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Incumple el Congreso y no comparecen 11 secretarios por la glosa del informe

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local incumplió su propio acuerdo parlamentario al no llamar a comparecer a once secretarios de despacho, quienes quedaron pendientes de asistir como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El pasado lunes fue la última sesión del año de los diputados locales, y concluyó con la aprobación de leyes de ingresos, tablas de valores de los municipios y la Ley de Ingresos el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.
Aún con dichas aprobaciones, el Legislativo arrastra el pendiente de once comparecencias, que por falta de tiempo y decisiones por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fueron pospuestas. Hasta hoy se desconoce si podrán retomarlo para el 2026, aunque ya estén fuera de los tiempos legales.
Los titulares de dependencias pendientes a comparecer son los de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren); Secretaría de la Mujer; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de Cultura; Secretaría Para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Secretaría de la Juventud y Niñez; Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Y la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.
El acuerdo aprobado por el pleno del Congreso local el pasado 19 de noviembre estableció que los once secretarios restantes podrán acudir a comparecer “previo acuerdo de sus integrantes las Comisiones Ordinarias de este Poder Legislativo, a través de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política”, órgano responsable de solicitar al funcionario su presencia en el Legislativo.
Se sabe por medio de fuentes legislativas que los secretarios que fueron llamados a comparecer son los de Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorea; Semaren, Ángel Almazán Juárez y la de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, pero que dichas solicitudes fueron detenidas en la Jucopo.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, en el segundo párrafo del artículo 73 indica que “los secretarios de despacho del gabinete estarán obligados a presentarse ante el Poder Legislativo durante el mes de noviembre, para la glosa del informe, y para responder a los planteamientos que sobre este último hagan los diputados”.
Además de poner las comparecencias a consideración de las comisiones, algo nunca hecho por el Legislativo, realizarlas el próximo año sería hacerlo fuera de la ley.
Aunque la Constitución es clara en los tiempos, que dice que las comparecencias deben ser en noviembre, existe el vacío legal sobre qué secretarios deben acudir, sobre si es obligatorio que acudan todos ante el pleno o si hay sanciones para quienes no se presenten.
Las únicos titulares de dependencias que acudieron a comparecer ante el pleno fueron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; de la Secretaría de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; de Educación, Ricardo Castillo Peña; de Salud, Alondra García Carbajal; de Planeación y Desarrollo, René Vargas Pineda; de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; de Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel y a puerta cerrada, el de Seguridad Pública, Antonio Ledesma Osuna.

 

Compleja, la transición al IMSS-Bienestar; el abasto de medicinas está al 76%: Alondra

La secretaria de Salud, Alondra García Carbajal en su mensaje ante el pleno del Congreso del Estado durante su comparecencia por la glosa del cuarto informe de la gobernadora t Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La secretaria estatal de Salud, Alondra García Carbajal, af?rmó ante el Congreso local que el abasto de medicamentos en Guerrero alcanza 76 por ciento en las unidades de primer nivel y 63 por ciento en el segundo nivel, de acuerdo con el corte de octubre.
Durante su comparecencia como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, García Carbajal fue cuestionada por la transición al IMSS-Bienestar, el recorte presupuestal para el 2026 y el desabasto de medicamentos.
Las preguntas reiteradas fueron sobre y el IMSS-Bienestar y el desabasto, y fue que García Carbajal explicó que a través de convenios de colaboración, el presupuesto destinado a la compra de medicamentos y material de curación se concentran en un fideicomiso federal.
Aseguró que las entidades están sujetas a dos factores determinantes: la capacidad de las farmacéuticas para cumplir en tiempo y forma con las claves solicitadas, y la compra consolidada anual, que realiza exclusivamente la Federación y define qué claves, cantidades y tiempos de entrega se autorizan.
Señaló que, la Secretaría registró al cierre de octubre una entrega de 1 millón 026 mil 698 piezas de medicamentos.
Actualmente, IMSS-Bienestar opera con 147 claves para el primer nivel de atención y 365 para el segundo nivel, a las que se suman 304 claves de material de curación, lo que da un total de 669 claves integradas al sistema estatal.
La funcionaria enfatizó en que cada institución, IMSS-Bienestar e ISSSTE, tienen su propio método de cálculo y catálogo, por lo que la disponibilidad varía según el nivel de atención y el tipo de servicio.
Reconoció que la transición al IMSS-Bienestar es un proceso complejo, pero destacó la voluntad política de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sobre los casos de dengue, la secretaria aseguró que la entidad registra una reducción del 92 por ciento en los casos con respecto al año pasado.
Explicó que en 2024 Guerrero cerró con 44 mil 388 casos probables de dengue y 6 mil 475 confirmados, mientras que, en 2025, hasta la semana epidemiológica más reciente, se han registrado 7 mil 995 casos probables y 498 confirmados.
Sobre el sarampión, informó que se han registrado 141 casos sin ninguna defunción.
Los municipios con mayor incidencia son Cochoapa el Grande, con 55 casos; Ometepec, 11; Taxco, 9; Tlapa de Comonfort, 24; Alpoyeca, 6, y Acapulco, 2, entre otros.

“Inconsistencias entre cifras federales y estatales”: Irene Montiel

En la comparecencia, la diputada del PAN Irene Montiel Servín, preguntó sobre inconsistencias en las cifras oficiales entre las estatales y federales, la deficiencias en el abasto de medicamentos, muertes maternas y omisiones respecto a la violencia que enfrenta el personal sanitario en varias regiones del estado.
Montiel Servín mencionó en tribuna que, mientras el informe estatal reportó 6 mil 794 casos probables y 438 confirmados de dengue, los datos federales son diferentes, para el cierre del 2024 Guerrero tuvo 7 mil 29 casos confirmados y 498 en lo que va de este 2025. En 2024 reportó 92 defunciones y en este año 2025, seis.
La diputada reconoció la inauguración del Hospital General de Tlapa, pero advirtió que “la infraestructura no cura por sí sola”, además de que médicos y enfermeras evitan zonas como la Sierra y Tierra Caliente por las amenazas del crimen organizado.
Afirmó que “la crisis de seguridad” fue omitida en el informe a pesar de que “médicos y enfermeras han abandonado centros de salud… debido a amenazas y cobro de piso”.
Del abasto de medicamentos, criticó el impacto tras la desaparición del Seguro Popular e INSABI y calificó la mega farmacia federal como “un elefante blanco con un costo de alrededor de 15 mil millones de pesos”.
Aunque el informe estatal presume el programa Rutas de la Salud, señaló que “la receta sigue surtiéndose a medias, obligando al gasto de bolsillo de las familias más pobres”.
Respecto a la transición al IMSS-Bienestar, dijo que pacientes oncológicos y psiquiátricos enfrentan intermitencias en sus tratamientos, lo cual consideró urgente de atender para garantizar continuidad y abasto.
En cuanto a cáncer de mama, cuestionó si el sistema puede garantizar no solo la detección sino el tratamiento oportuno para casos de cáncer de mama.
Sobre las muertes maternas, recordó que Guerrero está entre los estados con cifras más altas y que seis mujeres fallecieron sin atención institucional.
Montiel Servín consideró que las métricas del informe se centran en procesos y no en impactos reales. “Es bueno aumentar las consultas, pero las mujeres siguen muriendo por hemorragias obstétricas”.

Casos de dengue

García Carbajal respondió que la diferencia fue por los periodos en los que se revisaron los datos.
“Este año se han hecho muchísimas intervenciones de promoción y prevención a la salud”, dijo García Carbajal.
Explicó que las muertes de dengue han disminuido porque el dengue tiene varios “serotipos” y los más agresivos son el tres y el cuatro y los serotipos que afectan a la población guerrerense no son esos serotipos.
Destacó la disminución del 92 por ciento en muertes por dengue y de la seguridad del personal de salud, aseguró que cuando detectan un hecho que ponga en riesgo a médicos y médicas, los retiran de la zona.
Sobre el desabasto de medicamentos, la secretaria informó que no hay disminución de presupuesto para tal fin, que hay una bolsa conjunta entre las dependencias para hacer uso de él.
De las muertes maternas, García Carbajal informó que en 2024 hubo 51 muertes y que hubo una disminución “significativa”, en lo que va del año, dijo, se han registrado 24 muertes maternas.
Mencionó que uno de los factores que influyen, es la falta de caminos y accesos para llegar a los hospitales y que los tiempos de espera para los partos, son eficientes.
Sobre el cáncer en mujeres, dijo que están garantizados los tratamientos, pero que muchos casos se detectan en fase terminal o avanzados.

“Este IMSS no es de bienestar”: Erika Lührs

Sobre la transición al IMSS-Bienestar, la emecista Erika Lührs Cortés cuestionó dicho proceso y criticó que eso incluso ya causó muertes por falta de atención.
Recordó que en el inicio de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se decía que el Seguro Popular que dejó Enrique Peña Nieto “ni era seguro, ni era popular”, por lo que en tono sarcástico dijo: “pues su famoso IMSS no es bienestar”.
Dijo que pasar a IMSS-Bienestar no ha representado ninguna ganancia para el estado de Guerrero, pues “le dieron en la torre a uno de los edificios emblemáticos del puerto de Acapulco para construir una clínica del ISSSTE que está como elefante blanco, en donde son selectivos con las consultas que se otorgan y no es hasta el momento una opción viable para la atención de los beneficiarios”.
En la oportunidad de responder, la secretaria de Salud precisó que los comentarios sobre la transición los haría de manera personal: “pienso que la transición es parte de un proceso que se está generando y que aún va a llevar su tiempo”.
Consideró un error no sistematizar de manera anticipadamente todo lo que se tenía que visibilizar, para permitir que el proceso de federalización no perjudicara a los usuarios.
“Tuvo que haber un análisis y separarla transición de la parte administrativa-legal de la operativa” y aseguró que la transición hacia el IMSS-Bienestar, en el caso de Guerrero “está avanzando muy bien”.
La diputada del PT, Leticia Mosso Hernández, expuso en plena comparecencia de la Secretaría de Salud que recibe un salario de alrededor de 300 mil pesos mensuales, y que gusta donar al sector salud en la Montaña. Presentó facturas de octubre y noviembre que, según dijo, acreditan la cantidad que percibe y donó:
“De los 300 mil pesos que yo recibo, aquí tengo una factura de 147 mil y otra de 169 mil del mes de noviembre”.
En los últimos días, Mosso Hernández y su esposo Victoriano Wences Real fueron señalados por el uso de una camioneta de lujo y por un reciente altercado con reporteros.

 

Guerrero, con un alto índice de deserción escolar, reconoce la titular de la Sejuve

Chilpancingo gro, 4 de diciembre 2024. // La titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Jessica Maldonado Morales, durante su comparecencia ante las comisiones unidas de la Juventud y el Deporte, Para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, en la sala José Francisco Ruis Massieu, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. // Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez (Sejuve), Jessica Maldonado Morales, compareció ante el Congreso del Estado en donde diputados le preguntaron sobre las acciones referentes a empleos para jóvenes y para evitar la deserción escolar.
Maldonado Morales compareció ante las comisiones unidas de la Juventud y el Deporte, Para la Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Durante la comparecencia, los diputados aseguraron que es importante conocer las políticas públicas del gobierno estatal para dar cumplimiento efectivo a los derechos fundamentales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para garantizar su desarrollo integral, respeto y bienestar, y se dijeron dispuestos a coadyuvar, a través del reforzamiento del marco legal, para la erradicación de cualquier tipo de discriminación, la deserción escolar y el trabajo infantil.
A preguntas referentes a la deserción escolar, la secretaria reconoció que Guerrero tiene los índices más altos, por lo que buscan evitarlas por medio de becas escolares como la Vicente Guerrero, que se otorga a estudiantes de nivel primaria y secundaria.

Trabajo infantil y adicciones

En cuanto al trabajo infantil, Maldonado Morales informó que los municipios de Acapulco y Zihuatanejo tienen los mayores índices, por lo que brindan acompañamiento a las víctimas, porque no son un ente sancionador, además de que canalizan los casos al DIF Guerrero y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
El diputado y presidente de la Mesa Directiva, Jesús Parra García, del PRI, preguntó a la funcionaria sobre las acciones para inhibir las adiciones en la niñez y juventud. Maldonado Morales respondió que se imparten charlas sobre adicciones, además de que tienen un convenio con la Fundación 12 Promesas que da atención a jóvenes y niños víctimas de violencia y con problemas de salud.
Agregó que a través del Protocolo Violeta dieron acompañamiento a 10 jóvenes en diversas situaciones como alcoholismo, drogas y problemas familiares.
Explicó que en el ámbito educativo, para evitar la deserción escolar, se organizaron conferencias de motivación y orientación escolar en las regiones Centro y Costa Chica, dando atención a más de 3 mil 500 jóvenes, los cuales además de incentivarlos a continuar con su preparación, recibieron orientación con base en sus perfiles.
“En atención social de la infancia y juventud impulsamos la campaña Juventud es Cuidarse en seis municipios, atendiendo a más de 5 mil jóvenes en materia de prevención de embarazo, derechos sexuales e infecciones de transmisión sexual (ITS)”.
Mencionó que en los municipios de Petatlán, Zihuatanejo y Atoyac se realizó la campaña Ámate, cuídate y protégete, para prevenir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la lucha contra la discriminación por esta enfermedad, contando con la participación de 2 mil jóvenes.
La priista Beatriz Vélez Núñez en su intervención no realizó preguntas, pero informó que de acuerdo a cifras del Coneval del 2023, Guerrero se posicionó como la entidad del país con mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de carencias por calidad de espacios de vivienda, así como por acceso a servicios básicos en la vivienda.
Indicó que ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a pobreza y a pobreza extrema, “lo que significa que millones de la población infantil y juvenil carecen de lo más básico para vivir dignamente como la alimentación nutritiva, acceso a la educación y oportunidades de desarrollo”.
Aunque no hubo una pregunta como tal, la secretaria reconoció que “hay altos índices, sobre todo en el tema de matrimonios a temprana edad, el embarazo y el tema de adicciones, pero estamos trabajando de manera colaborativa con varios consejos y nos llevaremos este llamado para proponer estrategias”.

 

La Tarjeta Violeta ayuda a empoderar a las mujeres, dice el secretario del Bienestar

El secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros durante la comparencia en la sala José Francisco Ruiz Massieu ante las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social, de Atención a Adultos Mayores, de Atención a las Personas con Discapacidad y de Vivienda del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Irregularidades en recursos destinados a la Tarjeta Violeta, falta de apoyo a municipios marginados y avances en programas destinados al rezago social, fueron las preguntas recurrentes que los diputados le hicieron secretario del Bienestar estatal, Pablo Gordillo Oliveros, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La comparecencia del funcionario, realizada la mañana del martes, fue ante las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social, de Atención a Adultos Mayores y de Atención a las Personas con Discapacidad y de Vivienda.
Al inició de la comparecencia, en la síntesis de su informe, Gordillo Oliveros informó a los diputados que la Secretaría de Bienestar destinó 300 millones de pesos a programas sociales para mujeres en situación de vulnerabilidad, infancias, pueblos indígenas, afromexicanos, poblaciones LGBTIQ+ y al Fondo de Atención a Periodistas (FAP).
Entre los programas que destacó está la Tarjeta Violeta, para el cual informó que se destinaron 22 millones de pesos para apoyar a 3 mil mujeres con dos mil pesos bimestrales; informó que a través del Programa de Apoyo al Emprendimiento Productivo, impulsaron 307 proyectos de la comunidad LGBTIQ+, con una inversión de 4.75 millones; para el caso de los programas Pensión para el Bienestar de Guerrero y Envejecimiento Digno se invistieron 30.8 millones de pesos para para beneficiar a más de 3 mil personas de la tercera edad.
A través del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), Gordillo Oliveros, informó que se apoyó a 444 periodistas de 31 municipios del estado y que los beneficios incluyen seguros de vida, apoyos para gastos médicos y educación para sus hijos.

“No cuadran los números de la Tarjeta Violeta”

La priista Beatriz Vélez Núñez, discrepó en los cantidades informadas por el secretario en el programa de la Tarjeta Violeta, ya que, explicó, en el informe se indica que “son 3 mil mujeres que bimensualmente reciben dos mil pesos, por lo que al año reciben 12 mil, siendo un total de 36 millones de pesos los que se ejercen para este programa; sin embargo, en el informe sólo se reporta la aplicación de 12 millones, por lo que hay un error en el sentido de que o no son todas las beneficiarias reportadas, o no se están aplicando los recursos correctamente”.
En su respuesta, el secretario explicó que la diferencia en las cantidades fue porque al ser un año electoral el programa inició a operar después de las elecciones, por lo que la cantidad escrita en el informe corresponde a lo entregado después de junio.
“En mi caso me tocó entrar a esta noble dependencia en febrero de este año y prácticamente el proceso en donde pudimos diseñar este gran proyecto y además nos ayudó que se cruzara la veda electoral para poder reformularlo y hacer las reglas de operación, y la convocatoria salió en el mes de junio. Entonces estamos hablando que los bimestres del año fueron mucho menores a un año completo presupuestal, entonces lo que se informó fue lo que llevamos gastado a la fecha que fue de 12 millones y a la fecha de hoy son 22 millones que será todo lo que se va gastar este año, pero fue por año electoral”, respondió el secretario.
Gordillo Oliveros mencionó a la Tarjeta Violeta como uno de los programas más importantes de esta administración y aseguró que con los 2 mil pesos bimestrales se “empodera a las mujeres”.
En su réplica, la priista sugirió al funcionario estatal a destinar más recursos en la generación de empleos que en “dar recursos económicos que no están generando desarrollo económico, pero que sobre todo están haciendo un daño fundamental a los jóvenes”.
Otro de los cuestionamientos fueron los referentes a las estrategias para dotar de servicios básicos a comunidades marginadas, indígenas, afromexicanas y cuál es la estrategia para saber quiénes pueden acceder a uno de los programas sociales de la secretaría.
La perredista Galeana Radilla indicó que Guerrero sigue ocupando los últimos lugares en indicadores de desarrollo social, con un incremento preocupante en carencias relacionadas con el acceso a servicios de salud, educación y vivienda y criticó que no haya coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender el tema.
En su respuesta, Gordillo Oliveros reconoció que aún hay pendientes y retos, pero que también avances en la reducción de la pobreza general y extrema, lograda a través de “una combinación de esfuerzos entre los gobiernos federal y estatal”, y se refirió a programas como Construyendo Bienestar, en la que con una inversión de 163.7 millones de pesos destinados a vivienda y atención a comunidades marginadas.
El funcionario estatal aseguró que para la entrega de los programas la Secretaría del Bienestar utiliza indicadores sociales, como los reportes de Coneval y censos estatales, para identificar localidades con mayor rezago social y priorizar acciones y agregó que se han fortalecido los procesos de supervisión y transparencia para garantizar una distribución equitativa de los recursos.
En cuanto a las becas, el secretario respondió que a través de la Ignacio Manuel Altamirano se apoyaron a 2 mil 137 estudiantes de nivel básico con una inversión de 6.8 millones de pesos.
Gordillo Oliveros resaltó una disminución del 9.6 por ciento de la población en situación de pobreza. “Esto significa que en esta gestión, 190 mil guerrerenses han salido de la pobreza, un avance significativo hacia un Guerrero más justo e inclusivo. Disminuimos también la pobreza moderada en un 6.8 y la pobreza extrema disminuyó en un 12.9”, aseguró.

 

Promoverán Secretaría del Trabajo y cámaras una campaña para erradicar el trabajo infantil

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, durante la comparecencia ante las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la comparencia ante el Congreso del Estado, el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, Luis Armando Baños Rendón, respondió a preguntas de los diputados
sobre las acciones para erradicar el trabajo infantil y cómo se garantiza que los trabajadores cobren el salario mínimo y tengan las prestaciones de ley.
Baños Rendón acudió al Congreso a comparecer ante las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería, como parte de la glosa del tercer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En la síntesis de su informe, Baños Rendón informó a los diputados que mediante el programa de Fomento al Empleo, se vincularon a un trabajo formal a 8 mil 129 guerrerenses. Agregó que en el último año se realizaron 10 ferias de empleo en toda la entidad, en el que se vincularon a una actividad formal a mil 400 personas.
En el tema de la movilidad laboral, el secretario mencionó que se logró vincular a 2 mil 64 personas para irse a trabajar como jornaleros a los estados de Jalisco, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Baja California y Michoacán. Mientras que para el extranjero 2 mil 99 personas se fueron a Estados Unidos, Canadá y Alemania.
Agregó que también se vincularon a mil 521 personas adultas mayores y personas con discapacidad, con lo que, aseguró, se logró una inclusión laboral.

Preocupa el trabajo infantil

El funcionario respondió a preguntas de los diputados en torno a los programas de la Secretaría para fomentar las contrataciones, además de cómo se garantiza que los empleadores cumplan con las prestaciones de ley y qué se hace para combatir el trabajo y la explotación infantil.
El priista Alejandro Bravo Abarca inquirió sobre las acciones que se realizan para prevenir el trabajo infantil. El secretario mencionó que analizan junto con diversas dependencias de gobierno y cámaras de comercio crear una campaña denominada Ola Azul, que consiste en portar un color azul los días 12 de cada mes por concientizar sobre la erradicación del trabajo infantil.
Mencionó que en la dependencia a su cargo están preocupados y que por eso promueven pláticas dirigidas a jornaleros agrícolas y en diversas empresas del estado, donde les recuerdan de los alcances legales que pudieran tener si en las plantillas laborales tienen niños, niñas y adolescentes trabajando en edad no permitida, y se realizan inspecciones en los centros de trabajo.
“Nosotros estamos preocupados, mediante las políticas hemos vuelto a formular y hacer que la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes (CITI) se están coordinando con diversas dependencias y cámaras de comercio para aprobar una campaña denominada Ola Azul para que los días 12 de cada mes se porte un color azul por la lucha para erradicar el trabajo infantil”, explicó el secretario.

Colocaron a más de 4 mil personas en las ferias del empleo

A pregunta de la diputada Gladis Cortés Genchi, del PVEM, sobre las ferias del empleo, respondió que en las diez ferias realizadas en la entidad participaron 13 mil 95 personas, de las cuales 4 mil 94 se lograron colocar.
El morenista Marco Tulio Sánchez Alarcón, preguntó cómo se garantiza que los empleadores otorguen salarios bien remunerados y qué se realiza para prevenir el trabajo infantil.
En la respuesta, Baños Rendón indicó que este año se registraron más de 14 mil 248 personas incorporadas en un empleo formal. Agregó que para conocer el estado de los empleados, la Secretaría realiza inspecciones para garantizar las condiciones labores dignas de los trabajadores y realizan pláticas de concientización para prevenir el trabajo infantil.
La panista Irene Montiel Servín preguntó cuáles son los pendientes de la secretaría las estrategias para disminuir la informalidad y garantizar salarios dignos.
La respuesta fue que se realizan reuniones con empleadores en los que se les exhorta a cumplir con la ley, en cuanto a derechos, prestaciones, salarios y áreas dignas.
Sobre las pendientes, Baños Rendón informó que trabaja en reducir las tasas de informalidad laboral con el apoyo del sector empresarial, se establecen convenios con los municipios para facilitar permisos y licencias a pequeñas empresas, y se busca bajar los impuestos para que estos empleadores puedan invertir ese recurso en seguridad laboral.
Las preguntas siguieron en torno a garantizar la seguridad laboral y qué programas se realizab para bajar las tasas de desempleo. El funcionario respondió que sólo existe en la dependencia un programa, el de Fomento al Pleno, y que tienen subprogramas.
Ante la insistencia de garantizar seguridad laboral, salarios dignos y prestaciones de ley, repitió en varias ocasiones que se realizan llamados a los empleadores para que cumplan con las disposiciones de ley y que las empresas registradas en la Secretaría son formales y cumplen todos los requisitos e inspecciones.

Dejó la minería derrama por 9 mil millones en 2023, informa la titular de la Sefodeco

La titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, durante su comparecencia en la velaría del Congreso del Estado ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería, como parte de la glosa del tercer informe gobierno de Evelyn Salgado Pineda Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La secretaria de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco), Teodora Ramírez Vega, informó a las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería, que la actividad minera representa la segunda actividad económica del estado, la cual dejó en 2023 una derrama económica de 9 mil millones de pesos.
Al comparecer ante el Congreso local, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, la titular de la Sefodeco destacó los avances en los programas de apoyo a emprendedores, pequeñas, medianas empresas, artesanos y los apoyos para reactivar la economía después de las afectaciones por los huracanes Otis y John.
Durante la síntesis de su informe, Ramírez Vega informó que en la actualidad la minería genera en Guerrero 27 mil 599 empleos, y es considerada “la segunda palanca de desarrollo”, con una derrama económica promedio en las localidades y municipios donde operan las unidades mineras de 9 mil millones de pesos anuales.
La funcionaria estatal agregó que los municipios donde están instaladas las empresas mineras son Eduardo Neri, Cocula, Teloloapan y Arcelia, a las que calificó como empresas socialmente responsables, que cuentan con una inversión social superior a los mil millones de pesos destinados a obras y acciones de salud, medio ambiente y proyectos productivos, en 20 localidades de las regiones Norte, Centro y Tierra Caliente.
También informó que a través del Programa de Apoyo a la Certificación de Mezcales Guerrerenses, se apoyó la certificación de 21 fábricas productoras de mezcal de las regiones Centro, Montaña, Norte y Sierra.
Ramírez Vega mencionó que el Registro Empresarial Guerrerense, expidió 144 Certificados de Empresa Guerrerense a igual número de unidades económicas de los sectores industria, comercio y servicios, con domicilios en 17 municipios del estado.
Informó que con una inversión de 2 millones de pesos, se implementó el Programa de Desarrollo Comercial de Productos y Empresas, otorgando 179 apoyos económicos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, destinados al diseño de logotipo, registro de marca, mejora de su envase y etiqueta, obtención de tablas nutrimentales y códigos de barras, así como para la adquisición de material promocional y mejora de su imagen comercial.
Asimismo, el programa de Impulso a la Producción y Comercialización de Artesanías, otorgando 992 apoyos a personas artesanas, de los cuales el 66 por ciento fueron para mujeres, pertenecientes a 30 municipios con vocación artesanal, a través de las vertientes de concursos de arte popular, apoyos a la producción y apoyos a la comercialización.

Transición tras la prohibición a minería a cielo abierto

La priista Beatriz Vélez Núñez, preguntó a Ramírez Vega sobre el estado de fondo minero creado en el 2014, el cual surgió “con la idea de dotar de recursos a las comunidades impactadas por la extracción, recurso que ha quedado disperso en las secretarías de economía, educación pública y hacienda. Sin embargo, recalcó que no hay claridad sobre el uso y destino del fondo minero que, los empresarios aseguran siguen aportando”.
Ramírez Vega respondió que el tema del Fondo Minero es competencia de la federación, lo cual está establecido en la Ley Minera, reformada en el 2023, la cual confiere a la Secretaría de Economía federal atender a dicho sector.
Onformó que ya se trabaja con las mineras para que, de aprobarse la reforma federal que prohíbe la minería a cielo abierto, las empresas del sector que operan en Guerrero puedan realizar dicha transición.
Agregó que el Fondo Minero desapareció con la extinción de los fideicomisos en la administración federal pasada, por lo que ahora las aportaciones de las minas se realizan directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Como es de su conocimiento, en la reforma de la ley minera, se prohibió la minería a cielo abierto, con efectos a partir del 2025, para que ninguna de las minas que operan en Guerrero podrán extraer minerales a cielo abierto y se tendrán que alinear a estas disposiciones. Nosotros visitamos ya las cuatro minas y en el caso de Torex Gold el sector Limón-Guajes estará en operación, en el caso de Equinox, hará lo mismo, en Campo Morado ya tiene extracción subterránea”.
A pregunta de la morenista Glafira Meraza Prudente, sobre los programas y acciones para reactivar la economía, Ramírez Vega mencionó que a través del Programa Emergente para Empresas Afectadas por el Huracán OTIS, se otorgaron 155 créditos con un monto de 400 millones de pesos; el rango de los montos de créditos es de 100 mil hasta 5 millones de pesos, sin pago de intereses, con plazo de pago de hasta de 5 años y 12 meses.
Agregó que para apoyar la reactivación económica de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, se invirtieron 2 millones de pesos, para el programa de Apoyo a Empresas Siniestradas OTIS, otorgando 148 apoyos económicos de 10 mil y 20 mil pesos, a microempresas de los sectores industria, comercio y servicios, contribuyendo a la conservación de 469 empleos, de los cuales, el 58 por ciento fueron para mujeres.
En cuanto a la recuperación económica después de los huracanes, la funcionaria informó que hubo una inversión oficial gubernamental de 61 mil 312 millones de pesos, con los que se realizaron acciones “muy focalizadas para reactivar el impulso de la actividad económica”.
Agregó que para el caso de cuotas a los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social y al Fondo de Vivienda de los trabajadores del Estado, la ayuda representó más de 9 mil millones de pesos.
La exención del pago del servicio eléctrico sumó mil 354 millones de pesos y la exención de impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta, que se les dio a las empresas para el periodo de octubre del 2023 a febrero del 2024, ascendió a 9 mil 100 millones.

Apoyo a mercados

El diputado Victor Hugo Vega Hernández preguntó sobre las acciones que el gobierno del estado realiza para apoyar a los comerciantes de los mercados sido afectados por los incendios.
Recordó las afectaciones en los mercados de Acapulco, provocadas por incendios, “ya que en el informe presentado señalan que con cada mercado renovado, se han abierto oportunidades para que los comerciantes mejoren sus ingresos, fomentando así un comercio local más fuerte, competitivo y equitativo”.
Vega Hernández afirmó que la información referente al tema de la rehabilitación de los mercados “es muy genérica”, y no especifica programas o acciones concretas en dicho rubro.
En su respuesta, Ramírez Vega mencionó que la Sefodeco atendió dos situaciones particulares, “el primero apoyar a los propietarios de locales para que reaperturaran e iniciaran sus operaciones comerciales en el menor tiempo posible, ya que reconocimos representa su principal fuente de empleo y en segudo, el abasto de productos de primera necesidad, evitando la especulación y el incremento injustificado de precios, por ello, con una inversión de 10 millones de pesos se atendieron las situaciones de emergencia como el incendio del Mercado Central de Acapulco, en cual apoyamos a 485 locatarios”.

 

Defiende Anacleta Vega acción del gobierno para recuperar Acapulco y Coyuca tras huracanes

La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta Lo?pez Vega se despide entre bromas y sonrisas de los diputados del PRI, Alejandro Bravo Abarca, Pilar Vadillo Ruiz, Jesu?s Parra García, Beatriz Ve?lez Nu?n?ez y la panista María Irene Montiel Servín, a su salida del pleno del Congreso local a donde fue a comparecer como parte de glosa del tercer informe de gobierno Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Sin datos precisos y sin responder a fondo las preguntas de algunos diputados, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, compareció ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del tercer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Con la presencia de 35 diputados, a las 11:49 de la mañana, inició la sesión de comparecencia de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, la cual duró casi tres, en los que los cuestionamientos de los legisladores se centraron en cómo atienden las manifestaciones de afectados por John, la situación de violencia que prevalece en la entidad y el presupuesto ejercido este 2024.

“Hay gobernabilidad en Guerrero”

Al inicio de la comparecencia, López Vega presentó un resumen en el que, sin dar datos precisos, habló sobre la atención del gobierno estatal durante y después de las emergencias ocasionadas, primero, por el huracán Otis, en 2023, y John este 2024, así como la atención a diversas problemáticas en materia de derechos humanos, agrarias y políticas.
“Durante 11 meses el gobierno del estado trabajó intensamente para recuperar Acapulco, Coyuca de Benítez y comunidades de estos municipios, aunque la respuesta inmediata, y los trabajos de recuperación fueron de manera inmediata, la reconstrucción total llevará tiempo y requerirá un compromiso sostenido y sin haber terminado la reconstrucción por el Otis, Guerrero enfrentó el huracán John que tocó tierra en Marquelia el 23 de septiembre del 2024; este fenómeno provocó por cinco días lluvias intensas que superaron los precedentes en el estado y dejó graves afectaciones”, mencionó López Vega.
Al hablar de los apoyos otorgados, rescate de personas y habilitación de refugios temporales, López Vega no dio datos ni cifras concretas, de manera general mencionó que se apoyó a la población en conjunto con el gobierno federal y el Ejército.
Mencionó que “la Secretaría General de Gobierno, organizada mediante tres subsecretarías, que trabajan de manera articulada para garantizar la gobernabilidad en Guerrero”, las cuales atienden los temas de política interna, manifestaciones y derechos humanos.

Realizan censo para identificar desplazamientos forzados

En la ronda de las participaciones, la priista Pilar Vadillo preguntó sobre las acciones de la Secretaría General de Gobierno para garantizar los derechos de las personas desplazadas, si hay un registro, dónde se puede consultar y si además hay acciones de prevención. La funcionaría mencionó que el gobierno estatal se enfrentan a algunos grupos criminales, como la Familia michoacana, Los Rodríguez y Los Rusos, sin dar a conocer más detalles.
Sobre las personas desplazadas por la violencia, mencionó que ya se realiza un censo en la entidad para identificar el número de víctimas de desplazamiento forzado y tienen detectados casos específicos en los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala y Heliodoro Castillo.
Vadillo Ruiz, en su participación, también criticó que en el informe, no se justificaba el presupuesto ejercido en el periodo señalado, y que más del 90 por ciento de su contenido, fueran acciones realizadas por el gobierno federal.
Ante estos cuestionamientos, López Vega se limitó a decir que le haría llegar a la diputada la información solicitada.

Critica MC el desempeño de López Vega

Otro de los cuestionamientos más repetidos fue el de cómo se atienden a los manifestantes que bloquean calles y carreteras en exigencia de apoyos después de ser afectados por el huracán John.
La emecista Erika Lührs Cortés, expuso: “al momento de hacer estas preguntas hay dos protestas, una Chilpancingo por parte de docentes y otra en Acapulco por afectados del huracán John”. López Vega aseguró que sí se atiende y que la dependencia a su cargo funciona como intermediaria ante el gobierno federal.
Lührs Cortés, en su intervención, mencionó que a López Vega “le queda corto el cargo de encargada de despacho, tomando en cuenta su desempeño, trayectoria y calidad como persona”.
López Vega agregó que en el último año en Guerrero se han atendido mil 300 protestas que indicó en su informe, pero no especificó de qué rubro eran ni cuántas lograron solucionar.
Sobre las protestas, la diputada Lührs Cortés también cuestionó cómo se solucionan. La funcionaria estatal respondió: “Para dar de manera sucinta una respuesta sobre mil 300 manifestaciones que se indican en el desglose, le damos un tratamiento y seguimiento y solución otorgada a cada una de ellas, unas entre las que se consideran no son de nuestra competencia, tenemos todo el informe de los acuerdo a los que se ha llegado en cada uno de los asuntos atendidos y las razones por las cuales otras no se han atendido y las mesas trabajo que han permitido la desactivación de las acciones de protesta, tenemos todas esas acciones y toda la relación de aquellos asuntos que se han desactivado y están en tránsito”, y se comprometió a entregarle los datos concretos a la diputada.
Respecto a la violencia de género, López Vega mencionó el seguimiento a dos alertas decretadas desde 2017 y detalló la localización de 228 personas en protocolos de búsqueda durante el último año, a partir de trabajos iniciados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).

“Se aprendió de Otis para evitar saqueos por John”

El diputado del PRD, Robell Urióstegui Patiño, mencionó que en el informe hay aspectos “que han quedado sin atención o han sido omitidos en su informe, los cuales afectan de manera directa el desempeño de la administración pública, la gobernabilidad y los esfuerzos por la construcción de la paz en Guerrero”.
Uno de los puntos que mencionó preocupante es la falta de coordinación en la preservación de la seguridad pública y el control de los saqueos ocurridos después del paso del huracán Otis.
“Si bien se reportaron esfuerzos de asistencia humanitaria, no se menciona el papel que la Secretaría General de Gobierno debió desempeñar en los primeros momentos posteriores al desastre, en los que el orden social y la protección del patrimonio debieron ser de alta prioridad como sí ocurrió tras impacto del huracán John”, dijo Urióstegui Patiño.
López Vega defendió que sí hay coordinación y que además el caso de Otis ayudó a que durante John hubiera protocolos más efectivos.
El morenista Héctor Suárez Basurto llamó a todos los funcionarios a respetar los principios de la Cuarta transformación, porque aseguró que hay quienes no atienden de manera adecuada las demandas de la población.
Suárez Basurto preguntó a López Vega sobre los principales desafíos y estrategias de la dependencia para garantizar la integridad de defensores sociales y periodistas. La funcionara estatal respondió que el acompañamiento a 12 periodistas y cuatro defensores de derechos humanos que solicitaron apoyo estatal, pero no abundó el porqué ni de qué regiones.
Suárez Basurto también cuestionó sobre qué acciones se deberían de aplicar para abonar a la paz. López Vega indicó que se requerirán planes a mediano y largo plazo, un reforzamiento de la seguridad, y estrategias que incluyeran la participación ciudadana, así como el diseño de políticas para prevenir y que atendieran las causas que originan la violencia.

“Se contribuyó a garantizar derechos humanos”

En su intervención, la encargada de despacho resaltó que la política interna desarrollada en estos tres años del gobierno Evelyn Salgado Pineda fue la de contribuir de manera integral para garantizar los derechos humanos, y atender “de manera extraordinaria la vida, la salud y las necesidades básicas de las y los guerrerenses”. Agregó que el tercer informe se centra en la gobernabilidad, seguridad pública, justicia social y desarrollo comunitario.
“Los datos presentados subrayan el trabajo coordinado de esta Secretaría con instituciones locales, nacionales e internacionales, asociaciones civiles y la población en general, en una sinergia que ha permitido responder de manera ágil y eficaz a las demandas y problemáticas de Guerrero. Este esfuerzo conjunto representa un avance sustancial en la construcción de un estado más seguro, justo y en paz”, sostuvo la funcionaria.

Cambios de gobierno y exámenes de confianza, problemas para la profesionalización de policías

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, informó ante el Congreso local de los problemas para la profesionalización de la policía municipal.
La exposición del secretario, este jueves, fue la única de la glosa del segundo informe de labores que se realizó de manera “privada” a partir de las preguntas y respuestas que harían algunos diputados, y fue la más corta de las exposiciones, de menos de cuatro horas.
En su participación, el funcionario señaló que cada tres años, con el cambio de administración, la mitad de los agentes municipales son dados de baja, y eso afecta la fuerza, los recursos y el esfuerzo invertido por la federación, el gobierno del estado y los propios municipios.
Para garantizar que al término de cada administración municipal los elementos municipales permanezcan en sus empleos como parte de la carrera policial, la SSP comenzó a promover la firma de cartas compromisos, que a la fecha sólo han firmado seis ayuntamientos, el 28 de agosto.
Otro problema es que para el ingreso a las instituciones policiales los aspirantes deben aprobar el Examen de Control de Confianza, pero de diez normalmente dos aprueban, y eso complica la conformación de los cuerpos policiales en los ayuntamientos.
Informó que Guerrero elaboró el Diagnóstico en Materia de Seguridad Pública con Perspectiva Intercultural, en cumplimiento al Acuerdo 05/XLVIII/22, para obtener el certificado único policial (CUP) al 31 de mayo de 2024.
Sin embargo, el diagnóstico fue entregado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que analice la viabilidad de otorgar una constancia de forma permanente tanto para policías municipales, como estatales, y aún se esperan la determinación.

Medidas cautelares a periodistas y defensores de derechos humanos

La SSP indicó que colabora en 225 medidas cautelares en beneficio de defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas o testigos, dictadas por el Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de autoridades electorales y jueces de control.
En su exposición ante la comisión de diputados locales el jueves, antes de que la cerrarán, el secretario Evelio Méndez indicó que se destinaron 210 elementos, 40 patrullas y motopatrullas para cumplir estas 255 medidas, que representó a la Secretaría de Seguridad una disminución del 4.7 por ciento de su estado de fuerza.
En el tema de desplazamiento interno, el informe detalla que en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional brinda seguridad permanente, recorridos y establecimiento de Base de Operaciones Mixtas, en ocho rutas de la Sierra, principalmente, así como en la zona Norte, Costa Chica y Acapulco.
En el municipio de Zihuaquio municipio de Coyuca de Catalán; en Los Bayados, San Antonio de las Tejas y Santa Clara, municipio de Coyuca de Catalán; en Xaltianguis, municipio de Acapulco; en Linda Vista, Plan Verde, los Laureles, Duraznito, Cruz de Ocote y Petlacala, municipio de San Miguel Totolapan; en El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán; en  San Marcos, Pueblo Nuevo, Santa María, La Laguna, el Querengue, Xochitepec y San Felipe de Ocote del municipio de Apaxtla de Castrejón; en El Mirador, Tlacaquipa, Cuaxilotla, del municipio de Cuetzala del Progreso, y Oxtotitlán, municipio de Teloloapan.
Señaló que la policía Cibernética logró eliminar mil 717 páginas web fraudulentas y la desactivación de 262 perfiles, así como la atención de 3 mil 256 incidentes de acoso cibernético, robo de contraseñas, fraude a comercio electrónico, suplantación de identidad, extorsión cibernética, acceso lógico no autorizado, phishing, divulgación no consentida de imágenes o videos sexuales, extorsión de menores, pornografía infantil, corrupción, delitos financieros, códigos maliciosos e intercepción de modificaciones no autorizadas de comunicaciones y 107 investigaciones a solicitud de Ministerios Públicos.
Además de prevenir 30 secuestros virtuales, 497 extorsiones telefónicas y tres casos de privación ilegal de la libertad,

Perdidas, 110 armas bajo resguardo

El funcionario reveló que mil 236 armas de la licencia Oficial Colectiva, 110 tienen reporte de robo o extravío.
De acuerdo con el documento de la SSP, en junio de 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó la Licencia Oficial Colectiva Número 110 al gobierno del estado, por dos años (2023-2025).
En la licencia están incluidos 8 mil 335 agentes de las policías estatal, auxiliar y municipal, estando en proceso de incluirse 589 policías municipales. Aclara que 73 ayuntamientos han firmado sus resguardos de armamento, pero siguen pendientes uno de la región Centro y siete de los nueve de la Tierra Caliente.
En total, hay 8 mil 952 agentes armados en el estado: 4 mil 948 de la policía estatal, mil 337 de la Auxiliar, y 2 mil 697 de la municipal.
Detalla que la licencia maneja 13 mil 729 armas, de las cuales, mil 236 tiene reporte de robo o extraviadas: 147 de la policía estatal, 125 de la auxiliar del estado, y 964 de la policía municipal.
Adelanta que está pendiente de resolución un permiso extraordinario se ha estado solicitando a la Sedena, para adquirir nuevo armamento.
Asimismo, indica que la policía estatal atiende la seguridad pública en siete municipios que no cuentan con policías o se encuentran en proceso de conformación de sus cuerpos policiales: uno de Costa Grande, cinco de zona Norte, uno de la Montaña y uno de zona Centro.
En 13 municipios tienen policías estatales designados como secretarios, directores, subdirectores, a solicitud de las presidencias municipales.
En las evaluaciones de control de confianza, informa que hay un avance de 73.9 por ciento en la Policía Estatal que cuenta con tres mil 545 agentes; de 50.7 por ciento en las policías ministeriales, con un total de 657; de 69.9 por ciento en la Policía de Custodia Penitenciaria, donde hay de 528 trabajadores; y de 47.2 en las corporaciones municipales, donde son 2 mil 813 efectivos.
Para dignificar las condiciones de trabajo de la Estatal, señaló que el pago oportuno de viáticos por 383 millones 356 mil pesos.

Hay 75 empresas de seguridad privada

En el informe la SSP indica que supervisa y verifica los servicios de seguridad privada que prestan de 75 empresas registradas en el registro estatal y federal, a fin de que cumplan con la autorización respectiva y las disposiciones legales y administrativas, en beneficio de las personas físicas o morales usuarias de los servicios.
Del Protocolo Violeta, emblemático del gobierno estatal, destacó la efectividad del 94 por ciento, porque impacta en la disminución del feminidio. Aseguró que el estado presenta una reducción en este delito, por lo que ahora ocupa el lugar 29 en el país, con tasa de 1.98, mientras que la media nacional es de 3.53 por cada 100 mil habitantes.
Explicó que las causas por las que en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos Guerrero está repobrado “son principalmente por ser casas habilitadas como centros penitenciarios que tienen más de 30 años de construcción, es decir no cuentan con una adecuada infraestructura; además de no contar con suficiente personal especializado y equipamiento”, y tratan de atender las recomendaciones.
Consultado por telefóno sobre la comparecencia, el diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, indicó que está trabajando según el plan nacional y está cumpliendo con su trabajo.
“Le falta personal, pero ellos con lo que tiene están trabajando, y tienen certificar más agentes”.

 

El impacto de Otis rebasó las previsiones, sostiene el secretario de Protección Civil

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus durante su comparecencia ante comisiones del Congreso local en la sala José Francisco Ruiz Massieu como parte de la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, afirmó que era imposible evacuar en tres o cuatro horas a casi un millón de personas de Acapulco, ante el inminente impacto del huracán Otis, hace un mes, y lo mejor que pudo ocurrir fue el resguardo de la población en sus viviendas. Incluso, reveló que refugios que no fueron ocupados resultaron destruidos.
En la glosa del segundo informe de gobierno ante diputados en la sala José Francisco Ruiz Massieu, indicó que en adelante será necesario mejorar la estructura urbana, sobre todo en el sector turístico, y en la instalación de espectaculares, para resistir los embates de los fuertes vientos de fenómenos meteorológicos como éste, que pueden repetirse.
“Fue insuficiente e inapropiado el sistema que era normal para tiempos anteriores, pero ahora con los huracanes de este tipo que pudieran ser más recurrentes, pudiera requerirse algo similar como lo que se está haciendo en Cancún, en el Golfo de México, para resistir estos embates. Lo vamos a tener que hacer, va a ser obligatorio, vamos a hacer un esfuerzo para que se cambie, como una norma emergente, que se cambien los sistemas de fijación y se mejore la calidad de los espectaculares”.
Arroyo Matus añadió que tampoco puede haber hoteles sin seguros contra desastres.

Las advertencias de la Secretaría

Tras defender la actuación del gobierno estatal y federal frente a las afectaciones del huracán, la diputada de Morena, Beatriz Mojica Morga, señaló que aunque Acapulco está destrozado, la cantidad de muertos es mucho menor a otros fenómenos que tuvieron menor impacto en la destrucción.
Llamó a mirar hacia el futuro para mejorar las condiciones: que se hagan mejores viviendas, que haya mayor atención al medio ambiente, que se generen lineamientos estrictos de construcción “ya no podemos seguir con los espectaculares que cayeron en las casas, mucha gente le cayó un espectacular encima, la lámina cortó la cabeza a unas personas; tenemos que plantearnos otras cosas”.
La diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, insistió en que, si hubiera habido alertas tempranas y apropiadas muchas personas seguirán con vida, o hubiera protegido las cosas que han construido con mucho esfuerzo.
El funcionario precisó que horas antes del impacto del huracán en Guerrero, el gobierno del estado se coordinó con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, pero la condición del meteoro rebasó todas las expectativas.
Aclaró que a las 6:30 de la tarde del 24 de octubre, se estimaba que el huracán Otis tocaría tierra entre Atoyac y Tecpan de Galeana, y en cuatro horas cambió su ruta hacia Acapulco “superó todas las expectativas, hay una destrucción enorme”.
En otro momento, puntualizó que “se ha comentado que se pudo haber evacuado la población de Acapulco, (pero) sería un imposible, a las 18 horas era categoría 4 apuntando a Tetitlán (en Tecpan de Galeana), y básicamente en pocas horas se transformó en fenómeno extraordinario, devastador… evacuar a las personas en tres o cuatro horas es imposible, a casi un millón de personas no se puede desplazar en tres horas, es completamente impensable, lo mejor que pudo hacer la población fue resguardarse en sus viviendas”.
Informó que hubo 70 acciones de información: se emitieron diez boletines generales a través del Centro de Alertamiento; cinco días antes se emitieron 28 boletines especiales, dos oficios urgentes extendidos a los 81 alcaldes y al Consejo Estatal Protección Civil, y desde el 22 de octubre comenzó la campaña de alertamiento y difusión para municipios, y se activaron todos los protocolos en el Sistema Estatal de Protección Civil.
Además de los mensajes de alertamientos en redes sociales, para las personas que no acostumbran a escuchar los medios masivos, indicó que hubo perifoneo en varias zonas, de donde la gente se retiró más tarde.
Señaló que es una visión errónea decir que no se dio aviso a tiempo a la ciudadanía, porque el personal se arriesgó y sigue arriesgando la vida.
“Ayer dos alacranes le picaron a un comandante (cuando) seccionaba una palma, a pesar de la experiencia del personal, hubo dos accidentes con motosierras. Han seleccionado tres mil árboles en cuatro o cinco partes, para poder llevarlo a los escombros, o a un lugar de reciclaje si es posible”.

Necesarias, más estaciones meteorológicas

Del PRD, Jennyfer García Lucena, cuestionó si es suficiente la inversión aplicada en mantenimiento preventivo de estaciones, repetidores y puestos centrales que conforman el Sistema de Alerta Hidrometeorológico de Acapulco, y sobre el monto estimado para la reconstrucción.
El funcionario indicó que la estación meteorológica de Acapulco, con medidores de velocidad del viento y de precipitaciones, fue suficiente para alertar a la población. Sin embargo, reconoció que además del seguimiento satelital, se necesitan más estaciones meteorológicas en todo el estado para la prevención de desastres.
Sobre el fin de la declaratoria de emergencia que decretó la Comisión Nacional Protección Civil (CNPC), con base en protocolos, precisó que no es necesario tenerlo donde no hay lesionados, y la temporalidad del mecanismo es de máximo ocho días, y ahora está en la etapa de recuperación.
Señaló que la estrategia para volver a la normalidad está operando, y una cantidad importante de hoteles y casas de huéspedes que tuvieron daños menores, pero los de gran altura de la zona Diamante podrían tener un avance al término de este año.
Sobre el costo de las afectaciones, mencionó que hay estimaciones de diferentes medios por el orden de 65 mil millones de dólares, pero el gobierno del estado aún no determina el monto real.
Destacó la promesa del gobierno federal para tratar de reconstruir lo antes posible los municipios Acapulco y Coyuca de Benítez.
Informó que los inspectores reportaron alrededor de 450 palapas perdidas, prácticamente total de las instaladas. Incluso, mencionó que, desde el Centro de Mando instalado por Otis en las instalaciones de la Marina, “a 50 metros de la playa, veíamos cómo volaban las palapas, fue con mayor intensidad en la Zona Diamante y en Pie de la Cuesta”.

Sobre la declaratoria
de emergencia

La diputada del PRD, Patricia Doroteo Calderón, pidió saber la proyección de riesgos en Guerrero, y por qué 45 municipios de Guerrero fueron eliminados de la declaratoria de desastre original, tras Otis.
Arroyo Matus aclaró que el gobierno estatal hizo todo lo posible por incluir en la declaratoria de emergencia del huracán Otis a 47 municipios, pero la Comisión Nacional de Agua Potable (Conagua) verificó los niveles de precipitación y vientos y consideró que sólo era justificada en Acapulco y Coyuca de Benítez.
Reconoció que hay comunidades con daños en que no se ha podido hacer llegar la ayuda, de 50 a cien familias, y están buscando los mecanismos para atenderlas.
Informó que están en proceso de consolidación el atlas de riesgo del estado, que al momento tiene 60 capas de información respecto a diferentes fenómenos naturales en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgo.
Detalló que en Acapulco tienen estaciones meteorológicas pero faltan en todo el estado, incluso dijo que debía hacer una en Costera  para observar de forma apropiada los cambios de los fenómenos meteorológicos para dar los avisos.
Consideró  que el Fondo Solidario de Contingencias Naturales para el estado de Guerrero es suficiente, porque la atención a los desastres naturales nunca va a alcanzar, como en este caso.
Explicó que buena parte del PIB de México será destinado a la reconstrucción e infraestructura, “perdimos la casa de la Cultura, y muchas obras de arte, comentar que las normas para las estructuras deben cambiar de manera drástica para que no ocurra una tragedia de este tipo”.
Asimismo, señaló que la Secretaría a su cargo opera con recursos y equipo insuficiente, toda vez que requieren al menos el doble de personal e instrumentos para prevención y actuación, como el atlas de riesgo.
Dijo que alrededor de 300 elementos operativos y unos 20 administrativos, llamó a los diputados a considerar la posibilidad de incrementar el número de trabajadores de la dependencia.
Pidió al Congreso local que analicenlas propuestas señaladas en el presupuesto del 2024, que incluye 20 millones de pesos para la adquisición de equipo especial para integrar el atlas de riesgo, y 56 millones de pesos para una red acelerográfica para monitoreo de sismos y de lluvias.

 

Reubicar Petacalco, medida drástica para evitar la contaminación, propone el titular de Semaren

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la glosa del segundo informe de gobierno, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez, señaló que, ante la contaminación que genera la termoeléctrica Plutarco Elías Calles en el municipio de La Unión, una alternativa drástica es la reubicación del poblado Petacalco.
El titular de Semaren compareció ante una reunión de diputados, en la sala José Francisco Ruiz Massieu, junto con el secetario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SPC), Roberto Arroyo Matus.
En respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron, dijo que ya recibió el monitoreo atmosférico que solicitaron al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC), un estudio que se realizó durante un mes, de abril a mayo, que confirma la contaminación por monóxido de carbono en Petacalco.
“Nos hemos reunido con los pescadores y hemos propuesto a la CFE alternativas para cambiar de combustoleo a gas, que es menos contaminante en la producción de electricidad. No lo han hecho porque significa millones de pesos y no tienen dinero para hacerlo”.
Otra “alternativa drástica”, dijo, es reubicar a Petacalco a una distancia “donde la contaminacion emitida desde las chimeneas no caiga sobre la población, que sí esta afectado a la salud de habitantes”.
Añadió que también solicitaron a la Secertaría de Salud estatal un estudio sobre las enfermedades de los habitantes, porque hay manifestaciones de problemas respiratorios, incluso de cáncer. Confirmó que el monóxido de carbono afecta el corazón, cebrero y sistema nervioso.
Aclaró que si la CFE no tiende las recomendaciones, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que la paraestatal cambié el tipo de combustible que usa en la termoelectrica o que se reubique a la población.
Aunque los gases no sólo afectan a los humanos, también a los peces y cultivos, “está cambiando el PH del agua y los peces no se reproducen como debe ser. En los cultivos, se obstruye la fotosíntesis, por lo que no hay floración adecuada”.
Entre otros temas, Almazán indicó que Guerrero tiene una Ley de Cambio Climático, que no se puede implementar porque todavía no hay un reglamento.
De la tala ilegal, indicó que la dependencia sólo es normativa, no aplica sanciones. Y dijo que las descargas de aguas negras al mar son sancionadas por Semarnat y el municipio o a la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propeg) ve las alcantarillas.
Aseguró que no fue consultado sobre la investigación de las irregularidades en la administración del Zoochilpan, que fueron denunciadas el año pasado, así como por negligencia médica y tráfico ilgeal de especies.
En declaraciones a reporteros, indicó que espera el dictamen final de la Contraloría de Transparencia y Contraloría Gubernamental, y se tendría que acatar todo lo que establezca esta dependencia.
Recordó que la Profepa y la Auditoría Superior del Estado intervinieron y emitieron recomoendaciones, mismas que se han atendido para sanear e impulsar Zoochilpan, con programas de manejo al “nivel de los zoológicos modernos”.