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Piden alumnos de la Universidad del Bienestar en Huitzuco que les ayude la directora general

Alejandro Guerrero

Iguala

Los 17 jóvenes que fueron dados de baja de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez de Huitzuco, solicitaron la intervención de la directora general, Raquel de la Luz Sosa Elizalde, para que sean reincorporados a sus estudios en la carrera de Enfermería y Obstetricia.
Este martes, los jóvenes denunciaron que no se presentó el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, a la reunión que les ofreció ante su protesta.
Anoche, una alumna afectada informó por teléfono que una comisión de alumnos se trasladará este miércoles a Acapulco, con la intención de entregar una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en este conflicto, que puedan retomar sus clases y que sigan recibiendo la beca que también les retiraron.
El lunes, durante la protesta que realizaron en la carretera a Iguala, en la comunidad de Atetetla, que es donde se construyen las instalaciones de la universidad, los alumnos inconformes informaron que en una llamada telefónica que enlazó el alcalde morenista Eder Nájera Nájera con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, éste les ofreció tener una reunión para este martes a las 10 de la mañana, en la presidencia municipal de Huitzuco.
Sin embargo, después de las 3 de la tarde, una de las alumnas afectada, Abigail Castrejón, informó vía telefónica que el funcionario estatal no se presentó y que tampoco avisó que no estaría, lo que causó molestia entre los muchachos, pues algunos se tuvieron que desplazar de su ciudad de origen o comunidades.
En su lugar, dijo, tuvieron la reunión con el alcalde Nájera Nájera, quien sólo les ofreció asesoría y acompañamiento jurídico de su gobierno, ante la intención de los alumnos de recurrir a un amparo.
Asimismo, mediante un oficio con las firmas de los afectados, dirigido a la directora general de las universidades del Bienestar, Raquel Sosa, le piden su intervención y que se reconsidere la determinación por la que se les dio de baja de la escuela, sin previa notificación, y se les reincorpore a la brevedad posible.
Le dicen que, para ellos, el cursar esta carrera en la universidad Benito Juárez “es la única alternativa que tenemos para salir adelante con nuestras familias”, y señalan que impedirles que continúen con sus estudios, en los que ya invirtieron un año, coarta su derecho humano a la educación.
También le solicitan a la funcionaria federal que haga una investigación “exhaustiva” sobre la actual coordinadora de este plantel, Lucía González Castrejón, quien de acuerdo con los inconformes “no actúa con el liderazgo y la responsabilidad que requiere la institución, para poder consolidar su crecimiento y su presencia en esta etapa de creación”.

 

Cambios de gobierno y exámenes de confianza, problemas para la profesionalización de policías

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la glosa del segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, informó ante el Congreso local de los problemas para la profesionalización de la policía municipal.
La exposición del secretario, este jueves, fue la única de la glosa del segundo informe de labores que se realizó de manera “privada” a partir de las preguntas y respuestas que harían algunos diputados, y fue la más corta de las exposiciones, de menos de cuatro horas.
En su participación, el funcionario señaló que cada tres años, con el cambio de administración, la mitad de los agentes municipales son dados de baja, y eso afecta la fuerza, los recursos y el esfuerzo invertido por la federación, el gobierno del estado y los propios municipios.
Para garantizar que al término de cada administración municipal los elementos municipales permanezcan en sus empleos como parte de la carrera policial, la SSP comenzó a promover la firma de cartas compromisos, que a la fecha sólo han firmado seis ayuntamientos, el 28 de agosto.
Otro problema es que para el ingreso a las instituciones policiales los aspirantes deben aprobar el Examen de Control de Confianza, pero de diez normalmente dos aprueban, y eso complica la conformación de los cuerpos policiales en los ayuntamientos.
Informó que Guerrero elaboró el Diagnóstico en Materia de Seguridad Pública con Perspectiva Intercultural, en cumplimiento al Acuerdo 05/XLVIII/22, para obtener el certificado único policial (CUP) al 31 de mayo de 2024.
Sin embargo, el diagnóstico fue entregado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que analice la viabilidad de otorgar una constancia de forma permanente tanto para policías municipales, como estatales, y aún se esperan la determinación.

Medidas cautelares a periodistas y defensores de derechos humanos

La SSP indicó que colabora en 225 medidas cautelares en beneficio de defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas o testigos, dictadas por el Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de autoridades electorales y jueces de control.
En su exposición ante la comisión de diputados locales el jueves, antes de que la cerrarán, el secretario Evelio Méndez indicó que se destinaron 210 elementos, 40 patrullas y motopatrullas para cumplir estas 255 medidas, que representó a la Secretaría de Seguridad una disminución del 4.7 por ciento de su estado de fuerza.
En el tema de desplazamiento interno, el informe detalla que en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional brinda seguridad permanente, recorridos y establecimiento de Base de Operaciones Mixtas, en ocho rutas de la Sierra, principalmente, así como en la zona Norte, Costa Chica y Acapulco.
En el municipio de Zihuaquio municipio de Coyuca de Catalán; en Los Bayados, San Antonio de las Tejas y Santa Clara, municipio de Coyuca de Catalán; en Xaltianguis, municipio de Acapulco; en Linda Vista, Plan Verde, los Laureles, Duraznito, Cruz de Ocote y Petlacala, municipio de San Miguel Totolapan; en El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán; en  San Marcos, Pueblo Nuevo, Santa María, La Laguna, el Querengue, Xochitepec y San Felipe de Ocote del municipio de Apaxtla de Castrejón; en El Mirador, Tlacaquipa, Cuaxilotla, del municipio de Cuetzala del Progreso, y Oxtotitlán, municipio de Teloloapan.
Señaló que la policía Cibernética logró eliminar mil 717 páginas web fraudulentas y la desactivación de 262 perfiles, así como la atención de 3 mil 256 incidentes de acoso cibernético, robo de contraseñas, fraude a comercio electrónico, suplantación de identidad, extorsión cibernética, acceso lógico no autorizado, phishing, divulgación no consentida de imágenes o videos sexuales, extorsión de menores, pornografía infantil, corrupción, delitos financieros, códigos maliciosos e intercepción de modificaciones no autorizadas de comunicaciones y 107 investigaciones a solicitud de Ministerios Públicos.
Además de prevenir 30 secuestros virtuales, 497 extorsiones telefónicas y tres casos de privación ilegal de la libertad,

Perdidas, 110 armas bajo resguardo

El funcionario reveló que mil 236 armas de la licencia Oficial Colectiva, 110 tienen reporte de robo o extravío.
De acuerdo con el documento de la SSP, en junio de 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó la Licencia Oficial Colectiva Número 110 al gobierno del estado, por dos años (2023-2025).
En la licencia están incluidos 8 mil 335 agentes de las policías estatal, auxiliar y municipal, estando en proceso de incluirse 589 policías municipales. Aclara que 73 ayuntamientos han firmado sus resguardos de armamento, pero siguen pendientes uno de la región Centro y siete de los nueve de la Tierra Caliente.
En total, hay 8 mil 952 agentes armados en el estado: 4 mil 948 de la policía estatal, mil 337 de la Auxiliar, y 2 mil 697 de la municipal.
Detalla que la licencia maneja 13 mil 729 armas, de las cuales, mil 236 tiene reporte de robo o extraviadas: 147 de la policía estatal, 125 de la auxiliar del estado, y 964 de la policía municipal.
Adelanta que está pendiente de resolución un permiso extraordinario se ha estado solicitando a la Sedena, para adquirir nuevo armamento.
Asimismo, indica que la policía estatal atiende la seguridad pública en siete municipios que no cuentan con policías o se encuentran en proceso de conformación de sus cuerpos policiales: uno de Costa Grande, cinco de zona Norte, uno de la Montaña y uno de zona Centro.
En 13 municipios tienen policías estatales designados como secretarios, directores, subdirectores, a solicitud de las presidencias municipales.
En las evaluaciones de control de confianza, informa que hay un avance de 73.9 por ciento en la Policía Estatal que cuenta con tres mil 545 agentes; de 50.7 por ciento en las policías ministeriales, con un total de 657; de 69.9 por ciento en la Policía de Custodia Penitenciaria, donde hay de 528 trabajadores; y de 47.2 en las corporaciones municipales, donde son 2 mil 813 efectivos.
Para dignificar las condiciones de trabajo de la Estatal, señaló que el pago oportuno de viáticos por 383 millones 356 mil pesos.

Hay 75 empresas de seguridad privada

En el informe la SSP indica que supervisa y verifica los servicios de seguridad privada que prestan de 75 empresas registradas en el registro estatal y federal, a fin de que cumplan con la autorización respectiva y las disposiciones legales y administrativas, en beneficio de las personas físicas o morales usuarias de los servicios.
Del Protocolo Violeta, emblemático del gobierno estatal, destacó la efectividad del 94 por ciento, porque impacta en la disminución del feminidio. Aseguró que el estado presenta una reducción en este delito, por lo que ahora ocupa el lugar 29 en el país, con tasa de 1.98, mientras que la media nacional es de 3.53 por cada 100 mil habitantes.
Explicó que las causas por las que en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos Guerrero está repobrado “son principalmente por ser casas habilitadas como centros penitenciarios que tienen más de 30 años de construcción, es decir no cuentan con una adecuada infraestructura; además de no contar con suficiente personal especializado y equipamiento”, y tratan de atender las recomendaciones.
Consultado por telefóno sobre la comparecencia, el diputado del PRD, Raymundo García Gutiérrez, indicó que está trabajando según el plan nacional y está cumpliendo con su trabajo.
“Le falta personal, pero ellos con lo que tiene están trabajando, y tienen certificar más agentes”.

 

Injusto, el criterio para los despidos, se quejan policías que fueron dados de baja




Oficiales de Tránsito, preventivos y ecológicos que fueron despedidos de la Secretaría de Protección y Vialidad, como parte de las 100 bajas que anunció el presidente municipal Félix Salgado, señalaron que los criterios no fueron justos.
Ayer, 80 agentes de Tránsito, de la Ecológica y la Preventiva, del Escuadrón de Motociclistas y de la área administrativa se congregaron afuera de la SPV para saber la razón de su despido.
Allí amenazaron con llevar a cabo hoy martes un “mega paro laboral”, según un volante que se repartió a discreción entre los mismos policías, el cual indica: “exige tus derechos, lucha por el bienestar de tu familia, nos están despidiendo sin causa alguna, el próximo puedes ser tú” y convoca a una reunión a las 2 de la tarde.
Algunos inconformes explicaron que laboraron por un mes sin que sus jefes les informaran de sus bajas, incluso sus mandos seguían dándoles órdenes. La mayoría aseguraba que desconocía el motivo de su baja.
“Había amenazas”, “Ningún comunicado oficial”, “Estamos desconcertados”, “Sorprende la actitud de los funcionarios”, “Recurriremos a las instancias legales”, “La actitud de Félix sorprende”, eran las expresiones de los quejosos.
Algunos efectivos acudieron a la Dirección de Recursos Humanos, donde un empleado les informó que fueron liquidados porque el Ayuntamiento no cuenta con recursos para pagar sus salarios.
Uno de los policías reveló que algunos de sus compañeros anunciaron que demandarían, pero que el empleado les aconsejó que aceptaran la liquidación porque es conforme a la ley y no les convenía pagar un abogado.
El mismo oficial dijo que la condición que les pusieron para recibir sus salarios que no devengaron es que firmen su renuncia.
Por su parte, ex empleados que aceptaron esa condición explicaron que el documento indica que aceptan la liquidación a cambio de no inconformarse jurídicamente y es voluntaria su salida de la dependencia.
Jaime Cruz Hernández, ex policía, indicó que llevaba cuatro años en la dependencia y pidió al presidente municipal “que respete nuestro trabajo, que si no lo hacían, que se proceda, si no para qué nos dan de baja”.
Del Departamento de Informática, Helio Fajardo Espinosa, aseguró que le sorprendía la actitud de funcionarios como la delegada administrativa Cynthia Quevedo Mondragón, porque acudió con ella “y me tuvo una semana dando vueltas, el sábado fui a checar mi saldo y estaba en ceros”.
Otro agente de apellido Hernández dijo que tenía tres años de agente y pidió a Félix Salgado que dieran de baja a los verdaderos aviadores y que no aceptaba la baja porque él lleva el sustento de su familia.
Lamentó la actitud del alcalde “porque ni Zeferino Torreblanca como alcalde los corrió, ni Alberto López Rosas”.
Ante versiones de que se van por corruptos, el policía Federico Áviles Jacinto sostuvo que no tuvo ningún pleito legal y señaló que los verdaderos aviadores no están entre los despedidos, por ello pidió a Salgado Macedonio que “se fije bien a quién despide”.
Agregó que “corrupción hay en todos lados y los mandos saben quiénes son, quiénes la hacen y lo aceptan”.