Analizó la Sedena en 2015 a la CRAC, la UPOEG y el FUSDEG, según correo hackeado por Guacamaya

Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.

UPOEG

En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.

FUSDEG

El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.

 

“¡Lo logramos!”, exclama Nestora al salir del penal de Tepepan tras 31 meses de encierro

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García salió de la torre médica de la prisión de Tepepan vistiendo el uniforme verde olivo de la organización, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y las manos sujetas con esposas de papel.
Unos 60 policías comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán y Polutla la esperaban afuera, con sus familiares, y activistas de Guerrero y de la Ciudad de México. Casi brinca de alegría cuando uno de los comunitarios, sobrino suyo, le dio el saludo reglamentario “a sus órdenes mi comandante Nestora”, y rompió sus cadenas.
Acto seguido, recibió, como símbolo de autoridad, un rifle negro de diávolos, y con el arma alto, lanzó el grito de victoria, “lo logramos”, en medio de consignas, “¡se ve, se siente, Nestora está presente”.
Uno a uno, los policías, unos jóvenes y otros adultos mayores, comenzaron un desfile para darle un saludo marcial (el golpe de mano sobre la frente), que ella respondió de la misma forma y con abrazos.
Declaró que su libertad es un triunfo de todos los que aportaron un granito de arena a su causa. Añadió que la unidad de los pueblos les permitirá lograr la justicia y la libertad de los presos políticos, “pido el apoyo a todos los compañeros, y seguir organizando a nuestro pueblo”, demandó.
Unos cincuenta reporteros de prensa escrita, radio y televisión, dieron cobertura al acto de liberación atrás del cordón de seguridad organizado por los implacables integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes, sin saber quién era impidieron el paso al ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que llegó al penal para saludar a la luchadora, con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera. Durante su gobierno, Ortega Martínez reconoció que Nestora Salgado y todos los presos de la CRAC, son presos de conciencia pero no los liberó.

Recibe muestras de solidaridad de la sociedad civil

Los activistas de Guerrero comenzaron a llegar a la prisión, que se encuentra en un fraccionamiento residencial al sur de la Ciudad de México, desde las 2 de la madrugada, incluso reporteros de Televisa que esperaban tener la primicia. Luego CNN y Univisión, entre otros.
A primera hora de la mañana arribó el equipo de abogados, las hijas de Nestora, Saira, Grisel y Rubí Rodríguez Salgado, sus hermanas y sobrinos. El cantante de trova guerrerense Lenin Fernández cantó La Primicia, sobre los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y Nestora la Libertaria, de su autoría.
Los comuneros de San Salvador Atenco, Estado de México, con sus machetes en alto guiaron las consignas: “¡Nestora, te queremos, por eso te defendemos!”, “Nestora nos da lección de dignidad”, “el puño de la mujer atenta contra el poder”, “cuando una mujer avanza, no hay pueblo que retroceda!”, “¡libertad, libertad a los presos por luchar!”, “la dignidad es primero, luego el cochino dinero” y “Falta Mireles, Gonzalo, Arturo, Samuel…”, y siguieron coreando los nombres de los presos políticos.
También la recibió una comisión de tres padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; en representación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Felicitas Martínez; el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); y de la Colonia Popular Emperador Cuauhtémoc, de Chilpancingo.
En caravana –vigilada por agentes del gobierno de la ciudad en automóviles compactos blancos–, se trasladaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la céntrica delegación Cuauhtémoc mientras contaban del 1 al 43, y gritaban la consigna del movimiento social, “Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue”.

Los políticos guerrerenses que la pusieron a prisión

Ante unas 500 personas (y muchas otras que se quedaron afuera cuando se llenó el Centro Prodh), Nestora Salgado denunció que estuvo dos años siete meses en prisión por denunciar al ex alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez (ahora diputado local por el PRI), a su síndico procurador Armando Patrón Jiménez y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde su periodo de gestión en la CRAC denunció en mesas con autoridades civiles y militares los vínculos de miembros del Ayuntamiento con la delincuencia organizada.
“Gracias a él (dijo sobre el gobernador) estuve pasando tiempos horribles, que no se pueden expresar en palabras”.
Consideró que un delincuente sabe que cometió un error si llega a prisión, pero en inocentes provoca daño sicológico, “es sentirse enterrado vivo, como en una gaveta”, comparó.
Recordó que pasó 20 meses incomunicada en un penal de máxima seguridad en Nayarit, “se ensañaron conmigo, es difícil luchar contra el gobierno cuando se tiene una consigna, (que) fue por defender a mi pueblo, por denunciar abusos a niños de 7 años, de jóvenes donde hacían videos pornográficos con estos niños. Es horrible que haya pagado por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde”.
Orgullosa expresó, “soy la voz y el rostro de los que nadie ve. Mi gente logró traspasar las fronteras, ¿pero cuántos presos (políticos) son?, se habla de 500 en México”. Insistió en unir todos los esfuerzos de todo el país para luchar por los presos de la CRAC en cárceles de Ayutla y Chilpancingo.
En el hospital de Tepepan, vio que llegaban presos, “con las vísceras destrozadas por los carcelarios, no es justo que lleven al hospital a la gente cuando ya se está muriendo, estimo que en ese hospital cada semana mueren uno, dos y hasta tres presos”.

Desmiente que le hayan condicionado su libertad a no volver a Olinalá

Luego de los pronunciamientos, Salgado respondió una ronda de preguntas sobre si hubo condicionamiento para su libertad, que saliera del país en cuestión de horas, y si temía regresar a Olinalá.
En una mesa al frente de los periodistas, con la feminista Martha Lamas y las esposas de dos policías de la CRAC presos, Nestora Salgado reconoció que irá a Estados Unidos a revisar su salud, con la idea de regresar y seguir con la Policía Comunitaria, “mientras ellos me quieran, ahí voy a estar”, aseguró.
Dijo que no le dieron ninguna condición para su libertad, pues el año pasado le ofrecieron sacarla de prisión si se iba a Estados Unidos, “dije que no, no salgo huyendo, no tengo por qué”.
Añadió que cuando inició su lucha sabía que ponía en riesgo la vida, “no tengo miedo, estoy dispuesta a morir por mi gente”, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto que respete a los pueblos originarios sus derechos y a la Policía Comunitaria.
Recordó que al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá quiso proteger a mujeres y niñas explotadas por bandas del crimen. Como ejemplo, expuso el caso de la violación de un niño de siete años.
Consideró que hace falta educación a los pueblos, que los padres hablen de sexo con los niños para protegerlos de estas agresiones.

Cuando le pidieron apoyo para proteger a las cuatro adolescentes que luego la acusaron de secuestro, “me voltearon la espalda y tuve que pagar con cárcel por defenderlas”.
Detalló que las madres de las adolescentes le pidieron que se llevara a reeducación a sus hijas porque temían por su bienestar, pues se iban durante días con un banda de delincuentes, sin saber de ellas.
Una reportera de la cadena de televisión Univisión la preguntó sobre las declaraciones de la lideresa de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien advirtió que demandará al juez que le otorgó la libertad.
Nestora Salgado omitió responder, pero reclamó que esta cadena, a partir de la campaña de Miranda de Wallace la presentó como la peor secuestradora, la peor asesina, “no soy asesina, soy una madre que lucha, que defiende, no soy una delincuente”, subrayó.
Dio su reconocimiento a los policías comunitarios que la acompañaron de pie en la conferencia de prensa, “estos señores son de campo, son padres de familia que un día se levantaron, hartos de que nos estuvieran matando a nuestros jóvenes, que se quisieron defender porque nos han pisoteado”.
Desde la capital del país, señaló que los pueblos sufren la miseria, el dolor de perder a los seres queridos por la violencia, “cuando le destrozan a un hijo, que les tuvieron que enterrar sin cabeza, sin brazos, sin pies, que no se pueden despedir porque el cuerpo ya se echó a perder”, y esa información –recriminó– no se difunde en los medios nacionales.
Consideró que la prensa está dejando solos a los comunitarios, que son la solución a muchos problemas en el país.
Las agencias Proceso y Reforma informaron que la comandante llamó al presidente Enrique Peña a respetar a las comunidades indígenas, así como a defender la legalidad de las policías comunitarias.
“Los pueblos no defienden a delincuentes. Le pido su apoyo a nuestros pueblos indígenas y que no siga permitiendo la violación a la Constitución”, expuso.
Aunque sin planes inmediatos para exigir al Gobierno la reparación del daño causado a ella y su familia, afirmó que emprenderá una lucha para liberar a los 500 presos políticos del país.
Además hizo un llamado al gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, para que libere a los nueve policías comunitarios presos en Chilpancingo y a respete la Ley 701 de la entidad, que faculta a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse y crear policías comunitarias.
Después de escuchar a sus compañeros, a representantes de las esposas de policías comunitarios presos, y defensores que participaron en las movilizaciones para exigir su liberación, Nestora Salgado reconoció que por el momento no ha pensado en entablar un juicio por el tiempo que estuvo injustamente presa, situación de la que responsabilizó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al ex presidente municipal de Olinalá, Eusebio González.
A la liberación acudieron padres de los 43 normalistas, víctimas de San Salvador Atenco, el vocero de los opositores a la presa La Parota Marco Antonio Suástegui Muñoz, el sacerdote Alejandro Solalinde, policías comunitarios y diversas organizaciones sociales que celebraron con porras a Salgado.

Muere el fundador de la OCSS y ex preso político Benigno Guzmán; trasladan su cuerpo hoy a Tepetixtla

Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.

La pobreza hará que la gente se levante en armas, dice el FODEG en la presentación de Guerrilleras

El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz dijo que hay condiciones para que la gente se levante en armas en México, por la pobreza, inseguridad y violaciones a los derechos humanos que “están a flor de piel”.
Ayer se presentó el libro Guerrilleras, en la delegación de servicios escolares Acapulco-Coyuca de Benítez, el trabajo fue presentado por María de la Luz Aguilar Terrés, el documento reúne testimonios de la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, en la segunda mitad del siglo XX.
En su intervención Martínez Cruz dijo que la tortura que sufren las mujeres en manos del Estado es peor comparada con la que sufren los hombres.
Resaltó que las mujeres en la historia del país han sido fundamentales en los movimientos sociales.
El dirigente social también dijo que el aumento de 2 pesos con 94 centavos al salario mínimo, “es una invitación a la guerra”, y ve condiciones para que la gente se levante en armas por la pobreza, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.
Abundó que es imposible que un vecino pague sus necesidades diarias con 73 pesos, cuando el costo de los productos y servicios básicos es muy alto, dijo que es imposible que una familia pueda sobrevivir con ese dinero y dar educación a sus hijos, “esa es la realidad”.
Dijo que llegará un momento en que la gente no aguante más la situación de pobreza, inseguridad y violaciones a los derechos humanos que “están a flor de piel”, y nadie los detendrá para luchar.
Agregó que “hay mucha gente que se aguanta su coraje porque no tiene con qué (luchar), porque la lucha se hace con dinero”.
Mencionó que a pesar de que hay extracción de metales en comunidades pobres del estado, y que hasta 2010 se otorgaron 630 concesiones, la riqueza no llega a la gente.
De los desplazamientos en la sierra dijo que no es por la guerra ni por los enervantes sino por las mineras.
Martínez Cruz opinó que a 14 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, los estudiantes están muertos, “pero la pregunta es, ¿dónde están?”.