El mobiliario de playa y dos motos acuáticas, propiedad del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, fueron incendiados alrededor de las 5 de la madrugada en la playa Icacos, afuera del condominio La Palapa.
Suástegui Muñoz dijo que tiene miedo por este siniestro, criticó que no se impidió la extensión del fuego que afectó a 10 concesionarios a pesar de que la playa está “sumamente vigilada” por la Guardia Nacional. Pidió paz y seguridad para seguir trabajando.
El vocero del Cecop recordó que no es la primera vez que atentan contra su negocio de playa, en 2014 le quemaron cuatro motos, en 2018 también incendiaron su equipo mientras estaba en prisión por los hechos violentos en La Concepción en enero de ese año, y hace dos años le robaron dos embarcaciones que logró recuperar.
Su negocio se encuentra en el acceso de playa que se encuentra a un costado del condominio La Palapa, cuya terraza de la alberca quedó parcialmente derruida y fracturada. Las sillas apiladas quedaron derretidas, la madera se tornó negra y los camastros se hicieron cenizas.
Suástegui Muñoz es concesionario y permisionario en la playa Icacos desde hace 30 años, y estaba en la comunidad de Oaxaquillas, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, cuando recibió una llamada a las 7:30 de la mañana para avisarle que sus motos habían sido incendiadas.
El siniestro comenzó en una cocina instalada debajo de la terraza de la alberca del condominio La Palapa, y se extendió al inmueble de Suástegui Muñoz que resguardaba más de 30 sombrillas, 20 fueron recientemente adquiridas. Se quemaron 200 sillas y 50 mesas quedaron “derretidas totalmente por el fuego”.
Sus dos motos acuáticas quedaron parcialmente dañadas, pero otra pequeña embarcación de un concesionario vecino de Suástegui Muñoz quedó en pérdida total. Son unos 3 millones de pesos de inversión por cada negocio siniestrado, las embarcaciones cuestan alrededor de 500 mil pesos.
El fuego se alargó por dos horas y cuando llegaron los bomberos “ya nada pudieron hacer y nosotros pues estamos muy consternados, muy preocupados, muy tristes porque es un negocio que nos costó construirlo cerca de 40 años”, indicó Suástegui Muñoz, quien trabaja en esta playa desde que tenía 8 años. No hubo víctimas mortales ni heridos.
Dijo que este siniestro llegó cuando apenas se estaban recuperando de las pérdidas por el huracán Otis, que hundió varias embarcaciones de paseo; para restablecer su negocio después del meteoro, el activista pidió préstamos porque no recibió el apoyo económico del censo federal.
Suástegui Muñoz cuenta con tres permisos, uno para un módulo de información para deportes acuáticos, el segundo es para la renta de sillas, camastros, mesas y sombrillas, y el último para la renta del recorrido en banana y las motos acuáticas; tiene cuatro embarcaciones y por ellas paga seguros de viajero, daños a terceros y tripulante, pero previo que la aseguradora no va a pagarle porque no estaban operando cuando resultaron afectadas.
Son 10 trabajadores en el negocio de Suástegui Muñoz y ascienden a 50 si se suman a los empleados de los demás concesionarios afectados. Son 10 permisionarios y concesionarios con daños, seis de ellos con pérdida total y que tenían la gran expectativa de recuperarse con las vacaciones de Semana Santa.
“Nosotros no podemos decir, nosotros tenemos miedo, nosotros somos víctimas, no podemos hablar más cosas, decir algo que no vimos, pero es lamentable la inseguridad que estamos viviendo y es lamentable que hoy perdimos nuestro patrimonio de 30, 40 años y que posiblemente ya no lo volvamos a recuperar”.
Puntualizó que no acusa ni denuncia a nadie por este incendio porque él no estaba en la playa cuando empezó el siniestro, pero reiteró que tiene “miedo, ésa es la verdad, y de una u otra manera no nos sentimos seguros”. Pidió paz y seguridad para continuar trabajando en la playa como parte de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de playa Icacos (Tuderpi).
Remarcó que los concesionarios no participan en “cosas ilícitas”, tienen concesiones federales a su nombre, “todo es legal, nada está por encima de la ley”. Señaló que el gobierno debe brindar “las condiciones para seguir trabajando en este lugar que es tan hermoso. Es increíble cómo Acapulco siendo tan vigilado pues pasen estas cosas.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) informó a los vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que se realizará un censo en sus tierras de cultivo, para verificar los daños que causó el huracán Otis.
Este miércoles, en la comunidad Cacahuatepec se llevó a cabo la reunión.
Uno de los asistentes fue el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Consultado por telefono, Suástegui Muñoz dijo que asistió porque fue convocada por el comisario y gente allegada a él, que su pedido en la reunión es que se considere a los verdaderos productores, que no se tome en cuenta a quienes no siembran parcelas y buscan beneficiarse.
Informó que ya se tomó el acuerdo de que se realizarán visitas a 20 comunidades, de las 47 que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en una primera etapa. También que se definieron tres rutas y en una segunda etapa se visitarán otras tres rutas.
La primera recorrerá El Campanario, Apalani, Las Cruces, El Rincón y El Carrizo; la segunda ruta es Huamuchitos, Apanhuac, Espinalillo, El Cantón y Cacahuatepec; la tercera ruta será Las Parotas, Rancho Las Marías, Los Ilamos, Parotillas y La Concepción.
Dijo que en los bienes comunales se perdieron de 30 o 40 mil hectáreas sembradas y el principal cultivo es el maíz, porque es la base de la alimentacion en muchas comunidades.
Suástegui Muñoz dijo que su intervencion en la asamablea de Cacahuatepec fue para pedir que los beneficios del gobierno lleguen a quien realmente siembra, “porque hay vivales que se registran en parcelas que no trabajan”.
Suástegui Muñoz adelantó que hoy los vecinos de Cacahuatepec recibirán en donacion 3 mil láminas galvanizadas, las cuales serán repartidas a vecinos de 20 comunidades.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, habla en la presentación del informe 28 de Tlachinollan, ayer en Chilpancingo; lo acompañan el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer su informe 28 títulado 43: El naufragio por la verdad, ante la presencia del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien destacó la importancia del documento porque dijo que Tlachinollan “es uno de los organismos más importantes de derechos humanos en el país y un referente obligado en Guerrero”.
La presentación del texto fue en un salón Capri del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, donde estuvieron representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, víctimas directas e indirectas de desapariciones, ejecuciones, y desplazamientos por la violencia en la entidad.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que este informe se presenta en medio del grave problema de la violencia e inseguridad que hay en el estado, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad, “por no decir repliegue”, que impide que se garantice seguridad a la población.
En las distintas intervenciones se denunció que el actual gobierno no ha roto el pacto de impunidad que hay con los grupos delictivos y se insistió en la colusión de las autoridades con el crimen organizado, situación que evidencia que “aquí no hay ley, porque el que manda es el crimen organizado”, dijo Diana Hernández, hija del asesinado luchador social, Ranferi Hernández Acevedo.
Estuvieron en el presídium Maldonado Castro; el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, Alan García Campos; el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra; el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui; la hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández, Diana Hernández; el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina; la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales; el representante de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Mario García, un representante de ese plantel y una representante de jornaleros agrícolas.
Guillermo Fernández Maldonado, hizo una reseña de todos los temas que incluye el informe de Tlachinollan y elogió el trabajo realizado por el equipo del organismo.
“Pocas son las organizaciones de la sociedad civil en México que presentan año con año un informe de actividades” y dijo que este es sólo uno de los aspectos “positivos” que distingue a Tlachinollan.
Opinó que el informe “es una radiografía exhaustiva y comprometida con lo que acontece en Guerrero” y que Tlachinollan realiza una “infatigable labor de acompañamiento a las víctimas de las dolencias; a los pueblos indígenas, a las personas afromexicanas, a los jornaleros agrícolas, a las personas desaparecidas, a las mujeres discriminadas y a los demás grupos que viven una situación especial de vulnerabilidad”.
Agregó que el informe “desnuda las heridas abiertas provocadas por la violencia y el impacto desgarrador del accionar del crimen organizado, la colusión de la criminalidad de algunas autoridades, las consecuencias negativas de una estrategia errada de militarización de la seguridad pública, la expoliación de los recursos de las comunidades, la rapacidad de algunos proyectos, entre otras fuentes de violencia que corresponde al Estado atender como principal garante de los derechos humanos”.
Destacó que entre los temas resalta el caso Ayotzinapa; “la resistencia de las familias, su infatigable lucha por mantener viva la exigencia de justicia, su capacidad de movilización y de denuncia valiente y constante en distintos espacios públicos”.
Destacó la apuesta de los padres por mantener vivo el diálogo que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables “de un acto de barbarie y ultrajante para la conciencia de toda la humanidad”.
Se disputan 22 grupos el control de los presupuestos municipales
En la presentación del informe, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, habló de la violencia, de la grave criminalidad y de la crisis de seguridad que se vive en Guerrero.
Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU, dijo que en Guerrero hay en las siete regiones más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder, en términos del control territorial y de su presencia en los poderes municipales, “donde les han cedido espacios y presupuesto los presidentes”.
Sintetizó: “Estamos ante una situación difícil”, y explicó que lo que está ocurriendo en las últimas semanas en la entidad ya no viene en el informe, “los grupos del crimen organizado están tomando el control de ciertos giros comerciales, como el gas en Zihuatanejo, los productos básicos en Atoyac, y en Tierra Caliente “varios presidentes municipales han cedido el control a la delincuencia organizada”.
“En la Tierra Caliente, el crimen organizado se están peleando los presupuestos para tener el control ante una población inerme”,
Dijo que San Miguel Totolapan es el caso más emblemático “de la impunidad y del poder impune del crimen organizado”.
También habló de Chilpancingo, donde, manifestó, hay una disputa desde hace varios meses entre los grupos de la delincuencia, igual que en Tierra Colorada, donde recientemente hubo un despliegue de la Guardia Nacional.
De Acapulco, informó que apenas el lunes le dijeron que “hay un gran número de grupos que se están disputando palmo a palmo las playas”.
Enseguida dijo que el informe de Tlachinollan es el “termómetro de un estado convulso”. Donde, añadió, por un lado hay una población que resiste bloqueando carreteras y calles para que las autoridades cumplan, “como está pasando con los colectivos de la guerra sucia que piden la reparación de daños y han ido hasta Palacio Nacional y no han sido atendidos”.
También mencionó la movilización del domingo cuando víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la guerra sucia protestaron en las puertas de la 35 Zona Militar para exigir que abran los archivos, pero que la respuesta fue “desconcertante”; porque en lugar de acompañar a los colectivos, en su mayoría personas mayores, madres, hijas esposas, dentro de las instalaciones había policías antimotines para proteger las instalaciones.
Barrera se quejó: “vemos a una clase política distraída en otros asuntos, alejada de las demandas básicas. Han abandonado, sobre todo, a los sectores de la Montaña, de la Sierra, de la zona Centro, de los colonos, de la gente de Acapulco que exige lo básico; agua potable educación, salud, trabajo”.
Explicó que la gente se organiza para esas peticiones porque los programas federales son insuficientes, “el techo presupuestal que debe llegar a Guerrero es insuficiente, por eso los jóvenes se están yendo a Nueva York a trabajar, por eso las familias se están quedando abandonadas”.
Informó que más 22 mil jornaleras y jornaleros han salido de la Montaña y de la Costa Chica para ir a buscar trabajo a los campos agrícolas de Sinaloa en condiciones de semi esclavitud, sin ningún apoyo, porque no hay ningún programa para proteger a la población jornalera. “Hay un abandono institucional a los sectores más depauperados en nuestro estado”.
Habló, también, de la situación de las mujeres indígenas y no indígenas, que viven una situación grave; “se han incrementado los feminicidios, las muertes maternas en la Montaña, la violencia contra las niñas y el problema de la venta de niñas lamentablemente ha crecido por el abandono de las autoridades”.
Además, dijo que las madres solteras son víctimas de violencia y de discriminación en sus comunidades, pues no tienen trabajo, y no tienen acceso a la justicia porque se les estigmatiza y criminaliza.
Denunció que hay municipios como Cochoapa y Metlatónoc donde las mujeres que se atreven a solicitar el apoyo de las autoridades municipales las obligan a regresar con sus esposos después de que sufrieron violencia y, de paso, les cobran por el acta que levantan para supuestamente conciliarlos.
“No hay realmente una política gubernamental que este del lado de las mujeres protegiéndolas”, denunció Barrera Hernández.
Agregó que otro problema grave en Guerrero es el de los desplazados de los que hay alrededor de 22 mil personas que han abandonado sus comunidades por la violencia.
Mencionó el caso de los desplazados de Chichihualco de los que hubo una representación, dijo que han resistido porque se han organizado y han tenido que ir a Palacio Nacional y a Gobernación para hacerse visibles pero que el Senado no ha intervenido para que haya una ley que los proteja.
“En Guerrero el problema de los desplazados es un foco rojo”, y que por eso vino la relatora el año pasado para verificar y constar el problema.
Vidulfo Rosales, por su parte, expresó que en un gobierno democrático la primera tarea que debería hacer es establecer una agenda clara para dar respuesta al problema de la violencia, y las ejecuciones de los defensores de derechos humanos; “hubo decenas tan solo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.
Explicó que si bien no ocurrieron en este gobierno, “el actual tendría la responsabilidad de retomar el problema de los asesinatos de los defensores para su esclarecimiento y justicia, pero no estamos teniendo absolutamente nada, no hay la mínima preocupación”, denunció.
Reprochó que no se ven acciones concretas en términos de justicia para los defensores asesinados.
Y se preguntó: “qué está haciendo este gobierno, cuál es la agenda que está trazando, cuáles son las primeras acciones tendientes a resolver el problema de violencia. Nada, sólo pasarelas, frivolidades, acciones fatuas y no se está tocando la grave problemática que estamos viviendo en materia de derechos humanos.
El momento más sensible se percibió cuando habló el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suastegui.
“Llévese este informe y su contenido, lleno de dolor y de sufrimiento, pero también lleno de esperanza. Para nosotros; las víctimas indirectas y directas es muy difícil poder leerlo y adéntranos, porque lo que ahí está escrito es lo que estamos viviendo los familiares de desplazados, de desaparecidos, de asesinados, de encarcelados, de perseguidos. La realidad en Guerrero es muy cruda”, le dijo al representante del Alto Comisionado.
Con largas pausas, voz quebrada y con ojos húmedos, habló de la desaparición de su hermano Vicente y de la negligencia de las autoridades para atender el caso. Mencionó que hay cuatro detenidos pero no por la intervención de las autoridades, sino por la presión de los familiares “con el riesgo de nuestras propias vidas para perseguir a estos criminales que hoy están coludidos con el Ejército y la Marina”.
Denunció que el mismo gobierno le está dando entrada a los grupos de la delincuencia en la zona de Cacahuatepec porque para las autoridades del pasado y actuales representa un gran negocio.
“Nada ha cambiado, al contrario, las cosas siguen empeorando”, denunció.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón iniciaron, como en los gobiernos pasados, una persecución en contra de los opositores a la hidroeléctrica.
En declaraciones por teléfono, el dirigente informó que fue notificado de que el juez segundo del distrito de Tabares lo sentenció a más de ocho años de cárcel por el delito de homicidio, hechos que ocurrieron en 2013; sin embargo, él recurrió a una apelación y ahora su caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “Yo podría regresar a la cárcel”.
Suástegui Muñoz dijo que en este contexto de persecución contra el Cecop y su lucha contra la hidroeléctrica fueron detenidos el jueves pasado, con violencia, por policías ministeriales en la comunidad de Huamuchitos, Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
Recordó que ese día los policías ministeriales irrumpieron a las 3:30 de la madrugada en la casa de la familia, sin embargo, en la carpeta de investigación se estipuló que los detuvieron en la cancha de la comunidad lo que es falso, y tan fue así que el sábado se les dio su libertad de la comandancia de El Coloso, pero al salir fueron detenidos nuevamente ahora con unas órdenes de aprehensión de 2013, acusados de intento de homicidio y lesiones, y fueron recluidos en la cárcel de Las Cruces.
Reprochó a la fiscal Valdovinos Salmerón que junto con la gobernadora “usan los mismos vicios y prácticas oscuras del pasado. Concluimos que hay una persecución total para eliminar al Cecop, porque tal vez el movimiento le hace estorbo a la 4T, porque nosotros mandamos al diablo al PRI, al PRD, para poner a un movimiento en el poder como lo es Morena, donde nosotros decidimos abiertamente apoyar en campaña política a la gobernadora, pero vemos que lamentablemente nos equivocamos”.
El vocero dijo que tiene conocimiento de que se están desempolvando las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Cecop, “estamos procesados 30 compañeros, también surgen nuevas órdenes de aprehensión, que este gobierno está sacando de cuando se fabricaban los delitos”.
Luego, se volvió a lanzar contra la gobernadora “nos está mintiendo, diciendo que son amigos de los que menos tienen, pregonan eso, y que en este gobinero no se reprime. Todo lo contrario, sí se persigue, se encarcela, actualmente tenemos a toda la fiscalía en Huamuchitos, a los que llevan sus cosechas de jamaica y de maíz los están deteniendo, hay filtros y retenes, además, la Fiscalía entró a robar como delincuentes y amenazando de manera cobarde a la gente”.
“La gobernadora dice que Guerrero es un santuario de derechos humanos, la Fiscalía viene y tortura y le mete unos balazos a una mujer y la amenazan con quitarle a los hijos para declarar contra su esposo, diciendo que él fue quien le disparó”.
Ante estos hechos, dijo que el domingo en asamblea se acordó pedir el apoyo nacional de las organizaciones sociales, una comisión acudirá a Palacio Nacional, para plantear la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se va a instalar un plantón en Huamuchitos y El Cantón, para evitar que la Policía Ministerial entre, “además estamos pensando que vamos a cerrar la Autopista del Sol, porque tal parece que les importa recibir turistas y crear una imagen falsa, cuando hay un mar de sangre en Acapulco, y cuando el Ejército y la Guardia Nacional están metidos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Suástegui Muñoz también afirmó que “nos mintieron cuando dijeron que iba a haber un cambio” e informó que se cancelaron todos los apoyos a los pobladores de Cacahuatepec, “nos huele como una trampa del gobierno del estado, municipio y federal”.
El dirigente recordó que Maximino Solís Valeriano sigue preso en el penal de Las Cruces, desde 2018, por un delito que no cometió y que se le atribuye a él, pero todo es parte de la persecución contra el movimiento.
Atoyac, Gro. 30agosto2018. / La Vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en la placa del Perdón del Zócalo de Atoyac donde montaron una exposición de fotografías de desaparecidos para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido de los cuales cuenta con 500 el Municipio de Atoyac. Chilpancingo,Gro/13enero02/ El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino. Chilpancingo Gro, 13 de septiembre 2018. // La defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marín, muestra la presea Sentimientos de la Nación la cual le fuere otorgada por el Congreso del Estado. // La vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en el Zócalo de Atoyac; el dirigente de la OCSS, Hilario Mesino; la defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marí; la dirigente indígena na’savi de Tlacoachistlahuaca, Hermelinda Tiburcio y el promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín en Tixtla Gonzalo Molina Fotos: Francisco Magaña, Archivo de El Sur y Jesús Eduardo Guerrero
Con Evelyn Salgado esperan un gobierno de justicia, coinciden luchadores sociales
Para Tita Radilla, debe comprometerse en la búsqueda de los desaparecidos. Que atienda las demandas de las organizaciones, pide Hilario Mesino. Llama María Luisa Garfias a trabajar contra la violencia de género. Pide Hermelinda Tiburcio desterrar prácticas machistas en el gobierno. Liberar presos políticos, demanda Gonzalo Molina. Se pronuncian Abel Barrera, Arturo García y Eloy Cisneros por un proyecto de gobierno de izquierda. Espera Marco Antonio Suástegui que defina una posición ante el proyecto de La Parota. Para Servando Bautista se debe atender el cuidado de los bosques. Sabás Aburto espera apoyo a los derechos indígenas
Emiliano Tizapa
A unas horas de que tome protesta como gobernadora de Guerrero la primera mujer y de un partido de izquierda, Evelyn Salgado Pineda, reconocidos dirigentes sociales, activistas y defensores de derechos humanos opinaron acerca de qué esperan del gobierno entrante de Morena y cuál será su quehacer durante esa administración.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; el luchador social, Eloy Cisneros Guillén; el vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui Muñoz; y el asesor de la Coordinadora-de Comisariados-Ejidales Arturo-García-t Fotos: Jessica Torres Barrera, Jesús Eduardo Guerrero, Lenin Ocampo Torres y Jessica Torres Barrera
Consultados vía telefónica los activistas esperan que el nuevo gobierno morenista apoye a las familias de desaparecidos, respete los derechos de las mujeres y destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Tita Radilla
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, dijo que espera que haya realmente respeto a los derechos humanos y apoyo a las familias de desaparecidos y torturados, que haya esclarecimiento de los hechos y que el gobierno estatal brinde todo el apoyo para que las personas puedan recuperar a sus seres queridos que siguen buscando.
Manifestó que las administraciones anteriores no han apoyado para hacer búsquedas adecuadamente, ni a las familias que se han quedado en total indefensión, sobre todo los niños.
Afirmó que seguirá en su lucha “hasta que no me pueda mover” porque las desapariciones se siguen dando, porque no se ha resuelto el pasado, “estamos familiares que somos muy grandes, estamos muy enfermos, las poquitas mamás que tenemos en el grupo ya no se paran, sin embargo, siguen con la esperanza de saber qué paso con sus desaparecidos”.
Aseguró que aún no se han reunido con la próxima gobernadora, “pero esperamos que tenga toda la disposición como lo ha manifestado de apoyar esta lucha, de que haya esclarecimiento de los hechos, que haya verdad y justicia y que nunca más haya un desaparecido”.
Hilario Mesino
El fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, de 83 años, opinó que espera “que sea un gobierno de justicia, por tantos años luchando por que haya democracia, porque no haya desaparecidos y se respeten los derechos humanos, hemos sufrido mucho y ahora que entrará la gobernadora queremos que atienda las demandas de las organizaciones”.
Aseguró que “nos han matado a nuestros compañeros, en primer lugar a mis dos hijos Miguel Ángel (Mesino) y Rocío (Mesino), por el sólo hecho de pedir justicia, y esperamos que esta gobernadora cumpla, que haga justicia, que no estemos igual como con los gobiernos anteriores”.
Dijo que tiene una esperanza “porque se habla de la cuarta transformación”, y que ojalá la gobernadora no continúe con la persecución a los luchadores sociales, pues han perdido a compañeros como Ranferi Hernández, Arturo Hernández Cardona y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Afirmó que seguirá su lucha para defender a los oprimidos, al pueblo, “no estoy luchando porque me den un cargo, queremos que se haga justicia con el pueblo, hay mucha gente desaparecida, tenemos muchas masacres como la de Aguas Blancas y vemos que no se nos hace justicia”.
María Luisa Garfias
La feminista María Luisa Garfias dijo que espera que las políticas públicas del gobierno entrante respeten los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y que el gobierno implemente acciones para erradicar la violencia de género.
“Ella prometió que Guerrero sería una ínsula donde las mujeres no viviríamos violencia, entonces queremos que eso que dijo en campaña lo cumpla, respetando los derechos que las mujeres hemos logrado, que están establecidos en las leyes y que el gobierno no ha garantizado”.
Afirmó que “seguiremos haciendo lo propio en el gobierno de Evelyn desde la sociedad civil como organizaciones, estaremos señalando cuando ella violente los derechos humanos de las mujeres, y las organizaciones en alianza vigilaremos que cumpla con los derechos que están en normas internacionales, nacionales y estatales”.
Dijo que Evelyn Salgado debe respetar el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, decidir sobre sus cuerpos, empleos dignos, salarios dignos y justos, el derecho de ir a la escuela y de participar en la política sin que sean violentadas, “y si no lo cumple nosotras seríamos las primeras en denunciar esas violaciones”.
Hermelinda Tiburcio
La activista na savi y presidenta de la Red Kinal Antzetik Guerrero, Hermelinda Tiburcio Cayetano, opinó que Evelyn Salgado debe gobernar “con el corazón de mujer y no el cuerpo de mujer”, porque aseguró que las mujeres que han llegado a esos espacios de poder repiten las mismas prácticas machistas.
Manifestó que tiene muy poca expectativa de la gobernadora entrante pues hay frustración en las defensoras y activistas de derechos humanos porque “el poder cambia muchos pensamientos”.
“Estoy esperando que tome posesión y que la mitad de su gobierno deben ser mujeres, y la gente que llegue ahí tiene que pensar políticas públicas para la población indígena”, agregó.
Aseguró que continuará su lucha contra la violación a los derechos humanos de la población indígena y seguirá denunciando la venta de niñas y los tratos forzados que se vive en la Montaña, “en Guerrero y México hay leyes, necesitamos acciones de quienes llegan al poder, (porque) la procuración de justicia es lenta”.
Gonzalo Molina
El ex preso político y ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, manifestó que ante el sistema capitalista que se vie, para que realmente haya un cambio se tiene que impulsar un proyecto alternativo y que a pesar de que llega “un gobierno de izquierda” a Guerrero no podrá cambiar mucho las condiciones sociales, porque se impulsan muchas concesiones a las grandes empresas y no ve que “vaya a cambiar las condiciones de vida de la población”.
Declaró que “por el contrario, creo que se está agudizando, porque el sistema utiliza a la delincuencia organizada” para causar terror y para explotar a la población en general.
Afirmó que las autoridades locales como los municipios ya fueron amenazados y ejemplificó la quema de camiones en Acapulco, que interpretó son las formas de decir que están ahí y son los que mandan, no los gobiernos, “por eso a mí, no me cabe en la cabeza que habrá un cambio, pero lo vamos a ver cuando empiecen a trabajar”.
Dijo que seguirá luchando por mejorar las condiciones de vida los pueblos y comunidades porque eso le dicta su conciencia, “es el amor al pueblo, un proyecto que va más allá de las armas, un proyecto de reeducación a la sociedad para que se rompa ese esquema donde sólo importa el individuo”.
Aseguró que buscará un acercamiento con el nuevo gobierno estatal para la liberación de sus compañeros presos políticos y ahí verá si hay un cambio, “sería un indicio de que hay buena voluntad”.
Abel Barrera
El director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que del gobierno de Evelyn Salgado espera que construya una agenda que atienda los casos graves de violaciones a los derechos humanos como las masacres la Aguas Blancas y El Charco, los asesinatos y las desapariciones de defensores y defensoras de derechos humanos como los casos de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arturo Hernández Carmona, así como las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, el desplazamiento del matrimonio Santana Villa y de pobladores de la sierra de Chichihualco, Petatlán y de la región de Tierra Caliente.
Dijo espera que se atiendan y se dé justicia a quienes han padecido asesinatos y desapariciones de sus familiares, además de atender el problema de la desigualdad social que existe en nuestro estado.
Explicó que “no podemos seguir cargando con todas las corruptelas y todos los abusos de una clase política depredadora, a cambio del hambre, de la miseria, de la muerte de niños por desnutrición y de mujeres por dar a luz”.
Dijo que el gobierno entrante debe “acabar con la estigmatización de le región serrana de que son amapoleros y que en la Montaña son pueblos indígenas que por su identidad cargan con su propio atraso”.
Manifestó que continuará desde la trinchera de los derechos humanos desde la sociedad civil para proteger los derechos de las personas más vulnerables, denunciando las injusticias, las corruptelas, y exigiendo que las autoridades cumplan con su responsabilidades públicas”.
Aseguró que desde la autonomía, independencia y sin incorporarse a ningún partido político buscará un diálogo constructivo con el nuevo gobierno, y denunciará los casos donde “se tolere la colusión entre agentes del Estado y crimen organizado, esperemos que en este periodo se rompa con este pacto de impunidad y se depure las instituciones de justicia y seguridad, porque ahí es donde está el cáncer que daña el tejido social”.
Eloy Cisneros
El luchador social y presidente del Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, manifestó que del gobierno de Evelyn Salgado espera un cambio verdadero y la transformación que Guerrero necesita.
Dijo que el cambio fundamental debe ser en cuestión de moralidad, que haya una transparencia del manejo de Guerrero y que rinda cuentas permanentemente para generar más confianza en los guerrerenses.
Afirmó que confía en que la gobernadora seleccione a su gabinete con paciencia y dedicación para que no le fallen, “creo que va a salir adelante, pero siempre y cuando esté rodeada de gente que sienta la cuarta transformación”.
Comentó que él seguirá su lucha con el Frente Progresista Guerrerense para defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Evelyn Salgado, “porque sentimos que será un gobierno de servicio al pueblo de Guerrero”.
Marco Antonio Suástegui
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, dijo que él conoce desde muy joven a Evelyn Salgado y espera que su gobierno se abra al diálogo.
Destacó que la juventud de la gobernadora al no estar “maleada ni viciada” podría atender algunas causas, pero que hay muchos intereses oscuros en el estado que le dificultarán su trabajo, “me preocupa que ella no pueda tomar decisiones que transformen el estado”.
Agregó que espera que pueda desmantelar los cacicazgos, pero si ella se acerca con los “verdaderos luchadores sociales pudiera lograr la gran campanada”, aunque criticó que a veces peca de inocente como cuando se tomó una foto y saludó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de quien dijo es “conocido como un asesino y un represor y esas inocentadas pueden costarle el enojo y el repudio”.
Declaró que espera que el nuevo gobierno no reprima, encarcele ni sea cómplice de intereses oscuros, y que le pedirá a Salgado Pineda defina una postura en el tema de la presa La Parota, “La Parota no va porque los campesinos no han otorgado la licencia social y nunca la otorgarán”.
También espera que presente con vida a su hermano desaparecido Vicente Suástegui y actúe en contra de la UPOEG que está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Arturo García Jiménez
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero y dirigente de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos (RASA), Arturo García Jiménez, dijo que espera que el gobierno de Evelyn Salgado “dé un golpe de timón en el todo lo que es el quehacer de gobernar”, pues debe dialogar con los actores directos para desarrollar la obra social, el respeto a los derechos humanos y sobre todo construir territorios de paz y de desarrollo sustentable.
Afirmó que el gobierno y su gabinete deben entender que la población necesita un cambio verdadero, porque sería muy malo que esa esperanza se matara, “para que volvamos a tener otro gobierno de izquierda, cuando nos digan ¿y así es la izquierda?” Así que espera se destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Dijo que desea un co-gobierno con la ciudadanía y en caso de que resulte un gobierno igual que los anteriores, seguirá bajo su esquema que define como “gobernar desde abajo”.
Servando Bautista
El dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Servando Bautista Fuerte, opinó que espera que el gobierno entrante se enfoque en el cuidado de los bosques en la sierra del estado, porque hay zonas muy destruidas y son fundamentales para vivir y para que siga habiendo agua.
Agregó que otro asunto que debe resolver el gobierno de Evelyn Salgado es la atención de los familiares de desaparecidos que buscan saber dónde están. De la Organización, siguen desaparecidos dos de sus principales dirigentes, desde diciembre de 2011, el presidente Marcial Bautista Valle y la coordinadora Eva Alarcón.
Pidió a la gobernadora que envíe proyectos productivos para la gente de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, “porque están muy pobres y hay mucha gente que desea trabajar pero no hay en qué”.
Manifestó que seguirá luchando por resguardar los bosques de los incendios y de tanta destrucción, a pesar de que su organización no se ha podido expandir en otros municipios, “es un hecho que nosotros vamos a seguir cuidando lo que tenemos”.
Sabás Aburto
Uno de los iniciadores y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, espera que el gobierno entrante del estado tenga buena relación con el gobierno federal, “creemos que a Guerrero se le dará prioridad porque aquí el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha recibido mucho apoyo desde hace varios años”.
Dijo que espera el apoyo de Evelyn Salgado para para que gestione en el Congreso la iniciativa de reforma constitucional estatal de los artículos del 8 al 14, para ampliar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es muy importante para las comunidades que tienen policías comunitarias de la CRAC-PC.
Manifestó que ya han platicado con la gobernadora entrante en campaña y el pasado 2 de octubre en Chilpancingo, donde les ratificó su compromiso de trabajar en lo que le compete para que se restituyan los derechos a los pueblos indígenas.
Afirmó que su lucha seguirá siendo informar y concientizar a la ciudadanía desde las comunidades, independientemente si se aprueban las iniciativas a la Constitución del Estado o a la Ley 701 que piden, “lo más importante es la gente que ha sostenido a la CRAC-PC en sus 26 años”.
Recordó que el 15 de octubre, el día que toma protesta la gobernadora, el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica cumple 26 años, “a pesar de todos los problemas que hemos enfrentado en cada sexenio de gobernadores que han pasado”.
El 4 de abril, el vocero del Ceop, Marco Antonio Suástegui,esposado, ingresa a la sala de juicios orales, en la Unidad de Atención Jurídica Integral en Acapulco . Foto: Carlos Alberto Carbajal
Perdió más de 20 kilos porque en la casa blanca, donde estuvo segregado de enero a agosto, no hay condiciones dignas, no le daban alimentos y el agua para beber no era potable
Maribel Gutiérrez
Segunda parte
Marco Antonio Suástegui Muñoz, durante la visita que el pasado 12 de agosto realizaron organizaciones de derechos humanos en el penal de Las Cruces en Acapulco. Foto: Tlachinolan
Con diez meses en la cárcel, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denuncia que durante ocho meses fue sometido a condiciones de reclusión indignas, que agravaron los daños que le causaron la golpiza y tortura que le dieron policías ministeriales y estatales cuando fue detenido el 7 de enero.
Se encuentra ahora encarcelado junto a 16 presos del Cecop, de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec y vecinos que no pertenecen a alguna organización, que son los que quedan de 38 que al principio fueron detenidos, de los cuales 25 llegaron al reclusorio; los otros salieron, la mayoría los primeros días y ocho el 21 de agosto por resolución de una juez.
Su figura se ve más alargada que antes, parece que sólo tiene los huesos y la piel, oscura, y el cabello corto casi a rape. Tiene ropa común, no viste uniforme de preso, pantalón gris claro y playera blanca y los tradicionales huaraches de correas cruzadas.
Cuando estaba en libertad pesaba 85 kilos, y en los primeros ocho meses de encierro en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco bajó 27 porque lo que le daban como alimentación era incomible. En los últimos dos meses se ha ido recuperando, y ahora pesa 65, y con 1.76 de altura parece alto y delgado.
Se ve débil y enfermo, debido a dolores que tiene en la columna y el abdomen, desde que fue torturado cuando fue detenido. Desde el 7 de enero no tuvo atención médica y su salud se fue deteriorando más.
Los diez meses, Suástegui ha estado segregado de la población penitenciaria, supuestamente para protegerlo, porque las autoridades no garantizan la seguridad.
Primero lo tuvieron en una celda oscura, totalmente cerrada, sin ventanas, caliente, y no le permitían ver la luz del sol.
El calabozo en que estuvo se localiza en la entrada del reclusorio, le llaman la casa blanca, y se compone de varios cuartos, algunos ocupados con estantes y lockers; en uno de esos estuvo Marco Antonio Suástegui con su hermano Vicente, en un cuartito como de 3 metros cuadrados, muy pequeño para dos personas.
Hace dos meses lo trasladaron a otra área, llamada la clínica de desintoxicación, donde sus condiciones de reclusión son mejores.
“Estuve ocho meses aislado, en una celda oscura, sin luz, sin ventilación, caliente, llamada la casa blanca”.
En entrevista, el vocero del Cecop describe las condiciones que ha tenido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco.
“Nos detienen el 7 de enero, me traen al reclusorio como a las 7 de la noche, a un lugar que se llama el hospitalito. Llegamos seis: Nemesio Valeriano, Javier Melchor, Maximino Solís, Manuel Everardo, mi hermano Vicente Suástegui y yo.
“A las 11 de la noche nos cambian a la clínica de desintoxicación, no había más presos. Nos metieron a la celda, dormimos en el piso con mucho frío, algunos dormimos en el baño que estaba más caliente.
“El 10 de enero vino el director del Cereso, Hugo Vázquez Santos, me dijo que tenía visita, me sacó, me llevan a la casa blanca, me meten a la celda oscura, me encierran a mí y a mi hermano Vicente.
“Pregunté dónde está la visita. Era un engaño y una forma de tortura psicológica.
“Estuve 8 meses en esa celda, no me daban de comer, a las 8 de la mañana pasaban gritando ‘rancho’ (que es la comida que les dan a los presos), me paraba con mi plato, pero no llegaba nada, como hasta las 12 del día llevaban algo grasoso y frío que no se podía comer y tortillas duras. A la 1:30 otra vez pasaban gritando ‘rancho’, me levantaba con la esperanza de que llevaran comida, y nada, como las 5 llevaban otra vez comida fría y tortillas duras. Nos daban agua con rompetripas, que son larvas de moscos. Las visitas que iban a verme estaban tiradas en el piso porque no había donde sentarse”.
“A un policía le pedía que me dejara ver la luz del día”.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan que lleva la defensa de los presos de Suástegui y de los otros presos del Cecop y de la Policía Comunitaria, presentó una denuncia de las condiciones carcelarias ante la juez de ejecución, con las demandas de trato digno, alimentación, atención a la salud y respeto al derecho de recibir visitas.
Las audiencias se realizaron el 3, 4 y 5 de abril, en la sala de ejecuciones y denunciaron las violaciones a los derechos humanos. La resolución de la juez Isis Peralta fue que Marco Antonio Suástegui fuera movido a una celda digna, que le dieran atención médica para curar los daños a la salud causados por la tortura, derecho a las visitas, alimentación y agua potable.
Reconoce Suástegui que después de esa resolución empezaron a darle dos horas al día para estar afuera de la casa blanca.
Pero todavía estuvo casi 5 meses en la celda oscura y sin ventilación. El 25 de agosto lo trasladan a la clínica de desintoxicación habilitada como celdas, donde se encuentra a la fecha.
La clínica es una edificación de un piso, pintada de blanco, con un patio en medio y salas a los lados que se usan como celdas.
“El 25 de agosto nos trasladaron a la clínica, aquí me dan de comer a la hora. Hace unos días cambiaron al director, es Justo Jiménez Loaeza, se ha portado bien, nos deja salir a actividades deportivas, hacer manualidades, es respetuoso de los derechos, baja diario a ver cómo estamos, le pedí atención médica, me revisaron, y dijo que me va llevar al hospital de El Quemado.
“La comida mejoró, es lentejas, frijoles o sopa de pasta, ya han traído pollo, caldo de res, y está sacando la basura del tiradero que está a pocos metros de la clínica”.
La batalla legal contra las condiciones carcelarias
El abogado Rogelio Téliz García, del Centro de Derechos Humanos e La Montaña Tlachinollan, uno de los defensores del vocero del Cecop, califica a la casa blanca como “un pequeño Cefereso”, o penal de máxima seguridad, donde las condiciones de internamiento “son difíciles”.
Ante las violaciones a los derechos de Marco Antonio Suástegui, se presentó la denuncia ante la juez de ejecución, y en las audiencias fueron batallas con las autoridades del penal, porque no reconocían las condiciones indignas de reclusión.
Después, la resolución de la juez fue débil, porque no ordena, sino que pide de favor a las autoridades administrativas que den un trato digno al preso. Por su parte, el director del Cereso argumentaba que no tenía espacio para Suástegui en otra celda.
Por eso tardó meses la salida de la casa blanca y su traslado a la clínica, donde está con los 16 presos del Cecop y la Comunitaria.
En realidad también ahí los presos están segregados del resto de la población penitenciaria, pero Téliz reconoce que las condiciones son mejores que en la celda oscura y sin ventilación de la casa blanca, además de que las autoridades del penal dicen que no pueden garantizar la seguridad en el área donde está el resto de los presos y que ahí estarían en peligro; frente a este argumento Marco Antonio Suástegui y sus abogados no insisten en el problema del aislamiento en que se encuentra.
En peligro de traslado
Las condiciones de Suástegui pueden empeorar en un reclusorio de máxima seguridad. “Me han querido trasladar, la psicóloga Gladimira Ocampo dijo que soy adicto a las drogas y al alcohol y que soy de alta peligrosidad. Le mandó un informe a la juez Isis Peralta, fue un estudio falso, nunca me entrevistó, nunca la he visto, lo hizo para que me trasladaran a un penal de máxima seguridad”, explica.
El peligro del traslado a un reclusorio de máxima seguridad es un temor de Marco Antonio Suástegui desde el día en que fue detenido, y lo llevaron al aeropuerto de Acapulco y los policías ministeriales le dijeron que estaba planeado su traslado a Nayarit. Ahí estuvo el vocero del Cecop más de un año, del 17 de junio de 2014 al 21 de agosto de 2015, aislado, sin agua ni comida para la alimentación sana ni atención médica ni derecho a visitas, igual que en Acapulco, pero con la desventaja adicional de que estaba lejos de su familia, de sus compañeros del movimiento contra la presa La Parota, de las organizaciones que lo apoyan y de sus defensores de Tlachinollan.
El 7 de enero, en La Concepción, policías estatales se llevan detenido al vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui .Foto: Carlos Alberto Carbajal
Desde la cárcel señala como responsable al coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado
Maribel Gutiérrez
Primera parte
Desde el reclusorio de Acapulco, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, habla de cómo fue detenido y torturado el 7 de enero, de la fabricación de delitos, y del asesinato de tres comunitarios de Cacahuatepec, que fueron ejecutados por policías ministeriales y estatales cuando ya estaban desarmados y sometidos.
Ese día, como a las 3 de madrugada, se dio un enfrentamiento armado en La Concepción, poblado de los Bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, presuntamente entre policías comunitarios afines al Cecop y civiles armados del grupo contrario al Cecop, con saldo de dos comunitarios muertos y seis del grupo de sus adversarios. Después de las 10 de la mañana llegaron policías del estado, ministeriales y federales de la Gendarmería, así como efectivos del Ejército, que desataron una balacera y mataron a tres comunitarios más, y se llevaron detenidos a 38 miembros del Cecop, policías comunitarios y vecinos, incluyendo algunos que estaban encerrados en la comandancia de la Comunitaria para se reeducación.
Por el asesinato de los seis civiles, el vocero del Cecop está en la cárcel acusado de homicidio, igual que otros 18 presos.
Debido a la incomunicación y aislamiento en que se encontraba en la cárcel, después de casi 10 meses, en entrevista da a conocer su testimonio.
“El 6 de enero es la feria regional de La Concepción, bajé al baile como a las 9 o 10 de la noche, ya estaba mi hermano Vicente, mi hermano se sale del baile como a las 12:30 y yo me fui a Salsipuedes, donde estaba viviendo, a la 1:30”.
Segú versión del Cecop, a las 3 de la mañana se dio el ataque de civiles armados a la Policía Comunitaria, que tenía detenidos al comisario entrante Lucio Méndez, a Antonio Morales que presuntamente estaba planeando ataques al Cecop, y a un ex militar que estaba encabezando un grupo de sicarios apodado el chistorete. Se dio el enfrentamiento con resultado de ocho muertos por las dos partes.
Marco Antonio Suástegui señala que la gente del comisario atacó y mató a dos policías comunitarios, Ulises García Martínez y Eusebio Elacio Martínez.
De los seis muertos del grupo del comisario, el vocero del Cecop no tiene una versión propia, pero dice que estaban en la comisaría, entre ellos un hermano y un hijo del comisario.
El 7 de enero, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, llora ante los dos policías comunitarios asesinados a balazos, al lado de familiares y compañeros . Foto: Carlos Alberto Carbajal
“Regresé a las 7 de la mañana a La Concepción y vi los cuerpos tendidos de los dos policías comunitarios.
“A las 10:30 de la mañana llega la Policía del Estado cortando cartucho a la Policía Comunitaria, los cuerpos de los dos comunitarios estaban en la comandancia, comienzan a llegar policías comunitarios y compañeros del Cecop.
“Los policías estatales llegaron preguntando por el militar retirado que estaba preso. Los estatales se dirigieron a Marco Antonio, y les propuso que viniera el Ministerio Público para que hiciera las investigaciones de lo ocurrido”.
Según Marco Antonio Suástegui, a los 20 minutos llegan policías ministeriales, entre ellos el coordinador, Esteban Maldonado Palacios, y le dijo ‘quiero platicar contigo, en privado, Marco Antonio no aceptó, y Esteban Maldonado le dijo: traigo órdenes del gobernador de llevarlos vivos o muertos.
Maldonado dijo que iba a ver que había muertos. Marco Antonio le dijo “aquí hay dos muertos que son policías comunitarios, y no sé, al parecer hay otros”.
Esteban Maldonado le dijo a Marco Antonio “pídele a la gente del Cecop que se vaya y que se queden los comunitarios”, dijo que se iba a llevar los cuerpos, y los familiares aceptaron.
“Esteban Maldonado va a la comisaría, se regresa y pregunta quién es el comandante de la Policía Comunitaria, y se lo lleva a la Conasupo, ahí lo golpea, lo agarra del cuello y lo desarma”.
“Llega más policía estatal, después ministeriales , el Ejército y la Gendarmería.
“Dos policías comunitarios se meten a la comandancia, Alexis Santos y Feliciano Ascencio, se mete Esteban Maldonado con policías y les apuntan con sus armas.
“Alexis llevaba un arma quebrada, la suelta y levanta las manos, Feliciano suelta su arma y se hinca. Los dos estaban desarmados, rendidos, Alexis con las manos en alto y Feliciano hincado, y ahí los ejecutaron, los policías ministeriales les tiraron balazos por la espalda”.
“Otro policía comunitario, Crecenciano Everardo, estaba con su arma colgada al hombro, los estatales lo desarmaron y se lo llevaron desarmado rumbo a la Conasupo (en la misma área céntrica de La Concepción, enfrente de la comandancia de la Comunitaria y de la comisaría).
“Después de los dos ejecutados, me tiré al piso, por la ventana un policía me apunta con su arma, se acerca y me dice tú eres Marco Antonio Suástegui, y me iba a llevar pero tres mujeres me agarran.
“Se oyen disparos por la Conasupo, mataron a mansalva a Crecenciano (Tano), que ya estaba desarmado”.
“Después me llevaron con las manos atrás, un policía me preguntó: quién eres, le dije y gritó ‘paquete grande’, me llevaron hacia Agua Caliente en una camioneta. Me bajaron en el puente de la Moringa, me llevaron al monte, ahí me tenían tirado. Me interrogaron.
–Cómo te llamas.
–Marco Antonio Suástegui Muñoz.
–A qué te dedicas.
–Soy vocero del Cecop.
–A cuántos mataste anoche.
–A nadie, yo no uso armas.
–A qué grupo perteneces.
–A ninguno.
“En el área había muchos policías, pero tres hicieron el interrogatorio, un policía ministerial, uno estatal y un militar del Ejército.
“Un policía le dice a otro, oye, pareja, éste no disparó, y le contesta, dale un arma y que dispare”.
Un policía le pregunto:
–¿Ya te han tableado?
– No.
“Arranca un palo de moringa, me golpea en las piernas, glúteos, en la espalda”.
–De quién eres gente.
–De Zapata y Villa.
–Entonces aguantas más vergazos.
“Después de eso me torturaron, me patearon en todo el cuerpo, golpes en los testículos, en el abdomen, en todo el cuerpo patadas, hasta que me desmayé”.
–Hay que matarlo –dijo un policía.
–No, ya lo vio la prensa –respondió otro–, ya viene el helicóptero.
“Me llevaron en helicóptero, al aeropuerto de Acapulco, me dicen que me van a llevar a Nayarit, al penal de máxima seguridad, pero que hubo un problema con el avión.
“En el aeropuerto me suben a una camioneta blanca doble cabina, y ahí me golpearon otra vez los de la Ministerial, se subieron encima de mí, me lastimaron la columna, se sentaron encima de mí, tengo daños en el cuerpo, en la columna y tengo hernias”.
“Me llevaron a la Fiscalía central de Acapulco, llegamos como a las 5 de la tarde.
“En la Fiscalía estaba Esteban Maldonado, dijo: viene el mero verga de La Parota. Me enseña un paquete de droga, era mariguana, y me dice: mira lo que traías.
“Después nos dijeron que eran 620 carrujos de mariguana, la droga la sembró Esteban Maldonado, para acusarnos a los 38 detenidos de narcomenudeo en flagrancia, y así pudo pasarlos la Fiscalía, eran reeducados (detenidos por la Policía Comunitaria que están sometidos a un proceso de educación para convencerlos de que dejen de cometer ilícitos o cambien algún mal comportamiento), integrantes del Cecop, policías comunitarios, coordinadores y consejeros”.
“Desde las 2 de la tarde estaban ahí los otros detenidos, muy golpeados. Esteban Maldonado me dice: ven , quiero hacer un trato contigo. Le respondí: no hago tratos con mañosos, maldito asesino, mataste a los policías comunitarios que estaban desarmados”.
“Me trajo aquí, al Cereso, se bajó de una camioneta, y me bajaron aquí, eran como las 7 de la noche, me metieron al hospitalito”.
El hospitalito, es un área separada del resto del reclusorio, luego en el mismo lugar encerraron a sus compañeros Javier Melchor, Nemesio Valeriano, Maximino Solís, Manuel Everardo y a su hermano Vicente Suástegui.
Después pasaron a Marco Antonio Suástegui a otra área también separada del reclusorio, llamada la clínica.
El 9 de enero lo pasaron a la casa blanca, en la que no le permitieron salir ni ver la luz durante meses.
Ese día habló con él el comandante de la Ministerial de El Coloso, Carlos Ortiz, le informó que está acusado de homicidio de los seis civiles.
De las ejecuciones extrajudiciales de los tres comunitarios, detenciones con violencia, golpes y tortura, el encierro en condiciones indignas, los defensores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, otros organismos no gubernamentales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, (CRAC) a la que pertenece la Comunitaria de Cacahuatepec, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recabaron testimonios y han emitido informes señalando las graves violaciones a los derechos humanos.
El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Francisco Marco Hernández Báez, ordenó que un actuario corrobore si la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín Molina y ubicada en la comunidad de Parotillas, sigue extrayendo material pétreo del río Papagayo y terrenos aledaños.
Los demandantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), tendrán 20 días para presentar pruebas y testigos para avalar la petición de nulidad del certificado de derechos de posesión que fue otorgado al gravillero.
En la primera audiencia, que se realizó ayer luego de ser diferida por el magistrado, para la revisión de la demanda de impugnación al certificado de posesión del terreno que le fue entregado a Humberto Marín, interpuesta por integrantes del Cecop, el TUA solicitó a lo opositores que en un plazo de 10 días se presenten las personas que niegan haber participado en la asamblea en la que se aprobó la venta de los terrenos al empresario.
El magistrado expuso que se requiere de la presencia de quienes se nombran en la demanda para comprobar lo que el Cecop señala de que no son sus firmas las que aparecen en el acta de asamblea del 13 de octubre de 2001, y ratificar el contenido de la demanda para dar seguimiento a los efectos legales derivados de la misma.
El magistrado ordenó la visita de un actuario, el próximo lunes 30 de mayo, a los terrenos para que determine si se ha trabajado en los mismos, y ante el argumento del representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, de que el gravillero no tiene acceso al lugar, Hernández Báez respondió que entonces no le afecta si dicta una medida cautelar para suspender cualquier trabajo.
El abogado de los opositores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, expuso al magistado que mientras no haya una resolución a la demanda todo trabajo que haya en las tierras donde está la gravillera va en detrimento de los denunciantes.
En un principio solicitó que no se diera la fecha de la visita del actuario porque, dijo, esos días Marín Molina podría ordenar que se suspenda la extracción de grava y arena, pero el magistrado explicó que se pedirá al actuario que sea minucioso en su informe de actividades y quienes la realizan, porque lo que se buscará son vestigios de la extracción de material pétreo.
De ello, el representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, expuso que la medida cautelar que pedían los opositores era innecesaria, que si se iban a buscar vestigios de que sí hay excavaciones no se podría probar nada porque la parte acusatoria podría estarlo haciendo.
El argumento molesto a los opositores, que insistieron: “sí se mete a trabajar, está esperando el momento en que nos encarcelen a todos, la petición de la medida cautelar es para evitar un acto de violencia porque hay indicios de explotación. Que vaya el actuario para que el Tribunal tenga certeza de la circunstancia”.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, aclaró: “no somos delincuentes, no somos mañosos, tramposos” a lo dicho por el abogado de Humberto Marín.
Pidió al magistrado que resuelva conforme a la ley, que se revise “minuciosamente” el lugar y resuelva con prontitud porque “ya no queremos violencia, exigimos que de manera legal y legítima haga justicia”.
El magistrado le respondió que la resolución depende de los opositores, que presenten las pruebas y se tendrá 20 días para resolver.
La próxima audiencia será el 16 de junio.
Proagro
Después de la audiencia, los 80 comuneros, que se trasladaron de sus comunidades, acudieron a las oficinas del Proagro, luego de que denunciaron que opositores fueron sacados de la lista de los beneficiarios.
Asimismo para tener respuesta a la petición que hicieron de que los campesinos acrediten que lo son y no se haga con una carta firmada por el comisariado Juan Flores Palma, a quien ellos desconocieron como autoridad comunal.
En las oficinas del Proagro, el coordinador de Planeación de Las Vigas, Iván Morales Solís, explicó que solicitaron a la delegación estatal que pida al TUA el juicio de nulidad contra el comisariado o el estado en el que va el proceso de nulidad.
Por su parte, la técnica encargada de las comunidades de los Bienes Comunales, Abigail Gatica Lozano, le pidió a los campesinos que no se dejen sorprender por Heriberto Contreras y Francisco Javier García, ex trabajadores del programa, y que han descubierto que aún visitan a los productores para obtener beneficios.
El presidente del Consejo de vigilancia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mauricio Velarde Hernández, respondió que los integrantes del Cecop no fueron sacados del Proagro, sino que no realizaron el trámite para recibir ese beneficio porque no “confían en nosotros”.
En una llamada a la redacción de El Sur, Velarde Hernández negó que se cobraran 80 pesos por el trámite del programa federal, y explicó que cada pueblo tuvo un representante para la recepción de documentos.
Abundó que los comuneros dieron una cooperación “voluntaria” a su representante de pueblo –de 10 a 20 pesos– para los pasajes; “hay que ser consciente, a la persona no la llevan de gratis a la ciudad y además las vueltas que da”.
Anunció que los integrantes del Consejo de los Bienes Comunales de Cacahuatepec recorrerán las comunidades para reunirse con los comisarios y pedir la expulsión de los integrantes del Cecop y de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
Indicó que ex integrantes del Cecop tienen la intención de conformar otra organización porque ese consejo “ha recibido mucho dinero por parte de las organizaciones sociales y en los Bienes Comunales no hay desarrollo, al contrario va para abajo”.
Reclamó que la Policía Comunitaria no está avalada por la CRAC y solamente es exclusiva para los opositores a La Parota y no para la comunidad; “ellos (los policías comunitarios) cobran el material, si va la empresa Lala le cobran, si pasa la Coca-Cola le cobran”.
Velarde Hernández explicó que los campesinos que no ingresaron al programa federal, “unos no quisieron inscribirse, otros no creen en el comisariado”, aunque resaltó que la mayoría tiene ese beneficio, “entró el 80 por ciento de los comuneros”.
Dijo que la impugnación del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec no procede porque fue elegido correctamente, “tenemos toda la documentación”.
Señaló que el Cecop y su vocero están perdiendo simpatizantes porque “el señor (Suástegui Muñoz) ha ocasionado muchos problemas en los Bienes Comunales, se ha quedado sin gente, ya no tiene gente, anda desesperado”.
Negó que el comisariado entregue actas de posesión de terrenos en blanco a personas externas, “no hemos pedido firmas a nadie”.
Velarde Hernández consideró que la protesta del miércoles en las oficinas de Sagarpa obedece a la desesperación de Suástegui Muñoz, “ya no tiene seguidores, lo comuneros ni hablan en los movimientos”.
El miércoles, comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec protestaron en las oficinas de la Sagarpa para denunciar que fueron expulsados del programa Proagro.
Comuneros de los Bienes Comunales de Cacahuatepec denunciaron que el presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Juan Flores Palma, condiciona el programa Proagro a los campesinos e incluso con engaños recaba firmas de las comunidades que lo desconocen para presentarlas en el Tribunal Unitario Agrario (TUA), donde está impugnado.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, indicó que un militar participó en la agresión que sufrieron siete integrantes de la organización en la feria del poblado Rancho Las Marías, el 1 de mayo.
Ayer a la asamblea en la comunidad de La Concepción asistieron unos 40 comuneros, quienes denunciaron el actuar del Flores Palma y acordaron que una comisión irá el miércoles a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Acapulco, y que si no encuentran respuesta denunciarán al presidente del comisariado ante la Policía Comunitaria para que sea reeducado.
Los asistentes señalaron que Flores Palma ha incluido en la lista de beneficiados del Proagro a priistas que no son campesinos ni se dedican al campo, y que ha sacado a los verdaderos campesinos sólo porque no lo reconocen o porque son miembros del Cecop.
Comentaron que bajo engaños hizo firmar a los comisarios municipales, como el caso del de El Rincón, donde hubo una reunión para juntar firmas para el programa Proagro, y que el documento servirá para que Flores Palma lo presente ante el TUA y acreditar que sí es apoyado por la población, por los dos procesos de impugnación que enfrenta.
Los comuneros llamaron a las autoridades del estado y de la Sagarpa a intervenir porque los programas sociales son para todos, sin distingo, o de lo contrario procederán como lo establecen las normas comunitarias, porque, señalaron, Flores Palma ha cometido los delitos de usurpación de funciones, engaño y abuso de confianza.
En su intervención, Suástegui Muñoz informó que los agredidos en la feria de la comunidad Rancho Las Marías, el 1 de mayo, cuando dos jóvenes atacaron a balazos y con armas blancas a integrantes del Cecop, acordaron no tomar represalias y los responsables pagarán los gastos médicos de los lesionados.
El vocero denunció que un militar en activo, al que llaman El Güero, participó en la agresión y traía un arma calibre .9 milímetros.
Asimismo reclamó la acción del Estado “porque no es la primera ocasión en que somos agredidos por los militares”.
Indicó que se dará parte a los mandos militares para que el elemento sea juzgado y castigado.
Suástegui Muñoz afirmó que la Policía Comunitaria mantiene su propia investigación y que no revelaría más para no entorpecer el trabajo.
Informó que cuatro comunidades de los Bienes Comunales han dado su anuencia para que opere la Policía Comunitarias, luego de que el pasado 20 de abril los integrantes de la CRAC, de San Luis Acatlán, pospusieron la conformación del Comité de Enlace porque los integrantes de los Bienes Comunales no habían renovado las actas de asambleas que son de hace dos años.
Suástegui Muñoz invitó a los comuneros a asistir el 26 de mayo a la audiencia en el TUA, donde se presentó una inconformidad por los predios que el empresario Humberto Marín adquirió en los Bienes Comunales sin ser comunero o avecindado.
Señaló que uno de los terrenos se ubica en Las Parotas, donde el empresario tenía su gravillera. Se indicó que ninguna de las gravilleras en los Bienes Comunales funciona actualmente.
