Reprochan a Marcelo Ebrard la apertura a la minería a gran escala en el país

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio reprochó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el anuncio de apertura a la minería a gran escala en el país, durante la 36 edición de la Convención Internacional de Minería en Acapulco, la semana pasada.
En una carta abierta dirigida a Ebrard, el movimiento de más de 400 pueblos originarios de la Costa Chica y Montaña, advirtió que la federación no tiene facultad “para disponer y regalar bienes comunes de México según sus intereses y caprichos”.
Recordó que hace 14 años existe un movimiento de resistencia organizada contra la minería en Guerrero, el cual ratifica que sus territorios están blindados contra la actividad minera, amparados en el derecho de la autodeterminación, en la defensa de los derechos colectivos y en el pleno uso de nuestra soberanía territorial.
Se señaló en la misiva esa lucha contra la imposición de farmacéuticas alemanas en una reserva de la biosfera, al mismo tiempo que la federación comenzó a repartir concesiones mineras a nacionales y extranjeros en sus territorios.
Recriminó que a la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación ofrecieron cancelar las concesiones mineras que amenazan sus territorios, “sobre todo ahora que el secretario de Economía, con risas, aplausos y brindando con bebidas que acá no conocemos, entregaba a los empresarios mineros las tierras de México que no son de usted; así como, en el paquete, metió las tierras en propiedad colectiva que tampoco son suyas”.
Consideró que la 4T habla todos los días de soberanía, mientras políticos como Ebrard “sin pena alguna, son serviles a las empresas y entregan la patria como si fuera suya”.
Si es el caso, planteó cambiar el nombre de la Secretaría de Economía por el de Centro Comercial que pone a disposición una canasta básica empresarial rebosante de minerales, agua, bosques, sol, viento, con cupones y bonos que enaltezcan la responsabilidad social corporativa, y algunos vales adicionales con una etiqueta que diga: “este certificado de minería verde es libre de emisiones de gases de efecto invernadero y se le entrega a su empresa consentida”.
Se sñaló también que un día antes de la convención minera en Acapulco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Samarnat) de México, en la reunión mundial de la COP30 en Belém, Brasil, firmó los acuerdos “para los maravillosos planes de compensación ambiental al 2035, que sabemos siguen construidas en la falsa plataforma de la transición energética, que acá, desde hace 14 años sabemos son mecanismos de compensación ambiental impulsados por las bancas multinacionales para que las empresas contaminantes, como las mineras, tengan una opción para lavarse la cara hasta que les quede verde”.
Destacó que los pueblos indígenas de Brasil y de otras naciones, así como en Guerrero, exigieron que dejen de entregar lo que no es suyo, que metan a la cárcel a los responsables de la devastación ambiental y dejen de crear políticas incoherentes que, de manera directa o indirecta, están acabando con el planeta.
“Vemos que con la 4T no ha cambiado nada. No se coordinan, no saben lo que están haciendo porque son negacionistas de lo que la naturaleza nos muestra con mayor frecuencia y, aun así, abren los brazos a la minería, ratificando que la destrucción de la naturaleza no existe en su cabeza. Al mismo tiempo, de forma, se ofrece el impulso de medidas para la compensación de daños, diseñadas e impulsadas por las empresas para lavar los daños de las empresas y consolidar el falso discurso de la transición energética”.
El concejo consideró que Ebrard ya mostró su servilismo a favor de los mineros, y la continuidad del proyecto neoliberal y evidenció sus aspiraciones a la presidencia “para reencarnar en el nuevo rey chiquito”.
Se advirtió que si las empresas llegan a su territorio, serán serán metidas a la cárcel por los sistemas de seguridad comunitarios.
En el escrito se denunció, “somos víctimas de despropósitos, contradicciones, de actos políticos y políticas que se creen dueños de México y que funcionan como verdaderos mercaderes de intereses privados, nacionales e internacionales, y de quienes tenemos certeza, son los principales responsables de lo que está provocando el acelerado calentamiento global, que por cierto, siguen negando pese a las evidencias y riesgos”.

 

Reprochan a Marcelo Ebrard la apertura a la minería a gran escala en el país

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio reprochó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el anuncio de apertura a la minería a gran escala en el país, durante la 36 edición de la Convención Internacional de Minería en Acapulco, la semana pasada.
En una carta abierta dirigida a Ebrard, el movimiento de más de 400 pueblos originarios de la Costa Chica y Montaña, advirtió que la federación no tiene facultad “para disponer y regalar bienes comunes de México según sus intereses y caprichos”.
Recordó que hace 14 años existe un movimiento de resistencia organizada contra la minería en Guerrero, el cual ratifica que sus territorios están blindados contra la actividad minera, amparados en el derecho de la autodeterminación, en la defensa de los derechos colectivos y en el pleno uso de nuestra soberanía territorial.
Se señaló en la misiva esa lucha contra la imposición de farmacéuticas alemanas en una reserva de la biosfera, al mismo tiempo que la federación comenzó a repartir concesiones mineras a nacionales y extranjeros en sus territorios.
Recriminó que a la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación ofrecieron cancelar las concesiones mineras que amenazan sus territorios, “sobre todo ahora que el secretario de Economía, con risas, aplausos y brindando con bebidas que acá no conocemos, entregaba a los empresarios mineros las tierras de México que no son de usted; así como, en el paquete, metió las tierras en propiedad colectiva que tampoco son suyas”.
Consideró que la 4T habla todos los días de soberanía, mientras políticos como Ebrard “sin pena alguna, son serviles a las empresas y entregan la patria como si fuera suya”.
Si es el caso, planteó cambiar el nombre de la Secretaría de Economía por el de Centro Comercial que pone a disposición una canasta básica empresarial rebosante de minerales, agua, bosques, sol, viento, con cupones y bonos que enaltezcan la responsabilidad social corporativa, y algunos vales adicionales con una etiqueta que diga: “este certificado de minería verde es libre de emisiones de gases de efecto invernadero y se le entrega a su empresa consentida”.
Se sñaló también que un día antes de la convención minera en Acapulco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Samarnat) de México, en la reunión mundial de la COP30 en Belém, Brasil, firmó los acuerdos “para los maravillosos planes de compensación ambiental al 2035, que sabemos siguen construidas en la falsa plataforma de la transición energética, que acá, desde hace 14 años sabemos son mecanismos de compensación ambiental impulsados por las bancas multinacionales para que las empresas contaminantes, como las mineras, tengan una opción para lavarse la cara hasta que les quede verde”.
Destacó que los pueblos indígenas de Brasil y de otras naciones, así como en Guerrero, exigieron que dejen de entregar lo que no es suyo, que metan a la cárcel a los responsables de la devastación ambiental y dejen de crear políticas incoherentes que, de manera directa o indirecta, están acabando con el planeta.
“Vemos que con la 4T no ha cambiado nada. No se coordinan, no saben lo que están haciendo porque son negacionistas de lo que la naturaleza nos muestra con mayor frecuencia y, aun así, abren los brazos a la minería, ratificando que la destrucción de la naturaleza no existe en su cabeza. Al mismo tiempo, de forma, se ofrece el impulso de medidas para la compensación de daños, diseñadas e impulsadas por las empresas para lavar los daños de las empresas y consolidar el falso discurso de la transición energética”.
El concejo consideró que Ebrard ya mostró su servilismo a favor de los mineros, y la continuidad del proyecto neoliberal y evidenció sus aspiraciones a la presidencia “para reencarnar en el nuevo rey chiquito”.
Se advirtió que si las empresas llegan a su territorio, serán serán metidas a la cárcel por los sistemas de seguridad comunitarios.
En el escrito se denunció, “somos víctimas de despropósitos, contradicciones, de actos políticos y políticas que se creen dueños de México y que funcionan como verdaderos mercaderes de intereses privados, nacionales e internacionales, y de quienes tenemos certeza, son los principales responsables de lo que está provocando el acelerado calentamiento global, que por cierto, siguen negando pese a las evidencias y riesgos”.

 

Dejó la minería derrama por 9 mil millones en 2023, informa la titular de la Sefodeco

La titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, durante su comparecencia en la velaría del Congreso del Estado ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería, como parte de la glosa del tercer informe gobierno de Evelyn Salgado Pineda Foto: Jesús Eduardo Guerrero

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La secretaria de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco), Teodora Ramírez Vega, informó a las comisiones unidas de Desarrollo Económico y Trabajo, de Turismo, de Artesanías y de Minería, que la actividad minera representa la segunda actividad económica del estado, la cual dejó en 2023 una derrama económica de 9 mil millones de pesos.
Al comparecer ante el Congreso local, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, la titular de la Sefodeco destacó los avances en los programas de apoyo a emprendedores, pequeñas, medianas empresas, artesanos y los apoyos para reactivar la economía después de las afectaciones por los huracanes Otis y John.
Durante la síntesis de su informe, Ramírez Vega informó que en la actualidad la minería genera en Guerrero 27 mil 599 empleos, y es considerada “la segunda palanca de desarrollo”, con una derrama económica promedio en las localidades y municipios donde operan las unidades mineras de 9 mil millones de pesos anuales.
La funcionaria estatal agregó que los municipios donde están instaladas las empresas mineras son Eduardo Neri, Cocula, Teloloapan y Arcelia, a las que calificó como empresas socialmente responsables, que cuentan con una inversión social superior a los mil millones de pesos destinados a obras y acciones de salud, medio ambiente y proyectos productivos, en 20 localidades de las regiones Norte, Centro y Tierra Caliente.
También informó que a través del Programa de Apoyo a la Certificación de Mezcales Guerrerenses, se apoyó la certificación de 21 fábricas productoras de mezcal de las regiones Centro, Montaña, Norte y Sierra.
Ramírez Vega mencionó que el Registro Empresarial Guerrerense, expidió 144 Certificados de Empresa Guerrerense a igual número de unidades económicas de los sectores industria, comercio y servicios, con domicilios en 17 municipios del estado.
Informó que con una inversión de 2 millones de pesos, se implementó el Programa de Desarrollo Comercial de Productos y Empresas, otorgando 179 apoyos económicos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, destinados al diseño de logotipo, registro de marca, mejora de su envase y etiqueta, obtención de tablas nutrimentales y códigos de barras, así como para la adquisición de material promocional y mejora de su imagen comercial.
Asimismo, el programa de Impulso a la Producción y Comercialización de Artesanías, otorgando 992 apoyos a personas artesanas, de los cuales el 66 por ciento fueron para mujeres, pertenecientes a 30 municipios con vocación artesanal, a través de las vertientes de concursos de arte popular, apoyos a la producción y apoyos a la comercialización.

Transición tras la prohibición a minería a cielo abierto

La priista Beatriz Vélez Núñez, preguntó a Ramírez Vega sobre el estado de fondo minero creado en el 2014, el cual surgió “con la idea de dotar de recursos a las comunidades impactadas por la extracción, recurso que ha quedado disperso en las secretarías de economía, educación pública y hacienda. Sin embargo, recalcó que no hay claridad sobre el uso y destino del fondo minero que, los empresarios aseguran siguen aportando”.
Ramírez Vega respondió que el tema del Fondo Minero es competencia de la federación, lo cual está establecido en la Ley Minera, reformada en el 2023, la cual confiere a la Secretaría de Economía federal atender a dicho sector.
Onformó que ya se trabaja con las mineras para que, de aprobarse la reforma federal que prohíbe la minería a cielo abierto, las empresas del sector que operan en Guerrero puedan realizar dicha transición.
Agregó que el Fondo Minero desapareció con la extinción de los fideicomisos en la administración federal pasada, por lo que ahora las aportaciones de las minas se realizan directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Como es de su conocimiento, en la reforma de la ley minera, se prohibió la minería a cielo abierto, con efectos a partir del 2025, para que ninguna de las minas que operan en Guerrero podrán extraer minerales a cielo abierto y se tendrán que alinear a estas disposiciones. Nosotros visitamos ya las cuatro minas y en el caso de Torex Gold el sector Limón-Guajes estará en operación, en el caso de Equinox, hará lo mismo, en Campo Morado ya tiene extracción subterránea”.
A pregunta de la morenista Glafira Meraza Prudente, sobre los programas y acciones para reactivar la economía, Ramírez Vega mencionó que a través del Programa Emergente para Empresas Afectadas por el Huracán OTIS, se otorgaron 155 créditos con un monto de 400 millones de pesos; el rango de los montos de créditos es de 100 mil hasta 5 millones de pesos, sin pago de intereses, con plazo de pago de hasta de 5 años y 12 meses.
Agregó que para apoyar la reactivación económica de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, se invirtieron 2 millones de pesos, para el programa de Apoyo a Empresas Siniestradas OTIS, otorgando 148 apoyos económicos de 10 mil y 20 mil pesos, a microempresas de los sectores industria, comercio y servicios, contribuyendo a la conservación de 469 empleos, de los cuales, el 58 por ciento fueron para mujeres.
En cuanto a la recuperación económica después de los huracanes, la funcionaria informó que hubo una inversión oficial gubernamental de 61 mil 312 millones de pesos, con los que se realizaron acciones “muy focalizadas para reactivar el impulso de la actividad económica”.
Agregó que para el caso de cuotas a los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social y al Fondo de Vivienda de los trabajadores del Estado, la ayuda representó más de 9 mil millones de pesos.
La exención del pago del servicio eléctrico sumó mil 354 millones de pesos y la exención de impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta, que se les dio a las empresas para el periodo de octubre del 2023 a febrero del 2024, ascendió a 9 mil 100 millones.

Apoyo a mercados

El diputado Victor Hugo Vega Hernández preguntó sobre las acciones que el gobierno del estado realiza para apoyar a los comerciantes de los mercados sido afectados por los incendios.
Recordó las afectaciones en los mercados de Acapulco, provocadas por incendios, “ya que en el informe presentado señalan que con cada mercado renovado, se han abierto oportunidades para que los comerciantes mejoren sus ingresos, fomentando así un comercio local más fuerte, competitivo y equitativo”.
Vega Hernández afirmó que la información referente al tema de la rehabilitación de los mercados “es muy genérica”, y no especifica programas o acciones concretas en dicho rubro.
En su respuesta, Ramírez Vega mencionó que la Sefodeco atendió dos situaciones particulares, “el primero apoyar a los propietarios de locales para que reaperturaran e iniciaran sus operaciones comerciales en el menor tiempo posible, ya que reconocimos representa su principal fuente de empleo y en segudo, el abasto de productos de primera necesidad, evitando la especulación y el incremento injustificado de precios, por ello, con una inversión de 10 millones de pesos se atendieron las situaciones de emergencia como el incendio del Mercado Central de Acapulco, en cual apoyamos a 485 locatarios”.

 

Ocupa el estado en exportaciones el lugar 28, pero podría subir con la certificación

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología e integrante de la Comisión Agroindustrial del Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero, Noé Galeana Cadena, dijo que el estado ocupa el lugar 28 en el país en exportaciones, pero podría subir de posición si los productores se certifican.
En entrevista con El Sur, Noé Galeana detalló que del 100 por ciento de las exportaciones nacionales, la aportación de Guerrero es de apenas 0.2 por ciento; mientras que en el estado el 98 por ciento de las exportaciones provienen de la minería y el 2 por ciento restante corresponde a productos derivados del coco, mango, aguacate y mezcal.
Indicó que para que se incrementen las exportaciones en la entidad, primero “tenemos que cumplir con la certificación de nuestros productores” y para ello, se debe empezar por la tierra, “estamos en ese proceso, prácticamente, de poder cumplir con todas las normas que nos solicitan para que podamos nosotros empezar a exportar e incrementar nuestro volumen de exportación”.
Explicó que la certificación es mediante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco), “se requiere llevar una bitácora y esa bitácora tiene que cumplir un año donde cada mes hay que estar checando cómo está esa tierra, que no sea una tierra contaminada”, de manera que los productos sean más naturales, sin químicos.
Para Noé Galeana una vez que los productores estén certificados, el segundo paso es contar con empacadoras en la entidad, también certificadas, para así incrementar las exportaciones estatales.
No obstante, reconoció que es un proceso largo y los productores no pueden detenerse para cumplir con los lineamiento ya que tienen que atender a sus familias, trabajadores y obtener ganancias, pero expuso que hay formas para avanzar de manera paulatina.
Ejemplificó que si un productor, de cualquier fruta, tiene 10 hectáreas para sembrar, podría iniciar la certificación en al menos una hectárea, después en otra más y así sucesivamente.
“Aquí es importante hacerle conciencia al productor, en este caso, que en el mercado exterior su producto se va a vender a un mejor precio y que al mismo tiempo, tanto el gobierno del estado como el gobierno federal, tienen toda la estructura para que también a la hora de vender ellos tengan la confianza que su producto se va a vender a buen precio y que al mismo tiempo también van a poder cobrar bien ese producto”, expresó.
Resaltó que la entidad hace exportaciones “de manera indirecta”, debido a que estados vecinos adquieren productos como el mango, aguacate y aceite de coco, que procesan y ofrecen con sellos de marcas propias; bajo este esquema, Guerrero exporta “mucha plata porque mucho producto de Taxco se va a exportación y desafortunadamente, otras firmas vienen y son las que estampan sus sellos y muchas veces no son de México”.
Consideró que si se logran las certificaciones, Guerrero podría pasar del lugar 28 al 20 en el país en exportaciones; sin embargo, hay “una falta de visión” de los productores ya que “nosotros no estamos acostumbrados a la cuestión de la exportación como están acostumbrados en otros estados de la República Mexicana”.
Al preguntarle al respecto de la violencia criminal en la entidad y si ésta afecta al sector, respondió que en Guerrero “como en cualquier estado a nivel nacional, la delincuencia organizada está presente”.
“Sin embargo, yo pienso que en el caso de las exportaciones realmente los productores se están preparando porque es una labor que se tiene que venir haciendo con ello, yo he tenido reuniones con algunos productores para hacerles dar conciencia que la exportación es un nicho de mercado donde, a raíz del Covid, las exportaciones subieron”, abundó.
Destacó que es necesario concientizar “a todos aquellos que deseen tener una mejor economía, tenemos que empezar a prepararnos desde nuestra tierra, que esté certificada y que cumpla todas las normas”.
Noé Galeana declaró que el sector ha tenido acercamientos con la Sefodeco y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), “realmente ha habido una buena comunicación por indicaciones de la Ejecutiva del Estado (la gobernadora Evelyn Salgado Pineda) dónde exista ese diálogo, ese acercamiento y ese apoyo para que todas las ventanillas, prácticamente, que se tengan que abrir, que apresurar, con la cuestión de las certificaciones, es decir, que agilicen todos esos procesos”.
Añadió que el sector se reúne, “cuando es necesario”, una o hasta dos veces al mes, con la titular de la Sefodeco, Teodora Vega Ramírez, y el titular de la Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorena, “tenemos nosotros puertas abiertas”.

Cierran contrarios al paro en la mina el paso de víveres a pueblos que lo apoyan: sindicato

Fuentes extraoficiales del gobierno federal indicaron que en dos o tres días podría concretarse la reunión que exigen los mineros en paro en Cocula con directivos de la empresa canadiense Torex Gold, en Chilpancingo o en la Ciudad de México.
El representante de los trabajadores que están en plantón desde el 3 de noviembre en uno de los accesos a la mina Media Luna, Indalecio Pérez Morones dijo que siguen en espera de noticias de la gestión que ofrecieron autoridades estatales, y que todavía no se confirma una posible reunión.
El también delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero) que exige el retiro de Confederación de Trabajadores de México, denunció la colocación de un montículo de tierra y la construcción de una zanja de metro y medio a lo ancho de la carretera a la mina, a unos 600 metros del puente de Mezcala en la carretera federal México-Acapulco, en el crucero de Atzcala.
Responsabilizó de este bloqueo a la comisaria de la comunidad Colonia Valerio Trujano, del municipio de Tepecoacuilco, que identificó como Martha, así como al líder cetemista que prestó la maquinaria pesada, Luis Gómez.
Informó que la zanja impide el paso de camiones de servicios como leche, pan y refrescos a las comunidades del ejido de Fundición y Real de Limón, que están apoyando a los paristas, y que deben rodear el paso por el municipio de Cocula en caso de emergencias.
Consideró que el bloqueo implica un secuestro de las comunidades, porque la comisaria tiene un comedor que daba servicio de alimentos a la mina.
No obstante aseguró que los trabajadores movilizados siguen en la misma postura de mantener el paro de labores mientras la minera se niegue a reconocer al Sindicato Minero como representación oficial de los trabajadores, en sustitución de la CTM.
De las autoridades estatales insistió en que “la empresa parece que es su patrón, siempre que vienen es con la intención de que se levante el paro y a prometernos una mesa de diálogo, a hacer el papel de interlocutores, pero ya no nos dan atolito con el dedo”, dijo sobre la posibilidad de ser engañados.
Subrayó que esperan que una respuesta de la gestión que ofrecieron autoridades unos días antes de Navidad, y que se formalice por escrito.
Insistió en que la reunión con la empresa canadiense debe ser con el Sindicato Minero y con una comisión de trabajadores, sin la CTM.

La empresa busca dividir las mesas de negociación en tres temas, dice Renato Ravelo

Por otro lado el vocero del movimiento en pro de los derechos laborales (contra el plantón), Renato Ravelo dijo que el planteamiento de la empresa es la división de las mesas de negociación en tres temas: la atención de las demandas rezagadas de las comunidades que apoyan a los plantonistas, medio ambiente y el conflicto sindical con representantes de los dos sindicatos.
Subrayó que los trabajadores de confianza y contratistas se mantienen al margen de la decisión que tomen los trabajadores sobre su representación sindical, y advirtió que el problema laboral puede escalar a un conflicto social porque las comunidades de Valerio Trujano y El Balsas están inconformes con el bloqueo a la mina, e instalaron un retén que ayer confirmaron los paristas, en el crucero de Atzala para impedir el paso de víveres.

Confirma el Sindicato Minero que los asesinados en Cocula eran obreros de Media Luna subcontratados


El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones insistió vía telefónica que los dos obreros asesinados la noche del sábado sí trabajaban para la minera Media Luna, mediante la empresa Dimi Construcciones que fue subcontratada.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó mediante un boletín que según la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga el doble homicidio, “esas dos personas no eran trabajadores de la minera Media Luna y que los hechos ocurrieron a 15 kilómetros de las instalaciones mineras”, con lo que descartó que los hechos tengan relación con el conflicto minero.
En una entrevista hecha y contestada por escrito publicada en estas páginas el miércoles, el presidente de Torex Gold Resources, Fred Stanford también aseguró que “las personas” a las que se refiere el sindicato minero “no eran trabajadores de Minera Media Luna” y que “este trágico evento ocurrió en el pueblo de Atzcala, a unos 25 minutos en auto de la mina”.
En tanto que Pérez Morones insistió ayer que “eran trabajadores de los que tiene la empresa minera trabajando dentro de la mina”.
Explicó que la empresa para la que trabajaban los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla fue subcontratada por Media Luna mediante el sistema de outsourcing, y agregó que lo más importante es que las víctimas apoyaban el paro laboral de los trabajadores que buscan el cambio del contrato colectivo de trabajo del sindicato de la CTM al SNTMMSSRM, que dirige a nivel nacional Napoleón Gómez Urrutia.
“Eran trabajadores de contratistas que se han unificado al movimiento, como lo han hecho los pobladores de las comunidades que también son trabajadores de contratistas y que tienen el deseo de ser contratados directamente por la minera, porque los tienen contratados a través de un outsourcing, es decir, a través de empresas terceras”, dijo el dirigente sindical.
De la declaración del presidente de Torex Gold, quien dijo que “es una minoría” la que está en el bloqueo “ilegal” a la minera, el delegado del SNTMMSSRM expresó que para las empresas y para el propio gobierno, “los movimientos obreros siempre son ilegales y una minoría los que participan”.
Pero agregó que las dirigencias sindicales siempre procuran cuidar a los trabajadores, “para no caer en provocaciones y mucho menos exponerlos ante las autoridades y ante las leyes, para que no se cometan en su contra más atropellos de los que ya se han cometido en su contra”.
Aseguró que la dirigencia del Sindicato Nacional Minero está encabezando un movimiento “legal” y rechazó que estén bloqueando el acceso a la mina, “ellos (los representantes de la empresa) han constatado, han podido pasar, los mismos enviados del gobierno estatal que fueron en dos ocasiones pudieron constatar que había libre acceso, en ningún momento hemos bloqueado ni interrumpido nada”.
Insistió en su llamado a la empresa a que se instale una mesa de diálogo en la que pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores, “también le hemos dicho a la empresa que si necesita el apoyo de los trabajadores para ir a mover algún equipo estamos en la mejor disposición, porque nosotros no queremos dañar nuestra fuente de trabajo, no estamos peleados con la fuente de trabajo, estamos inconformes por la forma en que se trata a los trabajadores”, declaró.
Denunció que han sido “oprimidos, pisoteados, humillados” y que también han sido discriminados y clasificados, lo que es “una aberración y una violación a sus derechos humanos, tanto de los trabajadores como de las comunidades”.
Rechazó la propuesta del presidente de Torex Gold, Fred Stanford, de que levanten el bloqueo y que participen en el proceso democrático para seleccionar un sindicato.
“No lo vamos a levantar porque si así que estamos haciendo la presión no han querido acceder a cumplir con sus obligaciones que tienen, menos lo van a hacer si los trabajadores levantan el paro. Ellos tienen la obligación de cumplir con los derechos de los trabajadores y hacer cumplir las leyes”, expuso.
Agregó que si la empresa quisiera apresurar la solución del paro, en ocho días se haría el trámite, “y no hubiera trascendido hasta donde hemos llegado. Lo que está pasando no es por causa de nosotros, es por causa de la propia empresa que desde un principio violó y vulneró los derechos de los trabajadores, al no tomarlos en cuenta y negarles la libertad para que ellos eligieran al sindicato que más les convenga”.
El dirigente sindical cuestionó el señalamiento en el sentido de que el paro laboral dejará una pérdida de más de 160 millones de pesos a la región, “esas son meras habladurías, porque sus obligaciones siempre las ha dejado de cumplir, no ha cumplido los compromisos con las comunidades”, aseguró.
Por ejemplo denunció que no es posible que la empresa tenga dos años de no pagar el agua al ejido de Aztcala de donde se la están llevando, mientras que los pobladores la compran por pipas y a 200 pesos por cada tinaco, a los líderes del sindicato de la CTM, lo que calificó como una “verdadera burla e infamia”.
Dijo que los trabajadores están esperando que la empresa “se digne a decirnos cuándo nos vamos a reunir. Nosotros nos vamos a reunir con la empresa cuando ella así lo decida en la Ciudad de México ante el Sindicato Nacional de Mineros, y con una comisión de trabajadores de la minera Media Luna para llegar a un acuerdo”.

Los asesinados no eran trabajadores; dice la Fiscalía; murieron en una disputa de grupos armados

El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó mediante un boletín que según la Fiscalía General del Estado que investiga el homicidio de los dos hombres, no eran trabajadores de la empresa minera Media Luna, y que los hechos ocurrieron a 15 kilómetros de las instalaciones mineras.
Dijo que los hechos no tienen relación con el conflicto minero y que las investigaciones del Ministerio Público apuntan hacia una disputa entre integrantes de grupos armados, que hacen funciones de policías comunitarias en la zona.
Dijo que de acuerdo con la Fiscalía Regional de la zona Norte, varios testigos refirieron que alrededor de 80 personas de la población de Atzcala que portaban escopetas y rifles de alto poder, “se enfrentaron a balazos con otro grupo armado de la localidad de La Concepción y Nuevo Balsas”.
Agregó que al encontrarse ambos grupos que portaban armas de fuego se originó una disputa, que derivó en el homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron levantados por sus familiares.
Álvarez Heredia informó que el Ministerio Público exhortó a quienes atestiguaron los hechos a proporcionar información y que declararan en relación con el doble homicidio, para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los responsables.
Concluyó que “no existen elementos probatorios que permitan establecer que las personas privadas de la vida fueran trabajadores de la empresa minera, y que los hechos ocurrieron a 15 kilómetros de las instalaciones de la empresa Media Luna”.

Escala el conflicto por el paro en la mina Media Luna

Media Luna amenazó con despidos masivos si sigue el paro en Cocula, dice el líder sindical

Los trabajadores presentaron un amparo para evitar que los den de baja, informa el delegado del Sindicato Minero, Indalecio Pérez. Los obreros están clasificados en “foráneos” y “locales” y a éstos se les discrimina, señala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La minera Media Luna amenazó con un despido masivo de los trabajadores que participan en el paro laboral desde el viernes pasado en Nuevo Balsas, Cocula, informó ayer el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones.
El dirigente sindical dijo que la dirigencia nacional presentó un amparo para evitar el despido masivo, y que los trabajadores están decididos a llegar “hasta las últimas consecuencias”.
Los trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota la mina El Limón-Guajes, en Nuevo Balsas, municipio de Cocula, iniciaron el paro laboral a las 2 de la tarde del viernes pasado en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y piden agremiarse al STMMSRM.
“Ellos (los trabajadores) han decidido desconocer el liderazgo de la CTM para adherirse al Sindicato Minero”, informó Pérez Morones.
Agregó que los trabajadores decidieron salirse de la CTM ante las “anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos” que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista.
“Está bien claro que CTM es un sindicato patronal, que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de sus propios intereses, por eso los trabajadores decidieron irse a paro laboral desde las 2 de la tarde del viernes”, dijo el dirigente del Sindicato Minero.
Vía telefónica contó que entre los atropellos que comete la empresa con los trabajadores es la discriminación, pues a los habitantes de la región primero los ingresa con terceras empresas, después selecciona a los que les conviene.
Además los trabajadores locales tienen salarios muy bajos en relación con el que reciben los trabajadores foráneos.
Denunció que la minera tiene clasificados a los trabajadores en “foráneos” y “locales”,  y que a los trabajadores “locales”, además de pagarles salarios bajos los coloca en puestos en donde no tienen derecho ni pueden buscar ascender a una categoría superior, y con ello a un mejor salario, para tener un mejor nivel de vida.
Aseguró que en cambio, los trabajadores foráneos además de pagarles salarios más altos también perciben mejores prestaciones, “esto es discriminación, es racismo, la empresa no puede ni debe de hacer eso, está violando y vulnerando los derechos de los trabajadores, así como sus derechos humanos”.
De la afirmación de la empresa en el sentido de que sólo son 20 los trabajadores los que están participando en el paro exigiendo el cambio de las relaciones sindicales, expresó que “una cosa es lo que declara la empresa y otra la que se vive aquí”.
Insistió en que son aproximadamente 600 los trabajadores que participan en el paro, casi la totalidad de los sindicalizados. Aseguró que por ejemplo el martes se llegaron a concentrar en el plantón más de 300 trabajadores en un solo turno, “no podemos tenerlos todos juntos aquí, sería imposible, por eso cuando termina un turno se retiran unos y llegan otros para relevarlos”.
Denunció que en este conflicto laboral el gobierno estatal ha jugado un papel parcial a favor de la empresa minera. Informó que el domingo cuando acudieron el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrer, el secretario del Trabajo estatal, Oscar Rangel Miravete y el delegado federal de la Secretaría del Trabajo, Felipe de Jesús Delgadillo, no fueron a escuchar el planteamiento de los trabajadores, “desde el inicio se vio su intención de que vinieron a tratar de levantar el movimiento, con el compromiso de que buscarían una solución con la minera”.
Agregó que la respuesta de los trabajadores fue de rechazo “porque ya están hartos y desesperados, y no quieren más promesas de las que ya les han hecho las instancias gubernamentales locales”.
Indalecio Pérez agregó que el Sindicato Minero instruyó a los abogados para que interpongan un amparo que evite el despido masivo que pretende la empresa, “aunque sabemos que son puras amenazas siempre hay que estar preparados para cualquier cosa”.
También añadió que no descartan que la empresa quiera desalojarlos, “pero no vamos a permitir eso, porque en cuanto nos demos cuenta que eso quiere hacer, vamos a mover a más trabajadores de diferentes partes del país para venir a reforzar este movimiento que han iniciado los compañeros”.
Insistió en que la dirigencia sindical ya tiene presentada una demanda por la titularidad del contrato, “pero sabemos que las autoridades competentes siempre dan largas y largas debido a que llegan las empresas y les calientan la mano (les dan dinero), debido a la corrupción que se prestan a eso”.
Dijo que sí corresponde a la empresa autorizar el cambio del sindicato y que por eso están demandando que sea la empresa la que desconozca a la CTM, o que la propia empresa exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que apresure el recuento, como se pide en la demanda de la titularidad.
Añadió que corresponde a la minera desconocer la titularidad del contrato con la CTM, porque fue ella la que les impuso a los trabajadores este sindicato, sin tomarlos en cuenta, “violando su libertad de poder sindicalizarse  con la organización que ellos juzguen conveniente”.
Expuso que así como la empresa violó el derecho de los trabajadores, también puede desconocer al sindicato de la CTM y arreglar lo que descompuso.
El delegado del STMMSRM declaró que para resolver el conflicto hay dos caminos: que la empresa apresure el recuento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o que desconozca al sindicato de CTM, “porque los trabajadores ya no están dispuestos regresar a trabajar, si no se soluciona este problema”.

Media Luna amenazó con despidos masivos si sigue el paro en Cocula, dice el líder sindical


La minera Media Luna amenazó  con un despido masivo de los trabajadores que participan en el paro laboral desde el viernes pasado en Nuevo Balsas, Cocula, informó ayer el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones.
El dirigente sindical dijo que la dirigencia nacional presentó un amparo para evitar el despido masivo, y que los trabajadores están decididos a llegar “hasta las últimas consecuencias”.
Los trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota la mina El Limón-Guajes, en Nuevo Balsas, municipio de Cocula, iniciaron el paro laboral a las 2 de la tarde del viernes pasado en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y piden agremiarse al STMMSRM.
“Ellos (los trabajadores) han decidido desconocer el liderazgo de la CTM para adherirse al Sindicato Minero”, informó Pérez Morones.
Agregó que los trabajadores decidieron salirse de la CTM ante las “anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos” que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista.
“Está bien claro que CTM es un sindicato patronal, que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de sus propios intereses, por eso los trabajadores decidieron irse a paro laboral desde las 2 de la tarde del viernes”, dijo el dirigente del Sindicato Minero.
Vía telefónica contó que entre los atropellos que comete la empresa con los trabajadores es la discriminación, pues a los habitantes de la región primero los ingresa con terceras empresas, después selecciona a los que les conviene.
Además los trabajadores locales tienen salarios muy bajos en relación con el que reciben los trabajadores foráneos.
Denunció que la minera tiene clasificados a los trabajadores en “foráneos” y “locales”,  y que a los trabajadores “locales”, además de pagarles salarios bajos los coloca en puestos en donde no tienen derecho ni pueden buscar ascender a una categoría superior, y con ello a un mejor salario, para tener un mejor nivel de vida.
Aseguró que en cambio, los trabajadores foráneos además de pagarles salarios más altos también perciben mejores prestaciones, “esto es discriminación, es racismo, la empresa no puede ni debe de hacer eso, está violando y vulnerando los derechos de los trabajadores, así como sus derechos humanos”.
De la afirmación de la empresa en el sentido de que sólo son 20 los trabajadores los que están participando en el paro exigiendo el cambio de las relaciones sindicales, expresó que “una cosa es lo que declara la empresa y otra la que se vive aquí”.
Insistió en que son aproximadamente 600 los trabajadores que participan en el paro, casi la totalidad de los sindicalizados. Aseguró que por ejemplo el martes se llegaron a concentrar en el plantón más de 300 trabajadores en un solo turno, “no podemos tenerlos todos juntos aquí, sería imposible, por eso cuando termina un turno se retiran unos y llegan otros para relevarlos”.
Denunció que en este conflicto laboral el gobierno estatal ha jugado un papel parcial a favor de la empresa minera. Informó que el domingo cuando acudieron el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrer, el secretario del Trabajo estatal, Oscar Rangel Miravete y el delegado federal de la Secretaría del Trabajo, Felipe de Jesús Delgadillo, no fueron a escuchar el planteamiento de los trabajadores, “desde el inicio se vio su intención de que vinieron a tratar de levantar el movimiento, con el compromiso de que buscarían una solución con la minera”.
Agregó que la respuesta de los trabajadores fue de rechazo “porque ya están hartos y desesperados, y no quieren más promesas de las que ya les han hecho las instancias gubernamentales locales”.
Indalecio Pérez agregó que el Sindicato Minero instruyó a los abogados para que interpongan un amparo que evite el despido masivo que pretende la empresa, “aunque sabemos que son puras amenazas siempre hay que estar preparados para cualquier cosa”.
También añadió que no descartan que la empresa quiera desalojarlos, “pero no vamos a permitir eso, porque en cuanto nos demos cuenta que eso quiere hacer, vamos a mover a más trabajadores de diferentes partes del país para venir a reforzar este movimiento que han iniciado los compañeros”.
Insistió en que la dirigencia sindical ya tiene presentada una demanda por la titularidad del contrato, “pero sabemos que las autoridades competentes siempre dan largas y largas debido a que llegan las empresas y les calientan la mano (les dan dinero), debido a la corrupción que se prestan a eso”.
Dijo que sí corresponde a la empresa autorizar el cambio del sindicato y que por eso están demandando que sea la empresa la que desconozca a la CTM, o que la propia empresa exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que apresure el recuento, como se pide en la demanda de la titularidad.
Añadió que corresponde a la minera desconocer la titularidad del contrato con la CTM, porque fue ella la que les impuso a los trabajadores este sindicato, sin tomarlos en cuenta, “violando su libertad de poder sindicalizarse  con la organización que ellos juzguen conveniente”.
Expuso que así como la empresa violó el derecho de los trabajadores, también puede desconocer al sindicato de la CTM y arreglar lo que descompuso.
El delegado del STMMSRM declaró que para resolver el conflicto hay dos caminos: que la empresa apresure el recuento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o que desconozca al sindicato de CTM, “porque los trabajadores ya no están dispuestos regresar a trabajar, si no se soluciona este problema”.

La mina de Cocula no ha suspendido actividades ante el bloqueo de vecinos, afirma Álvaro Burgos

 

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera aseguró que los pescadores que mantienen bloqueado un acceso de la minera Media Luna en Nuevo Balsas, Cocula, “han sido atendidos”.
Añadió que la empresa no ha suspendido sus actividades ni ha sufrido pérdidas, “se está atendiendo el tema de los pescadores, ha habido algunas reuniones y se está dando seguimiento por parte del gobierno del estado a este tipo de demandas”.
Aseguró que no se tienen registros de que se hayan detenido los trabajos de la minera, aunque seguía cerrada por vecinos que exigen una indemnización debido a los daños ambientales que provoca, sobre todo al sector pesquero.
Expuso que la Secretaría General de Gobierno es la dependencia que negocia con los afectados, y “ha estado desde el domingo (el día que fue cerrado ese acceso a la mina) pasado en las negociaciones, tanto de la parte empresarial como de los inconformes”.

 

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.