Debido a que una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 favoreció a una particular en la adjudicación de una calle y parte del panteón de El Cayaco, vecinos de ese poblado irrumpieron en una sesión y arrojaron huevos al magistrado presidente Juan Rodolfo Lara Orozco.
Desde las 8 y media de la mañana, unos 50 habitantes de El Cayaco, encabezados por el presidente del comisariado ejidal Alberto Ávila González, llenaron garrafas con agua pestilente para arrojarla contra Lara Orozco, pero éste logró entrar a las 10 de la mañana al edificio del TUA, ubicado a un costado de la catedral Nuestra Señora de la Soledad, en el Zócalo.
Los colonos enardecidos entraron al edificio y entraron hasta el salón de sesiones, donde interrumpieron una reunión de campesinos que dirimían el caso de un terreno invadido en la comunidad de Texca.
Alberto Ávila fue el primero en lanzar un proyectil –no se vio qué era, pues era un objeto pesado para darle al magistrado en el rostro pero éste lo logró esquivar– y así iniciaron el bombardeo de huevos contra Lara Orozco, quien –angustiado– pedía a un guardia que lo protegiera ante la amenaza de que fuera aprehendido por los inconformes.
Los vecinos no pasaron de un barandal de madera utilizado para delimitar el salón de sesiones. Desde ahí, por unos 10 minutos, gritaron insultos al magistrado y le reprocharon que despojara al al pueblo del panteón.
“La ley siempre ha sido mi espada y mi escudo”, dice la leyenda con letras doradas que quedó tapizada de huevo. El magistrado Lara Orozco se mantuvo inmóvil a un costado de su estrado, y cuando intentaba llamar por teléfono era disuadido a huevazos.
“Tienes qué devolver el panteón”, le gritaban y en el momento de la retirada uno de los inconformes le advirtió: “la próxima vez serán balazos”, mientras que otro le dijo: “Te esperamos en el panteón”.
Trabajadores del TUA informaron que la protesta de colonos de El Cayaco fue anunciada desde días antes, y por ello se le solicitó presencia policiaca al secretario general Daniel Ríos Abarca pero no recibieron respuesta.
En entrevista, Alberto Ávila González explicó que la resolución a favor de Marcela Guatemala Jijón se dio el 18 de abril, pero les fue notificado luego de 10 días y por ello reprochó que en el tribunal escondieran el dictamen.
Señaló que Lara Orozco no tomó en cuenta que el terreno del ejido está especificado en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (Procede) desde 2001, y sólo tomó en cuenta un peritaje de la Consejo Nacional Agropecuario “para darle un fallo a ellos”.
Dijo que el interés de Marcela Guatemala Jijón por el terreno se debe a que el metro cuadrado de la zona cuesta mil pesos y en total son mil 700 metros, por ello aseguró que “fácilmente le entregó a este sinvergüenza unos 200 o 300 mil pesos”.
Con el fallo del TUA, Marcela Guatemala podría adjudicarse parte del panteón y uno de los accesos principales a la comunidad.
De ello el comisariado advirtió que aunque el magistrado lo demande por haberlo agredido el pueblo defenderá el predio “y no se pueden dar fallos contra una comunidad”.
Asimismo acusó al diputado local Fernando Donoso Pérez de proteger a Marcela Guatemala, quien estuvo presa por el delito de robo. Reprochó que en la pasada administración municipal hubo tráfico de influencias que la ayudó.
Enfatizó que es necesario una reforma judicial “para hacer justicia por propia mano, porque nomás están viendo y no hacen nada”.
Avila González alertó que La Parota no es el único foco rojo en Acapulco y que los opositores al proyecto se sumarán a ellos para defender la calle y el panteón de El Cayaco, pues expuso que con el dictamen se afectó también a habitantes de El Coloso y colonia El Mirador.
Indicó que jurídicamente continuarán la batalla con un amparo para intentar revertir la sentencia, y sentenció que la acción de ayer fue para “evidenciarlo (a Lara Orozco) ante los medios de información”.