La Coordinación de Protección Civil y Bomberos informó que 35 inmuebles podrían ser seleccionados como refugios temporales para esta temporada de lluvias.
De acuerdo con la dependencia, desde hace varios días trabajadores de la coordinación han hecho recorridos de supervisión a los inmuebles y “fueron seleccionados 35”.
Abundó que los inmuebles serán revisados para su validación como refugio temporal, con dependencias municipales, estatales y federales.
Las autoridades recorrieron inmuebles en la colonia Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, El Coloso y en la zona Diamante donde se verificó su funcionalidad y medidas de seguridad para brindar alojamiento a la población en caso de algún fenómeno natural.
En los recorridos se contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil del estado, CAPAMA, la Coordinación de Servicios Públicos. (Redacción).
Los “Servidores de la Nación” de la Secretaría del Bienestar están acudiendo a las casas de damnificados por el huracán Otis que recibieron el apoyo federal de 35 mil o 60 mil pesos y revisar los avances en los trabajos de la reconstrucción de las viviendas.
Los servidores han acudido a domicilios de la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Renacimiento y en la colonia Jardín donde preguntan cuáles fueron las afectaciones que tuvieron y qué es lo que han hecho con el dinero que recibieron. Una vecina de Ciudad Renacimiento comentó que “Servidores de la Nación” pasaron a su casa el domingo por la mañana.
Pidieron ingresar para que le mostrara qué es lo que ha hecho con el dinero ante lo que les explicó que iba a cambiar puertas, las cuales ya están pagadas y para lo cual mostró la nota fechada en diciembre por 5 mil pesos de las dos puertas de las recámaras, pero no se las han entregado.
Otro trabajo es la barra que tiene que desbaratar porque se impregnó del olor del drenaje, su casa se inundó más de metro y medio de altura, y se le cayeron los azulejos. En este caso ya tiene el presupuesto por el trabajo por el que le van a cobrar 7 mil pesos la mano de obra, pero el albañil le dijo que tenía que esperar para febrero porque tiene mucho trabajo. También se lo voló su lámina del traga luz y perdió la mayoría de sus muebles.
Otro problema al que se ha enfrentado la adulta mayor es que no hay material donde ha comprado y en otros lugares está demasiado caro y lo que le dieron no le va alcanzar para hacer las cosas que requiere su casa, pero aseguró que tiene su dinero, que no se lo ha gastado en otra cosa porque sabe que es para reconstrucción de su vivienda.
Los “Servidores de la Nación” tomaron fotografías de la casa, la cual ya pintó, y se retiraron. Ella se dedica a vender dulces afuera de su casa, que vive de eso y el dinero que le manda su hija de Estados Unidos. Los trabajos de supervisión para la reconstrucción de la vivienda de los “Servidores de la Nación” también se hacen en la colonia Emiliano Zapata donde también visitan las casas que fueron censadas para ver si se ha invertido el dinero que dio el gobierno federal y se les ha visto en la colonia Jardín.
El Instituto Nacional Electoral (INE), aplicó al PT de Guerrero 12 sanciones que ascienden a 8.5 millones de pesos por irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos en el ejercicio fiscal 2022, y aún no salda 8.2 millones de pesos de multas y sanciones impuestas en resoluciones anteriores.
Juntas, las multas aplicadas a cinco de los siete partidos nacionales con registro local, suman 10.4 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto que presentó la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo General del INE de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de los ingresos y gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondientes al ejercicio 2022”, aprobado el 1 de diciembre de 2023.
Según los datos de la resolución publicada en línea, el PT fue sancionado por 12 faltas de carácter formal, incluida la omisión reiterada de tener al menos un proyecto vinculado con la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2022, por 57 mil 183 pesos.
Cuatro de estas sanciones son “por reportar saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año”, y tendrá que devolver el equivale al 100 por ciento del monto involucrado. El caso más alto es por 6 millones 532 mil 673 pesos
Al final dictamen se precisa que “el cobro de las sanciones por concepto de multas se deberá efectuar una vez que la resolución en la que se impone la sanción se encuentre firme, y deberá realizarse en una sola exhibición, con cargo a la siguiente ministración mensual a que tiene derecho el partido político”. El acuerdo pudo ser impugnado por los afectados.
Multas sin plazos de pago
Aunque para cada sanción se establece la reducción de 25 por ciento de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad indicada, conforme con la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no hay certeza del plazo de pago.
Fuentes del Instituto Electoral y de Participacion Electoral del estado (IEPC) indicaron que la sanción se aplica una a la vez. Cuando termine de pagar la que está en curso, comenzarán los descuentos de la siguiente.
Según la gráfica de las sanciones anteriores a la resolucion de diciembre del INE, del mismo dictamen, al PT Guerrero se le estarían aplicando las deducciones correspondientes al acuerdo INE/CG1352/2021, por 5 millones 761 mil 191 pesos, de los cuales ha saldado hasta noviembre de 2023, 3 millones de pesos; le faltan por cubrir 2 millones 730 mil.
Aparecen en cero deducciones por las sanciones de los acuerdos INE/CG110/2022, y INE/CG733/2022, de 3 millones 264 mil 806 pesos, y 2 millones 207 mil 680 pesos, respectivamente. Con el saldo anterior suman un pendiente por saldar de 8 millones 202 mil pesos antes de la ultima resolución.
Este lunes, el IEPC aprobó la solicitud de prórroga del PT Guerrero, para el cobro de sanciones y multas impuestas por el INE, hasta la conclusión del proceso electoral ordinario de Diputaciones y Ayuntamientos 2023-2024.
Antes, el instituto local resolvió que no era posible suspender de manera temporal el descuento mensual por el cobro de las multas que se realiza durante el proceso electoral 2020-2021 celebrado en el Estado de Guerrero, que se revirtió con un recurso de apelación en el Tribunal Electoral del Estado.
Así, el IEPC adoptó otros criterios para prorrogar el cobro de la multa durante el tiempo que resta del entonces proceso electoral, a fin de “garantizar el cumplimiento de su objeto como entidad de interés público en cumplimiento con el principio de equidad rector de la función electoral”.
Sin multas PAN y PRI; con faltas PVEM, Morena, PRD y MC
La Comisión de Fiscalización del INE concluyó que no hubo razón para imponer sanciones al Comité Directivo Estatal del PRI, tampoco al del PAN, en la revisión de los Informes Anuales de los ingresos y gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales y Locales, correspondientes al ejercicio 2022. Tampoco tienen pendientes por paga en Guerrero, entre otros estados.
El PVEM fue sancionado por no reportar viáticos que carecen de objeto partidista por 192 mil 983 pesos, que deberá devolverá en su totalidad.
También omitió el registro contable de 170 operaciones en tiempo real, durante el primer periodo normal, por un importe de 5 millones 704 mil 671 pesos. Se le impuso una multa de 57 mil pesos, el 1 por ciento del saldo involucrado en la sanción. Con cinco sanciones en total, 255 mil 910 pesos en multas. No tiene saldos pendientes de paga.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, es el segundo más sancionado en la entidad, con siete multas que ascienden a un millón 458 mil 852 pesos.
De acuerdo con el dictamen, reportó cuentas por cobrar con saldos contrarios a su naturaleza por un importe de 734 pesos, 53 mil pesos, y de 967 mil 936 pesos. También realizó una transferencia de 10 mil pesos al CEN sin justificar para qué fueron utilizadas, y por la omisión de registros contables.
El PRD y MC tienen cada uno, una falta sustancial. El primero reportó saldos en cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, que no han sido cubiertos al 31 de diciembre de 2022, por un importe de 386 mil 280 pesos.
MC omitió el registro contable de 11 operaciones en tiempo real, durante el primer periodo normal, excediendo los tres días posteriores a la operación, por un importe de 69 mil 996 pesos, que el INE lo sancionó por 699 pesos. No tiene saldos pendientes por pagar.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ofelio Martínez Llanes, señaló que pedirá a la administración central la nómina para revisar los casos de supuesta asignación de nuevas categorías por parte del ex secretario general de la universidad, Armando Guzmán Zavala.
Martínez Llanes aseguró que desconoce si las acusaciones hechas por un grupo de trabajadores sean ciertas, pero en caso de haber una irregularidad, hará cumplir el contrato colectivo de trabajo.
En declaraciones telefónicas, el dirigente sindical dijo que todos los procesos tienen que ser de manera bilateral y depositado en la junta de conciliación. Indicó que son con base en los criterios del contrato colectivo, que se marcan en la discusión del emplazamiento a huelga y dijo que lo que se ha mencionado del ex funcionario, de que dio 23 categorías nuevas a gente cercana a su corriente política Unidad Democrática (UD), “no le consta”.
“Yo necesito ir a la fuente, en términos de nómina. Si realmente pasó eso, cuándo y la motivación, por lo que no puedo emitir una opinión en el sentido si es verídico o no. Son notas periodísticas, no las estoy descalificando, sino simplemente es de mucha responsabilidad emitir una opinión. Si yo tengo la posibilidad y reviso las nóminas, y veo que fue fuera de lo que nosotros tenemos en arqueo, de todos los emplazamientos a huelga, pues sería cuestión de dar un seguimiento y saber el motivo”, dijo el dirigente sindical.
Señaló que lo que sí podía decir, de manera contundente, es que en las diferentes negociaciones de cada emplazamiento se dan a partir de los criterios y una negociación bilateral, entre la comisión de la administración de la UAG con la del sindicato y eso es público, que quienes han estado en la comisión lo saben.
Martínez Llanes reiteró que no podía emitir una opinión de si es verdad o mentira la entrega de esas categorías, porque necesita revisar, “si no está en el emplazamiento, aunque no necesariamente tiene que estar en el emplazamiento”.
Al dirigente se le preguntó si, una vez que se revisen y si hay irregularidades, pueden darse de baja, el dirigente respondió que sí, “si hay irregularidades se plantea ante quien esté representado a la UAG. Se plantearía en el contexto, pero sería de una revisión y plantearla como una violación al contrato colectivo.
El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Amadeo Guerrero Onofre, informó que desde el 24 de abril la coordinación de lo contencioso electoral se declaró incompetente para atender la denuncia del PRD contra Morena y las pintas a favor de Claudia Sheinbaum, y lo remitió al INE.
En declaraciones telefónicas se le preguntó al consejero por lo dicho por el dirigente perredista Alberto Catalán Bastica, quien acusó que el IEPC no hace valer sus funciones por no sancionar a Morena por las pintas realizadas a favor de la jefa de gobierno también por el caso de la denuncia contra dirigente de Morena, Jacinto González Varona, por señalar que el PRD, PRI y PAN ganan en municipios controlados por el crimen organizado.
Amadeo Guerrero señaló de esta denuncia en contra la dirigencia estatal de Morena está en proceso de substanciación y no puede dar mayores declaraciones respecto al estado en el que se encuentra: “solo podemos comentar que ya tenemos el proyecto para resolución, vamos a someterlo a la consideración del Consejo General”, en sesión programada para esta próxima semana.
Respondió sobre la denuncia por las pintas a favor de Sheinbaum, que se presentó como Procedimiento Ordinario Sancionador (POS), el cual que se desarrollan fuera de proceso electoral cuando se trata de actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada de la imagen u otra violación a la normativa electoral.
Recordó que desde el pasado 24 de abril, la coordinación de lo contencioso electoral “dictó un acuerdo por el que se declaró incompetente para conocer del asunto y lo remitió a la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, porque se advierte que se trata de una aspiración a una candidatura de elección popular federal no local”.
Guerrero Onofre explicó que cuando no se trata de elecciones locales, el IEPC no puede resolver o instaurar el procedimiento correspondiente, así como tampoco ni dictar medidas cautelares y en automático nos declaramos incompetentes. Hasta ayer, el IEPC tenía, junto con este caso, siete POS.
Además comentó que ante el IEPC se han presentado 11 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por violencia política contra las mujeres en razón de género, en las que se denuncia la obstaculización para el libre ejercicio del cargo público.
Destaca la negación y ocultamiento de información, falta de convocatoria a sesiones de cabildo, desigualdad en sus remuneraciones entre los integrantes del cabildo, también las expresiones denigrantes y descalificación del trabajo hacia las mujeres, también por amenazas e intimidaciones hacia las mujeres servidoras públicas, familia y sus colaboradores.
De estos 11 casos, en 3 quejas se han dictado medidas cautelares y en 5 medidas de protección.
El consejero explicó la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado, establece que los procedimientos especiales sancionadores se sustancian y resuelven a través de dos instancias que son los órganos electorales que es el INE y el IEPC que se encargan de la sustanciación, es decir reciben las quejas y denuncias, inician una línea de investigación, dictamos medidas cautelares o de protección cuando se solicitan y se requieren, también desahogan la audiencia de pruebas y alegatos, integran el expediente y lo remiten al Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Es precisamente el TEE la segunda instancia, la cual puede ordenar adicionalmente nuevas investigaciones para posteriormente emitir su resolución.
Amadeo Guerrero explicó que en la parte que le corresponde al IEPC sustancian este procedimiento a través de la coordinación de lo contencioso electoral que depende a su vez de la secretaría ejecutiva.
El IEPC, incompetente para atender quejas del PRD contra Morena por campañas: consejero
El organismo estatal remitió al INE las quejas por pintas en Guerrero a favor de Claudia Sheinbaum, informa Amadeo. La denuncia contra el líder de Morena, Jacinto González, quien acusó a la oposición de vínculos con el narco, está en revisión, precisa
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Amadeo Guerrero Onofre, informó que desde el 24 de abril la coordinación de lo contencioso electoral se declaró incompetente para atender la denuncia del PRD contra Morena y las pintas a favor de Claudia Sheinbaum, y lo remitió al INE.
En declaraciones telefónicas se le preguntó al consejero por lo dicho por el dirigente perredista Alberto Catalán Bastica, quien acusó que el IEPC no hace valer sus funciones por no sancionar a Morena por las pintas realizadas a favor de la jefa de gobierno también por el caso de la denuncia contra dirigente de Morena, Jacinto González Varona, por señalar que el PRD, PRI y PAN ganan en municipios controlados por el crimen organizado.
Amadeo Guerrero señaló de esta denuncia en contra la dirigencia estatal de Morena está en proceso de substanciación y no puede dar mayores declaraciones respecto al estado en el que se encuentra: “solo podemos comentar que ya tenemos el proyecto para resolución, vamos a someterlo a la consideración del Consejo General”, en sesión programada para esta próxima semana.
Respondió sobre la denuncia por las pintas a favor de Sheinbaum, que se presentó como Procedimiento Ordinario Sancionador (POS), el cual que se desarrollan fuera de proceso electoral cuando se trata de actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada de la imagen u otra violación a la normativa electoral.
Recordó que desde el pasado 24 de abril, la coordinación de lo contencioso electoral “dictó un acuerdo por el que se declaró incompetente para conocer del asunto y lo remitió a la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, porque se advierte que se trata de una aspiración a una candidatura de elección popular federal no local”.
Guerrero Onofre explicó que cuando no se trata de elecciones locales, el IEPC no puede resolver o instaurar el procedimiento correspondiente, así como tampoco ni dictar medidas cautelares y en automático nos declaramos incompetentes. Hasta ayer, el IEPC tenía, junto con este caso, siete POS.
Además comentó que ante el IEPC se han presentado 11 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) por violencia política contra las mujeres en razón de género, en las que se denuncia la obstaculización para el libre ejercicio del cargo público.
Destaca la negación y ocultamiento de información, falta de convocatoria a sesiones de cabildo, desigualdad en sus remuneraciones entre los integrantes del cabildo, también las expresiones denigrantes y descalificación del trabajo hacia las mujeres, también por amenazas e intimidaciones hacia las mujeres servidoras públicas, familia y sus colaboradores.
De estos 11 casos, en 3 quejas se han dictado medidas cautelares y en 5 medidas de protección.
El consejero explicó la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado, establece que los procedimientos especiales sancionadores se sustancian y resuelven a través de dos instancias que son los órganos electorales que es el INE y el IEPC que se encargan de la sustanciación, es decir reciben las quejas y denuncias, inician una línea de investigación, dictamos medidas cautelares o de protección cuando se solicitan y se requieren, también desahogan la audiencia de pruebas y alegatos, integran el expediente y lo remiten al Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Es precisamente el TEE la segunda instancia, la cual puede ordenar adicionalmente nuevas investigaciones para posteriormente emitir su resolución.
Amadeo Guerrero explicó que en la parte que le corresponde al IEPC sustancian este procedimiento a través de la coordinación de lo contencioso electoral que depende a su vez de la secretaría ejecutiva.
La presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, durante el Encuentro Nacional de Educación Civica, en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Consultó ya el IEPC en 49 municipios sobre la elección en comunidades indígenas y afros
Informa la presidenta del Instituto, Fabiola Matildes Gama, que han obtenido buena respuesta y apoyo de algunos ayuntamientos y el 40 por ciento de comunidades, así como de las organizaciones civiles. A pesar de que en Acapulco no se cuenta con una población mayoritaria de esas comunidades, también se instalarán mesas de consulta, adelanta
Karina Contreras
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Matildes Gama, informó que realizaron consultas en 49 municipios sobre la iniciativa de reforma a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
También a las reglas de postulación y registro de candidaturas para el Proceso Electoral 2023-2024.
Dijo que dicha consulta se está aplicando en los municipios con población afromexicana e indígena, para la elección de candidatos en esas comunidades.
Aseguró que han obtenido buena respuesta y apoyo de algunos ayuntamientos y el 40 por ciento de comunidades indígenas y afromexicanas, así como de organizaciones civiles.
Añadió que para la consulta están yendo con autoridades comunitarias y de los pueblos afros porque “el ordenamiento en que se basan estas consultas es la Constitución”.
En declaraciones en un receso del XIV Encuentro Nacional de Educación Cívica, que se llevó a cabo en el hotel Emporio, la consejera dijo que esos municipios tienen el 40 por ciento en población indígena o igual porcentaje en afromexicana. Indicó que en Acapulco el próximo domingo pondrán un módulo en el Zócalo para la consulta y que es a petición de algunas asociaciones de la sociedad civil, porque el puerto tiene una importante cantidad de personas afrodescendientes e indígenas.
“Si bien Acapulco no tiene más del 40 por ciento de población afromexicana, si tiene por ejemplo más afros que Cuajinicuilapa, entonces nos lo han pedido las organizaciones”.
La consejera Azucena Cayetano, integrante de la Comisión de sistemas normativos, “propuso que instaláramos módulos en Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco”.
Matildes Gama convocó a la población afrodescendiente e indígena de Acapulco paara acudir al módulo y se les explique de qué se trata la consulta, se le entregue un cuadernillo y viertan su opinión sobre estas dos normativas, que son la ley y los lineamientos.
La consejera dijo que la situación con Acapulco es que tiene más de un millón de habitantes, aunque el 40 por ciento no es afromexicana.
Agregó que el INEGI ha dicho cuánta población se tiene en cada municipio y Acapulco no alcanza ese porcentaje, pero hay mucha población, por lo que se está abriendo la consulta.
Pidió a la población de dichos sectores acudir el domingo al Zócalo.
Resaltó que los trabajadores del IEPC se han desplazado por todo el estado para llevar a cabo estas consultas.
La consejera dijo que están trabajado con pocos recursos económicos y que se tuvo que recortar algunos proyectos para poder hacer las consultas y ya cuando terminen le dirán al Congreso cuánto costaron.
Recordó que esa consulta es un trabajo que se hace con el Congreso del estado y el propósito es que la ciudadanía opine de las modificaciones en la ley en materia electoral que están establecidas 483.
Señaló que eso dos temas se tienen que consultar a estos pueblos y señaló que la Corte le ordenó al Congreso esas consultas, mientras que al IEPC se los demandó la sala regional del Tribunal Electoral.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), determinó revocar la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN por no revisar con perspectiva de género y por los procedimientos incorrectos en el pago de prerrogativas que denunció la presidenta del Comité Directivo Municipal de San Marcos, Felícita Navarrete Neri.
Ésta acusó a su dirigencia estatal de cometer en su contra violencia política de género por obstaculización del desempeño de su cargo partidista.
Con el proyecto TEE/JEC/019/2023 presentado en la sesión por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y aprobado por unanimidad de votos, se revocó la sentencia de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN porque valoró incorrectamente el informe de la Comisión Nacional del PAN, así como el acta del 6 de agosto de 2021 en la que se ordenó la suspensión del pago de prerrogativas.
El TEE consideró que este órgano partidario faltó a su obligación de fundar y motivar su determinación del pago de prerrogativas adeudadas en especie.
Los magistrados consideraron que los agravios de la actora son fundados por lo que ordenó a la Comisión de Justicia que dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia, “emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que, aplicando una perspectiva de género”.
En esta nueva sentencia debe realizar “una correcta valoración” de las pruebas remitidas por los órganos intrapartidarios, y de no existir documento idóneo que acredite eficazmente el pago del 8 de julio de dos mil veinte, por 6 mil 900 pesos que demanda la panista.
Ordena también que se analice la omisión de pago de prerrogativas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 para lo cual deberáì allegarse de los elementos probatorios necesarios “que le permitan resolver de manera exhaustiva, fundada y motivada, el planteamiento de la actora”.
Mientras que al Comité Directivo Estatal del PAN le ordena que en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de que le notifique el fallo, dé cumplimiento a la resolución y notifique a la actora de manera personal, en su domicilio particular, el acta de sesión en la que se ordenóì la suspensión de prerrogativas, a fin de garantizarle una adecuada defensa.
Ordena también al CDE que el pago de la cantidad que resulte a favor de Felícita Navarrete Neri lo realice mediante depósito en efectivo o transferencia, para lo cual deberá otorgarle un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de que le notifique el fallo que emita.
Para esto pide que determine de manera pormenorizada, fundada y motivada, si la omisión de pago acreditada, actualiza o no la obstrucción del cargo como lo señala la panista.
El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.
Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179
También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.
La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH
Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.
Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género
También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.
Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se reunieron con maestros de las secundarias técnicas de la zona escolar 11, con quienes acordaron hacer una revisión “detallada” de las demandas que plantearon.
Como se ha venido informando en El Sur, los docentes de las secundarias están exigidiendo el pago de horas, así como recategorizaciones y antes de salir de vacaciones de Semana Santa llevaban en paro de labores más de dos semanas.
La reunión se llevó a cabo en un salón del Centro de Convenciones, la cual duró alrededor de tres horas, donde los maestros plantearon sus demandas.
En declaraciones telefónicas, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que coordinó la reunión aunque no estuvo presente, pero dijo que el tema del pago de las horas extras está siendo atendido “en el más alto nivel del gobierno federal y del estado”.
Informó que el acuerdo es que se hará una revisión de las plantillas de las escuelas, para ver cómo está la situación de cada docente, cuántos alumnos tiene y maestros se requieren.
Incluso añadió que verán qué administrativos se requieren, dónde hay de más y hay de menos. Indicó que las autoridades federales se llevaron, incluso, algunas plantillas de las escuelas “donde tienen exceso de trabajadores administrativos, en algunos casos”.
Rodríguez Saldaña indicó que lo importante es que “hay una atención conjunta, coordinada, entre los gobiernos federal y estatal, hacia las demandas de este sector y de todo el magisterio de Guerrero”.
El funcionario estatal dijo que han tenido varias reuniones y hay una excelente coordinación para atender al magisterio. “Antes se les perseguía, se les castigaba, se les hostigaba, hasta se reprimia, se mataba maestros y hoy es dialogar con ellos y buscar de manera conjunta una ruta de atención a sus demandas. El gobierno federal y del estado son aliados del magisterio”, subrayó el secretario de Educación.
Agregó que esa reunión era la prueba de que hay atención a las demandas y a Acapulco vinieron funcionarios del más alto nivel de la SEP, así como un equipo importante de la SEG.
Marcial Rodríguez agradeció la atención de la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, porque hace una semana estuvo con ella para tratar ese tema y pedirle que viniera ese grupo, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Calificó la reunión como excelente y “así nos vamos a mantener dialogando con todo el sector educativo, para atender sus demandas y encontrar una ruta de atención”.
Al secretario se le preguntó cuando se puede llevar esa revisión de plantillas, porque los maestros exigen que se les pague, y respondió: “Antes de 2018 había un desorden en el sector educativo. Es decir, asignaban horas, nombramientos sin techo presupuestal, vendían plazas y ahora hay leyes, hay normas, donde cada maestro que requiera tener horas adicionales debe concursarlas. Esta es la nueva regla, debe ganarse las horas en un concurso, en una convocatoria. Ningún director o supervisor puede asignar horas. Eso se acabó. La corrupción se acabó”.
Rodríguez Saldaña agregó que los maestros deben concursar las horas, si es que faltan, “claro que al concursar las horas y las ganan, se les van a pagar sin ninguna duda. Pero bajo un procedimiento educativo, académico. Eso es lo que tenemos que hacer”.
Añadió que los maestros van a presentar sus planteamientos en un formato que se les entregó y reiteró que la asignación de horas debe ser por convocatoria, porque se las tienen que ganar en examen, no porque alguien se las haya dado como antes. “Quien las gane se les va asignar y se les va reconocer”, aseguró el secretario y dijo que va para todos, aunque tengan muchos años con esas horas.
Mientras, en el tema del maestro de la secundaria de Plan de los Amates, Lorenzo Méndez Abarca, que estuvo 14 días en huelga de hambre, dijo que hoy lo va a recibir para escucharlo, pero aseguró que en todos esos días estuvo al tanto de la situación y su obligación es tener un ambiente de armonía en la secretaría, por lo que respeta a todos los docentes.
En la reunión, por parte de la SEP, estuvo el director general y coordinador de Relaciones Interinstitucionales, Carlos Ramírez Sámano; la directora general de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Adela Piña Bernal; de la Jefatura de la Oficina de la titular de la SEG, Enrique Estrada Rodríguez; mientras que por la SEG, el subsecretario de Administración, Alejandro Moreno Lira; de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; de Planeación, Benjamín Adame Pereyra y la secretaria técnica, Luisa Ayala Mondragón.
De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones para que el gobierno municipal de Acapulco aclare 64 millones 150 mil 345.80 pesos, porque generó “un probable daño a la Hacienda Pública Federal”.
Detalla que pagó a empresas por la recolección de desechos sólidos, de lo cual no se acreditó la prestación de dicho servicio.
También, afirmó que el gobierno municipal pagó por trabajos “que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato, por el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos; por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”.
La ASF publicó en febrero de este año, la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021, Indicó que en la auditoria de cumplimiento 2021-D-12001-19-0967-2022, se revisó de manera pormenorizada el cumplimiento del gobierno municipal de Acapulco sus procedimientos de “adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos que impliquen, total o parcialmente, recursos de Gasto Federalizado del ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales, así como fiscalizar la ejecución y cumplimiento de los mismos”.
Contratos auditados
Expuso que auditó la gestión y ejecución de los recursos destinados a la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, de los cuales, se revisó una muestra de 151 millones 750 mil 600 pesos, correspondiente a 15 contratos de obra pública y cinco contratos de prestación de servicios.
La ASF sostuvo que el gobierno municipal de Acapulco infringió la normativa en la aplicación de los recursos destinados para el financiamiento de 20 contratos, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, para el ejercicio fiscal 2021.
“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, principalmente por el pago de la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos, del cual no se acreditó la prestación de dicho servicio, por la falta de aplicación de penas convencionales, por el pago de trabajos que no corresponden a los conceptos y volúmenes establecidos en el contrato”.
También generó un probable daño por “el pago de equipos de bombeo de los cuales se presume la falsificación de las facturas y de los que no se acreditó que correspondieron a equipos nuevos, ni que fueron sustituidos, por el pago de cantidades adicionales (volúmenes excedentes) de obra los cuales carecieron de la autorización para su ejecución, y por irregularidades en los procesos de adjudicación y contratación de los servicios y las obras públicas”, sin detallar sobre qué obras.
Expuso que se determinaron 24 resultados, de los cuales, en tres no se detectaron irregularidades y dos fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 13 pliegos de observaciones.
En el dictamen la ASF expone que de los contratos del gobierno de Acapulco, cinco son por prestación de servicios y 15 de obras públicas, los que fueron financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021.
Detalló que al 31 de diciembre de 2021, el municipio de Acapulco comprometió 151 millones 750 mil 600 pesos y pagó 134 millones 413 mil 200 pesos, que representaron el 88.6 por ciento de los recursos federales destinados a los 20 contratos fiscalizados y, al 31 de marzo de 2022, ejerció todos los recursos.
Si embargo, expresó que el probable daño a la Hacienda Pública federal era por un importe de 64 millones 150 mil 334.80 pesos, que representó el 42.3 por ciento de la muestra auditada.
Faltó transparencia
Concluyó que el gobierno municipal de Acapulco “no realizó un ejercicio eficiente ni transparente en el cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma, para los contratos financiados con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2021”.
El 1 de octubre de 2021, comenzó la administración de la morenista, Abelina López Rodríguez. Ese primer día informó que rescindiría contratos con empresas de recolección de basura porque ahí estaba el business, con los moches, y que ella no iba ni a robar ni hacerse rica.
Detalló que en el gobierno anterior de la también morenista, Adela Román Ocampo, se asignaban 387 millones de pesos anuales para dos empresas con 25 camiones para la recolección de basura.
López Rodríguez dijo que no continuaría por esa ruta, por ello, se aprobó en el Cabildo solicitar un crédito de 200 millones de pesos para la compra de 35 camiones recolectores, tres camiones de volteo, y 34 pipas de agua. Y fue hasta el 3 de mayo de 2022, cuando el gobierno municipal recibió la factura de propiedad de los 35 camiones recolectores adquiridos por 99 millones de pesos, de acuerdo con Alejandro Sotelo, coordinador general de los Servicios Públicos Municipales.
