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Los campesinos viven en la exclusión y la marginación, dice RASA en su décimo aniversario en Zumpango

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el décimo aniversario de la organización campesina Red Alternativa Social y Autogestiva (RASA), los dirigentes demandaron más apoyos para el campo, porque denunciaron que actualmente el 70 por ciento del área rural vive en la exclusión y en la marginación a pesar de que es el pilar de la economía del país.
En la asamblea que se llevó a cabo en el restaurante Mezquite en Zumpango,  representantes de más de 15 estados del país de esa organización cambiaron al dirigente nacional Félix Castellanos Hernández, y designaron a Martín Bahena Obregón.
En el encuentro el nuevo dirigente dijo que buscará los apoyos para rescatar al campo mexicano, “y luchar mano con mano con las organizaciones campesinas para que demos resultados y los campesinos tengan un mejor desarrollo en las comunidades”.
El dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), José Narro Céspedes dijo que el diagnóstico que tiene esa organización del campo es que los campesinos viven la pobreza extrema y la inseguridad.
Añadió que esa situación de pobreza y violencia, “ha arrasado con todas las familias campesinas y el escaso apoyo de las instancias gubernamentales mantiene desplazados a los campesinos del desarrollo”.
Informó que a raíz de las medidas anti migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos, han regresado muchos mexicanos que estaban radicados en ese país, y que han encontrado escaso apoyo del gobierno con todos los recortes presupuestales que hay en el país.
Informó que las organizaciones campesinas, entre ellas RASA, van a luchar para que los recursos lleguen directamente a los productores.
Informó que de febrero a lo que va de marzo han regresado más de 100 migrantes que pertenecen a esa organización y que no han encontrado apoyo del gobierno del estado.
El dirigente de la CNPA, Narro Céspedes se quejó de que el 90 por ciento de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) van para los sectores de la agricultura comercial, y no para la agricultura campesina.
Añadió que por eso la organización está proponiendo que se establezca un sólo programa que atienda a todas las cadenas productivas, y que haya una sola ventanilla para los programas.
El dirigente nacional de la CNPA afirmó que los campesinos necesitan una sola ventanilla que apoye a la cadena productiva de la pequeña agricultura, “que es el sector que le ha dado fortaleza al campo y al país”.
También demandó que los recursos destinados para el campo lleguen directamente a los campesinos.
Durante la asamblea la organización llamó a buscar los apoyos necesarios para rescatar al campo, “y tratar de luchar mano con mano con todos los agremiados y otras organizaciones campesinas para que el proceso de organización nacional dé resultados y los mexicanos tengan un mejor desarrollo en sus comunidades”, dijo Céspedes.
Agregó que los campesinos a pesar de que fomentan la riqueza del país, viven en la pobreza extrema y “la situación está muy complicada porque la inseguridad ha arrasado con todas las familias campesinas”.
Aseguró que el escaso apoyo de las instituciones gubernamentales ha desplazado del campo a los agricultores y que no dan garantías a los migrantes de Estados Unidos, quienes no ven oportunidades en el país.
La celebración por el décimo aniversario de la fundación de RASA y el Congreso nacional de la organización se llevó a cabo en el restaurante Mezquite de Zumpango, asistieron unos 500 campesinos de varios municipios del estado, así como representantes de 15 estados del país.
En el encuentro campesino estuvo como representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo, asimismo el presidente municipal de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez.

Los expulsados de la CRAC presos en la capital, Eliseo y Adelaida “están muy mal”, dice la CNPA

 

El integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que acudió al penal de Chilpancingo con un representante de la Unidad de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a constatar las condiciones en las que se encuentran los coordinadores de la Policía Comunitaria en la Costa Chica expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de quienes dijo que física y psicológicamente “están muy mal”.
El representante de la agenda nacional en derechos humanos de la CNPA agregó que están en total desatención las familias de los seis policías comunitarios que murieron en el enfrentamiento contra policías estatales el día de la detención, el 30 de abril de 2015, porque ante organismos de derechos humanos y dependencias estatales no son considerados víctimas.
En consulta telefónica a un año ocho meses de la detención ambos están presos en el penal de Chilpancingo.
Muñoz Guzmán contó que en diciembre visitaron el penal para corroborar el estado físico y psicológico de los reclusos. Adelaida se dedica a la limpieza en ese lugar, mientras que Eliseo se dedica a hacer hamacas.
Dijo que el encuentro duró cerca de 2 horas, además les aplicaron un cuestionario que está siendo evaluado por la Segob para determinar su intervención en el caso, para ver si pueden alcanzar su libertad anticipada.
Resaltó que Eliseo Villar cuenta con 49 averiguaciones previas y Adelaida Hernández está involucrada en 21, ambos por secuestro, robo, sabotaje, motín, lesiones, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
De la visita detalló que “Eliseo cuando fue detenido fue golpeado, fue torturado y esas cuestiones, cuando lo llevaron al penal federal entonces él refiere que tiene problemas en la vista un poco y de la columna, que tiene un dolor de espalda”. Sin embargo no le han dado atención médica, que es lo que espera que atienda la Segob.
“Los conocí antes de que los recluyeran, o sea como miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sicológicamente están muy afectados, imagínate ser policía y acabar en la cárcel, desde ahí para ellos es un impacto muy fuerte, y la otra es la forma en la que se ha dado este encarcelamiento, no ha sido para nada de esto, de rehabilitación social no tiene absolutamente nada, a ellos los detuvo el Ejército, desde ahí era ilegal el asunto”, denunció.
Dijo que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no los reconoce como víctimas ni a las seis familias de los seis policías asesinados, Modesto Alberto Sánchez Cruz, Pascual Mier Bautista, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández, Bertín Villanueva y Fulgencio Baltazar Suástegui. Dijo que algunos dejaron hasta cuatro hijos que viven en el abandono y la pobreza, y que de una de las familias es notoria su desnutrición.
Relató que el 19 de octubre la asesora jurídica de la CEEAV Everarda Pineda Andraca en una reunión le entregó el oficio P012-2016, que supuestamente le hicieron llegar desde julio del que dijo no tenía conocimiento, ahí le informan que no pueden atender a las familias ni a los presos como víctimas.
Entonces le expuso enfrente de las viudas que también estaban en la reunión que les dijera qué se podía hacer, y que le contestó déspota que nada, le insistió que así como estaba el expediente no se podían reconocer como víctimas.
“Mediante el artículo 46 de la ley número 694 de víctimas vigente en el estado de Guerrero, para el reconocimiento de las víctimas el juzgador penal mediante sentencia ejecutoria debe hacerlo, y evidentemente no lo van a hacer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido completamente omisa”, reprochó.
La CEEAV dicen que ese reconocimiento en todo caso se los tiene que hacer el juzgador penal, el juzgador en materia de amparo, el Ministerio Público (MP), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos o los organismos internacionales.

Para el alcalde de Coyuca todo es dar despensas y láminas, se quejan comisarios

 Planta Rafael Ariza por segunda ocasión a representantes de 14 comunidades que le plantearían que apoye proyectos productivos e impulse obras sociales

 Raquel Santiago Maganda

El alcalde de Coyuca de Benítez, Rafael Ariza Bibiano, no acudió, por segunda ocasión, a la reunión convocada por comisarios y representantes de 14 comunidades, organizados por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, donde pretendían informarle sobre proyectos productivos.

El presidente municipal “sólo ha entregado láminas de cartón y despensas”, y no ha hecho obra social o infraestructura en esos lugares, se quejaron los organizadores.

Desde las 10 de la mañana, los lugareños y sus representantes llegaron al ayuntamiento para la reunión, programada a la 1 de la tarde. Pero el alcalde los volvió a dejar plantados.

El presidente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, e integrante del movimiento campesino El campo no aguanta más, el ex diputado federal perredista Plutarco Emilio García Jiménez, informó que Ariza Bibiano ya había confirmado su presencia a la reunión.

Pero la secretaría del alcalde les informó que se encontraba en Chilpancingo en una reunión con el secretario de Desarrollo Social estatal, Héctor Manuel Popoca Boone, donde hablaría sobre proyectos productivos.

Esto lo confirmó el secretario general del ayuntamiento, Pablo Balanzar Villegas, quien aseguró que Ariza Bibiano se encontraba en la capital del estado “en gestión para fertilizante”.

Pero esta versión fue desmentida por el propio García Jiménez, quien se comunicó por teléfono con Popoca Boone “y me dijo que no estaba con él, que precisamente el alcalde de Coyuca le suspendió la cita”.

También se quejó de la respuesta de los ediles del ayuntamiento, quienes le comentaron que “no tenían facultad” para darles una respuesta a sus peticiones, y sólo la regidora perredista Genoveva Correa Quintero entregó una lista de obras, de la cual dudaron de su aplicación, como es el caso del comisario municipal de San Juan del Río, Marcelino López Tapia.

El comisario cuestionó el informe, pues según éste recibieron 160 despensas, 110 juguetes del Día del Niño y 996 mil 800 pesos, cuyo rubro no está especificado–, pero aclaró que a ellos no les han entregado nada.

Tras dos horas de espera al alcalde –quien anunció que acudiría a la reunión–, el secretario general y cinco regidores escucharon las propuestas de obras y proyectos productivos de los lugareños.

El asesor técnico de la región Oriente de Coyuca de Benítez, Carlos García Jiménez, informó que durante los dos años de gestión de Ariza Bibiano algunos lugareños de las 80 comunidades han recibido despensas y láminas de cartón, pero hace falta infraestructura y obra social, además de los resultados positivos en la aplicación de los recursos del Ramo 33, valorado en unos 35 millones de pesos.

Aseguró que los beneficios se distribuyen por los acuerdos políticos, o bien a comunidades que sólo “bajo presión”, como en el caso de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, logran ser beneficiados. Esta situación –comentó el asesor técnico– refleja una visión pobre y una costumbre de trabajar sólo cuando hay movilizaciones.

Agregó que esta administración perredista “no tiene diferencias” en el modo de administrar de las anteriores priístas.

El Programa de Desarrollo Sustentable de la región oriente de Coyuca de Benítez, documento integrado de acuerdo con las necesidades de las 14 comunidades, tiene la expectativa de mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Las reuniones de trabajo comenzaron hace dos años, con miras al desarrollo regional sustentable y autogestivo, con la participación activa de los campesinos y la reactivación de la economía local en tres etapas, cada una a efectuarse en uno.

La inversión que se requiere es de 27 millones 353 mil 715 pesos, distribuidos en seis programas, como es el manejo sustentable de los recursos naturales que beneficiará a las 14 comunidades, con proyectos como producción de abonos, prácticas de conservación de suelos y agua, viveros de plantas útiles para la reforestación productiva.

El rubro de mejoramiento de cultivos tradicionales, en la diversificación productiva, que considera la producción de ganado de diversas especies y el cultivo de hortalizas. Se considera también agregar valor y comercialización alternativa.

También en desarrollo social y obras públicas, mientras que en capacitación, acompañamiento técnico y cultura, además el programa prevé como obras sociales prioritarias el agua potable, la pavimentación de caminos, la construcción de un puente en el río El Zapote, y la construcción de un muro de contención en la comunidad de Valle del Río, que suman una inversión de 6 millones 300 mil pesos.

Se resumió que el impacto del programa beneficiará a unas mil 500 familias campesinas de nueve comunidades, además se diversificará el ingreso económicos de 500 familias que participen en los proyectos productivos, y sobre todo se frenará el deterioro ambiental y el uso inadecuado de los recursos naturales.