La presidenta de la Red para el avance político de las mujeres, Muriel Salinas Díaz, criticó que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial (Trife), redujera la sentencia del Tribunal Electoral del Estado(TEE) hacia el dirigente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona. Donde el TEE acreditó violencia política en razón de género hacia la diputada local priista Gabriela Bernal, el análisis del Trife lo minimizó a una alusión a su belleza, “como si fuera un piropo”, reprochó.
En entrevista telefónica, señaló que la Sala consideró excesivas las sanciones que impuso el tribunal local, porque según los magistrados las expresiones del dirigente “se hicieron en el marco del debate parlamentario y en el ejercicio de su libertad de expresión”, y sin explicaciones afirman que no están basados en estereotipos de género.
Informó que el 18 de octubre, organizaciones de mujeres en el estado y nacionales, presentaron a los magistrados de Sala Regional un Amicus Curiae (opinión jurídica) para este caso, y llamaron a analizarlo en el contexto de la violencia hacia las mujeres en Guerrero, y de la violencia generalizada, porque la resolución tendría repercusiones en otros asuntos de violencia política en razón de género.
De cara al proceso electoral, indicó que generaría confianza en los tribunales de garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, señaló que emitieron un mensaje de impunidad al exonerar a un agresor.
Señaló que la Sala fue omisa al no considerar jurisprudencias, donde se establece que discursos discriminatorios, como el del dirigente de Morena, no deben ser considerados como limitantes válidas en la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de líderes de partidos, obligados a atender y sancionar todas las modalidades de violencia.
“Carente de perspectiva de género (la sentencia dictada el jueves), se pasa por el arco del triunfo todas las jurisprudencias sobre los límites de la libertad de expresión, revictimiza a la diputada, y a las demás mujeres que han interpuesto recursos, por las repercusiones que habrá, a partir del sentido de esta resolución”.
Para desacreditar la denuncia de violencia política, señaló que “la Sala manipula los hechos, afirmando que el presidente de Morena hizo alusión a la belleza de la diputada, dejando fuera las expresiones que menoscaban o poner en entredicho las capacidades de una mujer diputada”. Lo más grave, dijo, es que la alusión a su belleza física no fue considerada como un estereotipo de género.
Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses expresó su preocupación porque el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, impugnó dos veces las medidas de protección que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización de mujeres señalaron que las medidas otorgadas en el proceso de queja de violencia política en razón de género que promovió Bernal contra el González Varona, no afectan al imputado, sólo son parte del procedimiento de sustanciación que se realiza antes de enviar el expediente al TEE, donde será juzgado.
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal Reséndiz.
En la conferencia, advirtieron que el diputado y sus abogados han visitado a los magistrados electorales para cabildear el proceso que sigue en atención del IEPC. Los llamaron a que no ceder a ningún tipo de presión.
Sobre esta duda en la actuación del Tribunal local, la feminista Yuridia Melchor Sánchez precisó que más que presión, la Red ha observado opiniones que no se han ajustado marco legal.
Explicó que hay antecedentes de varias de las sentencias que ha emitido el TEE, impugnadas en las salas regional y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), que se han ganado en estas instancias.
“Si se ha ganado allá, entendemos que es porque el razonamiento apegado, o como lo mencionan ustedes: manipulado o no a nivel local, es una situación que dejamos ahí. Pero si se impugna, significa que el razonamiento que en ocasiones se hace en el TEE no es ajustado a lo que establece la norma electoral”.
Recordó que la sentencia de la primera impugnación del diputado González Varona contra acuerdo la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, fue aprobada por mayoría de los magistrados electorales. Sólo votó en contra Alma Delia Eugenio Alcaraz.
“Es igual al tema de la paridad. Hemos ido avanzando de manera numérica, de manera cuantitativa se ha avanzado, pero estamos en el trabajo día a día para que se avance de manera cualitativa. Lo hemos dicho como parte de la Red, que el ser mujer no garantiza conciencia de género, y no solamente en el TEE, también en la integración del Congreso del Estado, en la integración del poder ejecutivo, incluso en los ayuntamientos”.
La también ex procuradora de Derechos de la Mujer de la actual administración estatal, subrayó que el TEE no se ha pronunciado por la violencia política de género que constituyen los comentarios misóginos y fuera de lugar que profirió el diputado contra Bernal Reséndiz, y que motivaron la denuncia.
“El diputado local, en su calidad de agresor, impugnó el análisis de riesgo que elaboró el IEPC, en el que dicta las medidas cautelares”. El TEE revocó el acuerdo y ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir uno nuevo bajo lineamientos del protocolo, recordó.
Después de que la Comisión ratificó las medidas cautelares que prohíben al diputado acercarse a la denunciante fuera de los trabajos legislativos, González Varona promovió otro juicio de impugnación al nuevo acuerdo, como se informó en la edición de El Sur de fin de semana.
En la conferencia de prensa participaron de Movimiento Territorial del PRI, Olivia López Galicia; la ex diputada del PRI, Guadalupe Castillo Díaz; la militante del PRD, Sol Cuevas; del PAN, Yolanda Vázquez Bautista, y la coordinadora de Movimiento Ciudadano en Tixtla, Dulce María Alvarado.
Dejó mucho qué desear el TEE
La presidenta de la Red, Muriel Salinas Díaz, en denuncia telefónica, ratificó el llamado a que el colegiado garantice justicia con perspectiva de género, en el caso de Bernal.
Aclaró que es poco usual que un presunto responsable de violencia política en razón de género, impugne medidas cautelares, como González Varona.
“El hecho de que impugne por segunda ocasión, pareciera emitir el mensaje de que este actor lo que busca es la impunidad y dejar a la denunciante en una situación de desprotección, enciende una alerta para nosotras”.
Además, señaló que los esfuerzos del imputado, de acercarse a los magistrados electorales, “nos parece muy delicado porque puede estar vulnerando el principio de debida diligencia y debido proceso”.
Pidió que el Tribunal de manera muy especial atienda lo que establece la Ley General de Víctimas, sobre la obligación del Estado a realizar acciones que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos, a evaluar de manera permanente impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas, que implican las medidas cautelares y de protección.
Consideró delicado que el presunto agresor pida el retiro de las medidas cautelares a la diputada, que no le afectan, porque todavía no constituye una sanción del TEE, que no ha emitido sentencia en el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 03.
Añadió que el diputado miente en sus argumentos de impugnación a las medidas cautelares cuando dice que la denuncia de violencia política en su contra se basa en declaraciones hechas en el pasado, de manera única y que no existe repetición.
Salinas Díaz aclaró que hubo réplicas en medios de comunicación a la posición de González Varona sobre Bernal, a quien acusó de que el PRI usó su imagen para que ganara la elección el primero en la fórmula de la candidatura al senado, Manuel Añorve Baños.
La activista recordó que Bernal promovió otro PES contra otras actoras: la consejera nacional de Morena y representante ante el IEPC, Esther Aracely Gómez Ramírez, y la representante de Morenas Guerrero, Teresa Nava Alfaro, que hicieron pronunciamientos públicos, en donde denostan su imagen pública.
Asimismo denunció que el TEE dejó mucho que desear al aprobar una sentencia débil por actos de violencia política en razón de género contra el alcalde de Coyuca de Benítez, Osiel Pacheco Salas, y otros funcionarios municipales, donde tampoco ordenó su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
Confirmó que sólo ese hecho, vulneró el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia de la víctima, regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), sancionó al alcalde de Coyuca de Benítez, el morenista Osiel Pacheco Salas, junto con otros servidores públicos y funcionarios del Ayuntamiento, por violencia política en razón de género en contra de la regidora del PAN, Natividad Guadarrama Reyes.
En sesión pública, los magistrados declararon procedente la demanda porque quedó acreditado que no le permitieron el ejercicio de sus funciones negandole información, retuvieron sus pagos desde mayo de 2022, no dieron de alta al personal de su oficina, entre otros actos que constituyen violencia de tipo verbal, simbólica y económica.
La falta del alcalde fue calificada como “grave ordinaria”, y recibió multa de 10 mil 100 UMA, que equivale a 10 mil 374 pesos, y una amonestacion para los demás infractores. Y motivó en redes sociales críticas de activistas políticas que consideraron muy baja la sanción, porque mencionan su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.
La presidenta de la Red por los Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, señaló que la sentencia no es proporcional con el daño causado a la víctima ni garantiza la reparación del daño en medidas efectivas, y pone en duda la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
“Desde nuestro punto de víctimas esta sentencia se debe impugnar y la Red ofreció acompañamiento a la víctima para ir a la siguiente instacia”, indicó vía telefónica.
El jucio del Proceso Especial Sancionador 03 de este año que promovió la regidora de Comercio y Abasto Popular contra el alcalde Pacheco Salas, el secretario de Gobierno, Víctor Hugo Catalán Díaz; la secretaria general, Silvia Talavera Organes; la síndica Procuradora, Romana Leonardo Apolonio; la directora del Jurídico, Yamireth Stephany Hernández Mazón, y la secretaria de Administración, Esther Ríos Soberanis, fue turnado a magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
En el proyecto se acreditaron actos y omisiones que obstruyeron el ejercicio de su cargo como regidora, así como expresiones que implican violencia verbal, simbolica, económica y sicológica.
Señaló que el alcalde omitió a responder a las solicutudes de la denunciante sobre las finanzas de la administración, el número de empleados en nómina, de los laudos laborales, el presupuesto en el último trimeste del ejercicio fiscal de 2021, y el desistimiento de la demanda laboral de la secetaria de Servicios Públicos.
Asimismo, el secetario de Bienestar no le dio información de la demanda laboral de la secretaria Servicios Públicos, de varias actas de cabildo de 2021, y la copia del reglamento inrterno del Ayuntamiento; la sindica y la directora juridica también evadieron su responsabidad.
La Secretaría de Finanzas suspendió sus pagos desde mayo de 2022, el
El oficial mayor y el director de Recursos Materiales omitieron entregar material de papelería a su oficina y tampoco dieron de alta al personal. Además de que la denostraron con la intención de descreditarla ante los demás miembros del cabildo en el ánimo de no atender sus peticiones. En una sesión del cabil, el alcalde le dijo que su participación “era pura demagogia”.
El alcalde fue sancionado con una multa de 10 mil 374 pesos, el resto una amonestación, además de abstenerse de volver a denostar a la regidora y obstaculizar su función. También tendrán que pagar su atención sicológica, cubrir los pagos y cuotas suspendidas hace un año, en un plazo de cinco días hábiles.
Débil sentencia: Red Guerrerense
En consulta, Muriel Salinas Díaz calificó como “débil” esta sentencia porque no garantiza medidas adecuadas de no repetición, por no establecer la inscripción de los infractores en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
En el supuesto de que tenga que hacerlo el Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana, advirtió que los magistrados debieron establecer el tiempo que deben permanecer en el listado. No haberlo hecho, vulnera el debido proceso y el derecho constitucional a la debida diligencia.
“Este tipo de sentencias genera la duda respecto de la imparcialidad del tribunal, porque, aún cuando acreditan la comision de estos actos de VPG, ninguna de las sanciones son equivalentes al daño causado, carecen de fuerza, de contundencia para tener un efecto de no repetición”.
Recordó que la reciente reforma a la ley electoral local se incorporó la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, para evitar que ocupen un cargo público o por designación quien haya sido sancionado VPG contra las mujeres en razón de género, y la única forma de constatarlo es consultar Registro de Personas Sancionadas. “No incluiros, emite mensaje lamentable, parece que protegen al agresor”, denunció.
Además, señaló que el tiempo de permanencia en el registro, tendría que ser razonable, de uno o dos años, para garanizar el acceso a la justicia y reparacion integral del daño, para tenga efecto de exigibilidad la 3 de 3, y no tengan acceso a las candidaturas de la siguiente elección.
“Lo que ha ocurrido en algunas sentencias, donde sí se ordena la inscripcion, es que la permanencia de estas pesonas en el registro es de tiempo breve. Seguimos esperando del TEE que no les tiemble la mano y sean garantistas de la debida diligencia y del acceso a la jsuticia”
Señaló que estas sentencias deben observar también lo dipuesto en artículo 12 de Ley General de Victimas, en las fracciones segunda, sobre la reparación expedita. de manera proporcional y justa, “no lo vemos en esta sentencia”
Consideró “ridicula” la multa para el alcalde, “no es absoluto digamos reparadora del daño causado en cuanto a la violencia económica de la que fue víctima la regidora, aun cuando se le restituyan las pagos que le retuvieron ilegalmente”.
En la instalación del Nodo Regional Costa Chica, de la Red para el Avance Político de las Mujeres, con la participación de mujeres líderes y autoridades municipales, denunciaron que en la región todavía existen comunidades en las que a las mujeres no se les permite votar en elecciones municipales, informó la presidenta de la organización, Muriel Salinas Díaz.
En consulta telefónica, indicó que se presentó un caso que puede configurar violencia política de género contra una funcionaria pública de la administración federal de la región, obligada a presentar su renuncia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Aclaró que, por procedimiento y manejo de datos personales, se reservaban los datos de la víctima de violencia política que se planteó en la mesa de trabajo en Marquelia.
Sin embargo, destacó que ya fue retomado por el Nodo región Costa Chica para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Litigio Estratégico. Adelantó que podría constituir el primer procedimiento judicializado ante las autoridades competentes, en el país y en el estado en la administración pública federal por violencia política en razón de género.
Asimismo, indicó que las asistentes manifestaron la preocupación de que existen comunidades en donde todavía no se les permite votar a las mujeres para la elección de las comisarías municipales.
Subrayó que un tema relevante de la agenda de la Red en la Costa Chica, y ya empezaron a trabajar de manera coordinada con las diversas autoridades electorales de la Costa Chica y los gobiernos municipales para promover la participación política de las mujeres pero sobre todo el derecho de las mujeres a ejercer el sufragio en la elección de comisarías
Adelantó que se acordó impulsar “toda una agenda que tiene que ver con la capacitación con la promoción con la sensibilización de las diversas autoridades a nivel municipal para que se garantice el derecho al sufragio para la elección de cargos auxiliares de los gobiernos municipales”.
Presidieron la mesa de trabajo, Salinas Díaz y coordinadora estatal de mujeres indígenas y afromexicanas de la red para el avance político de las mujeres guerrerenses, Alfreda Camarillo Pineda. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres, Muriel Salinas Díaz, señaló que la violencia política de género está tan normalizada que la mayoría de las personas no la puede identificar, y los partidos desconocen las obligaciones legales que tienen sus agremiadas.
Informó de los talleres regionales gratuitos que realizan con Equipos Feministas están dirigido a hombres y mujeres para identificar y denunciar la violencia política de género.
En consulta telefónica, señaló que la participación de hombres y mujeres en esta capacitación plural daría muestra de congruencia y responsabilidad política a quienes asistan, “los necesitamos como aliados para desmontar la violencia política de género”.
De la convocatoria que lanzaron la semana pasada, indicó que están llamando particularmente a responsables de los órganos de justicia intrapartidaria, de Mujeres o de Igualdad, y de las áreas u organismos especializados que deben tener los partidos para atender y acompañar a las víctimas de violencia política.
Explicó que los partidos políticos tienen la obligación de crear áreas especializadas para el acompañamiento a víctimas de violencia política dentro de su organización, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos para que los partidos prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los dos ordenamientos señalan que deben ser áreas independientes a los órganos de mujeres que ya existen en los partidos (de promoción de la mujer o de género), “no puede ser la misma área, esto es muy importante”.
Estas áreas deben ser ocupadas por equipos técnicos interdisciplinarios para la atención de la violencia política de género.
“La Ley y los lineamientos mandatan la especialización para la atención a víctimas, que, deben trabajar de manera conjunta con los organismos de mujeres de los partidos o de la igualdad de género y con los organismos de justicia intrapartidaria que investiga y sanciona a sus miembros por diferentes conductas”.
Los talleres en la región Acapulco se realizarán este sábado 28 y domingo 29 de enero en Acapulco, el 4 y 5 de febrero en Iguala, para la región Norte, el 11 y 12 de febrero en Tierra Colorada la región Costa Chica.
En el primero que ya se realizó en Chilpancingo, para la región Centro el fin de semana anterior, informó que hubo pocos hombres y militantes de partidos políticos.
Confirmó que el paquete de reformas electorales conocido como plan B, dejaría sin efectos los lineamientos del INE y la facultad de los órganos electorales y jurisdiccionales de dirimir los casos de violencia política.
Ahora que se sabe por medio de la prensa que algunos partidos ya presentaron acciones de inconstitucionalidad, y también presentará un juicio el Consejo General del INE, ratificó que Mujeres en Plural y la Red desde lo local buscarán que se incorporen en esos recursos legales estos impactos, y la afectación de los derechos políticos de las mujeres.
La Red ha identificado que en la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se afectan los derechos políticos y electorales de las mujeres, entre ellos el de la paridad de género en las candidaturas.
Asimismo se restringe la participación de las autoridades electorales en las decisiones internas de los partidos cuando se afecten los derechos de las mujeres.
Muriel Salinas recordó que están en espera de confrontar con el dirigente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, los artículos en donde se afectan los derechos político electorales de las mujeres, como el dipuado morenosta ofreció.
La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, dijo que tomarán la palabra al presidente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, para hablar de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como Plan B, que afecta los derechos políticos conquistados por las mujeres.
Esto, luego que el dirigente político negó que los cambios afecten los derechos de las mujeres.
En consulta telefónica, Salinas Díaz saludó la invitación del dirigente a reunirse con organizaciones feministas y mujeres para revisar los artículos del proyecto de reforma política que afectan la paridad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y para señalar de manera precisa dónde están esas afectaciones en los distintos ordenamientos aprobados por el Senado y por la Cámara de diputados el 15 de diciembre.
Recordó que la Red, que tiene 13 años en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, y la Red Plural de Mujeres, donde también participa, hicieron un análisis de la reforma.
Indicó que en el artículo 30.2 de la LGIPE, derogaron algunos fines del INE, sobre principios rectores de la función electoral y su aplicación con perspectiva de género, que son fundamentales para garantizar la paridad.
En el artículo 32.3, inciso L de la LGIPE, modifican la atribución del INE de garantizar la paridad de género y el respeto a los derechos políticos de las mujeres, que ahora estaría condicionada a los términos estrictos de la ley, y a las disposiciones internas de los partidos.
Pese a que se mantiene en diversos artículos, se eliminó la perspectiva de género en los fines del INE y la paridad de género quedó condicionada a las normas internas de cada partido.
En el artículo 11.4 de la misma ley, se prohíbe a las autoridades electorales la emisión de lineamientos para la postulación de candidaturas que ahora tiene, y que han sido fundamentales para garantizar la paridad en candidaturas de gubernaturas, que no se señala explícitamente en la LGIPE.
En el artículo 11 Bis, se prohíbe a las autoridades electorales, tanto el INE como autoridades locales y tribunales, resolver a plenitud de jurisdicción las controversias de selección de candidaturas a cargos de elección popular y de dirección de los partidos.
Explicó que la propuesta del Plan B es que las controversias de partidos, sean dirimidas en los órganos internos de justicia de los mismos partidos.
“Más allá del dato que aporta el dirigente, de que Morena tiene el mayor número de mujeres en cargos de elección, la realidad es que previo a haber tenido que postular mujeres, muchos partidos, y en algunos estados también Morena, impugnó los lineamientos para garantizar la paridad, por ejemplo, en gubernaturas”.
Por otro lado, señaló que en el artículo 5.2 y 5.3 de la Ley General de Partidos Políticos, se obliga a las autoridades electorales a respetar en todo momento la auto organización de los partidos en la resolución de sus controversias internas y se les se impide intervenir en la elección de las dirigentes de partidos.
Aún cuando hoy la ley obliga a los partidos a garantizar la paridad en la integración de las dirigencias, no se cumplen. Con esa modificación, las mujeres estarán impedidas a judicializar su cumplimiento.
En el mismo sentido se reforman disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral (LGSMIME), advirtió.
Además, se agrega el derecho de los partidos de regular su vida interna, en el artículo 23.1 inciso C, de la LGPP. También se excluye de la revisión de constitucionalidad y legalidad de las acciones afirmativas que, dentro del ámbito de su vida interna, determinen los partidos, en el artículo 39.1 inciso J de la misma ley.
Señaló que establecen “un coto infranqueable en favor de las dirigencias partidarias, el cual impedirá al INE, OPLES y tribunales electorales el revisar la constitucionalidad y apego a la ley de los procesos internos de selección de candidaturas y elección de dirigentes, así como resolver las controversias a plenitud de jurisdicción”.
Lo anterior afectará al conjunto de la militancia de los partidos, pero especialmente a las mujeres, que no podrán esperar que sus demandas de paridad, alternancia y vida libre de violencia les restablezcan sus derechos.
Asimismo, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no podrán “condicionar” el ejercicio de derechos político-electorales a mayores requisitos que los de la ley, que se establece en el articulo 5.4 de la LGIPE.
Con el artículo 7.6 de la LGIPE tampoco podrán suspender derechos político electorales por sanciones administrativas, o judiciales distintas de las penales.
Pese a que se mantiene la infracción por violencia política en razón de género, se derogó del catálogo de sanciones a las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular la negativa de registro por ser candidatas por estas causales, y no se usará el padrón de personas sancionadas por violencia política como criterio de elegibilidad, que se ganó en la reforma de paridad de 2020, y dará paso libre a violentadores y deudores alimentarios.
Consideró muy grave que no lo estén observando, y manifestó toda la disposicion un diálogo constructivo con los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, en el Congreso local, y con dirigencia estatal de este partido que está impulsando esta gran reforma electoral, “más allá de la retórica, tiene que traducirse en reforma garantista, y que no puede significar ningún retroceso para las mujeres”.
Marina Reyna Aguilar, Rosa María Gómez Saavedra, Muriel Salinas Díaz, Cecilia Narciso Gaytán, Sol Cuevas y Flor Soto en la sala de juntas de la Codehum Foto: El Sur
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La Red de Mujeres en Plural detectó enormes retrocesos a derechos conquistados por la paridad y contra violencia política en razón de género, en la reforma electoral denominada Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció la presidenta de la Red del avance político de las mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
Tras una reunión de activistas feministas y representantes de organizaciones de mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), donde planteó esta preocupación, explicó que la iniciativa que se revisa en el Congreso de la Unión afecta el derecho activo y pasivo de las mujeres, en relación con la alternancia de género, en la postulación de candidaturas de manera paritaria, así como en las posiciones de dirección de los partidos políticos.
Los partidos están callados
“Los partidos políticos están felizmente callados porque les encanta la idea de que los órganos electorales pierdan las atribuciones de observar, investigar y sancionar el incumplimiento de estos principios. No es que no se hayan dado cuenta, sino que están guardando un conveniente silencio en este tema”, recriminó.
Recordó que uno de los puntos más conflictivos de las reformas es que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales ya no puedan intervenir en la vida interna de los partidos políticos.
Destacó que la paridad de género se conquistó en dos momentos históricos: en la reforma constitucional de 2014, donde se instituyó para el Congreso de la Unión y para los congresos estatales, y en las reformas de 2020, en materia de paridad transversal que toca a los tres poderes del gobierno federal, y en todos los cargos de elección federal.
Asimismo, indicó que en 2020 se reformó la ley general de partidos políticos donde también se obliga a garantizar la paridad en la integración de las estructuras de las dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos, “todo esto se pierde con esta nueva iniciativa, porque no aparece, no está contemplado, y, por otro lado, se vulnera el ejercicio libre de violencia de los derechos político electorales de las mujeres”.
Precisó que el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres se vulnera a partir de las limitaciones que se proponen para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales estatales, en la observancia a los partidos políticos sobre la legalidad de las postulaciones por el principio de paridad de género horizontal y vertical.
Señaló que la asignación actual de candidaturas e hace a partir de bloques de paridad y la alternancia de género (mujer-hombre) instituido desde la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), y en las legislaciones de las entidades federativas.
Las autoridades electorales ya no podrán intervenir
Con la iniciativa se eliminaría la facultad de los órganos electorales de observar el incumplimiento y dar un plazo a los partidos para corregir las listas de candidaturas que no se ajusten a la paridad. Si aún incumplen, el INE y los órganos estatales pueden hacerlos.
Cuando se pierda esta facultad, estarán impedidos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE y las Oples para conocer, investigar y resolver en materia de paridad y en la integración de las dirigencias de los partidos, afirmó Salinas Díaz.
Aunque la paridad es constitucional, aclaró que al retirarla de la ley electoral, deja de ser vinculante y no hay manera de judicializar un conflicto cuando se trate de la vida interna de los partidos, sin la competencia de las autoridades electorales. Esto afecta el derecho activo y pasivo de las mujeres a participar en la toma de decisiones.
Asimismo, la reforma propone derogar la facultad de los órganos electorales de emitir lineamientos y reglamentos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Perdería el carácter vinculante el reglamento del INE para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, que incluye negar el registro en candidaturas a personas sancionadas en cualquier modalidad que, de acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y a deudores alimentarios, lo que implica la 3 de 3 contra la violencia política.
“Son contradicciones muy serias que afectan los derechos político electorales de las mujeres porque la paridad es un principio constitucional, un mandato regulado en la legislación secundaria que rige el sistema electoral con la que rige la integración de los tres poderes de la Unión y del gobierno federal; 80 leyes federales y generalas reformadas para garantizar este principio”.
Por estos retrocesos, confirmó que la reforma sería objeto de recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, los partidos no hacen visibles estas afectaciones a los derechos de las mujeres.
“Por el contrario, vemos que están felizmente callados, porque como lo hemos señalado hace varios años, el principal obstáculo de las mexicanas para acceder al poder y a cargos de representación popular en igualdad con los hombres, son los partidos políticos”.
Señaló que los dirigentes de los partidos “se han resistido de manera brutal” a garantizar la paridad, pero avanzó en las legislaciones y hoy se sanciona incluso como violencia política en razón de género el incumplimiento de estas obligaciones, y la sanción más fuerte es la pérdida del registro.
Si avanza la nueva legislación será un indicador de que el país no tiene una posición madura para reconocer que los partidos políticos necesitan de las mujeres no solamente por un principio de justicia retributiva y en el ejercicio del poder, “sino porque somos la mitad de la población, del padrón electoral, por eso necesitamos que estén incluidos en la democracia representativa, nuestros intereses estratégicos y nuestras necesidades prácticas”.
Insistió en que este es un momento muy delicado para la vida democrática de México, cuando derechos conquistados hoy están en riesgo de perderse.
Los únicos que pueden poner un recurso de inconstitucionalidad son los partidos, pero la Red de Mujeres ya busca acercamientos para que se incorporen estos elementos al juicio.
La denuncia de violencia familiar contra el alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Zayas, presentada por su esposa Rosalía, muestra la urgencia de legislar en Guerrero la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres para que ningún agresor pueda ocupar cargo de representación popular o por designación, señaló la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
En denuncia telefónica, pidió que el Congreso local también llame a comparecer al alcalde e inicie un procedimiento de juicio político conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas, Penales, Civiles de Servidores Públicos del Estado.
La diputada local de Morena, Beatriz Mojica Morga, a través de un boletín de prensa, confirmó la pertinencia de analizar la procedencia de juicio político contra la autoridad municipal demandada por golpear a su esposa.
A nombre de la Red, Salinas Díaz condenó de manera la agresión porque además de cometer un delito, “como autoridad municipal, es un agente del Estado mexicano que violenta derechos humanos no sólo de la víctima, sino del conjunto de ciudadanas que representa el Ayuntamiento”.
Por ello, consideró que el congreso debe llamarlo a comparecer, y aplicar la norma donde se establece que el servidor público que violen derechos humanos es sujeto de juicio político.
“Este alcalde debe ser llamado ya por el Congreso a juicio político por violación de derechos humanos, que se agrava con declaraciones que el propio presidente municipal ha hecho, donde lanza un discurso público de normalización de la violencia de género contra las mujeres”, dijo sobre una entrevista videograbada en un medio regional.
Ahí, el alcalde habría señalado que no le importa lo que hagan o diga incluso la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque el asunto es un tema familiar.
Salinas aclaró que la autoridad municipal tiene obligaciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, y ley 553 en la misma materia del estado de Guerrero, que no sólo no se están cumpliendo en Alcozauca, sino que el presidente está violando.
A pregunta expresa, señaló que la Red no ha tenido contacto con la víctima, tampoco el Nodo Regional para Prevenir y atender la violencia política contra las Mujeres que coordina su compañera Erika Garrido en la Montaña. Indicó que conocieron el caso a través de los medios de comunicación, y tienen toda su disposición de acompañar a Rosalía en el momento que lo considere necesario, desde la directiva estatal de la Red.
Gran parte de las violencias siguen
impunes, dice Muriel Salinas
Salinas Díaz destacó que ahora se discute en la Cámara de Diputados y algunos congresos locales como el de Yucatán, los criterios de elegibilidad para ocupar cargos públicos y de elección popular que incluye los de la 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres. Es decir, que quienes aspiren a los puestos no hayan sido sancionados por violencia en razón de género, política, sexual o patrimonial.
Sin embargo, denunció que aún existe una laguna legal en ese planteamiento, porque se aplicó en las elecciones pasadas y no funcionó por el elevado grado de impunidad que prevalece en el país, donde más de 90 por ciento de los delitos denunciados se encuentran impunes.
“La propuesta desde las Instituyentes y otras organizaciones nacionales es que se legisle no sólo para sentenciados, sino que, cuando haya un proceso penal iniciado sea suficiente para que la persona acusada a no pueda ser candidato o candidata a cargos de elección popular, hasta que el expediente sea resuelto”.
Si bien, es fundamental la presunción de inocencia, también lo es que autoridades realicen investigaciones eficientes y eficaces, expeditas, especializadas, con perspectiva de género y que garanticen el debido proceso, enfatizó.
La Fiscalía General del Estado y las Agencias del Ministerio Público
deben garantizar el acceso a la justicia con un enfoque de derechos humanos y de género, “y ahí es donde está el gran talón de Aquiles”.
Sobre todo, señaló que debemos creer a las víctimas, “nos preocupa muchísimo lo que señaló el alcalde, que no le importa reacción de la gobernadora, es una verdadera afrenta, necesitamos cerrar filas ante esta violencia que también es feminicida”.
Propone Beatriz Mojica separación del edil
mientras se investiga
La diputada Beatriz Mojica planteó en un comunicado que el alcalde de Alcozauca se separe del cargo en tanto la Fiscalía realiza la investigación.
Confió en que el proceso será de forma expedita y con perspectiva de género, con medidas de protección para la víctima, pues en el estado “68.8% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y la mayoría de las veces ejercida por sus parejas sentimentales, según las estadísticas del Inegi”.
Recordó que esta legislatura tiene el compromiso de seguir impulsando leyes que protejan a las mujeres y a las niñas y garantizarles una vida libre de violencia, y si es necesario señaló que deben considerar el procedimiento de juicio político contra el alcalde debido a la violación grave a los derechos humanos y la conducta antisocial que cometió.
Convocó a autoridades y sociedad en general contribuir en la erradicación de cualquier acto de violencia contra las mujeres, “nos corresponde a todas y todos prevenir, combatir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y poner especial énfasis a las regiones más alejadas y vulnerables del estado”.
