Según el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, los cinco conflictos agrarios que fueron denunciados el lunes como irresueltos y desatendidos por los gobiernos federal y estatal, sí están siendo atendidos, “de manera muy determinante y decidida, para la contención de la conflictividad agraria”.
Consultado en su despacho del Palacio de Gobierno, el funcionario reconoció que algunos de estos conflictos son “prioridad” para la autoridad estatal. Aseguró que varios de ellos se han resuelto mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA), pero que la parte que no fue favorecida en el juicio impide que se ejecute.
Añadió que, en otros casos el gobierno ya pagó la contraprestación a una o a las dos partes, y que se han firmado convenios, pero aun así sigue habiendo conflictos en los núcleos agrarios en pugna.
El lunes, comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, asesorados por el abogado Luís Gerónimo Zavala, denunciaron en conferencia de prensa que las autoridades agrarias no atienden los conflictos, y los tribunales unitarios agrarios no ejecutan las sentencias.
Los conflictos agrarios son los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Tlanipatla, Eduardo Neri; San Juan Bautista Coapala, de Atlixtlac; Quiahuitlatzala, de Xalpatláhuac; y de Colombia de Guadalupe, de Malinaltepec.
El subsecretario Jaimes Ferrell informó que algunos de estos conflictos han sido tratados por el TUA y otros “han sido resueltos, no solamente por el Tribunal, sino entre las partes”.
Ejemplificó que en Zitlaltepec, el TUA de Chilpancingo resolvió la controversia que jurídicamente existía con Buena Vista, municipio de San Luís Acatlán, pero que a pesar de haberse resuelto el problema de carácter jurídico, hay resistencias de los ejidatarios de San Luís Acatlán para que la sentencia se ejecute, “y eso ha obligado al gobierno del estado a encabezar reuniones de trabajo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que la ejecución sea concertada”.
Informó que las autoridades ya pidieron la documentación a los representantes de los dos núcleos agrarios para que sean incorporados a la carga de trabajo del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Sedatu, y que este conflicto está incluido en los asuntos “prioritarios” que están tratando con representantes de la Sedatu.
Agregó que el caso de Tlanipatla también se resolvió jurídicamente, y que el TUA de Iguala resolvió y le “asistió la razón” a Tlanipatla, pero que, igualmente, están convocando a mesas de trabajo y que están en espera de que San Miguel Tecuiciapan entregue la anuencia de la asamblea para que se remitan ante la Sedatu y el Cosomer empiece a actuar.
“Tlanipatla nos entregó la documentación de manera pronta, pero San Miguel Tecuiciapan apenas la semana pasada entregó la documentación, y ya fue turnada a la Sedatu para el trámite correspondiente”, relató e funcionario estatal.
Agregó que el conflicto de San Juan Bautista Coapala, en 2007 se resolvió mediante un convenio de las dos partes y ratificó el TUA de Chilpancingo, con el que se dio por terminado el problema que tenían con San Pedro Huitzapula.
Explicó que el TUA sancionó el convenio y lo elevó a categoría de sentencia, con lo que concluyó el conflicto, pero quedaron pendientes por identificar 34 posesiones que estaban en un polígono y que no han sido ubicadas porque hay resistencias de algunos comuneros de San Juan Bautista Coapala, “aquí, consideramos que debe ser el diálogo el que prevalezca para que este asunto se resuelva de manera conciliada”, dijo.
Explicó que, a pesar de que este conflicto ya estaba sancionado y la Sedatu pagó una contraprestación, tanto a San Juan Bautista Coapala como a San Pedro Huitzapula, los primeros demandaron la nulidad del convenio, “y ahora no sabemos en qué sentido vayan a resolver las autoridades correspondientes, espero que confirme el convenio que se firmó en 2007 para que este conflicto quede concluido”, dijo el funcionario.
Jaimes Ferrel comentó sobre este caso, que “no es conveniente que se estén reviviendo conflictos que ya fueron resueltos y que solamente son detalles los que están pendientes por atender por parte de la autoridad agraria federal”.
De Quiahuitlatzala, informó que este núcleo agrario está disputando a Atlamajalcingo del Monte una superficie de unas 900 hectáreas, y que han tenido reuniones en varias administraciones anteriores para encontrar una salida “negociada”.
Explicó que con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), resultó una superficie mayor que le fue reconocida a través de una resolución presidencial a Atlamajalcingo del Monte, “sin embargo, en este caso tienen que verse los detalles para encontrar el punto medio y evitar una confrontación entre los pueblos”.
Aseguró que hasta ayer los de Quiahuitlatzala no se habían acercado al gobierno estatal y “nos enteramos por medio de la prensa que denunciaron la falta de atención por parte del gobierno, lo cual no es verdad”, aseguró.
Con respecto a Colombia de Guadalupe, informó que el gobierno del estado entregó en 2008, 5 millones de pesos y firmó un convenio para concluir el conflicto, pero que ahora el problema es que buscan el reconocimiento como núcleo agrario de Tilapa y que para ello falta algún trámite pendiente, “y esto es lo que está moviendo este asunto”.
El subsecretario declaró que la instrucción que tiene es atender toda la conflictividad agraria para que no se vaya a generar un conflicto mayor “en donde tengamos que lamentar la pérdida de vidas”.
Admitió que en varios casos la autoridad busca que no se ejecuten las sentencia a “raja tabla”, porque se puede generar un conflicto mayor, “buscamos los acercamientos entre los pueblos para que se logren los acuerdos y evitar lamentar la pérdida de alguna vida, le apostamos a la conciliación”, dijo.