La salida del capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez de la Secretaría de Seguridad Pública estatal es el cuarto movimiento de mandos militares en el estado en lo que va del mes.
El 17 de enero tomó protesta el almirante de infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, José Manuel Salinas Pérez como nuevo vicealmirante de la Décimo Segunda Región Naval en Acapulco en sustitución Alfredo Hernández Suárez,
El 16 de enero tomó posesión al cargo y protesta de bandera el comisario Jefe de la Guardia Nacional, el general brigadier Víctor Fernández Mondragón como Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado en sustitución de Luis Valentín Iglesias.
En tanto que el 5 de enero el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Sergio Ángel Sánchez García tomó posesión como comandante del mando especial de la Guardia Nacional en Acapulco, cargo de nueva creación tras el huracán Otis cuando se han desplegado 10 mil elementos de esa corporación en la ciudad.
Méndez Gómez deja la dependencia en un ambiente de violencia e inseguridad en el estado, sobre todo en Taxco, en la zona Centro, Acapulco, Zihuatanejo y en la Sierra, donde durante la actual administración la Policía Estatal ha sido señalada de tener vínculos con el grupo delictivo de la Familia Michoacana que va ampliando su área de acción hacia la zona Norte, Costa Grande y zona Centro.
El 28 de enero del año pasado, un mando y un agente de la Policía estatal fueron asesinados junto a otros tres civiles por vecinos de El Parotal, en la sierra de Petatlán, quienes identificaron a las otras tres víctimas como integrantes de la Familia Michoacana que iban en el mismo convoy de la Policía Estatal.
El mando asesinado fue Jaime Téllez Ruiz, quien recientemente había sido nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y ese día encabezaba a otros 32 policías estatales que fueron retenidos durante 18 horas, y los liberaron por la intervención de funcionarios del gobierno del estado que prometieron pacificar la zona.
Según una nota de El Sur, el 19 de marzo del año pasado, 40 comisarios municipales que se reunieron en Pericotepec, municipio de San Miguel Totolapan, localidad que colinda con el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), denunciaron en asamblea que la Policía Estatal está vinculada con la Familia Michoacana.
El 23 de marzo, del mismo año pasado, pobladores de la sierra de San Miguel Totolapan informaron a El Sur que llevaban dos semanas enfrentándose a balazos con la Familia Michoacana que pretendía tomar las comunidades “con ayuda de las autoridades estatales”.
En asamblea más de 40 comisarios de los ejidos de Coronillas, Linda Vista y la Ciénega de Puerto Alegre denunciaron que la Policía Estatal “está ayudando al avance de la Familia Michoacana”.
El 15 de agosto se reportó que soldados del Ejército fueron emboscados en El Parazal en la sierra de Petatlán, donde murió un cabo del 75 Batallón de Infantería.
El 16 de agosto sicarios del grupo criminal Los Jaleacos, tomaron el pueblo de Coacoyulillo de la sierra de Chilpancingo. La versión fue que al menos 100 hombres fuertemente armados llegaron de noche a la comunidad destruyendo las antenas que dan señal de Internet para evitar que la gente denunciara.
El mismo día, vecinos reportaron que la Familia Michoacana arrojó granadas desde drones en El Caracol, municipio de Apaxtla.
Denunciaron que después soldados y policías catearon casas, robaron cosas de valor y causaron daños en Banco Nuevo y Parotitas
En aparente respuesta a la emboscada del 16 de agosto en El Parazal, en la que murió un soldado, 16 pobladores de cuatro comunidades de la sierra de Petatlán denunciaron que soldados del Ejército y la Policía Estatal entraron a Banco Nuevo y a Parotitas, y catearon y causaron daños en seis casas y en un centro de salud, rompieron puertas y robaron las pertenencias de valor de las familias.
Informaron que los militares del 75 Batallón de Infantería con sede en Petatlán y del 109 Batallón que tiene su cuartel en Atoyac, llegaron con policías estatales y dijeron que buscaban armas pero no encontraron en ninguna vivienda.
Además, la salida de Evelio Méndez Gómez, es el cuarto cambio en el gabinete de Evelyn Salgado.
El 24 de enero del 2022, el ahora delegado especial para la sierra, Saúl López Sollano, quien fue el primer secretario de Gobierno en la actual administración fue sustituido por Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
El 3 de agosto fue nombrado secretario de Planeación y Desarro-llo Regional René Vargas Pineda en sustitución de Verónica Olimpia Sevilla Muñoz. El 9 de noviembre, Jorge Peto Calderón fue destituido de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y se nombró a Alejandro Zepeda Castorena en su lugar. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
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Cambios de gobierno y exámenes de confianza, problemas para la profesionalización de policías
Lourdes Chávez
Chilpancingo
En la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, informó ante el Congreso local de los problemas para la profesionalización de la policía municipal.
La exposición del secretario, este jueves, fue la única de la glosa del segundo informe de labores que se realizó de manera “privada” a partir de las preguntas y respuestas que harían algunos diputados, y fue la más corta de las exposiciones, de menos de cuatro horas.
En su participación, el funcionario señaló que cada tres años, con el cambio de administración, la mitad de los agentes municipales son dados de baja, y eso afecta la fuerza, los recursos y el esfuerzo invertido por la federación, el gobierno del estado y los propios municipios.
Para garantizar que al término de cada administración municipal los elementos municipales permanezcan en sus empleos como parte de la carrera policial, la SSP comenzó a promover la firma de cartas compromisos, que a la fecha sólo han firmado seis ayuntamientos, el 28 de agosto.
Otro problema es que para el ingreso a las instituciones policiales los aspirantes deben aprobar el Examen de Control de Confianza, pero de diez normalmente dos aprueban, y eso complica la conformación de los cuerpos policiales en los ayuntamientos.
Informó que Guerrero elaboró el Diagnóstico en Materia de Seguridad Pública con Perspectiva Intercultural, en cumplimiento al Acuerdo 05/XLVIII/22, para obtener el certificado único policial (CUP) al 31 de mayo de 2024.
Sin embargo, el diagnóstico fue entregado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que analice la viabilidad de otorgar una constancia de forma permanente tanto para policías municipales, como estatales, y aún se esperan la determinación.
Medidas cautelares a periodistas y defensores de derechos humanos
La SSP indicó que colabora en 225 medidas cautelares en beneficio de defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas o testigos, dictadas por el Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de autoridades electorales y jueces de control.
En su exposición ante la comisión de diputados locales el jueves, antes de que la cerrarán, el secretario Evelio Méndez indicó que se destinaron 210 elementos, 40 patrullas y motopatrullas para cumplir estas 255 medidas, que representó a la Secretaría de Seguridad una disminución del 4.7 por ciento de su estado de fuerza.
En el tema de desplazamiento interno, el informe detalla que en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional brinda seguridad permanente, recorridos y establecimiento de Base de Operaciones Mixtas, en ocho rutas de la Sierra, principalmente, así como en la zona Norte, Costa Chica y Acapulco.
En el municipio de Zihuaquio municipio de Coyuca de Catalán; en Los Bayados, San Antonio de las Tejas y Santa Clara, municipio de Coyuca de Catalán; en Xaltianguis, municipio de Acapulco; en Linda Vista, Plan Verde, los Laureles, Duraznito, Cruz de Ocote y Petlacala, municipio de San Miguel Totolapan; en El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán; en San Marcos, Pueblo Nuevo, Santa María, La Laguna, el Querengue, Xochitepec y San Felipe de Ocote del municipio de Apaxtla de Castrejón; en El Mirador, Tlacaquipa, Cuaxilotla, del municipio de Cuetzala del Progreso, y Oxtotitlán, municipio de Teloloapan.
Señaló que la policía Cibernética logró eliminar mil 717 páginas web fraudulentas y la desactivación de 262 perfiles, así como la atención de 3 mil 256 incidentes de acoso cibernético, robo de contraseñas, fraude a comercio electrónico, suplantación de identidad, extorsión cibernética, acceso lógico no autorizado, phishing, divulgación no consentida de imágenes o videos sexuales, extorsión de menores, pornografía infantil, corrupción, delitos financieros, códigos maliciosos e intercepción de modificaciones no autorizadas de comunicaciones y 107 investigaciones a solicitud de Ministerios Públicos.
Además de prevenir 30 secuestros virtuales, 497 extorsiones telefónicas y tres casos de privación ilegal de la libertad,
Perdidas, 110 armas bajo resguardo
El funcionario reveló que mil 236 armas de la licencia Oficial Colectiva, 110 tienen reporte de robo o extravío.
De acuerdo con el documento de la SSP, en junio de 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó la Licencia Oficial Colectiva Número 110 al gobierno del estado, por dos años (2023-2025).
En la licencia están incluidos 8 mil 335 agentes de las policías estatal, auxiliar y municipal, estando en proceso de incluirse 589 policías municipales. Aclara que 73 ayuntamientos han firmado sus resguardos de armamento, pero siguen pendientes uno de la región Centro y siete de los nueve de la Tierra Caliente.
En total, hay 8 mil 952 agentes armados en el estado: 4 mil 948 de la policía estatal, mil 337 de la Auxiliar, y 2 mil 697 de la municipal.
Detalla que la licencia maneja 13 mil 729 armas, de las cuales, mil 236 tiene reporte de robo o extraviadas: 147 de la policía estatal, 125 de la auxiliar del estado, y 964 de la policía municipal.
Adelanta que está pendiente de resolución un permiso extraordinario se ha estado solicitando a la Sedena, para adquirir nuevo armamento.
Asimismo, indica que la policía estatal atiende la seguridad pública en siete municipios que no cuentan con policías o se encuentran en proceso de conformación de sus cuerpos policiales: uno de Costa Grande, cinco de zona Norte, uno de la Montaña y uno de zona Centro.
En 13 municipios tienen policías estatales designados como secretarios, directores, subdirectores, a solicitud de las presidencias municipales.
En las evaluaciones de control de confianza, informa que hay un avance de 73.9 por ciento en la Policía Estatal que cuenta con tres mil 545 agentes; de 50.7 por ciento en las policías ministeriales, con un total de 657; de 69.9 por ciento en la Policía de Custodia Penitenciaria, donde hay de 528 trabajadores; y de 47.2 en las corporaciones municipales, donde son 2 mil 813 efectivos.
Para dignificar las condiciones de trabajo de la Estatal, señaló que el pago oportuno de viáticos por 383 millones 356 mil pesos.
Hay 75 empresas de seguridad privada
En el informe la SSP indica que supervisa y verifica los servicios de seguridad privada que prestan de 75 empresas registradas en el registro estatal y federal, a fin de que cumplan con la autorización respectiva y las disposiciones legales y administrativas, en beneficio de las personas físicas o morales usuarias de los servicios.
Del Protocolo Violeta, emblemático del gobierno estatal, destacó la efectividad del 94 por ciento, porque impacta en la disminución del feminidio. Aseguró que el estado presenta una reducción en este delito, por lo que ahora ocupa el lugar 29 en el país, con tasa de 1.98, mientras que la media nacional es de 3.53 por cada 100 mil habitantes.
Explicó que las causas por las que en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos Guerrero está repobrado “son principalmente por ser casas habilitadas como centros penitenciarios que tienen más de 30 años de construcción, es decir no cuentan con una adecuada infraestructura; además de no contar con suficiente personal especializado y equipamiento”, y tratan de atender las recomendaciones.
Consultado por telefóno sobre la comparecencia, el diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, indicó que está trabajando según el plan nacional y está cumpliendo con su trabajo.
“Le falta personal, pero ellos con lo que tiene están trabajando, y tienen certificar más agentes”.