Hace ocho días, Alfonso Bibiano Chona mandó a las 6:30 de la tarde un mensaje a su esposa mencionándole que dejaría la camioneta en la avenida Costera, frente a Walmart, para irse a trabajar de mariachi fuera de Acapulco y cuando regresara le compraría un juguete de dinosaurio que le gusta a su bebé.
“A partir de ese día no sabemos nada de él”, dijo su madre Adulfa Chona González, quien se introdujo ayer al parque nacional El Veladero como parte de la búsqueda en campo del desaparecido integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Vicente Iván Suástegui Muñoz.
Mientras eran recogidos a unos metros de distancia los huesos humanos encontrados por activistas y autoridades en un área colindante a la colonia La Providencia, Adulfa Chona relató a un par de reporteros la desaparición de su hijo de 32 años de manera pausada por la tristeza aún muy visible en sus ojos y en sus expresiones corporales.
Adulfa Chona es diabética, la última vez que vio a su hijo fue en la comida del 14 de abril, donde se despidieron y él se fue a su casa para luego salir a trabajar vistiendo una playera blanca, un pantalón de mezclilla y unos tenis negros; su esposa comenzó a sospechar cuando no contestó ningún otro mensaje porque siempre lo hacía pese al trabajo.
En la noche del día siguiente, su esposa y su mamá acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la colonia Progreso, atrás de la dirección de Tránsito municipal, pero el guardia de seguridad lo primero que le dijo es que no había nadie quien los atendiera y les recomendó preguntarles a otros policías que iban pasando si lo tenían preso, pero éstos lo negaron.
Los familiares de Alfonso Bibiano se trasladaron a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la calle Mar Mediterráneo, fraccionamiento Hornos-Insurgentes, frente a la terminal de autobuses de Estrella de Oro, donde dieron su nombre y el guardia les dijo que si estaba ahí, las dejarían pasar.
Esperaron y entraron, y la esposa del desaparecido preguntó que eso significaba que sí estaba y el guardia le contestó: “pues si las estoy haciendo pasar es porque está”, rememoró Adulfa Chona.
“Así nos contestó groseramente y ya nos metimos y la señorita me tomó mis datos, di mi nombre, el de mi hijo nuevamente, y me dijo, bueno, si tenemos noticias, ahí le hablamos. Le dije: ¿cómo, no está?”, y la trabajadora le respondió que no.
La esposa y la mamá de Alfonso Bibiano acudieron a las oficinas de la FGE en la Garita, donde también les dijeron que no estaba ahí; fueron por la camioneta porque la esposa tiene un duplicado de la llave y encontraron sus botas adentro.
El miércoles presentaron formalmente la denuncia en la FGE de la colonia Progreso, pero sólo fue una parte porque no había empleados, entonces tuvieron que esperar el jueves para firmar el documento.
Alfonso Bibiano ha sido buscado en los hospitales, en el Semefo, en la Base Naval e incluso en Chilpancingo por recomendación de una mujer, quien le comentó a la mamá del desaparecido que su esposo fue trasladado ahí desde Acapulco, donde vive, acusado de vender drogas.
Alfonso Bibiano estudió criminología, pero el oficio de mariachi lo empezó a ejercer desde los 17 años cuando estudiaba la preparatoria, toca la vihuela, el guitarrón y la guitarra porque los fierros le generan granos en la piel.
Una de sus últimas presentaciones fue el 29 de marzo en la fiesta de Vicky Trani en Invisur, donde trabajó hasta el fin del gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.
La ficha de búsqueda de la FGE indica que Alfonso Bibiano mide 1.70 metros; tiene tez moreno claro; ojos medianos café claros; cabello negro, corto y lacio; y de señas particulares “cicatriz de forma lineal de aproximadamente 10 centímetros en pie derecho en la parte frontal”.
En la sesión de este viernes se prevé que se discuta y se apruebe el Paquete Fiscal 2025 del Ejecutivo estatal, que incluye el Presupuestos de Ingresos, Egresos y un par de reformas al Código Fiscal del Estado, enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Entre las reformas que se plantean está el aumentó del 3 al 4 por ciento al impuesto sobre hospedaje, para lo cual el Grupo Parlamentario del PRI adelantó que exigirán que se transparente y se informe el destino de los recursos recabados por dicho aumento.
Entre otras cuestiones, el Proyecto del Presupuesto de Egresos plantea asignarse 47 mil 517 millones 436 mil 536 pesos, repartidos en sus secretarías: al Legislativo se le destinarán 890 millones 112 mil para tres rubros programados, y al Judicial mil 30 millones, en su mayoría destinados a la construcción de edificios.
Dentro del gobierno estatal, las secretarías de Educación, Salud y Seguridad Pública serán las que más presupuesto reciban, con 29 mil 980 millones 640 mil pesos; 9 mil 83 millones 830 mil y 3 mil 736 millones 672 mil, respectivamente.
Otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, recibirá 889 millones 313 mil pesos, dentro de los cuales ya está presupuestada la cantidad de 51 millones de pesos para la conclusión de la Biblioteca del Congreso del Estado.
Algunas prioridades que diputados Morena adelantaron, serán que haya recursos para el campo, salud y pueblos indígenas, por lo que a unas horas de que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se suba al pleno, todavía se analizan los rubros que consideran prioritarios del proyecto presupuestal que presentó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el pasado 15 de octubre.
A pesar del tiempo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Joaquín Badillo Escamilla, continúa reuniéndose con sectores de la población que solicitan más presupuesto, principalmente en el sector educativo.
La tarde de este jueves Badillo Escamilla se reunió con integrantes del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), a petición de los sindicalizados que solicitan el pago de finiquitos de trabajadores jubilados y pensionados.
Al salir de la reunión, el secretario general del Sutchobach, José Antonio Salvador López, informó que de momento solicitaría una reunión con el director general del Colegio de Bachilleres, Jesús Villanueva Vega, para analizar el tema, sin asegurarles nada sobre el tema presupuestal y los pagos.
El pasado 20 de diciembre, los diputados Pánfilo Sánchez Almazán y Badillo Escamilla presidentes de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, atendieron a directivos de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres, quienes solicitan un incremento en el presupuesto del próximo año.
Otro de los sectores que acudieron en los últimos días al Congreso de Estado, fueron docentes y directivos de Preparatorias Populares, quienes buscan el reconocimiento oficial, y un mejor presupuesto para el próximo año.
El asesor general de la Coordinadora Estatal de Ejidos y Comunidades de Guerrero, Arturo García Jiménez Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El asesor general de la Coordinadora Estatal de Ejidos y Comunidades de Guerrero, Arturo García Jiménez, declaró que observa un panorama complicado y difícil para el campo en Guerrero, debido a que no se percibe un presupuesto suficiente, mientras que las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para el sector son confusas e incompletas.
Además, cuestionó el perfil del titular de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, pues dijo que es de los titulares de las dependencias que no cumplen con el perfil, trayectoria ni la línea de conocimiento que debe tener.
En declaraciones por teléfono miércoles, el también integrante de la dirigencia nacional de la Coordinadora de Ejidos y Comunidades, declaró que el papel del gobierno ha sido mínimo y marginal para el desarrollo del campo en la entidad.
De acuerdo con el ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, ello incide en la actuación y desorganización de los mismos productores, “entonces, el panorama del campo en la entidad está complicado y muy difícil” y esto repercute en todas las cadenas productivas, dijo.
Explicó que los flujos que llegan al campo vienen de las remesas de los paisanos radicados en Estados Unidos, que este año alcanzarán los 64 mil millones de pesos, que si el presupuesto estatal para 2025 es de 84 mil 842 millones, indica que lo que mandan los paisanos corresponde a casi el 64 por ciento del presupuesto estatal.
Contó que el segundo flujo de ingresos es el cultivo de estupefacientes, mismo que, aunque ya disminuyó de precio, sigue siendo importante.
El tercer flujo son los subsidios del gobierno que, según informó, no suman ni 7 mil millones de pesos. El cuarto flujo es la producción para el autoconsumo, que es marginal, “más ahora, por los daños de los fenómenos meteorológicos”.
“Entonces, el gobierno no apoya, los mercados y la organización de los productores está mal, eso hace que el panorama se torne muy complicado y difícil”, insistió.
El dirigente también cuestionó los cuatro programas emblemáticos del anterior gobierno; el del Fertilizante Gratuito, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía.
Sobre el programa del fertilizante, señaló que adolece de muchos problemas, uno de ellos su padrón inflado y que alrededor del 35 por ciento de los que reciben el insumo no siembran o siembran una mínima cantidad, por lo que lo venden o usan para otros cultivos.
Además, declaró que no se realiza estudio de suelo para la aplicación adecuada del producto.
En el caso de Sembrando Vida, con el que se benefician unos 48 mil sembradores, informó que desde el inicio tuvo fallas, lo que impidió que los productores se apropiaran al cien por ciento del programa.
Explicó que sólo la mitad estará trabajando en su propio terreno. “No hubo la promoción suficiente para que la gente se apropiara del programa”.
En el caso de Producción para el Bienestar, para el que se destinan unos 2 mil millones de pesos para los productores de maíz, café y miel, principalmente, criticó que el apoyo es insuficiente porque a diferencia de Sembrando Vida, que entrega 6 mil pesos mensuales, en Producción para el Bienestar les dan 6 mil 200 anuales.
“Si se trata de impulsar un despegue del campo, con 6 mil 200 pesos al año no puedes hacer mucho”.
En cuanto al programa Precios de Garantía, aseguró que los datos están falseados, “dicen que se siembran 500 mil hectáreas y se cosechan un millón y medio de toneladas, lo que resulta falso”.
García Jiménez opinó que Precios de Garantía no impactó ni en el 3 por ciento en la producción de Guerrero, “cuando se trató de un programa de arranque, para que empujara a los acaparadores a subir el precio”.
Explicó que este programa empieza tarde a operar, cuando los productores ya vendieron la mayor parte de su cosecha, que no tiene la infraestructura y los recursos suficientes, equipo ni material.
Dijo que tampoco había bodegas y el producto se almacenaba en patios a la intemperie, y el maíz se echaba a perder, “si a eso le sumamos el fraude que dejó Segalmex en todo el país, que no se ha arreglado”.
García Jiménez propuso que, para mejorar estos programas, en el caso del fertilizante debe ser más integral, incluir la asistencia técnica y las condiciones de cada tipo de suelo y cada cultivo; sobre Producción para el Bienestar debe aumentar el apoyo y depurarse el padrón; con Precios de Garantía debe de funcionar con anticipación, con mayores recursos y con un impacto más alto en el volumen de producción.
Los 100 compromisos de la presidenta Sheinbaum
Sobre este tema, entre los compromisos anunciados por la presidenta en su toma de protesta, los que se refieren al campo son el 62, que propone hacer de la soberanía alimentaria el eje rector de la política para el campo y garantizar la autosuficiencia de maíz blanco libre de transgénicos. Asimismo, lograr que el precio de la tortilla sea justo.
El 63 es garantizar la seguridad social para jornaleros agrícolas; el 64 es recuperar la autosuficiencia en el abasto de frijol, apoyando a pequeños y medianos productores en Nayarit y Zacatecas. Además, crear una empresa nacional de semillas.
En el 65 se propone crear un nuevo programa, de nombre Cosechando Soberanía, que implica asistencia agroecológica y financiamiento para pequeños productores rurales, para aumentar la producción de alimentos.
Con el 66, se anuncia la fusión de Segalmex con Diconsa, que se convertirá en Alimentación para el Bienestar, la cual estará a cargo de comprar la producción de pequeños productores de miel, café, cacao y otros productos que se venderán en las Tiendas del Bienestar. Asimismo, abrir una planta de pasteurización de leche en Campeche y una planta de secado de leche en Michoacán.
En el 67 ofrece incrementar la producción de arroz, leche y carne, en Campeche y Tabasco, garantizando la protección de la selva.
Para García Jiménez, este plan para el campo es incompleto y confuso, pues por ejemplo, ya no se mencionó ahí el gran plan hídrico para apoyar con riego tecnificado a 750 mil hectáreas, que anunció la entonces candidata el 1 de marzo, en el zócalo de Ciudad de México.
Agregó que tampoco incluye los cuatro programas del anterior gobierno, que van a seguir y que se van a elevar a la categoría de ley.
García Jiménez informó que el 10 de abril, la entonces candidata firmó el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana, que le propuso la organización que representa, en el que le propusieron el plan hídrico para que el Estado tenga la rectoría del agua.
También le propusieron el impuso al campo mediante la ganadería, la pesca, la acuacultura y articularlo con esquemas de financiamiento y de apoyo a la comercialización.
“No creemos que se le hayan olvidado, si no, se lo vamos a recordar”, advirtió.
Admitió que entre los 100 puntos hay cosas interesantes, pero que el problema “es que hay algunos que no están muy claros y hay que precisarlos”.
“Sin el afán cuestionador, faltó precisar bien algunos puntos que anunció para el campo”, insistió.
Con respecto al titular que nombró la presidenta para la Sader, Julio Berdegué, el dirigente agrario opinó que es de los funcionarios que no tienen el perfil, la trayectoria ni la línea de conocimiento.
Añadió que el problema es que se sigue con las mismas prácticas, de nombrar a los funcionarios de más abajo del titular, “por recomendación de amigos y compadres. Lo que pervierte el arte de gobernar, porque se convierte en un asunto de amiguismo y de chamba que hay que darle a los cuates”.
Criticó que, incluso, algunos vienen del viejo régimen, con lo que no estamos de acuerdo, “queremos profesionales que sepan del asunto”, demandó.
Sin embargo, en el caso de Julio Berdegué dijo que “ya lo nombró la presidenta y ni modo que le digamos que no”.
En cuanto al presupuesto estatal, que fue entregado el martes al Congreso local, García Jiménez dijo que la importancia del campo para el gobierno estatal se debe reflejar en él.
Informó que en los últimos años, el presupuesto estatal para el campo ha sido entre 250 y 300 millones de pesos, de los que más de la mitad se destina para el gasto corriente de la secretaría del ramo.
Explicó que el presupuesto en los últimos años ha sido en promedio el 0.35 por ciento del presupuesto total de Guerrero, por lo que si para el próximo año se programaron 84 mil 842 millones, y se volvió a considerar el mismo porcentaje, no van a llegar a los 350 millones de pesos los recursos para el campo.
Informó que su organización plantea, “de manera muy sustentada”, que el campo necesita al menos mil millones de pesos, “que corresponde al 1.2 por ciento del presupuesto total del estado”, y reprochó que a organismos como al DIF estatal siempre le autoricen cuatro veces más de lo que le dan al campo, “yo creo que el gobierno del estado y los legisladores deben reconsiderar esta situación del presupuesto, si queremos que Guerrero realmente se desarrolle, el campo debe ser primero”, exigió.
Recordó que desde hace más de 50 años, en el campo se fueron gestando los problemas de violencia que hoy se vive, por la siembra de estupefacientes, por el control territorial, la tala inmoderada y criminal de los bosques, “si no regresamos a ver al campo, va a ser difícil que salgamos de esta situación”, advirtió el dirigente social.
Dos frentes de agrupaciones de productores, realizan acciones por separado para lograr que la federación y el estado autoricen mayor presupuesto para el campo el próximo año.
Este lunes, representantes de uno de estos dos frentes se reunieron con diputados de Morena y del PVEM, mientras que, por separado, otras agrupaciones denunciaron en conferencia de prensa la falta de apoyos y anunciaron un foro para proponer un incremento presupuestal para el próximo año que detone el desarrollo del campo.
El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Antonio Colín Ramírez, informó que se reunieron con los diputados Alejandro Carabias Icaza del PVEM, así como con Catalina Apolinar Santiago y Diana Bernabé Vega, de Morena.
Estuvieron Carlos García, de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del estado; el ex alcalde morenista de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza; el ex candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas, Ambrosio Guzmán Juárez, Colín Ramírez, como representante del Colegio de Ingenieros.
“Les propusimos una revisión de los presupuestos que se han ejercicio en las diferentes secretarias que apoyan al campo, no solamente en la parte agropecuaria, forestal y pesquera, sino en todas las demás dependencias que tienen que ver con el desarrollo rural”, informó por teléfono.
Además, que la gente podrá hacer sus propuestas en los foros que van a organizar a partir de octubre en función de sus necesidades a fin de que el Poder Ejecutivo estatal elabore el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Informó que la reunión con los diputados fue parte de los acuerdos de la asamblea estatal que realizaron el 24 de agosto pasado en Chilpancingo.
Indicó que la intención es que el 23 de septiembre se realice otra en la que van a aumentar el número de diputados para coincidir en un proyecto de desarrollo que están promoviendo productores, profesionistas y diputados locales.
En tanto que por la mañana, representantes de agrupaciones como el dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), Maclovio Avilés García, la representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), Fabiola Nava Reyes; el representante de la agrupación Pueblos Unidos para el Desarrollo (Puedes), David Damián y de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero, que integran Fuerza Guerrerense, anunciaron la realización de un foro para el 19 de septiembre, “para escuchar propuestas para un presupuesto mejor para el campo”.
Argumentaron que Guerrero enfrenta “graves problemas de desarrollo que se expresan de manera cruda en el medio rural, debido a políticas públicas erróneas y descoordinadas, así como por la falta de apoyo y estrategias para la agroindustria, además del cambio climático que impacta negativa en la producción de temporal”.
El dirigente de la CCI leyó un documento que señala que los tres órdenes de gobierno han reconocido la problemática en el campo pero que por intereses políticos y personales han impedido la aplicación de recursos para el desarrollo rural.
Avilés, dijo que se requiere diáogo entre los actores sociales con los tres órdenes de gobierno y los diputados para que se asuma el compromiso de un mayor presupuesto para atender mejor al campo guerrerense.
Informó que asistirán a este foro que se realizara el 19 de septiembre a partir de las 10 de las mañana en el hotel Paradise Inn, comisariados ejidales y comunales, así como organizaciones de productores.
El rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea, y el vocal ejecutivo del INE, Donaciano Muñoz Loyola, muestran el convenio de colaboración que firmaron para que se haga difusión del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones y del Estudio Muestral de Participación Ciudadana, a la comunidad académica universitaria y se genere el intercambio de información estadística electoral Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz Loyola, dijo que hay preocupación en el Instituto por algunas tareas que se deben realizar dentro del proceso electoral, porque hay zonas de Tierra Caliente y la sierra de Costa Grande, en donde no han pospuesto trabajos por los problemas de inseguridad, por lo que el gobierno estatal debe garantizar la entrada de los funcionarios electorales a todas las secciones.
En declaraciones después de un acto protocolario de una firma de convenio, a pregunta de un reportero, consideró que los hechos de violencia ocurridos en Chilpancingo y en diferentes puntos del estado no pueden indicar en este momento que “el proceso esté en riesgo”.
Sin embargo, reconoció que, sí hay preocupación en el INE “sobre el desarrollo de algunas tareas dentro del proceso electoral”, porque “en unos meses vamos a tener un despliegue de trabajos en campo a través de nuestros capacitadores y supervisores”, estos recorridos en todo el territorio “deben ser garantizados por las autoridades del estado”.
Detalló que el INE tiene trabajos que realizar en cada una de las secciones electorales empezando por visitar a los ciudadanos que salgan sorteados para ser funcionarios electorales primero se tienen que invitar a participar, también deben capacitarlos, posteriormente prácticas para que aprendan a llenar las actas “y ese despliegue en campo, si necesita una garantía de poderse desarrollar, y esa garantía debe de provenir de las propias autoridades del gobierno estatal”.
Donaciano Muñoz espera que para octubre, el INE ya será convocado a las reuniones en materia de seguridad y se establezca la coordinación para los trabajos que deban realizar en campo, por lo pronto, dijo que siguen tomando algunas medidas como posponer sus visitas a municipios o regiones cuando hay “alguna situación”, en referencia a hechos de violencia o problemas de inseguridad.
Estas medidas las han tomado en regiones como la Tierra Caliente y también en la parte serrana de Costa Grande.
Sobre los lineamientos aprobados por el IEPC para el registro de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos que el PRD y Morena anunciaron que impugnarán porque atentan contra la autodeterminación de los partidos, el Vocal Ejecutivo del INE dijo que los órganos electorales además de garantizar los derechos establecidos por la ley, “deben de avanzar sobre los mismos… se le llama progresividad de derechos” y que así lo ha determinado el Tribunal electoral.
Firman convenio el INE?y la UAG de consulta de cifras electorales
Este martes, el INE y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), firmaron un convenio para realizar actividades en materia de difusión e investigación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) y el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2021 (EMPC 2021),
Este convenio lo firmaron el Vocal Ejecutivo del INE, Donaciano Muñoz y el rector de la UAG, José Alfredo Romero Olea.
Muñoz Loyola precisó que en la información del SICEE y el EMPC 2021 se puede observar el comportamiento del voto desde hace 33 años, la intención es que toda la información sistematizada esté a disposición de diversas universidades.
“Para que los investigadores, los estudiantes que estén interesados en el tema se acerquen y abreven de esa información para sus trabajos de su carrera, incluso tesis de titulación o algún otro estudio en específico”, comentó el funcionario electoral.
En el décimo aniversario de la organización campesina Red Alternativa Social y Autogestiva (RASA), los dirigentes demandaron más apoyos para el campo, porque denunciaron que actualmente el 70 por ciento del área rural vive en la exclusión y en la marginación a pesar de que es el pilar de la economía del país.
En la asamblea que se llevó a cabo en el restaurante Mezquite en Zumpango, representantes de más de 15 estados del país de esa organización cambiaron al dirigente nacional Félix Castellanos Hernández, y designaron a Martín Bahena Obregón.
En el encuentro el nuevo dirigente dijo que buscará los apoyos para rescatar al campo mexicano, “y luchar mano con mano con las organizaciones campesinas para que demos resultados y los campesinos tengan un mejor desarrollo en las comunidades”.
El dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes dijo que el diagnóstico que tiene esa organización del campo es que los campesinos viven la pobreza extrema y la inseguridad.
Añadió que esa situación de pobreza y violencia, “ha arrasado con todas las familias campesinas y el escaso apoyo de las instancias gubernamentales mantiene desplazados a los campesinos del desarrollo”.
Informó que a raíz de las medidas anti migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos, han regresado muchos mexicanos que estaban radicados en ese país, y que han encontrado escaso apoyo del gobierno con todos los recortes presupuestales que hay en el país.
Informó que las organizaciones campesinas, entre ellas RASA, van a luchar para que los recursos lleguen directamente a los productores.
Informó que de febrero a lo que va de marzo han regresado más de 100 migrantes que pertenecen a esa organización y que no han encontrado apoyo del gobierno del estado.
El dirigente de la CNPA, Narro Céspedes se quejó de que el 90 por ciento de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) van para los sectores de la agricultura comercial, y no para la agricultura campesina.
Añadió que por eso la organización está proponiendo que se establezca un sólo programa que atienda a todas las cadenas productivas, y que haya una sola ventanilla para los programas.
El dirigente nacional de la CNPA afirmó que los campesinos necesitan una sola ventanilla que apoye a la cadena productiva de la pequeña agricultura, “que es el sector que le ha dado fortaleza al campo y al país”.
También demandó que los recursos destinados para el campo lleguen directamente a los campesinos.
Durante la asamblea la organización llamó a buscar los apoyos necesarios para rescatar al campo, “y tratar de luchar mano con mano con todos los agremiados y otras organizaciones campesinas para que el proceso de organización nacional dé resultados y los mexicanos tengan un mejor desarrollo en sus comunidades”, dijo Céspedes.
Agregó que los campesinos a pesar de que fomentan la riqueza del país, viven en la pobreza extrema y “la situación está muy complicada porque la inseguridad ha arrasado con todas las familias campesinas”.
Aseguró que el escaso apoyo de las instituciones gubernamentales ha desplazado del campo a los agricultores y que no dan garantías a los migrantes de Estados Unidos, quienes no ven oportunidades en el país.
La celebración por el décimo aniversario de la fundación de RASA y el Congreso nacional de la organización se llevó a cabo en el restaurante Mezquite de Zumpango, asistieron unos 500 campesinos de varios municipios del estado, así como representantes de 15 estados del país.
En el encuentro campesino estuvo como representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, asimismo el presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez.
El secretario del Trabajo y Previsión Social del estado (STPS), Oscar Rangel Miravete, declaró que en Guerrero no se ve mal que los niños trabajen pues es una situación cultural, aunque reconoció que la dependencia no cuenta con estadísticas de menores que hayan sido secuestrados y llevados a hacer trabajos ilícitos.
Luego de la ceremonia por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el Zócalo, donde se inició con un concierto de los niños que integran la orquesta y coro de Renacimiento y de Ejido Nuevo, el funcionario dijo que para erradicar el trabajo infantil se pretenden instalar comisiones en los 81 municipios.
Acompañado del delegado federal del Trabajo, Fermín Alvarado Arroyo, dijo que “este 12 de junio es una buena oportunidad de decir no al trabajo infantil y sí a la educación de calidad”.
Rangel Miravete recordó que Guerrero tiene 138 mil niños trabajando, la mayoría en el campo, pero también en las ciudades.
“Desgraciadamente el problema es cultural, en Guerrero no se ve mal que los niños trabajen y el mayor número lo hace en el campo. Tenemos que sensibilizar a la gente del campo, de los pueblos originarios, que sepa que es un delito que el niño trabaje en lugar de estudiar”, puntualizó.
Admitió que “Guerrero no estaba haciendo nada, no se había instalado la Comisión para Erradicar el Trabajo Infantil, en Guerrero estábamos viendo el trabajo infantil como algo cotidiano, la gente no lo ve como un delito”.
Sostuvo que por ello el gobierno estatal instaló la Comisión para Erradicar el Trabajo Infantil y que el 23 y 24 de este mes se llevará a cabo, en Acapulco, un foro taller para dar herramientas a los integrantes y que ayuden a erradicar el problema, “por ello se instalarán comisiones en los 81 municipios del estado para saber qué hacen los niños”.
Al preguntarle sobre el número de niños trabajando en acciones ilícitas, Rangel Miravete respondió que en ese momento no se contaba con cifras, pero dijo que “la participación de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública es fundamental en esta comisión, y ya están con nosotros trabajando, van a tomar el taller. Será uno de los temas que se van a tratar”.
“Es una estadística que vamos a buscar porque efectivamente la Secretaría Internacional del Trabajo ha descubierto que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero hay niños que son sustraídos de su seno familiar y llevados a trabajos ilícitos”, declaró el funcionario estatal.
En Guerrero, según datos del Módulo de Trabajo Infantil, del Inegi, de una población de un millón mil 997 menores de 5 a 17 años, 138 mil 837 trabajan. De ellos 42 mil 279 son de 5 a 13 años y 96 mil 770 de 14 a 17 años. De esa cifra no asisten a la escuela 55 mil 706 menores, casi un 40 por ciento, frente al 36 por ciento nacional y 101 mil 850 no recibe ingresos por su trabajo. Solo uno de cada tres recibe ingresos.
Por otra parte, Rangel Miravete informó que recibieron tres quejas de trabajadores contra el mismo número de empresas que no dieron reparto de utilidades, una es en Chilpancingo y las demás en Zihuatanejo; “vamos a hacer una cruzada de inspección”.
Abundó que en las juntas locales “hay rezago histórico de 50 años. Hemos detectado que casi un 40 por ciento de rezago de casos ya están resueltos”.
Dijo que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 1, que es la más grande, hay 9 mil casos, y en la 2 hay unos 7 mil expedientes.
El dinero adicional puede tomarse de los excedentes del petróleo, el cual está a la alza, proponen los presidentes municipales
Oracio Lagunas Iguala
Presidentes municipales de la Zona Norte exigieron al gobierno federal recursos adicionales para el campo “porque en nuestro país, y en nuestro estado en particular, todos comemos tortillas y cuando comemos pan parece que no hemos comido”.
Esos recursos adicionales –dijo Modesto Brito González, presidente municipal de Teloloapan– bien pueden venir de los excedentes del petróleo. “En estos momentos el petróleo registra una de sus alzas más grandes de los últimos 10 años”.
Esto durante la firma de convenios entre el gobierno estatal y los 16 municipios de la Zona Norte, para municipalizar los recursos del programa Alianza para el Campo, el cual tiene previsto un recurso a 120 millones de pesos para este año. El acto fue encabezado por el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone.
A excepción de los presidentes municipales de Tepecoacuilco, Pablo Landa Sotelo; de Taxco, Abraham Ponce Guadarrama, y de Cuetzala del Progreso, Miguel Villanueva González, quienes enviaron representantes, los otros 13 alcaldes asistieron a la firma del convenio.
Después de la firma, algunos alcaldes subieron a tribuna para congratularse con el titular de la Seder por los apoyos otorgados a la mayor parte de los municipios, pero también para reclamar recursos al gobierno federal.
Uno de los que exigieron más recursos federales fue Brito González “porque en Teloloapan sale más barato regalar un saco de maíz de 50 kilos que entregar fertilizante. Esto es una incongruencia y como responsables de los municipios debemos levantar la voz para que los medios de información lo publiquen”.
Indicó que el gobierno del estado ha colaborado para el reparto del fertilizante, “pero yo creo que si no hubiera la violencia en el campo sería más fuerte”.
Modesto Brito también se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, donde los más afectados son los productores mexicanos; “es un tratado que sólo beneficia a las transnacionales”.
El también presidente de la Coordinadora Estatal de Presidentes Municipales del PRD hablo de los excedentes por el incremento en los precios del petróleo: “en estos momentos el petróleo registra uno de sus precios más altos de los últimos años, por qué no exigir que los excedentes se incluyan en los municipios para ayudar a los campesinos”.
Mientras tanto, Eleazar Ramírez Morales, de Copalillo, aseguró que es necesario buscar mercados a los productos de los campesinos de la Zona Norte.
“En Copalillo, donde hay dos proyectos muy buenos: uno de producción de elote y otro de sandía, el problema es que no hay mercado y cuando lo hay tiene precios muy bajos, por lo tanto en ocasiones optan por perder parte de la producción”.
Previo a estas intervenciones, Popoca Boone dijo que en ese acto se municipalizarían poco más de 20 millones de pesos del programa Alianza para el Campo.
La distribución de esos recursos –añadió– será equitativa, tomando en cuenta la extensión del municipio, su población y la producción, pero el municipio más pequeño recibirá 1 millón 200 mil pesos, en tanto que los municipios más grandes recibirán 3 millones 200 mil pesos.
