Etiqueta: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop)

CECOP: 20 años de una lucha que ha cobrado 9 vidas, una desaparición forzada y encarcelamientos

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) conmemora 20 años de lucha este 30 de julio, dos décadas en las que 9 de sus integrantes fueron asesinados por la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, además de la desaparición forzada de Vicente Suástegui Muñoz, hermano del vocero del movimiento, Marco Antonio.
El asesinato de otros dos policías comunitarios y miembros del movimiento, y la encarcelación de Maximino Solís Valeriano que sigue preso desde el 2018 se suman a los agravios en contra del Cecop.
Los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec continúan con la exigencia de la cancelación definitiva de la presa y demandan que sea mediante un decreto presidencial. Y también luchan contra las gravilleras que extraen arena y grava del río Papagayo y lo afectan.
En enero de 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundió su proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, que sería 11 veces más grande que la bahía de Acapulco. En su texto Cecop-La Parota La Tierra es Nuestra, el asesor del movimiento, Rodolfo Chávez Galindo señala que la presa La Parota está integrada al Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá, firmado el 15 de junio de 2001.
La hidroeléctrica planeada en Acapulco sería una de las “más de 300 presas programadas de México a Panamá, el objetivo es generar un mercado regional de energía eléctrica para la maquila mesoamericana a través del Sistema de Interconexión Energética de América Central (SIEPAC), que desde 2009 junto con el sistema mexicano de energía eléctrica conforman un proyecto trasnacional controlado por las grandes empresas de energía”.
El 28 de julio de 2003 hombres y mujeres realizaron un plantón en la carretera en la comunidad El Fraile para impedir la entrada de funcionarios enviados de la CFE a los Bienes Comunales de Cacahuatepec con sus maquinarias y retuvieron por 14 horas a tres de ellos. Fue la primera acción contra el proyecto federal y de 2003 a 2008 se realizaron seis plantones, día y noche, en las entradas de seis comunidades: Agua Caliente, Parotillas, San Isidro Gallinero, Cruces de Cacahuatepec, Huamuchitos y Dos Arroyos.
El 27 de julio de 2004, Marco Antonio Muñoz Suástegui fue detenido por primera vez con motivo del movimiento en contra de la presa junto con Francisco Hernández Valeriano, y fueron liberados 9 días después.
El 14 de agosto de 2005 cientos de campesinos impidieron que se realizara una asamblea ilegal en la que se pretendía aprobar la expropiación de las tierras a favor de la CFE. Eran los últimos meses del gobierno perredista de Alberto López Rosas y los primeros del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, también del PRD, ambos acusados por el Cecop de favorecer el proyecto de la presa La Parota.
Después de que terminó una asamblea del Cecop el 18 de septiembre de 2005, campesinos de la comunidad Huamuchitos fueron emboscados en el camino de regreso a sus casas y Tomás Cruz Zamora fue asesinado por un hombre con arma de fuego.
El 29 de enero de 2006 fue asesinado a golpes Eduardo Maya Manrique frente a su casa en el ejido Dos Arroyos, la segunda víctima registrada por el movimiento contra la presa La Parota, que empezaba a crispar el ambiente en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, entre opositores y partidarios del proyecto.
El Sur publicó el 2 de mayo de ese año la denuncia del integrante del Cecop, Teodoro del Carmen Loeza, quien señaló que uno de sus vecinos que está a favor de la presa lo amenazó con un arma de fuego.

Relatores de la ONU en Cacahuatepec

El 10 de agosto de 2006 el relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen visitó el área que sería afectada por la presa La Parota y escuchó a los opositores del proyecto.
En septiembre del siguiente año, Rodolfo Stavenhagen realizó una segunda visita a esta zona del Acapulco rural junto con el Relator Especial sobre Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, quienes escucharon la petición de los comuneros de que el gobierno federal cancele la construcción de la presa.
El 7 de diciembre del mismo año integrantes del Cecop participaron en el Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina en la ciudad de Fortaleza, Brasil, uno de los tantos eventos internacionales en los que los campesinos de Acapulco expusieron los problemas que enfrentaban por oponerse a la presa hidroeléctrica.
El 6 de enero de 2007 Benito Jacinto Cruz recibió un balazo en la cabeza y su cuerpo fue hallado en una barranca, a 500 metros de su domicilio en la comunidad de Huamuchitos, el tercer integrante del Cecop asesinado y el segundo de ese poblado.
En el boom de las autodefensas en Guerrero en 2013, la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) empezó a introducirse en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. El Cecop denunció que esta organización sería utilizada para concretar el proyecto de La Parota y en 2014 comenzó a formar su propia guardia comunitaria de Cacahuatepec, como parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Ese año el vocero del Cecop y sus compañeros protestaron contra la gravillera Kimbar de Humberto Marín Molina y se introdujeron en ella para bloquearla. Por esta acción de denuncia, Suástegui Muñoz fue detenido el 17 de junio de 2014, torturado y luego trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, de Tepic, Nayarit.
Mientras el vocero del Cecop estaba en la cárcel y Guerrero atravesaba la crisis de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrió una balacera el 15 de noviembre entre empleados de la gravillera Kimbar e integrantes del Cecop, después de que estos últimos detuvieron a los primeros en su retén instalado en La Concepción.
Murieron dos trabajadores de la empresa de Humberto Marín y que eran vecinos de esa comunidad, Andrés Palma Casarrubias, Pedro Bailón Dorantes; además de Antonio García Saligán, y su esposa e hija, Elia García y María Guadalupe Ayala, quedaron heridas.
Por otro lado, fue asesinado el integrante del Cecop, Celerino García Hernández, quien recibió dos balazos y falleció en el trayecto al hospital. Quedaron heridos Salomón Hernández Encarnación y Maximino Solís Valeriano, uno de los coordinadores del movimiento opositor.
Finalmente, Suástegui Muñoz fue liberado el 21 de agosto de 2015 y dos días después, Felipe Flores Hernández, otro de los voceros del Cecop desde sus inicios, fue expulsado del movimiento en una asamblea, donde se argumentó que no luchó por la liberación de su compañero. Flores Hernández murió el 27 de julio de 2021 a consecuencia del Covid-19.
El 7 de enero de 2018 hubo dos enfrentamientos en la comunidad La Concepción, con un saldo de 11 muertos: el primero fue en la madrugada, cuando seis civiles del grupo opositor al Cecop y dos policías comunitarios murieron a balazos; el segundo fue a mediodía en el que participaron policías del estado, ministeriales, y elementos de la Gendarmería y el Ejército, y tres policías policías comunitarios afines al Cecop fueron víctimas de ejecución extrajudicial.
Suástegui Muñoz fue llevado a la cárcel junto con 37 de sus compañeros, una parte salió antes y el vocero del Cecop y 16 más estuvieron un año y cinco meses, hasta el 8 de junio de 2019, cuando salieron 13 de ellos. Se quedaron en la cárcel Vicente Suástegui Muñoz, Manuel Everardo Suástegui y Maximino Solís Valeriano, este último sigue en prisión.
Los cinco comuneros asesinados en enero de 2018 más las cuatro víctimas de los años anteriores suman en total 9 integrantes del Cecop muertos a causa de su participación en el movimiento.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones federales de aquel año motivó al Cecop a exigir que se cancelara el proyecto de la presa La Parota definitivamente mediante un decreto presidencial, lo cual todavía no ha ocurrido a pesar de que López Obrador ha dicho que no se construirá la presa. Sin embargo, los comuneros consideran que esto no es suficiente porque la incertidumbre se mantiene con el cambio de gobierno.

Desaparición forzada de Vicente

El 5 de agosto de 2021 Vicente Suástegui Muñoz, quien lideró el Cecop mientras su hermano Marco Antonio estaba en la cárcel en 2014, circulaba en Ciudad Renacimiento en su taxi amarillo con el que trabajaba cuando fue secuestrado por hombres armados.
Policías estatales e integrantes de la policía ciudadana de la UPOEG son acusados de participar en esta desaparición, por la que Marco Antonio y la esposa de Vicente, Samantha Colón, han realizado búsquedas en campo, sobre todo en la zona del Acapulco rural, para encontrarlo.
Antes de la desaparición forzada de Vicente Suástegui, el policía comunitario de los Bienes Comunales de Cacahuatepec e integrante del Cecop, Ramiro Ventura Apolonio, fue asesinado a balazos el 3 de agosto en la comunidad de Apanhuac, al igual que su compañero Isaías Elacio Palma el 15 de marzo. Marco Antonio Suástegui Muñoz responsabilizó a la UPOEG de ambos casos.
El Cecop llega a su 20 aniversario con su exigencia inicial de la cancelación de la presa hidroeléctrica y también con la lucha contra las gravilleras instaladas en el río Papagayo, en el área de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Suástegui Muñoz ha señalado que estas empresas trabajan de manera ilegal porque no tienen el permiso de los comuneros y también ha denunciado que la extracción de arena y grava que realizan afecta el caudal del río y, en consecuencia, al ecosistema que lo rodea. Durante su última asamblea el 4 de junio, el vocero del Cecop junto a una veintena de sus compañeros se introdujeron al río Papagayo, donde una máquina retroexcavadora de la gravillera de Humberto Marín estaba casi a la mitad del caudal, lo cual representa para los comuneros la ilegalidad de su trabajo.

Piden a la gobernadora y a la fiscal la libertad de dos detenidos del Cecop en Huamuchitos

Piden a la gobernadora y a la fiscal la libertad de dos detenidos del Cecop en Huamuchitos

Señor director:
Solicitamos la publicación del siguiente
Pronunciamiento en contra de la detención arbitraria y de la violencia ejercida por la Policía Ministerial hacia comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop).
A la sociedad civil nacional e internacional
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales Repudiamos enérgicamente los actos represivos que se llevaron a cabo durante la madrugada del jueves 1 de diciembre alrededor de las 3 de la mañana en la comunidad de Huamuchitos, perteneciente a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, en donde fueron detenidos Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, y Rocibel Suástegui Jacinto resultó lesionada por disparo de arma de fuego accionada por los mismos elementos de la Fiscalía. Denunciamos la detención arbitraria, la flagrante violación a los derechos humanos y al debido proceso cometidos por la Policía Ministerial que ingresó de manera violenta a la vivienda familiar donde se encontraban tres menores de edad quienes también fueron sustraídos, deteniendo a las personas sin mostrar orden de aprehensión y manteniéndoles incomunicados.
Modesto y Rodrigo fueron torturados por más de siete horas y la señora Rocibel, además de herida, fue amenazada por la policía con quitarle a sus hijos, obligándola a hacer declaraciones inculpatorias en contra de sus familiares.
Es importante señalar que las personas detenidas forman parte de las comunidades aledañas al río Papagayo que se han organizado en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota para defender el territorio comunal de megaproyectos que buscan despojarlos de su territorio, las cuales se ven amenazadas por la colusión de las autoridades con los grupos del crimen organizado.
En un contexto donde los defensores del territorio son constantemente atacados por su labor ante la falta de garantías por parte de los distintos niveles de gobiernos, es realmente preocupante que en el estado de Guerrero se continúe con estos actos represivos en contra de activistas que defienden los bienes comunes naturales.
Es por esto que exigimos a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero y a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, fiscal General del Estado: La libertad inmediata e incondicional de Rodrigo León Jacinto y de Modesto León Jacinto. La reparación integral del daño para Rocibel Suástegui Jacinto y para los tres infantes que resultaron afectados.
El cese a los actos de hostigamiento y criminalización de los integrantes del Cecop.
¡Presos políticos, libertad! ¡No más presos por defender la tierra!

Firman Acción Colectiva Socioambiental, Alianza Sierra Madre, Aluna Acompañamiento Psicosocial, y decenas de personas y organizaiones sociales más

Desplaza la UPOEG el comedor comunitario de Agua Caliente a un lugar sin higiene, denuncian

Jacob Morales Antonio

Agua Caliente

Habitantes de la comunidad de Agua Caliente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, denunciaron que los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) desplazaron el comedor comunitario que estaba en la comisaría, donde más de 400 alumnos de una primaria iban a desayunar y a comer.
Ahora, el comedor comunitario fue instalado de manera improvisada atrás de la escuela primaria Formación Social, en un lugar donde escurren aguas negras, porque no hay drenaje en el poblado; el DIF municipal ya informó a los padres de familia que el lugar no cumple con medidas de higiene y que el comedor podría cerrar.
El pretexto para desplazar el comedor que exponen los policías ciudadanos que irrumpieron en Agua Caliente y La Concepción el pasado 8 de marzo con armas exclusivas del Ejército e ilegales, es que no tienen un cuartel, y con la autorización del comisario Tomás Hernández se apoderaron del espacio que tenía el comedor en la comisaría.
El fundador de la comunidad, José Luis Niño Nava declaró antes del inicio de la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), que hay mucha molestia de los padres de familia ante esta situación, porque muchos de los habitantes son pobres y el comedor comunitario es de mucha ayuda.
Dijo que además, los vecinos tampoco quieren a la Policía Ciudadana que ha hecho detenciones, incluso adentro de las casas de donde sacan a los jóvenes y los encierran en la comisaría que utilizan como cárcel, y que para ser liberados tiene que pagar de mil a 2 mil pesos.
El vecino indicó que al menos ha sabido de 15 detenciones en las que la Policía Ciudadana de la UPOEG, encabezada por el comandante regional Ernesto Gallardo, ha golpeado a los detenidos, quienes han sufrido lesiones gravemente, algunos han perdido dientes a causa de los golpes, pero que no se atreven a denunciarlo públicamente porque los Policías Ciudadanos los amedrentan, además de que portan armas largas de alto poder.
El fundador de la comunidad hizo un llamado al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y al presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre, para que intervengan en la comunidad donde no se han registrado actos de violencia y todo ha estado en calma, porque quienes están siendo afectados son los niños de la primaria.

Tomará protesta la CRAC matriz a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, anuncian

Jacob Morales Antonio

Durante la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se anunció que el próximo domingo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la casa matriz de San Luis Acatlán tomará protesta al Comité de Enlace de Cacahuatepec.
Durante la asamblea de ayer, que fue preparatoria para la coordinación del acto del próximo domingo 23 que tendrá el carácter de asamblea general, el coordinador Tomás Valeriano informó que asistirán al acto representantes de las demás casas de Justicia de la organización fundada hace 21 años.
La Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue aceptada en 2013 por la CRAC en una asamblea en la comunidad de Horcasitas, San Luis Acatlán, desde entonces comenzó a operar con unos 100 policías en al menos 12 localidades de los Bienes Comunales.

Bloquean la autopista en la capital familiares de dos normalistas asesinados por policías en 2011

Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, asesinados el 12 de diciembre de 2011 por policías en un desalojo, acompañados de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, e integrantes de organizaciones sociales, bloquearon la Autopista del Sol y marcharon en Chilpancingo para exigir justica para sus hijos.
En la marcha participaron unos 2 mil manifestantes, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), entre otras organizaciones sociales.
Los manifestantes hicieron un mitin en el cruce de las carreteras a Acapulco, frente al Parador del Marqués en la salida de Chilpancingo hacia Acapulco, lugar donde fueron asesinados Alexis Herrera y Gabriel Echeverría hace cuatro años, donde el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui aseguró que “los machetes” de la organización seguirán solidarios y a las órdenes de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, víctimas de la represión del Estado.
Durante la manifestación llegaron cerca de 20 camiones y tres patrullas de la Policía Federal con equipo antimotines, que no descendieron de los vehículos. Una comisión de los uniformados resguardó la zona para desviar la circulación vehicular y la protesta se llevó a cabo.
Al mediodía los manifestantes partieron en marcha del monumento a Nicolás Bravo, mejor conocido como El Caballito, hacia el Parador del Marqués, sobre los carriles de alta velocidad de norte a sur del bulevar Vicente Guerrero; el contingente fue encabezado por los padres y familiares de Alexis Herrera, Gabriel Echeverría y los 43 normalistas desaparecidos, seguidos por las organizaciones sociales.
Durante la marcha, los manifestantes corearon las consignas como “¡Vestido de verde olivo..!”, “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, y “¡el pueblo unido jamás será vencido!”, entre otras.

El mitin

El contingente avanzó por el bulevar Vicente Guerrero, sin detenerse hasta la autopista en la salida a Acapulco, en donde se colocaron dos cruces en memoria de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría; ahí se llevó a cabo una misa y después un mitin político en el que participaron los dirigentes de las organizaciones sociales.
Familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría fueron los primeros en participar en el mitin, que inició cerca de las 4 de la tarde; expresaron que estos cuatro años sin resolver el asesinato de los normalistas han sido difíciles, por la omisión de las autoridades.
En el mitin participaron el secretario general de la CETEG, Ramos Reyes Guerrero, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes coincidieron en que continuarán solidarios con las familias de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría y con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El señor Margarito Guerrero, padre del normalista de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero de la Cruz, habló a nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y dijo que “por lo menos” los familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría saben qué pasó con sus hijos y pudieron enterrarlos, mientras que, “nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, qué les hicieron, si van a regresar”.
Margarito Guerrero dijo que la injusticia le pegó con más fuerza a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que desde septiembre del año pasado esperan noticias de sus hijos y viven en la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, esperando que los jóvenes regresen.
Aseguró que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pedirán justicia para Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, y pidió a los padres de los estudiantes asesinados hace cuatro años que no dejen solos en su lucha a las familias de los 43.
Por su parte, Marco Antonio Suástegui dijo que el Cecop ha estado en pie de lucha, y que él vivió tanto la injusticia como la represión del Estado “en carne propia”, al ser encarcelado injustificadamente casi un año y medio, “pensaron (las autoridades) que así dejaríamos de manifestarnos, pero están equivocados”.
“Los machetes del Cecop estarán a sus órdenes (de los padres de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos), vamos a seguir exigiendo justicia y continuaremos con nuestra lucha”, expresó Suástegui.
Ramos Reyes dijo que la CETEG ha estado en pie de lucha desde septiembre del año pasado, cuando la organización supo de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aseguró que el magisterio disidente seguirá solidario con las familias de los estudiantes y reprobó que el Estado le apueste a la represión social y no al esclarecimiento de los hechos.
La manifestación concluyó cerca de las 5 de la tarde. Después del mitin los estudiantes abordaron ocho autobuses que los trasladaron de regreso a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.