En las zonas de la minería, particularmente en Carrizalillo, aflora una amplia gama de violencia social, cultural, en el tiempo y contra la naturaleza y el individuo, denunció la profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Lilián González Chévez, en la séptima mesa redonda El conocimiento antropológico e histórico de Guerrero, que se llevó a cabo en el hotel Paradise Inn de Chilpancingo.
Señaló que, ahí hubo colusión de fuerzas armadas con grupos antagónicos de narcotraficantes, control social, escarmiento social, extorsión, secuestros y muertes, durante una de las conferencias de la actividad organizada cada año por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA).
Recordó que en 2009, los comuneros de Carrizalillo rentaron sus tierras a la canadiense Gold Corp, por una mensualidad de 2.5 onzas de oro, unos 32 mil 700 pesos, tasado en la bolsa de valores de Nueva York; una negociación aparentemente exitosa.
Así, la empresa Luismin, subsidiaria de la Gold Corp, obtuvo la licencia social mediante un acuerdo económico, y los dueños de la tierra se convirtieron en “superficiarios”, es decir, los que viven en la superficie.
A siete años de ese pacto, el ejido condensa todos los tipos de violencia: fue ocupada por las fuerzas armadas y el narcotráfico, un grupo de delincuentes trabajaba con los marinos y otro con soldados de la Defensa Nacional, en una comunidad de mil 200 habitantes.
Esta colusión de fuerzas dio lugar a control social, no se permite la entrada ni salida de extraños a la población; y el escarmiento social para quien transgrede las reglas, por ejemplo, una mujer que salió de la comunidad cuando estaba prohibido, fue exhibida desnuda en la plaza, en Carrizalillo.
Vecinos de los pueblos aledaños que no reciben beneficios de la minera, comenzaron a detener a habitantes de carrizalillo, a extorsionarlos, porque “eran ricos”.
Tras la violencia comenzaron los desplazamientos masivos, en 2015, aunados al agotamiento de ojos de agua, contaminación y pérdida de biodiversidad.
Además de la violencia en el tiempo, que puede ser transmitida o retardada; en Carrizalillo existen las dos, transmitida porque ya hay daños genéticos a la siguiente generación a causa de sustancias que se usan en minas a cielo abierto, que aumentaron abortos y malformaciones congénitas.
Y violencia retardada por esos residuos, “no sólo los que permanecen, también los que se proyectan a futuro”.
Y el daño patrimonial a las ruinas arqueológicas destruidas, que había en Carrizalillo, en el cerro el Bermejal, ahora Tajo Bermejal.
Con el nuevo acuerdo económico de 2014, empresa y comuneros reeditaron la licencia social para explotar las tierras, y el pago mensual por hectárea subió a 4 onzas de oro, y un fondo de 3 millones de pesos anuales para monitorear agua, aire y salud, “una gran tajada para bandas rivales que se disputan la plaza, incluso a la empresa que debe pagar seguridad, sobre todo en derecho de piso”, abundo la especialista.
Dijo que la minera pagaba el año pasado un millón de pesos mensuales por seguridad a un grupo de narcotraficantes, que nunca va a reconocer públicamente.
En la comunidad aumenta la conflictividad social ante el despojo, el agotamiento y la contaminación, ante el trabajo intensivo de la mina. Frente a esto, opinó que en Carrizalillo no se articula la resistencia social porque ya tiene un pacto por dinero.
Un participante retomó el asunto de la colusión de las fuerzas de seguridad pública con el crimen, para el control social de mineros y ejidatarios. Indicó que quiso conocer el lugar y se encontró, primero, con un retén de la Policía Federal en Mezcala, más adelante, un segundo retén de militares, “y felizmente lo estoy contando”.
Denunció que es increíble que en esa zona deambulen dos o tres camionetas con hombres armados, mientras la mina realiza el saqueo.
Denunció que ahora no es el gobierno el que reprime a los luchadores sociales, sino los delincuentes, y así las autoridades “se lavan las manos: no somos nosotros, es la delincuencia organizada”, dicen.
La académica señaló que, a pesar del despojo, la contaminación y la destrucción del entorno, la minería se mantiene porque responde al proyecto de neocolonización desde las instancias globales, del sector empresarial.
Indicó que México se somete a los procesos de globalización, pero lo mismo pasa en América Latina, Estados Unidos y Canadá, y que no ocurre en Europa porque allá están prohibidas las minas a tajo abierto.
En ese sentido, se han creado leyes que privilegian la actividad minera sobre cualquier otra actividad económica. La nueva ley de zonas económicas especiales, aprobada en 2016, establece una zona portuaria entre Guerrero y Michoacán, para sacar la materia prima del país lo más rápidamente posible.
Señaló que estas zonas económicas especiales son preferentes, como la actividad minera y la energética, sobre cualquier otra actividad.
