Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Reparte la CRAC su reglamento interno por primera vez a 28 años de su creación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con la presencia del delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vásquez Quintero, de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama y de presidentes municipales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), comenzó a distribuir su reglamento interno en una asamblea regional realizada el sábado en San Luis Acatlán.
El reglamento fue consultado en asambleas que comenzaron el 14 de octubre y aprobado el 17 de diciembre, y por primera vez en 28 años de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria fue impreso en un libro.
Entrevistado por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que de las cinco casas de la CRAC sólo la de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc no han recibido sus respectivos ejemplares debido a que no se han renovado los coordinadores por falta de quórum.
Informó que las otras casas de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, El Paraíso, municipio de Ayutla y la casa matriz de San Luís Acatlán hicieron sus propias asambleas por separado para entregar los ejemplares a los comisarios municipales, coordinadores, comandantes y policías comunitarios.
Informó que se imprimieron mil ejemplares con recursos de un proyecto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que además utilizaron para convocar a las reuniones, para la gasolina de quienes asistieron a las asambleas, alimentación, “papeleo”, y para el pago de los abogados que se encargaron de la redacción y la impresión.
Informó que en la asamblea de la casa matriz del sábado en San Luis Acatlán, estuvo como invitado el delegado del INPI, Manuel Vásquez Quintero y la consejera presidenta del IEPC, Matildes Gama, en respuesta a una petición de la consejera de que fuera invitada en una de sus asambleas por la CRAC.
“La consejera nos dijo con anticipación que si la invitábamos a una mesa de reunión asistiría con gusto”, explicó de Jesús Cabrera.
Informó que también asistieron el presidente municipal de Cochoapa, Bernardo Ponce García y el de Atlamajalcinco del Monte, Camilo Cano Guzmán. Así como el subsecretario para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Pánfilo Sánchez Almazán.
El coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán recordó que la consulta para la reforma del reglamento interno de la CRAC comenzó el 14 de octubre como parte de los festejos por el 27 aniversario de la fundación de la institución comunitaria en San Luis Acatlán y fue aprobado el 17 de diciembre.
Dijo que los ejemplares fueron entregados a mediados de enero y el sábado comenzaron a distribuirse, en el caso de la casa de San Luis Acatlán a los comisarios de las 33 comunidades, de las que en la asamblea del sábado asistieron 28 comisarios municipales, así como comisariados ejidales y comunales.
El vocero de la casa matriz informó que lo destacable del reglamento reformado, son los cambios que se hicieron al artículo 34 en el que se establecen los tipos de casos que puede resolver la CRAC y su Policía Comunitaria.
Explicó que en este apartado se modificó que la CRAC ya no va a tener la intervención en los asuntos de deudas, es decir ya no van a recibir las quejas de los prestamistas parar que mediante la Policía Comunitaria se hagan los requerimientos de pagos, “porque nos han generado conflictos”, dijo.
Informó que también se modificó (ya estaba establecido pero se hicieron ajustes) con respecto a la prohibición de la venta de menores. En este caso se agregó que el castigo será severo tanto para el que compre como para el que venda.
Además, hubo ajustes con respecto al tipo de armamento que utilizará la Policía Comunitaria. Ahora se establece “claramente” que los policías comunitarios sólo utilizarán armas de bajo calibre, es decir el que está permitido por la ley.
Pero se agrega en el nuevo reglamento que “sólo en casos especiales”, como cuando las comunidades, la coordinadora, o los comités de enlaces tengan amenazas del crimen organizado, se convocará a una reunión para que se usen “calibres altos”.
“Nos parece que hubo bastantes avances gracias a que se pudo recorrer la mayoría de las comunidades para discutir el contenido. No fue en una sola reunión, o que sólo estuvieron algunos en una mesa discutiéndolos, se discutieron artículo por artículo para que se pudieran llegar a este tipo de conclusiones”, aseguró el coordinador de San Luis Acatlán.
Asimismo, destacó que por primera vez el reglamento de la CRAC se imprime en un texto.
Mencionó que el primer intentó de reformar el reglamento fue en 2017 y 2018, pero que tuvieron diferencias porque no hubo mayoría para aprobarlo, “pero en esta ocasión tuvimos mayoría y se aprobó sin discusión y de manera unánime.

Buscará la CRAC restablecer el diálogo con Evelyn para discutir la reforma indígena

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), buscará reanudar la próxima semana las pláticas con el gobierno del estado y con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local para las reformas constitucionales en materia indígena.
El coordinador y vocero de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera informó por teléfono que las reuniones se suspendieron desde septiembre pasado por desacuerdos con los integrantes de la mesa técnica del gobierno estatal, quienes proponían reformar solamente el artículo 14 en materia de seguridad, en tanto que la CRAC y sus asesores, plantean una reforma constitucional integral, desde el artículo 8 hasta el 14 de la Constitución local.
De Jesús Cabrera, agregó que derivado de los desacuerdos con los integrantes de la mesa técnica del gobierno estatal, la CRAC pide una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.
Dijo que también por ello se fue aplazando el diálogo, desde septiembre, porque no se ha dado ese encuentro con la gobernadora o con el secretario de Gobierno para resolver el diferendo que hay con los miembros de la mesa técnica.
“Las pláticas están suspendidas desde septiembre porque estábamos esperando una reunión con la gobernadora, y no se ha podido concretar, nos dicen que primero por la organización de las actividades del 16 de septiembre, luego que por las del 20 de noviembre y después que ya venían las vacaciones y así se distrajo la agenda del gobierno”, declaró el coordinador de la CRAC.
Agregó que hay un desacuerdo de todas las casas de justicia con los miembros de la mesa técnica del gobierno estatal porque estos proponen que solamente se reforme el artículo 14 de la Constitución local, en materia de seguridad.
Mientras que los coordinadores de las 5 casas y sus asesores piden una reforma indígena más integral, que abarque desde el artículo 8 al 14, que implicaría reformas en materia de educación, salud, creación de nuevos municipios, la autodeterminación de los pueblos y la elección de las autoridades mediante el sistema normativo (usos y costumbres).
Las reuniones para la reforma en materia indígena con funcionarios del gobierno del estado iniciaron en marzo del año pasado después de que el Congreso local incumplió con la consulta y las reformas en materia indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) luego de que invalidó las que fueron aprobados por la anterior legislatura.
De Jesús Cabrera informó que antes de que se reanuden las reuniones con la mesa técnica, se tendrán que reunir necesariamente con la gobernadora o con el secretario de gobierno para resolver las diferencias de criterios.
Agregó que también buscarán que sigan las reuniones con los diputados de la Jucopo del Congreso local, mismas que iniciaron con la llegada de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, quien sustituyó a Alfredo Sánchez Esquivel, con quien tenía diferencias la CRAC por incumplir con la consulta y las reformas que mandató la SJCN.
Por otra parte, el vocero de la CRAC, informó que imprimirán por lo menos mil ejemplares del nuevo reglamento de la institución comunitaria que fue aprobado el 17 de diciembre para repartirlos a las autoridades comunitarias y actores que respaldan a la CRAC.
Explicó que actualmente realizan la actualización de la lista de las comunidades donde opera la CRAC y que comenzarán a repartir los ejemplares hasta que haya el cambio de comisarios, que será después del 15 de enero.
“La idea es de imprimir mil para repartirlos en todas las comisarias, entre los consejeros locales, consejeros regionales, a los comisariados, y a todos los coordinadores de las casas de justicia y comités de enlace, así como algunas cortesías a los actores que apoyan a la CRAC”, informó.

Sigue la vigilancia del Ejército a la CRAC en la 4T y sus reportes son falsos, señala coordinador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El vocero y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera declaró que el Ejército siempre ha vigilado a la institución comunitaria, y que esa práctica sigue en el actual gobierno de la 4T, que monitorea sus asambleas e interviene sus teléfonos celulares, derivado de ello, añadió, los han acusado de muchas cosas.
En declaraciones por teléfono respecto a los reportes hackeados por el grupo Guacamaya, que señalan que el Ejército los vigila desde el 2015, el vocero de la institución comunitaria informó que sabían eso, pero rechazó que la Policía Comunitaria de la CRAC realice detenciones arbitrarias como dicen esos reportes, y aseguró que se realizan conforme al reglamento de la agrupación y en contra de quienes tienen órdenes de aprehensión porque cometieron delitos.
Según los documentos hackeados por el grupo Guacamaya, la CRAC ha sido vigilada por el Ejército desde el 2015, pero según el vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, son monitoreados desde que surgió la institución comunitaria en 1995.
De Jesús cabrera rechazó que las divisiones internas que se han dado en la CRAC sean por la disputa del recurso que les daba el gobierno, como refieren esos reportes.
Aseguró que desde la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero que terminó en el 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, ya no reciben dinero del gobierno.
Denunció que la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha servido para acusarlos de muchas cosas, “nos han acusado de tener vínculos con la guerrilla, de proteger a la delincuencia organizada, de recibir dinero del gobierno, entre otros señalamientos”.
Informó que saben que actualmente hay personal de inteligencia militar destacamentado en territorio comunitario, “como siempre han monitoreado constantemente nuestro movimiento”, denunció.
Agregó que recientemente los comenzaron a vigilar por el conflicto que hay entre los gobiernos federal y estatal con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “les interesa ver cuál es nuestra reacción o postura ante ese conflicto, aunque saben que nosotros nada tenemos que ver con esa agrupación ni nos preocupa ese sistema, nosotros ya tenemos un sistema establecido y lo estamos echando a trabajar”.
Agregó que en cuestiones de seguridad, vigilancia y monitoreo de las actividades de las organizaciones sociales, el actual gobierno federal no ha cambiado la infraestructura que tenía el anterior, “incluso (ahora) hay cuestiones más complicadas porque durante las manifestaciones y reuniones nos intervienen nuestros teléfonos”, denunció.
El coordinador de la CRAC dijo que los reportes “falsos” que han emitido como las “detenciones arbitrarias” son para “hacer quedar mal a la institución comunitaria”.
Aseguró que el gobierno sabe que todos los detenidos por la Policía Comunitaria son personas que portan armas o que han cometido algún delito y que tienen orden de aprehensión de la CRAC, por lo que los detenidos son sometidos a reeducación, de acuerdo con el reglamento de la organización.
Del señalamiento de que los conflictos internos son por la disputa de los recursos que les entrega el gobierno (un millón de pesos según los documentos hackeados), el coordinador de la CRAC aseguró que desde el gobierno de Aguirre Rivero dejaron de recibir ese recurso.
Mencionó que la CRAC comenzó recibiendo 500 mil pesos mensuales del gobernador Ángel Aguirre, mismos que se distribuían en las cuatro casas de justicia que había (actualmente son cinco).
Agregó que Aguirre aumentó el apoyo a un millón de pesos e igual se distribuía entre las cuatro casas, pero informó que cuando dejó el gobierno estatal derivado del caso Ayotzinapa, la institución comunitaria dejó de recibir ese apoyo.
Expuso que los constantes conflictos internos que ha tenido la CRAC, más que por el recurso hna sido por el control de la Policía Comunitaria.
Añadió que en la historia de la CRAC el conflicto más fuerte es el que hubo en el 2013 con el ahora dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, debido a que éste quería imponer a los coordinadores para tener el control, pero lograron “hacerlo a un lado”.
Dijo que después vino el conflicto con el coordinador Eliseo Villar Castillo (actualmente preso en un penal de Oaxaca), quien quiso controlar todo el sistema comunitario y se extendió en casi toda la Costa Chica ingresando al sistema comunitario a comunidades que ni siquiera estaban respetando el reglamento interno, “lo hizo como si fuera una campaña porque quería el control, su idea era mantenerse utilizando a la CRAC”, pero añadió que igual lograron su destitución.
Indicó que afortunadamente ambos conflictos fuertes pudieron superarlos e insistió en que no han sido por el dinero, sino por el control de la agrupación.

Tomará protesta la CRAC matriz a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, anuncian

Jacob Morales Antonio

Durante la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se anunció que el próximo domingo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la casa matriz de San Luis Acatlán tomará protesta al Comité de Enlace de Cacahuatepec.
Durante la asamblea de ayer, que fue preparatoria para la coordinación del acto del próximo domingo 23 que tendrá el carácter de asamblea general, el coordinador Tomás Valeriano informó que asistirán al acto representantes de las demás casas de Justicia de la organización fundada hace 21 años.
La Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue aceptada en 2013 por la CRAC en una asamblea en la comunidad de Horcasitas, San Luis Acatlán, desde entonces comenzó a operar con unos 100 policías en al menos 12 localidades de los Bienes Comunales.

Aceptan acusadores de Arturo Campos en su careo que no lo conocen y que no les ha pedido dinero

En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

Autorizan que esté con Gonzalo Molina un médico de confianza mientras lo operan, informa su esposa

Autoridades penitenciarias de la cárcel de Chilpancingo autorizaron que durante la cirugía del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en este penal, esté presente un médico de su confianza; sin embargo, la operación no sería en un hospital privado, como solicita el luchador social.
El 17 de noviembre, por tercera ocasión en este mes el promotor fue trasladado al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo para suministrarle un analgésico para el dolor que le provocan los cálculos renales que padece.
Consultada telefónicamente, su esposa, Ausencia Honorato Vázquez informó que ya ha sido llevado dos veces antes para “drogarlo”, en referencia al analgésico que le suministran para controlarle el dolor.
La mujer relató, “antier yo me fui rápido porque él se estaba poniendo mal; entonces cuando yo llegué allá se le bajó le presión bien feo, y yo ya no sabía qué hacer, y ya habían cerrado donde lo encierran… yo les grité a los guardias que vinieran, porque él se había puesto mal, se puso bien tembloroso y se veía que se iba a caer. Entonces les grité a los guardias… y ya lo llevaron a la clínica (del penal) y ahí lo tuvieron”.
Dijo que desde hace cuatro meses, cuando se agravó la enfermedad de Molina González, han solicitado a las autoridades de la cárcel que permitan atenderlo en un hospital privado de confianza.
“Así nos han llevado, al principio nos decían que sí, pero ellos querían operarlo así, con los doctores del gobierno, pero pues como él recibió amenazas del médico, se puede decir, del Hospital General, pues nosotros ya no quisimos (que lo atendieran ahí)”.

Bloquea el FDP la calle frente al Ayuntamiento de Chilpancingo contra las reformas estructurales

El Frente Popular Francisco Villa bloqueó un carril de la avenida Ignacio Ramírez, en el Ayuntamiento, unas tres horas tras el llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a movilizarse para rechazar las reformas estructurales.
Posteriormente, los inconformes bloquearon 20 minutos el acceso principal del Ayuntamiento para exigir que sea justo el cobro del predial a algunos de sus miembros, solución al problema de abasto de agua en su oficina y para que les devolvieran una camioneta que les retuvieron.
A las 10 de la mañana, unos 30 integrantes de la organización bloquearon un carril de la avenida, portaron banderas color rojo y una lona con la leyenda, “Por la defensa de la tierra, el territorio”.
En el lugar pidieron cooperación a los choferes que circulaban en la avenida Ignacio Ramírez, para costear los gastos de alimentación de quienes permanecen en plantón en el Zócalo, junto con maestros.
En consulta, la coordinadora estatal del Frente, Clemencia Guevara Tejedor manifestó que la protesta fue para apoyar a las movilizaciones del magisterio en rechazo a las reformas estructurales.
Dijo que rechazan que haya otro Nochixtlán, y que no quieren más muertos como en Aguas Blancas o El Charco.
Guevara Tejedor dijo que la organización también exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la liberación de los promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina y Arturo Campos.
Pidió que no se les criminalizara cuando se organizan y salen a las calles a protestar, pues de inmediato, dijo, los involucran con el crimen organizado.
Exigen una audiencia con el alcalde para dialogar sobre demandas del Frente

Más tarde, la organización pidió una audiencia con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena para dialogar sobre sus demandas, pero los policías que resguardan la entrada del Palacio municipal les cerraron el paso; permanecieron en la entrada del edificio durante 20 minutos, mientras que los trabajadores del Ayuntamiento salieron por una puerta alterna.
Detalló que el diálogo con el alcalde sería sobre la falta de agua en sus oficinas, servicio con el que no cuentan pese a que pagan el servicio cada mes.
También le querían plantear el cobro del predial que les están haciendo a miembros del Frente que viven en Chilpancingo, expuso que les están cobrando como si en los predios tuvieran una construcción, cuando son “terrenos rústicos”. Ningún funcionario salió a atenderlos.
Dijo que anteriormente les informaron que el cobro es así porque realizaban protestas, aunque reprochó que eso no tiene nada que ver.
Después acudieron a las oficinas de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, porque les retuvieron una camioneta en la que transportaban a los inconformes rumbo al sitio donde se manifestarían, y solicitaron que se las devuelvan; dijo que les pidieron pagar 2 mil pesos para liberarla, pero se negaron a hacerlo, y finalmente negociaron que fueran 200 pesos, y después de hacer el pago les devolvieron la camioneta.

Refrenda la asamblea de la CRAC en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, su reconciliación con la casa matriz

En la asamblea microrregional de la Casa de Justicia de El Paraíso, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por unanimidad las autoridades votaron a favor de la reconciliación con la casa matriz, de San Luis Acatlán.
El coordinador de la Casa de justicia de El Paraíso, Gregorio García Morales precisó que no era la reincorporación de las 35 comunidades que conforman la Casa de Justicia de El Paraíso a la de San Luis Acatlán, sino una reconciliación, indicó que seguirán trabajando de forma autónoma, pero coordinada, y precisó que no estarán bajo las órdenes de la casa matriz.
La asamblea inicio a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde bajo una intensa lluvia. Asistieron unos 250 integrantes; consejeros, policías comunitarios, comisarios, comisariados y delegados, y sólo dos mujeres que observaron la reunión, así como los seis integrantes que salieron de la cárcel el 12 de abril, que participaron y votaron en la asamblea.
Al encuentro llegaron los consejeros de la casa matriz, Sabás Aburto Espinobarros e Ignacio Navarro Mosso, y el representante de la Casa de Enlace en Tecoanapa, Prócoro Valente, quien mostró disposición de volver a coordinarse con la casa de El Paraíso.
Minutos antes de la votación de la unificación, en su intervención Aburto Espinobarros recordó que los integrantes de la Casa Matriz de San Luis Acatlán aprobaron la reintegración con la Casa de El Paraíso y la permanencia de la Casa de Justicia, el sábado 4 de junio en asamblea microrregional en San Luis Acatlán.
Sin embargo, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Humberto Viviano precisó que el término reintegración está mal empleado y que el correcto sería reconciliación, “porque nosotros nunca nos fuimos del sistema”. Se declaró a favor de que ambas casas trabajen de manera coordinada y articulada.
Otro integrante, Donaciano Morales coincidió y llamó al respeto de la autonomía de cada Casa de Justicia, “tenemos que unirnos para que no, nos conviertan en policía rural”, pidió, y sostuvo que, gracias a la Policía Comunitaria, desde hace tres años en los poblados donde opera no hay secuestros, asesinatos ni violaciones. En su intervención, el coordinador Gregorio García Morales explicó a la asamblea que el término ya había sido abordado en las reuniones previas, donde se acordó el respeto a la autonomía de las Casas de Justicia, “no vamos a estar bajo el mando de San Luis”, expresó.
El coordinador explicó también, sin decir nombres ?aunque en clara referencia a Eliseo Villar Castillo, preso desde el 30 de abril de 2015?, que quienes provocaron el conflicto en la CRAC ya no están, y llamó a la conformación de un solo frente como organización, porque la CRAC está “apagada” frente a otros movimientos que sí están visibles.
Después, la asamblea votó por unanimidad a favor de la unificación y ratificó el acuerdo votado también a favor el 4 de junio en la asamblea de San Luis Acatlán.
Unidad y defensa de la Ley 701

En otra intervención, Aburto Espinobarros dijo que la importancia de la unificación de las fracciones de la CRAC que se han conformado (algunas sin el reconocimiento de la Casa Matriz) es la defensa de la Ley 701, que será reformada por los diputados locales, y advirtió que “desde el gobierno se intenta frenar a la CRAC”.
Informó que iniciaron los trabajos del convenio que firmó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la reforma a la Ley 701, e insistió en la importancia de la unidad para que los cambios a la Ley 701 sean para que el sistema avance y no para el retroceso de la organización, que es considerada y reconocida por la legislación actual como parte del sistema de seguridad estatal.
Reiteró que la unificación servirá para cambiar el reglamento interno de la CRAC, que deberá estar antes de la reforma a la Ley 701, para que del propio reglamento se retomen algunas propuestas a la Ley. Anunció foros de discusión que propondrán en las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario para que sea el pueblo el que decida.
El consejero reiteró la importancia de la unificación para evitar problemas con el reconocimiento del sistema comunitario en la Ley 701, como los que tienen otras organizaciones que han surgido, y sin decir nombres se refirió a la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la Policía Comunitaria del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y a las autodefensas.
El consejero Claudio Sánchez urgió la pronta elaboración de propuestas a la Ley 701, para que el gobierno no lo haga a su manera.

Eligen a dos coordinadores y nombran a nuevo comandante regional

En la asamblea fue aceptada por los pueblos la renuncia del coordinador Efraín Rea López, que el coordinador presentó por escrito el 31 de mayo.
La separación del coordinador es porque se desempeña como director de desarrollo social del municipio y, según lo estipulado en el reglamento de la CRAC, nadie que tenga un cargo público podrá ser autoridad comunitaria.
En la asamblea fue nombrado por unanimidad como nuevo coordinador Juan Antonio García Fidencia, quien en su intervención explicó que cumplirá con sus deberes, siempre y cuando la población también lo apoye con los gastos, porque el nombramiento y el cargo no tiene un sueldo y los días que hay que estar de guardia en la Casa de Justicia, no trabaja, y no tiene ingresos económicos.
El nuevo coordinador, incluso recriminó a Rea López, que no haya dejado su cargo en el Ayuntamiento, “¿por qué no renunció allá donde hay dinero?”, pregunta que arrancó risas entre los asistentes y el propio Rea López.
También fue elegido por mayoría de votos Raúl Morales Morales como coordinador, pero no aceptó el cargo, y Luis Lucas García, quien quedó en segundo lugar en la votación, asumió su cargo. Este espacio lo ocupó la comunidad de El Parotillo que renunció al sistema comunitario el 31 de mayo pasado.
En la reunión también fue elegido como nuevo comandante regional, Valentín García, después de que el comandante regional de la zona El Charco-Pozolapa dejó el cargo por un asunto personal y porque tiene que ausentarse de su comunidad cinco meses.
Se informó que el próximo sábado 18 de junio, será la primera reunión de coordinadores y comités de enlace después de la unificación, y el sábado 26 será la culminación de la asamblea del 11 de junio que fue suspendida ante la lluvia

La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.