Carmen González Benicio
Copanatoyac
El Cabildo del Ayuntamiento de Copanatoyac realizó su sesión abierta enmedio de señalamientos de ediles de que era ilegal porque el secretario general usurpaba funciones, no les proporcionaron información previa sobre los puntos a aprobar, falta de transparencia en el manejo de las partidas presupuestales y decisiones unilaterales del alcalde.
La sesión de Cabildo Abierto convocada por el alcalde morenista Constancio Sánchez Campos en el auditorio de la cabecera, inició a las 12 del día, con los seis regidores y la síndica, personas del municipio y algunos comisarios y delegados de comunidades.
La propuesta del orden del día eran tres puntos específicos: aprobación del presupuesto 2026 y modificación presupuestal 2025 y convenio estado-municipio sobre expedición de licencias.
La lectura la realizó a quien presentaron como secretario general, Martín Cisneros, quien hizo el pase de lista y constató el quórum. Al iniciar las participaciones, la regidora de Educación y Juventud, Lucía Guadalupe Silva Flores cuestionó la legalidad de la sesión porque dijo ella recibió notificaciones de Martín Cisneros que era el director de Educación y no de Josefino Bruno García, a quien ellos designaron en el cargo, por lo que Cisneros estaba usurpando funciones ya que para el cambio debieron sesionar para su aprobación, lo cual le pidieron y se negó a seguir el procedimiento legal.
El alcalde desacreditó el comentario de la regidora diciendo que no era ilegal porque él estaba facultado para cambiar y poner a quien quisiera porque era un cargo de confianza y puso a alguien de su confianza, mandando a Bruno García a otro espacio; y remarcó que era de su confianza.
La regidora le contestó que no se oponían a los cambios sino a las formas y las decisiones unilaterales que tomaba porque ellos debían aprobar.
La sesión siguió con el punto de la aprobación del presupuesto 2026. Le pidió al contador Jaciel que explicara y tomó el micrófono para dar información confusa, sin coherencia, diciendo cifras que veía en su teléfono. Mejor se acercó a una computadora y dijo que iba imprimir unas hojas que les pasaría a la síndica y regidores para que supieran de qué hablaba. Imprimió unas hojas que no les entregó a todos.
Ese tiempo lo uso el alcalde para decir que lo único que debían hacer era aprobar el presupuesto porque era un requisito que les pedían y era una cantidad asignada por el gobierno que no podían modificar ni inconformarse.
Aunque como alcalde tenía autonomía para decidir cómo gastar el presupuesto que era para pagar nóminas, gasolina y hasta operaciones en salud de personas, porque así le nacía. Y de ahí se siguió con el tema de obras, que algunas comunidades les daba uno año y al siguiente a otra. Que quien lo fiscalizaba eran la Auditoía Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, que ya le habían revisado las obras.
La regidora Lucia dijo que era la primera vez que escuchaba al contador y quería que no sólo hablara de ingresos sino también egresos.
La síndica Florencia Arce Campos comentó que aprobaría si le explicaban de que se trataba porque no tenía información y que no se negaba, pero el alclade no les decía nada, así como tampoco la dejaba hacer sus funciones de seguridad y que no cobraba su sueldo.
La regidora de Equidad de género, Francisca León Gálvez, habló para decir que no iba a aprobar porque desconocía el contenido del documento del presupuesto porque lo solicitaron y no les dieron.
El alcalde le dijo al contador que ampliará la información, quien nuevamente no supo explicar y se dedicó a dar cifras de ajustes en unos rubros.
Sánchez Campos nuevamente retomó la palabra para explicar modificaciones al presupuesto del 2025.
Y les dijo a los asistentes que vieran quien votaba por la aprobación del presupuesto para que se hicieran las obras y que le argumentaran por qué no.
Las regidoras Lucía mostró unos documentos de la página de transparencia en que varios ciudadanos aparecían con apoyos recibidos por parte del Ayuntamiento en salud, ataúdes, de los cuales tres estaban presentes desmintiendo que recibieron algo y le pidieron al edil explicara.
Mostró un acta donde dijo que no sellaron ni firmaron por lo que sus firmas fueron falsificadas.
Mostró otro documento en que estaba comprobado que les pagaron su aguinaldo y compensaciones del 2024 y 2025, cuando eso no fue cierto.
Y cerro diciendo que por esos detalles no aprobaría el presupuesto hasta que tuvieran información suficiente y transparente.
Esa información sorprendió al edil quien le dio la vuelta diciendo que era falsa porque debía estar certificada y si la querían usar en demandas les iban a pedir más pruebas.
Y le dijo a la regidora que todos los señalamientos se los tenía que comprobar con pruebas y si tenían reclamos los denunciaran en las instancias correspondientes.
Luego de dos horas de las intervenciones, el alcalde ordenó al secretario general a que pasara la votación porque ya se habían salido del tema, dijo. Las dos regidoras y la síndica mantuvieron su negativa de aprobar el presupuesto del ejercicio fiscal 2026, que es de 163 millones de pesos y las modificaciones al del 2025 por los argumentos vertidos, aunque fue aprobado por mayoría con cuatro regidores y el presidente.
Las modificaciones al proyecto del presupuesto del 2025 fueron votadas por tres ediles, el presidente y dos regidores, por lo que no alcanzó mayoría.
De inmediato el secretario general les dijo que las actas ya estaban y las firmaran los que quisieran.
En sus intervenciones, Constancio Sánchez Campos dijo que el es el único que maneja el recurso por lo que nadie le puede robar ya que el hace el pago de las obras con las transferencias y todo lo que se ocupa.
Les dijo que luego de la aprobación del presupuesto harían la reunión de Coplademun para ver las obras que se harían.
Los asistentes en sus comentarios decían que los integrantes del Cabildo debían hablar para trabajar juntos.
El resto de regidores son: de Salud y Asistencia Social, Aurelio Morales Luna; Desarrollo Rural, María Agustina Villarreal Desiderio; Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Iván Bonifacio Rodríguez Rojas y de Comercio y Abasto Público, Policarpo García Sánchez.
