No acudió a Tlacoapa por desacuerdos, pero no hay división en la CRAC, dice la casa matriz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El coordinador y vocero de la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, aclaró ayer que tres de las cinco casas de justicia no asistieron al aniversario de la institución comunitaria en Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, no por división, pero sí por desacuerdos en el programa.
El vocero de la casa Matriz expuso que la Casa de Justicia de Espino Blanco de última hora pretendió incluir en el programa la incorporación de una nueva Casa, la de Escalerilla San Juan, municipio de Zapotitlán Tablas, cuando aún no había sido aprobada por el resto.
Este sábado y domingo se celebró el 28 aniversario de la creación de la CRAC en la comunidad indígena de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, pero sólo asistieron autoridades de las Casas de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Espino Blanco de Malinaltepec y la Casa de Enlace de San Juan Escalerilla, de Zapotitlán Tablas.
Entrevistado por teléfono ayer, el coordinador y vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera aseguró que no hay una división en la institución comunitaria, pero que sí hubo diferencias con respecto al programa.
Explicó que las cinco casas se reunieron antes para acordar el contenido del programa, pero que posteriormente los de Espino Blanco convocaron a una asamblea “de manera muy interna” debido a que les tocaba la organización por ser la sede, y en esa reunión acordaron cambiar el programa.
Concretamente dijo que de manera unilateral decidieron incluir en uno de los puntos el reconocimiento del Comité de Enlace de Escalerilla San Juan como Casa de Justicia, a pesar de que antes se había discutido el caso, y se llegó a la conclusión de que todavía no cumplía lo que establece el reglamento interno.
Sin embargo, dijo que los de Espino Blanco decidieron incluirlo, y que debido a ello las otras cuatro casas (incluida la de El Paraíso que asistió a la celebración) se manifestaron en contra, “porque por reglamento una casa no puede decidir lo que quiera, todo debe ser por acuerdo de todas las casas”.
Informó que derivado de ello las otras casas decidieron no asistir para que no se llegara a una discusión durante las actividades del aniversario, “porque no se trata de festejar un año más de la lucha que emprendieron los pueblos con esas discusiones internas”.
Informó que las casas en desacuerdo fijaron su postura por escrito de que no se estaba respetando el programa, y que “no vamos a caer en juegos de un grupo o de un interés que no va acorde con el sistema”.
Informó que la decisión de no asistir la tomaron por acuerdo de asamblea la Casa de Justicia de Caxitepec, municipio de Acatepec; los de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; los de San Luis Acatlán, así como los de El Paraíso, municipio de Ayutla, aunque dijo que estos debido a que ya habían repartido sus comisiones decidieron asistir, pero con la condición de que no se abordara el tema.
Informó que las autoridades de Espino Blanco cuando se enteraron de la reacción de las cuatro casas convocaron a otra asamblea en la que reviraron y acordaron que ya no iría el punto en la orden del día que estaba ocasionando discordia, pero dijo que ya era tarde, “convocar otra asamblea de autoridades en las otras casas ya era complicado y se decidió que lo hicieran ellos a su modo, en el entendido de que ya habían hecho gastos como anfitriones”.
Informó que hay un acuerdo de que van a convocar a una asamblea las cinco casas para analizar estos asuntos pendientes, que tienen que ver con los comités de enlaces.
Agregó que el Comité de Enlace de Escalerilla San Juan ya está integrado a la Casa de Justicia de Espino Blanco, pero que el reglamento dice que para ascender a Casa de Justicia tiene que cumplir más de tres años, y explicó que el Comité de Enlace de San Juan Escalerilla apenas está cumpliendo esos tres años, “pero hay una urgencia ahí de ascenderlos, y por eso hay una desconfianza del por qué les urge tanto aprobarla”.
Dijo que la CRAC apenas viene de un proceso de revisión y análisis del reglamento interno, “y no se puede violar así, nomás porque alguien así lo desee”.
Insistió en que en la asamblea previa se dijo que el caso del reconocimiento como Casa de Justicia de Escalerilla San Juan se tendría que esperar, y no incluirse su reconocimiento en el aniversario, “sino que se tendrían que ir valorando algunas cosas que nos están ocasionando roces”.
Explicó que hay muchos comentarios de la sociedad y documentos que están cuestionando a ese Comité de Enlace, “y son cuestiones que se tienen que revisar para no cometer errores de los que al rato nos estemos arrepintiendo por haber perdido el objetivo de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria”.
Sin embargo, insistió en que los comisarios de las comunidades de la Casa de Justicia de Espino Blanco tomaron la decisión por su cuenta de que el punto tendría que ir a fuerza, “y fue por eso que las otras casas decidieron no asistir para no generar una discusión en el aniversario”.

 

Ve el asesor de la CRAC Valentín Hernández al gobierno estatal detrás del conflicto interno

El asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa habla mientras lo escucha el ex preso político Arturo Campos Herrera, el 15 de octubre en Ayutla en el 23 aniversario de la Policía Comunitaria cuando criticó que se ha invitado al asesor del gobernador César Flores Maldonado .Foto: Rosendo Betancourt Radilla

 

El asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Valentín Hernández Chapa afirmó que está dispuesto a presentarse ante una asamblea regional para resolver su situación y la inconformidad de un grupo de ocho consejeros encabezados por el vocero, Sábas Aburto Espinobarros, y el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores.
Consultado por teléfono el asesor sostuvo que no hay duda de la intervención del gobierno del estado para dividir a la CRAC, porque no hay un señalamiento contundente en su contra, sino varios y distintos, lo que resulta contradictorio por parte de los consejeros y el coordinador que impulsan su detención, del que desconoce si existe una orden de aprehensión y por qué delito.
Hernández Chapa, indicó que el martes pasado lo trataron de detener policías comunitarios, pero como no existía una orden de aprehensión se desistieron.
El asesor indicó que el conflicto viene de la protesta contra el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado, en el 23 aniversario de la CRAC en la Ayutla.
Afirmó que está dispuesto a presentarse en una asamblea regional de la organización –que solicitó el miércoles pasado– y que sea la asamblea la que decida su situación, porque él no realiza acciones indebidas, y recordó que durante su participación en la campaña como síndico en San Luis Acatlán se ausentó de la organización.
El integrante de la CRAC señaló que detrás del nuevo conflicto está uno de los tres coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, y el vocero Sábas Aburto Espinobarros, quien dijo también participó en el proceso electoral de hace tres años, sin embargo no tiene problemas.
Dijo que el 29 de septiembre participó en una asamblea de consejeros, a solicitud de uno de los integrantes para rendir un informe del proceso de la reforma Constitucional al Artículo 14 y la Ley 701, pero ahí no se acordó ninguna orden de aprehensión en su contra, “la reunión de consejeros se ha reducido a un grupo de siete u ocho personas cercanas a Sábas, y otros 30 que no han sido citados”.
El ex coordinador consideró que se debe de encausar el proyecto en un sistema autonómico e integral de la región, donde los pueblos tengan la decisión de construir el desarrollo, “nunca nos hemos planteado ser una dependencia del gobierno”, y dijo que el conflicto parte del acercamiento al gobierno y el presupuesto que destina a la CRAC, “ese es el punto donde se está generando una diferencia, pero no se puede hacer a punta de pistola, persecución y encarcelamiento.”
“Por esta divagación en las causales que se han manejado para mi detención nosotros creemos que así se maneja el gobierno, cooptando gente, hoy sabemos que el gobierno del estado aportó un dinero para el aniversario, que fue muy pobre, sin mesas de trabajo, sin un posicionamiento político, como el tema de los presos políticos, los asesinatos de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota”.

Comandantes y policías denuncian irregularidades

En una llamada telefónica a la redacción, un comandante regional de la CRAC de San Luis Acatlán que prefirió omitir su nombre por temor a ser encarcelado, a nombre de sus compañeros policías comunitarios dijo que están en contra de las arbitrariedades que ocurren en la Casa de Justicia, y no sólo contra Hernández Chapa.
Dijo que un grupo de ocho consejeros y un coordinador están tomando las decisiones que se deben de discutir en asamblea, e incluso los policías comunitarios han detenido a delincuentes y por causas que desconoce han sido absueltos, sin ser presentados en una asamblea.
Afirmó que por estas mismas irregularidades y a pesar de la advertencia de los consejeros y el coordinador de ser detenidos por incumplir órdenes, sus compañeros policías no quisieron detener al asesor de la CRAC, Hernández Chapa.
Responsabilizó a Sabás Aburto y Juan Horta como dos de los autores del conflicto que se vive, y se pronunció en contra de que sigan en el sistema porque ambos no pertenecen a comunidades donde la CRAC tenga presencia.
Se informó que este domingo fue suspendida una asamblea de consejeros porque sólo se presentaron nueve de 38, y se informó que posiblemente el 18 de noviembre se realice una asamblea regional, donde se discuta y se exponga el conflicto de Hernández Chapa.
Se marcó por la tarde al teléfono a Aburto Espinobarros pero no respondió a las llamadas.

Sustituyeron a los cinco coordinadores de la CRAC-PC de San Luis Acatlán; incumplieron el reglamento: vocero

Los cinco coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán elegidos en febrero, fueron sustituidos en la asamblea regional del 23 de julio porque incumplieron el reglamento y no dieron cuentas de sus reuniones con el representante del gobierno del estado y de los fondos que administran, informó el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica confirmó que no concluye la integración de la nueva coordinación, pues en la asamblea anterior sólo eligieron a tres integrantes, uno del pueblo me’phaa y dos del pueblo mestizo. Falta el representante del pueblo na’ savi y de una mujer.
Explicó la intempestiva separación de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, conocida como Casa Matriz de la CRAC. Aseguró que no aplicaron el reglamento interno, no convocaron a asambleas, no rindieron informes de los detenidos ni informaron de sus reuniones con el fiscal regional y con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en tres ocasiones.
De manera extraoficial se supo que los consejeros regionales esperaban un informe sobre la detención de los priistas acusados de comprar votos y que fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
Aburto Espinobarros añadió que los ex coordinadores tampoco rindieron cuentas de los fondos que aporta el gobierno municipal de San Luis Acatlán, ni de la cooperación por adeudos recuperados de personas físicas y morales.
Indicó que debido a que no rectificaron su conducta se aplicó el reglamento que señala la remoción de una autoridad en cualquier momento si existen elementos de peso. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Resignados o en desacuerdo, cumplen 13 detenidos parte de su reeducación en Tototepec, Tlapa

 

En la plaza de Tototepec, Tlapa, con palas, picos y carretillas, se desplazan uno a uno. Algunos escarban en la tierra para emparejar el suelo; otros, mezclan arena y cemento para pegar tabiques. De cerca son custodiados por indígenas na savi que visten playeras verdes con logotipos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Son los13 detenidos en proceso de reeducación de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que el pasado fin de semana concluyeron su paso por la comunidad na savi de Tototepec, bajo el sistema de justicia comunitario.
Algunos están resignados a reparar sus faltas bajo este sistema; otros lo cuestionan porque habían salido bien librados de las “demandas en los juzgados” y no conciben que policías de las comunidades los hayan retenido y los mantengan “secuestrados”; “así lo veo yo”, se atreve a comentar uno, y otros a decir que están detenidos de manera injusta, porque sólo se defendieron cuando agredieron a sus familias.
Otros prefieren guardar silencio, porque luego les cobran si hablan de más, y es mejor callar aunque estén en desacuerdo, ya que estuvieron en comunidades donde no les daban de comer o el alimento estaba echado a perder, y les negaban todo.
Sin embargo, las autoridades municipales y los comandantes de la CRAC- PC de Tototepec los animan a hablar “del trato que les damos aquí, en el pueblo, ya sabemos que cada quien responde por sus actos y no nos vamos a meter a cuestionar lo que ocurre en otras comunidades donde ustedes han pasado”, dijeron.
Comentan que el trato es rígido, porque se trata de detenidos que tuvieron fallas en sus comunidades de origen o en otras donde funciona el sistema comunitario, y por eso fueron detenidos, juzgados para ser reeducados por delitos de homicidio calificado, intento de violación, robo calificado y amenaza a las autoridades, entre otras faltas.
Los comentarios de los 13 reeducados se dan durante su receso para almorzar, a las 10 de la mañana, cuando una familia del poblado les lleva los alimentos a la comisaria, donde los cuentan y mantienen custodiados desde lejos.
Así durante 15 días, del 4 al 18 de febrero se mantuvieron los 13 detenidos en reeducación, haciendo trabajo comunitario, recibiendo almuerzo y comida de los pobladores, tiempo de distracción y aseo personal; algunos elaboraban pulseras de chaquira para venderlas.
El comisario, Domingo Villanueva Castro comenta que el trabajo comunitario les permite aprovechar la mano de obra de los reeducados, hombres entre 25 y 50 años, pues algunos saben de albañilería.
Los 13 reeducados, que pasarán entre seis y ocho años en reeducación bajo este sistema, sin importar si están de acuerdo o no con esta forma de justicia, consideran la importancia de “dejar algo en las comunidades”, de saber que a su paso retajaron una calle, limpiaron un pozo de agua, hicieron muros de piedra, ayudaron en la iglesia, en las comisarías, o compusieron la red de drenaje o la de agua potable.
En Tototepec, los reeducados nivelaron la tierra de los espacios cercanos a la plaza pública, para acondicionarlos ante la llegada de la fiesta religiosa, del Segundo Viernes de Cuaresma.
También ayudaron en la construcción de unos cuartos de tabique que serán usados como celdas, comentó el segundo comisario, para que no estén amontonados cuando regresen a dar su servicio comunitario, lo que ocurre cada seis u ocho meses, porque se rotan en las más de 40 comunidades integradas a la CRAC-PC.
Ahí estaban con palas, moviendo la mezcla de cemento. Unos cargaban, otro pegaban el tabique o acarreaban el agua.
Durante su estancia en la comunidad hay varias fiestas religiosas o fechas festivas en las que se organizan bailes, y llegan muchos jóvenes en “bandas” de otros pueblos que generan riñas, por lo que se ven forzados a intervenir para dar seguridad.
Otra obra en la que trabajaron fue acomodar piedras a un costado de una barranca para detener los deslaves que afectan el centro de salud cercano, “aunque lo ideal sería haberla hecho de cemento, para que no se caiga, pero sólo contamos con la mano de obra y no con material de construcción”.
Los 13 reeducados dejan en Yukú Saa o Yoso Noni, como se conoce en tu’un savi a Tototepec, un pozo para extraer agua y dar el servicio a la comisaria municipal y ejidal, y los baños cercanos que usan los pobladores en sus reuniones para recibir diferentes programas sociales; adentro estaba un reeducado llenando una cubeta con lodo, que luego otro jalaba desde arriba. En tanto, uno más limpiaba la lámina del techado de la cancha de usos múltiples para dejar libres los desagües.
Los 13 detenidos participaron en la rehabilitación del drenaje sanitario, comentó el comisario suplente, Jaime Silva Campos, que dejaron inconcluso porque se necesitó maquinaria para hacer las ollas de conexión, y luego el cemento y tabique que aportaría el Ayuntamiento para la obra que está en malas condiciones desde hace dos años.
Los reeducados son apoyados en su trabajo por otros pobladores que están dando su servicio a la comunidad, pero siempre vigilados por los policías comunitarios para evitar que alguno intentara fugarse, aunque son raros los casos porque les han advertido no intentarlo.

 

Critican las reformas estructurales en el desfile de la Independencia en Tototepec, Tlapa

En la comunidad na savi de Tototepec, del municipio de Tlapa, se llevó a cabo un desfile del Día de la Independencia crítico de las reformas estructurales del gobierno federal, que pidió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, la libertad de presos políticos y exigió la construcción de obras que necesita el pueblo.
El desfile de protesta fue encabezado por una escolta formada por autoridades municipales que portaban la bandera, el alcalde Abundio Campos, el presidente de bienes comunales y delegados de los anexos de este poblado.
Siguió el contingente de la Policía Comunitaria adscrita a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, padres de familia y alumnos de preescolar, primaria, secundaria, del Colegio de Bachilleres y de educación a distancia, que portaban diversas pancartas en que pedían que muriera el mal gobierno, mejores servicios, apoyos a la educación y que ésta sea gratuita.
Al frente llevaban una lona en la que manifestaban que las instituciones educativas de Tototepec se sentían defraudadas y que no aceptarían imposiciones, y preguntaban si creían en la bondades de la reforma.
Otra lona fue la que llevaban niñas de primaria, en la que se preguntaba, “Por qué nos asesinan, si somos el futuro de México”.
Los participantes en el desfile repetían la consigna de “Tototepec unido jamás sería vencido”, pedían la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la presentación con vida de los 43 estudiantes, entre otras demandas.
Tras recorrer las principales calles de la ciudad, el contingente se reunió en la cancha del poblado, donde dijeron que el desfile fue de lucha contra las autoridades federales, estatales y locales, porque arrebataban y pisoteaban los derechos plasmados en la Constitución, por lo que no era un desfile más de alegría sino de protesta, para exigir que las autoridades volteen a ver a Tototepec, que tiene muchas carencias.
Al cierre del desfile habló el representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Melitón Ortega, para invitar a los vecinos a seguirse organizando para defenderse de las acciones del gobierno federal, y los llamó que se sumen a las actividades simultáneas del próximo 25 de septiembre, en la víspera del segundo aniversario de la desaparición y agresión a los estudiantes de la Normal en Iguala.
Invitó también a participar en la acción global del 26 de septiembre en la Ciudad de México, donde marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo, con diversas instituciones de educación, organizaciones sociales y la población en general.
Dijo que los padres de los 43 normalistas ven como una burla e impunidad la designación de Tomás Zerón de Lucio como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), por lo que no reanudarán el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) si no se castiga al funcionario por ensuciar la investigación.

“¡Lo logramos!”, exclama Nestora al salir del penal de Tepepan tras 31 meses de encierro

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García salió de la torre médica de la prisión de Tepepan vistiendo el uniforme verde olivo de la organización, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y las manos sujetas con esposas de papel.
Unos 60 policías comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán y Polutla la esperaban afuera, con sus familiares, y activistas de Guerrero y de la Ciudad de México. Casi brinca de alegría cuando uno de los comunitarios, sobrino suyo, le dio el saludo reglamentario “a sus órdenes mi comandante Nestora”, y rompió sus cadenas.
Acto seguido, recibió, como símbolo de autoridad, un rifle negro de diávolos, y con el arma alto, lanzó el grito de victoria, “lo logramos”, en medio de consignas, “¡se ve, se siente, Nestora está presente”.
Uno a uno, los policías, unos jóvenes y otros adultos mayores, comenzaron un desfile para darle un saludo marcial (el golpe de mano sobre la frente), que ella respondió de la misma forma y con abrazos.
Declaró que su libertad es un triunfo de todos los que aportaron un granito de arena a su causa. Añadió que la unidad de los pueblos les permitirá lograr la justicia y la libertad de los presos políticos, “pido el apoyo a todos los compañeros, y seguir organizando a nuestro pueblo”, demandó.
Unos cincuenta reporteros de prensa escrita, radio y televisión, dieron cobertura al acto de liberación atrás del cordón de seguridad organizado por los implacables integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes, sin saber quién era impidieron el paso al ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que llegó al penal para saludar a la luchadora, con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera. Durante su gobierno, Ortega Martínez reconoció que Nestora Salgado y todos los presos de la CRAC, son presos de conciencia pero no los liberó.

Recibe muestras de solidaridad de la sociedad civil

Los activistas de Guerrero comenzaron a llegar a la prisión, que se encuentra en un fraccionamiento residencial al sur de la Ciudad de México, desde las 2 de la madrugada, incluso reporteros de Televisa que esperaban tener la primicia. Luego CNN y Univisión, entre otros.
A primera hora de la mañana arribó el equipo de abogados, las hijas de Nestora, Saira, Grisel y Rubí Rodríguez Salgado, sus hermanas y sobrinos. El cantante de trova guerrerense Lenin Fernández cantó La Primicia, sobre los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y Nestora la Libertaria, de su autoría.
Los comuneros de San Salvador Atenco, Estado de México, con sus machetes en alto guiaron las consignas: “¡Nestora, te queremos, por eso te defendemos!”, “Nestora nos da lección de dignidad”, “el puño de la mujer atenta contra el poder”, “cuando una mujer avanza, no hay pueblo que retroceda!”, “¡libertad, libertad a los presos por luchar!”, “la dignidad es primero, luego el cochino dinero” y “Falta Mireles, Gonzalo, Arturo, Samuel…”, y siguieron coreando los nombres de los presos políticos.
También la recibió una comisión de tres padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; en representación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Felicitas Martínez; el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); y de la Colonia Popular Emperador Cuauhtémoc, de Chilpancingo.
En caravana –vigilada por agentes del gobierno de la ciudad en automóviles compactos blancos–, se trasladaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la céntrica delegación Cuauhtémoc mientras contaban del 1 al 43, y gritaban la consigna del movimiento social, “Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue”.

Los políticos guerrerenses que la pusieron a prisión

Ante unas 500 personas (y muchas otras que se quedaron afuera cuando se llenó el Centro Prodh), Nestora Salgado denunció que estuvo dos años siete meses en prisión por denunciar al ex alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez (ahora diputado local por el PRI), a su síndico procurador Armando Patrón Jiménez y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde su periodo de gestión en la CRAC denunció en mesas con autoridades civiles y militares los vínculos de miembros del Ayuntamiento con la delincuencia organizada.
“Gracias a él (dijo sobre el gobernador) estuve pasando tiempos horribles, que no se pueden expresar en palabras”.
Consideró que un delincuente sabe que cometió un error si llega a prisión, pero en inocentes provoca daño sicológico, “es sentirse enterrado vivo, como en una gaveta”, comparó.
Recordó que pasó 20 meses incomunicada en un penal de máxima seguridad en Nayarit, “se ensañaron conmigo, es difícil luchar contra el gobierno cuando se tiene una consigna, (que) fue por defender a mi pueblo, por denunciar abusos a niños de 7 años, de jóvenes donde hacían videos pornográficos con estos niños. Es horrible que haya pagado por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde”.
Orgullosa expresó, “soy la voz y el rostro de los que nadie ve. Mi gente logró traspasar las fronteras, ¿pero cuántos presos (políticos) son?, se habla de 500 en México”. Insistió en unir todos los esfuerzos de todo el país para luchar por los presos de la CRAC en cárceles de Ayutla y Chilpancingo.
En el hospital de Tepepan, vio que llegaban presos, “con las vísceras destrozadas por los carcelarios, no es justo que lleven al hospital a la gente cuando ya se está muriendo, estimo que en ese hospital cada semana mueren uno, dos y hasta tres presos”.

Desmiente que le hayan condicionado su libertad a no volver a Olinalá

Luego de los pronunciamientos, Salgado respondió una ronda de preguntas sobre si hubo condicionamiento para su libertad, que saliera del país en cuestión de horas, y si temía regresar a Olinalá.
En una mesa al frente de los periodistas, con la feminista Martha Lamas y las esposas de dos policías de la CRAC presos, Nestora Salgado reconoció que irá a Estados Unidos a revisar su salud, con la idea de regresar y seguir con la Policía Comunitaria, “mientras ellos me quieran, ahí voy a estar”, aseguró.
Dijo que no le dieron ninguna condición para su libertad, pues el año pasado le ofrecieron sacarla de prisión si se iba a Estados Unidos, “dije que no, no salgo huyendo, no tengo por qué”.
Añadió que cuando inició su lucha sabía que ponía en riesgo la vida, “no tengo miedo, estoy dispuesta a morir por mi gente”, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto que respete a los pueblos originarios sus derechos y a la Policía Comunitaria.
Recordó que al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá quiso proteger a mujeres y niñas explotadas por bandas del crimen. Como ejemplo, expuso el caso de la violación de un niño de siete años.
Consideró que hace falta educación a los pueblos, que los padres hablen de sexo con los niños para protegerlos de estas agresiones.

Cuando le pidieron apoyo para proteger a las cuatro adolescentes que luego la acusaron de secuestro, “me voltearon la espalda y tuve que pagar con cárcel por defenderlas”.
Detalló que las madres de las adolescentes le pidieron que se llevara a reeducación a sus hijas porque temían por su bienestar, pues se iban durante días con un banda de delincuentes, sin saber de ellas.
Una reportera de la cadena de televisión Univisión la preguntó sobre las declaraciones de la lideresa de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien advirtió que demandará al juez que le otorgó la libertad.
Nestora Salgado omitió responder, pero reclamó que esta cadena, a partir de la campaña de Miranda de Wallace la presentó como la peor secuestradora, la peor asesina, “no soy asesina, soy una madre que lucha, que defiende, no soy una delincuente”, subrayó.
Dio su reconocimiento a los policías comunitarios que la acompañaron de pie en la conferencia de prensa, “estos señores son de campo, son padres de familia que un día se levantaron, hartos de que nos estuvieran matando a nuestros jóvenes, que se quisieron defender porque nos han pisoteado”.
Desde la capital del país, señaló que los pueblos sufren la miseria, el dolor de perder a los seres queridos por la violencia, “cuando le destrozan a un hijo, que les tuvieron que enterrar sin cabeza, sin brazos, sin pies, que no se pueden despedir porque el cuerpo ya se echó a perder”, y esa información –recriminó– no se difunde en los medios nacionales.
Consideró que la prensa está dejando solos a los comunitarios, que son la solución a muchos problemas en el país.
Las agencias Proceso y Reforma informaron que la comandante llamó al presidente Enrique Peña a respetar a las comunidades indígenas, así como a defender la legalidad de las policías comunitarias.
“Los pueblos no defienden a delincuentes. Le pido su apoyo a nuestros pueblos indígenas y que no siga permitiendo la violación a la Constitución”, expuso.
Aunque sin planes inmediatos para exigir al Gobierno la reparación del daño causado a ella y su familia, afirmó que emprenderá una lucha para liberar a los 500 presos políticos del país.
Además hizo un llamado al gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, para que libere a los nueve policías comunitarios presos en Chilpancingo y a respete la Ley 701 de la entidad, que faculta a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse y crear policías comunitarias.
Después de escuchar a sus compañeros, a representantes de las esposas de policías comunitarios presos, y defensores que participaron en las movilizaciones para exigir su liberación, Nestora Salgado reconoció que por el momento no ha pensado en entablar un juicio por el tiempo que estuvo injustamente presa, situación de la que responsabilizó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al ex presidente municipal de Olinalá, Eusebio González.
A la liberación acudieron padres de los 43 normalistas, víctimas de San Salvador Atenco, el vocero de los opositores a la presa La Parota Marco Antonio Suástegui Muñoz, el sacerdote Alejandro Solalinde, policías comunitarios y diversas organizaciones sociales que celebraron con porras a Salgado.

No seguirá pagando el Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca a comunitarios, dice el alcalde

El presidente petista de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio dijo que el Ayuntamiento no puede pagar a la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de Cochoapa, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), porque el municipio tiene a sus propios elementos de seguridad.
En breves declaraciones por la noche, el alcalde dijo que la tarde de ayer se reunió con los representantes de la Casa de Justicia de Cochoapa, a la que pertenecen las comunidades del municipio de Tlacoachistlahuaca, para saber sus exigencias.
Indicó que el municipio sólo puede apoyar a los policías comunitarios con despensas, pero no con los 5 mil pesos como pago por dar seguridad, como lo hacía la administración anterior, porque tiene a su propia policía municipal.
El alcalde precisó que el problema que hay entre los grupos en la cabecera es que una parte de las comunidades quiere integrarse a la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, y el resto quiere mantenerse en la Casa de Justicia de Cochoapa.
También informó que, en el Ayuntamiento los trabajadores laboran con normalidad y no se han visto afectados. El lunes, el representante de la CRAC de Cochoapa, Emiliano Morales Nicolás informó que unas 100 personas de siete comunidades de Tlacoachistlahuaca protestaron en la cabecera para exigir el pago de 5 mil pesos a 24 policías comunitarios de la guardia permanente. Se buscó a los policías comunitarios para consultarlos al respecto, pero no hubo respuesta a las llamadas.

Ceden opositores al PRI la comisaría de Guadalupe Victoria, Xochistlahuaca, tras una negociación

 

Pobladores opositores al PRI en la comunidad de Guadalupe Victoria, Xochistlahuaca, cedieron la comisaría municipal al grupo de la alcaldesa priista Aceadeth Rocha Ramírez, luego de que el comisario del grupo opositor desistió de ocupar el cargo para no generar mayores conflictos entre la población.
El martes, unos 100 seguidores del PRI tomaron la comisaria de la comunidad para imponer a Simón Montellano como comisario, quien es apoyado por la alcaldesa y despachaba en una casa particular a la par del comisario elegido por la oposición, Quinidio Vázquez de Jesús, quien atendía en la comisaría municipal.
La toma del inmueble dejó ayer cinco personas lesionadas y dos detenidos por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que fueron liberados casi entrada la noche.
Ayer en la mañana, cinco representantes de ambos grupos se reunieron en el Palacio municipal dos horas para llegar a un acuerdo. Posteriormente en una reunión en la que estuvo presente la alcaldesa Rocha Ramírez, la presidenta regañó a los simpatizantes de su partido por la acción que realizaron, porque ellos trabajaban en una casa particular.
Allí, el comisario de la oposición dijo que no quería generar un mayor conflicto entre la población, y anunció que dejaba el cargo. La presidenta le ofreció la suplencia de la comisaría, que no aceptó porque ya había ocupado el cargo.
Otros de sus compañeros insistieron en que debería haber una nueva elección, propuesta rechazada por los priistas, que argumentaron que ellos cedieron la comisaría cuando la oposición gobernó en el municipio.
Después fue firmado un acuerdo por ambas partes y la alcaldesa, que incluyó que la oposición nombraría al responsable del Registro Civil en Guadalupe Victoria, además fueron cedidos dos espacios en la Policía Municipal. Mientras que a los priistas les correspondía la comisaría y dos policías municipales.
A petición de los pobladores, la presidenta municipal se comprometió a enviar a seis policías municipales para vigilar la comunidad ñomndaa, donde opera la Policía Comunitaria.
Después de la reunión, los integrantes de la oposición regresaron a la comisaría en Guadalupe Victoria, donde informaron de los acuerdos, pero la población en un principio no la aceptó hasta que el propio comisario Vázquez de Jesús indicó que no quería más problemas.
Ayer se trató de contactar a la presidenta municipal de Xochistlahuaca, pero no respondió las llamadas.

Deja de recibir demandas la Casa de Justicia de San Luis Acatlán “hasta nuevo aviso”, informa

La Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) dejó de recibir desde ayer demandas “hasta nuevo aviso”, por el exceso de casos y expedientes acumulados, que suman 317 de distintos delitos.
En una de las paredes de las oficinas de la Casa de Justicia, se lee en un cartel, “Ojo no se aceptan demandas de ningún tipo, hasta nuevo aviso, atentamente la CRAC-PC”. La Policía Comunitaria, como parte de sus funciones dentro del sistema de seguridad y justicia en las comunidades atiende las denuncias de los pobladores, muchas de las cuales no son atendidas por las autoridades locales.
El coordinador de la Casa de Justicia, Abad García García declaró que el motivo de la cancelación también obedece al cambio de los nuevos cinco coordinadores que serán elegidos el próximo 21 de febrero en una asamblea regional.
García García indicó que el rezago de la atención de las denuncias obedece a que la gente confía más en el sistema comunitario que en el Ministerio Público. Precisó que son poco más de 317 denuncias que se encuentran en proceso de investigación y desahogo, que fueron interpuestas desde el año 2015.
García García indicó que, una vez que las nuevas autoridades comunitarias sean nombradas se reactivará el servicio que ofrece la Casa de Justicia. En una mesa en las oficinas se encuentran por separado las denuncias por homicidios, robo, abigeato, deudas, fraudes, lesiones y violaciones.

Marchan en San Luis Acatlán a 44 años de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez

 

Integrantes de la Coordinadora Cívica Genero Vázquez marcharon en San Luis Acatlán para conmemorar los 44 años de la muerte en un presunto accidente del profesor Genaro Vázquez Rojas, fundador y dirigente de la organización guerrillera Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Por separado, a las 5 de la tarde unos 400 estudiantes de la preparatoria 14 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que lleva el nombre del maestro oriundo del municipio, marcharon de la escuela al panteón municipal, y en la tumba de Vázquez Rojas dejaron una ofrenda floral.
La primera actividad, organizada por la Coordinadora, partió a las 1:30 de la tarde de las instalaciones de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, recorrió las principales calles y se dirigió al panteón donde hubo un mitin para recordar “al hijo pródigo” del municipio.
Los 50 marchistas exigieron respeto a la Ley 701, que es el marco legal en que se mueve la Policía Comunitaria de la CRAC, la libertad de los presos políticos –en especial de los promotores de la Policía Comunitaria–, justicia para los normalistas asesinados en Iguala y la presentación con vida de los 43 desaparecidos, y exigieron que las mineras salgan de las comunidades indígenas de los municipios de la Costa Chica y de la Montaña.
Durante el trayecto al panteón los manifestantes de forma constante nombraron a Vázquez Rojas y exclamaron “Aquí, allá, la lucha seguirá”. Frente a la tumba del ex dirigente se realizó un mitin, ahí el coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC recordó a Vázquez Roja como el “hijo prodigo” del municipio.
El representante de la ACNR, Moisés Ocampo Delgado expresó que los ideales del fundador de la organización siguen presentes en el estado y en el país, donde la lucha por una patria diferente sigue, pese a que no se ha logrado mover al gobierno.
Afirmó que la lucha no está perdida y llamó a la unidad de las organizaciones sociales para triunfar “nuestros esfuerzos no son en vano” porque sí se podrá instalar un gobierno de coalición.
El representante del Movimiento Sentimientos del Sur, Mario Saucedo recordó que Vázquez Rojas fue un hombre comprometido en liberar al país, y se pronunció en contra de los partidos políticos que ahora se han aliado con la delincuencia organizada.
Y expresó que a pesar de que el gobierno afirma trabajar en el combate a la corrupción y en contra de las personas ligadas al narcotráfico, incluidos los que utilizan el poder público, “no hemos visto a los empresarios y políticos detrás de las cárceles”.
De la familia de Genaro Vázquez estuvo Enrique García Vázquez, quien informó que por motivos de salud la esposa del dirigente campesino no pudo asistir, y agradeció a los presentes el acto de conmemoración a 44 años de la muerte del maestro. El acto fue coordinado por el integrante de la Coordinadora Cívica, Valentín Hernández Chapa.
Por la tarde, estudiantes de la preparatoria 14 también recordaron al profesor y marcharon de la escuela al panteón municipal. En un breve discurso el uno de los maestro recordó la vida del Vázquez Rojas, y exclamó que siembre buscó las mejores condiciones de vida para la gente.
Recordó que a 44 años de que el gobierno asesinó al profesor, el propio gobierno nada ha hecho para mejorar la situación de miseria, pobreza, corrupción e impunidad, aunado a la indiferencia que muestra la población hacia las luchas sociales.
Dijo que en México hay un gobierno corrupto que hace de todo porque la propia sociedad lo permite y calla por miedo, llamó a sus alumnos a no permitir más injusticias y recordar los ideales de Genaro Vázquez Rojas.