Indígenas nahuas del Frente de Defensa Popular (FDP) y del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), realizaron ayer un plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado y exigieron al gobierno estatal apoyo para 15 familias desplazadas por la violencia, y justicia para dos indígenas de San Jerónimo Palantla asesinadas en el 2015 y en el 2019, una de ellas con un embarazo de cuatro meses.
La mayoría de las que participaron en la protesta fueron mujeres encabezadas por la dirigente del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, quien explicó que la jornada fue por el Día Internacional de la Mujer.
Se sumaron además, mujeres que representaron a 200 familias de la localidad de Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, desplazadas en el 2013 de la comunidad de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo, por las afectaciones del huracán Manuel y la tormenta tropical Ingrid.
Esas familias actualmente viven en Nuevo Balsamar en viviendas que les construyó la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) sin servicios como energía eléctrica y agua potable, y pidieron atención de las autoridades estatales.
La dirigente del FDP, Guevara Tejedor informó que la protesta que inició a las nueve de la mañana y terminó a la una de la tarde.
Informó que la demanda principal fue apoyo de las autoridades estatales para 15 familias que fueron desplazadas por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la comunidad de Zochitempa Laguna Seca, municipio de Chilapa y que actualmente están refugiadas en San Jerónimo Palantla.
Durante la protesta en las escalinatas del ex Palacio de Gobierno, los manifestantes colocaron una ofrenda floral en memoria de las indígenas de San Jerónimo Palantla asesinadas, Salvadora Chávez Rendón, y Ana María Pánfilo Candelara.
Salvadora fue asesinada el 11 de julio del 2019 en una emboscada contra 11 integrantes del FDP en el camino Lamazintla-Cantera Rosa cuando regresaban a San Jerónimo Palantla del juzgado penal de Chilapa a donde fueron a ratificar una denuncia por el homicidio de cinco de sus familiares ocurrido el 8 de febrero del 2015, entre ellos Ángel Calvario Tlatempa, esposo de Salvadora.
Mientras que Ana María Pánfilo Candelara, fue asesinada ese 8 de febrero del 2015 afuera de la comisaría de San Jerónimo Palantla, junto con otros cuatro indígenas. Ana María tenía un embarazo de cuatro meses, según los testimonios de sus vecinos.
Guevara Tejedor explicó que el homenaje, sin embargo, no sólo fue para Salvadora y Ana María este Día Internacional de la Mujer, sino para “todas las compañeras que han dejado brecha en este caminar para lograr la paridad de género”.
Una comisión de pobladores de la comunidad nahua de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, demandó este jueves en Chilpancingo la intervención del gobierno del estado para que otro grupo de habitantes de ese lugar, que encabezan líderes del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara Tejedor dejen las armas, porque representan un peligro para ellos.
El grupo de vecinos formaba parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los llamados pueblos fundadores, que tienen su base en Rincón de Chautla, pero se disgregaron tras un enfrentamiento que tuvieron en febrero de 2015 con los policías comunitarios del FDP.
Apenas el miércoles, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de los pueblos fundadores, al que pertenecía un grupo de San Jerónimo Palantla, marchó en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, donde demandó la cancelación de 67 averiguaciones previas, de las cuales para 60 ya se liberaron las órdenes de aprehensión.
Las averiguaciones previas fueron integradas como consecuencia de la confrontación con miembros del FDP, y en éstas están incluidos algunos de los ahora ex policías comunitarios de San Jerónimo Palantla, por lo que en la conferencia de prensa de ayer también demandaron la cancelación de las averiguaciones previas y las ordenes de aprehensión.
A las 5 de la tarde de este jueves, los pobladores de San Jerónimo Palantla ofrecieron una conferencia de prensa en esta ciudad en la que se deslindaron de Torres Fierro y Gue-vara Tejedor, porque son “los que insisten en que San Jerónimo Palantla siga teniendo conflictos con sus vecinos de Rincón de Chautla”.
En San Jerónimo Palantla hay dos grupos, el que pertenecía a la CRAC de los pueblos fundadores, que son los que ofrecieron la conferencia de prensa de ayer, y el grupo que encabezan los dirigentes del FDP. Para resolver el conflicto entre ambos, que estaban en permanente confrontación, el gobierno del estado promovió la firma de una minuta de acuerdos. En ella, los afines al FDP se comprometieron a retirar las demandas penales contra el grupo adversario, y éste aceptó desarmar a los policías comunitarios de San Jerónimo Palantla que pertenecían a la CRAC.
Sin embargo, ayer un vecino de Palantla, Cornelio Xochitempa denunció que ellos cumplieron pues se desactivaron como policías comunitarios, y que el FDP no ha retirado las demandas panales, como era el compromiso.
Ante esta situación, exigieron la intervención de las autoridades estatales para que se desarme al grupo del FDP, pero también que cumpla con el retiro de las demandas, pues funcionarios del gobierno estatal sirvieron de mediadores para la firma de la minuta.
En la conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de ayer, Xochitempa leyó un comunicado en el que se establece que ellos, como vecinos de San Jerónimo, respetaron el acuerdo firmado entre Rincón de Chautla y el gobierno del estado, para que ninguna policía comunitaria operara en San Jerónimo.
Sin embargo, acusaron que el otro grupo de pobladores, encabezado por Constantino Calvario Merino, apoyado por dirigentes del FDP no respetaron el acuerdo y continúan portando armas.
Los pobladores de San Jerónimo Palantla informaron que sus mismos vecinos que defienden intereses de Constantino Calvario, interpusieron las demandas contra los ex integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, a pesar de que ya existe un acuerdo de que los hechos de violencia ocurridos el 8 de febrero del 2015, cuando hubo cuatro muertos de los que se acusa a los policías comunitarios de Rincón de Chautla, no se van a perseguir de oficio y que las averiguaciones quedarían sin efecto.
Por otra parte, demandaron justicia para Isaac Xochitempa Chautla, promotor de la CRAC de los pueblos fundadores de San Jerónimo Palantla, asesinado el 24 de noviembre del 2015. Del homicidio acusan a los afines al FDP.
También denunciaron que todavía no hay apoyo ni atención de los gobiernos del estado y del municipio para los familiares de las víctimas del 24 de noviembre del 2015, cuando hubo tres asesinatos provocados por el FDP en esa misma comunidad.
En un territorio que se disputan los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos, 15 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) han logrado vivir en paz desde hace dos años, tras la organización que logró la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), de los Pueblos Fundadores, que se ha declarado independiente de los sistemas comunitarios existentes.
“Aquí se cometían asaltos, violaciones, homicidios, secuestros, pero después de que nos organizamos cesó todo. Ahorita todo está bien, ya no se quejan las comunidades, por eso aunque nos estamos cooperando para dar seguridad, las comunidades están de acuerdo porque están en paz”, dijo el consejero regional de la agrupación comunitaria, Bernardino Sánchez Luna.
La organización que aglutina a 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera y en la que participan 300 policías comunitarios que se encargan de la seguridad, se deslindó ayer de los otros sistemas comunitarios como la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán y de las casas de El Paraíso y de Tixtla, y han trabajado por su cuenta en estos pueblos en donde también funciona la Policía autodenominada por la Paz y la Justicia.
–¿No han tenido aquí conflictos con grupos del crimen organizado?, –se le preguntó al consejero, a sabiendas de la pugna que hay entre Los Rojos y Los Ardillos.
–Hasta ahora no, está todo tranquilo.
–¿Tienen coordinación con la Policía Estatal, con la Federal y con el Ejército?, –se le preguntó al consejero.
–Nosotros solamente exigimos respeto al gobierno. No nos coordinamos con ellos. Ellos hacen su chamba y nosotros la nuestra.
–¿En la chamba de ustedes no ha habido amenazas, hostigamiento y obstáculos de las fuerzas estatales y federales?
–Cuando iniciamos (en 2015), sí había intimidaciones, pero ahorita se va calmando todo; de hecho, hay trabajadores aquí en Xicotlán, y el presidente municipal de Chilapa nos pidió que los fuéramos a recoger a la orilla de Chilapa, porque tenía miedo de venir a trabajar aquí por la violencia.
“Con eso, el presidente municipal está reconociendo nuestro trabajo, aunque no nos apoya económicamente, pero nos reconoce el trabajo que hacemos, simplemente se niega a soltarnos el recurso”, dijo.
Este grupo de policías comunitarios se fundó el 27 de agosto de 2014, bajo los auspicios del ex consejero de la CRAC de la casa matriz de San Luís Acatlán, Cirino Plácido Valerio. Sin embargo, a raíz del conflicto que este grupo de comunitarios tuvo con los ciudadanos de San Jerónimo Palantla, se deslindaron de Cirino y formaron un grupo separado que aglutina a las 15 comunidades de municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
–¿Ustedes son independientes de otros grupos de la Policía Comunitaria que formó la CRAC?, –se le pidió que precisara.
–Somos independientes, o sea que trabajamos con los pueblos. No nos coordinamos con nadie (de los otros grupos del CRAC) ahorita.
–Cuando ocurre un hecho delictivo, ¿Qué pasa con los detenidos, a dónde se los llevan?
–Los sometemos a reeducación y quienes deciden son los comisarios y los consejeros cuánto tiempo se les va a dar. De hecho, no ha habido detenidos porque hablamos con las comunidades para que se respetara la ley.
“Les pedimos que se evite llegar a la violencia, antes que llegar al sistema de reeducación, por eso ahorita está todo tranquilo”, explicó.
–Desde que se formó este grupo de la Policía Comunitaria, ¿cuántas personas han sido detenidas?
–Cuando iniciamos fueron como 30, porque no entendía la gente y seguía cometiendo delitos. No había grandes delitos, pero se amenazaban, se quitaban sus derechos, pues.
Sin embargo, agregó que posteriormente se firmaron actas en los pueblos en las que los habitantes y las familias se comprometieron a vigilar la actuación de los habitantes, “y ahora ya no tenemos detenidos, ya está todo tranquilo”, reiteró.
–¿Desde que se formó esta Policía Comunitaria, cuáles son los obstáculos que han tenido?
–El problema que tuvimos fue con San Jerónimo Palantla, porque entre ellos mismos tienen pleitos, es un problema interno, quisimos entrar y entonces tuvimos problemas con ellos, por eso ahora nos deslindamos de ellos.
“El problema de San Jerónimo, aunque aprobó la mayoría nuestra presencia, los demás no estuvieron de acuerdo, por eso nos retiramos. Hasta ahorita, no sabemos si hay un grupo delictivo detrás de ellos, pero lo que sabemos es que tienen problemas de terrenos, de agua, de escuelas, y están divididos, el comisario municipal por un lado y el comisariado de bienes comunales por otro”, explicó.
–¿Ustedes ya no tienen injerencia en ese pueblo?, –se le preguntó al consejero.
–Ya no, si se llegaran a integrar tendrán que entregar otra acta en donde aceptan incorporarse a la CRAC, pero no ha llegado ningún documento.
El consejero explicó que con la decisión de retirarse de esa comunidad están respetando los acuerdos que firmaron con el gobierno estatal el 11 y 25 de marzo de 2016, cuando se estableció que la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla liberaría a cuatro detenidos de San Jerónimo Palantla, y éstos se desistirían de las ordenes de aprehensión de más de 60 policías comunitarios.
Pero denunció que la gente de San Jerónimo Palantla no cumplió porque en vez de retirar las órdenes de aprehensión en contra de los comunitarios, presentaron más demandas, apoyados por el Frente de Defensa Popular (FDP).
Organizaciones sociales, campesinas y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de Atoyac, anunciaron la integración del colectivo Fuerza Ciudadana de Atoyac, para rechazar las reformas estructurales y el gasolinazo en el municipio.
Los activistas iniciaron brigadas informativas en colonias y comunidades sobre los efectos del gasolinazo en la economía familiar, para aclarar que es falso que el incremento a los precios de las gasolinas fue una medida para no afectar los programas sociales.
Luego de reuniones municipales con varios sectores, los integrantes anunciaron en conferencia de prensa que se conforman en un solo movimiento.
Anunciaron la creación de la nueva organización, los dirigentes del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor; de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino; del Frente Atoyaquense Ciudadano, Arturo García Jiménez; y de la Coalición de Ejidos, Patricio Barrientos, se suman al nuevo frente, junto con la CETEG y la Fundación Lucio Vive.
En un documento al que dieron lectura, exponen que, ante la sorpresa del aumento de las gasolinas iniciaron por separado, pero se integran hoy en una sola fuerza para tener acciones coordinadas contra el gasolinazo y las reformas estructurales.
Argumentaron que las reformas laboral, educativa, energética, tributaria y de telecomunicaciones, promovidas por los gobiernos del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y el presidente Enrique Peña Nieto, responden a los intereses del neoliberalismo y, “han presentado un descalabro en la vida social y económica de los mexicanos, lejos de mejorar las condiciones de los grupos más pobres y marginados en el país”.
Dijeron que el gasolinazo es apenas un ejemplo de los abusos y arbitrariedades, la impunidad, “y todos los males que perturban a los sectores de la población que hoy se encuentran en protesta y se organizan, una forma de autodefensa y de lucha, en filosofía de la resistencia, la información y participación ciudadana”.
Reiteraron su invitación a toda la población a organizarse y manifestarse de manera pacífica ante toda irregularidad que afecte a las familias, y a resistir las políticas de desinformación.
Con la Fuerza Ciudadana Atoyaquense se incorporan a las jornadas de protesta pacífica nacional, estatal y municipal, para fortalecer las brigadas de información que estarán recorriendo el municipio, explicaron.
Sostuvieron que el colectivo no tiene injerencia de partidos políticos, que la toma de decisiones es por consenso y que su objetivo es impulsar acciones que no afecten a los ciudadanos.
Dijeron que el nuevo colectivo considera tomar acciones conjuntas con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para frenar las reformas estructurales, y un acto cultural con el cantautor Gabino Palomares, en Atoyac.
El recorte presupuestal que anunció el gobierno del estado para enfrentar el gasolinazo es sólo un asunto mediático para distraer, acusaron las organizaciones sociales de Atoyac.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino considera que la verdadera causa de la crisis que se vive en el estado es la corrupción.
Mencionó el caso del desvío de recursos del erario público del municipio y del estado a la clínica contra el cáncer en Atoyac, que no se ha finalizado, además de que las dependencias no aplican los recursos en la Clínica de la Mujer, que tiene casi tres años de retraso.
Criticó que bajar los salarios de los funcionarios no es garantía, “porque ellos tienen las manos libres para robar y llevarse los recursos”.
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no liberó, en la primera semana de enero como prometió, los bonos para construir 317 casas de integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP), luego de que la delegación no entregó a tiempo la documentación en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México en octubre.
El 19 de diciembre, integrantes de la organización se manifestaron afuera de las instalaciones de la delegación y bloquearon el bulevar del río Huacapa porque la delegación de la Sedatu no entregó a tiempo la documentación para solicitar bonos para viviendas, cuando en otros estados ya incluso los habían liberado.
Ese día se reunieron con representantes de la Sedatu que les dijeron que enviarían nuevamente la documentación de uno de los cuatro grupos que se formaron para entregar los documentos, y que para el martes enviarían el resto para que, a más tardar en 15 días liberaran los bonos, y en enero compraran los materiales de construcción. Se cumplió el plazo y no sucedió.
Consultada telefónicamente la dirigente de la organización, Clemencia Guevara Tejedor informó que no les liberaron los bonos, y por ellos, sus representantes nacionales acudirían a una reunión en la Ciudad de México al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), donde preguntarán qué pasó con los apoyos para el FDP en Guerrero.
Agregó que temen que no les den los bonos pretextando las reformas estructurales y el alza de los precios de la gasolina.
“Con todo lo que está sucediendo en el país nos queda claro que la intención no es resolver los problemas de la ciudadanía sino agravarlos, y eso ya lo veníamos anunciando desde antes, que las reformas estructurales no nada más perjudicaban a los maestros, perjudicaba a todos; el terrorismo de estado que están sembrando… están sembrando psicosis y tratan de involucrarnos (diciendo) que somos las organizaciones que andamos saqueando, cuando no es así”, acusó.
Guevara Tejedor también asegura que no los han citado para hablar sobre la persecución de hombres armados en una camioneta que los siguieron en Tierra Colorado, luego de que el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas les prometió que este mes se reunirían con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas . Foto: Francisco Magaña
Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas
Francisco Magaña
Atoyac
La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.
Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional
A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.
Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero
Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.
Sin llegar hasta la tribuna donde el gobernador, Héctor Astudillo Flores, entregó incentivos al sector agropecuario en la ciudad de Atoyac, cafeticultores, maestros y colonos manifestaron sus demandas aprovechando la presencia del mandatario estatal en esta cabecera municipal.
En los terrenos de la Feria del Café donde tuvo lugar la actividad, estuvieron también el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Eduardo Calzada Rovirosa, y la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga Delgado.
Los primeros en manifestarse, sin estar físicamente en el lugar, fueron productores de café que tomaron de manera simbólica las oficinas del Consejo Estatal del Café (Cecafé) mientras se desarrollaba la actividad oficial en los terrenos de la Feria del Café de esta ciudad de Atoyac.
Los productores y autoridades ejidales colocaron pancartas exigiendo la salida del coordinador, Erasto Cano, nombrado por el anterior gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, quien, dijeron, ya cumplió su periodo.
Acusan en un documento firmado por comisariados ejidales y organizaciones productivas que entregaron al gobernador, que Erasto Cano es difícil de hallar en la ciudad de Atoyac, pese a que es la sede del Cecafé.
Señalan que no ha apoyado a la cafeticultora, además de que toma decisiones unilaterales sin considerar a los vocales, que también piden su renuncia.
Por su parte, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) llegaron hasta la zona del presídium, donde extendieron una lona en la que escribieron mensajes de rechazo la evaluación docente y a la reforma educativa.
Los maestros exigieron gratuidad en la educación y la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos.
Minutos después, llegaron colonos del predio irregular Emiliano Zapata, respaldados por el Frente de Defensa Popular (FDP), que preside en la región Clemencia Guevara Tejedor, para exigir la regularización de su colonia y la instalación de servicios públicos.
La dirigente social dijo que fueron atendidos por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Juan José Castro Justo, quien les dijo que serán recibidos el lunes en Chilpancingo.
Los manifestantes llegaron con banderines rojos de la organización y se apostaron en la camioneta en la que el gobernador saldría de los terrenos de la Feria.
La camioneta fue llevada por los escoltas del gobernador al frente de la carpa, donde, antes de abordarla, Héctor Astudillo Flores dijo que ya es costumbre este tipo de actos de la CETEG, “yo no me espanto que se manifiesten aquí, especialmente en la tierra de la dignidad y la insurgencia, por supuesto que no nos espantamos, todo por supuesto haciéndose correctamente respetando a los demás”.
Sobre los cafeticultores, el gobernador dijo que atenderá con el diálogo y que no sabía que las oficinas estaban tomadas.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.
Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC
Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.
Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato
Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.
Las organizaciones aglutinadas en el Frente Indígena de Campesinos de México (Ficam) y en el Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, que encabezan la Caravana por la vida y la justicia, llegaron este viernes a Xoxocotla, Morelos, en su recorrido rumbo a la ciudad de Cuautla, en ese mismo estado, y de ahí a la Ciudad de México.
En una consulta telefónica, la líder del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor explicó que hoy viernes llegaron a la ciudad de Xoxocotla, en donde exigieron la libertad del promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del barrio del Fortín de Tixtla, Gonzalo Molina González.
Detalló que se tiene programado esperar en el lugar a la caravana que viene de Oaxaca, para que este 10 de abril, juntas las organizaciones sociales conmemoren el 97 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata.
Describió que la Caravana por la vida, que salió en la mañana de Iguala, fue recibida por la organización Rubén Jaramillo, organizaciones defensoras del Maíz y el Frente Popular Francisco Villa.
“Ahorita estamos en descanso para que mañana podamos ir a Cuautla”, donde conmemorarán el asesinato de Emiliano Zapata.
Dijo que en la visita hubo diálogos con las organizaciones del estado de Morelos, que hicieron suya la lucha por la libertad de los presos políticos de Guerrero.
Agregó que hablaron de las agresiones a los líderes sociales en el estado, y recordó que la intención de la Caravana es exigir justicia para todos los presos, como Arturo Campos.
Criticó que la postura del gobierno del estado de Guerrero es identificar a los líderes sociales y señalarlos como terroristas, secuestradores y delincuentes, para enviarlos a la cárcel.
Este 10 de abril, las organizaciones sociales recordarán un año más del asesinato del caudillo del sur, en Cuautla Morelos, como parte de la movilización nacional para pedir respeto de los pueblos indígenas.
