Trabajadores del hospital Donato G. Alarcón, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento, adheridos a la subsección 04 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) tomaron el área de gobierno para exigir la salida del jefe de Recursos Humanos, Ariel Terrazas Téllez, a quien acusan de crear un clima de hostigamiento.
Además, de tener la plaza de auxiliar de Enfermería sin cubrir el perfil porque las carreras que tiene es de licenciado en Trabajo Social y otra en Derecho por lo que dijeron los manifestantes con ninguna carrera justifica el código que ostenta y tampoco que tenga el puesto de Recursos Humanos.
Al funcionario lo señalan de poner en la lista a gente no no va a trabajar, pero en diciembre reciben los estímulos económicos que se otorgan. Además, señalaron que otros nada más van a checar sin trabajar, por lo que exigen la intervención de las autoriades de Salud porque eso afecta a los pacientes porque en ocasiones una enfermera tiene que atender la salud de 10, a veces en estado crítico.
Desde las 7 de la mañana los manifestantes cerraron con candados el acceso a dichas oficinas, donde se encuentra la dirección y otras áreas administrativas, para denunciar hostigamiento laboral del funcionario, a quien señalan de ser allegado a la ex delegada sindical Raquel Estrada Villaseñor, quien el año pasado fue destituida del cargo tras los mismos señalamientos de acoso a los trabajadores.
La enfermera jefa de piso, Marlene Delgado Velasco, dijo que estaban en el movimiento para pedir la destitución del jefe de Recursos Humanos, Ariel Terrazas Téllez, a quien señalan de hostigamiento y favoritismo a personas que nada más vienen, checan y se van y “ese personal son acreedores a todos los estímulos que se dan en el hospital”.
Dijo que la petición de destitución del funcionario ya se hizo de manera verbal y escrita a la dirección del hospital y también han pedido la intervención del sindicato que encabeza Beatriz Vélez.
Añadió que el documento entregado está respaldado con más de 280 firmas de trabajadores que piden la destitución del funcionario.
Los inconformes colocaron pancartas donde se leía: “No más hostigamiento laboral. Basta de corrupción. Fuera Ariel Terrazas” y “Fuera el jefe de Recursos Humanos”.
Durante la protesta no fue afectada ninguna de las áreas de atención hospitalaria y urgencias, sólo las áreas de gobierno.
Padres de familia del preescolar Indígena Guadalupe Victoria de la colonia Sinaí, en Acapulco, cerraron las instalaciones para exigir la salida de la directora t Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Padres de familia del Centro Preescolar Indígena Guadalupe Victoria, ubicado en la colonia Sinaí en Acapulco, cerraron las instalaciones para exigir la salida de la directora por irregularidades.
El centro preescolar se ubica en la calle Tierra Blanca de la colonia San Miguel, correspondiente a la Sinaí, parte alta de la Emiliano Zapata.
“Exigimos nuestros derechos, fuera directora”, “Basta de corrupción”, “El preescolar se abrirá hasta que vengan las autoridades de Chilpancingo”, fueron algunas pancartas mostradas.
Los inconformes no fueron atendidos por ninguna autoridad de educación y advirtieron que hoy volverán a cerrar la escuela hasta que cambien a la directora.
En declaraciones, la presidenta del comité de padres de familia, María del Carmen Evangelista de la Cruz, exigió la salida de la directora Ana Lilia Vázquez Mendoza por varias irregularidades.
Añadió que la directora no rinde cuentas de la aportación de la cooperativa, de las inscripciones y de la clausura del año pasado.
Indicó que supuestamente el dinero lo iba a ocupar para comprar un aire acondicionado minisplit, y no lo hizo, y tampoco hay mejoras en la escuela.
Se quejó que la directora tiene solamente registrados 29 niños en plataforma de 64.
Manifestó que el supervisor no puede autorizar una maestra para tercer grado, maestro de educación física e intendente por falta de niños, porque “nada más tiene registrados 29 y con 64 sí lo pueden autorizar”.
“La justificación de la directora es que no se dio cuenta cuando se abrió la plataforma para ingresar a los niños, es una falta de profesionalismo”, reclamó.
Advirtió que no abrirán la escuela hasta que la directora sea removida y se solucionen los problemas.
“Los más afectados son los niños, pero queremos el bien para ellos, que queremos ponerle su aire acondicionado”, concluyó.
Punto negro de basura en la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia La Providencia, en donde no hay contenedor Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
El coordinador de Servicios Públicos Municipales, Leonardo Daniel Moya Fosado, informó que los pobladores de Paso Texca retiraron la toma del acceso principal del relleno sanitario y desde ayer martes los camiones depositan la basura en dicho lugar.
Por la mañana en varias calles de la ciudad se constató que había montones de bolsas con residuos sólidos en las banquetas que dejan ciudadanos, lugares donde había contenedores y que ahora no hay y zonas en donde se lee prohibido tirar basura.
Aunque no precisó cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó con los vecinos, dijo que los inconformes fueron “solidarios con Acapulco” y ayer por la tarde permitieron el paso a los camiones, que ya no se tira la basura en el predio de Los Órganos.
El funcionario dijo que hoy miércoles se van a reunir con los vecinos de Paso Texca y que se van a leer los acuerdos a los que llegaron, sin dar más detalles, y que la recolección se normalizó, los camiones están llevando la basura al relleno sanitario.
Fueron cuatro días y medio que estuvo cerrado el acceso principal al relleno sanitario por los pobladores de Paso Texca, que colocaron tubos de cemento en la entrada para exigir al gobierno renovar el contrato que se venció el jueves de la semana pasada.
Moya Fosado precisó que la recolección de basura en las colonias nunca se detuvo, que los camiones estuvieron llevando de manera temporal a un predio en el poblado de Los Órganos, pero que desde ayer por la tarde empezaron a llevarla al relleno.
Los camiones del Ayuntamiento, del gobierno del estado y de la federación empezaron a llevar los desechos al relleno después de las 3 de la tarde.
Explicó que la Dirección de Saneamiento Básico cuenta con 61 camiones recolectores, los cuales hacen de dos a tres viajes al día al relleno sanitario, llevan en promedio de 8 a 11 toneladas cada camión y las colonias con más volumen de desechos son aquellas con más concentración de habitantes, como fraccionamientos y el Centro de la ciudad.
Además de la unidad habitacional Coloso, Infonavit, Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, los mercados y los restaurantes, centros comerciales y lo que más se recolecta son residuos sólidos domésticos y en algunos casos escombros de remodelación de viviendas.
El funcionario detalló que a pesar de las brigadas para retirar los residuos sólidos que dejan en las calles para tenerlas limpias, han localizado varias áreas en donde la población deja las bolsas, como Palomares y Adolfo López Mateos.
“Vamos a apegarnos al Bando de Policía, al reglamento que dice que cuando pase el camión recolector tiene que salir uno, no sacarla a la vía pública, y lo vamos a hacer porque los camiones sí pasan, estamos supervisando”, dijo, e indicó que se va empezar con un programa de horarios en el fraccionamiento Insurgente, Progreso, Ejido, Mozimba y Palomares para dar certeza a la población de quá día y hora pasará el camión.
Banquetas con basura
Por la mañana en un recorrido en diferentes puntos de la ciudad se constató que ciudadanos dejan bolsas de plástico con los desechos sólidos en banquetas, en donde antes había contenedores y en los que se lee que se prohíbe tirar la basura.
En la colonia Alianza Popular, antes de llegar a la Escuela Secundaria de Trabajadores, ahí había un contenedor de basura, pero fue retirado, pero las personas siguen dejando sus bolsas en la banqueta, cerca de un poste de la Comisión Federal de Electricidad.
Sobre la misma avenida Ruiz Cortines, en la colonia La Laja, los dos contenedores que están frente al mercado estaban vacíos y no había basura, más adelante en la calle del Canal de la colonia Quebradora sí había varias bolsas de plástico con basura.
En el mercado de la 20 de Noviembre, donde antes estaba un compactador, a las 11 de la mañana había poca basura acumulada y de acuerdo con los locatarios el camión pasa hasta dos veces a recoger los desechos.
En la Y griega, las autoridades quitaron el contenedor, pero los vecinos siguen dejando sus bolsas de basura en dicho lugar; en otro punto donde también se constató que había varios puntos con basura fue en la avenida Rancho Acapulco, en uno de ellos en una pared escribieron que se prohíbe tirar no se respeta y dejan las bolsas en la calle.
En la colonia Chinameca, a un costado del colegio La Salle, también las personas dejan las bolsas en la calle, en dicha calle además hay un escurrimiento de aguas residuales de una alcantarilla que se colapsó.
Los integrantes del Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Sergio Ceballos y Elba Janeth Galeana en conferencia de prensa Foto: Carlos Carbajal
Karina Contreras
Integrantes del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos informaron que del 4 al 10 de agosto se llevará a cabo una jornada de toma de muestras biológicas y aplicación de cuestionarios Ante Mortem, así como recibir denuncias por parte de las autoriades.
En conferencia de prensa el integrante del colectivo, Sergio Ceballos Ascendio, junto a Janet Galeana Campos, dijo que ya tienen 45 personas en la lista para hacerse la prueba biológica. Pidió a las personas de Acapulco que tengan un familiar desaparecido y hayan puesto una denuncia acudir para que les tomen la muestra para subirlos a la plataforma. Añadió que la toma de muestras biológicas son para fines de identificación forense.
Reconoció que muchas veces hay temor de denunciar, pues les han manifestado que tienen otros hijos y han sabido que saliendo de los MP son amenazados.
Indicó que la jornada tendrá tres horarios al día, empezarán a las 9 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, y se llevarán a cabo en la Casa Pastoral Cristo Rey. Explicó que la jornada de toma de ADN es parte de un proceso más amplio de construcción de memoria y justicia. Es más que un procedimiento técnico, “es un acto de esperanza porque cada muestra genética que se recolecta es una herramienta que puede ayudar a identificar restos humanos, a cerrar ciclos, a devolverle un nombre a quien ha sido arrancado de su familia”.
“Es un paso fundamental para fortalecer los bancos de datos genéticos y mejorar las posibilidades de identificación en los servicios forenses del estado y el país”, dijo el activista.
Indicó que lo que saben es que en el Semefo de Acapulco las gavetas ya están llenas y donde hay aproximadamente 400 cadáveres. Pero dijo que no se trata de cifras, sino de personas. “Se trata de familias que viven en la incertidumbre día a día. Se trata de abrazar la verdad por dura que sea y no dejar que los desaparecidos se conviertan en olvido”.
Ceballos Ascencio reconoció que no tienen confianza al 100 por ciento en las autoriades y porque desgraciadamente los servicios periciales en lugar de estar teniendo mayor capacidad han estado renunciando gente, hay muchas decificiencias y en la Fiscalía les han dicho que no hay recursos y si la gente quiere renunciar no la pueden detener porque “hay muchos lugares que les pagan mejor que aquí”.
Sobre la renuncia de la Teresa Guadalupe Reyes de la Comisión Nacional de Búsqueda dijo que muchos colectivos no la querían por su actuar. Sobre el reporte de desaparecidos que reciben en la asociación dijo que son alrededor de 10 por mes y donde el índice más elevado es en hombres. Dijo que en mayo y junio estuvo a la alza la desaparición de mujeres.
En mayo de 2016, el Ejército tomó el mando del C4 (Centro de Comando, Comunicación y Cómputo) de Acapulco al igual que el jueves pasado cuando fue anunciado que la Guardia Nacional, transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena), tomó el control de la operatividad de las instalaciones.
Era alcalde de Acapulco el perredista Evodio Velázquez, gobernador de Guerrero el priista Héctor Astudillo Flores y mandatario federal el también priista Enrique Peña Nieto; en mayo de 2017 la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumió el control del C4 porque terminó el convenio con la Sedena.
Pese al control del Ejército en 2016 fueron abiertas 918 carpetas de investigación por homicidio doloso en el municipio y a año siguiente sumaron 843 carpetas por el mismo delito.
El Sur publicó el 10 de mayo de 2016 que un día antes la Sedena tomó el mando del C4 en Chilpancingo, Iguala y Acapulco, en este último municipio los militares llegaron a las instalaciones ubicadas en la calle Tesoro Perdido, de la colonia Progreso, donde laboraban 30 personas, entre ellas 18 operadoras y 10 trabajadoras administrativas.
Una semana antes, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la toma del C4 de los tres municipios por parte del Ejército, que destinaría 400 efectivos para tal objetivo y que construiría un C5.
En un comunicado de prensa, la dependencia federal precisó que la Sedena se haría cargo de todas las cámaras de seguridad de Acapulco y afirmó que el C4 “es un lugar que no ha dado confianza a todos los ciudadanos” cuando “es un lugar estratégico para poder enfrentar cualquier problema de inseguridad”.
El 14 de abril, el alcalde Evodio Velázquez reconoció que 100 de las 500 cámaras de seguridad del C4 no servían.
El Sur publicó el 19 de mayo de 2017 que desde el día 15 la Secretaría de Seguridad Pública del estado asumió el control del C4 de los tres municipios intervenidos porque el convenio entre el gobierno estatal y la Sedena terminaba ese día.
El 28 de mayo, el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, dijo que la Sedena tomó el control del C4 mientras eran capacitados trabajadores, a partir de entonces 250 policías estatales laborarían en el Centro de Acapulco.
El 3 de julio pasado en una conferencia de prensa a la que no fue invitado El Sur, se informó que la Guardia Nacional tomó el control de la operatividad del C4 en Acapulco con 104 agentes, mientras que la parte administrativa estará a cargo del Ayuntamiento encabezado por la morenista Abelina López Rodríguez.
El comandante de la 27 Zona Militar, general Andrés Ojeda Ramírez, explicó que la parte donde tendrá el control del C4 la Guardia Nacional será la atención a los reportes de 911, a las cámaras de seguridad que están instaladas, a los botones de pánico, “a todo lo que conlleve materializar la seguridad pública”.
En tanto que el Municipio tendrá el control de la parte “administrativa, logística, de recuperar, mantener, cambiar las cámaras, los enlaces de fibra óptica u otro que está enlazando al C4. Esa parte seguirá estando bajo manejo del municipio que tiene esos contratos firmados con las empresas”.
Al otro día del anuncio, el secretario de Seguridad Pública municipal, Arturo Eduardo Bailleres Mendoza, subrayó que ni la Guardia Nacional ni la Defensa tienen el “control absoluto” del C4, ni nada por el estilo y más bien es una colaboración, coordinación.
El 16 de agosto de 2023, en su primer trienio, la alcaldesa López Rodríguez informó que en los días siguientes se pasaría de C2 a C4 mediante la colocación de más de 500 cámaras de video vigilancia, drones y otro equipamiento.
El 24 de marzo de 2024, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, informó de la instalación del 97 por ciento de las 600 cámaras para transitar de un C2 a un C4 y añadió que 250 cámaras quedaron dañadas tras el paso del devastador huracán Otis del 25 de octubre de 2023.
El 11 de septiembre, la alcaldesa aumentó la cifra de cámaras de seguridad instaladas en el municipio a mil con una inversión de 99 millones de pesos.
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerro A.C. , Pablo Arellano Delgado en el mensaje en la sesión en donde celebraron el Día del Ingeniero Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero (CICG), Pablo Arellano Delgado, indicó que a los colegios de profesionales no se les permite incidir en la toma de decisiones sobre lo que requiere la ciudad después de los huracanes Otis y John.
Este martes en un salón del restaurante 100% Natural, en su mensaje en la séptima asamblea ordinaria del Consejo Directivo 2024-2025, con motivo del Día del Ingeniero Arellano Delgado señaló: “Guerrero necesita infraestructura planificada para resistir, necesita obras pensadas para los nuevos desafíos climáticos, con materiales adecuados, normas actualizadas y criterios de sustentabilidad, necesita una visión a largo plazo que ponga la seguridad de las personas por encima de cualquier otro interés”.
Sostuvo que el CICG tiene el compromiso “de ser una voz técnica, objetiva y proactiva, no venimos a señalar errores, venimos a ofrecer soluciones porque sabemos que sólo trabajando juntos ingenieros civiles, ciudadanos y autoridades podremos construir un Guerrero y un Acapulco más fuertes, más seguros y más preparados para lo que viene”.
“Cuando se priorizan intereses ajenos a la técnica y a la ética, no sólo se compromete la integridad de las obras, sino también la confianza de los ciudadanos”.
El CICG fue fundado en 1970, tiene representaciones en Tlapa, Iguala, Coyuca de Benítez, Taxco y Costa Chica, tiene 300 agremiados y está registrado en la Dirección General de Profesiones y la Secretaría del Trabajo.
A la ceremonia en representación de la gobernadora asistió el jefe de residentes de obras, Uriel Vázquez López.
En declaraciones después de la sesión del Consejo Directivo del CICG, Pablo Arellano fue consultado sobre su llamado a construir un Acapulco que resista el cambio climático “mira, lo que realmente falta en Acapulco es que la autoridad deje participar a los técnicos, lo que pasa es que la autoridad no permite el acceso, a nosotros, a nuestro colegio no nos dejan participar, nos bloquean, no quieren que revisemos, que hagamos dictámenes de la situación que guarda un edificio, no nos dejan”.
Ilustró que la mejor forma de demostrar el desinterés de la autoridad municipal es que no envió a ningún representante aun cuando se le hizo la invitación formal.
Abundó que él como presidente del colegio ha buscado a la presidenta municipal pero no ha tenido éxito. Señaló que en la ciudad no se cumplen los lineamientos que emitió la gobernadora después del huracán Otis.
Arellano Delgado, acotó que el colegio no busca enemistarse con la presidenta, “pero no estamos de acuerdo con algunos funcionarios porque no permiten que haya observaciones”.
“No buscamos la enemistad de la presidenta, pero que nos deje participar, que deje que los profesionistas locales participen, tiene gente que es incompetente”.
Como ejemplo, señaló a la secretaria de
Desarrollo Urbano y Obras públicas del municipio, María Mélida Campos García, “no tiene título, no tiene cédula, ya lo sabe la presidenta, no cumple con el perfil profesional”, pues es un área que requiere de un trabajo bien hecho.
“Perdidos” los funcionarios de Fonatur
Agregó que el problema no sólo es en el municipio, contó que hace un mes el colegio fue convocado a una reunión con funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y lo que encontraron fue muy pobre, “la verdad, lo veo muy pobre, nos invitaron como colegio a una reunión, pero mandan a gente incompetente, los mandan de la Ciudad de México a que vengan a hacer los arreglos aquí en Acapulco, pero andan muy perdidos”.
Al preguntarle porqué considera que andan perdidos los funcionarios de Fonatur, dijo que hizo esa observación porque no conocen de la materia y les sugirió que contraten a técnicos locales, dijo que la reunión con Fonatur no fue satisfactoria porque no les pudieron exponer nada y les dijeron que agregarían una reunión con un superior jerárquico, pero hasta ayer no les han dicho cuándo los van a atender.
“Las dependencias federales vienen y quieren avasallar y no respetar nada aquí en el municipio, que tiene sus propios reglamentos, su Plan de Desarrollo, pero vienen de México y ellos no quieren respetar nada, quieren hacer como ellos quieren y eso está muy grave”.
Funcionaria sin cédula profesional
Entre los invitados del colegio, una conversación que se escuchó de manera recurrente fue que la actual secretaria de Desarrollo Urbano y Obras públicas del municipio, María Mélida Campos García, no cuenta con cédula profesional y que se tituló mediante el programa de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Ponte Águila apenas el año pasado, y otros comentan que no cuenta con título profesional.
Al buscar en Internet en el Registro Nacional de Profesionistas que depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, el buscador arroja que no hay información de la persona que se busca.
El Registro Nacional de Profesionistas “tiene como propósito ampliar los criterios de búsqueda de profesionistas que registran sus títulos y cuentan con cédula profesional con efectos de patente; esto delimita la responsabilidad del Registro Nacional de Profesionistas, al definirla como la única instancia válida para hacer uso de esta información”.
En la página se precisa que la información que presenta es de uso público y se actualiza de manera constante por parte de la SEP.
Trabajadores de la oficinas de Finanzas del Estado en La Quebrada durante la protesta en la que exigían el despido de la administradora Foto: Jesús Trigo
Argenis Salmerón
Trabajadores de la Administración Fiscal Número 2 de la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero cerraron y tomaron las instalaciones para exigir la destitución de la administradora Josefina Verduzco Suárez por hostigamiento laboral, corrupción y prepotencia.
En la tarde, la funcionaria del estado fue removida del cargo tras los señalamientos de los empleados.
Minutos después de las 8 de la mañana de este lunes, trabajadores llegaron a las oficinas ubicadas en la calle La Quebrada, en el Centro de la ciudad.
Posteriormente, empleados cerraron la entrada principal, colocaron un candado, cadena y cuatro cartulinas contra la funcionaria del estado.
En declaraciones a reporteros, la empleada Rubí Otero exigió la salida de la administradora Josefina Verduzco Suárez por hostigamiento laboral.
Contó que ella fue removida de su área de trabajo, porque tiene problemas cervicales y en ocasiones utiliza un collarín, por lo que la administradora le expresó que era una mala imagen para atender a los usuarios y decidió enviarla a otra oficina.
“Yo tengo un video en donde ella me dice que no sirvo, que soy una floja, que siempre estoy enferma, pero me dijo que si sacaba ese video me iba a arrepentir y yo la verdad por miedo y represalias yo no he hecho nada porque en la oficina me dicen que me pueden correr, porque acabo de entrar y sí tengo miedo”, manifestó.
Otro trabajador, Carlos Larumbe, adulto mayor, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la destitución de la administradora Josefina Verduzco Suárez por malos tratos y despotismo.
Contó que la funcionaria del estado le habla a él con apodos, además que hace unos días lo hizo llorar por su condición física, problema de obesidad y de salud.
Señaló que la funcionaria del estado se caracteriza por fomentar un ambiente laboral hostil, “hay maltratos, ofensas, y humillaciones hacia los empleados”.
“La funcionaria acostumbra utilizar apodos ofensivos y comentarios despectivos hacia los trabajadores, a mí en lo personal me ha dicho groserías, como gordo, basura, no tiene ética profesional, ni humildad para tratar a los trabajadores”, puntualizó.
Tras cierre de las oficinas, usuarios que acudieron a hacer trámites se tuvieron que ir de las instalaciones molestos.
Reclamaron que desde enero pagaron su placa y siguen en espera, y que todavía no reciben las láminas para sus automóviles.
Los inconformes fueron atendidos por el subsecretario del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y los trabajadores le mostraron videos en el teléfono celular de la actitud de Verduzco Suárez contra los trabajadores.
Posteriormente, los empleados quitaron los candados de la entrada principal, y las pancartas del edificio, luego de llegar a un acuerdo.
El 28 de abril pasado, dos empleadas cerraron más de dos horas la oficina de Finanzas de La Quebrada número 2 para denunciar hostigamiento laboral de la administradora Josefina Verduzco Suárez.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, reprochó que los tres órdenes de gobierno no han dado cumplimiento a las demandas de los vecinos de 10 comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que tomaron en diciembre pasado los sistemas de captación Papagayo I y II durante siete días y dan “ultimátum para que den solución”.
La tarde noche de ayer en una llamada a la Redacción de El Sur, el vocero dijo que por la mañana hubo una reunión de los pobladores de las comunidades en Cacahuatapec, de quienes dijo que “están molestos, porque les vieron la cara de tontos, y los engañaron”; mencionó que las autoridades han incumplido con los acuerdos firmados en la minuta.
Recordó que los acuerdos están firmados por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda; el delegado federal, Iván Hernández y la presidenta Abelina López Rodríguez, y se trata de rehabilitar los sistemas de agua en los pozos de varias comunidades, el segundo que la Secretaría de Agricultura del estado iba a llevar proyectos a las comunidades, se iba a apoyar a las viviendas afectadas por el huracán John con láminas, cemento y revisar el caso de los damnificados que tenían cintillo y que no recibieron su apoyo.
“Es un ultimátum que están lanzando porque están muy enojados, si esa vez se pudo evitar que hubiera una acción fuerte por parte de los habitantes de los Bienes, ahora podría estar respaldada por 30 comunidades más, se puede agravar y eso por la inoperancia de los gobiernos que prefieran andar en campaña, y decir a la presidenta (Claudia Sheinbaum) que todo está bien, cuando todo está mal”, dijo.
El vocero explicó que las autoridades no han cumplido con resolver las demandas, pasó el 15 de diciembre y no se resolvió, esperaron hasta los primeros días de enero y “y ya vamos a estar a 20 y hay un enojo, molestia, porque fueron el delegado, la presidenta y la gobernadora que firmaron la minuta para atender esos cuatro puntos y es la fecha que nos vieron la cara de tontos, que los engañaron”.
Recordó que ese conflicto pudo terminar mal y él como vocero del Cecop intervino a petición de las autoridades y de las comunidades “confiando en que iban a cumplir con la demanda, se firmó el documento, porque acudimos a las 10 comunidades y corroboramos los daños que se vienen arrastrando y se acentuaron con el huracán”.
Las comunidades son Garrapatas, Las Parotas, Rancho las Marías, Salsipuedes, Tasajeras, El Cantón, El Carrizo, Aguacaliente, “es increíble que los hallan engañado y que tomen a juego, nosotros como movimiento vamos a apoyar a los compañeros y hacemos un llamado a la gobernadora para que atienda, porque ella encabezó la reunión”.
Por sexto día consecutivo, vecinos de poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec mantienen tomados los dos sistema de captación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), sin embargo “hay avances” en la negociación y la liberación dependerá de las autoridades conforme vayan cumpliendo las demandas, afirmó el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En declaraciones por teléfono, Suástegui Muñoz dijo que ya comenzaron los censos de la Secretaría del Bienestar en los poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que es una de las demandas de los manifestantes.
Añadió que también ayer el gobierno mandó pipas con agua a las comunidades donde hay tanques, depósitos y purificadoras.
“No se firman todas las minutas de acuerdos, pero hay avances de parte del gobierno, ahora hay que ver las respuesta de los compañeros”, puntualizó.
Aseguró que detrás del movimiento de los manifestantes que tienen tomados los pozos no está el Cecop, “yo solamente soy el enlace con las autoridades, porque hay una guerra falsa en las redes sociales y los medios de comunicación”.
Dijo que solamente está ayudando a que se destrabe el problema y se liberen los dos sistemas de captación, “estamos en contra del bloqueo de calles, bloqueos de edificios y estamos en contra de que las autoridades no hagan su trabajo”.
Sostuvo que a los vecinos les asiste la razón en sus demandas y que también sea así en las autoridades, “fueron los comuneros y el gobierno del estado que llamaron para destrabar este conflicto”.
Suástegui Muñoz mencionó que ayer hubo una reunión en la Ciudad de México donde están las autoridades del estado y municipio para conocer el presupuesto para agua, viviendas y cultivos dañados por los huracanes Otis y John.
Señaló que no hay interés del delegado federal de los programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, “es un déspota, no tiene sentimientos, no ve la gravedad del asunto, no se qué esperan para correrlo”.
Señaló que el funcionario federal en la reunión del martes, “nos dijo que no había censo ya, pero las casas están destruidas totalmente, pero los cuervos de la nación solamente censaron a los amigos y familiares, no se vale, es un delito que podrían terminar en la cárcel”.
Reiteró que las demandas son censo para viviendas y parcelas, pago de los cintillos (comprobante de censo), dotación de agua potable y apoyo para recuperar los cultivos.
Indicó que hoy nuevamente los manifeestantes tendrán una reunión con funcionarios de los tres órdenes de gobierno en las oficinas de la Promotora Turística (Protur), donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado, al mediodía.
El martes los comuneros fueron atendidos por el delegado federal, Iván Hernández Díaz; el subsecretario de Desarrollo Político Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros; el director la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastélum, y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano, y se esperaba que liberaran ayer mismo las instalaciones de los pozos tras acuerdos con los funcionarios.
El subsecretario Rodríguez Cisneros dijo ayer por teléfono que ya hay acuerdos, que hay un levantamiento de censo, que el gobierno del estado ofreció obras de rehabilitación de sistemas de agua que quedaron afectados por el huracán y llamó a los manifestantes a liberar los sistemas de captación de agua.
El director Operativo de la CAPAMA, Juan Antonio Ramírez; el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Eduardo Arturo Bailleres; el director de Gobernación municipal, Ramón Montiel; el director general de la CAPAMA; Hugo Lozano y el director Técnico de CAPAMA, Guillermo Alemán en conferencia de prensa en la sala de cabildo Juan R. Escudero Foto: Jesús Trigo
Aurora Harrison
Funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) suplicaron a los 120 vecinos de poblados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que tienen tomados los sistemas de captación Papagayo I y II desde el viernes pasado, liberar las instalaciones; dijeron que no pueden enviar pipas a las colonias porque las garzas no tienen agua, por ello apelan al diálogo para llegar a acuerdos.
En conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, –quien fue acompañado por otros funcionarios del organismo, el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía y el secretario de Seguridad Pública del municipio, Arturo Bailleres– reiteró que el 75 por ciento de la población no tiene agua, es decir entre 600 mil y 700 mil habitantes, además de escuelas, hospitales y centros de salud.
“Es importante recordar que el agua potable es un recurso vital colectivo para la supervivencia humana, mantener fuera de operación estas captaciones, afecta a miles de familias de distintas colonias que dependen de este servicio, por eso el llamado, respetuoso, humilde al diálogo y entendimiento”, dijo y aseguró que la zona turística tiene servicio, porque se envía a través del sistema de Lomas de Chapultepec.
Lozano Hernández dijo que no se puede enviar agua en pipas a las colonias porque al tener paradas las captaciones principales como es Papagayo I y II, no se cuenta con agua en las garzas y no se puede dar el servicio, “confiamos en la voluntad del diálogo y de los tres órdenes de gobierno para liberar a la brevedad posible”.
“No queremos mentir y decir que vamos a tener un programa de pipas, eso es una mentira y tenemos la instrucción directa de no mentir”, dijo el funcionario.
Agregó que en materia penal en el Artículo 5 constitucional que habla sobre el despojo de cosas, inmuebles y aguas, en la fracción tercera establece que la pena aplicable a los autores intelectuales y quienes dirijan es de uno a seis años de prisión, “no queremos llegar a esto”.
Del porque los sistemas de captación no tienen seguridad para evitar que tomen los pozos, el director respondió “nosotros estamos tratando de agotar el diálogo, pero si existe ante la ley que va a llegar un momento, esto está como un hilo a punto de romperse, estamos tratando que con el diálogo la comprensión de las personas que tienen tomadas estas captaciones, yo como acapulqueño también estoy sufriendo esos estragos, y creo que más de medio millón o 600 mil habitantes estamos padeciendo lo mismo”.
Recordó que Acapulco viene recuperándose de los daños provocados por los huracanes Otis y John, “nos estamos levantando y es injusto que más de medio millón de acapulqueños estemos sin agua. La Cuarta Transformación es un gobierno diferente a los anteriores, no es un gobierno de garrote, entonces estamos tratando de llegar a la negociación”.
“Con la mano en el corazón y con el cariño que la presidenta les tiene, con el cariño que la presidenta de la República le tiene a los acapulqueños, le hacemos un llamado a todas estas personas que tienen tomadas las captaciones que las liberen”, dijo.
El director de Gobernación, Montiel Mejía, apeló a la “sensibilidad” de las y los vecinos para llegar a un acuerdo, y reconoce que “hay necesidades en las comunidades y que las personas están buscando la atención y resolución de un problema relacionado al censo”.
“El gobierno municipal no puede actuar de manera unilateral o por sí solo, dado que el censo es un tema de orden federal, por eso estamos buscando la coordinación y actuación conjunta de los tres niveles de gobierno, nosotros no queremos generar una falsa expectativa de decir alguna mentira por salir al paso”, dijo.
Explicó que en el sistema de captación Papagayo II, ubicado en el poblado de Salsipuedes, “se encuentran 60 personas, en su mayoría son mujeres y pertenecen a la comunidad de Tasajeras, prácticamente 55 más o menos y las otras cinco de Salsipuedes, esas tienen cintillo. Con respecto al pozo radial del Papagayo I, hay entre 60 y 80 personas de las comunidades de El Cantón principalmente, Parotas, Espinalillo y tengo entendido que hoy (ayer) se sumaron personas de El Carrizo y La Concepción”.
El director de Gobernación dijo que el municipio no puede anticipar o dar una respuesta a las demandas de la población, porque es competencia de la Secretaría de Bienestar, y “ya hemos tenido pláticas con funcionarios de la secretaría de Gobernación federal y también con funcionarios de la Secretaría de Bienestar para dar solución”.
El director técnico de la CAPAMA, Guillermo Alemán, ante la toma de los pozos dijo que el gobierno municipal ha hecho varias obras en la zona rural, recordó que en su primer periodo de gobierno se destinaron recursos para cambiar equipos viejos por nuevos en 17 comunidades, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.
“Se atendió con un sistema de agua potable al sistema de Tasajeras y los huracanes nos han afectado y tenemos un registro de 43 poblados que han sufrido afectación en sus fuentes de captación, y es por ello que se está trabajando de forma coordinada con el gobierno federal y estado y municipio, tenemos identificado cada uno de los daños”, dijo.
