Etiqueta: minería

Cierran contrarios al paro en la mina el paso de víveres a pueblos que lo apoyan: sindicato

Fuentes extraoficiales del gobierno federal indicaron que en dos o tres días podría concretarse la reunión que exigen los mineros en paro en Cocula con directivos de la empresa canadiense Torex Gold, en Chilpancingo o en la Ciudad de México.
El representante de los trabajadores que están en plantón desde el 3 de noviembre en uno de los accesos a la mina Media Luna, Indalecio Pérez Morones dijo que siguen en espera de noticias de la gestión que ofrecieron autoridades estatales, y que todavía no se confirma una posible reunión.
El también delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero) que exige el retiro de Confederación de Trabajadores de México, denunció la colocación de un montículo de tierra y la construcción de una zanja de metro y medio a lo ancho de la carretera a la mina, a unos 600 metros del puente de Mezcala en la carretera federal México-Acapulco, en el crucero de Atzcala.
Responsabilizó de este bloqueo a la comisaria de la comunidad Colonia Valerio Trujano, del municipio de Tepecoacuilco, que identificó como Martha, así como al líder cetemista que prestó la maquinaria pesada, Luis Gómez.
Informó que la zanja impide el paso de camiones de servicios como leche, pan y refrescos a las comunidades del ejido de Fundición y Real de Limón, que están apoyando a los paristas, y que deben rodear el paso por el municipio de Cocula en caso de emergencias.
Consideró que el bloqueo implica un secuestro de las comunidades, porque la comisaria tiene un comedor que daba servicio de alimentos a la mina.
No obstante aseguró que los trabajadores movilizados siguen en la misma postura de mantener el paro de labores mientras la minera se niegue a reconocer al Sindicato Minero como representación oficial de los trabajadores, en sustitución de la CTM.
De las autoridades estatales insistió en que “la empresa parece que es su patrón, siempre que vienen es con la intención de que se levante el paro y a prometernos una mesa de diálogo, a hacer el papel de interlocutores, pero ya no nos dan atolito con el dedo”, dijo sobre la posibilidad de ser engañados.
Subrayó que esperan que una respuesta de la gestión que ofrecieron autoridades unos días antes de Navidad, y que se formalice por escrito.
Insistió en que la reunión con la empresa canadiense debe ser con el Sindicato Minero y con una comisión de trabajadores, sin la CTM.

La empresa busca dividir las mesas de negociación en tres temas, dice Renato Ravelo

Por otro lado el vocero del movimiento en pro de los derechos laborales (contra el plantón), Renato Ravelo dijo que el planteamiento de la empresa es la división de las mesas de negociación en tres temas: la atención de las demandas rezagadas de las comunidades que apoyan a los plantonistas, medio ambiente y el conflicto sindical con representantes de los dos sindicatos.
Subrayó que los trabajadores de confianza y contratistas se mantienen al margen de la decisión que tomen los trabajadores sobre su representación sindical, y advirtió que el problema laboral puede escalar a un conflicto social porque las comunidades de Valerio Trujano y El Balsas están inconformes con el bloqueo a la mina, e instalaron un retén que ayer confirmaron los paristas, en el crucero de Atzala para impedir el paso de víveres.

Confirma el Sindicato Minero que los asesinados en Cocula eran obreros de Media Luna subcontratados


El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones insistió vía telefónica que los dos obreros asesinados la noche del sábado sí trabajaban para la minera Media Luna, mediante la empresa Dimi Construcciones que fue subcontratada.
El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó mediante un boletín que según la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga el doble homicidio, “esas dos personas no eran trabajadores de la minera Media Luna y que los hechos ocurrieron a 15 kilómetros de las instalaciones mineras”, con lo que descartó que los hechos tengan relación con el conflicto minero.
En una entrevista hecha y contestada por escrito publicada en estas páginas el miércoles, el presidente de Torex Gold Resources, Fred Stanford también aseguró que “las personas” a las que se refiere el sindicato minero “no eran trabajadores de Minera Media Luna” y que “este trágico evento ocurrió en el pueblo de Atzcala, a unos 25 minutos en auto de la mina”.
En tanto que Pérez Morones insistió ayer que “eran trabajadores de los que tiene la empresa minera trabajando dentro de la mina”.
Explicó que la empresa para la que trabajaban los hermanos Javier y Marcelino Sahuatitla fue subcontratada por Media Luna mediante el sistema de outsourcing, y agregó que lo más importante es que las víctimas apoyaban el paro laboral de los trabajadores que buscan el cambio del contrato colectivo de trabajo del sindicato de la CTM al SNTMMSSRM, que dirige a nivel nacional Napoleón Gómez Urrutia.
“Eran trabajadores de contratistas que se han unificado al movimiento, como lo han hecho los pobladores de las comunidades que también son trabajadores de contratistas y que tienen el deseo de ser contratados directamente por la minera, porque los tienen contratados a través de un outsourcing, es decir, a través de empresas terceras”, dijo el dirigente sindical.
De la declaración del presidente de Torex Gold, quien dijo que “es una minoría” la que está en el bloqueo “ilegal” a la minera, el delegado del SNTMMSSRM expresó que para las empresas y para el propio gobierno, “los movimientos obreros siempre son ilegales y una minoría los que participan”.
Pero agregó que las dirigencias sindicales siempre procuran cuidar a los trabajadores, “para no caer en provocaciones y mucho menos exponerlos ante las autoridades y ante las leyes, para que no se cometan en su contra más atropellos de los que ya se han cometido en su contra”.
Aseguró que la dirigencia del Sindicato Nacional Minero está encabezando un movimiento “legal” y rechazó que estén bloqueando el acceso a la mina, “ellos (los representantes de la empresa) han constatado, han podido pasar, los mismos enviados del gobierno estatal que fueron en dos ocasiones pudieron constatar que había libre acceso, en ningún momento hemos bloqueado ni interrumpido nada”.
Insistió en su llamado a la empresa a que se instale una mesa de diálogo en la que pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores, “también le hemos dicho a la empresa que si necesita el apoyo de los trabajadores para ir a mover algún equipo estamos en la mejor disposición, porque nosotros no queremos dañar nuestra fuente de trabajo, no estamos peleados con la fuente de trabajo, estamos inconformes por la forma en que se trata a los trabajadores”, declaró.
Denunció que han sido “oprimidos, pisoteados, humillados” y que también han sido discriminados y clasificados, lo que es “una aberración y una violación a sus derechos humanos, tanto de los trabajadores como de las comunidades”.
Rechazó la propuesta del presidente de Torex Gold, Fred Stanford, de que levanten el bloqueo y que participen en el proceso democrático para seleccionar un sindicato.
“No lo vamos a levantar porque si así que estamos haciendo la presión no han querido acceder a cumplir con sus obligaciones que tienen, menos lo van a hacer si los trabajadores levantan el paro. Ellos tienen la obligación de cumplir con los derechos de los trabajadores y hacer cumplir las leyes”, expuso.
Agregó que si la empresa quisiera apresurar la solución del paro, en ocho días se haría el trámite, “y no hubiera trascendido hasta donde hemos llegado. Lo que está pasando no es por causa de nosotros, es por causa de la propia empresa que desde un principio violó y vulneró los derechos de los trabajadores, al no tomarlos en cuenta y negarles la libertad para que ellos eligieran al sindicato que más les convenga”.
El dirigente sindical cuestionó el señalamiento en el sentido de que el paro laboral dejará una pérdida de más de 160 millones de pesos a la región, “esas son meras habladurías, porque sus obligaciones siempre las ha dejado de cumplir, no ha cumplido los compromisos con las comunidades”, aseguró.
Por ejemplo denunció que no es posible que la empresa tenga dos años de no pagar el agua al ejido de Aztcala de donde se la están llevando, mientras que los pobladores la compran por pipas y a 200 pesos por cada tinaco, a los líderes del sindicato de la CTM, lo que calificó como una “verdadera burla e infamia”.
Dijo que los trabajadores están esperando que la empresa “se digne a decirnos cuándo nos vamos a reunir. Nosotros nos vamos a reunir con la empresa cuando ella así lo decida en la Ciudad de México ante el Sindicato Nacional de Mineros, y con una comisión de trabajadores de la minera Media Luna para llegar a un acuerdo”.

Los asesinados no eran trabajadores; dice la Fiscalía; murieron en una disputa de grupos armados

El vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia informó mediante un boletín que según la Fiscalía General del Estado que investiga el homicidio de los dos hombres, no eran trabajadores de la empresa minera Media Luna, y que los hechos ocurrieron a 15 kilómetros de las instalaciones mineras.
Dijo que los hechos no tienen relación con el conflicto minero y que las investigaciones del Ministerio Público apuntan hacia una disputa entre integrantes de grupos armados, que hacen funciones de policías comunitarias en la zona.
Dijo que de acuerdo con la Fiscalía Regional de la zona Norte, varios testigos refirieron que alrededor de 80 personas de la población de Atzcala que portaban escopetas y rifles de alto poder, “se enfrentaron a balazos con otro grupo armado de la localidad de La Concepción y Nuevo Balsas”.
Agregó que al encontrarse ambos grupos que portaban armas de fuego se originó una disputa, que derivó en el homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron levantados por sus familiares.
Álvarez Heredia informó que el Ministerio Público exhortó a quienes atestiguaron los hechos a proporcionar información y que declararan en relación con el doble homicidio, para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los responsables.
Concluyó que “no existen elementos probatorios que permitan establecer que las personas privadas de la vida fueran trabajadores de la empresa minera, y que los hechos ocurrieron a 15 kilómetros de las instalaciones de la empresa Media Luna”.

Escala el conflicto por el paro en la mina Media Luna

Media Luna amenazó con despidos masivos si sigue el paro en Cocula, dice el líder sindical

Los trabajadores presentaron un amparo para evitar que los den de baja, informa el delegado del Sindicato Minero, Indalecio Pérez. Los obreros están clasificados en “foráneos” y “locales” y a éstos se les discrimina, señala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La minera Media Luna amenazó con un despido masivo de los trabajadores que participan en el paro laboral desde el viernes pasado en Nuevo Balsas, Cocula, informó ayer el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones.
El dirigente sindical dijo que la dirigencia nacional presentó un amparo para evitar el despido masivo, y que los trabajadores están decididos a llegar “hasta las últimas consecuencias”.
Los trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota la mina El Limón-Guajes, en Nuevo Balsas, municipio de Cocula, iniciaron el paro laboral a las 2 de la tarde del viernes pasado en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y piden agremiarse al STMMSRM.
“Ellos (los trabajadores) han decidido desconocer el liderazgo de la CTM para adherirse al Sindicato Minero”, informó Pérez Morones.
Agregó que los trabajadores decidieron salirse de la CTM ante las “anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos” que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista.
“Está bien claro que CTM es un sindicato patronal, que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de sus propios intereses, por eso los trabajadores decidieron irse a paro laboral desde las 2 de la tarde del viernes”, dijo el dirigente del Sindicato Minero.
Vía telefónica contó que entre los atropellos que comete la empresa con los trabajadores es la discriminación, pues a los habitantes de la región primero los ingresa con terceras empresas, después selecciona a los que les conviene.
Además los trabajadores locales tienen salarios muy bajos en relación con el que reciben los trabajadores foráneos.
Denunció que la minera tiene clasificados a los trabajadores en “foráneos” y “locales”,  y que a los trabajadores “locales”, además de pagarles salarios bajos los coloca en puestos en donde no tienen derecho ni pueden buscar ascender a una categoría superior, y con ello a un mejor salario, para tener un mejor nivel de vida.
Aseguró que en cambio, los trabajadores foráneos además de pagarles salarios más altos también perciben mejores prestaciones, “esto es discriminación, es racismo, la empresa no puede ni debe de hacer eso, está violando y vulnerando los derechos de los trabajadores, así como sus derechos humanos”.
De la afirmación de la empresa en el sentido de que sólo son 20 los trabajadores los que están participando en el paro exigiendo el cambio de las relaciones sindicales, expresó que “una cosa es lo que declara la empresa y otra la que se vive aquí”.
Insistió en que son aproximadamente 600 los trabajadores que participan en el paro, casi la totalidad de los sindicalizados. Aseguró que por ejemplo el martes se llegaron a concentrar en el plantón más de 300 trabajadores en un solo turno, “no podemos tenerlos todos juntos aquí, sería imposible, por eso cuando termina un turno se retiran unos y llegan otros para relevarlos”.
Denunció que en este conflicto laboral el gobierno estatal ha jugado un papel parcial a favor de la empresa minera. Informó que el domingo cuando acudieron el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrer, el secretario del Trabajo estatal, Oscar Rangel Miravete y el delegado federal de la Secretaría del Trabajo, Felipe de Jesús Delgadillo, no fueron a escuchar el planteamiento de los trabajadores, “desde el inicio se vio su intención de que vinieron a tratar de levantar el movimiento, con el compromiso de que buscarían una solución con la minera”.
Agregó que la respuesta de los trabajadores fue de rechazo “porque ya están hartos y desesperados, y no quieren más promesas de las que ya les han hecho las instancias gubernamentales locales”.
Indalecio Pérez agregó que el Sindicato Minero instruyó a los abogados para que interpongan un amparo que evite el despido masivo que pretende la empresa, “aunque sabemos que son puras amenazas siempre hay que estar preparados para cualquier cosa”.
También añadió que no descartan que la empresa quiera desalojarlos, “pero no vamos a permitir eso, porque en cuanto nos demos cuenta que eso quiere hacer, vamos a mover a más trabajadores de diferentes partes del país para venir a reforzar este movimiento que han iniciado los compañeros”.
Insistió en que la dirigencia sindical ya tiene presentada una demanda por la titularidad del contrato, “pero sabemos que las autoridades competentes siempre dan largas y largas debido a que llegan las empresas y les calientan la mano (les dan dinero), debido a la corrupción que se prestan a eso”.
Dijo que sí corresponde a la empresa autorizar el cambio del sindicato y que por eso están demandando que sea la empresa la que desconozca a la CTM, o que la propia empresa exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que apresure el recuento, como se pide en la demanda de la titularidad.
Añadió que corresponde a la minera desconocer la titularidad del contrato con la CTM, porque fue ella la que les impuso a los trabajadores este sindicato, sin tomarlos en cuenta, “violando su libertad de poder sindicalizarse  con la organización que ellos juzguen conveniente”.
Expuso que así como la empresa violó el derecho de los trabajadores, también puede desconocer al sindicato de la CTM y arreglar lo que descompuso.
El delegado del STMMSRM declaró que para resolver el conflicto hay dos caminos: que la empresa apresure el recuento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o que desconozca al sindicato de CTM, “porque los trabajadores ya no están dispuestos regresar a trabajar, si no se soluciona este problema”.

Media Luna amenazó con despidos masivos si sigue el paro en Cocula, dice el líder sindical


La minera Media Luna amenazó  con un despido masivo de los trabajadores que participan en el paro laboral desde el viernes pasado en Nuevo Balsas, Cocula, informó ayer el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Indalecio Pérez Morones.
El dirigente sindical dijo que la dirigencia nacional presentó un amparo para evitar el despido masivo, y que los trabajadores están decididos a llegar “hasta las últimas consecuencias”.
Los trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold que explota la mina El Limón-Guajes, en Nuevo Balsas, municipio de Cocula, iniciaron el paro laboral a las 2 de la tarde del viernes pasado en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y piden agremiarse al STMMSRM.
“Ellos (los trabajadores) han decidido desconocer el liderazgo de la CTM para adherirse al Sindicato Minero”, informó Pérez Morones.
Agregó que los trabajadores decidieron salirse de la CTM ante las “anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos” que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista.
“Está bien claro que CTM es un sindicato patronal, que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de sus propios intereses, por eso los trabajadores decidieron irse a paro laboral desde las 2 de la tarde del viernes”, dijo el dirigente del Sindicato Minero.
Vía telefónica contó que entre los atropellos que comete la empresa con los trabajadores es la discriminación, pues a los habitantes de la región primero los ingresa con terceras empresas, después selecciona a los que les conviene.
Además los trabajadores locales tienen salarios muy bajos en relación con el que reciben los trabajadores foráneos.
Denunció que la minera tiene clasificados a los trabajadores en “foráneos” y “locales”,  y que a los trabajadores “locales”, además de pagarles salarios bajos los coloca en puestos en donde no tienen derecho ni pueden buscar ascender a una categoría superior, y con ello a un mejor salario, para tener un mejor nivel de vida.
Aseguró que en cambio, los trabajadores foráneos además de pagarles salarios más altos también perciben mejores prestaciones, “esto es discriminación, es racismo, la empresa no puede ni debe de hacer eso, está violando y vulnerando los derechos de los trabajadores, así como sus derechos humanos”.
De la afirmación de la empresa en el sentido de que sólo son 20 los trabajadores los que están participando en el paro exigiendo el cambio de las relaciones sindicales, expresó que “una cosa es lo que declara la empresa y otra la que se vive aquí”.
Insistió en que son aproximadamente 600 los trabajadores que participan en el paro, casi la totalidad de los sindicalizados. Aseguró que por ejemplo el martes se llegaron a concentrar en el plantón más de 300 trabajadores en un solo turno, “no podemos tenerlos todos juntos aquí, sería imposible, por eso cuando termina un turno se retiran unos y llegan otros para relevarlos”.
Denunció que en este conflicto laboral el gobierno estatal ha jugado un papel parcial a favor de la empresa minera. Informó que el domingo cuando acudieron el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrer, el secretario del Trabajo estatal, Oscar Rangel Miravete y el delegado federal de la Secretaría del Trabajo, Felipe de Jesús Delgadillo, no fueron a escuchar el planteamiento de los trabajadores, “desde el inicio se vio su intención de que vinieron a tratar de levantar el movimiento, con el compromiso de que buscarían una solución con la minera”.
Agregó que la respuesta de los trabajadores fue de rechazo “porque ya están hartos y desesperados, y no quieren más promesas de las que ya les han hecho las instancias gubernamentales locales”.
Indalecio Pérez agregó que el Sindicato Minero instruyó a los abogados para que interpongan un amparo que evite el despido masivo que pretende la empresa, “aunque sabemos que son puras amenazas siempre hay que estar preparados para cualquier cosa”.
También añadió que no descartan que la empresa quiera desalojarlos, “pero no vamos a permitir eso, porque en cuanto nos demos cuenta que eso quiere hacer, vamos a mover a más trabajadores de diferentes partes del país para venir a reforzar este movimiento que han iniciado los compañeros”.
Insistió en que la dirigencia sindical ya tiene presentada una demanda por la titularidad del contrato, “pero sabemos que las autoridades competentes siempre dan largas y largas debido a que llegan las empresas y les calientan la mano (les dan dinero), debido a la corrupción que se prestan a eso”.
Dijo que sí corresponde a la empresa autorizar el cambio del sindicato y que por eso están demandando que sea la empresa la que desconozca a la CTM, o que la propia empresa exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que apresure el recuento, como se pide en la demanda de la titularidad.
Añadió que corresponde a la minera desconocer la titularidad del contrato con la CTM, porque fue ella la que les impuso a los trabajadores este sindicato, sin tomarlos en cuenta, “violando su libertad de poder sindicalizarse  con la organización que ellos juzguen conveniente”.
Expuso que así como la empresa violó el derecho de los trabajadores, también puede desconocer al sindicato de la CTM y arreglar lo que descompuso.
El delegado del STMMSRM declaró que para resolver el conflicto hay dos caminos: que la empresa apresure el recuento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o que desconozca al sindicato de CTM, “porque los trabajadores ya no están dispuestos regresar a trabajar, si no se soluciona este problema”.

La mina de Cocula no ha suspendido actividades ante el bloqueo de vecinos, afirma Álvaro Burgos

 

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera aseguró que los pescadores que mantienen bloqueado un acceso de la minera Media Luna en Nuevo Balsas, Cocula, “han sido atendidos”.
Añadió que la empresa no ha suspendido sus actividades ni ha sufrido pérdidas, “se está atendiendo el tema de los pescadores, ha habido algunas reuniones y se está dando seguimiento por parte del gobierno del estado a este tipo de demandas”.
Aseguró que no se tienen registros de que se hayan detenido los trabajos de la minera, aunque seguía cerrada por vecinos que exigen una indemnización debido a los daños ambientales que provoca, sobre todo al sector pesquero.
Expuso que la Secretaría General de Gobierno es la dependencia que negocia con los afectados, y “ha estado desde el domingo (el día que fue cerrado ese acceso a la mina) pasado en las negociaciones, tanto de la parte empresarial como de los inconformes”.

 

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.

Aflora una amplia gama de violencia en las zonas de la minería, denuncia académica de Morelos

En las zonas de la minería, particularmente en Carrizalillo, aflora una amplia gama de violencia social, cultural, en el tiempo y contra la naturaleza y el individuo, denunció la profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Lilián González Chévez, en la séptima mesa redonda El conocimiento antropológico e histórico de Guerrero, que se llevó a cabo en el hotel Paradise Inn de Chilpancingo.
Señaló que, ahí hubo colusión de fuerzas armadas con grupos antagónicos de narcotraficantes, control social, escarmiento social, extorsión, secuestros y muertes, durante una de las conferencias de la actividad organizada cada año por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA).
Recordó que en 2009, los comuneros de Carrizalillo rentaron sus tierras a la canadiense Gold Corp, por una mensualidad de 2.5 onzas de oro, unos 32 mil 700 pesos, tasado en la bolsa de valores de Nueva York; una negociación aparentemente exitosa.
Así, la empresa Luismin, subsidiaria de la Gold Corp, obtuvo la licencia social mediante un acuerdo económico, y los dueños de la tierra se convirtieron en “superficiarios”, es decir, los que viven en la superficie.
A siete años de ese pacto, el ejido condensa todos los tipos de violencia: fue ocupada por las fuerzas armadas y el narcotráfico, un grupo de delincuentes trabajaba con los marinos y otro con soldados de la Defensa Nacional, en una comunidad de mil 200 habitantes.
Esta colusión de fuerzas dio lugar a control social, no se permite la entrada ni salida de extraños a la población; y el escarmiento social para quien transgrede las reglas, por ejemplo, una mujer que salió de la comunidad cuando estaba prohibido, fue exhibida desnuda en la plaza, en Carrizalillo.
Vecinos de los pueblos aledaños que no reciben beneficios de la minera, comenzaron a detener a habitantes de carrizalillo, a extorsionarlos, porque “eran ricos”.
Tras la violencia comenzaron los desplazamientos masivos, en 2015, aunados al agotamiento de ojos de agua, contaminación y pérdida de biodiversidad.
Además de la violencia en el tiempo, que puede ser transmitida o retardada; en Carrizalillo existen las dos, transmitida porque ya hay daños genéticos a la siguiente generación a causa de sustancias que se usan en minas a cielo abierto, que aumentaron abortos y malformaciones congénitas.
Y violencia retardada por esos residuos, “no sólo los que permanecen, también los que se proyectan a futuro”.
Y el daño patrimonial a las ruinas arqueológicas destruidas, que había en Carrizalillo, en el cerro el Bermejal, ahora Tajo Bermejal.
Con el nuevo acuerdo económico de 2014, empresa y comuneros reeditaron la licencia social para explotar las tierras, y el pago mensual por hectárea subió a 4 onzas de oro, y un fondo de 3 millones de pesos anuales para monitorear agua, aire y salud, “una gran tajada para bandas rivales que se disputan la plaza, incluso a la empresa que debe pagar seguridad, sobre todo en derecho de piso”, abundo la especialista.
Dijo que la minera pagaba el año pasado un millón de pesos mensuales por seguridad a un grupo de narcotraficantes, que nunca va a reconocer públicamente.
En la comunidad aumenta la conflictividad social ante el despojo, el agotamiento y la contaminación, ante el trabajo intensivo de la mina. Frente a esto, opinó que en Carrizalillo no se articula la resistencia social porque ya tiene un pacto por dinero.
Un participante retomó el asunto de la colusión de las fuerzas de seguridad pública con el crimen, para el control social de mineros y ejidatarios. Indicó que quiso conocer el lugar y se encontró, primero, con un retén de la Policía Federal en Mezcala, más adelante, un segundo retén de militares, “y felizmente lo estoy contando”.
Denunció que es increíble que en esa zona deambulen dos o tres camionetas con hombres armados, mientras la mina realiza el saqueo.
Denunció que ahora no es el gobierno el que reprime a los luchadores sociales, sino los delincuentes, y así las autoridades “se lavan las manos: no somos nosotros, es la delincuencia organizada”, dicen.
La académica señaló que, a pesar del despojo, la contaminación y la destrucción del entorno, la minería se mantiene porque responde al proyecto de neocolonización desde las instancias globales, del sector empresarial.
Indicó que México se somete a los procesos de globalización, pero lo mismo pasa en América Latina, Estados Unidos y Canadá, y que no ocurre en Europa porque allá están prohibidas las minas a tajo abierto.
En ese sentido, se han creado leyes que privilegian la actividad minera sobre cualquier otra actividad económica. La nueva ley de zonas económicas especiales, aprobada en 2016, establece una zona portuaria entre Guerrero y Michoacán, para sacar la materia prima del país lo más rápidamente posible.
Señaló que estas zonas económicas especiales son preferentes, como la actividad minera y la energética, sobre cualquier otra actividad.