Protestan reporteros en Iguala ante una ley que sancionaría “difamación” a funcionarios

Reporteros de Iguala en la protesta al mediodía de ayer afuera de la sala de Cabildo del Palacio Municipal Foto: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

Un grupo de reporteros protestó este lunes fuera de la sala de Cabildo del Palacio Municipal contra la propuesta de modificar el artículo 234 del Bando de Policía y Go-bierno que prevé sanciones admi-nistrativas por difamación y afec-tación a la “honorabilidad y dig-nidad” del alcalde, ediles o cualquier servidor público, punto del orden del día que finalmente no fue votado y se pospuso para su revisión.
El mediodía de ayer se celebró a puerta cerrada la vigésima sesión ordinaria de Cabildo. En esta, se había advertido el análisis y posible aprobación de modificaciones en el Bando de Policía y Gobierno, en particular en aspectos relacionados a la libertad de expresión en los artículos 230 y 234.
En un anteproyecto que se filtró a reporteros, el artículo 234 advertía de sanciones administrativas o infracciones que van desde el arresto, trabajo comunitario o multa contra quien “difame o amenace por cualquier medio o plataforma digital”.
Asimismo, “a quien agreda física o verbalmente, o cause afectación por cualquier medio o plataforma digital, la honorabilidad y dignidad del Presidente Municipal, ediles o cualquier servidor público”.
Al mediodía un grupo de 11 reporteros protestó afuera de la sala de Cabildo mientras se realizaba la sesión. Los comunicadores, que algunos son parte de un grupo autodefinido como opositor al alcalde Catalán Rendón, colocaron cartulinas con consignas como: “No a la ley mordaza; no represión”, “Ediles, no al reglamento que afecte a los periodistas”, “Prensa libre; no al autoritarismo”, y “No más acciones que atenten contra la libertad de expresión”.
El representante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), y ex director de Comunicación Social del alcalde David Gama Pérez (PRI), Alejandro Aparicio, consideró que el Bando de Policía y Gobierno “no puede estar por encima de la Constitución”. Llamó a alzar la voz y pidió a los ediles reflexionar “y no voten por este reglamento que trastoca la libertad de expresión y de prensa”.
Antes de la sesión, el secretario de Gobierno municipal, Armando Victoria Esquivel afirmó ante reporteros que “son especulaciones” y que las modificaciones “en absoluto vulneran el derecho a la libertad de expresión, de opiniones o pensamiento”.
Reconoció que lo que se filtró a la prensa es un “anteproyecto” que se estuvo trabajando en las mesas de trabajo con síndicos y regidores, y consideró que en la propuesta final que realiza el alcalde Erik Catalán “los derechos constitucionales consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, se fortalecen y se privilegia”.
Detalló, que en el artículo 234, antes 230, establece que “no se considerará falta administrativa la manifestación de ideas, opiniones, críticas, denuncias, señalamientos por cualquier medio, incluidos los digitales, cuando se encuentren amparados por los derechos reconocidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del país”.

 

Presenta hoy el PRD denuncia en el IEPC contra el líder de Morena por difamación

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que este lunes se presentará ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una denuncia en contra del dirigente morenista Jacinto González Varona, por una presunta campaña de desprestigio y difamación por el señalamiento de que perredistas, priistas y panistas gobiernan municipios controlados por la delincuencia organizada.
En este procedimiento acusarán que Morena, previo al inicio del proceso electoral, busca denostar al PRD ante la sociedad, “con la finalidad de mermar nuestra participación electoral y la aceptación con la ciudadanía”.
En declaraciones telefónicas, Catalán aseguró que con esta campaña de difamación se busca “limpiar la imagen de Morena, ante la incapacidad de frenar la inseguridad que viven sus municipios en el estado”.

Darán pruebas del acto anticipado de campaña de Ebrard

Sobre la marcha que se realizó ayer en Acapulco, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en la que sus simpatizantes le manifestaron su respaldo como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, Catalán insistió en que se trata de una campaña anticipada, en la que se utilizan recursos públicos.
Señaló que los aspirantes, incluido Ebrard, utilizan los cargos en el gobierno federal “para tener acercamiento con la ciudadanía, utilizando también el recurso público que ejercen, y vimos también el acompañamiento de las autoridades locales, como la presidente municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez”.
De estos actos, dijo que ya “recabamos la evidencia necesaria y vamos a analizar y presentar alguna denuncia respecto a este tema, porque es un acto anticipado de campaña”.
El dirigente perredista señaló que la reforma electoral, denominada Plan B, lo que plantea es permitir estos actos “que no haya responsabilidades respecto a estas campañas anticipadas y darles todas las herramientas, a estos personajes, denominados ‘Las Corcholatas’ que mueve el presidente de la República en una campaña anticipada”.
Recordó que los aspirantes de Morena a la presidencia de la República manejan un discurso de transparencia y apego a la ley, “pero no es cierto, vemos como hacen eventos de promoción respecto a su imagen e incluso descuidan el trabajo que deben estar realizando”.

 

Que intervenga el líder del STAUAG en la escuela de Comunicación, piden maestros

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes de la delegación del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, exigieron al secretario general, Ofelio Martínez Llanes, que intervenga para solucionar los conflictos en la escuela causados por el delegado Samuel Bautista Nava.
Los inconformes pretendían manifestarse en las oficinas del STAUAG en la capital por la mañana, sin embargo, Martínez Llanes no se encontraba en las instalaciones, por lo que se limitaron a entregar un documento en el que pidieron su intervención en una reunión extraordinaria a la que Bautista Nava citó para hoy, en la que pretende imponer la sindicalización de maestros que no cuentan con los requisitos para el proceso.
De acuerdo con los integrantes de la delegación sindical, Gabriel Espinoza Moreno y Elino Villanueva González, Bautista Nava no respeta los acuerdos que se tomaron en una reunión extraordinaria, que se llevó a cabo el 20 de diciembre pasado, en la que según los reglamentos no se requiere de un mínimo de asistencia para legalizar las decisiones que se concreten.
Espinoza Moreno señaló que Bautista Nava citó a la reunión extraordinaria porque pretendía que se aprobara la sindicalización de maestros que simpatizan con su mandato al frente de la delegación sindical, a pesar de que no cuentan con la antigüedad ni el perfil académico necesario; sin embargo, no asistió y por ello se acordó solicitar la intervención de Martínez Llanes, para que se revisen los casos, así como la difamación de Villanueva González por contar con documentos apócrifos, hecho que fue esclarecido ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Los conflictos en la delegación sindical comenzaron en 2015, año en que Martínez Llanes se comprometió a atender la situación y el caso se discutió en el Consejo General de Representantes del STAUAG, la máxima autoridad del sindicato. Ahí se acordó revisar cada uno de los casos de maestros con derecho a pertenecer al gremio, así como exigir una disculpa pública para Villanueva González por parte de los profesores que lo difamaron. A dos años de los acuerdos, los conflictos prevalecen.