Etiqueta: TUA

Sí atienden los gobiernos federal y estatal los conflictos agrarios denunciados: Jaimes Ferrel

Según el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, los cinco conflictos agrarios que fueron denunciados el lunes como irresueltos y desatendidos por los gobiernos federal y estatal, sí están siendo atendidos, “de manera muy determinante y decidida, para la contención de la conflictividad agraria”.
Consultado en su despacho del Palacio de Gobierno, el funcionario reconoció que algunos de estos conflictos son “prioridad” para la autoridad estatal. Aseguró que varios de ellos se han resuelto mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA), pero que la parte que no fue favorecida en el juicio impide que se ejecute.
Añadió que, en otros casos el gobierno ya pagó la contraprestación a una o a las dos partes, y que se han firmado convenios, pero aun así sigue habiendo conflictos en los núcleos agrarios en pugna.
El lunes, comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, asesorados por el abogado Luís Gerónimo Zavala, denunciaron en conferencia de prensa que las autoridades agrarias no atienden los conflictos, y los tribunales unitarios agrarios no ejecutan las sentencias.
Los conflictos agrarios son los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Tlanipatla, Eduardo Neri; San Juan Bautista Coapala, de Atlixtlac; Quiahuitlatzala, de Xalpatláhuac; y de Colombia de Guadalupe, de Malinaltepec.
El subsecretario Jaimes Ferrell informó que algunos de estos conflictos han sido tratados por el TUA y otros “han sido resueltos, no solamente por el Tribunal, sino entre las partes”.
Ejemplificó que en Zitlaltepec, el TUA de Chilpancingo resolvió la controversia que jurídicamente existía con Buena Vista, municipio de San Luís Acatlán, pero que a pesar de haberse resuelto el problema de carácter jurídico, hay resistencias de los ejidatarios de San Luís Acatlán para que la sentencia se ejecute, “y eso ha obligado al gobierno del estado a encabezar reuniones de trabajo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que la ejecución sea concertada”.
Informó que las autoridades ya pidieron la documentación a los representantes de los dos núcleos agrarios para que sean incorporados a la carga de trabajo del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Sedatu, y que este conflicto está incluido en los asuntos “prioritarios” que están tratando con representantes de la Sedatu.
Agregó que el caso de Tlanipatla también se resolvió jurídicamente, y que el TUA de Iguala resolvió y le “asistió la razón” a Tlanipatla, pero que, igualmente, están convocando a mesas de trabajo y que están en espera de que San Miguel Tecuiciapan entregue la anuencia de la asamblea para que se remitan ante la Sedatu y el Cosomer empiece a actuar.
“Tlanipatla nos entregó la documentación de manera pronta, pero San Miguel Tecuiciapan apenas la semana pasada entregó la documentación, y ya fue turnada a la Sedatu para el trámite correspondiente”, relató e funcionario estatal.
Agregó que el conflicto de San Juan Bautista Coapala, en 2007 se resolvió mediante un convenio de las dos partes y ratificó el TUA de Chilpancingo, con el que se dio por terminado el problema que tenían con San Pedro Huitzapula.
Explicó que el TUA sancionó el convenio y lo elevó a categoría de sentencia, con lo que concluyó el conflicto, pero quedaron pendientes por identificar 34 posesiones que estaban en un polígono y que no han sido ubicadas porque hay resistencias de algunos comuneros de San Juan Bautista Coapala, “aquí, consideramos que debe ser el diálogo el que prevalezca para que este asunto se resuelva de manera conciliada”, dijo.
Explicó que, a pesar de que este conflicto ya estaba sancionado y la Sedatu pagó una contraprestación, tanto a San Juan Bautista Coapala como a San Pedro Huitzapula, los primeros demandaron la nulidad del convenio, “y ahora no sabemos en qué sentido vayan a resolver las autoridades correspondientes, espero que confirme el convenio que se firmó en 2007 para que este conflicto quede concluido”, dijo el funcionario.
Jaimes Ferrel comentó sobre este caso, que “no es conveniente que se estén reviviendo conflictos que ya fueron resueltos y que solamente son detalles los que están pendientes por atender por parte de la autoridad agraria federal”.
De Quiahuitlatzala, informó que este núcleo agrario está disputando a Atlamajalcingo del Monte una superficie de unas 900 hectáreas, y que han tenido reuniones en varias administraciones anteriores para encontrar una salida “negociada”.
Explicó que con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), resultó una superficie mayor que le fue reconocida a través de una resolución presidencial a Atlamajalcingo del Monte, “sin embargo, en este caso tienen que verse los detalles para encontrar el punto medio y evitar una confrontación entre los pueblos”.
Aseguró que hasta ayer los de Quiahuitlatzala no se habían acercado al gobierno estatal y “nos enteramos por medio de la prensa que denunciaron la falta de atención por parte del gobierno, lo cual no es verdad”, aseguró.
Con respecto a Colombia de Guadalupe, informó que el gobierno del estado entregó en 2008, 5 millones de pesos y firmó un convenio para concluir el conflicto, pero que ahora el problema es que buscan el reconocimiento como núcleo agrario de Tilapa y que para ello falta algún trámite pendiente, “y esto es lo que está moviendo este asunto”.
El subsecretario declaró que la instrucción que tiene es atender toda la conflictividad agraria para que no se vaya a generar un conflicto mayor “en donde tengamos que lamentar la pérdida de vidas”.
Admitió que en varios casos la autoridad busca que no se ejecuten las sentencia a “raja tabla”, porque se puede generar un conflicto mayor, “buscamos los acercamientos entre los pueblos para que se logren los acuerdos y evitar lamentar la pérdida de alguna vida, le apostamos a la conciliación”, dijo.

 

 

Piden que el gobernador agilice una sentencia sobre Chichihualco que el TUA debió dar en enero

El representante de la asociación civil Protegiendo el Planeta, Tomás Chávez pidió en una llamada a El Sur que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, intervenga para agilizar la sentencia que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) tuvo que dar en enero por un proceso que culminó en diciembre, luego de que ejidatarios de Leonardo Bravo (Chichihualco) impugnaron por irregularidades las elecciones de comisariado en enero del 2015.
Reprochó que no era posible que personas con experiencia estén retrasando un resultado, que eso se lo dejen a una persona ignorante.
El ejidatario dijo que junto con los demás ejidatarios han entregado pruebas suficientes de las irregularidades de la elección, además de pruebas por la tala clandestina que el comisariado está permitiendo en ese ejido.
Dijo que la tala la han informado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), incluso al Partido Verde, pero que al perecer no les interesa dar solución.
Abundó que incluso en campaña a Astudillo Flores también le entregaron información de la problemática del ejido.
“Necesitamos conservar y urge proteger las áreas donde están los mantos acuíferos, se están secando, ya hay varios que se están secando, y la misma autoridad del Ayuntamiento municipal, el presidente y el comisariado lo que le interesa a ellos es que siga”, reclamó.
Dijo que vienen los tiempos de escases y es cuando más necesitan el agua.
Aprovechó para también pedirle a las autoridades estar pendientes de los incendios forestales, que recientemente se suscitó uno pero donde hay palmeras, y que las autoridades ejidales no actúan.

Destituyen ejidatarios de Xaltianguis al presidente del comisariado por demandar al Ayuntamiento

Ejidatarios de Xaltianguis quitaron a su presidente del comisariado ejidal Santiago Mendoza Organista, por exigir, ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, que el municipio pague los terrenos donde se ubican la clínica quirúrgica, el centro de salud y el DIF, que fueron donados por la asamblea.
También lo acusaron de gestionar proyectos que nunca entregó a los ejidatarios.
Los pobladores se manifestaron ayer afuera de la comisaría ejidal con pancartas, para exigir la renuncia del comisariado, y quemaron un muñeco que representaba a Santiago Mendoza.
Los ejidatarios pidieron al ahora ex comisario que convoque a una asamblea extraordinaria, después de enterarse de que su representante ejidal puso una demanda en el TUA contra el Ayuntamiento, en la que incluso pide el desalojo de las instalaciones construidas en los terrenos que reclamó que se paguen al ejido.
En la asamblea, los ejidatarios exigieron a Santiago Mendoza que renunciara porque además de la demanda que, reprocharon, ellos no avalaron, también también vendió un terreno que era de una organización de mujeres campesinas.
Otros ejidatarios denunciaron que el ex comisariado gestionó programas y recibió hasta 2 millones de pesos que no entregó, porque ellos no tenían información de dicho trámite.
El ejidatario Armando Astudillo Vega le recordó que el acuerdo de asamblea era convocar al director de la clínica quirúrgica para que les explicara la falta de medicamentos y la mala atención médica que reciben, no que se demandaría para exigir el pago del terreno donde está la unidad médica, mismo que fue donado por los ejidatarios.
“No convienes a los intereses de los ejidatarios y menos de los de Xaltianguis”, señaló.
El ejidatario Je?us Rodríguez Bello reprochó al comisario que haya “actuado a las espaldas” de ellos, por lo que le pidió que “dignamente” renunciara por escrito y se emitiera una convocatoria para nuevas elecciones.
La propuesta causó diferencias entre los asistentes a la reunión, y el ex comisariado Mendoza Organista les dijo que se tenía que hacer de acuerdo con la ley.
Astudillo Vega explicó que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Agraria, el 25 por ciento del total del padrón de ejidatarios pueden exigir el cambio de comisariado, y se debe de convocar a asamblea en un término de cinco días.
Los ejidatarios y los pobladores exigieron que se hiciera en ese momento la asamblea, incluso el malestar de algunos llevó a proponer que la policía ciudadana se llevara al ex comisariado en lo que pasaban los cinco días para que entregara el cargo según la ley.
Se consideró una asamblea si se encontraba la mayoría de los ejidatarios del padrón, pero antes de empezar a pasar lista el secretario del comité de la comisaría, Alberto Castillo Castillo, renunció a su puesto. “Renuncio porque me siento limpio, yo fui comisario municipal y nadie me pisa la cola porque soy una persona recta”, dijo, y empezó el pase de lista para la asamblea.
Al contar la asistencia había 115 ejidatarios y eso provocó otra discusión porque el ex comisario dijo que se requería de 182 asistentes para que hubiera quórum legal, mientras otro de los ejidatarios sostenía que eran 105 los que se necesitaban porque en la última asamblea votaron 205, debido a que el resto tiene los derechos suspendidos, por lo que no tienen ni voz ni votos en las reuniones.
En medio de la discusión por si era legal o no la asamblea, Santiago Mendoza renunció al cargo de presidente de la Comisaría Ejidal de Xaltianguis, “yo no me aferro, yo renuncio”, e inmediatamente se le preguntó qué se tenía que hacer para que entregara el sello oficial.
Unos 15 minutos después se había formado una comisión para la entrega recepción, que eran los integrantes del consejo de vigilancia. Después de media hora, salieron de la oficina en la que se encerraron en privado para elaborar el documento de la renuncia del comisario.
Cuando salió la comisión informó que estaría a cargo de la comisaría ejidal el comisariado suplente Ramón Arriola Salto, en lo que se convoca a una nueva asamblea para elegir a otro comité.
Afuera de la comisaría, esperando el resultado de la asamblea, estaban unos 200 pobladores de Xaltianguis, que no son ejidatarios, con pancartas en las que exigían la renuncia del comisariado y un muñeco que simulaba ser Santiago Mendoza. Allí optaron por quemar el muñeco, que eran dos cubetas cubiertas con un pantalón, playera, con zapatos y un sombrero.

 

Ordena magistrado que un actuario confirme si la gravillera Kimbar excava en el río Papagayo

El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Francisco Marco Hernández Báez, ordenó que un actuario corrobore si la gravillera Kimbar, propiedad de Humberto Marín Molina y ubicada en la comunidad de Parotillas, sigue extrayendo material pétreo del río Papagayo y terrenos aledaños.
Los demandantes, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), tendrán 20 días para presentar pruebas y testigos para avalar la petición de nulidad del certificado de derechos de posesión que fue otorgado al gravillero.
En la primera audiencia, que se realizó ayer luego de ser diferida por el magistrado, para la revisión de la demanda de impugnación al certificado de posesión del terreno que le fue entregado a Humberto Marín, interpuesta por integrantes del Cecop, el TUA solicitó a lo opositores que en un plazo de 10 días se presenten las personas que niegan haber participado en la asamblea en la que se aprobó la venta de los terrenos al empresario.
El magistrado expuso que se requiere de la presencia de quienes se nombran en la demanda para comprobar lo que el Cecop señala de que no son sus firmas las que aparecen en el acta de asamblea del 13 de octubre de 2001, y ratificar el contenido de la demanda para dar seguimiento a los efectos legales derivados de la misma.
El magistrado ordenó la visita de un actuario, el próximo lunes 30 de mayo, a los terrenos para que determine si se ha trabajado en los mismos, y ante el argumento del representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, de que el gravillero no tiene acceso al lugar, Hernández Báez respondió que entonces no le afecta si dicta una medida cautelar para suspender cualquier trabajo.
El abogado de los opositores, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, expuso al magistado que mientras no haya una resolución a la demanda todo trabajo que haya en las tierras donde está la gravillera va en detrimento de los denunciantes.
En un principio solicitó que no se diera la fecha de la visita del actuario porque, dijo, esos días Marín Molina podría ordenar que se suspenda la extracción de grava y arena, pero el magistrado explicó que se pedirá al actuario que sea minucioso en su informe de actividades y quienes la realizan, porque lo que se buscará son vestigios de la extracción de material pétreo.
De ello, el representante legal de Humberto Marín, Pedro Larumbe Morales, expuso que la medida cautelar que pedían los opositores era innecesaria, que si se iban a buscar vestigios de que sí hay excavaciones no se podría probar nada porque la parte acusatoria podría estarlo haciendo.
El argumento molesto a los opositores, que insistieron: “sí se mete a trabajar, está esperando el momento en que nos encarcelen a todos, la petición de la medida cautelar es para evitar un acto de violencia porque hay indicios de explotación. Que vaya el actuario para que el Tribunal tenga certeza de la circunstancia”.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, aclaró: “no somos delincuentes, no somos mañosos, tramposos” a lo dicho por el abogado de Humberto Marín.
Pidió al magistrado que resuelva conforme a la ley, que se revise “minuciosamente” el lugar y resuelva con prontitud porque “ya no queremos violencia, exigimos que de manera legal y legítima haga justicia”.
El magistrado le respondió que la resolución depende de los opositores, que presenten las pruebas y se tendrá 20 días para resolver.
La próxima audiencia será el 16 de junio.
Proagro

Después de la audiencia, los 80 comuneros, que se trasladaron de sus comunidades, acudieron a las oficinas del Proagro, luego de que denunciaron que opositores fueron sacados de la lista de los beneficiarios.
Asimismo para tener respuesta a la petición que hicieron de que los campesinos acrediten que lo son y no se haga con una carta firmada por el comisariado Juan Flores Palma, a quien ellos desconocieron como autoridad comunal.
En las oficinas del Proagro, el coordinador de Planeación de Las Vigas, Iván Morales Solís, explicó que solicitaron a la delegación estatal que pida al TUA el juicio de nulidad contra el comisariado o el estado en el que va el proceso de nulidad.
Por su parte, la técnica encargada de las comunidades de los Bienes Comunales, Abigail Gatica Lozano, le pidió a los campesinos que no se dejen sorprender por Heriberto Contreras y Francisco Javier García, ex trabajadores del programa, y que han descubierto que aún visitan a los productores para obtener beneficios.

Pide la Procuraduría Agraria al TUA avalar la elección de comisariado en Cacahuatepec

 

En la primera audiencia de desahogo de pruebas de la demanda de comuneros contra el acta de asamblea donde se eligieron autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la Procuraduría Agraria (PA) entregó documentos por escrito para demostrar que se cumplió la orden del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de convocar a nueva elección.
El 24 de febrero acudirán testigos a ratificar las pruebas y el magistrado determinará si se cumplió o no la orden; también los demandados, que son los integrantes del comisariado y del Consejo de Vigilancia supuestamente elegidos.
Encabezados por Antonio Bailón Valente, comunero opositor a La Parota, un grupo de comuneros demandaron ante el TUA la nulidad de la elección realizada el 14 de julio en la comunidad de El Bejuco, cuando el lugar para dichos actos es la comisaría ubicada en Cacahuatepec.
La audiencia había sido convocada para el 17 de noviembre, sin embargo se difirió debido a que no llegaron todos los demandantes. La audiencia de ayer fue presidida por el magistrado Francisco Marcos Hernández Baez.
El comisariado impugnado es Juan Flores Palma, quien a través de su representante legal Pedro Larumbe Morales entregó pruebas por escrito al TUA de la elección, que son el listado de los 55 comuneros que firmaron el acta de asamblea que fue impugnada en donde se eligió al nuevo comisariado.
Por su parte, la PA entregó un testimonio notarial firmado el 5 de enero de 2016, y ofreció como prueba testimonial a Roberto Olivares Pita y Ramiro González Ávila, quienes fueron convocados a comparecer el próximo 24 de febrero para desahogo de pruebas.
Esto para que confirmen que el proceso de la convocatoria a la asamblea del 14 de julio fue correcto y que no hubo irregularidades como lo señalan los comuneros que demandan la nulidad del acta en la que se eligió como comisariado a Flores Palma.
En el 2009, el TUA ordenó a la PA que convocara a elecciones nuevamente, después de anular el acta de asamblea en donde se eligió como comisariado a Eustaquio Vázquez.
En dos ocasiones se emitieron primeras convocatorias para asamblea. En el segundo procedimiento se llegó a segunda convocatoria, sin embargo integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) impidieron que siguiera el proceso argumentando irregularidades.
Por su parte, el representante legal de los demandantes, Raúl Palma Benítez, pidió al magistrado que de darse la nulidad del acta de asamblea que reclaman, se le exija a la PA y al Registro Agrario Nacional (RAN) que ordene que se les quiten los documentos que los acreditan como autoridades del comisariado.

Amparan a comuneros partidarios de La Parota; se demuestra que la presa está firme: Evencio




El 21 Tribunal Colegiado de Circuito otorgó el jueves un amparo a los comuneros de Cacahuatepec que están a favor de la presa La Parota, contra la resolución del Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA), que anuló la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatapec en la que se dio anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad inicie los trámites para la expropiación de las tierras.
Lo anterior fue informado este viernes por el asesor de los comuneros que están a favor de la presa y dirigente de la CNC –que encabeza Nabor Ojeda–, Evencio Romero Sotelo, y aunque primero dijo que conocía esos datos de manera “extraoficial”, después aseguró que “ya es un hecho” y sólo esperaban que el Tribunal Colegiado notificara su decisión.
El líder cenecista resaltó que ese amparo “demuestra que La Parota está firme, vigente y que no se irá de Guerrero.
Romero Sotelo recordó que una vez que el TUA resolvió anular la asamblea de San Marcos del 23 de agosto, en la cual sus representados dieron su anuencia a la CFE para que comience los trámites de expropiación de los terrenos para la construcción de la presa, el ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jeronimo Aparicio, solicitó –en marzo de este año– un amparo ante el 21 Tribunal Colegiado.
Consultado ayer por teléfono, Romero Sotelo corroboró la información sobre el amparo concedido a los partidarios de La Parota: “sabemos que el pleno del Tribunal Colegiado de Circuito se reunió ayer (jueves) y entre los puntos que trataron está el de Cacahuatepec”.
Dijo que aunque “no hemos sido notificados oficialmente es un hecho que nos concedió el amparo el Tribunal Colegiado, el número es el 60/2006 y con éste deja insubsistente la resolución que dictó el TUA de Acapulco; dice que no sirve su resolución, que no existe”.
El líder cenecista agregó que además “con esto queda firme la asamblea y se demuestra que la razón y la legalidad están de este lado, además de que la CFE puede comenzar a trabajar en Cacahuatepec”.
Añadió que posiblemente el miércoles sean notificados, aunque precisó que el documento va dirigido al nuevo presidente del comisariado de Bienes Comunales, Jesús Crisanto Arellano.

Sí es privado el terreno aledaño al panteón de El Cayaco, resuelve el TUA



Los propietarios del predio aledaño al panteón del poblado El Cayaco aseguraron que es legítimo el laudo que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió a su favor, por lo que acusaron a Alberto Ávila González de azuzar a los pobladores para quedarse con el terreno.
Los esposos Marcela Guatemala Jijón y Abelardo García Montiel platicaron a reporteros su versión sobre la disputa que han mantenido por años por la posesión de una calle y parte del panteón de El Cayaco.
Abelardo García mostró escrituras avaladas por el notario ejecutado, José Rubén Robles Catalán, en las que se especifica la posesión de tres mil 45 metros que compraron en 1999 y que colindan con el panteón del poblado pero no lo invade.
Asimismo acusaron que Ávila González mandó a instalar una sepultura recientemente en su terreno.
El predio en disputa está al borde del bulevar Cayaco-Puerto Marqués, frente a la planta tratadora de aguas residuales de la CAPAMA de El Coloso. Ahí se encuentra el negocio de lavado de autos La Burbuja, propiedad de los esposos y que colinda con el panteón.
Abelardo García explicó que la calle en disputa con el ejido no es el acceso a El Cayaco, y señaló que cuando compró el terreno había un camino unipersonal pero lo amplió al instalar atrás de su auto-lavado un taller mecánico de camiones urbanos. Así la gente comenzó a pasar por ese lugar “porque lo vieron limpio”.
El dueño del terreno indicó que el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco –agredido a huevazos por ejidatarios de El Cayaco encabezados por Alberto Ávila– resolvió el caso conforme a derecho y a ello atribuyó la molestia de Alberto Avila, quien, señaló, no es presidente del comisariado porque tiene antecedentes penales.
Dijo que Ávila González azuza a los pobladores contra la familia García Guatemala y por ello han recibido amenazas vía telefónica y agresiones por vecinos enviados por el ex comisariado.
Abelardo García exigió a los pobladores que respeten la escritura pública sobre el acceso que él abrió hacia la comunidad, el cual no afecta a terceros y antes no existía.
Adelantó que cuando el TUA les dé posesión construirán una barda para delimitar su propiedad con el panteón.
Por su parte, Marcela Guatemala Jijón explicó que hace unos meses Alberto Avila negó un espacio en el panteón a una familia para enterrar un difunto, e hizo que se sepultara en el predio de los García.
Señaló que por ello ya pidieron al Ministerio Público que dé fe de los hechos y ofrecieron un lugar en otro panteón porque el terreno es propiedad privada.
Abelardo García negó las acusaciones de Avila Sánchez de que compró al magistrado Juan Rodolfo Lara para que la resolución se emitiera a su favor, pues aseguró que la familia no tiene dinero y lo único que poseen es la propiedad en disputa; “no tengo dinero para comprar una autoridad y menos conciencias”.
También su esposa Marcela Guatemala hizo responsable a Alberto Ávila de cualquier agresión su sufra la familia. “Esa persona nos ha dicho que no va a descansar hasta que esta propiedad sea suya”.
Relató que en 2002 demandó a Ávila González por el delito de agresiones y fue obligado por el MP a pagarle daños por la afectación de árboles frutales y una malla ciclónica que instaló para delimitar su propiedad.
Dijo que por esa querella Ávila González no pudo reelegirse como presidente del comisariado ejidal “y por eso más nos odia”.
También la vecina de los García Guatemala, Alicia Medina, fue afectada por los ejidatarios porque su terreno colinda con el panteón y en el mismo laudo que emitió el TUA resultó favorable para ella, pero lamentó que los pobladores instalaran allí 30 tumbas.
El abogado de la familia García Guatemala, Faustino García Juárez, explicó que cuando el ejido pidió la certificación ante el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) los ejidatarios la desconocieron como propietaria, pero el TUA emitió la resolución también a su favor.

Liquida la CFE a 100 trabajadores contratados para obras de La Parota




Con la suspensión de la presa La Parota –de acuerdo con la disposición del Tribunal Unitario Agrario (TUA)–, la residencia de actividades previas del proyecto liquidó a 100 trabajadores eventuales que laboraron los tres últimos años para que se concretara su construcción.
Por medio de una circular con número GECV/RAPP/031/2006, de la cual El Sur obtuvo una copia, el residente general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gerardo Cruz Velázquez, y el delegado del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), Luis Díaz Vargas, informan de la reducción de la plantilla laboral, “con la finalidad de que se quede un mínimo necesario para continuar con los trabajos encomendados”.
En la circular, fechada el 17 de mayo y distribuida al día siguiente, se especifica que la coordinación de Proyectos Hidroeléctricos informó a la Residencia de Actividades Previas del P.H. La Parota que se redujo el presupuesto para inversión en 75 por ciento durante este año.
Lo anterior se habría informado en un oficio fechado el 3 de marzo, donde se indicaba que este recurso se aprovecharía para los trabajos de la hidroeléctrica La Yesca, entre los límites de Nayarit y Jalisco.
Por ese razón –explica la circular– se pidió a la residencia que revisara la plantilla de trabajadores junto con la delegación sindical, a fin de quedarse sólo con el número “mínimo necesario” de personas para continuar con los trabajos.
El contrato colectivo para “obra determinada” establece que “… en razón de la naturaleza de los trabajos objetos de este contrato, la empresa podrá aumentar o disminuir el número de trabajadores según sus programas, por avance la obra, por cierre o cambio de frente de trabajo o por razones presupuestales. En estos casos, la reducción se hará sin responsabilidad para la empresa y de común acuerdo con el sindicato”.
Asimismo se invitó a los trabajadores que desearan su finiquito voluntario que se presentaran en la delegación sindical con su solicitud el lunes 22 de mayo, y el próximo lunes 28 de mayo la CFE y el SUTERM convendrán el número de trabajadores que no son indispensables y que serían liquidados “por la reducción presupuestal y por la conclusión de algunas actividades realizadas”.
Aunque la circular no lo especificaba, trascendió que la residencia de Actividades Previas del PH La Parota liquidó a 100 personas, la mayoría provenientes de otros estados que se regresan a sus plazas tradicionales y otros se quedarían sin trabajo hasta que se reanude el proyecto.
Al final “comisión y sindicato” agradecen la colaboración y el esfuerzo de quienes desempeñaron “dignamente su relación laboral y con el mejor de los deseos que el proyecto hidroeléctrico La Parota se realice, lo que permitirá futuras contrataciones”.
El oficio se emitió con copia para el coordinador de Proyectos Hidroeléctricos, Humberto Marengo Mogollón, y el gerente de construcción de la CFE, Daniel Farjeat Páramo.

Irrumpen vecinos de El Cayaco en el TUA y lanzan huevos al presidente




Debido a que una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 favoreció a una particular en la adjudicación de una calle y parte del panteón de El Cayaco, vecinos de ese poblado irrumpieron en una sesión y arrojaron huevos al magistrado presidente Juan Rodolfo Lara Orozco.
Desde las 8 y media de la mañana, unos 50 habitantes de El Cayaco, encabezados por el presidente del comisariado ejidal Alberto Ávila González, llenaron garrafas con agua pestilente para arrojarla contra Lara Orozco, pero éste logró entrar a las 10 de la mañana al edificio del TUA, ubicado a un costado de la catedral Nuestra Señora de la Soledad, en el Zócalo.
Los colonos enardecidos entraron al edificio y entraron hasta el salón de sesiones, donde interrumpieron una reunión de campesinos que dirimían el caso de un terreno invadido en la comunidad de Texca.
Alberto Ávila fue el primero en lanzar un proyectil –no se vio qué era, pues era un objeto pesado para darle al magistrado en el rostro pero éste lo logró esquivar– y así iniciaron el bombardeo de huevos contra Lara Orozco, quien –angustiado– pedía a un guardia que lo protegiera ante la amenaza de que fuera aprehendido por los inconformes.
Los vecinos no pasaron de un barandal de madera utilizado para delimitar el salón de sesiones. Desde ahí, por unos 10 minutos, gritaron insultos al magistrado y le reprocharon que despojara al al pueblo del panteón.
“La ley siempre ha sido mi espada y mi escudo”, dice la leyenda con letras doradas que quedó tapizada de huevo. El magistrado Lara Orozco se mantuvo inmóvil a un costado de su estrado, y cuando intentaba llamar por teléfono era disuadido a huevazos.
“Tienes qué devolver el panteón”, le gritaban y en el momento de la retirada uno de los inconformes le advirtió: “la próxima vez serán balazos”, mientras que otro le dijo: “Te esperamos en el panteón”.
Trabajadores del TUA informaron que la protesta de colonos de El Cayaco fue anunciada desde días antes, y por ello se le solicitó presencia policiaca al secretario general Daniel Ríos Abarca pero no recibieron respuesta.
En entrevista, Alberto Ávila González explicó que la resolución a favor de Marcela Guatemala Jijón se dio el 18 de abril, pero les fue notificado luego de 10 días y por ello reprochó que en el tribunal escondieran el dictamen.
Señaló que Lara Orozco no tomó en cuenta que el terreno del ejido está especificado en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (Procede) desde 2001, y sólo tomó en cuenta un peritaje de la Consejo Nacional Agropecuario “para darle un fallo a ellos”.
Dijo que el interés de Marcela Guatemala Jijón por el terreno se debe a que el metro cuadrado de la zona cuesta mil pesos y en total son mil 700 metros, por ello aseguró que “fácilmente le entregó a este sinvergüenza unos 200 o 300 mil pesos”.
Con el fallo del TUA, Marcela Guatemala podría adjudicarse parte del panteón y uno de los accesos principales a la comunidad.
De ello el comisariado advirtió que aunque el magistrado lo demande por haberlo agredido el pueblo defenderá el predio “y no se pueden dar fallos contra una comunidad”.
Asimismo acusó al diputado local Fernando Donoso Pérez de proteger a Marcela Guatemala, quien estuvo presa por el delito de robo. Reprochó que en la pasada administración municipal hubo tráfico de influencias que la ayudó.
Enfatizó que es necesario una reforma judicial “para hacer justicia por propia mano, porque nomás están viendo y no hacen nada”.
Avila González alertó que La Parota no es el único foco rojo en Acapulco y que los opositores al proyecto se sumarán a ellos para defender la calle y el panteón de El Cayaco, pues expuso que con el dictamen se afectó también a habitantes de El Coloso y colonia El Mirador.
Indicó que jurídicamente continuarán la batalla con un amparo para intentar revertir la sentencia, y sentenció que la acción de ayer fue para “evidenciarlo (a Lara Orozco) ante los medios de información”.

Se reunirán ejidatarios con el presidente del TSA para ver el caso de la magistrada

Llevarán el asunto a la Comisión Permanente del Congreso

 

 Karina Contreras

Una comisión de ejidatarios del Frente de Defensa Campesino (FDC) se reunirá hoy en la ciudad de México con el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Ricardo García Villalobos, para tratar el asunto de la inconformidad de los ejidos con la actuación de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Luz Mercedes del Carmen López Díaz, informó el representante de esta organización, Félix Castellanos Hernández.

Además de esa reunión, en la Cámara de Senadores, en donde sesiona la Comisión Permanente, se tomará un punto de acuerdo para que el poder legislativo exhorte al TSA, para evaluar el desempeño de la magistrada y, en caso de encontrar irregularidades, se tomen las medidas pertinentes.

Por su parte, el asesor legal de los ejidatarios, Humberto sevilla García, dijo que no asistirá a la reunión con el titular del TSA, puesto que García Villalobos es el responsable del actuar de los magistrados, e insistió que no van a escuchar más falacias de alguien que ni siquiera ha sido ratificado por el presidente de la República, Vicente Fox Quesada.

Mientras las negociaciones continúan, los ejidatarios inconformes cumplieron 12 días de plantón afuera del TUA 41, y advierten que las medidas de protesta se harán más radicales hasta lograr la salida de la magistrada.