso de la represión en México. Nosotros decimos que en México, porque si bien la información no las dio la Comverdad y que era especifico de un mandato de Guerrero, la Comverdad tuvo la fortuna y también muy hábilmente lo que hizo fue investigar todo lo que había en el Archivo General de La Nación, donde extrajo información no sólo de Guerrero, tenemos información de muchas partes del país”.
Añadió que se podrán encontrar con informes, ficheros, planes contrainsurgentes, sobre todo en los ficheros donde se da un registro muy particular que tiene la Dirección General de Seguridad, es decir, “eran los resúmenes de los agentes a su superior”. Indicó que esto se da en un contexto donde la violencia sigue siendo muy aguda y “donde en el día a día se dan las desapariciones forzadas y hay un cero reconocimiento de lo que ocurrió en el pasado y es la crisis de la desaparición en el presente”.
Alcázar Romero indicó que por eso es importante saber lo que ocurrió y exigir que no vuelva a pasar. Señaló que cualquier persona puede tener acceso a esos archivos y muchos podrán pensar que esa política fue nada más en Guerrero, que fue un caso aislado, pero no: “en la realidad fue una política de Estado que violentó a todo aquel opositor y terminó siendo violencias estructurales en contra de los movimientos políticos y sociales”.
Dijo que como Artículo 19 han emprendido el trabajo de análisis y sistematización así como la catalogación de la información donde “hemos encontrado ciertos hallazgos que nos ayudan a conocer éstas lógicas”.
Precisó que la información que tiene en esos archivos algunos no pueden ser verídicios porque “fueron sacados con tortura o fueron elaborados para distorsionar los hechos. Siempre que haya una fuente oficial de cualquier fuente de archivo hay que tener esa distancia, sobretodo, estos documentos que son elaborador por las agencias gubernamentales que emplearon la represión en México.
“Sin embargo, creemos que estos documentos son la construcción y narrativa de las instancias represivas y contribuyen a comprender las lógicas de la violencia, las estructuras de la represeión y sobre todo el registro que ellos hicieron. No es casual que tengamos esa información, puede ser no totalmente verídica o fue sacada con tortura, pero también podemos darnos cuentas de la lógica de los registros”, manifestó la ponente.

El lenguaje de la represión

Jessica Alcázar Romero explicó el lenguaje que usaron para nombrar a ciertas personas o lugares y se confirmó el uso de palabras como “paquetes” que era utilizada para los detenidos-desaparecidos, “maleantes o gavillas” para nombrar a las personas opositoras por parte de la guerrilla. “Eso lo vamos a encontrar constantemente en los documentos”.
Otra palabra encontrada constantemente es “abastecedores”, así se les llamaba a las personas que eran simpatizantes o a veces poblaciones donde llegaba la guerrilla. También “paquetes abastecedores” que quería decir que detuvieron o desaparecieron a alguien simpatizante de la guerrilla o que sospechaban que esta con ellos.
Otra palabra es “rastrilleo” que no solo se va utilizar con la operación militar sino de pasar por una comunidad, ocuparla y “peinar la zona para que no haya simpatizantes ni personal de la guerrilla lo que significaba una ocupación militar lo cual muy vivida aquí en Guerrero”.
Planes contrainsurgentes

La coordinadora de Enlace de Derecho a la Verdad, Juana Marisol Garzón Rivera, al explicar la plataforma, dijo que se podrá encontrar planes de operación contrainsurgencia como por ejemplo “Operación Telaraña”, “Operación Luciérnaga”, “Operación Rastrilleo” y “Operación Atoyac”, todas en Guerrero. “Es muy importante porque justamente el Estado y el Ejército, en particular, ha negado la existencia, la perpetración de estas operaciones militares y ahí están”.
Dijo que si bien en trabajo de la Comverdad se enfocó sobre la represión en Guerrero también documentó otro tipo de cosas como la “Operación Diamante” que fue en Chiapas, la “Operación Nepantla” en el Estado de México, es decir, “hay documentos de todo la estrategia represiva en todo el país, aunque si bien esta golpeó de manera, digamos más cruda y no es que minimice lo que pasó en otros estados, pero Guerrero fue, digamos, el epicentro del terrorismo de Estado”.
La documentación que hay también da cuenta de otras operaciones en otros lugares y de acuerdo al análisis, sistematización y catalogación de la información han encontrado diferentes documentos que dan cuenta de cómo fue la contra insurgencia y otros tipos de planes y operaciones, sobre todo militares, porque el Ejército fue uno de los principales perpetradores de esas acciones represivas de aquella época, pero también otras instancias gubernamentales.
“Hemos encontrado otros documentos que nos dan cuenta precisamente de las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien no dicen específicamente ‘desaparecimos, detuvimos’, pero con este análisis nos damos cuenta que se trata de ese tipo de documentos, que ellos mismos tenían.
“Ellos no iban a nombrar con todas sus letras que desaparecieron o torturaron (personas) con todas sus letras, pero sí por ejemplo en estos documentos que tratan sobre detenciones y procesos, ya sea judiciales, es decir, procesos legales de que sí se presentaban ante el Ministerio Público también hemos encontrado procesos extrajudiciales”.
Añadió: “Recordemos que si bien este periodo se le conoce como guerra sucia, también hay que hablar de terrorismo de estado, es decir, prácticas que hizo el estado como parte contra la intrainsurgencia, pero que fueron prácticas ilegales o clandestinas, hemos encontrador este tipo de procesos”.

 

Demanda Artículo 19 a la FGE esclarecer y reparar robos a tres periodistas de la capital

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La organización Artículo 19, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) “investigaciones diligentes y expeditas” y no sólo identificar a los responsables de los robos cometidos contra tres periodistas de Chilpancingo, cuyo modus operandi fue el mismo, “sino conocer el móvil detrás de los hechos y reparar el daño a las víctimas”.
Los robos de su equipo a los reporteros se cometieron de noviembre del año pasado a abril, y las víctimas son: Arturo de Dios Palma Ocampo, Juan Manuel Abrajan Aponte y Eduardo Yener de los Santos Matías.
“Artículo 19 condena el allanamiento al domicilio y robo de material de trabajo en contra de tres periodistas; casos que han ocurrido a lo largo de cinco meses en Chilpancingo”, escribió la agrupación.
Del caso más reciente ocurrido el 18 de abril, Artículo 19 recordó que “sujetos desconocidos ingresaron al domicilio de los Santos Matías, reportero de Quadratin Guerrero.
Agregó que el 15 de enero pasado, “también sujetos desconocidos allanaron y robaron (en) el apartamento de Juan Manuel Abrajan Ponte, reportero del medio digital El Agro.
Añadió que el 2 de noviembre del año pasado, “el periodista independiente Arturo de Dios Palma Ocampo, fue víctima de los mismos delitos”.
Destaca que en el caso de Yener de los Santos y Abrajan Aponte iniciaron la denuncia ante la FGE.
En tanto que en el caso de Yener de los Santos el Mecanismo de Protección Federal remitió el caso al Mecanismo de Protección del estado, el cual otorgó medidas de protección a su domicilio.
Respecto al robo contra Abrajan Aponte, informó que le robaron en su apartamento un teléfono celular mientras lo dejó “para traspasar vídeos a la nube” y salió con su familia a cenar.
Pero mientras estaba fuera, una vecina le alertó que un sujeto desconocido estaba saliendo de su domicilio. “El periodista corrió de regreso para encontrar que su teléfono de trabajo había sido robado, junto con una cantidad sustancial de dinero en efectivo, aunque también identificó que otros objetos de valor a la vista no fueron sustraídos”.
La agrupación destaca que el periodista denunció que la FGE aún no ha reportado avances de su investigación, pero que recibió medidas temporales de protección en su domicilio por dos meses.
Respecto a de Dios Palma Ocampo, explicó que el 2 de noviembre salió de Chilpancingo pero una vecina le alertó que debía regresar con urgencia dado que la puerta para ingresar a su apartamento estaba entreabierta y le faltaba la chapa.
“Al arribar, el periodista identificó que le habían robado un dispositivo de memoria USB con información periodística, una cámara fotográfica, así como unos tenis viejos”.
Agregó que, según el relato del periodista, su principal cobertura es la de seguridad y nota roja, y que en las fechas del robo, de Dios cubría actividades de grupos de delincuencia organizada y sus presuntas extorsiones a negocios turísticos y otros comercios en varias ciudades de la entidad.
Artículo 19 alertó que estos hechos “toman lugar en la cuarta entidad con más agresiones documentadas desde el año 2009.
“Tan sólo el año pasado se documentaron 37 agresiones contra la prensa, resaltando la urgente necesidad de condenar los hechos y que las autoridades investiguen los sucesos”.
Refiere que preocupa que en los tres casos, los agresores “aparentemente sabían que los periodistas no se encontraban en su domicilio para poder efectuar los robos. Si bien en un caso se removió la chapa completamente, en otras dos instancias parece que se abrieron las chapas sin dañarlas”.
Señala que independientemente del tipo de cobertura o del modus operandi, corresponde a las autoridades investigar los hechos acorde al Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión, analizando el posible vínculo a sus coberturas periodísticas.
“El hecho de que tres casos de allanamientos y robos contra periodistas hayan ocurrido en el mismo municipio en el transcurso de estos meses, es evidencia de que existen pocas garantías para el ejercicio periodístico en la entidad”.
La agrupación defensora de derechos humanos exigió a la FGE “investigaciones diligentes y expeditas, las cuales busquen no sólo identificar a los responsables, sino también conocer el móvil detrás de los hechos y reparar el daño a las víctimas”.
Llamó a los gobiernos del municipio de Chilpancingo y del estado de Guerrero a condenar los hechos y a generar políticas públicas de protección y prevención, en tanto que a los Mecanismos Federal y Estatal de Protección a coordinarse para otorgar medidas de protección a los periodistas agredidos.
Derivado de estos tres hechos, la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de Chilpancingo, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) y reporteros independiente, expresaron en un documento su solidaridad con los tres reportaros que fueron víctimas de robos en los últimos meses.
Plantearon su “alta preocupación porque notamos que existe un modus operandi de los ladrones que entran a las viviendas y sólo se llevan herramientas de trabajo en los que se contiene información de trabajos periodísticos”.
“Demandamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a las autoridades de procuración de justicia, y a las organizaciones de protección a periodistas, su intervención para que estos casos no queden impunes, y no se permita que los periodistas sigan siendo focos de agravios”, exigieron las agrupaciones.

 

Advierte Artículo 19 de “graves implicaciones” en derecho internacional ante el espionaje al GIEI

 

La organización internacional defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19 afirmó que la confirmación de Citizen Lab de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado mediante el spyware Pegasus podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional.
Además el organismo en un comunicado dice que se refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria sobre el espionaje, como lo han señalado los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
“La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica” señala Artículo 19 en su comunicado.
El caso del GIEI confirmado por Citizen Lab, abunda, es “especialmente grave” dado que fue el Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la CIDH.
Consideró que el espionaje contra el GIEI podría tener “graves implicaciones” en términos de derecho internacional.
La gravedad de la revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que han lanzado: Primero generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos.
Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por todas las dependencias que pudieron haber adquirido el spyware de la empresa NSO o similares, vendedoras de servicios de espionaje.
“Las personas denunciantes hemos manifestado nuestra absoluta disposición para colaborar con la investigación, sin embargo sin estos mínimos las condiciones para que el espionaje se investigue con seriedad no estarían garantizadas”, subraya Artículo 19.
Este lunes el diario The New York Times hizo público un informe de Citizen Lab en el que se confirma que el GIEI fue objeto del uso del spyware Pegasus.
El análisis confirmó que a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México llegaron mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía Pegasus.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.

 

Rechaza Amnistía Internacional el peritaje al basurero de Cocula; no prueba nada, asegura

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) rechazó el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fuego en Cocula, y aseguró que “no prueba absolutamente nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con los resultados que dio a conocer sobre el peritaje forense sobre fuego el gobierno federal “sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia”, y lo peor es que “se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, puntualizó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, subrayó.
“El mundo tiene derecho a saber la verdad sobre este caso”, demanda.
Las declaraciones de Guevara-Rosas se dan luego de que el viernes 1 la PGR anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Ese peritaje de fuego fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense, concluye AI.

Se duplicaron las agresiones contra periodistas en el estado del 2014 al 2015, reporta informe

 

En su informe correspondiente al 2015 presentado ayer, la organización independiente Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y a vigilar que se respeten los derechos de los periodistas, calificó a Guerrero como un “caso preocupante” por el aumento en las agresiones contra periodistas, pues pasó de 28 casos en 2014 a 56 en el 2015.
Con esta cifra el organismo ubicó a ésta entidad en el tercer lugar después de la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos lugares el organismo registró 67 casos de agresiones a periodistas en el 2015.
Mientras tanto, en el panorama nacional, en su informe MIEDO (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), Artículo 19 revela que las agresiones contra los trabajadores de la prensa aumentaron en 21.8 por ciento con relación al 2014.
Establece, asimismo, que se comete una agresión a los periodistas cada 22 horas.
Destaca que un caso preocupante es el de Guerrero, donde hubo un aumento considerable en las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación, ya que pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar de las entidades del país con mayor número de casos de violencia hacia los periodistas.
“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica.
Argumenta, también, que el año pasado las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación aumentaron en estados como Guerrero por las elecciones que hubo en junio de 2015, y debido a las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
Aunque en este caso no se menciona que las movilizaciones sociales ocurrieron a raíz de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías municipales de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 6 personas fueron asesinadas, tres de ellos normalistas y 43 más de éstos que fueron detenidos-desaparecidos.
Antes de Guerrero ocupan el primero y segundo lugar en agresiones a periodistas la Ciudad de México y el estado de Veracruz, con 67 agresiones cada uno.
El organismo destaca que en estas tres entidades (Ciudad de México, Veracruz y Guerrero) “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, igual que en el estado de Puebla que ocupa el cuarto lugar con 38 casos de agresiones y Oaxaca con 35.
Las estadísticas de Artículo 19 descubren que sólo en estas cinco entidades del país se concentra el 66 por ciento de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En total documentó 397 agresiones en el país el año pasado; las más graves son siete asesinatos, los de Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa. Asimismo, 109 ataques físicos y materiales y 84 amenazas de muerte.
El informe agrega que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos “con saña”, y que en la mayoría de ellos se evidencia una clara “falta de voluntad política de las autoridades para prevenir y, posteriormente, investigar y castigar a los culpables”.
Las 397 agresiones implican un alza de 21.8 por ciento en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326.
Asimismo, se destaca en el informe que en el 2015 se registró la cifra récord de 84 casos de agresiones a mujeres periodistas, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales, lo que según el organismo representa un aumento de 33 por ciento en comparación con 2014, cuando se documentaron 63 casos; 42 por ciento más que en 2013; y 162 por ciento más que en 2012.
El informe subraya que “las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas ellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual o colectivamente) para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obliguen a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
Otro dato que dio a conocer el organismo es que los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas, pues de los 397 casos en 165 de ellos intervino un funcionario público. Mientras que en 78 más los agresores fueron particulares, 35 integrantes del crimen organizado, y 34 de “fuerzas partidistas”.
Además destaca que de las 165 agresiones por funcionarios públicos en 97 de ellos los agresores fueron funcionarios estatales y 38 municipales y sólo en 30 casos fueron funcionarios federales.
Otro dato que se puso en evidencia es que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación van en aumento, pues de 60 que se registraron en el 2014 aumentaron a 69 en el 2015.
Destaca que la mayoría de los ataques ocurrieron en contra de medios digitales (32 de un total de 60).
Y mientras las agresiones a los periodistas y los ataques en contra de los medios de comunicación aumentan cada año, Artículo 19 vislumbra una “ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los agresores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el botón de pánico no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, denuncia Artículo 19.