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Presiona la alcaldesa de Ayutla a comisarios para impugnar la consulta, denuncia el MPG

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Ayutla denunció que la presidenta municipal del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, presiona a comisarios de comunidades para que firmen un documento donde rechazan la elección por usos y costumbres, con el fin de impugnar los resultados de la consulta realizada.
El integrante de la organización, José Luis Salgado, que apoyó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la consulta, expresó que los documentos serán utilizado por la presidenta para impugnar el proceso de consulta que se realizó en el municipio.
Vía telefónica, el representante del MPG informó que tras el triunfo de las asambleas donde se eligió la elección de las autoridades municipales por el método de usos y costumbres, la alcaldesa ofrece hasta diez mil pesos para que los comisarios digan que no estuvieron de acuerdo en la elección del método.
Los días 10, 11, 17 y 18 de octubre se realizaron asambleas en las comunidades del municipio. El 20 de octubre el asesor legal de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, informó que los resultados finales fueron 5 mil 987 votos para el sistema normativo propio o por usos y costumbres, y 5 mil 521 votos a favor del sistema de partidos políticos.
José Luis Salgado dijo que en las colonias de la cabecera, donde los representantes de los asentamientos estuvieron a favor de la elección del sistema comunitario, la presidenta Aldaco Quintana inició un proceso de renovación de los delegados, como ha ocurrido en las colonias La Villa, San José y Barrio Nuevo. En este última colonia la presidenta impuso como representante a la esposa del síndico Noé Morales.
Por otra parte el representante del MPG informó que no hay acuerdos con la actual presidenta para la entrega del Ayuntamiento, cerrado desde el 19 de octubre del 2014 como parte de la lucha para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que buscan un acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores para buscar una solución a las denuncias penales contra integrantes de la organización en Ayutla, acusados de atentar contra la sede del Instituto Nacional Electoral del distrito 08 durante las protestas antes de las elecciones del 7 de junio pasado.

Sin acuerdos, la reunión entre comisarios de El Chorro y Chavarría Barrera ayer



Daniel Velázquez Olea

Sin acuerdos ni solución concluyó la reunión entre autoridades municipales de Coyuca de Benitez y Acapulco, el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera; y los comisarios que mantienen bloqueado el acueducto de El Chorro.
La postura de los campesinos consiste en que mientras no se inicie la pavimentación del tramo Bajos del Ejido-Tixtlancingo, mantendrán su bloqueo, que impide el suministro de agua en esa zona y que afecta a unos seis mil vecinos de varias comunidades rurales, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez.
En el encuentro, que se llevó a cabo ayer en la oficina de la Presidencia Municipal de Acapulco, únicamente se acordó que el próximo jueves se volverán a reunir en ese lugar, para conocer la respuesta del gobierno del estado de si cuenta con presupuesto para empezar la pavimentación de la carretera. La vía tendrá una longitud de 25 kilómetros y se invertirían unos 30 millones de pesos.
Armando Chavarría dijo que el gobierno estatal tiene la disposición de resolver el problema, porque no “estamos peleados” y lo que se busca son “coincidencias” en las propuestas para resolver el abasto de agua que afecta a los pobladores, y aseguró que no habrá represión en contra de los inconformes.
Desde el 17 de abril de 2006, ejidatarios de siete poblados cercanos a El Chorro bloquearon el acueducto que bombea el agua de ese manantial al puerto, por lo que cuatro localidades de Acapulco no tienen agua.
En su intervención, el alcalde Félix Salgado Macedonio dijo que tiene una propuesta en Cabildo para solicitar a Banobras un préstamo por 93 millones de pesos y que, en caso de conseguirlo, se invertirían 12 millones para rehabilitar el sistema de agua potable de la zona con la intención de seguir compartiendo el abasto.
Por su parte, el alcalde de Coyuca de Benitez, Alberto de los Santos Díaz, explicó las causas que han impedido la pavimentación del tramo carretero; una de ellas, dijo, es que los recursos no se ejercieron en el tiempo destinado y por ello fueron regresados al bobierno del estado.
Ambos alcaldes coincidieron en que los gobiernos municipales no pueden pavimentar la carretera porque ello compete al gobierno del estado y que habrán de esperar la respuesta del gobernador
Los representantes de las localidades que mantienen el bloqueo acusaron a la CAPAMA de aprovechar el agua de El Chorro sin beneficiar a la localidad; también dijeron que la paramunicipal ha talado árboles, lo que afecta el ciclo del agua y disminuye la captación del líquido.
Pidieron a su director Miguel Ángel Castro Salas –quien estuvo presente en la reunión– que vigile la zona de El Pelillo porque allí ordeñan los tubos de agua y la venden a pipas o paleterías.

Piden al gobernador 5 millones de pesos para rastrear caminos en Ahuacuotzingo

 

 Desde febrero se le hizo la solicitud y a la fecha no nos ha respondido, se quejan comisarios. Ya han sucedido asaltos y volcaduras debido al mal estado de las carreteras, dicen

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

Comisarios de Ahuacuotzingo insistieron en su solicitud al gobernador René Juárez Cisnros de que los reciba en audiencia para pedirle que “libere” los 5 millones de pesos del proyecto de rastreo de caminos para 15 comunidades, porque “en los últimos días han ocurrido accidentes y han aumentado los asaltos por el mal estado de los caminos”.

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Pedro Nava Rodríguez, entrevistado en sus oficinas, aseguró que a pesar de que han solicitado en varias ocasiones que el gobernador del estado atienda a los comisarios, “no los quieren recibir”.

Fue en febrero –según Nava Rodríguez– cuando en un acto oficial los comisarios plantearon al secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, y al titular de Sedesol, Heriberto Huicochea Vázquez, sobre el mal estado en que se encuentran los caminos en 15 comunidades de Ahuacuotzingo, “y se comprometieron a efectuar una audiencia con el gobernador para exponerle la situación y pedir la liberación del recurso”.

Pero –dijo– ya estamos en abril y “no los han recibido”. El primer argumento es que “estaba ocupado con lo de su informe de gobierno, y prometieron que llamarían, pero esto aún no sucede”.

El rastreo de caminos –cuyo presupuesto es de aproximadamente 5 millones de pesos y prevé también la restauración de bordos y electrificación– “es necesario, debido a que en los últimos días y por el mal estado de los caminos varias camionetas se han volcado”, explicó Nava Rodríguez.

Otro de los problemas es que se “han ocurrido asaltos, y es que como las camionetas vas muy despacio para evitar volcarse, los asaltantes tiene oportunidad de detener el transporte y despojar a los campesinos de sus pertenencias”.

El dirigente del FODEG consideró que “el gobernador debe recibir a los comisarios y atender sus demandas”, porque “hay comunidades que se han quedado sin transporte, los conductores ya no quieren dar servicio porque han incrementado los asaltos”.

Llamó también al procurador de Justicia de Estado, Jesús Ramírez Guerrero, para que intervenga porque en ese municipio; “hay demasiada inseguridad y la situación cada días se agrava más”.

Entre las comunidades afectadas por la falta de rastreo de caminos se encuentran Yierbabuena, Acateyahualco, Totolzintla, Te-nancitlán, Tepoztlán, Tecolcua-utla, Lagunilla, Tepetatlipa, Mitlalcingo, Zompazolco, Teco-zaca, Rincón de Cozahuapa, Tlaquilcingo, Las Jícaras y Oxtoyahualco.