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Eligen en la CRAC a cuatro coordinadores regionales; rechazan a uno de Eliseo Villar

Autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) impidieron que un cercano al grupo de  Eliseo Villar Castillo —quien confrontó a miembros de la organización— se convirtiera en uno de los cinco coordinadores regionales y con 44 votos en contra y uno a favor el mixteco Pablo de la Cruz Emeterio quedó fuera de la terna. La elección del quinto coordinador y la de un quinto comandante será en una asamblea regional.
En la asamblea de ayer en San Luis Acatlán participaron 24 comisarios municipales, seis comisariados ejidales y 38 consejeros regionales de los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, e Iliatenco y hubo un total de 200 personas entre policías comunitarios armados con sus escopetas que no participaron. Las autoridades elegidas estarán en el cargo por dos años como lo marca el reglamento interno de la CRAC.
Ayer se eligieron las autoridades entre inconformidades de algunos consejeros que habían solicitado aplazar el nombramiento de las autoridades comunitarias en 15 días. Los inconformes habían solicitado la ampliación del plazo para que todas las comunidades de las lenguas mixteca, tlapaneca y amuzga presentaran sus propuestas. Sin embargo por mayoría de votos se acordó en la asamblea seguir con la selección y votación de los coordinadores y comandantes.
Las propuestas de coordinadores presentadas por las autoridades de cada comunidad y que quedaron por mayoría de votos son de la comunidad de Arcelia del Progreso, Guadalupe Benigno Cortez con 56 votos a favor, de la comunidad de Tuxtepec, Marcelino García Mendoza con 43 votos a favor, de la comunidad de Potrerillo Coapinole, Isaac Estrada con 47 votos a favor y de la comunidad de Barranca Techale, Pedro Valdés con 66 votos a favor.
Mientras que Pablo de la Cruz Emeterio de la comunidad de Cuanacaxtitlán obtuvo 44 votos en contra y sólo uno a favor. Momentos antes de la votación varios consejeros se manifestaron en contra de su postulación porque afirmaron que fue una de las personas que apoyó al coordinador   Eliseo Villar Castillo en 2013 quien bajo el auspicio del defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero confrontó a los integrantes de la organización.
Sin embargo el señalado negó que el estuviera a favor de Villar Castillo y dijo que el apoyó a los integrantes que estaban contra el ex coordinador que dividió la CRAC. Actualmente Villar Castillo y la también ex coordinadora Adelaida Hernández se encuentran presos en la cárcel de Chilpancingo acusados del delito de secuestro. Ambos fueron detenidos el 30 de abril de 2015 por el Ejército en la ciudad de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.
Los representantes de la mesa de debates encabezados por el consejero Abad García García dejaron pendiente la elección en una nueva asamblea regional del quinto coordinador, y lo mismo pasó con los comandantes donde sólo quedaron cuatro integrantes, pero ahí por la falta de propuestas.
En la terna de comandantes quedaron seleccionados de la comunidad de Zoyatlán, Félix Rosario Reyes con 58 votos a favor, de la comunidad de Posa Verde, Ulises Hernández Hernández con 50 votos a favor, de la comunidad de Nejapa, Arturo Torres con 57 votos a favor y de la comunidad de Potrerillo Coapinole, Celso Macedonio con 47 votos a favor.

Llaman a defender a los presos políticos

En la asamblea también fueron presentados los informes de los tres coordinadores que dejaron el cargo quienes son Joaquín Rentería, Felipe Claudio, León Ponce, los que fueron aprobados por mayoría. Ahora los tres ex coordinadores en automático pasan a ser consejeros de la organización.
En su informe los tres coordinadores llamaron a otras organizaciones de derechos humanos a dar seguimiento a las acciones para la defensa de los presos de la organización “quienes han caído en la prisión del gobierno por cumplir con el mandato de los pueblos para brindar seguridad a las comunidades”.
Recordaron que siguen presos Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, así como otros 25 integrantes del Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y la exigencia de justicia para los cinco policías comunitarios caídos y “asesinados por la Policía Estatal y ministerial” en la comunidad de La Concepción el pasado 7 de enero.
Los coordinadores informaron que atendieron en dos años 677 casos, de los que 489 se resolvieron y 139 de ellos fue necesario ordenar la detención de los acusados. Además dejaron a 34 detenidos en proceso de reeducación de los que 26 se les determinó su culpabilidad y 8 están en proceso de investigación.
Además se atendieron 10 casos de abigeato, cinco de homicidios, cuatro de intento de homicidios, tres de violencia y drogadicción, tres de violencia intrafamiliar, dos de violación, dos de extorsión, dos de agresiones físicas y lesiones, dos por robo y uno  por intento de violación.
También se informó a detalle el gasto de los 100 mil pesos de apoyo que entrega el Ayuntamiento a la CRAC al mes, más 30 mil pesos fueron en vales de gasolina para los operativos durante el 2017 y hasta febrero de 2018.
Además de  los 60 mil pesos que entrega el gobierno del estado también para los gastos operativos de la organización de manera mensual y desde el mes de abril de 2017 a febrero de 2018.

 

Los expulsados de la CRAC presos en la capital, Eliseo y Adelaida “están muy mal”, dice la CNPA

 

El integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Héctor Muñoz Guzmán informó que acudió al penal de Chilpancingo con un representante de la Unidad de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), a constatar las condiciones en las que se encuentran los coordinadores de la Policía Comunitaria en la Costa Chica expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, de quienes dijo que física y psicológicamente “están muy mal”.
El representante de la agenda nacional en derechos humanos de la CNPA agregó que están en total desatención las familias de los seis policías comunitarios que murieron en el enfrentamiento contra policías estatales el día de la detención, el 30 de abril de 2015, porque ante organismos de derechos humanos y dependencias estatales no son considerados víctimas.
En consulta telefónica a un año ocho meses de la detención ambos están presos en el penal de Chilpancingo.
Muñoz Guzmán contó que en diciembre visitaron el penal para corroborar el estado físico y psicológico de los reclusos. Adelaida se dedica a la limpieza en ese lugar, mientras que Eliseo se dedica a hacer hamacas.
Dijo que el encuentro duró cerca de 2 horas, además les aplicaron un cuestionario que está siendo evaluado por la Segob para determinar su intervención en el caso, para ver si pueden alcanzar su libertad anticipada.
Resaltó que Eliseo Villar cuenta con 49 averiguaciones previas y Adelaida Hernández está involucrada en 21, ambos por secuestro, robo, sabotaje, motín, lesiones, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
De la visita detalló que “Eliseo cuando fue detenido fue golpeado, fue torturado y esas cuestiones, cuando lo llevaron al penal federal entonces él refiere que tiene problemas en la vista un poco y de la columna, que tiene un dolor de espalda”. Sin embargo no le han dado atención médica, que es lo que espera que atienda la Segob.
“Los conocí antes de que los recluyeran, o sea como miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Sicológicamente están muy afectados, imagínate ser policía y acabar en la cárcel, desde ahí para ellos es un impacto muy fuerte, y la otra es la forma en la que se ha dado este encarcelamiento, no ha sido para nada de esto, de rehabilitación social no tiene absolutamente nada, a ellos los detuvo el Ejército, desde ahí era ilegal el asunto”, denunció.
Dijo que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no los reconoce como víctimas ni a las seis familias de los seis policías asesinados, Modesto Alberto Sánchez Cruz, Pascual Mier Bautista, Erick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández, Bertín Villanueva y Fulgencio Baltazar Suástegui. Dijo que algunos dejaron hasta cuatro hijos que viven en el abandono y la pobreza, y que de una de las familias es notoria su desnutrición.
Relató que el 19 de octubre la asesora jurídica de la CEEAV Everarda Pineda Andraca en una reunión le entregó el oficio P012-2016, que supuestamente le hicieron llegar desde julio del que dijo no tenía conocimiento, ahí le informan que no pueden atender a las familias ni a los presos como víctimas.
Entonces le expuso enfrente de las viudas que también estaban en la reunión que les dijera qué se podía hacer, y que le contestó déspota que nada, le insistió que así como estaba el expediente no se podían reconocer como víctimas.
“Mediante el artículo 46 de la ley número 694 de víctimas vigente en el estado de Guerrero, para el reconocimiento de las víctimas el juzgador penal mediante sentencia ejecutoria debe hacerlo, y evidentemente no lo van a hacer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido completamente omisa”, reprochó.
La CEEAV dicen que ese reconocimiento en todo caso se los tiene que hacer el juzgador penal, el juzgador en materia de amparo, el Ministerio Público (MP), la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos o los organismos internacionales.

La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros

A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.

Regresan a la Casa de Justicia de Cochoapa de la CRAC comunidades de Juchitán y Marquelia

 

Comunidades de Juchitán y Marquelia, se reintegraron el domingo a la Casa de Justicia de Cochoapa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la zona amuzga; y el sábado próximo, comunidades de Xochistlahuaca decidirán en asamblea si vuelven a la Casa de Justicia.
La desintegración de algunas comunidades de la Casa de Justicia de Cochoapa se dio luego de la inconformidad de las comunidades ante los manejos del ex coordinador Eliseo Villar Castillo, quien el 30 de abril fue detenido y encarcelado en el penal de La Cruces.
A tres meses de cumplirse el año de la detención de Villar Castillo los integrantes de la Casa de Justicia se ocupan en reagrupar a las comunidades que, en su mayoría, son de lengua amuzga.
El domingo por la mañana, representantes de las comunidades de El Aguacate y El Recodo, Juchitán, además de la comunidad de Nuevo Marquelia, Marquelia, se presentaron en la Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, para solicitar su reingreso, que fue aceptado por los coordinadores de la organización.
Se informó que los policías comunitarios mantuvieron su labor en las comunidades luego de que fueron expulsados de la cabecera municipal en Juchitán, el 28 de septiembre de 2015, acusados de excesos contra la población, y donde desde el 24 de diciembre opera la Policía Ejidal creada por ganaderos para evitar el abigeato.
La tarde del domingo, en Xochistlahuaca se reunieron con representes de la Policía Comunitaria de las colonias Luis Donaldo Colosio y Llano del Carmen, quienes luego de dialogar con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa, informaron que el sábado, en asamblea junto a otras comunidades decidirán si se reintegran.
A excepción de las comunidades de Guadalupe Victoria y Plan de Pierna, que fueron reintegradas el 24 de enero pasado a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC, las comunidades de Cozoyoapan, y Manantial Mojarra trabajan con la Casa de Justicia, y las otras dos comunidades acordarán en asamblea la tarde del sábado si se unen a la Casa de Justicia.

Solicita el alcalde de Ometepec a la CRAC de Cochoapa que deje de operar en la cabecera municipal

El coordinador de la Casa de Justicia de Cochoapa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) afín a Eliseo Villar Castillo, Rolando Romero informó que el alcalde perredista de Ometepec, Omar Estrada Bustos solicitó a la organización que deje de operar en la cabecera municipal.
Vía telefónica el coordinador dijo que el alcalde sostiene su exigencia en quejas y solicitudes de la población, pero manifestó que contrario al argumento del alcalde, comerciantes y vecinos que han sido víctimas de la delincuencia acuden a solicitar apoyo a la organización.
Agregó que buscan desde hace un mes una reunión con el alcalde, pero no hace caso a la solicitud, y reiteró un llamado al diálogo. Expuso que en Tlacoachistlahuaca hay coordinación con las autoridades del Ayuntamiento para la seguridad en las comunidades y la cabecera.
Dijo que desconoce el reingreso de las comunidades de Xochistlahuaca a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. El domingo, representantes de la Policía Comunitaria de Xochistlahuaca solicitaron en asamblea su reincorporación, en desacuerdo con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa.

Convoca la CRAC a una asamblea el 23 en San Luis Acatlán para defender la Ley 701

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) convocó a una asamblea microrregional el 23 de diciembre en San Luis Acatlán, para tratar como único punto del orden del día la defensa de la Ley 701, que sería reformada por mandato constitucional a más tardar el 29 de abril de 2016, informó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En los artículos transitorios de la Constitución Política del estado de Guerrero, aprobada en 2014, se señaló un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto “para hacer concordar las leyes locales con las nuevas disposiciones constitucionales”.
En este caso se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena que se aprobó al final el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, como un cuerpo de seguridad.
La Ley 701 establece que los órganos del poder público y los particulares deben respetar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones “como actos de autoridad”, y que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Incluso, dice que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán aseguraron que no van a permitir que se derogue o acote la legislación que concede facultades amplias a la CRAC. No obstante, reconocieron que esta asamblea se programó para el domingo 6 de diciembre y se pospuso para el 23, por falta de quórum.
En consulta telefónica sobre la asamblea, insistieron en que el Estado ha lanzado varias embestidas a la CRAC para destruir cualquier referente de organización de los pueblos, particularmente durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, para imponer los proyectos mineros autorizados en la región Costa-Montaña.
Se precisó que el punto único es la defensa de la Ley 701, pero de manera extraoficial se sabe que, a nivel interno se discute la posibilidad de cambiar a los coordinadores de la Casa Matriz, que cubrieron a los primeros electos en asamblea, entre ellos Eliseo Villar Castillo, separados de los cargos el año pasado, en medio de una fuerte confrontación interna.
La reunión microrregional, se informó, es de preparación para la asamblea regional que se celebrará a mediados de enero de 2016.

Conforman la Casa de Justicia de San Nicolás, Cuajinicuilapa, ex policías comunitarios de Juchitán

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que funcionaban en Juchitán se reagruparon el sábado en el municipio de Cuajinicuilapa, y conformaron la Casa de Justicia de San Nicolás.
A la reunión en la comunidad de San Nicolás, a media hora de camino de la cabecera municipal, acudieron unos 100 vecinos de comunidades de Cuajinicuilapa: Tejas Crudas, El Faro, Punta Maldonado, Cacalote, y el Pitallo, además de la Policía Comunitaria de Igualapa y de las colonias Panorámica y Zapata, de Ometepec.
Por teléfono, el ex coordinador de la Casa de Justicia de Juchitán, Fructuoso Sánchez Cruz informó que fueron electos en la asamblea cuatro nuevos coordinadores y cuatro comandantes regionales. A la reunión no fueron invitadas las comunidades de Juchitán y Marquelia, ni la Casa de Justicia de Cochoapa.
Indicó que la reunión fue organizada por el ex coordinador de la Casa de Justicia de Juchitán, Filemón Cruz, quien fue designado asesor de los nuevos coordinadores. Sánchez Cruz dijo que acudió a la reunión “para dar la cara” y defenderse de las acusaciones en su contra de malos manejos de la Casa de Justicia de Juchitán.
Informó que dejó la CRAC y ahora se encuentra fuera del estado porque es perseguido por militares e integrantes de la delincuencia organizada por las detenciones y acciones que realizó en Juchitán.
El 28 de septiembre, los integrantes de la Policía Comunitaria de Juchitán fueron expulsados por los vecinos ante abusos y excesos de los policías comunitarios. La Casa de Justicia era afín a Eliseo Villar Castillo, quien fue detenido el 30 de abril y encarcelado después en el penal de Las Cruces, de Acapulco.