Habitantes de la comunidad de Barajillas, municipio de Cuajinicuilapa, solicitaron la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para detener la explotación de grava del río de la comunidad, ya que 13 años de extracción han afectado los cimientos de un puente.
La mañana de este miércoles, una comisión de 10 habitantes encabezada por la comisaria Rocío Colón Peláez, llegó a Palacio de Gobierno a entregar un documento para solicitar la intervención del gobernador y que se detenga la explotación de la grava.
Consultada en el lugar, Colón Peláez explicó que, hace 13 años el dueño de la empresa, Honorio Ramírez Sandoval comenzó la explotación de grava en la comunidad, amparado por un supuesto permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Queremos pedirle al gobernador que sea intermediario en el problema que enfrentamos con el saqueo de grava y arena en la localidad”, agregó la comisaria.
Recordó que ésta no es la primera vez que los habitantes de la comunidad buscan el apoyo de las dependencias para detener el saqueo constante de arena y grava.
Señaló que a consecuencia de este constante saqueo, los vecinos de la comunidad han sufrido inundaciones, ya que el río se sale de su cauce porque ya no hay piedras.
“Una vez entró el río, tiró las casas y provocó la muerte de un niño de nueve años, es por eso que estamos obligados a hacer algo, porque la gente ya no duerme, cada vez que llueve pensando que volverá a pasar algo similar”, contó.
Indicó que durante el periodo del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, se construyó un bordo de protección de arena, para proteger a la comunidad, pero a pesar de que la construcción se hizo con el apoyo del gobierno, el empresario Ramírez Sandoval contrato a trabajadores para tirarlo.
Enfatizó que los habitantes de la comunidad han mantenido una lucha continua contra el empresario local, pero a pesar de cerrarles el camino insiste en continuar con la dinámica de explotación.
“Ya ni tiene arena, esta sacando puro lodo, el justifica que tiene dos kilómetros para explotar, un kilometro arriba del puente y debajo otro kilometro, al puente ya se le ven las varillas de sus cimientos”, agregó.
Indicó que cada hoyo que hace la empresa para sacar la arena provoca más erosión, lo que implica un serio impacto ambiental en la zona explotada.
Informó que, en 2013 solicitaron su intervención a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero sólo mandó un oficio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que entonces encabezaba Maricela Ruiz Massieu, pero no resolvió el problema.
Advirtió que la población esta considerando evitar que continúe la explotación, si las autoridades no hacen nada para evitar que el empresario local siga sacando la arena.
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Ordena magistrado que un actuario confirme si la gravillera Kimbar excava en el río Papagayo
El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Francisco Marco Hernández Báez, ordenó que un actuario corrobore si la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín Molina y ubicada en la comunidad de Parotillas, sigue extrayendo material pétreo del río Papagayo y terrenos aledaños.
Los demandantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), tendrán 20 días para presentar pruebas y testigos para avalar la petición de nulidad del certificado de derechos de posesión que fue otorgado al gravillero.
En la primera audiencia, que se realizó ayer luego de ser diferida por el magistrado, para la revisión de la demanda de impugnación al certificado de posesión del terreno que le fue entregado a Humberto Marín, interpuesta por integrantes del Cecop, el TUA solicitó a lo opositores que en un plazo de 10 días se presenten las personas que niegan haber participado en la asamblea en la que se aprobó la venta de los terrenos al empresario.
El magistrado expuso que se requiere de la presencia de quienes se nombran en la demanda para comprobar lo que el Cecop señala de que no son sus firmas las que aparecen en el acta de asamblea del 13 de octubre de 2001, y ratificar el contenido de la demanda para dar seguimiento a los efectos legales derivados de la misma.
El magistrado ordenó la visita de un actuario, el próximo lunes 30 de mayo, a los terrenos para que determine si se ha trabajado en los mismos, y ante el argumento del representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, de que el gravillero no tiene acceso al lugar, Hernández Báez respondió que entonces no le afecta si dicta una medida cautelar para suspender cualquier trabajo.
El abogado de los opositores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, expuso al magistado que mientras no haya una resolución a la demanda todo trabajo que haya en las tierras donde está la gravillera va en detrimento de los denunciantes.
En un principio solicitó que no se diera la fecha de la visita del actuario porque, dijo, esos días Marín Molina podría ordenar que se suspenda la extracción de grava y arena, pero el magistrado explicó que se pedirá al actuario que sea minucioso en su informe de actividades y quienes la realizan, porque lo que se buscará son vestigios de la extracción de material pétreo.
De ello, el representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, expuso que la medida cautelar que pedían los opositores era innecesaria, que si se iban a buscar vestigios de que sí hay excavaciones no se podría probar nada porque la parte acusatoria podría estarlo haciendo.
El argumento molesto a los opositores, que insistieron: “sí se mete a trabajar, está esperando el momento en que nos encarcelen a todos, la petición de la medida cautelar es para evitar un acto de violencia porque hay indicios de explotación. Que vaya el actuario para que el Tribunal tenga certeza de la circunstancia”.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, aclaró: “no somos delincuentes, no somos mañosos, tramposos” a lo dicho por el abogado de Humberto Marín.
Pidió al magistrado que resuelva conforme a la ley, que se revise “minuciosamente” el lugar y resuelva con prontitud porque “ya no queremos violencia, exigimos que de manera legal y legítima haga justicia”.
El magistrado le respondió que la resolución depende de los opositores, que presenten las pruebas y se tendrá 20 días para resolver.
La próxima audiencia será el 16 de junio.
Proagro
Después de la audiencia, los 80 comuneros, que se trasladaron de sus comunidades, acudieron a las oficinas del Proagro, luego de que denunciaron que opositores fueron sacados de la lista de los beneficiarios.
Asimismo para tener respuesta a la petición que hicieron de que los campesinos acrediten que lo son y no se haga con una carta firmada por el comisariado Juan Flores Palma, a quien ellos desconocieron como autoridad comunal.
En las oficinas del Proagro, el coordinador de Planeación de Las Vigas, Iván Morales Solís, explicó que solicitaron a la delegación estatal que pida al TUA el juicio de nulidad contra el comisariado o el estado en el que va el proceso de nulidad.
Por su parte, la técnica encargada de las comunidades de los Bienes Comunales, Abigail Gatica Lozano, le pidió a los campesinos que no se dejen sorprender por Heriberto Contreras y Francisco Javier García, ex trabajadores del programa, y que han descubierto que aún visitan a los productores para obtener beneficios.