Funcionarios municipales renunciaron o solicitaron permisos a sus cargos en busca de un cargo de representación popular en este proceso electoral, unos ya no han regresaron porque van a continuar en la campaña que arranca el 20 de abril.
Entre ellos está la secretaria de Bienestar, Leticia Lozano Zavala, que está registrada en la planilla de la alcaldía como suplente de la candidata Abelina López Rodríguez; aunque a la ex funcionaria se le ha visto en varias actividades públicas como “invitada especial”.
Otro de los que se separó de su cargo fue el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Eric Romero Morales, quien fue registrado en la planilla de regidor en el sexto lugar; también renunció el ex director operativo de CAPAMA, Alejandro Sotelo Urióstegui.
Aunque no aparecen en la lista como candidatos, otros funcionarios que renunciaron en busca de un cargo fueron: el subsecretario de Finanzas, Antonio Rojas Marcial; la directora de Panteones, Elizabeth Parra, y el director de Maquinaria Pesada, Silvestre Gómez.
Otros que solicitaron permiso son los regidores por Morena, Ilich Lozano Herrera, que en la pasada sesión de Cabildo su suplente rindió protesta; también está el regidor Jonathan Márquez, la regidora Laura Caballero Rodríguez, y la regidora Flora Contreras Santos. (Aurora Harrison).
Diputados votan de manera nominal a favor de enviar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la lista completa de los 32 aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El Congreso local aprobó la lista completa de personas registradas en la convocatoria para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin depuración, para enviarla a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien definirá la terna para que los diputados hagan la designación.
La convocatoria aprobada el martes pasado dice que una vez realizada la valoración curricular de los aspirantes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elaboraría una lista de “al menos diez candidaturas” que llevaría al pleno para su aprobación.
La presidenta de la Jucopo, Citlali Calixto Jiménez, argumentó que la Constitución no establece el mecanismo para hacer una depuración, y si enviaban sólo diez propuestas al Ejecutivo podían incurrir en discriminación o tener un proceso discrecional en el Congreso porque todas las candidaturas son elegibles.
De los 33 registros que se supo inicialmente, quedaron 32, por un folio cancelado. Calixto aseguró que no se trató de un desistimiento, sino de error en la integración del listado.
En consulta telefónica, la morenista explicó que el artículo 142 de la Constitución de Guerrero señala los requisitos que debe reunir la o el titular de la Fiscalía. “Al recibir las propuestas, nosotros (la Jucopo) nos encargamos de que cumplan estos requisitos para que cada una de las personas se puedan convertir en personas elegibles”.
Enfatizó que la misma Constitución señala que se deben enviar al menos diez propuestas al Ejecutivo, y decidieron enviar la lista total porque todos los perfiles cumplen los requisitos de ley.
Sobre el proceso de audiencia de los aspirantes, que también es importante, dijo que una vez que el poder Ejecutivo envíe la terna, entonces la Jucopo pedirá a los seleccionados que comparezcan para tomar una determinación sobre los consensos que se deben generar.
“No es un proceso discrecional, es un proceso que así corresponde por procedimiento legislativo para designar a la Fiscalía”.
Del registro los perfiles militares en la convocatoria, respondió que en este momento no están evaluando cuáles son los civiles o militares “porque entraríamos en proceso discriminatorio entre civiles y militares, yo quisiera comentar que todos y todas tienen el legítimo derecho a aspirar, y la Constitución no te ha marcada que ser militar o no sea una condición para aspirar o no la titularidad de la Fiscalía”.
El Congreso tenía diez días para remitir la lista a la gobernadora. Lo hizo en el quinto día del plazo. La gobernadora tiene otros diez días para formular la terna. Una vez recibida la terna, la Jucopo llamará a comparecer a los finalistas para presentar su plan de trabajo.
Los inscritos
En lista completa de las candidaturas, de cuatro mujeres y 28 hombres -no se tuvo información de la quinta mujer que habría llevado sus documentos entre los primeros dos días del registro-, hay dos con formación militar, cuatro servidores públicos en funciones, y al menos nueve ex funcionarios.
El primero en registrarse, Jesús Zamora Muñoz, tiene formación militar. De acuerdo con los registros periodísticos, en 2012 fue nombrado fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales en Guerrero, y lo removieron en 2015 por omitir que era parte de un proceso abierto contra 18 militares por delitos de desaparición forzada, abuso de autoridad y homicidio en contra de Saúl Becerra Reyes, El Cholo Fresa, a quien detuvieron en el 2008 en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
El coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda, el vicefiscal de Investigación que sustituyó a la ex fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, cuando la titular solicitó una licencia de seis meses, y que fue cesado en cuanto la servidora pública decidió no tomar el periodo de receso que había requerido ante el Congreso local; aparece en el número cinco de los candidatos.
El actual encargado de la FGE, después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda cesó a Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Gustavo Romero Rosas, es el 21 de la lista de inscritos.
Fue fiscal de Terrorismo, y de Delitos contra la Salud en la SIEDO de la anterior Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, coordinador general, director de Prevención del Sistema de Adolescentes, y director del Sistema de Prevención y Reinserción Social en Sinaloa; asesor jurídico de la Guardia Nacional y director general de Defensoría de Oficio, entre otros cargos.
Una versión de pasillo, indica que entre estos dos personajes, propuestos desde la federación podría recaer la designación.
Los aspirantes servidores públicos son el fiscal especializado en delitos electorales, Miguel Alejandro Guizado Jaimes; el director de Administración y Finanzas del TSJ, Antonio Sebastián Ortuño; la directora de Seguimiento y Atención Ciudadana de la Comisión Estatal de Búsqueda del gobierno del estado, María Eugenia Morales Rivera, y la asesora jurídica pública, Roxana Olea Apátiga.
El ex subsecretario de Asuntos Indígenas, Daniel Cahua López, quien recién renunció al cargo para postularse por una candidatura en Morena.
Participan por primera o segunda vez en la convocatoria de selección de la fiscal, la ex directora de Averiguaciones Previas de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado, Blanca María del Rocío Estrada Ortega; el ex funcionario de la FGE, José Balbuena Herrera, y el ex fiscal regional de Acapulco, Porfirio Mercado Bacho.
Asimismo, los abogados Alfonso González Zamora, que también fue agente del Ministerio Publico federal; Gregorio Alarcón Avila, ex coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro en Acapulco; Raymundo Pérez Medrano, Ulises Sandoval Catalán, Hugo Ignacio Clemente Quiterios y Ricardo Terrones Pérez.
Y el ex abogado de la Univer-sidad Autónoma de Guerrero, Jaime Kahan Hernández, concluyó su cargo en diciembre, que concursó en la convocatoria de 2021.
Entre los ex funcionarios, se encuentra la ex delegada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fanny Ruth Lara Figueroa.
Participan también Armando Ramírez Martínez, Miguel Alcaraz Vázquez, Crisóforo Agustín Ibañez Morales, Jaime Alvarado López, Rodrigo González Ramírez, Antonio Nogueda Téllez, Rodrigo Reyes Rodríguez, Eugenio Ramírez Navarrete, Luis Alberto Aparicio Gómez, Pablo Ricardo Andalón Sotelo, Francisco Jaimes Brito y Efraín Lara Agüero.
Profesores de Educación Física y funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) lograron acuerdos en el 50 por ciento de los 12 puntos de la minuta de demandas, entre ellas, la autorización de la triple sesión o clase con cada grupo que atienden.
También la nivelación a 14 horas de los maestros que tienen menos de 12, y pagar el salario de acuerdo con el tabulador nivel 3, de “vida cara”, en escuelas de Acapulco y Zihuatanejo.
Como seguimiento a las mesas de trabajo organizadas luego de las protestas realizadas en las distintas regiones de la entidad, por profesores de Educación Física, que en el caso de la zona Norte mantenían un paro laboral desde el 4 de diciembre, este lunes continuaron las negociaciones en una reunión que duró 11 horas, en la Subsecretaría de Educación Básica ubicada en Chilpancingo.
Este martes, en declaraciones por teléfono, el vocero y secretario general de la delegación D-1 (424) en la región Norte, Sotero Salgado Villalobos, detalló que entre los seis puntos de la minuta de acuerdos en las que lograron avanzar está la autorización al nivel 3 o “vida cara”, para los profesores que obtengan su cambio de adscripción a escuelas de Acapulco y Zihuatanejo.
Asimismo, explicó que se logró el cambio de claves a maestros de Educación Física que están dados de alta con otras asignaturas, por ejemplo, hay profesores que tienen clave de Música, a pesar de que son de Educación Física. El acuerdo logrado, dijo, es que esas claves se darán de baja y de acuerdo con el salario que perciben, se hará la creación de la nueva clave con horas ya como de Educación Física, respetando todos sus derechos, prestaciones y antigüedad.
También lograron que a todos los profesores de Educación Física, que tienen menos de 12 horas, los nivelen a 14 horas; y quienes trabajan en Centro de Actualización del Magisterio (CAM), Centros de Atención Infantil (CAI) e internados, podrán participar en los procesos de actualización y recategorización de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), que hasta antes de este acuerdo no se les permitía.
Salgado Villalobos detalló que, respecto a la petición de la autorización de la triple sesión que tendría por semana cada grupo en las escuelas, se les permitiría a los profesores de Educación Física incrementar su horario laboral y por consiguiente su salario.
Además, se les da la posibilidad de desahogar su jornada laboral en una sola escuela y no tener que trasladarse a dos o tres planteles, pues algunas sólo cuentan con seis grupos de alumnos.
Dijo que lograron el acuerdo con que el gobierno estatal autorizó la triple sesión y ahora sólo falta que el gobierno federal mediante las secretarías de Educación Pública (SEP) y Gobernación (Segob), le den el visto bueno.
Declaró que ven buena voluntad de la SEG para seguir sumando y llevando a cabo sus peticiones, por lo que acordaron otorgar el “beneficio de la duda” a las autoridades educativas.
Agregó que se prevé una siguiente mesa de negociaciones, ya con la presencia de representantes de la Segob, SEP, SEG y el nivel de Educación Física, de la cual sólo les dijeron que podría ser entre los días 9 y 13 de este mes.
De las demandas pendientes, dijo que falta la elaboración del proyecto de la nivelación a 25 horas para los docentes que tienen menos de esta carga de trabajo, así como el pago del bono del Bienestar, que es un apoyo de 16 mil pesos que el gobierno de la República entregó a administrativos y algunos sectores de Educación Básica, mientras que a los de Educación Física sólo les dio poco más de mil pesos.
Asimismo, reiteró que también se acordó el desistimiento de cualquier represalia en contra de sus compañeros, ya que estaba la amenaza de aplicar descuentos o actas administrativas de abandono de empleo, advirtiendo que en caso de que se llegue a aplicar a alguno de sus compañeros, “nos reorganizamos y les volvemos a parar el estado, hasta que se desista cualquier represalia”.
Advirtió que a pesar de que han logrado algunos acuerdos, esperarán a que éstos se formalicen y se hagan efectivos, porque a pesar de que han levantado su paro laboral y liberado todas las delegaciones de la SEG que habían sido tomadas en el estado, no descarta que haya más protestas en caso de que se incumplan los acuerdos.
“Vamos a seguir hasta tratar de tener resueltas todas nuestras demandas, aunque sea en otro momento. Ahorita ya sacamos la mitad y esperamos que en otro momento logremos sacar el resto”, dijo el representante.
Sotero Salgado mencionó que en la reunión, que se llevó a cabo de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde del lunes, estuvieron los subsecretarios de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña, y Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, así como representantes de la Usicamm.
Vecinos de diferentes colonias de Acapulco en el bloqueo que realizaron junto a la glorieta de La Diana, para exigir el apoyo por afectaciones del huracán Otis a más de tres meses del fenómeno Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón / Aurora Harrison
Vecinos de diferentes colonias bloquearon las avenidas Costera y Constituyentes para exigir el pago del gobierno federal por los daños del huracán Otis.
En la mañana, unos 50 vecinos de diferentes colonias bloquearon tres horas un sentido de la avenida Costera para exigir el apoyo del gobierno federal, a más de tres meses del huracán Otis.
Después de las 9 de la mañana, los manifestantes cerraron el sentido que va al Centro de Convenciones, en la glorieta de La Diana.
Manifestaron que algunas personas tienen el cintillo de censo de la primera etapa y no pueden cobrar ningún apoyo.
Añadieron que otras personas llamaron a la línea telefónica de la Secretaría del Bienestar federal para registrarse para un nuevo censo, pero ayer en el módulo del Zócalo le dijeron que no iban a recibir apoyo.
En declaraciones a reporteros, la vecina del fraccionamiento Farallón, Marisol González, denunció que no hay apoyo económico del gobierno federal, luego de más de tres meses del huracán Otis.
Precisó que hay dos casos, los censados con cintillo y que no han podido cobrar ningún pago del gobierno federal.
Añadió que otras personas se registraron en la línea telefónica del Bienestar federal y que no hay resultados.
Los damnificados son del fraccionamiento Farallón, Costa Azul, colonia Progreso, entre otras.
El acuerdo fue que el jueves los iban a atender funcionarios de la Secretaría del Bienestar federal a las 6 de la tarde.
Por otra parte, vecinos de diferentes colonias, bloquearon una hora la avenida Constituyentes para exigir el pago del gobierno federal por los daños del huracán Otis.
Después de las 2 de tarde, unos 30 inconformes cerraron los dos sentidos, bajando el paso elevado Constituyentes, a una cuadra de la avenida Ejido.
Los manifestantes reclamaron que tenían tres noches y cuatro días esperando el pago afuera de la Unidad Deportiva Acapulco (UDA).
Se quejaron que les notificaron por mensaje de texto del pago del gobierno federal y que fueron engañados por los “Servidores de la Nación”.
Indicaron que no hubo módulo de la Secretaría del Bienestar federal adentro de la UDA y que no hay información de los “Servidores de la Nación”.
En declaraciones a reporteros, Sori Torres denunció que los vecinos fueron engañados por los “Servidores de la Nación” para el pago del apoyo del gobierno federal por los daños del huracán Otis.
Declaró que desde el viernes en la noche les llamaron por teléfono celular para cobrar el apoyo con horario, mesa y lugar.
Añadió que no hay condiciones de salud y seguridad afuera de la UDA, “nos engañaron, a pesar de la llamada y mensaje del Bienestar”.
Precisaron que llamaron a la línea del Bienestar federal para registrarse en el segundo censo y que después les llamaron para cobrar, sin resultado.
Los inconformes eran de las colonias Progreso, Hornos Insurgentes, La Laja e Icacos, entre otras.
Tampoco en el módulo de Bien-estar del Zócalo se atiende a damnificados rezagados
Decenas de ciudadanos acudieron desde muy temprano al módulo de la Secretaría de Bienestar federal, instalado en el Zócalo, pero encontraron que no hubo servicio para los damnificados rezagados y se quejaron que no se avisó que no atenderían ayer y sólo los traen dando vueltas.
A las 8:30 de la mañana, unas 70 mujeres y hombres de diferentes colonias acudieron al módulo de atención en el Zócalo para saber porqué no les han enviado mensaje y para cuándo les harán entrega del pago de reconstrucción a los que faltan.
El señor Lorenzo dijo que él recibió 8 mil pesos del apoyo de limpieza, y cuando acudió a que le pagaran el apoyo de reconstrucción, en su CURP traía una letra mal y no le pagaron el apoyo, que esa vez “levantaron una incidencia, y les dijeron que entraría como rezagado”, pero ha estado dando vueltas y no le resuelven.
Explicó que en su casa tuvo daños en el techo, ventanas, puertas, pero hasta ayer no le han llamado “según me iban a marcar desde diciembre, pero no han llamado, por eso es que vine hoy, pero nos dijeron que no van a dar ninguna atención”.
“Desde diciembre me dieron el apoyo de limpieza, pero lo demás no, según dijeron que iban a llevar a la colonia, pero veo que no será de esa manera”, dijo el damnificado.
Otra vecina del fraccionamiento Las Playas contó que el domingo acudió a la plaza de Toros, pero le dijeron que ahí sólo entregaban enseres, “yo me censé por teléfono y una amiga me digo que el viernes que viniera al módulo que ahí le iban a resolver”.
“Voy a esperar, porque yo ya le invertí a mi casa, lo bueno es que soy jubilada y pedía un préstamo de 20 mil pesos para arreglar, porque cómo voy a vivir así sin vidrios y todo el daño que tuvo mi vivienda”, dijo la vecina del fraccionamiento Las Playas.
En el módulo había agentes de la Guardia Nacional y las personas que ya se habían registrado en el primer censo y que no han podido cobrar los apoyos les preguntaron por los trabajadores de la Secretaría de Bienestar, pero éstos le dijeron que ayer lunes no habría servicio que les dijeron que ese día no iban a laborar hasta hoy martes.
Algunos se molestaron porque comentaron que no avisaron que no habría servicio, pero otra de las razones es porque no les dan una información precisa, los traen dando vueltas de un lado a otro, mientras que personas que apenas se censaron en la segunda vuelta ya les dieron su apoyo y sin hacer una revisión en sus inmuebles.
Los damnificados que han estado dando vueltas en los módulos pidieron números telefónicos e incluso se estaban organizando para salir una comisión a la Ciudad de México y asistir a una de las conferencias del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y exponer cada quien su caso. Otros planteaban que hicieran manifestaciones en el Centro de Convenciones el miércoles o en la próxima visita que hiciera el presidente en Acapulco.
Padres de familia y maestros de la secundaria Josefa Ortiz de Domínguez, de la comunidad Huajintepec, municipio de Ometepec, volvieron a pedir a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), este miércoles en Chilpancingo, solución a su demanda de maestros.
Sin embargo, fueron desdeñados por funcionarios de la dependencia, quienes no asistieron a una cita programada.
El 24 de enero pasado, los padres y maestros de esa escuela bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, a un costado del monumento Las Banderas, en Chilpancingo, para exigirle a la SEG el cumplimiento de una minuta de acuerdos en la que se comprometen a enviarles los maestros que les hacen falta.
Este miércoles regresaron a la capital, para insistir en sus demandas a las autoridades de la SEG, sin embargo, a pesar de que había el compromiso de una mesa de dialogo, no asistieron los funcionarios que deberían resolverles.
Una de las madres de familia, Lorena López, informó que vinieron con la promesa de que les resolverían sus demandas, pero la reunión la tenía programada a las 10 de la mañana y a las 11 y media no habían llegado los funcionarios.
La comisión esperaba reunirse, cuando menos con el director general de Educación, Rafael Ramírez Avilés, pero a las 11 y media de la mañana solamente había llegado Diego Armando Basilio, un enviado del funcionario, con quien no quisieron dialogar. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Regidores y funcionarios municipales solicitaron permiso para ausentarse de sus cargos mientras concluye el proceso de selección de los candidatos a un cargo de elección popular por parte del partido Morena.
Entre los regidores que solicitaron permiso están Jonathan Márquez, Laura Caballero Rodríguez, de quien se supo se registró como aspirante a la candidatura para la presidencia de Acapulco; también se sabe que el regidor Ilich Lozano busca alguna candidatura, pero no solicitó permiso.
De los funcionarios que solicitaron permiso para ausentarse de sus cargos se encuentra el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Erick Romero; la directora de Desarrollo Económico, Elizabeth Parra, y la directora de Panteones, Lourdes Cristina Jaimes, además del director de Maquinaria Pesada, Silvestre Gómez, quienes se registraron en busca de una candidatura de representación popular para este proceso electoral.
En tanto que Alejandro Sotelo Urióstegui renunció al cargo que ocupaba en la Dirección Operativa de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y es que se registró como aspirante a la candidatura por la diputación número 4.
Son algunos de los que se supo que solicitaron permiso o se separaron en espera de que en su partido elijan quienes serán los que van a contender en el próximo proceso electoral.
El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Hugo Lozano Hernández, declaró que el organismo cerró el año pasado casi “agonizando” y que ninguno de los organismos públicos descentralizados del estado ha pagado su deuda, la cual ascienden a más de 100 millones de pesos.
Ayer en declaraciones a reporteros en su oficina, de la salida del director operativo, Alejandro Sotelo Urióstegui, y a pregunta expresa si hay más cambios, respondió que el ex funcionario renunció por asuntos personales y que desconocía si busca algún cargo político.
“La CAPAMA finalizó el 2023 pues respirando y casi agonizando, hubo dos quincenas después del Otis que el único apoyo que tuvimos fue de la presidenta municipal, donde nos apoyo con el pago de las quincenas, ahorita quiero agradecer a los usuarios que se pusieron al corriente con sus pagos”, dijo.
Recordó que incluso usuarios que estaban en la cartera vencida aprovecharon la campaña de descuentos y se puso al corriente con sus pagos y “gracias a ello pudimos de alguna manera salir con esos compromisos que ya teníamos con los trabajadores. Empezamos, vamos a decirlo así, y responsablemente que empezamos en ceros”.
“Tenemos que trabajar a marchas forzadas con la recaudación y pedirles el apoyo al gobierno del estado que nos apoye con el pago de la Secretaría de Educación Guerrero y las OPD para que nosotros podamos levantar esto, sin el pago, sin la recaudación a nosotros nos atan de manos, apelar a la buena voluntad del gobierno del estado”, dijo.
Mencionó que con el pago de la SEG que asciende a 40 millones de pesos, “yo le estaría haciendo frente a muchos problemas financieros que atraviesa la CAPAMA”.
Explicó que la Universidad Autónoma de Guerrero ya pagó su adeudo, “no tiene adeudos de años anteriores, más que el de este y se está tratando de volver a tener el acercamiento con ellos para que ya se pongan al corriente, pero el problema que tenemos ahorita grave es de los OPD que es mucho dinero y con el cual estaríamos haciendo frente a muchas de las problemáticas que tiene la paramunicipal”.
“Queremos que el gobierno federal nos voltee a ver porque necesitamos el apoyo de manera urgente, porque vuelvo a repetir, la tubería esta totalmente podrida en todo Acapulco y desgraciadamente Acapulco no cuenta con una red para aguas pluviales”.
Sostuvo que la CAPAMA está operando con una producción de 3 mil 850 litros de agua por segundo de los sistemas Papagayo I, Papagayo II y el Acueducto Lomas de Chapultepec, pero que el problema que limita la distribución son las constantes fugas.
Por otra parte, se le preguntó si aparecerá en la boleta electoral en las próximas elecciones, esto luego de que su nombre aparece como aspirante a la diputación por el distrito 6, respondió que está comprometido con el organismo hasta donde “tope”.
De Alejandro Sotelo dijo: “no se si renunció por cuestiones de que se iba a una candidatura, él presentó su renuncia de manera personal porque tenía que atender unos asuntos personales, pero en realidad no se si fue por cuestiones políticas”, dijo.
Informó que sí hay otros cambios, “pero no por cuestiones políticas”. Aunque no mencionó en qué áreas, se supo que en la Dirección de Atención Ciudadana, Pedro Radilla fue sustituido por el que estaba como director de Saneamiento Básico.
Una reportera preguntó si entre los usuarios tienen algún aspirante a un cargo de elección popular como deudor a la paramunicipal, Lozano Hernández respondió: “no me he puesto a checarlo, debe haber el registro, pero no lo he revisado”.
“Ustedes más que yo lo saben, solamente muchos de ellos asoman la cabeza cuando ya viene las elecciones, pero todas las personas que me acabas de mencionar no los vi con una pala, un pico, no los vi apoyando, vi que se acercaban a tomarse la foto donde ya estaban repartiendo despensas, pero no salían de sus bolsas, no he visto gestiones de ninguno de ellos, yo tengo enfocado mi mente 100 por ciento a CAPAMA hasta donde tope”, dijo.
Recordó que “anteriormente hubo y agradezco a los adversarios de la presidenta municipal que me tomaran en cuenta y que se preocuparon por mi, no se qué miedo le tienen, pero yo le vuelvo a repetir estoy enfocado a CAPAMA y enfrentando los problemas tanto operativos y financieros” y consideró que lo mejor que le pasaría Acapulco es que “la presidenta se reelija”.
Al menos 20 funcionarios del gobierno municipal de Acapulco buscan candidaturas por Morena, de acuerdo con los registros que desde principios de año se han difundido en redes sociales, mismos que ninguna autoridad de Morena, estatal o nacional, ha desmentido.
Del total 11 son ediles, tres funcionarios de primer nivel y el resto son directores de área.
En la búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Acapulco están la actual presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, quien busca la reelección. También están la secretaria de Bienestar, Leticia Lozano Zavala, los ediles Laura Caballero Rodríguez e Ilich Lozano Herrera y el trabajador sindicalizado del ayuntamiento, Edson Rivelino Pérez Salas.
En la búsqueda de diputaciones locales, por el distrito 4 los nombres conocidos son el de la síndica de Gobernación y Seguridad, María Inés Mendoza Sandoval; la regidora Ricarda Robles Urioste, el ex director del Instituto Municipal de Planeación, Yair García Delgado, y el ex director Operativo de la CAPAMA, Alejandro Sotelo Urióstegui.
Por la candidatura en el distrito 5 están en anotadas las regidoras Laura Caballero Rodríguez y Karime Rentería Catalán; el ex director del Instituto Municipal de Planeación, Ernesto González Pérez, y el director de Mercados, Ricardo Martínez Sánchez.
En el distrito 6, buscan la candidatura el actual regidor Jonathan Márquez Aguilar y el director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández. Por el distrito 9, la regidora Flora Contreras Santos busca ser la candidata.
En las listas de aspirantes a la diputación por la vía de representación proporcional están anotados los regidores José Antonio Carbajal Moreno y Kandy Salas del Valle.
Para las diputaciones federales se supo que se registró el secretario de Planeación, Erick Romero Morales, por el distrito federal 2.
La lista de autoridades municipales interesadas en un cargo de elección popular es inexacta, pues para los siete distritos locales de Acapulco están anotados 130 aspirantes, la mayoría desconocidos en el municipio. Todavía no se conocen las listas de aspirantes a ediles y en esas listas puede haber funcionarios menores en búsqueda de algún cargo.
También se supo que los morenistas están en la puja por los espacios de representación popular, porque una encuesta interna les reveló que Morena tiene la intención de voto más alta, por encima de cualquier personaje, por lo que su principal intención es lograr la nominación como candidatos y ganar con la fuerza del partido.
Los tiempos electorales
De acuerdo con la legislación local, los funcionarios públicos que son aspirantes a un cargo de elección popular deben separarse del cargo en dos etapas. La primera para las precampañas, que es el periodo para conseguir el apoyo de los militantes y simpatizantes de un partido, que para las diputaciones locales comenzó el pasado 2 de enero y concluye el 10 de febrero.
En tanto, las precampañas para los aspirantes a integrar las planillas de ayuntamientos, alcaldes, síndicos y regidores, empiezan el 16 de enero. En ambos casos, los interesados en estos cargos deben separarse de sus funciones un día antes del inicio del proceso interno de sus respectivos partidos.
La siguiente fecha en que los los funcionarios públicos que pretendan participar en la contienda electoral, como aspirantes a un cargo de elección popular, deberán separarse del cargo a mas tardar el 4 de marzo, es decir, 90 días antes de la jornada electoral.
En la sesión del pleno del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana (IEPC) del pasado 16 de diciembre, se dio cuenta de la respuesta que el organismo dio a varios actores políticos sobre el proceso de precampaña, aclarando que quienes aspiren a ser candidatos para los comicios de 2024, y sean “servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, fiscalización, supervisión, manejo de recursos públicos o que tengan a su cargo la operación de programas sociales”, deben separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados.
La sugerencia del IEPC fue que tomen como referencia la fecha de inicio del periodo de precampañas para que, a más tardar un día antes de su inicio, se separen del cargo.
En el caso de los partidos políticos que no van a realizar precampañas, la separacion del cargo “no aplica, pues, al no existir dichos actos de precampaña, resulta innecesario separarse del cargo para poder cumplir tal exigencia. No obstante, deberá evitar incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso electoral”.
El 28 de dicembre, el IEPC emitió un aviso, en el que se limitó a informar que los aspirantes a diputaciones debían separarse a más tardar el 1 de enero y los interesados a integrar las planillas de Ayuntamiento, el 15 de enero.
No hizo ninguna acotación sobre los procesos internos de los partidos, dijo: “Las y los servidores públicos con cargo de dirección, que tengan a su cargo la operación de programas sociales y que aspiren a una precandidatura, deberán separarse del cargo durante el lapso que duren las precampañas respecto del cargo de representación popular por el que desean ser postulados”.
También avisó que quienes busquen reelegirse, pero “que no tengan funciones de dirección, fiscalización, supervisión o manejo de recursos públicos, ni lleven a cabo la ejecución de programas gubernamentales, así como los demás casos previstos en la Constitución Política del Estado y en la Ley Elctoral Local no estarán obligados a separarse del cargo”.
La dirigencia estatal del PRD informó que el 2 de enero será el registro para los aspirantes a cargos de elección popular para diputaciones locales y Ayuntamientos, y quienes ostenten cargos públicos deberán separarse un día antes del inicio de las precampañas.
En un “aviso”, difundido a las 4 de la tarde de este 26 de diciembre en la página de Facebook del PRD se da cuenta de los plazos fijados por la dirigencia nacional para el registro de precandidatos.
La convocatoria para los aspirantes a las candidaturas a diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores por el PRD se publicarán la siguiente semana, el martes 2 de enero.
Los registros de los aspirantes serán de cuatro días para los aspirantes a una diputación local. Podrán registrarse del 3 al 7 de enero. Después tendrán del 9 al 10 de enero para subsanar cualquier observación en su registro, la aprobación de los registros se dará a conocer el 13 de enero, la precampaña será del 14 de enero al 10 de febrero.
Para los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores, el registro será del 17 al 21 de enero, para subsanar observaciones en los registros serán los días 23 y 24 de enero. La aprobación de los registros será dada a conocer el 27 de enero por la dirigencia nacional y la precampaña será del 28 de enero al 10 de febrero.
El aviso también precisa a los perredistas que actualmente son servidores públicos u ocupan un cargo de dirección, fiscalización, supervisión, manejo de recursos o que tengan a su cargo la operación de programas sociales deberán separarse del cargo un día antes del inicio de las precampañas. Los aspirantes a diputados el 13 de enero y los aspirantes a alcaldes, síndicos y regidores el 27 de enero.
El aviso está suscrito por el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal Alberto Catalán Bastida y la secretaria general Ivet Díaz Bahena.
Para 2024, el PRD busca ir en alianza con el PRI y el PAN, pero las negociaciones siguen empantanadas pues no hay acuerdos sobre la distribución de los 28 distritos locales.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que el gobierno estatal no va a inmiscuirse en las campañas de los candidatos en las elecciones federales y locales del año próximo, “ni con vehículos ni con personal”.
En su participación tras el informe de labores del Tribunal Electoral del Estado (TEE), luego de la lectura de la presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol y que se transmitió en línea, el funcionario estatal señaló que quienes estén en el poder Ejecutivo y quieran participar en las elecciones deberán separarse de sus puestos.
Reynoso Núñez ratificó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no va a inmiscuirse en el proceso electoral, para no sesgar la decisión del pueblo.
Reconoció que son “muy conscientes de que hay muchos compañeros con el deseo de participar, pero también tenemos muy claro el compromiso del gobierno del estado, de servir de manera permanente. Quienes deseen ser parte del proceso y sean parte del poder Ejecutivo, pues se separen para poder desarrollar plenamente sus derechos políticos”.
Se supo que las autoridades electorales esperaban la asistencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el informe, por eso la invitación a actores políticos fue personalizada, sin convocatoria a medios de comunicación.
En representación de la titular del poder ejecutivo, Reynoso Núnez reconoció la representación plural de la democracia, con las mujeres y pueblos indígenas desde la integración de planillas.
Así como la función del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), “encargado de la conducción del proceso”, y el TEE en la siguiente instancia.
Destacó la especialización de los tribunales en el estado, dado que 94 por ciento de las resoluciones locales en materia electoral son confirmadas en otras instancias, de acuerdo con el informe de labores. Asimismo, dijo que en el Tribunal de Justicia Administrativa también tienen un alto porcentaje de resoluciones confirmadas en juicios de amparo.
“Habla de que la justicia en Guerrero es especializada, se encuentra en el marco del derecho, que no tiene sesgos políticos y lo que buscamos justamente es que se sigan conservando estas instituciones, que se sigan formando profesionales, que sigan teniendo condiciones para desarrollarse, (porque) un pueblo sin justicia no es un pueblo que pueda tener un gran futuro”.
Dijo que hay instituciones sólidas y comprometidas con la ciudadanía en el estado, con los derechos políticos de los ciudadanos, y van a regir este proceso electoral, por lo tanto, los ciudadanos pueden tener más confianza al acudir a las urnas.
Añadió que el abstencionismo ha sido “el enemigo” de los procesos electorales, ante la desconfianza ciudadana, “por eso la gobernadora no va a inmiscuirse en este proceso electoral, de no tratar de sesgar la decisión del pueblo, ha sido muy clara al respecto. No inmiscuirse en las campañas, será “la mejor garantía de que el pueblo de Guerrero pueda decidir en libertad a quienes nos van a representar”.
En juicios de la ciudadanía, 49 por ciento de mujeres
En el segundo informe de Rodríguez Xinol, informó que el TEE recibió de 138 medios de impugnación, de los cuales 80 corresponden a Juicios Electorales de la Ciudadanía, 22 Recursos de Apelación interpuestos por los diferentes partidos políticos, 23 corresponden a laudos convenios entre el Tribunal y sus servidores públicos y el instituto electoral local, respectivamente.
De este total, 119 corresponden a impugnaciones presentadas antes del inicio del proceso electoral y 19 no vinculados al proceso; seis juicios electorales son relativos a candidaturas, dos a consejerías distritales, uno sobre el diputado migrante, uno por propaganda electoral y un juicio por actos anticipados de campaña.
A los juicios interpuestos por la ciudadanía corresponde el 67 por ciento (92), y el 33 por ciento (56) a juicios de partidos políticos. En general, 49 por ciento fueron promovidos por mujeres y el 51 por ciento por hombres.
En cuando a juicios de grupos vulnerares, indicó que tres fueron presentados por afromexicanos, tres por sectores de la diversidad y cinco en temas indígenas.
De las 204 resoluciones, dijo que seis fueron impugnadas, y 143 quedaron firmes en esta primera instancia. Con ese total, 94 por ciento han sido confirmadas por los Tribunales Federales y solo un 6 por ciento ha sufrido modificaciones.
