Fuga de drenaje y baches en calles de Puerto Marqués, en dónde el comisario Martín Carmona acompañado de ex comisarios, denunciaron el incumplimiento de obras por parte de Fonatur Fotos: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
El comisario y ex comisarios de Puerto Marqués denunciaron el incumplimiento de los acuerdos por parte de autoridades federales, particularmente en obras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre ellas el Sendero de Paz, el dragado de la Laguna Negra y el mejoramiento de la imagen urbana.
Ayer en conferencia de prensa en el poblado y posteriormente recorrido donde mostraron las condiciones en las que se encuentran las calles, y la obra abandonada del Sendero de Paz. El comisario municipal Martín Carmona Salinas, señaló que Puerto Marqués está en el abandono por parte de las autoridades federales y municipales.
“Esto que está haciendo Fonatur (el Sendero de Paz) no tiene ni pies ni cabeza, le he pedido al director de Fonatur a Sebastián Ramírez que no haga caso omiso, que nosotros somos buenas personas, pero también que nos atienda”, dijo el comisario, quien estuvo acompañado de los ex comisarios Rafael Cisneros, Saúl Zurita, María Angélica Niño.
Carmona Salinas agregó que hay inconformidad de los vecinos, porque las lámparas del Sendero de Paz nada más están de adorno, porque no están terminadas, tampoco están conectadas, “hay cables tirados que dejó la empresa, dejó pozos por donde sea”.
Recordó que la obra inició el 6 de septiembre del año pasado y debió terminar el 16 de diciembre de ese mismo año y no han terminado, “la empresa se fue, ya van tres semanas y no se ha presentado ningún trabajador, tampoco ninguna llamada”.
Otra de las cosas, dijo que también no se han iniciado los trabajos para el dragado de la Laguna Negra de Puerto Marqués, “ya se aproxima la temporada de lluvias y tenemos el temor que nos volvamos a inundar por la falta de atención del gobierno”.
“Necesitamos desazolvar todos los pozos de Puerto Marqués, le hacemos un llamado a CAPAMA que nos apoye con el vactor, porque ese es otro de los problemas que con las primeras lluvias se va a volver a inundar Puerto Marqués”, dijo.
Aseguró que en Puerto Marqués todo el drenaje está colapsado, y aunque la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) tiene conocimiento de que hay lugares en donde la tubería está dañada y que requiere nueva.
“Hay una obra que se hizo del agua potable, ya le platiqué a la presidenta y me parece que hace caso omiso de acudir a revisar, porque está inconclusa, no se inauguró, porque todo lo que parcharon se está sumiendo, porque no compactaron”, indicó.
En tanto que la ex comisaria María Angélica Niño Sandoval recordó que Fonatur se comprometió a dar tres canoas para aquellos que perdieron su embarcación con el huracán, pero no ha cumplido, “hemos estado en pausa, esperando, pero no hacen nada”.
“Queremos otra mesa de trabajo para que nos digan, si nos van a dar el dragado de la laguna o no, porque hay firmas y no se vale que no cumplan”, dijo la ex comisaria, e indicó que sólo el gobierno del estado ha estado cumpliendo con las obras.
Además se quejó de la falta de atención en la imagen urbana de la ciudad y las calles que se encuentran llenas de baches y con escurrimientos de aguas residuales, porque el drenaje de la colonia en varias partes se encuentra colapsado.
Saúl Zurita, también ex comi-sario pidió al gobierno municipal que acuda a revisar todos los problemas de servicios que tiene, “sabemos que ya vienen campañas y aquí van a estar promocionándose, porque nada más nos buscan cuando quieren votos, pero es una zona turística y necesitamos que nos atiendan, porque los colectores están colapsados y nos vamos a inundar de nuevo”.
La minuta de acuerdo se firmó en noviembre del año pasado, después que tomaron por varios días el muelle donde ahora hace descenso el Marinabús; entre los acuerdos están destinar recursos por hasta 20 millones de pesos para la rehabilitación y ampliación del drenaje sanitario en Puerto Marqués, por parte del gobierno municipal; la Capaseg pondría una cantidad similar para esas obras.
Otro de los acuerdos era el drenado de la Laguna Negra, así como una campaña para concientización del mejoramiento de la imagen urbana.
El comisario y ex comisarios informaron el incumplimiento de los acuerdos de autoridades federales, particularmente en obras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre ellas el Sendero de Paz, el dragado de la Laguna Negra y el mejoramiento de la imagen urbana. Señalaron además que la CAPAMA no desazolva pozos, hay tubería dañada y se necesita nueva pero no han ido a revisarla. En la imagen una fuga de drenaje y baches en una de las calles de ese pueblo turístico Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
El comisario y ex comisarios de Puerto Marqués denunciaron el incumplimiento de los acuerdos por parte de autoridades federales, particularmente en obras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre ellas el Sendero de Paz, el dragado de la Laguna Negra y el mejoramiento de la imagen urbana.
Ayer en conferencia de prensa en el poblado y posteriormente recorrido donde mostraron las condiciones en las que se encuentran las calles, y la obra abandonada del Sendero de Paz. El comisario municipal Martín Carmona Salinas, señaló que Puerto Marqués está en el abandono por parte de las autoridades federales y municipales.
“Esto que está haciendo Fonatur (el Sendero de Paz) no tiene ni pies ni cabeza, le he pedido al director de Fonatur a Sebastián Ramírez que no haga caso omiso, que nosotros somos buenas personas, pero también que nos atienda”, dijo el comisario, quien estuvo acompañado de los ex comisarios Rafael Cisneros, Saúl Zurita, María Angélica Niño.
Carmona Salinas agregó que hay inconformidad de los vecinos, porque las lámparas del Sendero de Paz nada más están de adorno, porque no están terminadas, tampoco están conectadas, “hay cables tirados que dejó la empresa, dejó pozos por donde sea”.
Recordó que la obra inició el 6 de septiembre del año pasado y debió terminar el 16 de diciembre de ese mismo año y no han terminado, “la empresa se fue, ya van tres semanas y no se ha presentado ningún trabajador, tampoco ninguna llamada”.
Otra de las cosas, dijo que también no se han iniciado los trabajos para el dragado de la Laguna Negra de Puerto Marqués, “ya se aproxima la temporada de lluvias y tenemos el temor que nos volvamos a inundar por la falta de atención del gobierno”.
“Necesitamos desazolvar todos los pozos de Puerto Marqués, le hacemos un llamado a CAPAMA que nos apoye con el vactor, porque ese es otro de los problemas que con las primeras lluvias se va a volver a inundar Puerto Marqués”, dijo.
Aseguró que en Puerto Marqués todo el drenaje está colapsado, y aunque la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) tiene conocimiento de que hay lugares en donde la tubería está dañada y que requiere nueva.
“Hay una obra que se hizo del agua potable, ya le platiqué a la presidenta y me parece que hace caso omiso de acudir a revisar, porque está inconclusa, no se inauguró, porque todo lo que parcharon se está sumiendo, porque no compactaron”, indicó.
En tanto que la ex comisaria María Angélica Niño Sandoval recordó que Fonatur se comprometió a dar tres canoas para aquellos que perdieron su embarcación con el huracán, pero no ha cumplido, “hemos estado en pausa, esperando, pero no hacen nada”.
“Queremos otra mesa de trabajo para que nos digan, si nos van a dar el dragado de la laguna o no, porque hay firmas y no se vale que no cumplan”, dijo la ex comisaria, e indicó que sólo el gobierno del estado ha estado cumpliendo con las obras.
Además se quejó de la falta de atención en la imagen urbana de la ciudad y las calles que se encuentran llenas de baches y con escurrimientos de aguas residuales, porque el drenaje de la colonia en varias partes se encuentra colapsado.
Saúl Zurita, también ex comi-sario pidió al gobierno municipal que acuda a revisar todos los problemas de servicios que tiene, “sabemos que ya vienen campañas y aquí van a estar promocionándose, porque nada más nos buscan cuando quieren votos, pero es una zona turística y necesitamos que nos atiendan, porque los colectores están colapsados y nos vamos a inundar de nuevo”.
La minuta de acuerdo se firmó en noviembre del año pasado, después que tomaron por varios días el muelle donde ahora hace descenso el Marinabús; entre los acuerdos están destinar recursos por hasta 20 millones de pesos para la rehabilitación y ampliación del drenaje sanitario en Puerto Marqués, por parte del gobierno municipal; la Capaseg pondría una cantidad similar para esas obras.
Otro de los acuerdos era el drenado de la Laguna Negra, así como una campaña para concientización del mejoramiento de la imagen urbana.
Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.
Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.
Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas
Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur
Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales
Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.
Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros
En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.
Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas
Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.
Veceinos y transportistas de la las localidades de Xaltianguis, Kilómetro 40, Xolapa, Tortolitas, La Calera perteneciente a Acapulco, durante el bloqueo en la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco en el crucero de Tierra Colorada municipio de Juan R. Escudero, de las 8 de la mañana a la 1:30 de la tarde del sábado pasado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Unos 500 vecinos, transportistas y comisarios de distintas localidades de la zona rural de Acapulco bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco más de cinco horas, para exigir la reconstrucción del Centro Hospitalario Comunitario de Xaltianguis, empleados para esa unidad médica, medicamentos, carreteras, entre otras demandas.
El bloqueo fue el sábado pasado en las inmediaciones del entronque de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde; el paso vehicular se liberó luego de que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el coordinador estatal del IMSS Bienestar en Guerrero, Jesús Ulises Adame Reyna, acordaron una reunión con representantes de las comunidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como atender las demandas.
Los manifestantes se concentraron en el entronque desde las 8 de la mañana y cerraron de manera total el paso vehicular en ambas vías, donde colocaron sillas y lonas con mensajes como “Nos están matando sin medicina”, “Planta tratadora no funciona, no tenemos drenaje, el gobierno se lleva el dinero, ¿dónde está el dinero?”.
En otras lonas pidieron ayuda al secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz, con el mensaje “Por favor, atiéndenos en Ciudad de México, nos está matando la gobernadora”, en referencia a Evelyn Salgado Pineda. También señalaron a la secretaria de Salud Estatal, Alondra García Carbajal, porque “sólo te tomas fotos y no cumples, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”.
La comisaria de Xaltianguis, América Gallegos Bailón, informó que en la protesta participaron pobladores de esa localidad, así como de Xolapa, El Kilómetro 48, Puente de Fierro, Las Tortolitas, Las Marías, La Calera, San José y Río Verde, entre otras, que llevan más de 5 años exigiendo condiciones óptimas en el Centro Hospitalario Comunitario.
Se denunció que el jueves pasado, un menor de edad llegó a Xaltianguis en estado “crítico” a consecuencia de una mordedura de serpiente cascabel, pero “no había medicamento, no había sala para atenderlo” y murió, por esto, “tocamos fondo, ya estamos cansados”.
Recordó que Alondra García visitó las instalaciones el pasado 15 de abril, acompañada del subsecretario de Planeación, Roberto Núñez Hernández, pero desde entonces “no sabemos nada de ella, se está deslindado cuando ella vino a hacer un compromiso para la reconstrucción del mismo hospital”.
Contó que el hospital se construyó para atender a la población de la zona rural de Acapulco, que asciende a más 60 mil personas, por lo que es “muy amplio”, cuenta con espacios para brindar atención especializada, sin embargo, “carecemos de personal, de medicamento y las instalaciones no están aptas”.
Detalló que en las instalaciones “hay mucho hongo” derivado de la humedad en la infraestructura, que tiene unos 14 años operando, pero su deterioro y las irregularidades comenzaron hace 8 años. “Queremos un lugar digno para nuestra gente, eso es lo que queremos, la reconstrucción (del hospital)”, expresó.
El coordinador de comisarios, comisariados y delegado de la zona rural de Acapulco, Daniel Rosas Martínez, declaró que, además del tema de salud, se debe atender la planta tratadora de aguas residuales debido a que sus desechos “van a dar al río de Xaltianguis que hace un conecte con el río Papagayo, el río Papagayo conecta con el mar y del mar consumimos el pescado”.
Mientras que la Comisión Federal de Electricidad adeuda unos 150 millones de pesos a las localidades de Xolapa, Pueblo Madero y Xaltianguis; añadió que en la zona rural de Acapulco tampoco se han reparado caminos y carreteras afectados por los huracanes, por lo que “hay muchas demandas” que las autoridades no han atendido, a pesar de que se han hecho los oficios, así como las gestiones correspondientes.
Reclamo de pasajeros del transporte público y turistas
Durante el bloqueo, pasajeros del transporte público y turistas se acercaron a dialogar con los manifestantes para pedirles que liberaran, al menos un carril en ambos sentidos de la autopista para evitar afectar a terceros; sin embargo, los pobladores se negaron y responsabilizaron a las autoridades de la situación.
Un médico que viajaba de Acapulco hacia la Ciudad de México pidió a los manifestantes que permitieran a las personas con “alguna situación médica” pasar; “yo sé que nosotros no vamos a hacer ninguna diferencia, pero ustedes sí pueden hacer una diferencia con nosotros al permitirnos llegar a nuestro destino”.
“Yo puedo estar aquí de pie, 4, 5, 6, 7 horas, ustedes también y hasta más, pero hay personas que no lo pueden hacer, yo sé que es lo que tienen que hacer, pero permítanos el paso, se los decimos de un papá a otro papá, de una mamá a otra mamá, por favor”, expresó.
Señaló que había una mujer embarazada, adultos mayores, además de él mismo, que tenía la necesidad de llevar a su hija menor de edad al hospital, “qué pasa si la embarazada se muere, qué va a pasar, a quién nosotros le vamos a exigir, a la gobernadora le va a valer madres, pero permítanos el paso a los que venimos con algo que necesita atención médica”.
A las 9:15 de la mañana, el coordinador Daniel Rosas se comunicó vía telefónica con Francisco Rodríguez, a quien las personas varadas en la autopista debido al bloqueo le exigieron acudir al lugar para atender a los manifestantes y conseguir que se liberara el paso, el médico, enojado, le demandó “resuélvelo, cabrón”.
Juana Solís, quien viajó de Tecpan a Chilpancingo para vender relleno, también le exigió al funcionario que acudiera al lugar a “solucionar” las demandas de los manifestantes, “que sea rápido, por favor, nosotros tenemos prisa, traemos comida, traemos niños”.
En ese momento, Francisco Rodríguez pidió a los comisarios que el bloqueo fuera intermitente “para poder llegar” al entronque, pero los manifestantes se negaron bajo el argumento de que las autoridades cuentan con medios, incluso helicópteros para trasladarse.
Conforme avanzaron las horas, las personas que estaban varadas comenzaron a salir de sus automóviles y medios de transporte para buscar agua, comida, baños, pero principalmente un lugar sombreado, para refrescarse. Algunos caminaron hasta un restaurante cerca de Tierra Colorada, a unos 10 minutos a pie del entronque, donde se abastecieron.
Mediante las redes oficiales del gobierno del estado, al mediodía, se informó que “a pesar de haberse ofrecido una reunión en la comisaría de Xaltianguis para atender sus demandas junto con autoridades federales y estatales, los manifestantes, encabezados por América Gallegos Bailón y Daniel Rosas Martínez, se mantienen en la negativa de liberar la vialidad”.
Por ello, el gobierno llamó a “mantener la calma y privilegiar las vías institucionales para resolver sus planteamientos, evitando afectar a terceros”; la publicación fue eliminada después.
Al lugar llegaron los funcionarios de manera escalonada, primero representantes de la Dirección de Gobernación Estatal, luego agentes de Tránsito y de otras áreas, para documentar la protesta y las demandas de los pobladores, pero Francisco Rodríguez no se presentó hasta después del mediodía, el último en llegar fue Jesús Adame.
Para llegar al entronque, los funcionarios viajaron en sentido contrario desde la caseta de Palo Blanco, es decir por el carril Acapulco-México.
El diálogo entre las autoridades y los manifestantes se hizo en la autopista, los comisarios expusieron sus demandas, pero también los pobladores se quejaron de la falta de medicamentos y condiciones para atender su salud.
Al final se firmó una minuta en la que se acordó una reunión hoy lunes en el poblado de Xaltanguis en la que participarían autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de la entrega de medicamentos, el martes la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero hará una “visita técnica” en la planta tratadora; mientras que el próximo miércoles se impermeabilizará el hospital.
Los pobladores accedieron a liberar, primero un carril en ambos sentidos de la autopista, mientras se firmaban los acuerdos y después, se liberaron las dos vías de manera total, antes de retirarse, advirtieron que volverán a cerrar el paso vehicular en ese punto “si no nos cumplen”.
Comisarios de 25 comunidades de la zona me’ phaa del municipio de Ayutla protestan dentro de la Casa de los Pueblos para exigir obras Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Comisarios de 25 comunidades de la zona me’ phaa del municipio de Ayutla, exigieron a los coordinadores del Concejo Municipal Comunitario que terminen las obras que quedaron pendientes en la administración anterior y denunciaron que éstos pretenden imponerles a las constructoras que las harán.
Acompañados por comisiones de pobladores de sus respectico pueblos, las autoridades municipales llegaron este miércoles a las 10 de la mañana a la Casa de los Pueblos, con la intención de reunirse con la coordinadora mestiza que cumple la función de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva, pero no la encontraron.
Uno de los comisarios informó por teléfono que esperarían que llegara, para buscar un acuerdo con ella, y en caso contrario volverían a sus comunidades por más gente, para cerrar la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, en la entrada y en la salida de la cabecera municipal de Ayutla.
Contó que los 25 comisarios bajaron el domingo y se reunieron con los consejeros comunitarios, pero no llegaron a acuerdos, y el lunes regresaron para reunirse con los encargados del área de Obras Públicas, pero les dijeron que ahí desconocen la situación, “porque no hubo entrega-recepción” de la anterior administración.
El vocero de los comisarios dijo que la acción que les provocó más inconformidad fue que ahí mismo, en Obras Públicas, les dijeron que las 10 obras, que quedaron pendientes en la administración pasada, serán realizadas por constructoras que contratará la Casa de los Pueblos.
Lo que indica, agregó, que les van a imponer las constructoras, pero “esa fue nuestra inconformidad, porque año con año es la localidad la que pone y elige a la empresa de su confianza”.
El argumento que les dieron es que hay empresas que cuentan con “malos antecedentes”, pero según el comisario no hay un solo ejemplo o prueba, “que nos muestren que en verdad estas empresas, que ponen las comunidades, tienen malos antecedentes”.
Indicó que los comisarios están pidiendo que la zona decida qué empresa va a trabajar en las obras, “porque en el sistema de usos y costumbres así se ha trabajado”.
También piden respuesta a su petición de que les autoricen dos empresas, que las comunidades propusieron, para el rastreo de los caminos de su zona, pero igual les dijeron los coordinadores que ellos van a decidir qué empresa va a trabajar.
Además, les adelantaron que en 2025 se va a continuar con el mismo sistema y van a depurar a las 150 empresas que han trabajado con las comunidades.
Informó que quienes no están de acuerdo con ellos son los consejeros mestizos, así como los encargados del área de Obras Públicas.
Dijo que las obras que están pendientes son aulas en las escuelas y pavimentación de calles.
Advirtió que si no les resuelven, van a regresar con más pobladores para bloquear la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande.
Este miércoles bajaron a la cabecera municipal unas 100 personas, acompañando a los comisarios municipales, pero el vocero advirtió que van a bajar más indígenas en caso de que no reciban respuesta.
La reunión de comisarios y delegados con autoridades municipales Foto: Aurora Harrison
Aurora Harrison
Comisarios y delegados se quejaron porque el gobierno no les hizo la obra prioritaria en sus comunidades y pidieron atender sus demandas de agua potable, desazolve de alcantarillas, rehabilitación del alumbrado público, recolección de basura y rastrilleo de caminos.
Ayer por la tarde en la sala de Cabildo Juan R. Escudero, los representantes de las comunidades se reunieron con el secretario General, José Juan Ayala Villaseñor; el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía; el de CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, y la coordinadora de Servicios Públicos, Otilia Hinojosa Loza.
Los comisarios dijeron que ante la negativa de funcionarios municipales han tenido que hacer las gestiones ante el gobierno del estado y la federación para que den respuesta a las demandas, porque la población requiere de los servicios públicos.
Algunos dijeron que conocen que la presidenta Abelina López Rodríguez se quiere reelegir y que hay un proceso electoral; que los candidatos se van a acordar de las comunidades, pero una vez que llegan al gobierno se olvidan de las promesas de campaña.
El comisario de Puerto Marqués, Raúl Zurita, dijo que faltan pocos meses para que ellos dejen su cargo como representantes de sus comunidades y las autoridades no han hecho la obra prioritaria, pero además es la primera reunión que tienen con funcionarios.
“Los funcionarios ignoran las llamadas, y Puerto Marqués es una zona turística, faltan días para la Semana Santa y las calles están destrozadas, el drenaje está azolvado”, dijo y agregó que cuando hay proceso electoral los candidatos van a caminar con los vecinos de las colonias, de los pueblos, pero cuando llegan al cargo se olvidan de sus compromisos.
La comisaria del poblado de La Venta, Kenia Secundino, dijo que el drenaje en esa zona está colapsado, al grado que “brotan aguas negras dentro de las casas”, además de que hay varias fugas de agua, pero las autoridades de la CAPAMA no atienden.
“Nosotros necesitamos que se nos ayude y si no tienen los recursos que nos digan para que nosotros si podemos conseguir lo compramos y que ellos nos pongan la mano de obra, para que se pueda llevar a cabo la obra que nos urge que la hagan”.
La comisaria del poblado de Xaltianguis dijo que allá en la comunidad está el drenaje colapsado y está llegando al río, ocasionando un “ecocidio” que afecta no sólo a los vecinos de esa comunidad sino a los de Xolapa y El Playón.
Agregó que “mandamos una solicitud y nunca se nos escuchó, también pedimos al gobierno del estado y federal y seguimos igual sin atención y el río cada día está afectándose más”.
La comisaria de la colonia Santa Cruz, Rocío García, dijo que zonas como María de la O, Guadalupe Victoria y otras llevan un año sin servicio de agua potable, los drenajes están colapsados, hay muchas fugas de aguas residuales y la CAPAMA no está atendiendo las peticiones, por ello urgió a las autoridades para que se dé atención.
Comisarios de los poblados de La Poza, Tres Palos y Puerto Marqués durante la conferencia de prensa en el Viaducto Diamante junto a la capilla Foto: Argenis Salmerón
Argenis Salmerón
Comisarios de La Poza, Tres Palos y Puerto Marqués, denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional derribaron parcialmente una capilla de una comerciante fallecida el año pasado.
La capilla se ubica a un costado del Viaducto Diamante, a metros del bulevar de Las Naciones.
El santuario está construido de material y mide menos de dos metros cuadrados aproximadamente, adentro tiene santos como San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe.
Pidieron a los agentes federales erradicar la violencia en el puerto, y no perjudicar la propiedad privada asentada en tierra ejidal.
Los inconformes se quejaron que los efectivos de la Guardia Nacional derribaron un pedazo de loza, quebrado vidrios de una vitrina y los bultos de los santos destrozados.
Manifestaron que la ermita se hizo en honor a una comerciante que falleció en el lugar el año pasado y como agradecimiento le construyeron la capilla.
En declaraciones a reporteros, el comisario municipal de La Poza, Simón Hernández Hernández, se quejó que el sábado en la mañana agentes de la Guardia Nacional derribaron parcialmente una ermita en honor a una comerciante sin justificación alguna.
Indicó que los comerciantes y choferes del transporte con recursos propios cooperaron para la construcción de la ermita durante ocho meses.
Criticó que los agentes de la Guardia Nacional, “ahora profanan ermitas para buscar delitos que no existe en una persona fallecida”.
“Los de la Guardia Nacional no son albañiles, que se dediquen a lo que le corresponde, que es dar seguridad a los acapulqueños”, acotó.
Recomendó a los agentes de la Guardia Nacional, “detener la violencia que azota al puerto de Acapulco, y no andar haciendo daños a propiedad privada”.
Reclamó que la justificación de la Guardia Nacional, “es que estorba a la vialidad, si está a dos metros del arroyo vehicular”.
Sostuvo que la ermita está construida en un terreno ejidal, “son caminos saca cosechas y a la autopista no le afecta en nada”.
“Fue una señora sagrada y gran persona para nosotros, porque ayudó a los pueblos y estamos inconformes; no vamos a dejar que la tumben”, puntualizó.
Advirtió que si los agentes de la Guardia Nacional derriban por completo la ermita bloquearán el Viaducto Diamante.
Los comisarios municipales de Tres Palos, Efrén Toledo Guevara, y de Puerto Marqués, Saúl Jiménez Mújica, estuvieron acompañados de comerciantes y choferes de taxis de ruta alimentadora.
En un comunicado breve de la caseta de peaje Metlapil, se informó que no tiene inconveniente en la construcción de la capilla, siempre y cuando no afecte a la circulación de vehículos.
Añadió que el mantenimiento de la capilla será responsabilidad de los propietarios y en caso de una ampliación se le notificará para su posible reubicación.
Comisarios y el delegado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se manifestaron en la explanada del Ayuntamiento para exigir la conclusión de cinco obras presupuestadas el año pasado.
También acudieron integrantes de Antorcha Campesina para solicitar al gobierno municipal los servicios de agua, alumbrado y que se atiendan las demandas de obras.
A las 11 de la mañana llegaron los comisario y delegados encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Efraín Dorantes Vélez, quien dijo que son cinco obras las que están paradas desde hace dos meses y a pesar del presupuesto no se han concluido. Entre ellas están la reconstrucción de una cancha deportiva, tres pavimentaciones de calles con concreto hidráulico y la construcción de dos aulas.
Abundó que han buscado a los funcionarios de Obras Públicas para que den a conocer los motivos por los cuales se encuentran suspendidas las obras, pero no han tenido ningún tipo de respuesta, por lo que decidieron acudir al Ayuntamiento, donde fueron atendidos por el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía.
Antes un grupo de unas 20 personas de Antorcha Campesina, encabezados por su líder, Gamaliel Hernández Waldo, en menos de dos semanas volvieron al Ayuntamiento para solicitar los servicios de agua potable, desazolve, alumbrado público y obras de pavimentación.
Los acuerdos a los que se llegó es que se iban a revisar y hacer las visitas para posteriormente hacer la ficha técnica y el proyecto para que se le asignen los recursos.
Del rastrilleo de caminos se acordó que se iban a programar las visitas a las comunidades con la maquinaria pesada. (Aurora Harrison).
La calle 5 de Mayo en el centro de Acapulco sigue cerrada por obras viales Foto: Carlos Carbajal
Comisarios de 11 comunidades de San Marcos, afectadas por el huracán Otis, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se les censen, porque no han recibido ningún apoyo oficial por los daños que tuvieron.
En un video compartido por Whatsapp, una representante de los inconformes leyó un escrito dirigido al mandatario federal, para que les ayude y “vengan los censadores, porque nosotros aquí, todos estos pueblos, fuimos damnificados del huracán Otis y la verdad es que no nos hacen caso”.
“Pero a ver si usted, como gobierno que es muy bueno y está ayudando a las comunidades, quiero que también a nosotros nos ayude, porque también tuvimos daños y no nos hacen caso”, recalcó la mujer que leyó el documento.
En el escrito lamentan que la Secretaría del Bienestar estatal, Maricarmen Cabrera Lagunas, diga que no son damnificados porque “sí hay pruebas y se les va a dar pruebas. No es mentira”.
Los pobladores de San Marcos pidieron a Cabrera Lagunas que visite sus comunidades, “que venga aquí, a hablar con nosotros, y le vamos a enseñar pruebas. No como ella dice, que no hay pruebas. Sí hay, sí hay daños y se los vamos a demostrar”.
La damnificada expuso: “Hemos luchado, pero no hay respuesta y ahora sí que usted, como buen gobierno que está ahorita y está apoyando a todas las comunidades, usted nos va ayudar, porque es un buen presidente”.
Indicaron que si llega a ganar la Presidencia de la República la morenista Claudia Sheinbaum, en las siguientes elecciones federales, la van apoyar, “porque son buenos gobernantes para toda la República mexicana”.
Insistió: “Queremos que nos apoye, que veamos claro, que no veamos oscuridad, porque ahorita estamos luchando, pero no vemos nada y yo quiero que usted nos apoye, ahora sí que usted es un señor muy luchón y queremos que luche por nosotros, y usted nos va a ayudar”.
Suscriben el escrito los comisarios de San José Guatemala, Lomitas de Papagayo, Barrera, Tejoruco Las Orquetas, Cacao, Palmitas, San Juan Grande, San Juan Chico, Minas, Llano de La Puerta y Medanito Perro de Agua.
El Sur publicó, el 25 de enero, la declaración de la secretaria del Bienestar, Maricarmen Cabrera, quien informó que los afectados del meteoro del 25 de octubre, que viven en San Marcos, serán beneficiarios de láminas y otros apoyos, con base en un censo estatal, pero no se les dará los enseres domésticos de la federación.
Un día antes, también se dio a conocer la postura del presidente municipal, Tomás Hernández Palma, quien consideró que la decisión de excluir a San Marcos de la declaración fue tomada “a la ligera” y dijo que eran “desafortunadas” las declaraciones del delegado federal, Iván Hernández, quien reiteró antes que no serían censados.
