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Preocupante, reducción de recursos al IEPC en presupuesto del 2024, sostiene el PRI

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, consideró que es “verdaderamente grave y considerable el desajuste” presupuestal que se plantea para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que solicitó 695 millones 543 mil pesos para el ejercicio fiscal 2024, pero que en la propuesta de presupuesto de egresos del Ejecutivo Estatal se plantean solamente 393 millones 120 mil pesos, es decir 302 millones menos.
Consultado por teléfono, el dirigente priista dijo que la reducción presupuestal al órgano electoral “ya se veía venir, ya hemos visto como retrasan la entrega de los recursos, ha sido muy notorio en todo este año”, por lo cual no les sorprendía esta decisión, porque incluso se han dado retrasos en la entrega de recursos en que son para operar y eso “es preocupante”.
Dijo que etiquetar un bajo presupuesto al órgano electoral “es una medida hasta antidemocrática, el reducirle en un proceso electoral”.
Consideró que con esta reducción “le están apostando a que el proceso electoral tenga suficientes deficiencias, para que pierda credibilidad y tengamos un proceso electoral demasiado complicado”.
Llamó a reflexionar tanto a los diputados de Morena, que son la primera minoría, y de los grupos parlamentarios del PRI y PRD, así como de las representaciones parlamentarias del PVEM, PAN y PT, “porque esta no es una situación de politizarlo, es una situación de necesidad, de que tenemos enfrente a un proceso electoral”.
Aseguró que se sabe “exactamente con transparencia dónde se gastan los recursos, para qué son, para qué sirven, a qué le abonan a la democracia en este estado, es verdaderamente grave y considerable el desajuste que le están haciendo a la propuesta de presupuesto”.
Informó que este martes se reunirán con los dirigentes del PRD y del PAN y que fijarán una postura en torno a este tema.
Respecto a la suspensión de actividades de manera temporal y hasta nuevo aviso en la Fiscalía Regional de Tierra Caliente que opera en Coyuca de Catalán, debido a la “situación de riesgo”, Alejandro Bravo opinó que esas acciones “sí nos están conduciendo a la ingobernabilidad”.
Dijo que “cada una de las autoridades responsables de garantizar justicia, seguridad, deben de asumir su papel, deben ya de empezar a dar resultados, es preocupante, por supuesto que es preocupante”.
A sus alcaldes en la región Tierra Caliente les pidió tener cuidado, “que tomen precauciones, no solamente los alcaldes, sino la ciudadanía en general”.

Es preocupante que la delincuencia organizada tenga presencia en 30 municipios: Grupo ACA

Karina Contreras

El presidente del Grupo ACA, Rodrigo Reyes Rodríguez, dijo que es preocupante que la delincuencia organizada tenga presencia en 30 municipios del estado y destacó que la estrategia tiene que revisarse porque en estos “momentos el tema es muy complicado en Guerrero”.
Destacó que es muy preocupante porque en muchos de los municipios las autoridades han sido rebasadas por parte de la delincuencia organizada y “creo que se debe analizar de fondo el tema. Esta Mesa de Coordinación de la Paz hoy en día creo que debe fortalecer el tema de seguridad pública. En Acapulco podemos poner un ejemplo, el C5 está obsoleto, en la Ciudad de México cuando ocurre un delito se le da persecución del delincuente a través del C5 y se logra el objetivo. Sin embargo, hoy vemos que se cometen delitos de alto impacto y no hay una persecución como tal y no hay una investigación”.
Añadió que la Fiscalía estatal “no tiene estrategia de cómo poder erradicar o venir a investigar para efecto de que imparta justicia o vaya ante los tribunales correspondientes al detenido, pero no vemos detenciones en flagrancia como tiene que hacerse cuando hay delitos de alto impacto como son los homicidios. No está funcionado la estrategia para que en nuestro estado siga en estado de derecho”.
En declaraciones a reporteros, Reyes Rodríguez manifestó que en todo México se está viviendo una ola de violencia y es muy preocupante porque, “cuando vemos que ya la violencia viene a afectar a los que presiden o dirigen las instituciones públicas, las de un estado de derecho, es muy preocupante. Yo creo que como estado debemos analizar esa estrategia pública que tenemos para poder prevenir, erradicar lo que es la violencia en el estado, porque hoy en día creo que es un factor principal de que la economía no va bien en el estado”.
Manifestó: “Ya lo hemos dicho que el estado de Guerrero, a través de esta mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que ha dado nulos resultados, creo que es el momento que analice a fondo las estrategias para poder cambiar y sean estrategias específicas de acuerdo al tema de delincuencia que tenemos en nuestro estado porque las autoridades y los indicadores han dicho que efectivamente el estado de Guerrero no existe una delincuencia como tal del crimen organizado, sino son células delictivas que están a nivel estatal y, sin embargo, creo que perjudican mucho el tema de la economía, pero lo más grave es la vida de los ciudadanos”.
Dijo que han visto que han incrementado los homicidios en Guerrero y en el país y “entonces es muy preocupante el tema porque hoy en día vemos que incluso los que están encargados de procurar la justicia vemos que han sido homicidios claves, y luego entonces debemos ver qué futuro nos espera con el tema de justicia o el tema de seguridad pública en nuestro estado. Todos sabemos que el tema de seguridad es muy relevante para efecto de tener esa paz social que tanto requiere Guerrero, sin embargo, si no se analizan a fondo esas estrategias de seguridad pública creo que va a haber nulos resultados”.
“Es momento que la gobernadora, Evelyn Salgado, se siente con esta Mesa de Coordinación. Lo más importante la coordinación entre los órdenes de gobierno, donde hemos visto que han mandado más elementos, pero no es suficiente porque tiene que haber una estrategia efectiva y tiene que haber inteligencia para poder ir de fondo a lo que esta ocasionando hoy en día lo que es la inseguridad en todo el estado”.
Sobre las declaraciones del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de que el crimen del delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, es una reacción violenta a las detenciones y consignaciones importantes que se han hecho en la entidad, el también abogado dijo que no lo cree así, que lo ve como un “tema aislado”, pero “creo que si no se previene, no se atiende en un futuro, eso traerá consecuencias graves para efecto de que nuestro estado no esté en esa paz que tanto requerimos”.

 

El Estado “sabe dónde están los desaparecidos”, dicen al presentar archivos de la guerra sucia

La coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19 Jessica Alcázar, y la enlace de Catalogación y Derecho a la Verdad de la misma organización Marisol Garzón Rivera, durante su ponencia en el Panel Archivos de la Represión y Archivo de la Resistencia. Herramientas para la verdad y memoria que organiza la Facultad de Derecho de la UAG Foto: Carlos Carbajal

Karina Contreras

Al presentar las plataformas para que cualquier persona pueda ver archivos de la guerra sucia, integrantes de la organización Artículo 19 señalaron que el Estado sabe dónde están los desaparecidos de ese periodo de represión, y que es “preocupante todo el poder que se le está dando a las fuerzas armadas, incluso, en lo económico”.
Manifestaron que en la plataforma denominada Archivos de la Represión se puede ver una “partecita de la verdad desde la visión del Estado”, y que se tienen “muchos más archivos que son de las organizaciones, de colectivos de familiares, de colectivos de sobrevivientes”.
En su participación en un taller para alumnos de la maestría en Estudios de Violencia y Gestión de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), las integrantes de la organización no gubernamental informaron que son dos plataformas con archivos, uno nominado Archivos de la Represión y, el otro Archivo de la Resistencia, los cuales son inéditos, y aunque desapariciones se vivieron en todo el país Guerrero fue el “epicentro del terrorismo de Estado”.
En su intervención la oficial de Verdad y Memoria de Artículo 19, María de Vecchi, señaló que esos documentos son la prueba de que el “Estado sabe dónde están las personas, el Estado fue quien desapareció a esas personas y el Estado tiene que saber dónde está cada una de ellas y es su tarea regresar a cada una de ésas personas desaparecidas a su casa”.
Explicó que las desapariciones en la década de los sesentas tienen vigencia y conectan con el presente, con un país con más de 113 mil personas desaparecidas. “Tenemos más de 50 años con personas desaparecidas, pero también tenemos personas que son desaparecidas cada día y entender qué pasó en ese pasado nos hace entender el presente y ser más críticas con las cosas que están sucediendo como les decía la militarización”, dijo.

Dos años para reunir
documentos: Comverdad

Mientras que la coordinadora de Derecho a la Verdad de la organización, Jessica Alcázar Romero, dijo que la Comisión de la Verdad en Guerrero (Comverdad) se llevó dos años en reunir esos 310 mil documentos, lo cual está en su informe, y que el objetivo de subirlos a una plataforma es que no se pierdan los archivos de la represión, donde están publicadas tal cual como las entregó la comisión, es decir, “es un archivo integro”.
Agregó que lo más relevante es “democratizar el acceso a la información” y donde la gente podrá buscar en los archivos integros o buscar algo en específico. Dijo que el proyecto de digitalizar todos esos archivos de la represión tiene la finalidad de contribuir “al derecho a la verdad y a la memoria del periodo de violencia política y de represeión estatal ocurrido en México entre las décadas de 1960 y 1980”.
Alcázar Romero dijo que son archivos de una fuente oficial producidas por la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Investigación Política y Sociales y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras instancias policiacas, por lo cual son archivos muy importantes y en 2018 decidieron implementar esa plataforma dígital para contribuir al “derecho a la verdad para los familiares de las víctimas, para los sobrevivientes y la sociedad en general porque es un derecho que no ha sido garantizado y nos pareció importante hacer pública esta información”.
Explicó que en esas plataformas los que accedan encontrarán una serie de documentos para “entender el proceso de la represión en México. Nosotros decimos que en México, porque si bien la información no las dio la Comverdad y que era especifico de un mandato de Guerrero, la Comverdad tuvo la fortuna y también muy hábilmente lo que hizo fue investigar todo lo que había en el Archivo General de La Nación, donde extrajo información no sólo de Guerrero, tenemos información de muchas partes del país”.
Añadió que se podrán encontrar con informes, ficheros, planes contrainsurgentes, sobre todo en los ficheros donde se da un registro muy particular que tiene la Dirección General de Seguridad, es decir, “eran los resúmenes de los agentes a su superior”. Indicó que esto se da en un contexto donde la violencia sigue siendo muy aguda y “donde en el día a día se dan las desapariciones forzadas y hay un cero reconocimiento de lo que ocurrió en el pasado y es la crisis de la desaparición en el presente”.
Alcázar Romero indicó que por eso es importante saber lo que ocurrió y exigir que no vuelva a pasar. Señaló que cualquier persona puede tener acceso a esos archivos y muchos podrán pensar que esa política fue nada más en Guerrero, que fue un caso aislado, pero no: “en la realidad fue una política de Estado que violentó a todo aquel opositor y terminó siendo violencias estructurales en contra de los movimientos políticos y sociales”.
Dijo que como Artículo 19 han emprendido el trabajo de análisis y sistematización así como la catalogación de la información donde “hemos encontrado ciertos hallazgos que nos ayudan a conocer éstas lógicas”.
Precisó que la información que tiene en esos archivos algunos no pueden ser verídicios porque “fueron sacados con tortura o fueron elaborados para distorsionar los hechos. Siempre que haya una fuente oficial de cualquier fuente de archivo hay que tener esa distancia, sobretodo, estos documentos que son elaborador por las agencias gubernamentales que emplearon la represión en México.
“Sin embargo, creemos que estos documentos son la construcción y narrativa de las instancias represivas y contribuyen a comprender las lógicas de la violencia, las estructuras de la represeión y sobre todo el registro que ellos hicieron. No es casual que tengamos esa información, puede ser no totalmente verídica o fue sacada con tortura, pero también podemos darnos cuentas de la lógica de los registros”, manifestó la ponente.

El lenguaje de la represión

Jessica Alcázar Romero explicó el lenguaje que usaron para nombrar a ciertas personas o lugares y se confirmó el uso de palabras como “paquetes” que era utilizada para los detenidos-desaparecidos, “maleantes o gavillas” para nombrar a las personas opositoras por parte de la guerrilla. “Eso lo vamos a encontrar constantemente en los documentos”.
Otra palabra encontrada constantemente es “abastecedores”, así se les llamaba a las personas que eran simpatizantes o a veces poblaciones donde llegaba la guerrilla. También “paquetes abastecedores” que quería decir que detuvieron o desaparecieron a alguien simpatizante de la guerrilla o que sospechaban que esta con ellos.
Otra palabra es “rastrilleo” que no solo se va utilizar con la operación militar sino de pasar por una comunidad, ocuparla y “peinar la zona para que no haya simpatizantes ni personal de la guerrilla lo que significaba una ocupación militar lo cual muy vivida aquí en Guerrero”.
Planes contrainsurgentes

La coordinadora de Enlace de Derecho a la Verdad, Juana Marisol Garzón Rivera, al explicar la plataforma, dijo que se podrá encontrar planes de operación contrainsurgencia como por ejemplo “Operación Telaraña”, “Operación Luciérnaga”, “Operación Rastrilleo” y “Operación Atoyac”, todas en Guerrero. “Es muy importante porque justamente el Estado y el Ejército, en particular, ha negado la existencia, la perpetración de estas operaciones militares y ahí están”.
Dijo que si bien en trabajo de la Comverdad se enfocó sobre la represión en Guerrero también documentó otro tipo de cosas como la “Operación Diamante” que fue en Chiapas, la “Operación Nepantla” en el Estado de México, es decir, “hay documentos de todo la estrategia represiva en todo el país, aunque si bien esta golpeó de manera, digamos más cruda y no es que minimice lo que pasó en otros estados, pero Guerrero fue, digamos, el epicentro del terrorismo de Estado”.
La documentación que hay también da cuenta de otras operaciones en otros lugares y de acuerdo al análisis, sistematización y catalogación de la información han encontrado diferentes documentos que dan cuenta de cómo fue la contra insurgencia y otros tipos de planes y operaciones, sobre todo militares, porque el Ejército fue uno de los principales perpetradores de esas acciones represivas de aquella época, pero también otras instancias gubernamentales.
“Hemos encontrado otros documentos que nos dan cuenta precisamente de las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien no dicen específicamente ‘desaparecimos, detuvimos’, pero con este análisis nos damos cuenta que se trata de ese tipo de documentos, que ellos mismos tenían.
“Ellos no iban a nombrar con todas sus letras que desaparecieron o torturaron (personas) con todas sus letras, pero sí por ejemplo en estos documentos que tratan sobre detenciones y procesos, ya sea judiciales, es decir, procesos legales de que sí se presentaban ante el Ministerio Público también hemos encontrado procesos extrajudiciales”.
Añadió: “Recordemos que si bien este periodo se le conoce como guerra sucia, también hay que hablar de terrorismo de estado, es decir, prácticas que hizo el estado como parte contra la intrainsurgencia, pero que fueron prácticas ilegales o clandestinas, hemos encontrador este tipo de procesos”.

 

Es preocupante el número de asesinatos ocurridos a choferes, dice el alcalde

La del taxista fue una clara ejecución: Abizaid

Magdalena Cisneros El alcalde Alberto López Rosas reconoció que es “preocupante” el número de asesinatos ocurridos en el puerto, en los últimos días, expresando que se tienen que tomar medidas al respecto, aunque dijo que no es un asunto generalizado.

Por su parte, el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid afirmó que en la muerte del taxista Aurelio Aguirre, “se ven claras (las) ejecuciones”.

El lunes, el taxista Aurelio Aguirre Domínguez fue encontrado muerto, con un tiro en la cabeza, atado y amordazado, en el callejón La Parota en la Unidad Habitacional El Coloso. Su muerte fue debido a la expulsión de masa encefálica que le ocasionó un proyectil de arma de fuego, disparado por una pistola calibre 38 súper.

El 19 de marzo, el taxista Lucio Isauro Peñaloza Peñaloza fue encontrado muerto, en un predio solitario del fraccionamiento Mozimba, con las manos atadas hacia atrás con correa de mochila color negro, con cuatro disparos visibles en la espalda, cerca del omóplato, y el sábado pasado, en el poblado de El Salto, fue encontrado muerto el chofer de una camioneta mixta de alquiler, Esteban Avalos Velázquez.

Consultado por reporteros sobre la forma en que fue encontrado muerto Aguirre Domínguez, que podría tratarse de una ejecución, López Rosas afirmó que es “muy subjetivo, no podría yo centrarme en un término así, ejecución, tendríamos que conocer todas las características que se dieron en este asesinato, creo que yo no podría acuñar ese adjetivo de ejecución, obviamente es un homicidio, a todas luces, de ahí que pueda señalar que sea una ejecución, no creo que esté en condiciones de hacerlo”.

Reveló que el asesinato del taxista fue tema de la reunión semanal de gabinete el lunes 3 de mayo, en la cual dio instrucciones al secretario de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdés, para continuar con los operativos de desarme en la ciudad, aunque precisó que “estamos limitados al servicio público”.

Además, dijo que los policías ahora tienen prácticas de tiro, con lo cual buscan “profesionalizarlos más”.

Al mencionarle que las muertes no son sólo en el área rural, sino en partes cercanas al centro de la ciudad como Mozimba, dijo que “finalmente el lugar puede ser circunstancial, pero si es preocupante, tenemos que tomar medidas respecto a esto”.

El alcalde precisó que no se puede pensar que es un acción general en el puerto, “no sabemos todavía la causa del homicidio de esas personas, no sabemos si son asuntos personales, si fueron asaltos, no sabemos, no podríamos determinar la naturaleza de este acto bochornoso, lamentable. Yo puedo asegurar categóricamente que esto no es generalizado, ciertamente es preocupante pero no podríamos establecerlo como una generalidad”. Indicó que corresponde a la Policía Ministerial investigar y esclarecer las muertes.

Por su parte, el director de la Policía Preventiva, Roberto Abizaid Gracián, afirmó que en la muerte del taxista Aurelio Aguirre, “se ven claras ejecuciones, no sé que situación haya acontecido para haber privado de la vida a esta persona, pero las indagaciones le corresponden a la Policía Ministerial”. Indicó que la Policía Preventiva Municipal reforzará las áreas donde han sido encontradas personas asesinadas para evitar más casos a futuro.

El funcionario fue consultado al terminar una reunión con transportistas, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla y el director de Tránsito, Israel González Nava.

Afirmó que Acapulco es “un lugar seguro, lo dicen las estadísticas de la misma federación, estamos a la baja, puede haber un hecho que pueda resaltar, no se puede cambiar esto, lo que las estadísticas muestran son los números fríos”.