Oficializan varios días después aumentos del 6 al 25% en pasajes que ya se cobraban

Un camión con aire acondicionado del transporte público de la ruta Caleta- Base, en Acapulco con el nuevo precio de 15 pesos pintado en el parabrisas desde el 9 de abril Foto: Jesús Trigo

Yee Trujillo

El gobierno estatal publicó el pasado 23 de abril en el Periódico Oficial el acuerdo por el que se aprueba un incremento diferenciado del 6 al 25 por ciento en tarifas del transporte público en la entidad “conforme a las características regionales”, en el que se indica que la tarifa para los taxis azules de Acapulco será de 70 pesos; se confirma que los camiones urbanos cobrarán 15 pesos, y el Acabús 14, mientras que algunas rutas del área conurbada o rural tienen autorizados de 30 hasta 50 pesos, como los taxis a Xaltianguis y Platanillo-Paso Texca.
Diez días después de que se autorizó el incremento en las tarifas de transporte público en la entidad, el gobierno del estado publicó la lista de precios de pasaje autorizados en el Periódico Oficial del Estado.
La publicación se hizo el jueves 23 de abril en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado pero el aumento al costo del pasaje se anunció en un boletín del gobierno el lunes anterior.
El documento explica que el 3 de marzo la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, elaboró el estudio técnico-económico de costos de operación del servicio público de transporte, mediante el cual se acreditó la homologación del equilibrio de los costos de operación, mismo que fue analizado en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico el 13 de abril y se aprobó “un incremento diferenciado del 6% al 25”, conforme a las condiciones operativas, económicas y regionales.

Tarifas en la capital

En Chilpancingo en la modalidad mixto doméstico se expone que la tarifa publicada antes en el Periódico Oficial es de 50 pesos. La actual o real es de 70 y la propuesta aprobada es de 100; el taxi tenía autorizados 61 pesos, se afirma que la tarifa actual es de 55 y que la nueva será de 60. Mientras que el transporte “urbano”, que serían las Urvans, pasan de ocho a 10 pesos, lo que en realidad ya cobraban los concesionarios desde el 6 de abril, como se advirtió en estas páginas.
El acuerdo por el que se autoriza la reestructuración de las tarifas del servicio público de transporte en el estado fechado el jueves de la semana pasada, disponible en internet, aglutina las rutas de la zona conurbada de Acapulco en 46 y 10 en la urbana, y es firmado por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada.
En el municipio de Chilpancingo se incluyen 59 rutas en la capital y las comunidades, algunas tienen aumentos entre las tarifas oficiales de 10 pesos, el servicio mixto de ruta a Coayuquillo pasa de 56 a 70 pesos, el sitio de taxis Carrizal de 61 a 85, y los de La Haciendita, Dos Caminos y Mohoneras de 61 a 80, el de Ocotito de 61 a 75, el mixto doméstico de Mazarán de 27 a 45, el mixto de ruta Ciruelar-Tierra Colorada de 90 a 105 y al Kilómetro 42 de 160 a 180.

Las tarifas en Acapulco

Respecto al Acabús, el ajuste tarifario indica que la tarifa en la ruta troncal que había era de 11 pesos y que esta era también la tarifa real. Sin embargo, El Sur informó que desde el 12 de abril la tarifa ya era de 14 pesos, y apenas en octubre del año pasado había pasado de 11 a 13 pesos. En la modalidad de urbano de este sistema de transporte se afirma que pasa de 12 a 15 pesos, y que en la ruta alimentadora era de 8 pesos, la tarifa real de 9 y ahora será de 14.
Para la zona urbana de esta ciudad expone que los taxis azules tenían como tarifa 45 pesos, la real eran 70 y así se aprobó. La tarifa de los camiones urbanos c/a (con aire acondicionado) y los normales era de 12 pesos, que la real era la misma y que la nueva son 15 en ambos casos; el taxi amarillo a Cumbres de Llano Largo costaba 19 pesos, la tarifa real era 25 y así permanecerá, e indica las mismas cifras para la zona poniente. En el caso de las Urvan que conectan diversas colonias con el centro indica que pasan de 12 a 15 pesos, sin embargo en distintas zonas de la ciudad cobran 18 pesos el pasaje.
En la zona conurbada el documento autoriza el aumento a 25 pesos en taxis amarillos, aunque esta tarita la cobran los choferes desde hace más de dos años, luego que impactó el huracán Otis en Acapulco, de 12 a 15 pesos en los camiones urbanos y Urvan, a excepción de las rutas alimentadoras de Casitas El Quemado, Villa Madero y Benito Juárez que cobrarán de 14 pesos. El servicio de transporte Aguacaliente-Cruces, a El Treinta, Barra Vieja-Glorieta de Puerto Marqués y El Treinta-Dos Arroyos costará 30 pesos; 35 a los Kilómetros 40 y 42, Lomas de Chapultepec-Barra Vieja, Ocotillo-Paso Texca, San José Tasajera-Paso Texca; 40 pesos a El Treinta-Guajes; 45 a El Treinta-Alto del Camarón; 50 pesos en taxi amarillo a Xaltianguis y en la ruta alimentadora Platanillo-Paso Texca.
Sin embargo, como se ha publicado en estas páginas, en repetidas ocasiones los choferes de los colectivos aumentan las tarifas de forma arbitraria cuando llueve, cuando ocurren hechos violentos y escasean los vehículos, cuando hay tráfico sobre todo de la Escénica hacia la Costera, y en Navidad y Año Nuevo cobran el doble.
Otro ejemplo son los taxis colectivos que van del área de El Coloso a la Costera por la Escénica o hacia el centro por La Sabana que desde el huracán Otis ya cobraban 25 pesos, y las Urvan Vacacional-Aeropuerto ya cobran 18, y en la zona poniente los colectivos de las tres secciones de la Jardín cobran 25 o 27 pesos desde hace meses, dependiendo del criterio del chofer, y aumentan la tarifa conforme a la zona a la que se dirige el pasajero.
El tabulador también incluye servicios fuera de Acapulco que salen de Las Cruces como las Urvan a San Marcos que pasan de 56 a 70 pesos, taxis amarillos hacia Chilpancingo con una variación de 120 a 130 pesos, y a Tierra Colorada, de 90 a 100.

Iguala y Zihuatanejo

En Iguala, donde hay 106 rutas, la modalidad carga y mudanza pasa de 310 a 348 pesos, el mixto de ruta Iguala-Balsas de 56 a 70 pesos, Iguala-Mezcala de 50 a 68 pesos, a Atzacala se pasará de una tarifa oficial de 89 a 120 pesos, a Teloloapan de 110 a 135 y a Amatitlán el cobro actual de 150 pasará a 180. En tanto el servicio suburbano aumentará a 13 pesos, de 11 que costaba, el urbano de 9 a 11 pesos, el taxi de 35 a 40 y el mixto doméstico de 110 a 124.
Zihuatanejo, con 55 rutas, tendrá aumentos oficiales en las Urvans de dos a cuatro pesos, aunque la mayoría ya tenía un “cobro actual” intermedio, y el camión urbano pasará de 9 a 13, pero ya cobraba 12. En la cabecera la tarifa de taxi subirá de 40 a 55 pesos, y la actual era de 45; en Ixtapa cambiará de 55 a 120, aunque la real ya era de 110, según el documento.
“La presente determinación tiene por objeto restablecer el equilibrio de los costos de operación, garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público de transporte, y proteger el interés público evitando incrementos desproporcionados”, afirma el Acuerdo, y en los transitorios señala que entrará en vigor el 13 de abril de 2026.
Añade que los concesionarios y permisionarios deberán respetar las tarifas autorizadas, exhibirlas en un lugar visible dentro de los vehículos, y cumplir las condiciones de seguridad, capacidad, horarios y calidad del servicio.
El lunes de la semana pasada El Sur informó que choferes informaron que el pasaje de las Urvans aumentaría a partir del 1 de mayo, al igual que los camiones urbanos, y que los de aire acondicionado cobrarían 19 pesos, pero esto último no se establece en el Acuerdo. A mediados de mes el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que se analizaban sanciones para los transportistas que adelantaron el aumento sin esperar que se emitiera el Acuerdo.

 

No dejen sin seguridad a la capital, pide el alcalde a los gobiernos federal y estatal

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El alcalde Gustavo Alarcón He-rrera expresó su preocupación por el retiro del refuerzo de seguridad pública que blindó la capital del estado para el Paseo del Pendón y la edición de 200 años de la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Con un mensaje en redes sociales, llamó a los gobiernos estatal y federal a no dejar sola a la ciudad: “La paz de Guerrero pasa por Chilpancingo, capital y corazón del estado. Yo estoy cumpliendo. Les pido unidad y respaldo para defender lo logrado: no pedimos privilegios, pedimos corresponsabilidad”.
En respuesta, el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró en otra publicación en internet que los alcaldes deben buscar apoyo en las mesas de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz, todos los días.
Este martes en la mañana, el alcalde difundió un mensaje en Facebook en el que dijo “Me preocupa lo que pueda pasar en Chilpancingo si se retiran los refuerzos federales y estatales”.
Agregó: “siempre he sido claro y responsable al decir las cosas, y hoy no será diferente”, debido a sus insistentes peticiones de apoyo en boletines de prensa para la pacificación de la capital, después de ataques a transportistas, enfrentamientos de grupos armados en comunidades, y la cercanía de las actividades de la feria bicentenaria, para las cuales también hubo amenazas.
Desde el 7 de septiembre hasta finales de noviembre, Alarcón Herrera pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch ayuda para frenar la violencia en esta ciudad.
El 9 de enero, cuando estuvo en Acapulco en la gira con la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch afirmó que no sólo se escuchó la petición del alcalde, sino que se enviaron 521 agentes adicionales en la temporada decembrina, un despliegue del Ejército, Marina, Guardia Nacional y efectivos de la secretaría de Seguridad Publica y Proteccion Ciudadana federal.
Desde el 7 de enero comenzaron a retirarse gradualmente. Muchos militares y policías de distintas corporaciones federales que estaban hospedados en hoteles de la ciudad ya se retiraron. También la vigilancia en los sitios de transporte foráneo que hubo durante las vacaciones de fin de año.
En su mensaje, Alarcón Herrera reconoció un saldo blanco en la fiesta decembrina por la coordinación entre federación, estado y municipio, “y nuestras familias empezaran a recuperar las calles”.
Sin embargo, añadió que “retirar ahora esos refuerzos sería un riesgo y un retroceso. La paz de Guerrero pasa por Chilpan-cingo, capital y corazón del estado. Yo estoy cumpliendo. Les pido unidad y respaldo para defender lo logrado: no pedimos privilegios, pedimos corresponsa-bilidad para protegerlos y cuidarlos. Lo que ganamos juntos no se puede perder.

Defensa, Marina y GN?están de manera permanente

Sin hablar abiertamente de Chilpancingo, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez, afirmó que la Guardia Nacional, militares ni la policía estatal se retiran de ningún municipio en donde están brindado apoyo.
Afirmó que “siempre que un municipio a través de las ferias regionales o eventos masivos consideran que se debe hacer una acción más precisa, siempre vamos a estar ahí, como lo dice la gobernadora”.
No obstante, señaló que los alcaldes deben acudir todos los días a las Mesas de Coordinación de Constitución de la Paz, donde se realizan evaluaciones de las acciones de seguridad, y reconocer el resultado de los últimos seis meses, “sobre todo en diciembre que nos coloca en el mes menos violento en 15 años. Eso es un reflejo del trabajo coordinado”.
Señaló que la gobernadora también pidió redoblar los esfuerzos, porque la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional ya están presentes de manera permanente en acompañamiento de las acciones de los gobiernos estatal y municipales.
Enfatizó que la seguridad es una política prioritaria de atención del gobierno del estado, y llamó a los alcaldes a que asistan a la mesas regionales para realizar acciones de coordinación.
“Ahí acudimos todos para coordinar lo que consideraremos. Sobra decirlo, habremos de estar en todos los municipios donde se quiere la participación de manera extraordinaria y ordinaria. Este esfuerzo compartido de los tres niveles de gobierno va a dar buenos resultados
De acuerdo con fuentes del ayuntamiento, el alcalde acudió al menos a doce mesas regionales en la 35 Zona militar en los últimos meses, a invitación de los mandos militares. La última vez, este mismo año.
También asistió a unas cuatro mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, por invitación. Incluso, la fuente recordó que a principios de diciembre el Consejo Consultivo de la Feria de Chilpancingo convocó a su sesión a quienes integran la Mesa de Coordinación, para insistir en el reforzamiento concreto de la seguridad y poder realizar sus actividades pese as amenaza.
Ayer mismo el alcalde asistió a una entrega de apoyos de vivienda para Chilpancingo, que encabezó la gobernadora en Casa Guerrero.
Por la tarde se informó que el alcalde fue a la Ciudad de México a una actividad de la Lotería Nacional donde se iba a presentar un boleto conmemorativo de la feria bicentenaria de Chilpan-cingo.

Reporta Protección Civil 3 mil 139 viviendas con daños por el sismo; en mil 224 es severo

Daniel Velázquez

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que se tiene un avance del 94 por ciento en el levantamiento del reporte de daños en los 24 municipios afectados por el sismo de 6.5 grados ocurrido el viernes pasado.
Aparte, la diputada del PRD, Mirna Coria Medina, y el director de Protección Civil y Bomberos de San Marcos, Diego Armando Valente Pineda, cada uno por separado, solicitaron que se declare zona de desastre al municipio de San Marcos para que se pueda atender a los afectados.
En declaraciones por teléfono, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno del estado, Roberto Arroyo, informó que la mayoría de los daños están clasificados como de leves y moderados.
Hasta ayer se habían registrado 3 mil 139 viviendas con algún tipo de perjuicio en 24 municipios: 690 con daño ligero, mil 204 moderado y mil 224 viviendas severo.
Donde se concentran las viviendas con daño severo son en los municipios de San Marcos, Las Vigas, Tecoanapa y Ayutla.
Indicó que la información se la entregarán a la Coordinación Nacional de Protección Civil y será la federación la que determinará que ayuda se dará.
“Ellos tienen los parámetros, no sólo la magnitud del sismo sino también el nivel de extensión de daños, por eso se está reuniendo toda la información para que ellos lo valoren”.

Solicita declaratoria de desastre

Por separado, la diputada del PRD, Mirna Coria presentó una solicitud en el Congreso para que se declare como zona de desastre el municipio de San Marcos por el sismo del pasado viernes.
En declaraciones por teléfono, la diputada indicó que presentó la solicitud por iniciativa propia porque vio que ya habían transcurrido tres días y no se había trabajado en ese sentido. Indicó que sabe el impacto del sismo y las afectaciones que causó en las familias, por eso tomó la iniciativa de presentar un punto de acuerdo para que haya recursos y se atienda a los afectados.
La iniciativa es un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que emita la Declaratoria de Desastre Estatal y solicite de inmediato a la Federación la Declaratoria de Desastre Natural, a fin de activar los recursos económicos necesarios para la reconstrucción de viviendas e infraestructura en San Marcos y municipios colindantes.
La intención es que la declaratoria de desastre sea “para todos los municipios que resultaron afectados y cumplan con las especificaciones establecidas en los reglamentos. O en su defecto sean consideradas en el dictamen que el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres) emita después de realizar la evaluación correspondiente”.

Reporte de San Marcos

El director de Protección Civil y Bomberos del municipio de San Marcos, Diego Armando Valente Pineda, informó que son mil 524 viviendas las afectadas por el sismo del pasado viernes.
En la revisión hecha en las 64 comunidades y en la cabecera municipal se tiene el registro de 26 viviendas consideradas como “inhabitables” porque están en riesgo de caer.
Con daño severo fueron identificadas 785 viviendas que a causa del sismo tienen cuarteaduras y separación de los muros.
Con daño moderado fueron contabilizadas 451 casas, que son viviendas con fisuras más pronunciadas pero que no ponen en riesgo la estructura de la casa.
Con daño ligero se registraron 262 viviendas, que son casas que tienen fisuras y desprendimientos de aplanados.
De las mil 524 viviendas afectadas por el sismo la mayoría son viviendas de adobe que no tienen columnas ni castillos, sólo mampostería y lodo, con 50, 60, 100 o 200 años de antigüedad.
Del conteo de hornos afectados por el sismo, dijo que esa revisión no está concluida pero se estima que son entre 78 y cien. La venta de pan es una de las actividades por las que es reconocido el municipio de San Marcos.
De las escuelas y comercios, indicó que esa evaluación está a cargo del estado porque se requiere de un dictamen de Protección Civil para el registro.

Zona de desastre

El director de Protección Civil pidió que el municipio sea declarado zona de desastre para que puedan llegar apoyos a los afectados: “hasta el día de hoy no ha llegado prácticamente ningún tipo de apoyo, despensa, colchonetas, víveres, no ha llegado nada por parte de los dos niveles de gobierno y los ciudadanos piden ser atendidos”.
“A siete días del sismo no hemos tenido un acercamiento de humanidad, empatía, de solidaridad por parte de los gobiernos”.

 

Sigue en hospital de la Cdmx el ex delegado en la Montaña baleado; lo reportan estable

 

El ex delegado de Gobierno en la Montaña, José Bazán González, se encuentra estable en un hospital de Pemex en la Ciudad de México tras la agresión a balazos que sufrió el sábado en el interior de una fonda.
Fuentes gubernamentales informaron que Bazán González fue trasladado a este hospital porque formó parte de la plantilla de Pemex como ingeniero, donde se jubiló.
El ex delegado de Gobierno recibió cuatro balazos de su o sus agresores mientras comía en la fonda Cuatro Hermanos, en la calle Morelos en el barrio de San Francisco.
El negocio está frente a la oficina Casa del Toro región Montaña, que lidera Bazán en respaldo al senador Félix Salgado Macedonio en su búsqueda por la gubernatura, el cual permanece cerrado sin indicios de ser la escena de un crimen.
La Casa del Toro también estuvo cerrada, no se observó ningún aumento de seguridad o vigilancia en la zona.
El domingo se difundió en Facebook un fragmento de video donde se escuchan detonaciones y luego un hombre corre apresurado en dirección a la terminal de Autobuses Sur, del cual se dice fue el responsable de la agresión.
Bazán González tiene 72 años de edad, su familia, su esposa y dos hijos están en la Ciudad de México dónde vivió por décadas al salir de Alcozauca. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Inicia operativo en Ayutla con más de 600 elementos

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Prevé Matildes Gama que se solicitará una ampliación del presupuesto del IEPC

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que luego de que el Congreso aprobó 42 millones menos que lo solicitado, prevé que el Consejo del organismo solicite una ampliación del presupuesto.
Al IEPC se le asignaron parsa 2025 351 millones de pesos, y en 2024, año electoral, recibió 393.
Matildes Gama declaró vía telefónica que una vez regresando a sus labores tras las vacaciones de fin de año, se analizarán qué programas se verían afectados con recortes y en su caso, ver si procede alguna solicitud de ampliación.
“Tenemos que analizar donde vamos ajustar el presupuesto, en algunos proyectos seguramente, y si de plano hay necesidad, tendremos que ir con el gobierno del estado a solicitar una ampliación, que seguramente así será, porque sí es un cantidad importante del presupuesto solicitado al aprobado por el Congreso”, dijo Matildes Gama.
A mediados de julio del 2024, el Consejo General aprobó un ante-proyecto de presupuesto para 2025 de 395 millones 565 mil 389 pesos, y le aprobaron 351 millones.
Sobre un presupuesto para una posible elección judicial local, Ma-tildes Gama explicó que el IEPC no ha sido notificado por el Congreso que dicho proceso electoral se vaya a realizar este 2025.
“Hasta el día de hoy el Congreso no ha aprobado alguna reforma constitucional o legal para que haya elecciones judiciales en el 2025, Guerrero es uno de los estados donde hasta el momento no hay una reforma y habría que esperar también porque el INE (Instituto Nacional Electoral) habrá de informar también al Congreso que operativamente se tiene hasta el 14 de enero para hacer esas reformas, si no después ya no habría manera de hacer una elección judicial este año y tendría que ser hasta el 2027”, agregó la presidenta del IEPC.
Informó también que el presu-puesto destinado al financiamiento de los partidos políticos este 2025 seguirá siendo estatal, a pesar de que en los últimos meses el PRI, PAN, PRD y MC denunciaron retrasos en la entrega.
El PRI anunció que buscaría que los recursos fueran federales, lo que no prosperó y para este 2025, los 197 millones de pesos destinados al financiamiento público a los par-tidos vendrán del gobierno estatal.
“Este año el financiamiento público igual está en Inversión Estatal Directa, los dirigentes de los partidos de oposición habían con-siderado solicitar que se mandara a un ramo federal, pero no fue así… y esperamos que este año sea diferente (respecto a los atrasos en el pago) pero tenemos que esperar como va ir fluyendo el año”, dijo Matildes.

 

“Pareciera que no existe” el alcalde de Chilpancingo, dice el líder de Morena

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, pidió al alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, replantear su actuación como autoridad por la “anarquía” en la ciudad en seguridad pública, vialidad y servicios.
Consultado vía telefónica sobre el asesinato del presidente del patronato de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, Martín Roberto Ramírez Ruiz, señaló que el alcalde tiene mucha responsabilidad de lo que ocurre en la capital del estado.
Denunció que parece que el presidente municipal no existe y deja toda la responsabilidad al estado o a la federación.
Primero, lamentó el ataque del martes 24 de diciembre en el barrio de San Mateo, momentos antes de una de las actividades tradicionales, donde fueron asesinados a balazos el presidente del Patronato y el maestro de ceremonias, José Vidal Nava.
Sin embargo opinó que desde el comienzo, el alcalde y el comité del Patronato debieron plantearse la organización de la feria cuidando todos los aspectos.
Particularmente el edil debe plantearse una estrategia de seguridad, porque como Ayuntamiento no se ha visto una sola acción de gobierno.
“Es presidente municipal y pareciera que no existe. Pareciera que todo se lo quiere dejar al estado o a la federación y claro que debe haber respuesta del estado o la federación, (pero) el municipio es el primer respondiente”.
Ratificó que el Ayuntamiento “debía tener un análisis claro y preciso de las celebraciones de feria y las consecuencias que podría llevar”.
Sobre todo porque desde el principio hubo dos patronatos de la feria creados al interior del ayuntamiento, recordó.
El primero emitió convocatorias de Señoritas y Niñas Nochebuena, e involucró al empresario Pedro Segura en su primera actividad pública, pero desapareció tras la conformación del Patronato oficial, integrado por los presidentes de los comités de los barrios, que se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“Desde un principio se vió que había una disputa por esta organización”.
Pidió “que el alcalde se replantee si está haciendo bien las cosas, porque pareciera que Chilpancingo vive en una anarquía en todo, servicios públicos, en tránsito, vialidad, seguridad. Creo que el alcalde tiene mucha responsabilidad en esto”.
Se le recordó que la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, asumió la seguridad del paseo del Pendón, el 22 de diciembre, y de acuerdo al presidente del patronato asesinado, todas las instituciones deberían garantizar la seguridad de los visitantes a la feria.
El dirigente de Morena confirmó que la seguridad es un asunto de los tres niveles de gobierno, y aclaró que opina en función de su experiencia como funcionario de la delegación de Bienestar en Acapulco, donde fue parte de la Mesa de Seguridad.
Indicó que el gobierno municipal y las policías ministerial y estatal rendían informes para que el estado y la federación hicieran lo que les corresponde.
“Si el alcalde no está asumiendo su responsabilidad, si no está informando, difícilmente el estado y la federación van a poder intervenir”.
Por lo anterior, el Ayuntamiento debió informar con mucha precisión cómo se iba a llevar a cabo esta organización de la feria y los riesgos, “porque al final es el municipio el primer respondiente y el que palpa a diario lo que sucede en las calles”.

Suben homicidios

También se refirió a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que reportan 133 homicidios en noviembre, la incidencia delictiva más alta en 11 meses de 2024, y en los últimos años.
Ratificó que los hechos delictivos aumentaron desde el 1 de octubre, cuando tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no solo en Guerrero sino en todo el país.
“Pareciera que le estaban midiendo la fuerza de cómo venía nuestra presidenta”.
Adelantó que el 12 de enero se van a cumplir cien días de su gobierno, se presentará un informe de la actuación a tiempo de la federación, respecto a los grupos de la delincuencia que buscaban tomar la medida a las nuevas autoridades.
Ante la exigencia de un cambio de estrategia de seguridad que dé resultados, por parte de los partidos de oposición, aseguró que ya se hizo pero no se va a decir.
No obstante, insistió en que si no hay colaboración de los ayuntamientos, es muy difícil que la federación y el Ejército puedan reaccionar.
Pidió al menos a los alcaldes de Morena que colaboren con las instituciones del estado y la federación en todos los temas, no sólo en seguridad.

 

Promoverán Secretaría del Trabajo y cámaras una campaña para erradicar el trabajo infantil

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, durante la comparecencia ante las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la comparencia ante el Congreso del Estado, el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, Luis Armando Baños Rendón, respondió a preguntas de los diputados
sobre las acciones para erradicar el trabajo infantil y cómo se garantiza que los trabajadores cobren el salario mínimo y tengan las prestaciones de ley.
Baños Rendón acudió al Congreso a comparecer ante las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería, como parte de la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En la síntesis de su informe, Baños Rendón informó a los diputados que mediante el programa de Fomento al Empleo, se vincularon a un trabajo formal a 8 mil 129 guerrerenses. Agregó que en el último año se realizaron 10 ferias de empleo en toda la entidad, en el que se vincularon a una actividad formal a mil 400 personas.
En el tema de la movilidad laboral, el secretario mencionó que se logró vincular a 2 mil 64 personas para irse a trabajar como jornaleros a los estados de Jalisco, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Baja California y Michoacán. Mientras que para el extranjero 2 mil 99 personas se fueron a Estados Unidos, Canadá y Alemania.
Agregó que también se vincularon a mil 521 personas adultas mayores y personas con discapacidad, con lo que, aseguró, se logró una inclusión laboral.

Preocupa el trabajo infantil

El funcionario respondió a preguntas de los diputados en torno a los programas de la Secretaría para fomentar las contrataciones, además de cómo se garantiza que los empleadores cumplan con las prestaciones de ley y qué se hace para combatir el trabajo y la explotación infantil.
El priista Alejandro Bravo Abarca inquirió sobre las acciones que se realizan para prevenir el trabajo infantil. El secretario mencionó que analizan junto con diversas dependencias de gobierno y cámaras de comercio crear una campaña denominada Ola Azul, que consiste en portar un color azul los días 12 de cada mes por concientizar sobre la erradicación del trabajo infantil.
Mencionó que en la dependencia a su cargo están preocupados y que por eso promueven pláticas dirigidas a jornaleros agrícolas y en diversas empresas del estado, donde les recuerdan de los alcances legales que pudieran tener si en las plantillas laborales tienen niños, niñas y adolescentes trabajando en edad no permitida, y se realizan inspecciones en los centros de trabajo.
“Nosotros estamos preocupados, mediante las políticas hemos vuelto a formular y hacer que la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes (CITI) se están coordinando con diversas dependencias y cámaras de comercio para aprobar una campaña denominada Ola Azul para que los días 12 de cada mes se porte un color azul por la lucha para erradicar el trabajo infantil”, explicó el secretario.

Colocaron a más de 4 mil personas en las ferias del empleo

A pregunta de la diputada Gladis Cortés Genchi, del PVEM, sobre las ferias del empleo, respondió que en las diez ferias realizadas en la entidad participaron 13 mil 95 personas, de las cuales 4 mil 94 se lograron colocar.
El morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, preguntó cómo se garantiza que los empleadores otorguen salarios bien remunerados y qué se realiza para prevenir el trabajo infantil.
En la respuesta, Baños Rendón indicó que este año se registraron más de 14 mil 248 personas incorporadas en un empleo formal. Agregó que para conocer el estado de los empleados, la Secretaría realiza inspecciones para garantizar las condiciones labores dignas de los trabajadores y realizan pláticas de concientización para prevenir el trabajo infantil.
La panista Irene Montiel Servín preguntó cuáles son los pendientes de la secretaría las estrategias para disminuir la informalidad y garantizar salarios dignos.
La respuesta fue que se realizan reuniones con empleadores en los que se les exhorta a cumplir con la ley, en cuanto a derechos, prestaciones, salarios y áreas dignas.
Sobre las pendientes, Baños Rendón informó que trabaja en reducir las tasas de informalidad laboral con el apoyo del sector empresarial, se establecen convenios con los municipios para facilitar permisos y licencias a pequeñas empresas, y se busca bajar los impuestos para que estos empleadores puedan invertir ese recurso en seguridad laboral.
Las preguntas siguieron en torno a garantizar la seguridad laboral y qué programas se realizab para bajar las tasas de desempleo. El funcionario respondió que sólo existe en la dependencia un programa, el de Fomento al Pleno, y que tienen subprogramas.
Ante la insistencia de garantizar seguridad laboral, salarios dignos y prestaciones de ley, repitió en varias ocasiones que se realizan llamados a los empleadores para que cumplan con las disposiciones de ley y que las empresas registradas en la Secretaría son formales y cumplen todos los requisitos e inspecciones.

El secretario municipal de Seguridad no debe ser por fuerza militar, dice Alarcón

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El alcalde

El alcalde de Chilpancingo Gustavo Alarcón Herrera en entrevista en sus oficinas del Palacio Municipal Foto: Alina Navarrete Fernández

aceptó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal “no necesariamente tiene que ser un militar” y que que el gobierno del estado ya tiene un candidato, aunque también dijo que ya analiza con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda unos cinco perfiles.
“Nos tenemos que poner de acuerdo”, con los gobiernos federal y estatal, reiteró en entrevista en sus oficinas del Palacio Municipal.
Confirmó que cuenta con los nombres de quienes podrían asumir el cargo, pero no mencionó ninguno porque “me los dieron en tarjetas informativas”.
A pregunta expresa de si será un mando militar, respondió que debe pasar “los índices de confianza del municipio, no necesariamente tiene que ser un militar, quiero decirlo, que es diferente la expresión, hablan de militares como si fuéramos a una guerra, no vamos a una guerra, no voy a una guerra, voy a que Chilpancingo esté sin problemas”.
Sobre si son propuestas de Evelyn Salgado, contestó: “entre los dos y claro, yo tengo que escuchar también las propuestas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien desde aquí le envío un cordial saludo y ojalá nos visite pronto”.
Reiteró que si bien se trata de un tema urgente, “yo estoy mante-niendo (el gabinete) como lo había dejado Alejandro (Arcos), puros encargados y no me permite retrasar, por ejemplo, administrativamente los procedimientos”.
A diez días del asesinato de Alejandro Arcos, pero a pesar de que se le preguntó a Gustavo Alarcón del caso, evadió el tema; “no me quisiera meter en eso, me lastima mucho, deveras es algo… no, por favor”.
Por la mañana, el alcalde acudió al Grupo Cuicalli para compartir los retos de su administración.
En declaraciones al final del encuentro sobre el nombramiento del secretario de Seguridad Pública, el alcalde dijo que “hay un convenio con el gobierno del estado, pero lo haremos saber en su momento por-que ya tienen ellos un candidato”.
Afirmó que se trata de un perfil de la sociedad civil, “del grupo de la Policía, son personas que ya hicieron todos los lineamientos necesarios para ocupar el cargo, todavía lo vamos a analizar… tendremos que ponernos de acuerdo”.
Puntualizó que el nombramiento será dentro de 15 o 20 días “porque tengo que contestar esto de todas las imprecisiones que tenemos que entender de la entrega-recepción”.
Manifestó que “todos tenemos que confiar en que vamos a ir con los mejores equipos, no con equipos que estén fuera del marco legal”.
Sobre las críticas que la dirigencia estatal del PRD emitió en un comunicado hacia la gira que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el lunes pasado en la capital, consideró que “ahorita tenemos que trabajar todos en beneficio de un municipio… tienen todo mi respaldo todos los grupos políticos, no hay ningún problema”.
En la sesión, los empresarios expusieron al alcalde que advirtieron que la ex presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez estaba dejando “enormes retos” a Alejandro Arcos, entre ellos la imposición de funcionarios, pero Gustavo Alarcón no comentó al respecto.
También se planteó que para que los contribuyentes paguen impuestos “felices y contentos”, lo mínimo que se espera es que las autoridades resuelvan sus deman-das, atiendan los problemas sociales como la falta de servicios públicos y se transparente el uso de los re-cursos que ingresan.
Gustavo Alarcón aseguró que su visión de gobierno es fortalecer la prevención y atender de manera inmediata todas los casos que le competen, pero también justificó que aún no está integrado al cien por ciento el gabinete debido al daño “emocional y espiritual” por el asesinato de Alejandro Arcos.
“Yo soy muy respetuoso en ese sentido por eso no hemos arrancado con todo el impulso que tenemos”.
De manera extraoficial, se supo que Alarcón se reunió con algunos funcionarios en Palacio Municipal tras el encuentro con el Grupo Cuicalli; por la tarde, algunos trabajadores municipales acudieron a la última misa del novenario de Alejandro Arcos que se realizó en la Catedral de la Asunción de María, pero el alcalde no asistió.