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Prevén padres de los 43 rompimiento con el gobierno de AMLO; no ven avances en el caso

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, organizaciones sociales y sindicales, y estudiantes de la escuela participaron en la Asamblea Nacional Popular llevada a cabo el sábado en el comedor del plantel ubicado en las afueras de Tixtla Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez / Redacción

Chilpancingo

En la Asamblea Nacional Popular (ANP), que se realizó el sábado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres de los 43 desaparecidos informaron que ven un panorama “complicado”, y de un probable rompimiento con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Además, en un comunicado el Comité de Madres y Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa exhortaron a las organizaciones sociales a converger en una gran asamblea porque en el país sigue habiendo millones de pobres, el gobierno federal implementa programas sociales asistencialistas buscando votos, la violencia contra la mujer y las desapariciones aumentan y los grupos delictivos azotan varias regiones del país.
Este sábado, a las 12:40 del día, en el comedor de la escuela ubicado en Ayotzinapa, municipio de Tixtla, se realizó una reunión encabezada por los padres de los estudiantes desaparecidos y por organizaciones sociales.
En declaraciones, el abogado de las madres y padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, informó que entre los puntos que se trataron en la asamblea fue la exigencia de que se continúen las mesas de trabajo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Además, dijo que hicieron un balance de cómo va el caso por los 43, “se hará un balance de qué es lo que tienen que hacer como movimiento para fortalecer la demanda de los padres y cómo rearticular el movimiento a nivel nacional”.
En la reunión se plantearon algunas salidas en el estado de Guerrero y a nivel nacional; asimismo, se trazó que se realice un encuentro nacional en mayo para ver si se logra articular el movimiento por los 43 alumnos.
Dijo que los padres de los 43 desaparecidos ven un panorama “complicado”, y de un probable rompimiento con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y en los meses junio o julio probablemente se estarían movilizando.
–¿A qué se debe este rompimiento con el gobierno federal?, se le preguntó.
–Por los nulos avances del caso por los 43. Se va a iniciar una jornada de lucha y justamente para estar en condiciones de ese indicio es que se plantea este encuentro en la Ciudad de México.
En cuanto a las mesas de trabajo con López Obrador, el abogado de los padres y madres dijo que están pendiente porque no se han establecido.
En la asamblea también acordaron visitar a las organizaciones sociales en Guerrero y en otros estados del país, para invitarlos a que se unan a la lucha, “vamos a hacer un recorrido en los próximos meses”, destacó Vidulfo Rosales.

A la reunión acudieron integrantes de las organizaciones del Sindicato de Telefonistas, CETEG y del Colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, así como alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Al finalizar los presentes corearon: “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y entonaron el himno Venceremos; posteriormente se dio por concluida la reunión.

La lucha de las madres y padres de los 43 en el contexto nacional

Más tarde, mediante un comunicado, el Comité de Madres y Padres de los 43 expusieron que en su lucha no pueden evitar analizar el contexto nacional, y argumentaron que en el país sigue habiendo millones de pobres, mientras unos pocos tienen mucho, “la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”.
Manifestaron que poco han servido los programas sociales del gobierno, porque en realidad, “es un nuevo asistencialismo que cautiva votos para mantener en el poder a la clase política en turno”.
Señalaron que el gobierno federal no ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, porque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sólo inició algunas consultas que dejó truncas sin que se presentara ninguna iniciativa hasta el día de hoy.
Expresaron que la violencia contra las mujeres crece exponencialmente sin que haya acciones y políticas del gobierno contundentes para revertirlas, y que las desapariciones son un lastre social que continúan, y “suman más de 100 mil en el país, tan sólo en este gobierno (del presidente Andrés Manuel López Obrador) van más de 30 mil”.
Denunciaron que la violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones del país, y zonas completas están bajo su imperio, donde “imponen su ley a sangre y fuego, enlutando los hogares de los más pobres”.
Reprocharon que la educación pública se sigue debilitando, porque la reforma educativa no favorece a las maestras y los maestros, las normales públicas continúan en precariedad, y las normales rurales padecen aún la persecución y la represión, con políticas que buscan su exterminio y cierre definitivo.
El Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos afirmó que como en anteriores gobiernos, el actual ha dejado en manos de los militares las tareas de seguridad pública, se les ha dado facultades legales y constitucionales para que contengan la violencia, pero sobre todo para meter “en cintura a los inconformes e insumisos”.

La derecha toma las calles y desplaza a los movimientos sociales de izquierda, dicen

“Es un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, indicaron.
Argumentó que, por el contrario, el movimiento social está disperso y a la deriva, “aletargado y anquilosado en una ficticia transformación”, mientras la “derecha” retoma demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contrapeso institucional, toma calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda de su quehacer y ruta.
Sostuvo que por ello, es indispensable reorganizarse, tender puentes fraternos de diálogo y entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase.
Exhortó a realizar esfuerzos unitarios que permitan converger en una gran asamblea en la que se analice, discuta y ponga en el centro los objetivos, ejes y plan de lucha.
“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, expusieron.
Agradeció el apoyo en los más de ocho años de lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y afirmó que los padres y madres continúan con dignidad a toda prueba, “ni gobiernos, ni caciques, ni mercenarios podrán detener nuestros pasos combativos. Tengan la seguridad que iremos hacia adelante, no nos detendremos y más temprano que tarde la verdad y justicia llegarán”.
Añadió que son dolorosas las pérdidas irreparables de madres y padres como Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a sus hijos y el espíritu inclaudicable de sus compañeros que se quedaron en el camino los animan a seguir en su exigencia.

Demanda la ANP la libertad de los presos del Cecop; seguirá la lucha por los 43, acuerda

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exigió la libertad inmediata del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, de su hermano Vicente y otros 23 integrantes de esa organización.
Representantes de organizaciones sociales estatales y nacionales se reunieron en el Comedor Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla para determinar las acciones de la jornada de lucha, a 43 meses de los ataques en Iguala donde fueron desaparecidos 43 estudiantes.
En la reunión se informó a los representantes de las organizaciones sociales de la investigación en Estados Unidos que indica que sicarios de Guerreros Unidos dieron órdenes desde Chicago para involucrar a policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de otro número indeterminado de personas. al menos 60, según los mensajes.
La ANP acordó difundir la información para que las autoridades profundicen esa línea de investigación debido a que podría ser “una oportunidad real de dar con el paradero de los 43 (normalistas)” según el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Rosales Sierra informó que la ANP se pronunció por la libertad de los hermanos Suástegui Muñoz y de los integrantes del Cecop que fueron encarcelados como presuntos responsables de homicidio calificado “en agravio de habitantes” de la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco. Además exigió a las autoridades que se respeten los tratados de derechos humanos para que los presos políticos no estén aislados.
La ANP acordó continuar la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la construcción de un frente que sea “una oposición política bastante objetiva” y que el proceso electoral no desarticule la unidad de las organizaciones sociales.
En el plan de acción se acordó que la jornada de lucha Te buscamos 43 por 43 iniciará con una manifestación el 26 de abril que las organizaciones sociales replicarán en sus estados, seguida del paro laboral el 1 de mayo que promueve la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la Reforma Educativa, así como otra protesta el 19 de junio a dos años de los desalojos violentos en Nochixtlán, Oaxaca.
La jornada de lucha se extenderá hasta el 26 de septiembre cuando se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y concluirá con la conmemoración de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre.
Rosales Sierra precisó que para los 43 meses de los ataques y la desaparición de los estudiantes que se cumplen este abril habrá manifestaciones los días 19 y 20, una jornada cultural en la Ciudad de México del 23 al 25 y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo el 26, y una marcha el 27 en Iguala para conmemorar a los normalistas asesinados Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Las acciones serán replicadas por los integrantes de la ANP en los estados donde tiene presencia.

Acuerdan una jornada de lucha a tres años de la desaparición de los 43 del 15 al 26 de septiembre

La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó impulsar la jornada de lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, que se llevará a cabo del 15 al 26 de septiembre próximo, al cumplirse tres años de los ataques en Iguala.
La asamblea se llevó a cabo ayer en el Comedor Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, y según la lista de asistencia, participaron 300 delegados de 70 organizaciones estatales y nacionales.
Consultado al término de la asamblea, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y representante legal de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que el acuerdo principal de la ANP es que las organizaciones sociales abracen, impulsen y hagan suya la jornada de lucha del 15 al 26 de septiembre.
Precisó que la jornada se dividirá en dos etapas, la primera será informativa y se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre, consistirá en difundir los documentos Las cuatro etapas de lucha de Ayotzinapa, Las cuatro líneas de investigación, Las 20 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los cuales fueron elaborados por la ANP y consisten en una justificación política de la lucha social.
Rosales Sierra dijo que Las cuatro etapas de lucha es un balance de las circunstancias del caso Ayotzinapa, la primera es la omisión de parte de las autoridades estatales en la investigación, así como la tardía intervención de la federación; la segunda, es sobre las “investigaciones turbias, manipuladas, tortura a testigos y fabricación de pruebas, que tuvieron como resultado la llamada ‘verdad histórica’, que causó un impacto, daño adicionado a los padres de familia”. La tercera etapa es sobre la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos para “revertir” la “verdad histórica”, que se logró con la llegada del GIEI; y la cuarta es el diseño que hizo el GIEI sobre las cuatro líneas de investigación, que son el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del ex fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
La segunda etapa de la jornada será de protestas, se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre, en distintos estados del país, cada uno definirá las manifestaciones de acuerdo sus condiciones.
Asimismo, habrá reuniones en Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, el 6, 7, 12, 17 y 18 de agosto, para definir las acciones de protesta, y para difundir los documentos elaborados por la ANP, respecto de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Por otra parte, Rosales Sierra dijo que la ANP considera que “no ha habido respuestas, no ha habido una verdad objetiva; la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido incapaz de ofrecer a los padres de familia la verdad de los hechos, se han dado salidas políticas”.
Señaló que en la jornada de lucha del 15 al 26 de septiembre también se pedirá “verdad y justicia” en todos los asesinatos políticos y desapariciones forzadas en el país, la liberación de los presos políticos, la derogación de las reformas estructurales y contra el despojo a los pueblos indígenas.
Al inicio de la ANP, los delegados de las organizaciones, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos, guardaron un minuto de silencio en memoria de Meztli Sarabia Reyna, hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, quien fue asesinada el 29 de junio en Puebla, y exigieron el esclarecimiento del crimen.

Inician hoy padres de los 43 y organizaciones la Caravana del Sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

 

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, iniciaron la Caravana del Sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde informaron que realizaran una jornada de lucha unitaria contra los principales problemas que enfrenta el país, y para seguir exigiendo la presentación con vida de los estudiantes.
Consultado vía telefónica, el abogado de los padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra informó que desde la semana pasada se ponen en práctica los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional Popular (ANP), que resolvió que el 26 de septiembre no se limitaría sólo a una marcha, sino a una jornada de lucha unitaria que comenzará el 15 de julio y culminará el 26.
Dijo que este sábado inició la Caravana del Sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que hoy estarán en Oaxaca, luego en Cuernavaca y Tlaxcala, donde habrá reuniones para analizar con organizaciones de esos estados las condiciones para llevar a cabo la jornada del 26 de julio.
Vidulfo Rosales manifestó que en la agenda incluyen el análisis de la situación por la que actualmente atraviesa el país, y la coyuntura electoral y su incidencia en el proceso organizativo del movimiento social independiente, así como analizar la ruta de articulación para la construcción de un referente cualitativamente superior de carácter anticapitalista, que aglutine todas las luchas, la elaboración de un plan de lucha unitario que contenga acciones de protestas unitarias y contundentes que obliguen al gobierno a frenar las agresiones concretas contra el pueblo y a resolver las demandas.
Entre las demandas están la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y miles más; justicia por los asesinatos de líderes sociales, sindicales y estudiantiles, y de defensores de derechos humanos; libertad a los presos políticos; abrogación de las llamadas reformas estructurales y alto al encarecimiento de la vida.
Rosales Sierra dijo que las acciones de protestas que los padres proponen a nivel nacional, unitarias y coordinadas, serán del 15 al 26 de julio, cuando protestarán y para que estalle lo que muchos caracterizan como un paro cívico que obligue al régimen a resolver sus demandas.
“Que del 15 al 26 no sólo sea la exigencia de la presentación con vida de los 43, sino que sea una agenda más amplia, de tal manera que todas las organizaciones del país se vean reflejadas y se pueda hacer una jornada de lucha unitaria”, dijo el abogado.
La reunión fue en la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez; inició a las 3 de la tarde con una asistencia de 65 organizaciones, magisteriales, estudiantiles, campesinas, de comerciantes, indígenas y sindicalizados, contó el abogado Rosales Sierra.

 

Siguen impunes los asesinos de los normalistas en el desalojo a la autopista, denuncia Felipe de la Cruz

 

El plan de acción de fin de año de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos comienza el próximo sábado, en la Asamblea Nacional Popular que se reúne en la Normal Rural en Tixtla, y continúa con la conmemoración del desalojo a balazos de una manifestación de normalistas en la Autopista del Sol ocurrida el 12 de diciembre de 2011, informó el vocero Felipe de la Cruz.
En Chilpancingo a donde acudió a invitar a organizaciones magisteriales y sociales a que vuelvan a participar en la ANP de Ayotzinapa, el activista añadió que el 20 de diciembre comenzará una caravana que llegará el 26 de diciembre a la basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y ahí los padres participarán en una misa de 27 meses de los crímenes de Iguala.
Señaló que algunos de los puntos de la caravana serán Taxco y Cuernavaca, y que se tiene previsto un mitin en la caseta de cuota de Tlalpan el día que lleguen a la Ciudad de México, y de ahí ir a la basílica.
Como de costumbre el día 27 llevarán una ofrenda floral a los sitios donde fueron asesinados los normalistas César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en los ataques de la fuerza pública en Iguala.
De los hechos del 12 de diciembre donde policías estatales, federales y ministeriales desalojaron a balazos el bloqueo de los normalistas, asesinaron a dos estudiantes, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexander Herrera Pino e hirieron a tres más de bala, De la Cruz denunció que sigue la impunidad y los perpetradores materiales e intelectuales siguen “como si nada paseando por las calles, como si no hubieran matado, sigue el encubrimiento (de los políticos) entre ellos mismos”.
Mencionó que Ángel Aguirre Rivero era gobernador cuando ocurrió la agresión a los estudiantes, así como la noche en que fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas en Iguala, en 2014.
Agregó que con los padres de los desaparecidos están visitando las regiones para llamar a la unidad el 12 de diciembre, para que las muertes de Gabriel y Alexis no queden impunes, aunque es una fecha dolorosa para sus padres, consideró que debe ser también un día de dignidad y de rabia.

Encubrimiento político y militar

Por otro lado, informó que el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisa las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) antes de salir del país, particularmente de la participación de los policías de Huitzuco y del personaje identificado como El Patrón, a quien se presume fueron llevados un grupo de los 43 normalistas desaparecidos.
También la participación de los militares, que se negaron a ser entrevistados por los expertos independientes, y que nuevas investigaciones periodísticas los colocan en los ataques a estudiantes, así como en los escenarios de la desaparición.
Aclaró que aún mantienen la posición de no reunirse con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras no sean investigados y sancionados los funcionarios responsables de graves irregularidades cometidas durante la primera fase de la investigación, principalmente, el anterior director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio
Desde que los padres se levantaron de la mesa ha habido rotaciones en los cargos federales relacionados con el caso Iguala. De entrada Zerón de Lucio fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad nacional. En octubre la procuradora Arely Gómez se fue presidir la Secretaría de la Función Pública y fue sustituida en la PGR por Raúl Cervantes Andrade. Hace un mes el subprocurador de Derechos Humanos, y responsable de la oficina de investigación del caso Iguala, Eder Omar Betanzos, fue nombrado subsecretario de la Función Pública, y en su lugar en la PGR quedó Sara Irene Herrerías Guerra.
De las actuaciones de la Oficina de Investigación, De la Cruz aclaró que no están de acuerdo en que todos los esfuerzos están dirigidos a buscar a los 43 normalistas muertos, “son dos años y meses de los crímenes y la PGR no pueden demostrar que están fallecidos. Por eso la insistencia nuestra de que los busquen en vida”.
Insistió en que se abran los cuarteles, ya que los militares también son protegidos, dijo en relación con el nombramiento del exjefe militar de Iguala, Alejandro Saavedra Hernández, que fue nombrado inspector y Contralor General de la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Muere el fundador de la OCSS y ex preso político Benigno Guzmán; trasladan su cuerpo hoy a Tepetixtla

Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.

No responde la SEG a maestros que exigen la devolución de días descontados: CETEG

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero informó que en el último día de labores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no hubo respuesta a la exigencia de los maestros para que les devuelvan los días de salario que les descontó la institución.
Consultado vía telefónica, Ramos Reyes señaló que tampoco se resolvió el pago del bono de despensa de 4 mil 500 pesos, que se les debe a 8 mil trabajadores en el estado que son parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).
Dijo que “hoy (ayer) es el último día de actividades, pero no tuvimos respuesta y esperamos (los trabajadores) hasta el 2016 para seguir insistiendo en este derecho”.
Se le preguntó cuántos son los trabajadores en el estado a los que se les descontaron los días de salario del 2 y 12 de octubre cuando protestaron en contra de la reforma educativa y la evaluación del Servicio Profesional Docente, y aseguró que desconoce el total de afectados, sólo dijo que en Chilapa “a varios compañeros se les descontó”.
Reyes Guerrero dijo que el jueves pasado integrantes de la CETEG se manifestaron en el Congreso local y le entregaron un documento al presidente de la Mesa Directa, el perredista Carlos Reyes Torres, en el cual solicitaron la intervención de los diputados para obtener una audiencia con el secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero hasta ayer por la tarde no hubo respuesta.
Se le preguntó si se ha comunicado con el secretario de Educación, Reyes Guerrero dijo que no y que “están cerradas las mesas de trabajo (con la SEG), no hay comunicación, ellos (los funcionarios) le van tirando al 2016, en los primeros días (de enero) esperamos obtener una respuesta”.
Sobre si la CETEG buscó al director de Administración de Personal, Eduardo León Encarnación, para plantearle sus demandas de la devolución de los días descontados y el pago del bono de despensas, Reyes Guerrero dijo que la comisión de gestoría se reunió con Eduardo León sólo para abordar el tema de las becas bachiller y la entrega de plazas de base para maestros.
De las actividades que se llevarán a cabo para exigir la devolución de los días de salario descontados y el pago del bono de despensa, aseguró que el 24 de diciembre tienen programadas algunas acciones al respecto y el 26 de diciembre una comisión de la CETEG asistirá a la Ciudad de México para participar en la Acción Global por Ayotzinapa, que fue un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular.
Por último, dijo que por el periodo vacacional decembrino sólo habrá comisiones representativas en el plantón magisterial, ubicado frente a las oficinas centrales de la SEG y en enero el campamento se reforzará una vez que se reanuden las clases.