Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Exigen en Iguala castigo para los asesinos de Arturo Hernández Cardona a cuatro años del crimen

Con una exigencia de justicia y castigo a todos los responsables por omisión o complicidad, ayer, a cuatro años de la desaparición forzada y ejecución del dirigente de la organización Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, los familiares, amigos y miembros de organizaciones colocaron una ofrenda floral y participaron en un mitin político.
En la actividad también se exigió que se considere como una prueba absoluta la declaración notarial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa.
A las 11 de la mañana, los participantes colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Independencia, las hijas del asesinado Hernández Cardona, Soledad, Carolina y Reyna Hernández Mena; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Mendoza Villa; miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y miembros del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
En declaraciones a reporteros después del acto y durante el mitin político en el auditorio del Palacio municipal, la activista Soledad Hernández Mena denunció que las dependencias de gobierno han dado nulos resultados en sus investigaciones, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local, el Grupo de Coordinación Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), “permitieron ver el grado de impunidad y de encubrimiento por miembros del Estado”.
Evidenció el encubrimiento al ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y de su jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, que a cuatro años de los hechos no han sido juzgados por el crimen, a pesar del señalamiento de uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa.
A la demanda de justicia y castigo a los culpables, se sumó la petición de que la declaración del sobreviviente Nicolás Mendoza sea considerada como prueba testimonial absoluta para incriminar al ex edil Abarca Velázquez.
Demandó también una ley federal que castigue a funcionarios públicos por desaparición forzada y ejecución extrajudicial, que se reclasifique el delito por el que los detenidos por este caso sean juzgados por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en lugar de secuestro.
Hizo responsable al Estado mexicano por una pérdida más de vidas, víctimas directas o indirectas. Que se castigue por omisión y encubrimiento a todas las corporaciones y las instituciones involucradas y que haya un cese de la represión en contra de luchadores y líderes sociales.
“Hoy estamos recordando esta fecha a cuatro años de los hechos, donde el Estado mexicano nos negó la justicia pronta y expedita en todos los ámbitos, desde la comisión instructora, la Fiscalía General del Estado y las distintas corporaciones e instituciones que no actuaron, por omisión o complicidad”.
Recordó que por la falta de cumplimiento a las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella tuvo que abandonar con su familia su domicilio en la colonia Fovissste de Iguala, ya que era su vecino el ex jefe policiaco, Felipe Flores Velázquez, implicado en este crimen.
Señaló que, a pesar de que ya hay algunos detenidos por la PGR, aún siguen esperando justicia y castigo a los involucrados, ya que estos no han sido juzgados.
Por separado, en declaraciones a reporteros el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, denunció que el estado de Guerrero y el pueblo de México están sufriendo una de sus peores crisis de inseguridad.
Señaló que los tres niveles de gobierno han fallado en la estrategia de combatir al crimen organizado, “ya que se ha comprobado que las más altas esferas de gobierno han estado coludidas con las mismas, lo que ha hecho que, en lugar de detener o disminuir la violencia, ésta se vaya incrementando”.
“A cuatro años de la desaparición forzada y la ejecución del activista Arturo Hernández, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los tres niveles de gobierno y los cuerpos de seguridad han quedado evidenciados… no hay garantías para los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad en general”.
Dijo que ante el próximo proceso electoral, “los partidos políticos hacen estrategias de exterminio en contra de quienes les estorban para poder avanzar en sus cotos de poder”.
Agregó que “los criminales de cuello blanco que pertenecen a la delincuencia organizada han gozado de una impunidad total y se han escudado en el fuero constitucional, y de ocupar algunos cargos públicos que pone en riesgo la legitimidad de un gobierno que prometió orden y paz.
En el mitin, fueron presentados videos de testimonios entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2013, desde la confrontación que tuvo Cardona con Ángeles Pineda Villa durante una sesión de Cabildo y después la demanda presentada en la agencia del Ministerio Público en la que los miembros de la UP responsabilizaron de muerte a la pareja y su jefe policiaco.
También se denunció que, a cuatro años de los hechos no se ha dado cumplimiento a las demandas de obra social y fertilizante que en la protesta del 30 de mayo de 2013 reclamaban los líderes sociales.

Piden ONG a los diputados revertir las propuestas regresivas aprobadas de la ley contra la tortura

Organismos de derechos humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que se dieron en el último periodo legislativo para aprobar las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada; y demandaron que la ley que se apruebe incorpore los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme la constitucionalidad vigente.
Además, debe eliminar cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas “crueles, inhumanas o degradantes”, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en el país, y armonizarlos con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos.
En un comunicado de organizaciones de derechos humanos del país, entre ellos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República emitieron su postura al respecto.
El 5 de enero se cumplió la fecha límite que señaló el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días, que se contaron a partir del 10 de julio del 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada.
En el documento señalaron que, en diversas ocasiones se han pronunciado contra la grave crisis de tortura generalizada que existe en México. Agregaron que en 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México.
Agregaron que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU han señalado la necesidad de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales, que conlleven a la erradicación de esta grave práctica.
Explicaron que, “en un primer momento en la sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos”.
Agregaron que esa minuta de ley se encuentra en la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y con expertos que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate.
Originó que el 15 de diciembre de 2016, último día de periodo legislativo, la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen, sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original, detallaron.
Los organismos indicaron que la comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendió eliminar causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal.
Además abundaron que se pretendía “restringir la facultad actual de los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando ésta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema”.
También se quiso limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, pues señalaron que es necesario para evitar que los implicados se investiguen a sí mismos; además de construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal.
Las organizaciones consideran que estas propuestas van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura, y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial.
Refieren que las comisiones no mejoraron ni elevaron los estándares de la ley que aprobó el Senado, que contiene importantes avances, que tiene deficiencias, como el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura, la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, consideraron que genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad.
Además, están ausentes las disposiciones claras para establecer responsabilidades de los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o incurran en responsabilidad por actos de tortura.
“En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”, expone el comunicado.

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Intenta el Estado retrasar el mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa, denuncian padres de los 43

A dos meses de estar exigiendo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega denunció que el gobierno federal está retrasando la conformación del mecanismo internacional de seguimiento en la investigación de los crímenes de Iguala.
Ortega recordó que sucedió lo mismo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, que comenzó su mandato cinco meses después de que se acordó su integración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de las medidas cautelares ante la desaparición forzada de los estudiantes, y a seis meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En consulta telefónica, Melitón Ortega informó que los padres esperan que la reunión con Osorio se concrete el próximo miércoles o el jueves, y que en la reunión mensual con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, el 12 de junio, les deben informar los avances de la investigación del caso.
En tanto, insisten en la conformación del mecanismo que sustituirá al GIEI, que fue separado de la investigación hace dos meses, y en la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.
Subrayó que el funcionario obstruyó la labor del GIEI y quiso desviar la investigación hacia el basurero de Cocula, sembrando evidencias en distintos escenarios.
En cuanto al mecanismo, recordó que las características ya fueron definidas, y en las mesas de trabajo el Estado mexicano ha planteado a la CIDH que su duración sea de seis meses y hasta un año, tiempo suficiente para esclarecer los crímenes.
Sin embargo, indicó que el GIEI permaneció en la investigación un año, durante dos mandatos, y estuvo en la ruta para encontrar la verdad, pero su labor fue obstruida por funcionarios de la misma Procuraduría.
En ese sentido, los padres de familia consideran que el gobierno federal querrá gastar el tiempo del nuevo mecanismo, que se agoten los plazos, para decir al mundo que aceptó el escrutinio internacional. Desconfían de buena voluntad que expresa el gobierno federal.
Asimismo, Melitón Ortega habló de la violencia institucional contra el movimiento magisterial, particularmente en Oaxaca, donde fueron asesinadas nueve personas durante un desalojo a balazos, y la violencia común, que todos los días está sumando homicidios cruentos (decapitados, desmembrados).
Por otra parte, indicó que los padres han recibido amenazados para dejar la lucha; la semana pasada fueron atacados de manera directa por desconocidos que lanzaron piedras al autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, en Cuernavaca, Morelos, a pesar de que las medidas cautelares de la CIDH se extienden a los familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Denunció que la respuesta del gobierno a toda expresión de protesta, “es el garrote, el hostigamiento y el asesinato. De esa manera quiere acallar las voces… no puede seguir así esas agresiones de las fuerzas policiacas hacia el sector magisterial, cuando organismos internacionales y movimientos nacionales, religiosos han hecho pronunciamientos en favor de los maestros”.
De la violencia diaria, los crímenes sin control, opinó que son parte de una descomposición social, de la que son responsables las mismas autoridades “coludidas con la delincuencia”.
Estos temas se abordan en las reuniones de trabajo entre los padres de familia, para definir cómo seguir presionando a las autoridades para que les entreguen a sus hijos.
“Para nosotros, eso significa que las policías de los tres niveles no funcionan para garantizar la seguridad en Guerrero y en todo el país, su política de seguridad pública tiene que ser modificada”, opinó.
No obstante, añadió que el interés de los gobiernos en turno está por la clase empresarial, mientras al pueblo permanece en el abandono total.

El gobierno demostró que encubre el caso Ayotzinapa cuando corrió a los expertos, denuncian padres

La caravana de padres y familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa llegó al municipio de Atoyac, donde permanecerá dos días.
Ayer estuvo en la colonia 18 de Mayo de la comunidad de San Juan de las Flores, y hoy sábado estará en El Ticuí para dar a conocer la verdad sobre las investigaciones del paradero de los estudiantes, y para anunciar la conformación de comités de información y apoyo en comunidades de donde son cuatro jóvenes detenidos desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los familiares llegaron a la ciudad de Atoyac en un autobús de la empresa Estrella de Oro y fueron recibidos por representantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del Frente de Defensa Popular (FDP), de la Preparatoria Popular de El Quemado y de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Nuevo Horizonte, de la entrada de la ciudad.
La primera actividad de los padres de los normalistas fue el trasplante de 43 ceibas en el bulevar Juan Álvarez, en memoria y demanda de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En la primera ceiba pusieron la leyenda “quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semillas, nos falta 43”.
El contingente caminó los 3 kilómetros del bulevar donde fueron plantados los arboles hasta llegar a la colonia Zapata, donde hubo una conferencia de prensa y un almuerzo para los integrantes de la caravana.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que el FDP, el Consejo Ciudadano para la Reactivación del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande (Credescog), la Preparatoria Popular de El Quemado y la CETEG respaldan la exigencia de justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.
Por su parte, el vocero de los familiares de los 43 normalistas detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que el plantado de los 43 árboles es un acto simbólico con el que representan que, para ellos, los jóvenes están vivos.
Destacó que el movimiento ha crecido en todo el país, donde la gente ha estado pendiente del caso, y ahora con la muestra de dignidad y resistencia de los maestros, el apoyo es mucho mayor.
Dijo que con la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del país y del caso, el gobierno mexicano demuestra que se estaba descubriendo la verdad, “por eso los corrieron cuando estaban cerca de encontrar quiénes son los responsables de ese crimen”.
Sostuvo que seguirán defendiendo el mecanismo de seguimiento que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no confían en las investigaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República (PGR).
De la Cruz dijo que están visitando las comunidades de donde son originarios los normalistas desaparecidos, cuatro de ellos de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos y Bernardo Flores Alcaraz, de la comunidad serrana de San Juan de las Flores; Israel Jacinto Rebolledo, de la colonia 18 de Mayo, y Jonás Trujillo Gonzales, de El Ticuí.
Reiteró que están informando de viva voz a las comunidades porque las televisoras y los medios oficiales desinforman y mienten presentando la verdad histórica de la PGR, que asegura que los 43 normalistas están muertos.

Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional

A dos años de los ataques, se promoverá una movilización nacional y en otros países, para lo cual Atoyac se propone como sede de la marcha regional, porque tiene cuatro normalistas desaparecidos.
Sostuvo que seguirán defendiendo y exigiendo pruebas científicas que sus hijos están muertos, como ha querido el gobierno hacer creer a la sociedad, mientras que para ellos siguen vivos y exigen su presentación.
Denunció que los resultados que dejaron los expertos deja claro el tipo de gobierno que hay en el país, “por eso no les permitieron terminar las investigaciones, por eso es importante para nosotros que las investigaciones sigan abiertas; exigimos que se acepte el mecanismo de seguimiento especial y esperamos a que llegue ese equipo de seguimiento”.

Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero

Lamento que se esté buscando el regreso del ex gobernador Ángel Aguirre a la actividad política, “nosotros pedimos que primero nos regrese a los 43 jóvenes, porque sabemos que él forma parte de esa mafia de poder, y él sabe lo que sucedió el 26 (de septiembre de 2014) y lo ha ocultado, como todos los políticos, protegiéndose entre ellos”.
El regreso de Aguirre Rivero que sea, dijo, pero para que lo metan a la cárcel por ser cómplice y haber formado parte de ese crimen.
Aclaró que ignoran cuáles son los intereses del PRD de que regrese a sus fila el ex gobernador, aunque a ellos, “los partidos no nos generan confianza, al contrario, le pedimos a la comunidad, al pueblo, que deje de creer en los partidos, que son una de las máscaras para seguir hundiendo al pueblo en la miseria y seguir vendiendo lo poquito que tenemos”.
Asimismo, el padre del normalista desaparecido Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Máximo Hernández Cruz agradeció el apoyo de los vecinos del municipio, que fueron desde un inicio a los que les dijo, “sigamos caminando junto hasta saber la verdad y nos los entreguen vivos, porque vivo se los llevaron, ellos –el gobierno–, dicen que se los llevó la delincuencia, cuando nosotros sabemos perfectamente que la policía fue la que los desaparecido”.
Por otro lado, María Elena Guerrero dijo que su hijo, Giovanny, fue desaparecido, y “a 20 meses no hemos parado, no hemos descansado y no nos vamos a rendir hasta que este maldito gobierno nos entregue a nuestros hijos, porque fueron policías quienes se los llevaron”.
Advirtió que si ellos, los familiares, abandonan el movimiento, condenarían a otros jóvenes a que vuelva a pasar lo mismo, “no queremos que otra familia, otros padres sufran, porque es muy duro este dolor, pero no es imposible, no es que no queramos la verdad histórica que inventó el gobierno, pero no hay pruebas científicas que demuestren que nuestros hijos no están, seguiremos luchando junto con los maestros y organizaciones, porque no podemos dejarles este México podrido a nuestros hijos y a nuestros nietos”.
La caravana se dirigió a la comunidad de San Juan de las Flores, en el brazo serrano de Pie de la Cuesta, donde fueron recibidos por el comisario municipal, Juan Castro Gervasio.
Ahí el vocero de los padres de los 43 estudiantes, Felipe de la Cruz, dijo que es importante que se una la comunidad y no sigan permitiendo que desaparezcan los jóvenes, “si en otros países marchan y protestan por ellos, porque aquí, de donde son dos de ellos, aquí nacieron aquí estudiaron primaria y secundaria, aquí por qué no”.
En su turno, Carmen Cruz dijo que su hijo, Jesús Mendoza, es uno de los estudiantes desaparecidos, y como madre no lo va a dejar como perdido, aun cuando hay desgaste físico y enfermedad.
Sostuvo que el amor a sus hijos la mantiene en pie, “me da coraje con esa gente que antes les desaparecían, les asesinaban a sus familiares, y nadie decía nada porque tenían miedo, son unos cobardes, nosotros no seguiremos hasta las últimas consecuencias, al menos mi corazón de madre no me falla, me dice que mi hijo está vivo, y todos sus compañeros”.
Narró que viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, pasan hambre y desvelos, pensando qué les hacen a sus hijos.
Asimismo, Margarito Ramírez Rodríguez dijo que son gente de pueblo, no como los del gobierno de alto nivel, “pero no por eso vamos a dejar que otras familias pasen los mismo que nosotros, por eso andamos en las comunidades transmitiéndoles (nuestro mensaje) de viva voz”.
En declaraciones la madre de Bernardo Flores Alcaraz, María Isabel Alcaraz, se dijo motivada porque hayan llegado los padres a su comunidad, a estar en la cancha de su pueblo, a informar al pueblo lo que está pasando.
Dijo que a dos años es angustioso no saber nada de las investigaciones que hace el gobierno, “ellos no hacen su trabajo como debe ser, las autoridades de nuestros país, encontraron al Chapo, que es una persona, y nuestros hijos son 43 y siguen perdidos, no sabemos qué pasa con ellos”.
Añadió que ha sido difícil la vida en este país donde no hay seguridad ni confianza en las autoridades que gobiernan, ni en las corporaciones policiacas que están coludidas con los delincuentes.
A raíz de la desaparición de su hijo, la situación emocional ha impactado en toda su familia, al grado de que han tenido que ser atendidos por especialistas, “tengo resentimiento y coraje con el gobierno por lo que ha pasado, veo a otros jóvenes y pienso que podría ser mi hijo”.
La caravana regresó a la ciudad de Atoyac para una velada cultural en la colonia 18 de Mayo, donde se integraron desde su llegada la madre y dos hermanas del joven desaparecido originario de ese lugar.

Siembran en Atoyac 43 ceibas en memoria de los normalistas

Organizaciones sociales de Atoyac y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sembraron ayer el mismo número de ceibas en el bulevar Juan Álvarez de Atoyac y exigieron la presentación con vida de los normalistas

Francisco Magaña

Atoyac

Promueven una movilización nacional y que esta cabecera sea la sede de la marcha regional

Que regrese, pero para meterlo a la cárcel, dicen ante el posible retorno de Aguirre Rivero

Acepta el Estado que el presidente de la CIDH esté en el mecanismo para el caso Ayotzinapa, informan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aceptó que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, también relator para México, forme parte del mecanismo internacional de seguimiento en el caso Ayotzinapa, informó el vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz.
En consulta telefónica De la Cruz recordó que otro planteamiento de los padres, es que dos de los cincos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se incluyan en el mecanismo que dará continuidad a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, precisó que este punto, entre otros que plantearon a la canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas hace dos días, serán resueltos hoy en la reunión de la representación del país con los comisionados de la CIDH.
Indicó que los padres solicitaron también que el nuevo mecanismo haga un monitoreo mensual a las investigaciones de los crímenes de la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, con base en las recomendaciones y líneas de investigación que planteó el GIEI, hasta el cierre de su segundo mandato.
Lo que quieren los familiares de las víctimas es que los nuevos expertos internacionales asistan a las reuniones de seguimiento mensual de los padres con las autoridades, donde la PGR da cuenta de los avances, de diciembre de 2015 a la fecha.
Subrayó que la funcionaria mostró disposición, y que “probablemente se integren (también) las propuestas del gobierno mexicano”. Aclaró que aún no saben quiénes ni cuántas personas se pueden integrar al mecanismo, y la temporalidad de las visitas periódicas.
Informó que como representantes de los familiares de los desaparecidos y de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y de los heridos y asesinados, acudirá a la reunión el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, quien firmó en nombre de las víctimas las medidas cautelares que a pocos días de los ataques de Iguala les otorgó la CIDH, y que el gobierno mexicano está obligado a acatar.
Felipe de la Cruz adelantó que los movimientos por los 43 en Estados Unidos protestarán durante el encuentro.
Por otra parte, los padres regresaron de la Ciudad de México a la Normal Rural de Ayotzinapa, donde tienen su sede.
Informó que los padres volverán a la capital del país el 24 de enero para preparar la protesta de la acción global del 26 de mayo, a un año y ocho meses de los ataques en Iguala.

Rechaza Amnistía Internacional el peritaje al basurero de Cocula; no prueba nada, asegura

La organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI) rechazó el peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fuego en Cocula, y aseguró que “no prueba absolutamente nada” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con los resultados que dio a conocer sobre el peritaje forense sobre fuego el gobierno federal “sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia”, y lo peor es que “se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, puntualizó en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, subrayó.
“El mundo tiene derecho a saber la verdad sobre este caso”, demanda.
Las declaraciones de Guevara-Rosas se dan luego de que el viernes 1 la PGR anunció los hallazgos de peritos nombrados para presentar un nuevo peritaje sobre el destino de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzadamente en el estado de Guerrero en septiembre de 2014.
Ese peritaje de fuego fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental, de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
El GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo para colaborar con el gobierno en este aspecto de la investigación forense, concluye AI.

Se comprometió Campa a hablar con la familia de Nestora de su liberación pero no ha cumplido, denuncia su esposo

El esposo de la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián se comprometió a reunirse con él para hablar de la liberación de su esposa, pero el funcionario federal no ha cumplido.
Asimismo, dijo que están programando una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se han cumplido varios compromisos acordados con el gobierno federal el 21 de octubre de 2015. “No sabemos si van a citar a funcionarios de México; esperemos que así sea para ver con qué excusas vienen”. Además, adelantó que la CIDH les dará una resolución de la ONU sobre Nestora.
Ávila Báez explicó que el 21 de octubre de 2015, en una reunión en Washington con Roberto Campa, el funcionario federal se comprometió a que en 10 días volverían a reunirse para hablar de la liberación de Nestora; sin embargo, hasta ayer martes no se han reunido, y el subsecretario se ha reusado a darle seguimiento a la reunión.
Dijo que tuvieron una reunión con funcionarios de la subsecretaría el 18 de diciembre, pero no pudieron tomar una decisión, por lo que acordaron reunirse con Roberto Campa antes de que finalice enero; sin embargo, todavía no les han dicho cuándo.
Ávila pidió que le avisen con tiempo, “porque siempre avisan un día antes”, para que los abogados puedan viajar y estar en la reunión.
Dijo que lo único que se planteará en la reunión con Campa es la libertad de Nestora, y sobre los careos, dijo que “sólo han servido como una tortura para Nestora, para prolongar que esté detenida”.
Ávila Báez informó que los abogados de Nestora Salgado calendarizaron una reunión con la CIDH para recibir una resolución de la ONU en la que el organismo internacional dará su posicionamiento sobre Nestora, pero no saben en qué sentido venga, por lo que esperarán a que les informen.
Recordó que siete relatores de las ONU se han declarado a favor de Nestora. “Sería algo contradictorio que primero se hayan pronunciado a favor y que después sea algo en contra”, enfatizó.
Dijo que esperan que el gobernador, Héctor Astudillo Flores haga algo sobre la liberación de Nestora, “que no caiga en oídos sordos, como lo hicieron Rogelio Ortega y Ángel Aguirre, quien fue el que la encerró”, y esperara que el gobernador rectifique el camino y que, “si en verdad quiere paz para el estado, que haga justicia empezando por Nestora”, concluyó.
Ávila Báez manifestó que el gobierno federal le mandó a los abogados un expediente médico integrado por 500 hojas sobre el estado de salud de Nestora Salgado, al que se le hará un peritaje porque aún no sabe qué contiene.

Es irresponsable y no busca la verdad, dice Amnistía Internacional de la investigación sobre Ayotzinapa

La investigación de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es deficiente, inició tarde y se ha manejado de manera irresponsable sin que se dirija a determinar la verdad de lo sucedido, advierte Amnistía Internacional, en su informe Un trato de indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, que presentó en la Ciudad de México el jueves pasado.
La organización internacional considera que la impunidad que está prácticamente garantizada a las personas responsables de estos delitos, “es un fuerte incentivo para que se sigan cometiendo”.
El organismo presentó el informe la mañana del jueves en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, en el que además del caso de los normalistas, incluyó el de la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde hay más de 350 desaparecidos; ahí estuvieron padres de los desaparecidos.
En ambos casos, el organismo afirmó que las autoridades se limitan a algunas acciones “con poca utilidad” en la investigación, porque sólo se trata de “un formalismo que parece destinado, de antemano, a ser infructuoso”.
El caso de los hechos ocurridos en Iguala, donde policías detuvieron y desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa fue incluido porque Amnistía Internacional consideró que muestra las magnitudes hasta las que puede llegar la desaparición forzada en el país, las formas de reacción del Estado mexicano y las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas.
Sobre el caso de los normalistas, que es considerado internacionalmente como “de alto perfil”, consideran que las autoridades mexicanas han dado muestras de incapacidad para dar respuestas solidas e institucionales que garanticen encontrar la “verdad y justicia”, porque sigue sin asumir su responsabilidad de buscar exhaustivamente a los desaparecidos.
En este caso consideraron en el informe que la investigación es deficiente y las autoridades han mostrado resistencia para incorporar todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hizo un análisis técnico de la investigación, a pesar de que en muchos de los casos de desapariciones, las víctimas fueron vistas por última vez cuando eran detenidas por la policía o el Ejército.
Sin embargo, en México no hay un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y “lavarse las manos ante la comisión de desapariciones forzadas”, se lee en el documento.
Además, las autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales, por lo que la búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza o nunca llega a ponerse en marcha, y en las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados, concluye Amnistía Internacional.
En el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, afirman que el gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial y se empeñó en seguir una sola línea de investigación, la de que los estudiantes habían sido detenidos por la Policía Municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero de basura local.
La versión del basurero de Cocula fue rechazada tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
Amnistía Internacional señala que “la deficiente investigación” no ha esclarecido mínimamente la responsabilidad, los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental.
Las “ineficiencias” de las autoridades obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a los desaparecidos.
Amnistía Internacional consideró que los defectos de las investigaciones también están causados por la falta de inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas, porque están sobrepasadas de casos que les resulta inmanejable, además de la continua rotación del personal.
De los dos casos abordados en el informe, Amnistía Internacional considera que deben ser reconocidos por el Estado y las víctimas deben recibir una reparación integral que les restituya en la medida de lo posible los derechos violados, pero de manera contraria el organismo encontró que las autoridades dan un trato “deficiente, hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”.
Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América afirmó que las autoridades han manejado con total irresponsabilidad la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con lo que “ponen de manifiesto el desprecio absoluto por la dignidad y los derechos humanos”.

Exigen que la anunciada ley general de desapariciones vaya más allá de la sanción penal y abarque la asistencia a las familias

En el informe, apuntan que una madre de un desaparecido definió el trato recibido como de indolencia, “de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, un papel más que archivan”.
Amnistía Internacional abunda que los familiares de los desaparecidos enfrentan “serias dificultades” materiales y deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo nuevas actividades, tomar otros empleos para poder sostenerse, o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de su familiar desaparecido, e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias de los probables perpetradores de la desaparición.
Por los problemas económicos que enfrentan las familias de las personas desaparecidas están en constante riesgo de perder su patrimonio, incluyendo su vivienda, sin que la legislación actual garantice la protección de sus derechos.
En la presentación del informe exigieron que la anunciada ley general sobre desapariciones que regulará la actuación de todas las autoridades mexicanas (federales, estatales y municipales) contemple la complejidad del fenómeno y que vaya más allá de la sanción penal y abarque medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, y medidas de reparación integral, entre otras.
Apuntan que la comunidad estudiantil de la Normal es afectada por la desaparición forzada de sus compañeros de estudio, lo que ocasionó “un profundo impacto”, principalmente a los sobrevivientes de los ataques que son víctimas directas.
Por lo que consideran que es fundamental que el Estado mexicano reconozca dicha calidad de víctimas y establezca medidas de reparación integral que tomen en cuenta las necesidades y particularidades de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Las recomendaciones

En el informen proponen tipificar, conforme a los más altos estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos en la ley general sobre desaparición, de modo que se garantice que todas las denuncias por desaparición se investiguen exhaustivamente, con independencia de quién sea el presunto autor y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de implicación de agentes estatales.
Así como reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación alguna la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con expertos, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas. Se deberán activar métodos específicos para reaccionar lo antes posible dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pero la búsqueda deberá continuar hasta establecer plenamente la suerte o paradero de la víctima.
También investigar de forma “pronta, exhaustiva e imparcial” todos los casos de desaparición y desaparición forzada de personas en el país, y reconocer y permitir la participación de familiares de desaparecidos en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre la misma, y permitiendo que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas.
Que las autoridades no deben trasladar a la familia la carga de la investigación del caso.
Adoptar disposiciones legales detalladas con respecto a la declaración de ausencia y a la extensión de derechos de las personas desaparecidas, que tenga efectos claros en la protección de la personalidad jurídica y otros derechos de la persona desaparecida y la protección de su patrimonio y el de su familia.
Una vez iniciado el proceso de declaración de ausencia se deberían suspender las obligaciones a cargo de la persona desaparecida, incluyendo la generación de intereses por deudas de cualquier especie, a su favor.
Que los proceso y todos los trámites sean sencillos, accesibles y gratuitos, garantizar reparaciones integrales a las víctimas, que tomen como base estándares internacionales y consideren la particularidad de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición, derecho a la verdad y a la memoria histórica.
En el informe, recuerdan que en 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) creó una fiscalía especializada para casos de personas desaparecidas; pero aún no se han asegurado los recursos necesarios para garantizar su efectividad y que sus funcionarios rindan cuentas periódicamente sobre su actuación.
Apuntan que, del registro de desapariciones forzadas que tienen, el 46.5 por ciento de los casos reportados han ocurrido bajo la actual administración presidencial, 3 mil 425 sólo en 2015.