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Preocupa a feministas impunidad de líder de Morena por violencia política de género

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses expresó su preocupación porque el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, impugnó dos veces las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización de mujeres señalaron que las medidas otorgadas en el proceso de queja de violencia política en razón de género que promovió Bernal contra el González Varona, no afectan al imputado, sólo son parte del procedimiento de sustanciación que se realiza antes de enviar el expediente al TEE, donde será juzgado.
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal Reséndiz.
En la conferencia, advirtieron que el diputado y sus abogados han visitado a los magistrados electorales para cabildear el proceso que sigue en atención del IEPC. Los llamaron a que no ceder a ningún tipo de presión.
Sobre esta duda en la actuación del Tribunal local, la feminista Yuridia Melchor Sánchez precisó que más que presión, la Red ha observado opiniones que no se han ajustado marco legal.
Explicó que hay antecedentes de varias de las sentencias que ha emitido el TEE, impugnadas en las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que se han ganado en estas instancias.
“Si se ha ganado allá, entendemos que es porque el razonamiento apegado, o como lo mencionan ustedes: manipulado o no a nivel local, es una situación que dejamos ahí. Pero si se impugna, significa que el razonamiento que en ocasiones se hace en el TEE no es ajustado a lo que establece la norma electoral”.
Recordó que la sentencia de la primera impugnación del diputado González Varona contra acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, fue aprobada por mayoría de los magistrados electorales. Sólo votó en contra Alma Delia Eugenio Alcaraz.
“Es igual al tema de la paridad. Hemos ido avanzando de manera numérica, de manera cuantitativa se ha avanzado, pero estamos en el trabajo día a día para que se avance de manera cualitativa.  Lo hemos dicho como parte de la Red, que el ser mujer no garantiza conciencia de género, y no solamente en el TEE, también en la integración del Congreso del Estado, en la integración del poder ejecutivo, incluso en los ayuntamientos”.
La también ex procuradora de Derechos de la Mujer de la actual administración estatal, subrayó que el TEE no se ha pronunciado por la violencia política de género que constituyen los comentarios misóginos y fuera de lugar que profirió el diputado contra Bernal Reséndiz, y que motivaron la denuncia.
“El diputado local, en su calidad de agresor, impugnó el análisis de riesgo que elaboró el IEPC, en el que dicta las medidas cautelares”. El TEE revocó el acuerdo y ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir uno nuevo bajo lineamientos del protocolo, recordó.
Después de que la Comisión ratificó las medidas cautelares que prohíben al diputado acercarse a la denunciante fuera de los trabajos legislativos, González Varona promovió otro juicio de impugnación al nuevo acuerdo, como se informó en la edición de El Sur de fin de semana.
En la conferencia de prensa participaron de Movimiento Territorial del PRI, Olivia López Galicia; la ex diputada del PRI, Guadalupe Castillo Díaz; la militante del PRD, Sol Cuevas; del PAN, Yolanda Vázquez Bautista, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tixtla, Dulce María Alvarado.

Dejó mucho qué desear el TEE

La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal.
Aclaró que es poco usual que un presunto responsable de violencia política en razón de género, impugne medidas cautelares, como González Varona.
“El hecho de que impugne por segunda ocasión, pareciera emitir el mensaje de que este actor lo que busca es la impunidad y dejar a la denunciante en una situación de desprotección, enciende una alerta para nosotras”.
Además, señaló que los esfuerzos del imputado, de acercarse a los magistrados electorales, “nos parece muy delicado porque puede estar vulnerando el principio de debida diligencia y debido proceso”.
Pidió que el Tribunal de manera muy especial atienda lo que establece la Ley General de Víctimas, sobre la obligación del Estado a realizar acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos, a evaluar de manera permanente impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas, que implican las medidas cautelares y de protección.
Consideró delicado que el presunto agresor pida el retiro de las medidas cautelares a la diputada, que no le afectan, porque todavía no constituye una sanción del TEE, que no ha emitido sentencia en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 03.
Añadió que el diputado miente en sus argumentos de impugnación a las medidas cautelares cuando dice que la denuncia de violencia política en su contra se basa en declaraciones hechas en el pasado, de manera única y que no existe repetición.
Salinas Díaz aclaró que hubo réplicas en medios de comunicación a la posición de González Varona sobre Bernal, a quien acusó de que el PRI usó su imagen para que ganara la elección el primero en la fórmula de la candidatura al senado, Manuel Añorve Baños.
La activista recordó que Bernal promovió otro PES contra otras actoras: la consejera nacional de Morena y representante ante el IEPC, Esther Aracely Gómez Ramírez, y la representante de Morenas Guerrero, Teresa Nava Alfaro, que hicieron pronunciamientos públicos, en donde denostan su imagen pública.
Asimismo denunció que el TEE dejó mucho que desear al aprobar una sentencia débil por actos de violencia política en razón de género contra el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas, y otros funcionarios municipales, donde tampoco ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
Confirmó que sólo ese hecho, vulneró el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia de la víctima, regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.

Sí atienden los gobiernos federal y estatal los conflictos agrarios denunciados: Jaimes Ferrel

Según el subsecretario para Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, los cinco conflictos agrarios que fueron denunciados el lunes como irresueltos y desatendidos por los gobiernos federal y estatal, sí están siendo atendidos, “de manera muy determinante y decidida, para la contención de la conflictividad agraria”.
Consultado en su despacho del Palacio de Gobierno, el funcionario reconoció que algunos de estos conflictos son “prioridad” para la autoridad estatal. Aseguró que varios de ellos se han resuelto mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA), pero que la parte que no fue favorecida en el juicio impide que se ejecute.
Añadió que, en otros casos el gobierno ya pagó la contraprestación a una o a las dos partes, y que se han firmado convenios, pero aun así sigue habiendo conflictos en los núcleos agrarios en pugna.
El lunes, comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, asesorados por el abogado Luís Gerónimo Zavala, denunciaron en conferencia de prensa que las autoridades agrarias no atienden los conflictos, y los tribunales unitarios agrarios no ejecutan las sentencias.
Los conflictos agrarios son los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; Tlanipatla, Eduardo Neri; San Juan Bautista Coapala, de Atlixtlac; Quiahuitlatzala, de Xalpatláhuac; y de Colombia de Guadalupe, de Malinaltepec.
El subsecretario Jaimes Ferrell informó que algunos de estos conflictos han sido tratados por el TUA y otros “han sido resueltos, no solamente por el Tribunal, sino entre las partes”.
Ejemplificó que en Zitlaltepec, el TUA de Chilpancingo resolvió la controversia que jurídicamente existía con Buena Vista, municipio de San Luís Acatlán, pero que a pesar de haberse resuelto el problema de carácter jurídico, hay resistencias de los ejidatarios de San Luís Acatlán para que la sentencia se ejecute, “y eso ha obligado al gobierno del estado a encabezar reuniones de trabajo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que la ejecución sea concertada”.
Informó que las autoridades ya pidieron la documentación a los representantes de los dos núcleos agrarios para que sean incorporados a la carga de trabajo del Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Sedatu, y que este conflicto está incluido en los asuntos “prioritarios” que están tratando con representantes de la Sedatu.
Agregó que el caso de Tlanipatla también se resolvió jurídicamente, y que el TUA de Iguala resolvió y le “asistió la razón” a Tlanipatla, pero que, igualmente, están convocando a mesas de trabajo y que están en espera de que San Miguel Tecuiciapan entregue la anuencia de la asamblea para que se remitan ante la Sedatu y el Cosomer empiece a actuar.
“Tlanipatla nos entregó la documentación de manera pronta, pero San Miguel Tecuiciapan apenas la semana pasada entregó la documentación, y ya fue turnada a la Sedatu para el trámite correspondiente”, relató e funcionario estatal.
Agregó que el conflicto de San Juan Bautista Coapala, en 2007 se resolvió mediante un convenio de las dos partes y ratificó el TUA de Chilpancingo, con el que se dio por terminado el problema que tenían con San Pedro Huitzapula.
Explicó que el TUA sancionó el convenio y lo elevó a categoría de sentencia, con lo que concluyó el conflicto, pero quedaron pendientes por identificar 34 posesiones que estaban en un polígono y que no han sido ubicadas porque hay resistencias de algunos comuneros de San Juan Bautista Coapala, “aquí, consideramos que debe ser el diálogo el que prevalezca para que este asunto se resuelva de manera conciliada”, dijo.
Explicó que, a pesar de que este conflicto ya estaba sancionado y la Sedatu pagó una contraprestación, tanto a San Juan Bautista Coapala como a San Pedro Huitzapula, los primeros demandaron la nulidad del convenio, “y ahora no sabemos en qué sentido vayan a resolver las autoridades correspondientes, espero que confirme el convenio que se firmó en 2007 para que este conflicto quede concluido”, dijo el funcionario.
Jaimes Ferrel comentó sobre este caso, que “no es conveniente que se estén reviviendo conflictos que ya fueron resueltos y que solamente son detalles los que están pendientes por atender por parte de la autoridad agraria federal”.
De Quiahuitlatzala, informó que este núcleo agrario está disputando a Atlamajalcingo del Monte una superficie de unas 900 hectáreas, y que han tenido reuniones en varias administraciones anteriores para encontrar una salida “negociada”.
Explicó que con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), resultó una superficie mayor que le fue reconocida a través de una resolución presidencial a Atlamajalcingo del Monte, “sin embargo, en este caso tienen que verse los detalles para encontrar el punto medio y evitar una confrontación entre los pueblos”.
Aseguró que hasta ayer los de Quiahuitlatzala no se habían acercado al gobierno estatal y “nos enteramos por medio de la prensa que denunciaron la falta de atención por parte del gobierno, lo cual no es verdad”, aseguró.
Con respecto a Colombia de Guadalupe, informó que el gobierno del estado entregó en 2008, 5 millones de pesos y firmó un convenio para concluir el conflicto, pero que ahora el problema es que buscan el reconocimiento como núcleo agrario de Tilapa y que para ello falta algún trámite pendiente, “y esto es lo que está moviendo este asunto”.
El subsecretario declaró que la instrucción que tiene es atender toda la conflictividad agraria para que no se vaya a generar un conflicto mayor “en donde tengamos que lamentar la pérdida de vidas”.
Admitió que en varios casos la autoridad busca que no se ejecuten las sentencia a “raja tabla”, porque se puede generar un conflicto mayor, “buscamos los acercamientos entre los pueblos para que se logren los acuerdos y evitar lamentar la pérdida de alguna vida, le apostamos a la conciliación”, dijo.

 

 

Exigen a gobiernos y tribunales que resuelvan conflictos agrarios y ejecuten sentencias

Comisariados de bienes ejidales y comunales de localidades indígenas de cinco núcleos agrarios de las regiones Montaña y Centro, denunciaron que las autoridades agrarias no atiende los conflictos, ni los tribunales unitarios agrarios la ejecución de las sentencias.
En conferencia de prensa los comisariados de bienes ejidales y comunales de Zitlaltepec, Metlatónoc, Miguel Santiago Lorenzo; de Tlanipatla, Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz; de San Juan Bautista Copala, de Atlixtlac, Marco Flores Gerónimo; de Quiahuitlatzala, Xalpatláhuac, Taurino Reyes García; y de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Alejo Carraza Estrada.
Las autoridades comunitarias dijeron que se agruparon para denunciar la opacidad de las autoridades agrarias del gobierno estatal y federal, para coadyuvar en la atención de los conflictos considerados focos rojos en el medio rural, y en la ejecución de las sentencias de los tribunales agrarios en el estado.
En los núcleos agrarios de Zitlaltepec, San Juan Bautista Copala y Tlanipatla, hay sentencias resueltas por los tribunales agrarios con sede en Chilpancingo e Iguala, pero no se han ejecutado las resoluciones judiciales, y al núcleo agrario que obtuvo el dictamen favorable no se le puede entregar material y, jurídicamente, la posesión de la superficie que motivó el conflicto.
El comisariado de bienes ejidales de Zitlaltepec, Miguel Santiago Lorenzo informó que su conflicto agrario tiene 84 años, y el Tribunal Unitario Agrario no lo ha resuelto.
Explicó que el conflicto en el ejido de Zitlaltepec es por límites con el ejido de Buena Vista y anexos, del municipio de San Luis Acatlán; éste sostiene que son 500 hectáreas que están en conflicto y el Tribunal Unitario Agrario resolvió mediante sentencia de 2015.
Miguel Santiago Lorenzo recordó que en noviembre del 2013, cuando Cirino Plácido Valerio fungía como presidente del comisariado ejidal de Buena Vista, sin autorización y con más ejidatarios abrió brecha para delimitar la zona de conflicto, donde robaron ganado, quemaron casas, talaron árboles y ocasionaron daños a las huertas de café, mangos, toronjas y cajeles.
Por lo hechos, fueron denunciados ante el Ministerio Público los ejidatarios de Buena Vista, Bruno Placido Valerio, Cirino Plácido Valerio y Lorenzo Olmedo, entre otros, por los delitos de robo y daños, pero no se ha ejecutado las órdenes de aprehensión.
El Ministerio Público ejerció acción penal contra Buena Vista, y el pago de la reparación del daño con base en el avalúo de bienes muebles en el robo de mil 288 chivos, con un valor de 1 millón 159 mil 200 pesos, y seis cabezas de ganado con un valor de 56 mil pesos, que suman 1 millón 215 mil 200 pesos; y el monto cuantificado de los árboles asciende a 28 millones 121 mil 25 pesos.
El comisariado de bienes ejidales de Tlanipatla, municipio de Eduardo Neri, Cirilo Barrera Alcaraz enfrenta un conflicto agrario por límites con San Miguel Tecuiciapa, de Tepecoacuilco, de una superficie de 569 hectáreas, y la sentencia fue emitida en 2014 por el Tribunal Unitario Agrario, pero no se ha ejecutado.
El comisariado de Colombia de Guadalupe, Alejo Carranza Estrada informó que presenta conflicto desde 2005 con la comunidad de Tilapa, ambas del municipio de Malinaltepec, por una superficie de unas 800 hectáreas.
Por su parte, el comisariado de Quiahuitlatzala, municipio de Xalpatláhuac, Taurino Reyes García dijo que el problema es por un conflicto agrario de límites con la comunidad de Atlamajalcingo del Monte, por 949 hectáreas, hace más de 70 años.
Ante la falta de respuesta de las autoridades agrarias se agruparon los cinco ejidos en conflicto para solicitar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y magistrados de los tribunales unitarios agrarios de Iguala y Chilpancingo, para que atiendan los conflictos agrarios, alcanzar acuerdos y proponer alternativas.
Además, exigieron que los tribunales agrarios ejecuten las sentencias de los núcleos, y que la FGE ejecute las órdenes de aprehensión contra Cirino y Bruno Placido Valerio.

 

En seis años el Poder Judicial sólo obtuvo 14 sentencias firmes, revela un diagnóstico de ONG

De 2011 a 2016 el poder Judicial de Guerrero obtuvo sólo 14 sentencias firmes (concluidas hasta el último fallo de tribunal que puede entender de la causa), en homicidios, robo y lesiones. En homicidios sólo cerraron tres casos, uno por cada año de 2013 a 2015.
Los datos son parte del diagnóstico sobre el impacto y la implementación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos (2011) y penal (2008), que elaboraron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Una de las investigadoras del Centro Prodh, Sofía de Robina Castro aclaró que los expedientes que sirvieron de base para elaborar el informe Del papel a la práctica de la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia penal 2011-2016, no fueron obtenidos de la fuente oficial, sino de asociaciones civiles de derechos humanos del estado.
El informe se presentó ayer en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Chilpancingo ante estudiantes de derecho, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos).
Del caso de Guerrero señalaron que a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado dispone que el poder Judicial, “deberá poner a disposición del público y actualizar la lista de acuerdos, las sentencias con sus respectivos votos particulares si los hubiera, y las versiones públicas que sean de interés público”, el contenido de la mayoría de las sentencias fue insuficiente para los objetivos de su monitoreo.
Mediante una solicitud de información de todas sentencias efectuadas desde 2011, sólo pudieron obtener tres resoluciones que resultaron ilegibles.
Informó que para el diagnóstico se analizaron 100 resoluciones de sentencias de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, algunas del ámbito federal en cuatro grandes rubros: comparación con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, igualdad ante la ley, presunción de inocencia y valoración de pruebas, y exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.
En lo general indicó que se obtuvieron patrones comunes en las cinco entidades, como el uso retórico de los tratados internacionales, la tortura, la destrucción de la presunción de inocencia sin argumentos, y que los jueces no toman en cuenta de la misma manera los medios de prueba, “le dan más valor a la prueba que aporta la policía”.
En particular señaló que en Guerrero y Oaxaca preocupa que dada la cantidad de población indígena, no se refleje en las sentencias una perspectiva de etnicidad, en la mayoría de los casos ni siquiera se menciona que alguna de las partes pertenece a un pueblo originario.
Estimó que sería un dato que saltaría en los expedientes de las dos entidades, pero “falta mucho más que se refleje ese principio de igualdad”.
Aclaró que los patrones hallados no indican una situación homogénea del país. Trata de señalar los puntos rojos que se deben observar en la formación y aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
En el documento hay una serie de recomendaciones al poder Judicial, la Defensoría de Oficio, congresos, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil, incluso a la academia, para entender las reformas de manera integral y en conjunto.
Entre estas se encuentra reforzar el acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

Predomina el uso de la fuerza sobre las normas: Tlachinollan

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández destacó que entre los actos de tortura y detenciones arbitrarias prevalece la falta de preparación de los administradores de justicia, sobre el uso adecuado de las normas internacionales de derechos humanos, “Guerrero está en pañales, el uso de la fuerza está por encima de las normas”.
Opinó que como sociedad se pensó que la reformas serían en alguna medida la solución de la crisis de violencia e inseguridad, pero el poder Judicial de Guerrero, “ha sido demasiado politizado, demasiado manoseado, sabemos que quienes están dentro de estos tribunales no todos tienen carrera, este perfil profesional para aplicar adecuadamente estas normas”.
Eso derivó en el desprestigio del poder Judicial, mientras las personas que se han atrevido a denunciar, que se organizaron para exigir justicia, no tienen garantías de seguridad ni confianza en el sistema de justicia.
Denunció que en la Montaña el tema de justicia pasa necesariamente por la mercantilización, “por el precio de la libertad o el encarcelamiento de la personas indígenas”.
Señaló el trato discriminatorio en general y de maltrato a las mujeres, “si eres mujer indígena con mayor razón. No sólo se descarga en ellas la responsabilidad de las pruebas, también las usan contra ellas y las convierten en víctimas del escarnio, de la burla. Cargan el estigma que provoca más dolor, más sufrimiento a las víctimas para hacerlas parecer como personas que están en la barbarie, como para hacerlas responsables de su propia violencia”.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández consideró grave el resultado del análisis, pero estimó que en Guerrero hay asuntos más “urgentes, angustiantes”, como el acceso a la justicia.
Sólo en Chilapa señaló que en un lustro hay más de 100 desaparecidos, y al revisar los expedientes iniciados en el sistema tradicional y del NSJP, prácticamente no hay investigación. Lo que contiene son las solicitudes de información a la Cruz Roja, a las prisiones y hospitales. Con este esquema enfatizó que no hay garantías de acceder a la justicia. Cuestionó “¿qué hacen las autoridades ante más de 200 homicidios (que se registraron sólo en octubre pasado)?, ¿qué está haciendo la autoridad para procurar justicia a los familiares, de estos asesinados, de estos desaparecidos?”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).