El director de Gobernación del Municipio, Ramón Montiel Mejía, respondió que se van a hacer obras en las comunidades y están en diálogo con los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), para que retiren el plantón que tienen donde se van a construir los tres pozos radiales en Aguacaliente.
Ayer al preguntarle qué hará el municipio para que el Cecop levante el plantón que inició el lunes y permitan que se reinicien los trabajos de construcción de los pozos, respondió que la política del gobierno es dialogar, “no hay política de represión, ni política del garrote, lo que estamos haciendo es dialogando con las personas”.
“Entendemos que los Bienes Comunales no es fácil porque hay muchos rezagos históricos, de muchos gobiernos anteriores que no atendieron las comunidades, entonces hemos ido avanzando, por instrucciones de la alcaldesa (Abelina López) se ha ido atendiendo algunas comunidades, como Cacahuatepec, Huamuchitos, El Cantón”, dijo.
El funcionario explicó que en varias comunidades ya se está trabajando la rehabilitación de sus sistemas de agua potable, también ya se acudió a Bella Vista Papagayo, donde se hizo un proyecto y ya se acordó la fecha de arranque de la obra el próximo año.
“En Salsipuedes este año el gobierno municipal va a pavimentar 1.5 kilómetros de carretera, la carretera que va de la vereda de Amatillo a Aguacaliente ese tramo 1.5 lo va a hacer el estado y nosotros, entonces estamos en contacto a los pueblos y viendo cómo podemos ir avanzando, porque (la construcción de los pozos) es un proyecto de alto impacto que va a beneficiar a varias colonias de Acapulco”, indicó.
Mencionó que los comuneros del Cecop argumentan que en las comunidades hay diferentes necesidades, “nosotros tenemos la mejor disposición de escuchar, de sentarnos, de trabajar y empezar a resolver, esa es la idea, que lo hagamos a través del diálogo, tenemos la disposición, la apertura y estamos haciendo la invitación para tener un diálogo respetuoso en donde nos podamos escuchar todos”.
Explicó que la construcción de los tres pozos radiales van a sustituir el sistema Papagayo II, que es una bocatoma de agua del río Papagayo y que por eso se tiene problemas de turbiedad y se tienen que apagar los equipos para evitar que se dañen y “es un sistema obsoleto que tiene más de 50 años, estos pozos que se pretenden construir van a sustituir y es lo que le explicamos porque parece que había confusión, la gente pensaba que íbamos incrementar la sustracción de agua, y no es así, una vez que los pozos en los que trabaja Conagua estén terminados se van a cancelar los que ya están”.
De la petición que haya funcionarios federales en la reunión, Ramón Montiel precisó que en las reuniones ha estado Conagua, que es la responsable de la construcción de los pozos y se está atendiendo a los vecinos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández con autoridades municipales y agrarias de Atlamajalcingo del Río, en Tlapa en conferencia de prensa en las oficinas de la organización Foto: Tlalchinollan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que la mayoría de los caminos artesanales están destruidos porque faltó planeación, no se tomó en cuenta a las comunidades y en consecuencia fueron obras de mala calidad.
El defensor de derechos humanos e indígenas, se refirió al reportaje publicado el martes y miércoles en El Sur, durante una conferencia de prensa que se transmitió por Facebook en donde autoridades municipales y agrarias de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa, denunciaron que desde hace un año el Ayuntamiento no les quiere pavimentar 400 metros de la calle Nicolás Bravo ni techar la escuela telesecundaria Ignacio Comonfort.
El Sur publicó en el reportaje que algunas carreteras artesanales de la Montaña, aún están inconclusas y permanecen sin reparación los daños mayores provocados desde el huracán John, en tanto que de parte de los alcaldes hubo irregularidades en el manejo de los recursos al grado de que en algunos hasta los muertos aparecen como trabajadores de los caminos artesanales.
“Apenas vimos un reportaje de los caminos artesanales de la Montaña, la mayoría están destruidos porque faltó planeación, no se tomó en cuenta a la comunidad, y por consecuencia, fueron obras de mala calidad”, declaró Barrera Hernández.
Indicó que, en efecto, casi el 70 por ciento de los 99 caminos artesanales están destruidos por las lluvias a partir del huracán John. “Son casi todos los que se hicieron en la Montaña”.
Reprochó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno han abandonado por décadas a las comunidades de la región de la Montaña en materia de obras y servicios públicos.
El defensor de derechos humanos cuestionó que esto ocurra a pesar de la reforma indígena, en la que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; es decir, los actos de autoridad y de gobierno comunitario son constitucionales y sus leyes y costumbres también, tienen repercusión constitucional.
“Por esa razón pedimos a las autoridades que tomen conciencia de que el Cuarto Piso del gobierno comunitario está reconocido en la Constitución y los pueblos tienen derechos, entonces hay que ser coherentes con este nuevo escenario jurídico”, señaló en referencia a que los pueblos indígenas tienen que ser consultados en la realización de sus obras.
Celebró que ahora ya se les reconozca a las comunidades un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para que lo manejen de manera autónoma de los ayuntamientos.
Afirmó que este es un buen ejercicio y una oportunidad para que demuestren que los pueblos administran bien sus recursos, son transparentes y consultan en asamblea para decir qué obras se van a realizar.
“Ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas no lo vemos en los tres niveles de gobierno, en cambio, la comunidad es muy transparente, por eso tenemos que apoyarla”.
Amagan con protestas si el Ayuntamiento de Tlapa no atiende sus demandas
Abel Barrera encabezó la conferencia de prensa en la que estuvieron autoridades municipales y agrarias, así como integrantes del Comité de Obras 2025 de Atlamajalcingo del Río, un pueblo nahua del municipio de Tlapa, quienes denunciaron que desde el 2024 el Ayuntamiento no ha pavimentado 400 metros de la calle Nicolás Bravo ni ha techado la escuela telesecundaria Ignacio Comonfort, con recursos federales del Ramo 33.
En la conferencia de prensa estuvieron el comisario municipal, Santiago Carera; el secretario de la Comisaría, Antonio Rojas; el presidente del Comité de Obras, Jovany Cano; el presidente del Comité del FAIS, Dagoberto Sierra; el comisariado de Bienes Comunales, Roberto Tapia, así como algunos principales del pueblo.
Antonio Rojas aclaró de entrada que no pertenecen a ningún grupo o partido político, sino que son genuinos representantes del pueblo. La aclaración la hizo debido a que explicaron que para deslegitimar su demanda, en el Ayuntamiento los señalan de tener intereses políticos.
Informó que el ayuntamiento solo les ofrece cien metros de pavimentación, lo que calificó como una burla, pues desde el 2024 no fueron considerados con ninguna obra y en lo que va de este año tampoco les han autorizado ninguna, “por eso exigimos los 400 metros y el techado de la escuela que está en la misma calle que queremos nos pavimenten”.
Los representantes de Atlamajalcingo del Río exigieron una reunión con el presidente municipal Gilberto Solano Arreaga.
Advirtieron que si no los atiende, los pobladores están dispuestos a realizar actividades de protesta “hasta que logremos lo que por derecho nos corresponde”.
Barrera Hernández explicó que Atlamajalcingo del Río es un pueblo que lucha, como todos, “pero de parte de las autoridades municipales hay un maltrato a las comunidades que no tienen lo básico para tener una vida digna”.
Reprochó: “No hay inversión en general de los ayuntamientos para revertir el rezago social que hay en las comunidades rurales e indígenas”.
Indicó que por ello, Tlachinollan apoya las demandas de Atlamajalcingo del Río y de muchas comunidades a las que no les resuelven sus demandas.
“Tenemos información de que al comisario municipal de Atlamajalcingo pasado, ni si quiera lo dejaron entrar a las reuniones del Coplademun. No supo qué pasó, al grado que las consecuencias fueron malas. No apareció Atlamajalcingo del Río programado para una obra”.
“Hay muchas comunidades en los municipios donde no hay obras prioritarias en las comunidades, lo que si hay son obras de relumbrón, obras nomas para salir del paso, mientras que los pobladores tienen que transitar por charcos y charcos que hay en las carreteras, caminos y calles porque no se las pavimentan.
Citó como ejemplo la cabecera municipal de Tlapa, donde en todas las salidas hay charcos y charcos porque no hay obra pública.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, el representante del Consejo de Cacahuatepec, Guadalupe Delgado del Carmen, de Huamuchitos Mario Estrada Bailón y el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García en la asamblea por el 22 aniversario del Cecop, en El Fraile, en Cacahuatepec Foto: Jesús Trigo
Ramón Gracida Gómez
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) conmemoró ayer 22 años de lucha y exigió justicia por el asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz y la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico mediante un decreto.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que a tres meses del crimen consumado el 25 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) “no tiene avances en las investigaciones y los autores materiales e intelectuales siguen libres”.
El acto se llevó a cabo bajo una techumbre del embarcadero de El Fraile, cruce del río Papagayo a la localidad de Cacahuatepec, y fue moderado por el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, quien leyó después de un minuto de silencio y consignas, una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de pedirle una reunión.
La misiva que será entregada al jefe de asesores de Sheinbaum, le dice que el Cecop “valora positivamente” su afirmación de que el proyecto de la presa está cancelado, pero “debe concretarse mediante un decreto que cancele de manera definitiva la construcción de la presa y por lo tanto el despojo y el desastre ecológico. De acuerdo con los protocolos internacionales, hasta ahora el proyecto sólo está suspendido”.
Además, “pedimos se dé continuidad a los esfuerzos realizados por su gabinete de Seguridad, para esclarecer el asesinato de nuestro vocero y dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz hasta alcanzar la justicia y superar todo resquicio de impunidad”.
La carta recuerda que López Obrador dijo que el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, “pero sabemos ahora hay otro grupo de poder que no es exactamente el Estado y que son quienes están haciendo el trabajo sucio al Estado porque eso es lo que pasó con Marco”, apuntó Rodolfo Chávez.
La misiva pide justicia “para que no se repitan actos de represión como el operativo policiaco-militar ejecutado por el último gobernador priista (Héctor Astudillo Flores) el 7 de enero de 2018 que por medio de ejecuciones extrajudiciales elevó a 10 el número de compañeros asesinados y 38 los encarcelados”.
Como vía para alcanzar la justicia y la paz, el Cecop respalda la iniciativa de ley de castigo a la extorsión “y eso toca precisamente al esclarecimiento de Marco”, expuso Rodolfo Chávez, quien externó después la petición de justicia que le decía por teléfono uno de los tres presos políticos del Cecop, Modesto León Jacinto; los otros dos encarcelados en Las Cruces son Maximino Solís Valeriano y Rodrigo León Jacinto.
Frente a unas 100 personas, la mitad de fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, lamentó la asistencia “poquititos compañeros de las comunidades, quiero pensar que están cansados, quiero pensar que tienen miedo y no quiero pensar que ya no quieren seguir la lucha porque eso sí es una derrota”.
Leyó una carta de Tlachinollan dirigida al finado vocero del Cecop en la que dice que el movimiento se extendió por toda América Latina “porque transmitía la buena vibra de su lucha, porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar las organizaciones comunitarias, el Cecop se conformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio”.
“No hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y que cotidianamente asesina sin que las autoridades den golpes certeros a los responsables para desmantelar las estructuras delictivas que desangran la vida en Acapulco”.
Tlachinollan menciona que “al principio culpaban a la familia de los nulos avances, hoy que han colaborado y aportado elementos decisivos para el esclarecimiento, las investigaciones siguen estancadas”.
Los primeros oradores fueron consejeros de algunas comunidades que “están llevando adelante el trabajo que por muchos años llevó Marco Antonio Suástegui”, un consejo del Cecop, expuso Rodolfo Chávez.
Una de ellas es Martha Hernández, de la comunidad El Cantón, quien recordó el inició del movimiento el 28 de julio de 2003 con un plantón contra el proyecto hidroeléctrico en el que participaron las comunidades proyectadas a ser desplazadas como Garrapatas y Arroyo Verde, y la resistencia contra los gobiernos estatales, por ejemplo, del perredista Zeferino Torreblanca.
A un costado del altar con la foto de Suástegui Muñoz, Mario Estrada, de Huamuchitos, lamentó la ausencia del vocero del Cecop, pero afirmó que el movimiento “está de pie y no vamos a dar marcha atrás”.
Maricela Navidad Dorantes, de Salsipuedes, pidió a las organizaciones sociales presentes que no los abandonen “porque lo que queremos es justicia para nuestro compañero”.
Con una lona con el rostro de Suástegui, sonriendo, Gimeldo Morales, de Rancho las Marías, expuso que es nuevo en el movimiento al que se unió porque el vocero del Cecop siempre buscaba lo mejor de las comunidades y evitar que “los gobiernos, los ricos, se apoderaran de nosotros”.
Acudieron campesinos de Cacahuatepec, El Campanario, Cruces de Cacahuatepec, El Carrizo, Las Parotas, Los Ilamos, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Amatillo y Las Chanecas; la Policía Comunitaria vigiló el perímetro, y la Guardia Nacional estuvo en el inicio del acto.
Con machete en mano, la integrante del movimiento de San Salvador Atenco, Hortencia Ramos, reivindicó la participación de las mujeres de distintas comunidades con la comida que llevaron, “cuando una resistencia, un pueblo es masacrado, criminalizado por el gobierno, y nuestros compañeros son detenidos, las que damos la cara somos las mujeres”.
Antes del inicio formal del evento casi a las 12 del día, el histórico dirigente de Atenco, Ignacio del Valle, remarcó la hermandad de este pueblo del Estado de México con los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la lucha de ambos contra proyectos que les quitarían sus tierras.
El responsable de la comisión política en Acapulco de la CETEG, Walter Añorve Rodríguez, pidió la presentación con vida del hermano de Marco Antonio, Vicente Suástegui, desaparecido en 2021.
Del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Eloy del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde destacó la lucha del Cecop por defender los ríos de México alzando “su voz para seguir fluyendo libres de megaproyectos de muerte y limpios de tóxicos”.
Gloria, de Cooperación Comunitaria, indicó que junto con el Consejo Indígena y Mestizo para el Desarrollo Rural y Ambiental en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y las comunidades, tienen la responsabilidad de “transitar de la defensa del territorio a la producción del mismo”.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón, subrayó que los gobiernos del PRI y el PAN persiguieron y torturaron al vocero del Cecop, pero su asesinato ocurrió cuando los tres órdenes de gobierno son de Morena.
Rosalinda Gutiérrez Terrones, del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero, dijo al gobierno federal, a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas trasnacionales, “que se siguen afilando sus pezuñas para rapiñar nuestras riquezas naturales, que estas tierras surianas y el río no se venden, se respetan y se defienden”.
Del Movimiento Socialista del Poder Popular, Héctor Valadez, dijo que la muerte de Suástegui “es un gran golpe para el movimiento ecosocialista a nivel mundial y nacional, unos días antes de su asesinato había firmado un pronunciamiento internacional para un encuentro de todas las organizaciones que luchan en contra de la depredación capitalista”.
Estuvieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, Fomento Social Banamex y Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos.
El gestor de la carretera Costa Chica-Montaña, Miguel Santiago Lorenzo, informó que este año se aprobaron 200 millones de pesos para esta vía que fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que se necesitan más de mil millones para 61.5 kilómetros.
Esta carretera conectaría los tramos Alacatlatzala, Huehuetepec, Zitlaltepec, San Marcos, Ojo de Pescado, Chilixtlahuaca, Llano Perdido, Chimalapa y Llano Grande.
En declaraciones telefónicas, aclaró que durante esta administración de la presidenta Claudia Sheimbaun Pardo, los gestores y autoridades comunitarias han ido cinco veces en comisiones y para manifestación a Ciudad de México.
Este miércoles, indicó que vieron a la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez Pozos, quien les informó que había 200 millones para esta carretera y que podría aumentar. Consideró que la información tampoco era muy clara.
Sin embargo, Santiago Lorenzo aclaró que no pueden confiarse, porque en la administración federal anterior sólo les dieron largas.
Recordó que esta ruta fue abierta por madereros, que luego se amplió con la gestión de la organización 500 años de Resistencias Indígenas, sin intervención de los ayuntamientos.
En 2021, durante la primera gira del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que gestores y autoridades lo abordaron en la carretera y él se comprometió a construir la carretera.
“Nos dijo que la comunicación iba a ser con la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), para tener un enlace con él, a través de ella”.
Señaló que la gobernadora designó a su secretario particular, al ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, como enlace, quien les decía que el trámite avanzaba pero no llegaban los ingenieros a tomar medidas para elaborar el proyecto.
Hasta el 22 de octubre, dijo, tuvieron una reunión con funcionarios de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
En junio de 2022, cuando López Obrador regresó a revisar las obras de caminos artesanales, también lo abordaron en el crucero de Malinaltepec, para insistir en la urgencia de la elaboración del proyecto y les pidió que confiaran en él.
Antes de la siguiente gira, de 2022, aclaró que ya habían ido los ingenieros a tomar las medidas y las autoridades de las comunidades del tramo carretero volvieron a abordar al presidente en la comunidad Aquilpa, Tlapa, y López Obrador confirmó ante medios de comunicación que se iba a construir la carretera. Ahí mismo, instruyó al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara.
Indicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 644 millones de pesos para la obra, que no se ejecutaron, a pesar de la insistencia y las visitas de los pueblos al Palacio Nacional, y que la Secretaría de Infraestructura de Comunicación y Transportes (SICT) licitó la obra en tres tramos, para que diferentes empresas trabajaran más rápido.
Incluso, recordó que las empresas les pidieron terrenos para el cribado del material pétreo. Pero el 15 de mayo de 2024, en Tlapa, se reunieron cientos de autoridades comunitarias para el seguimiento de la carretera, para ver a funcionarios de la SICT, que no llegaron.
Cuándo la comisión fue a Ciudad de México para preguntar qué pasaba, les dieron la falsa esperanza de que iban a iniciar con 5 kilómetros. Cosa que nunca se realizó.
Hoy, dijo que llevan cinco viajes a Ciudad de México en la nueva administración, en comisiones, y con 400 personas cuando se estaba aprobando el presupuesto en la Cámara de Diputados.
Indicó que este miércoles, la presidenta de la Comisión de Presupuesto no les dio información precisa, sólo dijo que se etiquetaron 200 millones de pesos para la obra, pero podría aumentar el monto.
También les pidió que no hagan ruido, que no se manifiesten, porque la obra es prioridad en la actual administración y se va a construir. Señaló que es una petición recurrente de los funcionarios de gobierno.
El investigador de la UAG y ex delegado de Semarnat, Octavio Klimek Alcaraz, consideró que es necesario lograr una discusión para enlazar los estudios en materia de prevención de desastres naturales con los tomadores de decisiones, para generar una política pública articulada desde las comunidades, porque no se puede seguir con estrategias verticales que “evidentemente no han funcionado” durante décadas.
Consultado vía telefónica sobre el estudio de la UNAM, publicado en El Sur, que destaca que los manglares pudieron reducir el impacto del huracán Otis el año pasado y que desde la década de los 80 Guerrero ha perdido la mitad de estos ecosistemas costeros, recordó que es bien conocido que son en verdad defensas ante fenómenos naturales como las tormentas, aunque no se puede predecir qué tanto será el grado en que puedan impedir que se propicie un desastre, porque no se debe solamente a la destrucción del manglar sino también a otras causas, como la destrucción de los humedales y vegetación, que está generando que los huracanes, incluyendo John, se conviertan en un verdadero desastre.
“Lo que sabemos y está comprobadísimo es de que todo este tipo de conservar humedales pues propicia que se prevea, que se proteja, ante fenómenos naturales extraordinarios la posibilidad de un desastre”, expuso. Celebró que se produzcan este tipo de estudios porque lo que se necesita es más información, como también ha recabado la UAG a raíz de Otis, y que es lo que ayudará a la toma de decisiones.
El también articulista de El Sur, consideró que lo que se tiene que hacer para la reducción de desastres es lograr proteger ese tipo de áreas e incluso restaurar, “conectar” los estudios de investigación que se hacen para prever con la política pública, y “es ahí donde está el problema”.
“Hay muchas áreas a lo largo y ancho de la costa, y el caso de Diamante, digamos la cuenca baja del río de La Sabana que drena hacia la Laguna de Tres Palos, pues todos sabemos que la urbanización salvaje pues hizo de las suyas”, dijo al mencionarle las zonas de humedales donde se desarrollaron viviendas.
A pregunta expresa de qué opina de que después de más de un año de Otis poco se ha hecho para recuperar estos ecosistemas, opinó que no se ha logrado tener una discusión con todos los órdenes de gobierno y tomadores de decisiones, con un enfoque para prevenir, a través de reducir la generación de desastres, con el manejo de ecosistemas, que se requiere para los próximos años, para que se articulen ese tipo de políticas públicas tanto en la parte rural como la urbana y lograr impulsarlas.
Sobre qué acciones deberían establecer los gobiernos de manera urgente para atender la problemática, insistió que se debe propiciar la discusión para generar una política pública articulada “que venga incluso desde las comunidades (rurales y urbanas), de abajo hacia arriba, no podemos seguir teniendo políticas públicas verticales”, sino que, explicó, las opciones son el manejo de soluciones con la naturaleza y con base en la adaptación ante el cambio climático.
“Es un tema que en los próximos tiempos por venir, yo espero que en el más corto plazo posible, podamos lograr, que comprendamos que las soluciones, más que a veces de infraestructura necesariamente, la soluciones más propicias son las que van con la naturaleza y que son procesos, no podemos decir que de la noche a la mañana vamos a cambiar décadas de políticas públicas que evidentemente no han funcionado”, enfatizó.
Klimek Alcaraz añadió que con las investigaciones de la UAG luego de Otis, que propiciaron libros y trabajos, se están haciendo acciones, por lo menos de manera piloto, de restauración de manglares en la zona costera, pero que se deben hacer más del conocimiento público y que los tomadores de decisiones realmente conozcan este tipo de información.
Unos 200 vecinos de las comunidades de El Ranchito, Tasajeras, Aguacaliente y Vista Alegre, asentadas en la zona rural de Acapulco, bloquearon cinco horas y media la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir que sean censados porque aseguraron que tuvieron afectaciones por el huracán John.
Después de las 9 de la mañana, los inconformes cerraron los dos sentidos de la vía federal que conecta a la región de la Costa Chica, en la vereda de Cacahuatepec.
Los manifestantes afirmaron que fueron excluidos por los Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar, porque no censaron a las comunidades mencionadas, y a otros pueblos cercanos sí como Amatillo y Salsipuedes.
Señalaron que el río Papagayo se desbordó durante el huracán John y tapó de agua el primer nivel de las casas, y tuvieron daños en muebles y estructuras de material.
Reclamaron que no hubo un refugio temporal del gobierno municipal, solamente uno de manera provisional que el pueblo habilitó y criticaron que no hay ningún tipo de ayuda, y se requiere agua, alimentos, medicinas y máquinas para abrir caminos.
“Tasajeras quiere censo”, “El poblado de El Ranchito no ha sido censado”, “Pedimos el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum al igual que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solución al censo”, fueron algunos de los mensajes en las pancartas que mostraron.
En declaraciones a El Sur, la vecina de la comunidad de El Ranchito, Araceli García, exigió el censo por parte de los Servidores de la Nación, debido a que fueron afectados sus casas por el huracán John, en las comunidades de El Ranchito, Tasajeras, Aguacaliente y Vista Alegre.
Contó que el río Papagayo se desbordó y alcanzó un nivel de sus casas y reclamó que no han ido a verificar los daños.
Añadió que otras comunidades aledañas como Salsipuedes y Amatillo, los habitantes ya fueron censados, “nos están excluyendo del programa federal”.
“No nos han tomado en cuenta, nos tienen abandonados, el censo está por terminar y muestras casas están llenas de lodo”, señaló.
Criticó que durante el huracán John no hubo rescate de las personas que estaban en sus azoteas, “andaban presumiendo que ayudaron a la población, pero en la zona rural la tienen en el olvido”.
Se quejó que el Ayuntamiento no habilitó un refugio temporal en las comunidades mencionadas, “nosotros nos fuimos por nuestra propia cuenta a las iglesias y escuelas”.
La vecina de El Ranchito, Olga Arizmendi, dijo que se cayeron 30 metros de barda y una loza de un baño en su casa, “por eso estoy aquí para que nos apoyen”.
Los inconformes retiraron el bloqueo de la vía federal a las 2:30 de la tarde y fueron atendidos por la trabajadora de la Secretaría del Bienestar, Miramar Eizaida Cortés, quien se comprometió a verificar los daños.
Unos 200 vecinos de las comunidades de El Ranchito, Tasajeras, Aguacaliente y Vista Alegre, asentadas en la zona rural de Acapulco, bloquearon cinco horas y media la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir que sean censados porque aseguraron que tuvieron afectaciones por el huracán John.
Después de las 9 de la mañana, los inconformes cerraron los dos sentidos de la vía federal que conecta a la región de la Costa Chica, en la vereda de Cacahuatepec.
Los manifestantes afirmaron que fueron excluidos por los Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar, porque no censaron a las comunidades mencionadas, y a otros pueblos cercanos sí como Amatillo y Salsipuedes.
Señalaron que el río Papagayo se desbordó durante el huracán John y tapó de agua el primer nivel de las casas, y tuvieron daños en muebles y estructuras de material.
Reclamaron que no hubo un refugio temporal del gobierno municipal, solamente uno de manera provisional que el pueblo habilitó y criticaron que no hay ningún tipo de ayuda, y se requiere agua, alimentos, medicinas y máquinas para abrir caminos.
“Tasajeras quiere censo”, “El poblado de El Ranchito no ha sido censado”, “Pedimos el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum al igual que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solución al censo”, fueron algunos de los mensajes en las pancartas que mostraron.
En declaraciones a El Sur, la vecina de la comunidad de El Ranchito, Araceli García, exigió el censo por parte de los Servidores de la Nación, debido a que fueron afectados sus casas por el huracán John, en las comunidades de El Ranchito, Tasajeras, Aguacaliente y Vista Alegre.
Contó que el río Papagayo se desbordó y alcanzó un nivel de sus casas y reclamó que no han ido a verificar los daños.
Añadió que otras comunidades aledañas como Salsipuedes y Amatillo, los habitantes ya fueron censados, “nos están excluyendo del programa federal”.
“No nos han tomado en cuenta, nos tienen abandonados, el censo está por terminar y muestras casas están llenas de lodo”, señaló.
Criticó que durante el huracán John no hubo rescate de las personas que estaban en sus azoteas, “andaban presumiendo que ayudaron a la población, pero en la zona rural la tienen en el olvido”.
Se quejó que el Ayuntamiento no habilitó un refugio temporal en las comunidades mencionadas, “nosotros nos fuimos por nuestra propia cuenta a las iglesias y escuelas”.
La vecina de El Ranchito, Olga Arizmendi, dijo que se cayeron 30 metros de barda y una loza de un baño en su casa, “por eso estoy aquí para que nos apoyen”.
Los inconformes retiraron el bloqueo de la vía federal a las 2:30 de la tarde y fueron atendidos por la trabajadora de la Secretaría del Bienestar, Miramar Eizaida Cortés, quien se comprometió a verificar los daños.
Personas esperan el paso en el poblado Kilómetro 21 en donde las lluvias del huracán John derribaron el puente Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
Vecinos de diferentes comunidades de la zona rural que se quedaron incomunicadas por el colapso del puente del poblado El Kilómetro 21, por las lluvias provocadas por el huracán John, usan una escalera para poder cruzar el río.
Con cuerdas las personas son aseguradas para evitar caerse cuando suben las escaleras que tienen una altura de más de 20 metros; por otro lado, amarran una caja para bajar los víveres o pertenencias de las personas que cruzan.
A las 9 de la mañana había unas 30 personas formadas en el puente, fueron del centro hacia las comunidades rurales, algunos iban para saber cómo están sus familiares y llevarles algunos víveres; del otro lado del puente había unas 50 personas formadas, unos venían por víveres o para presentarse a su lugar de trabajo o para comprar medicamentos.
El puente del Kilómetro 21 comunica a poblados como Paso Texca, El Kilómetro 30, Xaltianguis, Xolapa, además es la vía para llegar a Chilpancingo por la carretera federal. La falta de esta vía provoca que los camiones recolectores de basura no puedan llevar los residuos al relleno sanitario.
José Guadalupe, junto con otras personas más, decidió colocar la escalera para que las personas pudieran llegar hasta la zona urbana de la ciudad.
Aunque en el lugar algunas personas cruzan el río caminando.
“Estamos improvisando un acceso para la gente que viene y va a sus centros de trabajo o que llevan víveres”, dijo José; él trabaja en un restaurante en la zona Diamante, pero actualmente decidió apoyar para que las personas puedan cruzar.
Recordó que con el huracán Paulina “esto no nos había afectado, el huracán Ingrid y Manuel tampoco, con Otis el puente se fracturó un extremo de lado izquierdo, y el año pasado que lo arreglaron hicieron una estructura obsoleta que en vez de meter varilla, pusieron malla que no servía”.
Consideró que el nivel del agua del río subió unos 10 metros, con Otis dijo que fue menos, “pero hoy fue mucha más agua”.
Para realizar esa labor reciben una cooperación voluntaria de las personas, otras les llevan agua o comida, porque empiezan desde las 5 de la mañana hasta 10 u 11 de la noche, en ese lapso pasan unas 700 personas de ida y vuelta.
Comentó que hay personas “que están cruzando por el río, pero corren el riesgo de que los arrastre porque hay piedras y la arena está muy floja, dan un paso y se hunden, pero hay quienes deciden cruzar por el río”.
Porfirio es vecino del poblado del Kilómetro 22, ayer utilizó las escaleras para cruzar el puente, dijo que en su comunidad la lluvia provocó también daños, “fue una situación de pura agua, terrible, así que estamos incomunicados porque allá está roto adelante del 22 se cayó un pedazo del relleno que pusieron”.
“¿Cómo ve usted al gobierno que tenemos?, no hay quien trabaje, no hay quien ayude, no vienen de la Guardia Nacional o Ejército, ayer vinieron, pero nada más vinieron a tomar fotos y se fueron, después volvieron a tomar más fotos, pero no dieron solución”, dijo.
Reprochó que para su comunidad ningún soldado o empleado del gobierno ha acudido y en esa zona “también hizo feo, se metió el agua a las casas, los arroyos también crecieron bastante y hay casas que están con lodo y agua”.
Salió de su casa hacia el centro de la ciudad para hacer un “mandado, pero al rato voy a regresar más”.
Otras personas que venían de comunidades como Paso Texca, el poblado de El Kilómetro 30, Xalatianguis, el Kilómetro 42 y 49 comentaron que tienen que transbordar para buscar comida, agua, y que hay comunidades a las que no se puede pasar, como en La Providencia donde se dañaron los puentes.
Agentes de la Guardia Nacional resguardan la tortillería El Guayabo ubicada en la colonia Vicente Guerrero, en dónde dos mujeres fueron atacadas a balazos; una de ellas murió en el lugar, mientras la otra falleció cuando era atendida en un hospital Foto: Carlos Carbajal
Redacción
Dos mujeres y cuatro hombres, uno de ellos taxista, fueron asesinados a balazos ayer en la jornada violenta en Acapulco.
Ayer en la mañana, dos mujeres, la dueña y una empleada, fueron asesinadas en un ataque a balazos contra una tortillería ubicada en la colonia Vicente Guerrero.
El crimen fue reportado a las 9:22 de la mañana, en una esquina de la concurrida calzada conocida como carretera México-Acapulco, cerca de La Cima.
El reporte policiaco indica que hombres armados rafaguearon la tortillería El Guayabo.
Ante esta situación, la dueña murió al instante tras el ataque a balazos, y quedó adentro del establecimiento, mientras que la empleada resultó lesionada, fue atendida por paramédicos, y después trasladada a un hospital.
Sin embargo, la herida murió minutos después en el hospital Donato G. Alarcón, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento.
La empleada de la tortillería, se llamó Cruz Olivia, de 39 años, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
En otro caso, dos hombres fueron asesinados a balazos, en la comunidad de La Concepción, asentada en la zona rural de Acapulco.
El doble crimen fue reportado a las 9 de la mañana en la carretera principal, de acuerdo con el expediente ministerial.
El reporte policiaco establece que hombres armados atacaron a balazos a sus víctimas cuando iba caminado, al parecer iban al campo.
Pobladores de la comunidad avisaron a los familiares y éstos se llevaron los cadáveres a sus casas.
Los parientes solicitaron los servicios de paramédicos, sin embargo los hombres ya no tenían signos vitales.
Una de las víctimas se llamó Martín, de 30 años, y el otro no quisieron dar su nombre, porque los familiares no permitieron las diligencias de las autoridades.
Por otro lado, un taxista fue asesinado a balazos en Ciudad Renacimiento.
El crimen fue reportado a la 1:18 de la tarde en el sitio ubicado entre el bulevar Vicente Guerrero y el Eje Central, en la zona de bancos, indica el informe ministerial.
Testigos dijeron que hombres armados sin mediar palabras se le acercaron al taxista y le dispararon a quemarropa.
Paramédicos brindaron los primeros auxilios, sin embargo el hombre ya no tenía signos vitales.
Más tarde se supo que el taxista se llamó Flores Navarro, de 53 años, según el expediente del Ministerio Público.
Por otra parte, un hombre desmembrado fue encontrado en bolsas de plástico en el poblado de Los Órganos, ubicado en la zona rural de Acapulco.
El hallazgo fue reportado a las 12:45 de la noche de este lunes, a un costado de la carretera federal México-Acapulco, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados arrojaron el cuerpo desde un automóvil Nissan-Tsuru. Al huir los agresores detonaron armas al aire. El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco.
Con estos casos suman 26 muertos en este mes, presuntamente del crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.
Además, un automóvil baleado y chocado fue encontrado en la glorieta de Aguas Blancas.
El hallazgo fue reportado a las 10 de la mañana, entre las colonias Carabalí y Aguas Blancas, de acuerdo con el expediente ministerial.
Mediante una llamada de emergencia agentes fueron alertados de un automóvil abandonado.
Durante la revisión policías encontraron dos impactos de arma en el automóvil y además estaba chocado.
El reporte policiaco indica que hombres armados abandonaron el automóvil gris Nissan-Tiida.
Cerca del lugar donde se halló el automóvil abandonado, baleado y chocado, esaá el plantón de los vecinos que solicitan agua potable por tubería, en la garza ubicada en la glorieta de Aguas Blancas.
La dirección de Salud municipal este miércoles llevó a cabo la fumigación contra el dengue en comunidades de la zona rural del Acapulco y reiteró el llamado a colaborar retirando los recipientes que almacenan agua y que generan el criadero de los mosquitos transmisores de dicha enfermedad.
El director de Salud Pública, Yonatan Francisco Morales, informó que la acción de fumigación en la zona rural es para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chinkungunya y que se hizo en las comunidades de Los Órganos, Kilómetro 21, Kilómetro 30, Xolapa, Piedra Imán y La Providencia, pero se tiene que ampliar a otras localidades para prevenir esas enfermedades.
Agregó que en esa actividad también participó el área de Vectores quien llevó a cabo la fumigación intradomiciliaria, es decir que entraron a las casas, en la comunidad de Paso Texca y se instaló un módulo para entregar abate a los vecinos. Se informó que en ese módulo itinerante se atendieron a 720 personas.
El funcionario municipal aseguró que el gobierno municipal intensifica las medidas preventivas contra el dengue, el zika y la chinkungunya en las colonias y comunidades, pero reiteró el llamado a los ciudadanos para que hagan la parte que les corresponde en sus hogares como es eliminar los cacharros en sus viviendas, que volteen o tapen los recipientes donde almacenan agua, tirar lo que ya no utilizan y mantener limpios sus espacios.
Francisco Morales pidió a los ciudadanos que si presentan algún síntoma relacionado con cualquiera de las enfermedades mencionadas no se automediquen y acudan al centro de salud más cercano para evitar que se complique el cuadro clínico. Como han venido informando las autoridades el municipio de Acapulco sigue siendo el que tiene más casos de dengue en el estado.
